Sentencia RI-926-16 — Registro 9438
Resumen
Se interpuso Recurso de Inconstitucionalidad por razón de contenido, promovido Vía Acción contra el Decreto Legislativo No.21-2016 en forma total, alegando la recurrente por razones de contenido, por considerar que los mencionados Decretos lesionan un interés legítimo porque violentan garantías y derechos constitucionales.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO (20): Que en el presente caso es necesario pronunciarse sobre el aspecto de la eficacia práctica en materia procesal constitucional de la acción de inconstitucionalidad referente al efecto de la sentencia; la cual, según lo establecido en el Artículo 94 de la ley Sobre Justicia Constitucional, tiene carácter erga omnes y efectos ex nunc; por lo cual la resolución de una garantía de inconstitucionalidad, no afecta las resoluciones jurídicas que hayan sido definitivamente resueltas y ejecutoriadas. – Por todo lo cual y en vista a lo anteriormente expuesto, considera la Sala de lo Constitucional procede declarar sin lugar el presente recurso de inconstitucionalidad, sobre todo tomando en consideración de que al momento de proceder a su vista, se encuentra que el Decreto Legislativo No.21-2016, objeto del presente recurso, ha perdido vigencia, desapareciendo del ordenamiento legal, por ende; pues ha llegado a su fin el ámbito temporal de la vigencia de la ley que fue objeto del presente recurso de inconstitucionalidad, así como los Decretos que se originaron de la puesta en vigencia del referido Decreto Legislativo.”
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 74 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 75 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 76 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 79 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 89 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 94 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 114 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 120 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintisiete días del mes de octubre del año dos mil diecisiete.VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Inconstitucionalidad por razón de contenido, promovido Vía Acción por la Abogada GLADYS ONDINA MATAMOROS ARIAS, quien actúa en su condición de Apoderada Legal de los señores Oficiales de Policía: WUENDY YOHANA RUIZ LAGOS, YEFRY ENOC LOPEZ FIGUEROA, RUBER ALEXIS MUÑOZ GARCÍA, WALTER ISAAC MOLINA MONTOYA, DENIS ANTONIO GUZMAN FLORES, DERIS ULISES MENDOZA, MARLEN YORYINA ROMERO SALGADO, JUAN JOSE MATA ROMERO, LUIS GERARDO LOPEZ BARAHONA, ALLAN ARGENYS SANTOS AVILA, CARLOS ROBERTO MOLINA RIVERA, LUIS FERNANDO VALLECILLO RODRIGUEZ, HERNAN MAGDIEL GOMEZ RAMOS, JOSE RAMON LAGOS MENDOZA, JOSE LUIS POZAS SANDOVAL, MERLIN IZABETH MONTERO ALVAREZ, ELVIS LAISLAHO CARTAGENA MATUTE, GERARDO ISAAC ZUNIGA PADILLA, JAIRO YUVAN RODRIGUEZ RUIZ, EDER JOSUE COLINDRES LOPEZ, ULICES EMANUEL VELASQUEZ ENAMORADO, OSMAN ARIEL ZAMORA JUAREZ, EVIN JOSUE RAMOS OCHOA, MILTON GEOVANY PEREZ RUBI, LOT PEREZ AVELAR, LUIS ENRIQUE GODOY DIAZ, LUIS ALBERTO FUENTES ESPINOSA, MAURICIO JOEL MATUTE ESCOBAR, JUAN CARLOS RODRIGUEZ BAQUEDANO, OLMAN EMILSON CRUZ LAINEZ, LUIS FABRICIO HERNANDEZ REYES Y JOSE LEONARDO LIZARDO MEZA, contra el DECRETO LEGISLATIVO No.21-2016 emitido por el CONGRESO NACIONAL DE LA REPÚBLICA en fecha siete de abril del año dos mil dieciséis, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha ocho de abril del año dos mil dieciséis, el DECRETO EJECUTIVO número PCM-029-2016 de fecha once de abril del año dos mil dieciséis, publicado en el Diario Oficial La Gaceta el doce de abril del año dos mil dieciséis y el Acuerdo No.27-A de fecha doce de abril del año dos mil dieciséis, publicado en el Diario Oficial La Gaceta el treinta de abril del año dos mil dieciséis, declaración de inconstitucionalidad en forma total, alegando la recurrente razones de contenido, por considerar que los mencionados Decretos lesionan un interés legítimo porque violentan garantías y derechos constitucionales.ANTECEDENTES.1) Que en fecha treinta de septiembre del año dos mil dieciséis, compareció ante esta Sala de lo Constitucional, la Abogada GLADYS ONDINA MATAMOROS ARIAS, quien actúa en su condición de Apoderada Legal de los señores Oficiales de Policía antes citados, presentando recurso de Inconstitucionalidad por vía de acción contra el DECRETO LEGISLATIVO No.21-2016 emitido por el CONGRESO NACIONAL DE LA REPÚBLICA de fecha siete de abril del año dos mil dieciséis, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha ocho de abril de dos mil dieciséis número 34,003, mediante el cual se originó el Decreto Ejecutivo numero PCM-029-2016 de fecha once de abril del año dos mil dieciséis aprobado en Consejo de Ministros y el Acuerdo No. 27-A de fecha doce de abril del año dos mil dieciséis y todos los instrumentos que se derivan de dichos Decretos, mediante los cuales se fundamentaron los acuerdos emitidos por la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad y mediante el cual se acordó que en el marco de la situación de emergencia por seguridad nacional e interés público, cancelar por reestructuración de la Policía Nacional el acuerdo de nombramiento de los Oficiales de Policía WUENDY YOHANA RUIZ LAGOS, YEFRY ENOC LOPEZ FIGUEROA, RUBER ALEXIS MUÑOZ GARCÍA, WALTER ISAAC MOLINA MONTOYA, DENIS ANTONIO GUZMAN FLORES, DERIS ULISES MENDOZA, MARLEN YORYINA ROMERO SALGADO, JUAN JOSE MATA ROMERO, LUIS GERARDO LOPEZ BARAHONA, ALLAN ARGENYS SANTOS AVILA, CARLOS ROBERTO MOLINA RIVERA, LUIS FERNANDO VALLECILLO RODRIGUEZ, HERNAN MAGDIEL GOMEZ RAMOS, JOSE RAMON LAGOS MENDOZA, JOSE LUIS POZAS SANDOVAL, MERLIN IZABETH MONTERO ALVAREZ, ELVIS LAISLAHO CARTAGENA MATUTE, GERARDO ISAAC ZUNIGA PADILLA, JAIRO YUVAN RODRIGUEZ RUIZ, EDER JOSUE COLINDRES LOPEZ, ULICES EMANUEL VELASQUEZ ENAMORADO, OSMAN ARIEL ZAMORA JUAREZ, EVIN JOSUE RAMOS OCHOA, MILTON GEOVANY PEREZ RUBI, LOT PEREZ AVELAR, LUIS ENRIQUE GODOY DIAZ, LUIS ALBERTO FUENTES ESPINOSA, MAURICIO JOEL MATUTE ESCOBAR, JUAN CARLOS RODRIGUEZ BAQUEDANO, OLMAN EMILSON CRUZ LAINEZ, LUIS FABRICIO HERNANDEZ REYES Y JOSE LEONARDO LIZARDO MEZA. 2) Que una vez seguido el procedimiento de ley correspondiente esta Sala de lo Constitucional, en fecha veintiocho de octubre del año dos mil dieciséis, tuvo por admitida la acción de inconstitucionalidad interpuesta por la Abogada GLADYS ONDINA MATAMOROS ARIAS, omitiéndose el libramiento de la comunicación al Congreso Nacional de la República y se dispuso dar traslado de los antecedentes al Fiscal del Despacho por el término de seis (6) días hábiles, a efecto de emitir el correspondiente dictamen. (Folio 169 de la pieza de autos)3) Que en fecha veinticinco de noviembre del año dos mil dieciséis, el Ministerio Público, a través de su Fiscal Abogada KARLA PATRICIA GARCÍA ARITA, emitió dictamen en el cual fue de la opinión que “SE DECLARE SIN LUGAR” el recurso de inconstitucionalidad planteado., por no vislumbrarse vicios de inconstitucionalidad. (Folios del 172 al 176 de la pieza de autos)4)Que en fecha veintinueve de noviembre del año dos mil dieciséis, este Sala, tuvo por evacuado el traslado concedido al Fiscal del Despacho, por emitido en tiempo y forma el dictamen, ordenando la continuación del trámite correspondiente. (Folio 178 de la pieza de autos) CONSIDERANDO (1): Que en fecha treinta (30) de septiembre del año dos mil dieciséis (2016), compareció ante esta Sala de lo Constitucional, la Abogada GLADYS ONDINA MATAMOROS ARIAS, actuando en su condición de Apoderada Legal de los señores Oficiales de Policía WUENDY YOHANA RUIZ LAGOS, YEFRY ENOC LOPEZ FIGUEROA, RUBER ALEXIS MUÑOZ GARCÍA, WALTER ISAAC MOLINA MONTOYA, DENIS ANTONIO GUZMAN FLORES Y OTROS, interponiendo acción de inconstitucionalidad contra el DECRETO LEGISLATIVO No.21-2016 emitido por el CONGRESO NACIONAL DE LA REPÚBLICA de fecha siete de abril del año dos mil dieciséis, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha ocho de abril de dos mil dieciséis número 34,003, mediante el cual se originó el Decreto Ejecutivo numero PCM-029-2016 de fecha once de abril del año dos mil dieciséis aprobado en Consejo de Ministros y el Acuerdo No. 27-A de fecha doce de abril del año dos mil dieciséis y todos los instrumentos que se derivan de dichos Decretos, inter alia; interponiendo garantía de Inconstitucionalidad por la vía de acción, en forma total y por razón de contenido contra el referido Decreto –y los demás instrumentos que se derivan del Decreto Legislativo No.21-2016- que declara situación de emergencia por seguridad nacional e interés público el proceso de depuración de la Policía Nacional, por el término de doce (12) meses, por considerar que el mismo infringe directamente disposiciones constitucionales y tratados internacionales de protección de derechos humanos, que han sido suscritos por Honduras.CONSIDERANDO (2): Que la impetrante del recurso en esta vía constitucional, explica el interés directo, personal y legítimo que motiva la acción promovida, exponiendo que la Constitución de la República es la ley suprema del Estado y que del tenor de las disposiciones repelidas resulta su evidente inconstitucionalidad, afectando el interés personal, directo y legítimo de las personas agraviadas; a quienes les violenta, disminuye y tergiversa los derechos fundamentales, entre los cuales el derecho de petición, el derecho de defensa, el debido proceso, el derecho a la igualdad y no discriminación, el derecho a ser oído y vencido en juicio, según las normas constitucionales y convencionales que fundamentan la validez del ordenamiento jurídico hondureño. CONSIDERANDO (3): Que la Constitución de la República establece el control directo de la constitucionalidad de las leyes, al declarar que quien tenga un interés directo, personal y legítimo puede interponer por vía de acción ante la Honorable Corte Suprema de Justicia la garantía de inconstitucionalidad, contra una ley que considere ser contraria a la norma fundamental; determinando que la sentencia en que se declare la inconstitucionalidad de una norma, será objeto de ejecución inmediata, tendrá efectos generales y, por lo tanto, derogará dicha norma. CONSIDERANDO (4): Que al tenor de lo preceptuado en el artículo 185 Constitucional en relación con los artículos 77 párrafo primero y 79 numeral 5) de la Ley Sobre Justicia Constitucional; la declaración de inconstitucionalidad de una norma y su inaplicabilidad, podrá solicitarse, por quien se considere lesionado en su interés directo, personal y legítimo. En ese sentido, la Corte Suprema de Justicia, actuando por intermedio de la Sala de lo Constitucional, estima legitimada a la impetrante, en su condición de apoderada legal de los señores oficiales de la Policía Nacional que se transcriben en su escrito de acción directa; pues se evidencia que la norma secundaria que acusa de inconstitucional tiene la potencialidad de traer consecuencias desfavorables al estatus jurídico de los mismos, en tanto empleados y funcionarios de la Secretaría de Seguridad; por aplicarse la norma denunciada de inconstitucional, para cancelar por reestructuración los acuerdos de nombramiento de personal de la Policía Nacional, con fundamento en el Decreto Legislativo No. 21-2016, precitado; estigmatizando socialmente a las personas agraviadas en su condición de policías en servicio activo y en detrimento del Estado de Derecho, según ha argumentado la Abogada GLADYS ONDINA MATAMOROS ARIAS. CONSIDERANDO (5): Que el artículo 79 No. 3) de la Ley Sobre Justicia Constitucional establece, que la demanda de inconstitucionalidad por vía de acción deberá contener entre otros requisitos, el señalamiento de la ley o alguno (s) de sus preceptos, cuya declaración de Inconstitucionalidad se pretende, en virtud de tenerse un interés directo, personal y legítimo; requisitos ineludibles exigidos por la Constitución de la República, los cuales como queda expresado, son cumplidos en la presente acción constitucional. CONSIDERANDO (6): Que en la exposición de los motivos que se invocan a efecto que se declare la inconstitucionalidad y consiguiente inaplicabilidad del Decreto Legislativo No.21-2016, por razón de contenido la impetrante señala que de conformidad con el artículo 1 de la Constitución, Honduras es un Estado de Derecho, soberano, constituido como República libre, democrática e independiente para asegurar a sus habitantes el goce de la justicia, la libertad, la cultura y el bienestar económico y social; y que el artículo 184 de la Constitución establece que las leyes podrán ser declaradas inconstitucionales por razón de forma o de contenido, competiéndole a la Corte Suprema de Justicia el conocimiento y resolución originaria y exclusiva de la materia y deberá pronunciarse con los requisitos de las sentencias definitivas, exponiendo a continuación los artículos constitucionales, convencionales y legales, que estima confrontado con la plena vigencia y aplicabilidad del Decreto Legislativo No.21-2016, ya referido y circunstanciado y los que se derivan del mencionado Decreto Legislativo. CONSIDERANDO (7): Que en sustento a su garantía de inconstitucionalidad por razón de fondo, aduce la recurrente, infracción directa del artículo 82 constitucional que literalmente dice: “El derecho de defensa es inviolable. Los habitantes de la República tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes”; sostiene que la infracción al derecho a la defensa, se produce en relación a lo normado en los artículos 63 y 64 de la Constitución de la República, puesto que la creación y puesta en vigencia de los artículos contenidos en el Decreto 21-2016 violenta el derecho a la defensa de las personas agraviadas, en vista a que se le tramitó el acuerdo de cancelación sin convocatoria a audiencia de descargo de los administrados, lo cual violentó su debido proceso y el derecho a la defensa por parte de la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, al amparo del Decreto del cual se invoca y pide su declaración de inconstitucionalidad. Arguye, asimismo, la recurrente que el Secretario de Estado en el Despacho de Seguridad esta aplicando en su detrimento una ley que contiene presunción de ilicitud, lo que es incongruente respecto al estado o presunción de inocencia; por lo que procede la derogación de la ley en su totalidad, así como su inaplicabilidad, por ser inconstitucional, al infringir directamente los precitados artículos 63 y 64 de la Constitución de la República, con relación a lo preceptuado en los artículos 321 y 324 de la Carta Magna, pues la restricción o menoscabo de las garantías constitucionales que se denuncia, puede incidir también en la responsabilidad que contrae el servidor o funcionario público que intervino, de manera solidaria al Estado. CONSIDERANDO (8): Que la creación y aplicación de la norma objeta del presente enjuiciamiento constitucional, disminuye y restringe los derechos fundamentales de petición, debido proceso y el derecho a la defensa, entre otras consideraciones, porque no permite ningún argumento en la parte administrativa en aplicación de la Ley Orgánica de la Policía Nacional, por encontrarse suspensos algunos de sus artículos, con lo cual los agraviados quedan sin oportunidad de hacer descargos en su defensa, impidiendo un trato justo, como característica fundamental del debido proceso y la indefensión, que se produce cuando la infracción de una norma procesal provoca una limitación real del derecho de defensa, originando así un perjuicio irreversible para alguna de las partes procesales, privándole de los medios de defensa efectiva que la ley procesal prevé. CONSIDERANDO (9): Que otros artículos confrontados con el tenor de la disposición temporal que es objeto de la presente garantía constitucional, es la prevista en el numeral uno del Artículo 205 de la Constitución de la República, con relación al artículo 206, siempre de la Carta Magna, en la cual se estableció que es facultad del Congreso Nacional crear, decretar, interpretar, reformar y derogar las leyes, y que tales facultades son indelegables; y que no pueden menoscabarse o restringirse derechos fundamentales mediante la creación de leyes o reglamentos que les afecten.
CONSIDERANDO (10): Que asimismo, ha citado la garantista y se ha reconducido, al efecto, a la transcripción de otros preceptos constitucionales y convencionales que se consideran confrontados con la emisión del Decreto Legislativo No. 21-2016, por parte del Congreso Nacional, como son los preceptuados en los artículos 3, 16, 59, 60, 61, 62,65, 67, 68, 70, 76, 80, 88, 89, 94, 95, 96, 123, 127, 128, 129, 151, 153, 156, 157, 158, 159, 160, 163, 171, 184, 185, 186, 187, 214, 215, 216, 217, 219, 245, 248, 293, 303, 313, 320, 322, 323, 325, 326, 327, 328 y 376 de la Constitución de la República; así como lo preceptuado en los artículos 8, 24 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos y el artículo 14 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, contentivos de las garantías mínimas del justiciable, la igualdad ante la ley y del derecho a la protección judicial. CONSIDERANDO (11): Que finalmente, expone la recurrente, la infracción directa de la jurisprudencia constitucional, pues lo actuado por los Poderes del Estado y, en particular, la puesta en vigencia de los artículos del Decreto 21-2016 y su consecuencia, el Decreto Ejecutivo PCM-029-2016, no puede desconocer el dictado de precedentes de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, por medio de los cuales expulsó del ordenamiento jurídico nacional una norma análoga, como fue el Decreto Número 58-2001, mediante sentencia de fecha 13 de marzo de 2003; decreto el cual autorizaba a la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad Nacional a retirar el personal clasificado dentro de las esferas superiores ejecutivas y de inspección de la policía preventiva, policía de investigación y policía especial, así como personal de grado suboficial, clases y agentes comprendidos en la Ley Orgánica de la Policía Nacional; sentencia la cual proclama como ratio juris el respeto irrestricto a la presunción de inocencia, que desarrolla el precepto constitucional según el cual ninguna persona puede ser sujeta a sanción: “… si antes haber sido oída y vencida mediante un procedimiento preestablecido”. CONSIDERANDO (12): Que una vez realizado el traslado que debe efectuarse al Ministerio Público, conforme a la Ley Sobre Justicia Constitucional, éste emitió dictamen por medio de la Fiscal del Despacho en fecha veinticinco (25) de noviembre del año dos mil dieciséis (2016), estimando que debe declararse sin lugar el recurso de inconstitucionalidad planteado, argumentando que no de recibo los argumentos plasmados por la recurrente en relación a la vulneración de los derechos de defensa, petición, debido proceso y el derecho a ser oído y vencido en juicio. CONSIDERANDO (13): Que la interposición de la acción de inconstitucionalidad tiene por objeto expulsar de un texto legal una o varias disposiciones que se contrapongan a la Constitución de la República; o en su caso, la norma jurídica completa. El artículo 76 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, mientras tanto, establece los casos en que procede la acción de inconstitucionalidad, indicando el numeral primero que procede la misma contra las leyes y otras normas de carácter y aplicación general no sometidos al control de la jurisdicción contencioso administrativa, que infrinjan preceptos constitucionales. CONSIDERANDO (14): Que en