Sentencia RI-635-15 — Registro 9433
Resumen
Se interpuso Recurso de Inconstitucionalidad contra el Articulo 53 de La Ley de Tarjetas de crédito y 166 de la Ley del Sistema Financiero, contenida en los Decretos Legislativos Nos. 106-2006 y 129-2004, en relación a la Demanda de Ejecución de Título Extra Judicial. Estima el recurrente que los derechos Constitucionales que se estiman violentados están consignados en los Artículos 60,61,80,90,316,321 y 325 de la Constitución de la República.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO (14): Que las normas legales cuestionadas en ningún momento distinguen un trato discriminatorio o diferenciado hacia la demandada ejecutivamente por la entidad del sistema financiero, que indistintamente realizan actividades de gran importancia para el desarrollo de la economía nacional, las posibilidades de defensa en juicio no están quebrantadas, la normativa procesal civil ha venido regulando a través de los diferentes códigos, la forma de cómo probar la existencia de las obligaciones que nacen de la ley y de los contratos, las que tienen fuerza de ley entre las partes, asimismo a través de la ley se crean las formas de impugnar, la admisión de prueba en contrario que debe ser traída a juicio; se deduce entonces, que los artículos 53 de la Ley de Tarjeta de Crédito así como el 166 de la Ley del Sistema Financiero no se contraponen frontalmente al contenido esencial del principio-derecho de igualdad consagrado en el artículo 60 de la Constitución de la República y en nada vulnera el contenido fundamental al derecho de defensa, reconocido por el artículo 82 de nuestro Texto Fundamental, en todo caso el principio de igualdad, no está reñido con su aplicación en función de las circunstancias concurrentes, que pueden justificar un trato desigual o diferenciado que conduzca a incurrir en discriminación o fisura del principio.”
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 166 (Rango Constitucional)
- Ley de Tarjeta de Crédito, art. 53 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley de Sistema Financiero, art. 166 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintitrés de junio de dos mil diecisiete. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto vía excepción por el Abogado JULIO CESAR LAGOS REYES, en su condición de apoderado Judicial de la señora MILDRED YONARY SOLIS, contra el Articulo 53 de La Ley de Tarjetas de crédito y 166 de la Ley del Sistema Financiero, contenida en los Decretos Legislativos Nos. 106-2006 y 129-2004 emitidos por el Congreso Nacional de la República de Honduras, en fechas treinta y uno(31) de agosto del dos mil seis (2006), y veintidós (22) de septiembre del dos mil cuatro (2004),respectivamente, en relación a la Demanda de Ejecución de Título Extra Judicial, promovida ante el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, por la Sociedad Mercantil denominada BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A (BAC HONDURAS S.A), contra la señora MILDRED YONARY SOLIS.- Estima el recurrente que los derechos Constitucionales que se estiman violentados están consignados en los Artículos 60,61,80,90,316,321 y 325 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S. 1) Que en fecha veinte (20) de mayo del año dos mil quince (2015), compareció ante el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, el Abogado JULIO CESAR LAGOS REYES, para que se declare la Inconstitucionalidad por vía Excepción por razón de contenido Artículo 53 de La Ley de Tarjetas de Crédito y 166 de la Ley del Sistema Financiero, contenida en los Decretos Legislativos Nos. 106-2006 y 129-2004, emitidos por el Congreso Nacional de la República de Honduras, en fechas treinta y uno(31) de agosto del dos mil seis (2006), y veintidós (22) de septiembre del dos mil cuatro (2004), que contiene la Ley del Sistema Financiero, alegando el recurrente que la Ley vulnera el principio de igualdad, derechos y garantías constitucionales. En consecuencia el referido Juzgado remitió las diligencias a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. 2) Que en fecha veintinueve de julio del año dos mil quince, este Alto Tribunal, dictó providencia mediante la cual dispuso admitir el Recurso de Inconstitucionalidad relacionado, y en virtud de haber indicado el recurrente, que el presente recurso va dirigido al contenido de la citada ley, se omitió el libramiento de la comunicación al Congreso Nacional de la República y se dispuso dar traslado de los antecedentes al Fiscal del Despacho, para que emitiese el correspondiente dictamen. 3) Que en fecha siete de septiembre del año dos mil quince, se tuvo por evacuado el término concedido al Ministerio Público a través de la Abogada YULIBETH GARAY HERNANDEZ, actuando en su condición de Fiscal del Despacho, quien emitió dictamen en el cual fue de la opinión que SE DECLARE SIN LUGAR el Recurso de Inconstitucionalidad de mérito. CONSIDERANDO (1): Que la Sala de lo Constitucional conoce de la acción de inconstitucionalidad, que por vía de excepción ha promovido el abogado JULIO CESAR LAGOS REYES en su condición de Apoderado Judicial de la señora MILDRED YONARY SOLIS, en contra de lo dispuesto por el artículo 53 de la Ley de Emisión de tarjetas de Crédito Contenida en el Decreto 106-2006 y el artículo 166 de la Ley del Sistema Financiero contenido en el Decreto 129-2004. CONSIDERANDO (2): Que el planteamiento del Recurso de Inconstitucionalidad por razón del contenido, se remite a la oposición a Ejecución de títulos extrajudiciales promoviendo una nulidad del mandamiento ejecutivo por no cumplir el titulo ejecutivo los requisitos legales exigidos por la ley frente a una demanda de ejecución de titulo extrajudicial, con requerimiento de pago presentada por Banco de América Central Honduras S.A. (BAC-Honduras) de fecha 15 de abril del 2015 contra la recurrente MILDRED YONARY SOLIS, representada en este acto por el abogado JULIO CESAR LAGOS REYES. CONSIDERANDO (3): Que el recurrente plantea, que se deben inaplicar los artículos 53 de la Ley de Tarjetas de Crédito normativa que literalmente dice: “Para determinar el saldo a cargo de clientes deudores, el estado de cuenta certificado por el contador de las instituciones autorizadas para emitir tarjeta de crédito, hará fe en juicio, salvo prueba en contrario. Los documentos de crédito junto con el estado de cuenta certificado serán títulos ejecutivos y los jueces no requerirán otro u otros documentos” y el 166 de la Ley del Sistema Financiero que a la letra dice:”El estado de cuenta certificado por el contador de una institución del sistema financiero hará fe en juicio, salvo prueba en contrario, para la determinación del saldo a cargo de los clientes deudores. Los documentos de crédito, junto con el estado de cuenta certificado, serán títulos ejecutivos”. CONSIDERANDO(4): Que el recurrente sustenta que la procedencia de la inconstitucionalidad reclamada vía excepción, vulnera declaraciones y derechos constitucionales que por su naturaleza tienen un carácter de irreformables en sentido restrictivo, por tanto son inaplicables por violentar garantías constitucionales contenidas en el artículo 64 “no se aplicarán leyes y disposiciones gubernamentales o de cualquier otro orden, que regulen el ejercicio de las declaraciones, derechos y garantías establecidas en esta Constitución, si los disminuyen, restringen o tergiversan” Y 60 de la Constitución, “Todos los hombres nacen libres e iguales en derechos. En Honduras no hay clases privilegiadas. Todos ….”.CONSIDERANDO (5): Que en la opinión del recurrente se vulnera el PRINCIPIO DE IGUALDAD, en tanto estas disposiciones únicamente benefician a un sector, al bancario y financiero del país, específicamente a las sociedades emisoras de tarjeta de crédito de manera privilegiada, para que emitan documentos privados los que las leyes los elevan a la categoría de Títulos Ejecutivos, en contraposición a que las demás personas tienen que someterse a un proceso de reconocimiento y mandarlos a tener por reconocidos (articulo 782 Código Procesal Civil), los que por ningún motivo siendo documento privados se les da categoría de titulo ejecutivo, cuando la igualdad ante las personas es un postulado irreformable, lo que hace la legislación es crear clases privilegiadas según el recurrente en consonancia con lo que estipula el artículo 60 de la Constitución, “Todos los hombres nacen libres e iguales en derechos. En Honduras no hay clases privilegiadas. Todos ….”, invoca el recurrente de forma relacionada el artículo 1 y 7 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto Internacional y de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano que se refieren a la igualdad ante la ley y sobre la libertad, por tanto en aras de la trascendencia que tienen el Principio de Igualdad para la convivencia general de los seres humanos, no resulta admisible que el Estado a través de un Poder otorgue privilegios a un sector de la sociedad como son las instituciones bancarias o sociedades emisoras de tarjetas de crédito, por lo que procede su inaplicabilidad. CONSIDERANDO (6): Que el recurrente expresa, que con estas normas contenidas en los precitados decretos, se viola el interés directo y personal de su representada y de los demás habitantes de la nación como es el derecho a la igualdad, creando clases privilegiadas, la persona humana es el fin supremo de la sociedad y cualquier violación al principio de igualdad limita como individuos y provoca trastornos a los derechos y a la forma de ejercerlos, esta garantía invocada por vía de excepción, es la que el constituyente previó en protección a los intereses de las personas y contra los actos producidos por el Congreso Nacional cuando revelan privilegios para un sector de la sociedad, elevando simples documentos privados a títulos ejecutivos, los que no cumplen con los características exigidas por la ley de tener aparejada ejecución, que se establezca una cantidad liquida y actualmente exigible, acciones que legitiman para accionar en el ámbito jurisdiccional. CONSIDERANDO (7): Que la declaratoria de inconstitucionalidad de una norma legal secundaria, exige que vaya precedida de un juicio de contraste, que traiga como resultado la conclusión de que el precepto cuestionado se opone, vulnera o violenta de manera expresa o tácita, las disposiciones contenidas en el texto constitucional. Como Estado de Derecho se asume el respeto a la institucionalidad y al sistema democrático conformado por los tres poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, independientes entre sí; así como el imperio de la ley suprema sobre las demás leyes. CONSIDERANDO (8): Que el principio de igualdad encuentra reconocimiento expreso en varias disposiciones constitucionales, lo dispone el artículo 60 de nuestro Texto Fundamental que establece “todos los hombres nacen libres e iguales en derechos, que en Honduras no hay clases privilegiadas, que todos los hondureños son iguales ante la ley, y que se declara punible toda discriminación por motivo de sexo, raza, clase y cualquier otra lesiva a la dignidad humana; por su parte, el artículo 61 de nuestra Carta Magna expresa que “…..la Constitución garantiza a los hondureños y extranjeros en el país,…el derecho...a la igualdad ante la ley…”. Y el artículo 64 Constitucional declara: “No se aplicarán leyes y disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden, que regulen el ejercicio de las declaraciones, derechos y garantías establecidas en esta Constitución, si los disminuyen, restringen o tergiversan”. CONSIDERANDO (9): Que el mandato de igualdad es obligatorio para todos los Poderes e instituciones del Estado. En este sentido, podemos hablar de igualdad “ante” la ley o de “igualdad en la aplicación de la ley”, resulta particularmente obligatorio para los Poderes Ejecutivo y Judicial, cuando aplican las leyes en casos concretos. El principio de igualdad determina que un mismo órgano no puede cambiar arbitrariamente el sentido de sus decisiones en casos sustancialmente iguales, con lo cual, el órgano que considere necesario apartarse de sus precedentes deberá ofrecer para ello una fundamentación razonable y suficiente. Que en lo que concierne al principio-derecho de igualdad “en” la ley, podemos decir que éste es obligatorio para el legislador, quien en el ejercicio de la potestad legislativa no puede establecer discriminaciones negativas en perjuicio de los destinatarios de las normas; es por ello que el Constituyente declara punible toda discriminación por razones de sexo, raza, clase y cualquier otra lesiva a la dignidad humana. Es entonces importante recalcar, que el mandato de igualdad no impone que todos los sujetos de derecho o destinatarios de las normas, tengan los mismos derechos y las mismas obligaciones, o lo que es lo mismo, no impide que en modo alguno, se puedan articular o ligar a situaciones distintas, consecuencias jurídicas diferentes, ejemplo claro, cuando existen criterios específicos de selección para el acceso a determinados cargos públicos, existen protocolos a cumplir así como perfiles del cargo, los que no concurren en todas las personas, otro ejemplo ocurre en el pago de tributos; de este modo podemos afirmar no existen clases o sectores privilegiados, diríamos entonces, que la igualdad resultaría violada o quebrantada cuando el trato diferenciador está desprovisto de una justificación objetiva y razonable, es preciso a la sazón, que para la resolución del contenido sometido a estudio, resulte ineludible efectuar un juicio de valor, que no se limite a constatar que las normas legales cuestionadas, vaticinan consecuencias jurídicas diferentes para dos o más personas, sean estas naturales o jurídicas, sino también contrastar si esas consecuencias distintas resultan o no razonables en la aplicación o no aplicación de las cuestionadas normas. CONSIDERANDO (10): Que si las debatidas normas dan lugar a la existencia de un régimen diferenciado, entre aquellas personas que son demandadas a través del procedimiento establecido en ley, que conlleva el cumplimiento de obligaciones derivadas de negocios jurídicos, celebrados con instituciones del sistema financiero, -sociedades emisoras de tarjeta de crédito-, cuyas obligaciones se pactan en sendos contratos de apertura de crédito en cuenta corriente y uso por medio de tarjeta de crédito y otros documentos de crédito, y si éstos reúnen las características de títulos ejecutivos, siempre que de ellos surja la obligación de pagar cantidad liquida y exigible o se trata de simples instrumentos privados, según lo dispuesto en el artículo 782 del Código Procesal Civil numeral 2. CONSIDERANDO (11): Que después de examinar los artículos 53 de la Ley de Tarjeta de Crédito así como el 166 de la Ley del Sistema Financiero, que establecen que para la determinación del saldo a cargo de los clientes deudores, en el caso de las instituciones autorizadas para emitir tarjetas de crédito y del sistema financiero, el Estado de Cuenta certificado por el Contador hará fe en juicio, salvo prueba en contrario. Los documentos de crédito junto con el estado de cuenta certificado serán títulos ejecutivos y los jueces no requerirán otro u otros documentos, asimismo se instituye en la norma, que no se extinguirá la obligación de pago de los deudores de una institución del sistema financiero, cuando sus créditos vencidos hayan sido castigados contra las reservas de valuación. En este sentido, el discernimiento normativo que se trae a reflexión para establecer si el factor de diferenciación por la particular posición entre una entidad financiera y el deudor es o no razonable en el presente recurso. CONSIDERANDO (12): Que la económica nacional se sustenta en la coexistencia democrática y armónica de diversas formas de propiedades y de empresa, el Estado reconoce, garantiza y fomenta libertades de consumo, ahorro, inversión entre otras; entendiéndose, que el ejercicio de estas libertades no podrán ser contrarias al interés social ni lesivo a la moral, la salud o la seguridad pública. A estas sociedades del Sistema Financiero, se les otorga potestades de relevancia económica y jurídica, las que repercuten en el patrimonio del deudor. Los activos de inversión tiene como objetivo fortalecer la economía nacional y por ende la pronta recuperación de los créditos otorgados, contando con documentos eficaces y agiles para perseguir del deudor las obligaciones pendientes de pago, las instituciones del sistema financiero constituyen un factor clave de desarrollo y deben mantener su estabilidad, solidez y credibilidad, condición fundamental que incide directamente para la estabilidad macroeconómica del país; sin embargo, este objetivo debe ser alcanzado sin menoscabo de los derechos y principios fundamentales de igualdad y defensa, en el caso de las personas demandadas en su condición de deudores del sistema financiero, lo que deviene obligados a observar los procedimientos previstos en la legislación vigente, como es el respeto al debido proceso consagrado en la Constitución de la República en su artículos 82 y 90, especialmente en las obligaciones contraídas por sus deudores y consignadas bajo títulos ejecutivos. CONSIDERANDO (13): Que las precitadas normas, de las cuales se pide su inaplicabilidad y por ende su Inconstitucionalidad por vía de excepción; artículo 53 de la Ley de Tarjeta de Crédito y el 166 de la Ley de Sistema Financiero, en las que el legislador de forma taxativa señala que el saldo a cargo de los clientes deudores, en el caso de las instituciones autorizadas para emitir tarjetas de crédito y del sistema financiero, el Estado de Cuenta certificado por el Contador hará fe en juicio, salvo prueba en contrario, los documentos de crédito junto con el estado de cuenta certificado serán títulos ejecutivos y los jueces no requerirán otro u otros documentos. El juicio valorativo a esta normativa no hace sino demostrar la existencia de razonabilidad en el ordenamiento jurídico, cuando en los precitados artículos no hay vulneración a los enunciados principios de igualdad y defensa, mucho menos violación a garantías o derechos consagrados en la constitución, al admitir prueba en contrario como quedó amparado en las artículos señalados, deviene a los jueces observar la existencia de un crédito liquido y exigible, susceptible de habilitar por voluntad propia del acreedor la vía ejecutiva otorgada a las instituciones del sistema financiero, y es por esta particular declaración unilateral de voluntad, que el acreedor insta un proceso ejecutivo, sin perder de vista la tutela del crédito como bien jurídico digno de protección como precepto para mantener la seguridad macroeconómica del país. Por lo tanto, la valoración al contenido de los artículos tachados de inconstitucionales, no limitan para la parte que se considere afectada, debatir durante el proceso la legitimidad de los documentos, por admitir prueba en contrario y habilita igualmente que se invoquen los motivos de oposición establecidos en el Código Procesal Civil, cuerpo legal que también establece con claridad la procedencia de la ejecución de los títulos extrajudiciales, la que resulta, siempre que de ellos surja la obligación de pagar cantidad liquida y exigible articulo 782.1.2.3.4. CONSIDERANDO (14): Que las normas legales cuestionadas en ningún momento distinguen un trato discriminatorio o diferenciado hacia la demandada ejecutivamente por la entidad del sistema financiero, que indistintamente realizan actividades de gran importancia para el desarrollo de la economía nacional, las posibilidades de defensa en juicio no están quebrantadas, la normativa procesal civil ha venido regulando a través de los diferentes códigos, la forma de cómo probar la existencia de las obligaciones que nacen de la ley y de los contratos, las que tienen fuerza de ley entre las partes, asimismo a través de la ley se crean las formas de impugnar, la admisión de prueba en contrario que debe ser traída a juicio; se deduce entonces, que los artículos 53 de la Ley de Tarjeta de Crédito así como el 166 de la Ley del Sistema Financiero no se contraponen frontalmente al contenido esencial del principio-derecho de igualdad consagrado en el artículo 60 de la Constitución de la República y en nada vulnera el contenido fundamental al derecho de defensa, reconocido por el artículo 82 de nuestro Texto Fundamental, en todo caso el principio de igualdad, no está reñido con su aplicación en función de las circunstancias concurrentes, que pueden justificar un trato desigual o diferenciado que conduzca a incurrir en discriminación o fisura del principio. CONSIDERANDO (15): Que por las razones y motivos anteriormente expuestos, es procedente declarar NO HA LUGAR, el recurso de inconstitucionalidad que por razón de contenido y por vía de excepción ha interpuesto el abogado JULIO CESAR LAGOS REYES en su condición de apoderado judicial de la señora MILDRED YONARY SOLIS en contra de lo dispuesto en los artículos 53 de la Ley de Tarjetas de Crédito y 166 de la Ley del Sistema Financiero, sin señalar por no corresponder el tipo de motivos de oposición que puede oponer la recurrente en el caso concreto, ya que el juicio de constitucionalidad de una ley, se limita a un ejercicio intelectual e imparcial de contraste, entre la normas legales impugnadas y el contenido de las disposiciones contenidas en el Texto Fundamental, a fin de determinar la compatibilidad o no, de éstas últimas con aquellas. CONSIDERANDO (16): Que habiéndose declarado la improcedencia del Recurso, corresponde al incidentista el resarcimiento de daños o perjuicios que se hayan ocasionado con motivo de la suspensión del procedimiento principal como lo establece el artículo 86 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oído el parecer del Fiscal, por UNANIMIDAD de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 60, 82, 90, 184, 185 No. 2, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República, 1, 2, 3 No. 3), 5, 74, 75, 76 No. 1), 77 No. 2), 78, 8, 82 y 86 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, FALLA: Declarar NO HA LUGAR la acción de inconstitucionalidad que por razón de contenido y por vía de excepción, ha interpuesto por el abogado JULIO CESAR LAGOS REYES en su condición de apoderado judicial de la señora MILDRED YONARY SOLIS en contra de lo dispuesto en los artículos 53 de la Ley de Tarjetas de Crédito contenido en el Decreto 106-2006 dictado por el Congreso Nacional de la República el 31 de agosto del 2006 y el artículo 166 de la Ley del Sistema Financiero contenido en Decreto 129-2004 dado en el Congreso Nacional de la República el 21 de septiembre del 2004. Y MANDA: Que se notifique el presente fallo y que verificado que el mismo se encuentra firme, se proceda a su certificación y posterior archivo en la Secretaría de la Sala. Redactó el Magistrado JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.-NOTIFIQUESE. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. Firma y Sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve días del mes de agosto de dos mil diecisiete, certificación de la sentencia de fecha veintitrés de junio de dos mil diecisiete, recaída en el Recurso de Inconstitucional bajo el número SCO-635-2015.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL