Sentencia RI-763-16 — Registro 9434
Resumen
Se interpuso Recurso de Inconstitucionalidad por razones de contenido, promovido Vía Acción para la derogación e inaplicabilidad del Decreto Legislativo No.21-2016, por considerar el recurrente que la mencionada ley infringe directamente disposiciones constitucionales en relación a su cancelación de acuerdo de nombramiento de personal por reestructuración de la Policía Nacional, ordenado por la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO (18): Que en el presente caso es necesario pronunciarse sobre el aspecto de la eficacia práctica en materia procesal constitucional de la acción de inconstitucionalidad, y es el referente al efecto de la sentencia. Al respecto, el Artículo 316 de la Constitución de la República dispone que las sentencias que declaren la inconstitucionalidad de las normas son “…de ejecución inmediata y tendrán efectos generales, y por tanto derogarán la norma inconstitucional”. En igual sentido lo establece el Artículo 94 de la ley Sobre Justicia Constitucional, es decir que, la sentencia tiene carácter erga omnes y efecto ex nunc, por lo que no afecta las resoluciones jurídicas que hayan sido definitivamente resueltas y ejecutadas. CONSIDERANDO (19): Que la Sala de lo Constitucional se pronuncia declarando No ha lugar el recurso de inconstitucionalidad, en virtud de que al momento de proceder a su análisis y resolución, el Decreto Legislativo No.21-2016 que se señala de inconstitucional ha desaparecido del texto legal, por haber llegado a su fin el ámbito temporal de la ley dado por el legislador.”
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 78 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 79 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 89 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 92 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 94 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 114 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 120 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve días del mes de agosto del año dos mil diecisiete. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Inconstitucionalidad por razones de contenido, promovido Vía Acción por el Licenciado en Ciencias Policiales ERIN AMED ROBLES DERAS, quien actúa en su condición personal, para la derogación e inaplicabilidad del DECRETO LEGISLATIVO No.21-2016 EMITIDO POR EL CONGRESO NACIONAL DE LA REPÚBLICA en fecha siete de abril de dos mil dieciséis, publicado en el Diario Oficial La Gaceta número 34,003, en fecha ocho de abril del año dos mil dieciséis; por considerar el recurrente que la mencionada ley infringe directamente disposiciones constitucionales en relación a su cancelación de acuerdo de nombramiento de personal por reestructuración de la Policía Nacional, ordenado por la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad. A N T E C E D E N T E S.1) Que en fecha ocho de agosto del año dos mil dieciséis, compareció ante esta Sala de lo Constitucional, el Licenciado en Ciencias Policiales ERIN AMED ROBLES DERAS, quien actúa en su condición personal, presentando recurso de Inconstitucionalidad por vía de acción, para la derogación e inaplicabilidad del DECRETO LEGISLATIVONo.21-2016EMITIDO POR EL CONGRESO NACIONAL DE LA REPÚBLICA en fecha siete de abril del año dos mil dieciséis y publicado en el Diario Oficial La Gaceta número 34,003 en fecha ocho de abril del mismo año dos mil dieciséis, mediante el cual se declaró situación de emergencia por seguridad nacional e interés público el proceso de depuración de la Policía Nacional por el término de (12) doce meses; por considerar el recurrente que la mencionada ley infringe disposiciones constitucionales. 2)Que en fecha diecinueve de agosto de dos mil dieciséis, este Alto Tribunal, dictó providencia mediante la cual dispuso admitir el Recurso de Inconstitucionalidad relacionado y en virtud de haber indicado el recurrente que el presente recurso va dirigido al contenido del citado Decreto, se omitió el libramiento de la comunicación al Congreso Nacional de la República y ordenando dar traslado de los antecedentes al Fiscal del Despacho por el término de seis (06) días hábiles, para que emitiese el correspondiente dictamen.3) Que en fecha trece de septiembre del año dos mil dieciséis, el Ministerio Público, a través de su Fiscal Abogada KARLA PATRICIA GARCÍA ARITA, emitió el dictamen correspondiente siendo de la opinión porque “SE DECLARE SIN LUGAR” el recurso de inconstitucionalidad planteado. (Folios del 15 al 19 de la pieza de autos).4)Que en fecha dieciséis de septiembre del año dos mil dieciséis, esta Sala de lo Constitucional, tuvo por evacuado el traslado concedido al Fiscal del Despacho y por emitido en tiempo y forma el dictamen correspondiente, ordenando la continuación del trámite correspondiente. (Folio 21 de la pieza de autos). CONSIDERANDO (1): Que en fecha ocho de agosto del año dos mil dieciséis, compareció ante esta Sala de lo Constitucional, el Licenciado en Ciencias Policiales ERIN AMED ROBLES DERAS en su condición personal, interponiendo Acción de Inconstitucionalita por vía de acción, por razón de contenido y de manera total, contra el DECRETO LEGISLATIVO No. 21-2016, de fecha siete de abril del año dos mil dieciséis y publicado en el Diario Oficial La Gaceta número 34,003 de fecha ocho de abril del año dos mil dieciséis, que declara situación de emergencia por seguridad nacional e interés público el proceso de depuración de la Policía Nacional por el termino de doce (12) meses, por considerar que el mismo infringe directamente disposiciones constitucionales. CONSIDERANDO (2): Que el impetrante en esta vía constitucional, explica el interés directo, personal y legítimo que motiva la acción promovida, exponiendo que la Constitución de la República es la ley suprema del Estado, de lo que se produce que el derecho individual protegido por el ordenamiento jurídico es de proteger mediante la sujeción de los actos de los tres poderes del Estado a la Constitución y las leyes y ello es lo que produce la legalidad de los actos; su inobservancia, la nulidad de los mismos ya sea porque resulten ofensivos a la Constitución o a cualquiera de las leyes secundarias del país resulta en una evidente inconstitucionalidad; el interés personal, continúa exponiendo el recurrente, es la declaratoria de inconstitucionalidad del Decreto Legislativo 21-2016, surge cuando la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad, fundamentada e invocando el supra citado Decreto Legislativo 21-2016 y el Decreto Ejecutivo PCM-029-2016 de fecha 11 de abril del 2016, publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 12 de abril de 2016, se encuentra tramitando procesos administrativos de cancelación de acuerdos de nombramiento de personal por reestructuración de la Policía Nacional ordenados al amparo del Decreto del cual se innova y pide su declaración de inconstitucionalidad. CONSIDERANDO (3): Que la Constitución de la República establece el control directo de la constitucionalidad de las leyes, al declarar que quien tenga un interés directo, personal y legítimo puede interponer por vía de acción ante la Honorable Corte Suprema de Justicia la garantía de inconstitucionalidad, contra una ley que considere ser contraria a la norma fundamental; determinando que la sentencia en que se declare la inconstitucionalidad de una norma, será objeto de ejecución inmediata, tendrá efectos generales y, por lo tanto, derogará dicha norma. CONSIDERANDO (4): Que al tenor de lo preceptuado en el artículo 185 Constitucional en relación con los artículos 77 párrafo primero y 79 numeral 5) de la Ley Sobre Justicia Constitucional; la declaración de inconstitucionalidad de una norma y su inaplicabilidad, podrá solicitarse, por quien se considere lesionado en su interés directo, personal y legítimo. En ese sentido, la Corte Suprema de Justicia, actuando por medio de la Sala de lo Constitucional, estima legitimado al impetrante, ya que por su condición de Miembro de la Policía Nacional, la norma secundaria que acusa de inconstitucional le trae consecuencias desfavorables al encontrarse tramitando procesos administrativos de cancelación de acuerdos de nombramiento de personal de la Policía Nacional por motivos de reestructuración, en fundamento al Decreto Legislativo No. 21-2016. CONSIDERANDO (5): Que el artículo 79 No. 3) de la Ley Sobre Justicia Constitucional establece, que la demanda de inconstitucionalidad por vía de acción deberá contener entre otros requisitos, el señalamiento de la ley o alguno (s) de sus preceptos, cuya declaración de Inconstitucionalidad se pretende, en virtud de tenerse un interés directo, personal y legítimo; requisitos ineludibles exigidos por la Constitución de la República, los cuales como queda expresado, son cumplidos en la presente acción constitucional. CONSIDERANDO (6): Que en la exposición de los motivos que se invocan a efecto que se declare la inconstitucionalidad del Decreto Legislativo No.21-2016, por razón de contenido el impetrante señala que de conformidad con el artículo 1 de la Constitución, Honduras es un Estado de Derecho, soberano, constituido como República libre, democrática e independiente para asegurar a sus habitantes el goce de la justicia, la libertad, la cultura y el bienestar económico y social; el artículo 184 de la Constitución por su parte establece que las leyes podrán ser declaradas inconstitucionales por razón de forma o de contenido, competiéndole a la Corte Suprema de Justicia el conocimiento y resolución originaria y exclusiva de la materia y deberá pronunciarse con los requisitos de las sentencias definitivas. CONSIDERANDO (7): Que como primer motivo de inconstitucionalidad por razón de fondo, del Decreto Legislativo No. 21-2016, el recurrente aduce que el numeral uno del Artículo 205 de la Constitución de la República, se estableció que es facultad del Congreso Nacional crear, decretar, interpretar, reformar y derogar las leyes; que es oportuno traer a la atención de la Honorable Corte Suprema de Justicia que en el Decreto Legislativo No. 21-2016, se dispone en su artículo 7 lo siguiente: “Durante la vigencia del presente Decreto, se procede a la suspensión de la vigencia de los artículos 114 del Capítulo V contentivo de la “Terminación de la Carrera Policial”, Artículos 127, 128, 129, 130, 131 y 132 del capítulo VI que contiene “Las Medidas Disciplinarias y del Régimen del Despido”, ambos capítulos del Título IV de “Carrera de Servicio Policial”, contenidos en el Decreto Legislativo No. 67-2008 y sus reformas contentivo de la Ley Orgánica de la Policía Nacional, así como la Ley del Servicio Civil, contenida en el Decreto 126 y todas sus reformas, a fin de permitir de manera expedita realizar la destitución de miembros de la Policía Nacional, sin menoscabo de las garantías constitucionales”. Indica el recurrente que en consecuencia de la simple lectura del artículo de la ley en mención, se parecía que colisiona con la disposición constitucional del numeral uno artículo 205 mencionado, al disponer la SUSPENSIÓN de artículos legales durante su vigencia, dado que la Asamblea Nacional Constituyente no le confirió tal facultad de suspender la vigencia de ninguna ley al Congreso Nacional de la República. Continuando con la exposición del primer motivo de inconstitucionalidad el impetrante hace alusión en forma textual de los artículos 61[1], 64[2], 82[3] y 90[4] constitucionales y pasa a sostener que de la narración de los hechos y de la lectura de los artículos citados, entiende que el Congreso nacional al emitir el Decreto Legislativo No. 21-2016, se extralimita en sus facultades, al suspender la aplicación y vigencia de disposiciones legales contenidas en otros Decretos Legislativos, de donde derivan la validez de las leyes, los actos administrativos y los actos judiciales en el caso de su despido; arguye que los actos de autoridad que no hubiesen sido emitidos como la Constitución ordena, quedan afectados en su validez. En estas condiciones cuando el acto viciado de inconstitucionalidad es aplicado en cada caso concreto, se produce una violación a la Constitución y se materializa una lesión a un interés específico. Por ello la inconstitucionalidad no prescribe ni puede sanearse jamás, pues cada vez que se aplica el acto inconstitucional, se actualiza la inconstitucionalidad y se lesiona el interés directo, personal y legítimo. CONSIDERANDO (8): Que como segundo motivo de inconstitucionalidad invocado, el recurrente alega la infracción directa del artículo 64 constitucional que literalmente dice: “No se aplicarán leyes y disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden, que regulen el ejercicio de las declaraciones, derechos y garantías establecidas en esta Constitución, si los disminuyen, restringen o tergiversan”; el impetrante aduce que el Decreto Legislativo No. 21-2016 violenta varias de las garantías constitucionales como ser el Derecho a la Libertad e Igualdad ante la Ley (art. 60 y 61), Derecho a la Defensa (art. 82), Derecho a ser oído y vencido en juicio (art. 90 y 94), Potestad de impartir justicia y aplicar leyes a casos concretos de los Juzgados y Tribunales de la República (303 y 304), Derecho a la Seguridad Jurídica, dicho Decreto restringe, disminuye y tergiversa todas las garantías antes expuestas. Arguye el recurrente que el Secretario de Estado en el Despacho de Seguridad esta aplicando en su detrimento una ley que contiene presunción de ilicitud, lo que a todas luces es una incongruencia con el derecho de presunción de inocencia, por lo que solicita la derogación de la ley en toda su extensión, así como su aplicabilidad, por ser inconstitucional al infringir directamente el artículo 64 de ola Constitución de la República. CONSIDERANDO (9): Que como tercer motivo de inconstitucionalidad invocado, el recurrente expone la infracción directa del artículo 82 constitucional que literalmente dice:“El derecho de defensa es inviolable. Los habitantes de la República tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes”; sostiene que la infracción al derecho a la defensa en relación al artículo 94 segundo párrafo, se produce mediante la puesta en vigencia de los artículos del Decreto 21-2016 y su consecuencia, el Decreto Ejecutivo PCM-029-2016. Discute el impetrante que se esta violentando su derecho a la defensa, en vista que se le notificó el acuerdo de cancelación sin convocatoria a audiencia de descargo, lo que podrá ser comprobado al traer a conocimiento todos los procesos administrativos de cancelación de acuerdos de nombramiento de personal por reestructuración de la Policía Nacional ordenados por la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad, al amparo del Decreto del cual se invoca y pide su declaración de inconstitucionalidad. CONSIDERANDO (10):Que una vez realizado el traslado que conforme a la Ley Sobre Justicia Constitucional debe efectuarse al Ministerio Público, éste por medio del Fiscal del Despacho, emitió dictamen en fecha trece de septiembre del año dos mil dieciséis, siendo de la opinión porque SE DECLARE SIN LUGAR, el recurso de inconstitucionalidad planteado; en relación al primero motivo de inconstitucionalidad invocado por el recurrente, sostiene la Fiscal del Ministerio Público, que se debe señalar que el articulo 7 del Decreto 21-2016, efectivamente suspende la aplicación de las normas citadas, sin embargo, esto no colisiona con la disposición contenida en el Artículo 205 numeral 1 de la Constitución de la República, en tanto que es una atribución del Poder legislativo Crear normas y como consecuencia de ello, pueden también decretar la suspensión temporal de las mismas, tal y como ha sucedido con otras normas de aplicación general, considerando que es deber del Estado tomar todas aquellas medidas necesarias para mantener el orden público, a efecto de que todos los órganos de seguridad del Estado coadyuven de manera efectiva al cumplimiento de los roles que les han sido asignados, garantizando los derechos de los demás, la seguridad de todos, las justas exigencias del bienestar general y el desenvolvimiento democrático. En virtud de lo cual no resulta procedente el argumento del recurrente en cuanto a que existe colisión entre lo establecido en el artículo 7 del Decreto 21-2016 y la norma constitucional. Siguiendo con el estudio del segundo motivo de inconstitucionalidad planteado por el recurrente, la Fiscal del Despacho sostiene que el impetrante únicamente se limita a citar el Decreto 21-2016, así como las disposiciones contenidas en los artículos 60, 61, 82, 90, 94, 303 y 304 de la Constitución de la República, sin embargo no hace un desarrollo de los mismos, en cuanto a establecer como el contenido de dicho decreto colisiona con las normas constitucionales citadas, en tanto que al no establecerse de manera concreta los motivos que le sirven de fundamento a su pretensión, imposibilita que el Ministerio Público pueda emitir opinión, ya que no basta el señalamiento de preceptos cuya inconstitucionalidad se pretende, sino que resulta imperante su desarrollo, razón por la cual se desestima ese motivo de inconstitucionalidad. En relación al tercer motivo de inconstitucionalidad, refiere la Fiscal del Despacho, que el recurrente estima que el Decreto 21-2016, vulnera su derecho a la defensa, visto que se le notificó el Acuerdo de Cancelación sin convocatoria a audiencia de descargo, motivo éste que no es de recibo, por ser una causal propia de la Acción de Amparo de acuerdo al artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, que señala: “El Estado reconoce la garantía de amparo. En consecuencia toda persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponer recurso de amparo: 1) Para que se mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, Convenciones y otros instrumentos internacionales establece; 2) Para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución”. Por las razones expuestas la dictaminadora es de la opinión porque se desestime el último motivo de inconstitucionalidad planteado, en virtud que el planteamiento señalado por el recurrente, no es propio de la Acción de Inconstitucionalidad, de acuerdo al artículo 76 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, sino de la acción de amparo. CONSIDERANDO (11): Que la interposición de la acción de inconstitucionalidad tiene por objeto expulsar de un texto legal una o varias disposiciones que se contrapongan a la Constitución de la República; o en su caso, la norma jurídica completa. CONSIDERANDO (12): Que el Artículo 76 de la Ley Sobre Justicia Constitucional establece los casos en que procede la acción de inconstitucionalidad, indicando el numeral primero la procedencia de la misma, contra las leyes y otras normas de carácter y aplicación general no sometidos al control de la jurisdicción contencioso administrativa, que infrinjan preceptos constitucionales. CONSIDERANDO (13): Que en ese orden de ideas, para determinar la inconstitucionalidad de una ley, esta Sala de lo Constitucional debe evaluar si una ley, o norma con rango de ley, vulnera ya sea por razón de forma o de contenido la Constitución de la República. Este ejercicio trata pues, de un juicio sobre dos normas de distinta jerarquía; por un lado la norma suprema, la que debe ser un parámetro (lexlegum), y por otro, la ley secundaria o norma con el mismo rango, sometida a ese control. Se deduce entonces, que es requisito sine qua non, intentar la inconstitucionalidad de una ley vigente, cuya observancia y aplicación atente contra la fuerza normativa de la Constitución. A contrario sensu, Sería materialmente imposible, pretender la inconstitucionalidad de una ley que perdió su vigencia, ya que el efecto de este recurso es expulsar del texto legal determinada disposición o declarar la inconstitucionalidad de la totalidad de la ley. CONSIDERANDO (14): Que siendo necesario estructurar la organización y administración policial con el fin de asegurar y garantizar la seguridad de las personas y sus bienes, así como fortalecer y eficientar todas las acciones encaminadas a combatir el crimen organizado en todas sus manifestaciones, permitiendo con ello a toda la población desarrollar sus actividades en un clima de paz y convivencia; como consecuencia de ello, la urgencia que la Policía Nacional inicie un proceso de recuperación de su confianza y credibilidad, como la institución responsable de brindar seguridad a la población, el Poder Legislativo mediante Decreto No. 21-2016 declaró de emergencia por seguridad nacional e interés público el proceso de depuración de la Policía Nacional por el término de doce (12) meses. CONSIDERANDO (15): Que de la lectura del artículo 1 del Decreto Legislativo No. 21-2016 señalado de inconstitucional, se colige que el referido Decreto Legislativo fue emitido por el Congreso Nacional de la República de manera transitoria, con una vigencia de doce (12) meses, a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta, es decir desde el ocho (8) de abril del año dos mil dieciséis (2016), hasta el ocho (8) de abril del año dos mil diecisiete (2017). CONSIDERANDO (16): Que Honduras suscribió en la ciudad de San José de Costa Rica en fecha veintidós (22) de noviembre del año mil novecientos sesenta y nueve (1969), la Convención Americana sobre Derechos Humanos, misma que entró en vigor el dieciocho (18) de julio del año mil novecientos setenta y ocho (1978); instrumento de protección de derechos humanos de cumplimiento obligatorio para los Estados Partes de la misma, en el deber de respetar los derechos y libertades reconocidas en ella a efecto de garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivo de raza, color, sexo, idioma, religión etc.; por ello y sin entrar a conocer el fondo del asunto planteado, en cuanto a la inconstitucionalidad del Decreto Legislativo No. 21-2016, por no encontrarse en vigencia a la fecha de dictado del presente fallo, es importante relacionar que el Artículo 27 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que se ubica en el Capítulo IV referente a la suspensión de garantías, interpretación y aplicación, establece que: “Suspensión de garantías1. En caso de guerra, de peligro o de otra emergencia que emane de la independencia o seguridad del Estado Parte, éste podrá adoptar disposiciones que, en la medida y por el tiempo estrictamente limitados a las exigencias de la situación, suspenda las obligaciones contraídas en virtud de esta Convención, siempre que tales disposiciones no sean incompatibles con las demás obligaciones que les impone el derecho internacional y no entrañe discriminación alguna fundada en motivos de raza, color, sexo, idioma, religión u origen social. En ese orden de ideas el artículo 30 del referido instrumento de protección de derechos humanos señala que las restricciones permitidas, de acuerdo con dicha Convención, al goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidas en la misma, no pueden ser aplicadas sino conforme a leyes que se dictaren por razones de interés general y con el propósito para el cual han sido establecidas. CONSIDERANDO (17):Que la acción de inconstitucionalidad ha sido configurada en nuestra normativa como la procedente cuando lo que se pretenda es que se declare que una ley ordinaria es inconstitucional por vulnerar o contrariar lo dispuesto en un Tratado o Convención Internacional del que Honduras forme parte; siendo competencia de la Corte Suprema de Justicia, por medio de su Sala Constitucional, conocer y resolver originaria y exclusivamente en la materia, para lo cual se pronunciará observando los requisitos de las sentencias definitivas. CONSIDERANDO (18): Que en el presente caso es necesario pronunciarse sobre el aspecto de la eficacia práctica en materia procesal constitucional de la acción de inconstitucionalidad, y es el referente al efecto de la sentencia. Al respecto, el Artículo 316 de la Constitución de la República dispone que las sentencias que declaren la inconstitucionalidad de las normas son “…de ejecución inmediata y tendrán efectos generales, y por tanto derogarán la norma inconstitucional”. En igual sentido lo establece el Artículo 94 de la ley Sobre Justicia Constitucional, es decir que, la sentencia tiene carácter erga omnes y efecto ex nunc, por lo que no afecta las resoluciones jurídicas que hayan sido definitivamente resueltas y ejecutadas. CONSIDERANDO (19): Que la Sala de lo Constitucional se pronuncia declarando No ha lugar el recurso de inconstitucionalidad, en virtud de que al momento de proceder a su análisis y resolución, el Decreto Legislativo No.21-2016 que se señala de inconstitucional ha desaparecido del texto legal, por haber llegado a su fin el ámbito temporal de la ley dado por el legislador. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, y en aplicación de los Artículos 1, 2, 4, 60, 62, 64, 80, 82, 90, 94, 96, 184, 185 numeral primero, 303, 304, 313 numeral quinto y 316 de la Constitución de la República; 1, 2, 23, 24 y 28 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 1, 8, 25, 27 y 30 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1, 11 y 74 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2 3 numeral 3), 4, 5, 7, 8, 74, 75, 76, 77 numeral 1), 78, 79, 89, 92, 94, 114 y 120 de la Ley sobre Justicia Constitucional; profiere y FALLA: DECLARANDO SIN LUGAR EL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD INTERPUESTO EN CONTRA Del Decreto Legislativo No. 21-2016, emitido por el Congreso Nacional de la República, en fecha siete de abril del año dos mil dieciséis y publicado en el Diario Oficial “LA GACETA” No. 34,003 en fecha ocho de abril del año dos mil dieciséis, que declara situación de emergencia por seguridad nacional e interés público el proceso de depuración de la POLICÍA NACIONAL. Y MANDA: 1) Que se ponga en conocimiento de la parte el presente fallo; 2) Que en su oportunidad se archiven las diligencias en la Secretaría de la Sala. Redactó la Magistrada Reina Auxiliadora Hercules Rosa.- NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecisiete días del mes de octubre del año dos mil diecisiete, certificación de la sentencia de fecha nueve de agosto del año dos mil diecisiete, recaída en el Recurso de Inconstitucionalidad bajo el número SCO-763-2016.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1] “La Constitución garantiza a los hondureños y extranjeros residentes en el país, el derecho a la inviolabilidad de la vida, a la seguridad individual, a la libertad, a la igualdad ante la ley y a la propiedad”.
[2] “No se aplicarán leyes y disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden, que regulen el ejercicio de las declaraciones, derechos y garantías establecidas en esta Constitución, si los disminuyen, restringen o tergiversan”.
[3] “El derecho de defensa es inviolable. Los habitantes de la República tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes”.
[4] “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece. Se reconoce el fuero de guerra para los delitos y faltas de orden militar. En ningún caso los tribunales militares podrán extender su jurisdicción sobre personas que no estén en servicio activo en las Fuerzas Armadas”.