ese orden de ideas, para determinar la inconstitucionalidad de una ley, esta Sala de lo Constitucional debe evaluar si una ley, o norma con rango de ley, vulnera ya sea por razón de forma o de contenido la Constitución de la República. Este ejercicio trata pues, de un juicio sobre dos normas de distinta jerarquía; por un lado la norma suprema, la que debe ser un parámetro (lex legum), y por otro, la ley secundaria o norma con el mismo rango, sometida a ese control. Se deduce entonces, que es requisito sine qua non, intentar la inconstitucionalidad de una ley vigente, cuya observancia y aplicación atente contra la fuerza normativa de la Constitución. A contrario sensu, Sería materialmente imposible, pretender la inconstitucionalidad de una ley que perdió su vigencia, ya que el efecto de este recurso es expulsar del texto legal determinada disposición o declarar la inconstitucionalidad de la totalidad de la ley. CONSIDERANDO (15): Que siendo necesario estructurar la organización y administración policial con el fin de asegurar y garantizar la seguridad de las personas y sus bienes, así como fortalecer y eficientizar todas las acciones encaminadas a combatir el crimen organizado en todas sus manifestaciones, permitiendo con ello a toda la población desarrollar sus actividades en un clima de paz y convivencia; como consecuencia de ello, la urgencia que la Policía Nacional inicie un proceso de recuperación de su confianza y credibilidad, como la institución responsable de brindar seguridad a la población, el Poder Legislativo mediante Decreto No. 21-2016 declaró de emergencia por seguridad nacional e interés público el proceso de depuración de la Policía Nacional por el término de doce (12) meses. CONSIDERANDO (16): Que de la lectura del artículo 1 del Decreto Legislativo No. 21-2016 señalado de inconstitucional, se colige que el referido Decreto Legislativo fue emitido por el Congreso Nacional de la República de manera transitoria, con una vigencia de doce (12) meses, a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta, es decir desde el ocho (8) de abril del año dos mil dieciséis (2016), hasta el ocho (8) de abril del año dos mil diecisiete (2017). CONSIDERANDO (17): Que Honduras suscribió en la ciudad de San José de Costa Rica en fecha veintidós (22) de noviembre del año mil novecientos sesenta y nueve (1969), la Convención Americana sobre Derechos Humanos, misma que entró en vigor el dieciocho (18) de julio del año mil novecientos setenta y ocho (1978); instrumento de protección de derechos humanos de cumplimiento obligatorio para los Estados Partes de la misma, en el deber de respetar los derechos y libertades reconocidas en ella a efecto de garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivo de raza, color, sexo, idioma, religión etc.; por ello y sin entrar a conocer el fondo del asunto planteado, en cuanto a la inconstitucionalidad del Decreto Legislativo No. 21-2016, por no encontrarse en vigencia a la fecha de dictado del presente fallo, es importante relacionar que el Artículo 27 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que se ubica en el Capítulo IV referente a la suspensión de garantías, interpretación y aplicación, establece que: “Suspensión de garantías 1. En caso de guerra, de peligro o de otra emergencia que emane de la independencia o seguridad del Estado Parte, éste podrá adoptar disposiciones que, en la medida y por el tiempo estrictamente limitados a las exigencias de la situación, suspenda las obligaciones contraídas en virtud de esta Convención, siempre que tales disposiciones no sean incompatibles con las demás obligaciones que les impone el derecho internacional y no entrañe discriminación alguna fundada en motivos de raza, color, sexo, idioma, religión u origen social. CONSIDERANDO (18): En ese orden de ideas el artículo 30 del referido instrumento de protección de derechos humanos señala que las restricciones permitidas, de acuerdo con dicha Convención, al goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidas en la misma, no pueden ser aplicadas sino conforme a leyes que se dictaren por razones de interés general y con el propósito para el cual han sido establecidas. CONSIDERANDO (19): Que la acción de inconstitucionalidad ha sido configurada en nuestra normativa como la procedente cuando lo que se pretenda es que se declare que una ley ordinaria es inconstitucional por vulnerar o contrariar lo dispuesto en un Tratado o Convención Internacional del que Honduras forme parte; siendo competencia de la Corte Suprema de Justicia, por medio de la Sala de lo Constitucional, conocer y resolver originaria y exclusivamente en la materia, para lo cual se pronunciará observando los requisitos de las sentencias definitivas. CONSIDERANDO (20): Que en el presente caso es necesario pronunciarse sobre el aspecto de la eficacia práctica en materia procesal constitucional de la acción de inconstitucionalidad referente al efecto de la sentencia; la cual, según lo establecido en el Artículo 94 de la ley Sobre Justicia Constitucional, tiene carácter erga omnes y efectos ex nunc; por lo cual la resolución de una garantía de inconstitucionalidad, no afecta las resoluciones jurídicas que hayan sido definitivamente resueltas y ejecutoriadas. – Por todo lo cual y en vista a lo anteriormente expuesto, considera la Sala de lo Constitucional procede declarar sin lugar el presente recurso de inconstitucionalidad, sobre todo tomando en consideración de que al momento de proceder a su vista, se encuentra que el Decreto Legislativo No.21-2016, objeto del presente recurso, ha perdido vigencia, desapareciendo del ordenamiento legal, por ende; pues ha llegado a su fin el ámbito temporal de la vigencia de la ley que fue objeto del presente recurso de inconstitucionalidad, así como los Decretos que se originaron de la puesta en vigencia del referido Decreto Legislativo. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de sus miembros y en aplicación de los Artículos 1, 2, 4, 60, 62, 64, 80, 82, 90, 94, 96, 184, 185 numeral primero, 303, 304, 313 numeral quinto y 316 de la Constitución de la República; 1, 2, 23, 24 y 28 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 1, 8, 25, 27 y 30 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1, 11 y 74 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2 3 numeral 3), 4, 5, 7, 8, 74, 75, 76, 77 numeral 1), 78, 79, 89, 92, 94, 114 y 120 de la Ley sobre Justicia Constitucional; profiere y FALLA: DECLARAR SIN LUGAR EL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD interpuesto en contra del Decreto Legislativo No.21-2016, emitido por el Congreso Nacional de la República, en fecha siete de abril del año dos mil dieciséis y publicado en el Diario Oficial “LA GACETA” No.34,003 en fecha ocho de abril del año dos mil dieciséis, que declara situación de emergencia por seguridad nacional e interés público el proceso de depuración de la POLICÍA NACIONAL por el término de doce (12) meses y mediante el cual se originó el Decreto Ejecutivo número PCM-029-2016 de fecha once de abril del año dos mil dieciséis aprobado en Consejo de Ministros y el Acuerdo No. 27-A de fecha doce de abril del año dos mil dieciséis. Y MANDA: 1) Que se ponga en conocimiento de la parte garantista el presente fallo; 2) Que en su oportunidad se archiven las diligencias en la Secretaría de la Sala de lo Constitucional. Redactó la Magistrada REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- NOTIFÍQUESE.FIRMAS Y SELLO. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los ocho días del mes de febrero del año dos mil dieciocho, certificación de la sentencia de fecha veintisiete de octubre del año dos mil diecisiete, recaída en el Recurso de Inconstitucionalidad bajo el número SCO-926-2016.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL