Sentencia RI-259-15 — Registro 14071
Resumen
alegando el recurrente que contenido del decretos referente al articulo 9 de la Ley De Ordenamiento De Las Finanzas Publicas, Control De Las Exoneraciones Y Medidas Antievasion violenta normas contenidas en la Constitución de la República considerando la Sala Constitucional expulsado del ordenamiento jurídico tornándose en innecesario y reiterativo, un nuevo pronunciamiento sobre la constitucionalidad de decreto en mención
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."22): Que así las cosas, resulta establecido que en los procesos de inconstitucionalidad los efectos erga omnes estánunidos a la esencia misma del objeto de la declaración de inconstitucionalidad, y en consecuencia, en este tipo de acción no cabe predicar efectos restringidos, toda vez que la anulación de la ley ha sido declarada con efectos generales, tornando impertinente un nuevo pronunciamiento sobre un problema constitucional ya resuelto. CONSIDERANDO VEINTITRES (23): Que una vez expuesto lo anterior, resulta una certeza indubitable para el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, que el fallo dictado por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, en fecha veinticinco (25) de junio de dos mil quince (2015), del cual se ha hecho referencia, recaído en la acción de inconstitucionalidad con registro No. 757-2014, al ser estimatorio de la inconstitucionalidad alegada en cuanto al Decreto Legislativo No.278-2013, emitido por el Congreso Nacional de la República de Honduras, en fecha veintiuno de diciembre del año dos mil trece, que contiene la LEY DE ORDENAMIENTO DE LAS FINANZAS PUBLICAS, CONTROL DE LAS EXONERACIONES Y MEDIDAS ANTI EVASION, publicado en el Diario Oficial La Gaceta numero 33,316 de fecha treinta de diciembre del año dos mil trece, así como algunas de sus reformas e interpretaciones que están contenidas en el Decreto No.290-2013 emitido el dos de enero del año dos mil catorce y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No.33,398 de fecha cinco de abril del año dos mil catorce; donde ya de expulso del ordenamiento jurídico el Articulo 7 del Decreto Legislativo No.290-2013, que reforma el Articulo 8 del Decreto No.278-20163, y que fuera publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 33,398, de fecha 5 de Abril de 2014; torna en innecesario y reiterativo, un nuevo pronunciamiento sobre la constitucionalidad del decreto impugnado, por ser el mismo implícitamente contrario, al principio de validez ex nunc y a los efectos erga omnes ya declarados en el pronunciamiento originario. En tal virtud, debe sobreseerse la acción de merito al ser cosa juzgada y por tanto, haberse ya definido los efectos erga omnes de la declaratoria de inconstitucionalidad reclamada y como consecuencia de esto, sus efectos ex nunc, al existir un pronunciamiento de la Sala Constitucional mediante el cual ya se ha salvaguardado la preeminencia de la norma Constitucional y se ha expulsado de nuestro ordenamiento la norma contraria a la misma Juris et de iure, siendo impertinente una nueva interpretación terminante, mediante la cual se declare por este Tribunal Supremo la incompatibilidad entre la norma constitucional y las legales ordinarias sometidas a enjuiciamiento. CONSIDERANDO (24): Que una vez expuesto lo anterior, resulta una certeza indubitable para el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, que el fallo dictado por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, en fecha veinticinco (25) de junio de dos mil quince (2015), del cual se ha hecho referencia, recaído en la acción de inconstitucionalidad con registro No. 757-2014, al ser estimatorio de la inconstitucionalidad alegada en cuanto al Decreto Legislativo No.278-2013, emitido por el Congreso Nacional de la República de Honduras, en fecha veintiuno de diciembre del año dos mil trece, que contiene la LEY DE ORDENAMIENTO DE LAS FINANZAS PUBLICAS, CONTROL DE LAS EXONERACIONES Y MEDIDAS ANTI EVASION, publicado en el Diario Oficial La Gaceta numero 33,316 de fecha treinta de diciembre del año dos mil trece, así como algunas de sus reformas e interpretaciones que están contenidas en el Decreto No.290-2013 emitido el dos de enero del año dos mil catorce y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No.33,398 de fecha cinco de abril del año dos mil catorce; donde ya de expulso del ordenamiento jurídico el Articulo 7 del Decreto Legislativo No.290-2013, que reforma el Articulo 8 del Decreto No.278-20163, y que fuera publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 33,398, de fecha 5 de Abril de 2014; torna en innecesario y reiterativo, un nuevo pronunciamiento sobre la constitucionalidad del decreto impugnado, por ser el mismo implícitamente contrario, al principio de validez ex nunc y a los efectos erga omnes ya declarados en el pronunciamiento originario. En tal virtud, debe sobreseerse la acción de merito al ser cosa juzgada y por tanto, haberse ya definido los efectos erga omnes de la declaratoria de inconstitucionalidad reclamada y como consecuencia de esto, sus efectos ex nunc, al existir un pronunciamiento de la Sala Constitucional mediante el cual ya se ha salvaguardado la preeminencia de la norma Constitucional y se ha expulsado de nuestro ordenamiento la norma contraria a la misma Juris et de iure, siendo impertinente una nueva interpretación terminante, mediante la cual se declare por este Tribunal Supremo la incompatibilidad entre la norma constitucional y las legales ordinarias sometidas a enjuiciamiento. Como se dijo anteriormente, que la Corte Suprema de Justicia en aplicación de la regla stare decisis, debe seguir su propia jurisprudencia, el presente fallo se emite en iguales pronunciamientos al resuelto en el Amparo Civil SCO-0865-2014"
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 90 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 92 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 94 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Tegucigalpa M.D.C., veinte de noviembre del año dos mil diecisiete. Vistas las presentes diligencias procedentes de La Sala Constitucional referentes al Recurso de Inconstitucionalidad número SCO-0259-2015, interpuesto por vía de acción, promovida por el Abogado JOSE MANUEL ALVAREZ ZELAYA, en su condición de Apoderada Legal de la Sociedad Mercantil DERIVADOS DEL METAL S.A. (DEMESA), contra artículo 9 de la LEY DE ORDENAMIENTO DE LAS FINANZAS PUBLICAS, CONTROL DE LAS EXONERACIONES Y MEDIDAS ANTIEVASION, contenido en el decreto legislativo numero 278-2013, emitido por el Congreso Nacional de la República en fecha veintiuno de diciembre del año dos mil trece (2013) y publicado en el diario oficial la gaceta 33,316 de fecha treinta de diciembre del año dos mil trece. CONSIDERANDO: Que en fecha diecisiete de Octubre del año dos mil diecisiete, la Sala Constitucional resuelve remitir las diligencias y sus antecedentes a la PRESIDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, para su conocimiento al pleno de la Corte Suprema de Justicia que conlleve su conocimiento y resolución definitiva, en vista de no haber existido unanimidad en la decisión del mismo por el pleno de la Sala de lo Constitucional en las diligencias de Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto por vía de acción, promovida por el Abogado JOSE MANUEL ALVAREZ ZELAYA, en su condición de Apoderada Legal de la Sociedad Mercantil DERIVADOS DEL METAL S.A. (DEMESA), contra artículo 9 de la LEY DE ORDENAMIENTO DE LAS FINANZAS PUBLICAS, CONTROL DE LAS EXONERACIONES Y MEDIDAS ANTIEVASION, contenido en el decreto legislativo numero 278-2013, emitido por el Congreso Nacional de la República en fecha veintiuno de diciembre del año dos mil trece (2013) y publicado en el diario oficial la gaceta 33,316 de fecha treinta de diciembre del año dos mil trece. ANTECEDENTES. Primero: Que en fecha diecisiete de marzo del año dos mil quince, compareció ante esta Sala de lo Constitucional, el Abogado JOSE MANUEL ALVAREZ ZELAYA, en su condición de Apoderada Legal de la Sociedad Mercantil DERIVADOS DEL METAL S.A. (DEMESA), promoviendo recurso de Insconstitucionalidad por vía de acción, y por razón de fondo, contra el artículo 9 de la LEY DE ORDENAMIENTO DE LAS FINANZAS PUBLICAS, CONTROL DE LAS EXONERACIONES Y MEDIDAS ANTIEVASION, contenido en el decreto legislativo numero 278-2013, emitido por el Congreso Nacional de la República en fecha veintiuno de diciembre del año dos mil trece (2013) y publicado en el diario oficial la gaceta 33,316 de fecha treinta de diciembre del año dos mil trece, alegando el recurrente que dicho contenido de los decretos contienen normas que flagrantemente violenta normas contenidas en la Constitución de la República. Segundo: Que en fecha siete de abril del año dos mil quince, este Alto Tribunal, admitió el Recurso e Inconstitucionalidad interpuesto y en virtud de haber indicado la recurrente que el presente recurso no va dirigido al procedimiento de su creación sino que por razón de contenido de algunos preceptos de los citados Decretos, se omitió el libramiento de la comunicación al Congreso Nacional de la República y se dispuso dar traslado de los antecedentes al Fiscal del Despacho, para que emitiese el correspondiente dictamen por el termino de seis días hábiles. Tercero: Que con anterioridad al planteamiento de la presente acción de Inconstitucionalidad por parte del Abogada JOSE MANUEL ALVAREZ ZELAYA, quien actúa en su condición de Apoderada Legal de la Sociedad Mercantil DERIVADOS DEL METAL S.A. (DEMESA), promoviendo recurso de Insconstitucionalidad por vía de acción, y por razón de fondo, contra el artículo 9 de la LEY DE ORDENAMIENTO DE LAS FINANZAS PUBLICAS, CONTROL DE LAS EXONERACIONES Y MEDIDAS ANTIEVASION, se interpuesto en esta misma sede constitucional un recurso de inconstitucionalidad con el mismo objeto de control constitucional (RI 0757-14), entre otros, contra el Decreto numero No. 278-2013 emitido por el CONGRESO NACIONAL DE LA REPUBLICA DE HONDURAS en fecha veintiuno (21) de diciembre del año dos mil trece (2013), publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” numero 33,316 en fecha treinta (30) de diciembre del año dos mil trece (2013), mediante el cual se creo la Ley de Ordenamiento de las Finanzas Publicas, Control de las Exoneraciones y Medidas Anti Evasión, el cual fue interpuesto en aquella oportunidad por el abogado RICARDO ANTONIO MONTES BELOT, en su condición de representante procesal del CONSEJO HONDUREÑO DE LA EMPRESA PRIVADA (COHEP), arguyendo para ello el impetrante, en aquella ocasión, que se declare la Inconstitucionalidad de los Artículos 9,10,11 y 18 de la Ley de Ordenamiento de las Finanzas Publicas, Control de Exoneraciones y Medidas Anti Evasión, por estimar que los mismos entran en contradicción con lo preceptuado en los Artículos: 16, 18, 31, 60, 61 82, 89, 90, 94, 96, 109, 331, 351 y 363 de la Constitución de la República. Cuarto: Que en fecha veinticinco (25) de junio de dos mil quince (2015) los Magistrados y Magistradas de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, conociendo del Recurso de Inconstitucionalidad antes referido, dictaron POR UNANIMIDAD DE VOTOS sentencia, misma que en su parte resolutiva establece lo siguiente: (Sic.) “FALLA: I DECLARA HA LUGAR EL PRIMER MOTIVO DE INSCONSTITUCIONALIDAD planteado, en consecuencia SE DECLARA LA INCOSNTITUCIONALIDAD E INAPLICABILIDAD DEL ARTICULO 7 del Decreto Legislativo No. 290-2013, que reforma el artículo 8 del Decreto No 278-2013, y que fuera publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” numero 33,3398 en fecha cinco (5) de abril del año dos mil catorce (2014). II DECLARANDO NO HA LUGAR LOS MOTIVOS DE INCONSTITUCIONALIDAD SEGUNDO, TERCERO, CUARTO, QUINTO Y SEXTO, que por razón de contenido, interpuesto por el abogado RICARDO ANTONIO MONTES BELOT, en su condición de Representante procesal del CONSEJO HONDUREÑO DE LA EMPRESA PRIVADA (COHEP)…. Quinto: Que en fecha seis (6) de noviembre del año dos mil quince (2015), la Sala de lo Constitucional conociendo del recurso de reposición interpuesto por el abogado ARMANDO URTECHO LOPEZ, en su condición de apoderado legal del CONSEJO HONDUREÑO DE LA EMPRESA PRIVADA (COHEP), contra el fallo que se deja relacionado en el numeral anterior (RI 0757-14), dicto resolución mediante la cual declaro SIN LUGAR el Recurso e Reposición interpuesto. Sexto: Que en fecha treinta de septiembre del año dos mil dieciséis la Sala de lo Constitucional de este Alto Tribunal dicto sentencia donde declara ser firme el fallo de fecha veinticinco de junio del año dos mil quince, donde la sala se había pronunciado sobre el contenido de la Inconstitucionalidad solicitada sobre el decreto Legislativo 278-2012, en la cual no hubo unanimidad por lo que se procedió a remitir las diligencias al Presidente de la Corte Suprema de Justicia, para que el pleno de la misma conociera y fallara definitivamente, tal como se expuso en el considerando descrito en el preámbulo. CONSIDERANDO UNO (1) Que las leyes podrán ser declaradas inconstitucionales por razón de forma o de contenido, es decir la inconstitucionalidad material y la formal, refiriéndose la primera al planteamiento de la cuestión de si en la formación de una Ley se han seguido los procedimientos previstos en las normas constitucionales y en las que se hubiesen dictado dentro del marco constitucional, y, la segunda, se determinara con la inadecuación de la Ley con una norma constitucional, o sea que, el problema de fondo consistirá, por tanto, en una labor de Interpretación y confrontación de dos normas de distinta jerarquía, a fin de verificar su conformidad o disconformidad. CONSIDERANDO DOS (2): Que la Constitución de la República establece el control directo de la constitucionalidad de las leyes, al declarara que cualquier persona que tenga un interés directo, personal y legitimo puede interponer por vía de acción, ante la Corte Suprema de Justicia el recurso de Inconstitucionalidad, contra una ley que considere ser contraria a la Carta Magna; determinando que las sentencias en que se declare la inconstitucionalidad de una norma serán de ejecución inmediata, tendrán efectos generales y, por lo tanto, derogaran dicha norma. CONSIDERANDO TRES (3): Que dentro del control de la constitucionalidad que ejerce y al tenor de lo preceptuado en el Articulo 185 constitucional en relación con los Artículos 77 párrafo primero y 79 numeral 5 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; esta acción podrá ser solicitada por quien se considere lesionado en su interés directo, personal y legitimo; así pues quien solicite la misma, deberá dar una explicación clara y precisa del interés directo, personal y legitimo que motiva la interposición del recurso y deberá explicar el concepto que motiva su acción de inconstitucionalidad. CONSIDERANDO CUATRO (4): Que el Articulo 74 de la Ley Sobre Justicia Constitucional otorga a la Corte Suprema de Justicia, por medio de la Sala de lo Constitucional, el carácter de interprete ultimo y definitivo de la Constitución, en los casos concretos sometidos a su conocimiento, con facultad originaria y exclusiva para conocer de la garantía de Inconstitucionalidad y del control previo de constitucionalidad previsto en el Articulo 216 de la Constitución de la República. Lo anterior, señala la función de la Sala de lo Constitucional, que no es sino, la concreción de la Constitución mediante su interpretación; sin limitarse a una intervención restrictiva y reguladora, sino mas bien a vincular los derechos fundamentales al proceso permanente de la transformación social. CONSIDERANDO CINCO (5): Que al tenor de lo preceptuado en el articulo 185 Constitucional en relación con los Artículos 77 párrafo primero y 79 numeral 5) de la Ley Sobre Justicia Constitucional; la acción de Inconstitucionalidad, como se dijo, podrá ser solicitada por quien se considere lesionado en su interés directo, personal y legitimo, A criterio de este Alto Tribunal, el recurrente, en la condición en la cual comparece cuenta con la legitimación necesaria para interponer la presente garantía, dado que se trata de una Sociedad Mercantil que se ve afectada por algunas disposiciones de los Decretos No. 278-2013, tal como lo establece al explicar los motivos fundamentales de esta acción de inconstitucionalidad, por consiguiente, por lo que ante las violaciones directas producidas a la Constitución de la República no puede dejar de pronunciarse, ya que tales infracciones lesionan los derechos particulares como ciudadano y especialmente de las empresas y empresarios. CONSIDERANDO SEIS (6): Que el Articulo 79 No.3) de la Ley Sobre Justicia Constitucional establece, que la demanda de inconstitucionalidad por vía de acción deberá contener entre otros requisitos, el señalamiento de la ley o alguno (s) de sus preceptos, cuya declaración de Inconstitucionalidad se pretende, en virtud de tenerse un interés directo, personal y legitimo; requisitos ineludibles exigidos por la Constitución de la República, los cuales como queda expresado, son cumplidos en la presente acción constitucional. CONSIDERANDO SIETE (7): Que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia conoció de la acción de inconstitucionalidad que por vía de acción ha promovido el Abogado RICARDO ANTONIO MONTES BELOT, en su condición de representante procesal del CONSEJO HONDUREÑO DE LA EMPRESA PRIVADA (COHEP), contra el artículo 9 de la LEY DE ORDENAMIENTO DE LAS FINANZAS PUBLICAS, CONTROL DE LAS EXONERACIONES Y MEDIDAS ANTIEVASION, contenida en el decreto Legislativo No. 278-2013, emitido por el Congreso Nacional de la República de Honduras, en fecha veintiuno de noviembre del año dos mil trece y publicado en el Diario Oficial la Gaceta No. 33,316 de fecha treinta (30) de diciembre de dos mil trece (2013). CONSIDERANDO OCHO (8): Que en la presente acción de inconstitucionalidad se aprecia una coincidencia total con el juzgamiento constitucional dictado en fecha veinticinco (25) de junio de dos mil quince (2015), por los Magistrados y Magistradas de esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia; en virtud de constituir precisamente el objeto de examen constitucional, en ambos expedientes, el contenido del Articulo 9 del Decreto No. 278-2013 emitido por el CONGRESO NACIONAL DE LA REPUBLICA DE HONDURAS, en fecha veintiuno (21) de diciembre del año dos mil trece (2013), publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” numero 33,316 en fecha treinta (30) de diciembre del año dos mil trece (2013), mediante el cual se creo la “Ley de Ordenamiento de las Finanzas Publicas, Control de las Exoneraciones y Medidas Anti Evasión”. CONSIDERANDO NUEVE (9): Que en la Sentencia dictada por esta Sala en fecha veinticinco (25) de junio de dos mil quince (2015); concluyo que a la luz de lo expuesto en el fallo se estima que de los seis motivos de inconstitucionalidad alegados por el impetrante, únicamente el expuesto en el primer motivo resulta inconstitucional, esto es el Articulo 7 del Decreto No. 290-2013, de fecha cinco de abril de 2014, en cuanto que el mismo reformo el Articulo 8 del Decreto No. 278-2013 dicha reforma del Articulo 8 que adiciona el literal C) y un penúltimo párrafo al articulo 22 de Ley del Impuesto Sobre la Renta. CONSIDERANDO DIEZ (10): Que la acción de inconstitucionalidad ha sido configurada en nuestra normativa como la procedente cuando lo que se pretenda es que se declare que una ley ordinaria es inconstitucional por vulnerar o contrariar lo dispuesto en un Tratado o Convención Internacional del que Honduras forme parte; siendo competencia de la Corte Suprema de Justicia, por medio de su Sala de lo Constitucional, conocer y resolver originaria y exclusivamente en la materia, para lo cual se pronunciara observando los requisitos de las sentencias definitivas, y al no existir unanimidad en la misma, su decisión y resolución final deberá ser conocido por el pleno de Magistrados y Magistradas de la Corte Suprema de Justicia, como en el caso sub judice. CONSIDERANDO ONCE (11): Que la sentencia que resuelve los procedimientos de inconstitucionalidad podrán declara la misma ya sea de forma total o parcial, procediendo esto ultimo cuando la parte o precepto de la ley en que se da la vulneración pueda ser separada de la totalidad de la normativa. CONSIDERANDO DOCE (12): Que la sentencia en que se declara y la misma tiene una eficacia erga omnes, es decir, efectos generales. Una de las características mas relevantes de los sistemas concentrados de control de constitucionalidad es precisamente esta, en consecuencia de lo cual la ley, o parte de esta, que sea declarada inconstitucional e ilegitima no existe mas, por lo que nos parece acertado lo sostenido por Marina Gascón cuando afirma “que las interpretaciones constitucionales que realiza el Tribunal Constitucional a través de los diversos procesos en que desarrolla su actividad, ostentan prácticamente fuerza legislativa, operando directamente sobre el ordenamiento jurídico.” Dicho en otras palabras, el efecto general o eficacia erga omnes, de estas sentencias conlleva que las mismas vinculan a todos los órganos, poderes y autoridades, a los ciudadanos en general, fijándose así puntos de no retorno del proceso de verificación jurídica de los valores constitucionales. CONSIDERANDO TRECE (13): Que la doctrina que de su ejercicio derive es, naturalmente, vinculante, ya que, “si bien los Tribunales Constitucionales no tienen la facultad de legislar (comento alguna vez Garcia-Pelayo) si tienen la de establecer vinculatoriamente el recto significado de lo legislado.” Pero no solo esa doctrina es obligante; también lo es aquella que surja de la interpretación que de la Constitución realice la Sala Constitucional respecto a un caso concreto y de donde haya surgido un particular modo de conducirse o actuar conforme con un valor, principio o regla contenido en el orden normativo constitucional. Es bueno advertir que tal vinculación arropara solo a los casos similares al que dio lugar al precedente. Decir esto pretende despejar de antemano alguna duda que pudiera surgir en cuanto al alcance de la vinculación de la función interpretativa que toca desplegar a la Sala conforme a la Carta Fundamental, en el sentido de asociar erróneamente sus efectos a un ámbito que solo abarque la desnuda y abstracta interpretación de un precepto constitucional. CONSIDERANDO CATORCE (14): Que el Articulo 94 de la Ley Sobre Justicia Constitucional establece: “DE LOS EFECTOS DE LA SENTENCIA. PUBLICACION. La sentencia en que declare la Inconstitucionalidad de una norma será de ejecución inmediata, y tendrá efectos generales y por tanto derogara la norma inconstitucional, debiendo comunicarse al Congreso Nacional, quien lo hara publicar en el Diario Oficial la Gaceta”. La sentencia no afectara las situaciones jurídicas que ya hayan sido definitivamente resueltas y ejecutadas. En materia penal, beneficiara, en su caso, al procesado o condenado.” CONSIDERANDO QUINCE (15): Que las sentencias de inconstitucionalidad de la Sala de lo Constitucional o en su caso de la Corte Suprema de Justicia, como resoluciones judiciales, pueden considerarse como las actuaciones del Tribunal que culminan con la función jurisdiccional, su iuris dictio. Así, con independencia de otros aspectos subjetivos, en la sentencia que se ha relacionado, se destaca el momento hermenéutico en el cual el Tribunal confiere un status jurídico relevante al conflicto constitucional planteado por vía de la garantía especifica de inconstitucionalidad, mismo que requirió de una interpretación que concluyo en la declaración de incompatibilidad parcial entre la norma constitucional y la que fue sometida a enjuiciamiento (Decreto Legislativo No. 278-2013, emitido por el Congreso Nacional de la República de Honduras, en fecha veintiuno de diciembre del año dos mil trece, que contiene la LEY DE ORDENAMIENTO DE LAS FINANZAS PUBLICAS, CONTROL DE LAS EXONERACIONES Y MEDIDAS ANTIEVASION, publicado en el Diario Oficial La Gaceta numero 33,316 de fecha treinta de diciembre del año mil trece, así como algunas de sus reformas e interpretaciones que están contenidas en el Decreto No. 290-2013 emitido el dos de enero del año dos mil catorce y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 33,398 de fecha cinco de abril del año dos mil catorce. CONSIDERANDO DIECISEIS (16): Que las consecuencias de la declaración de inconstitucionalidad efectuada del Articulo 7 del Decreto Legislativo No. 290-2013, que reforma el Articulo 8 del Decreto No. 278-2013, y que fuera publicado en el Diario Oficial La Gaceta No.33,398, de fecha 5 de abril de 2014 y relacionada, en cuanto a la resolución de la acción de inconstitucionalidad que se resuelve, plantea un problema importante de validez en el tiempo en cuanto al decreto impugnado y los efectos del pronunciamiento definitivo que deberá recaer en la presente acción; esto es así, toda vez que es necesario considerar, en primer lugar, si durante el tiempo de vigencia del decreto impugnado, se pudo desplegar en sus efectos alguna afectación a los derechos de las partes recurrentes; lo cual seria así, únicamente si pese a sobrevenir la invalidez como efecto de la sentencia dictada en la acción registrada bajo el numero 757-2014, se pudiesen haber seguido afectando los derechos de estos, extremo que definitivamente no fue acreditado por el Recurrente, con posterioridad al fallo dictado en fecha veinticinco (25) de junio de dos mil quince (2015). Como consecuencia de lo anterior y en segundo lugar, una nueva nulidad por inconstitucional del DECRETO LEGISLATIVO No. 278-2013, emitido por el Congreso Nacional de la República de Honduras, en fecha veintiuno de diciembre del año dos mil trece, que contiene la LEY DE ORDENAMIENTO DE LAS FINANZAS PUBLICAS, CONTROL DE LAS EXONERACIONES Y MEDIDAS ANTI EVASION, publicado en el Diario Oficial La Gaceta numero 33,316 de fecha treinta de diciembre del año dos mil trece, así como algunas de sus reformas e interpretaciones que están contenidas en el Decreto No. 290-2013 emitido el dos de enero del año dos mil catorce y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 33,398 de fecha cinco de abril del año dos mil catorce, pronunciada por la Sala de lo Constitucional, o en su caso, por el pleno de la propia Corte Suprema de Justicia, en un fallo posterior, solo se podría producir, si por alguna circunstancia excepcional se pudiera haber producido una reviviscencia de algún precepto contenido en el decreto impugnado, porque la norma derogada, no lo hubiese sido en su totalidad y esta contuviera a su vez alguna nueva violación no denunciada o declarada, sobre la cual fuese necesario un nuevo pronunciamiento. Sin embargo, resulta evidente en ambos casos, que al ser la derogatoria total, estos no son los temas a decidir en el presente asunto y resulta en consecuencia inaplicable el principio de conservación de la norma, conforme al cual se podría requerir de un nuevo pronunciamiento por parte del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, en cuanto a la constitucionalidad de los preceptos restantes de la norma declarada inconstitucional previamente. Por lo que al no ser ya necesario seguir garantizando su conformidad o no con la Constitución, es improcedente un nuevo pronunciamiento. CONSIDERANDO DIECISIETE (17): Así las cosas y al tenor de lo expuesto hasta aquí, resulta igualmente necesario un pronunciamiento concreto del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, en cuanto al valor de la cosa juzgada en materia de la garantía especifica de Inconstitucionalidad. Encontramos a este respecto, que de conformidad a la normativa vigente y aplicable, el Articulo 94 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, determina que “La sentencia en que se declare la inconstitucionalidad de una norma será de ejecución inmediata, y tendrá efectos generales y por tanto derogara la norma inconstitucional, debiendo comunicarse al Congreso Nacional, quien lo hara publicar en el Diario Oficial la “Gaceta”. La sentencia no afectara las situaciones jurídicas que ya hayan sido definitivamente resueltas y ejecutadas….”. Esta precisión legal emanada del poder constituido, determina Juris et de iure (de pleno derecho) la vía requerida para dar valor de cosa juzgada a las sentencias dictadas en los procesos de inconstitucionalidad. Correspondiendo lógicamente su intención, con la necesidad imperante tanto para el legislador, como para el juez Constitucional de hacer prevalecer en esencia el principio fundamental en que se sustenta la seguridad jurídica; pues al establecer que las sentencias dictadas en los procesos de control constitucional tienen el valor de cosa juzgada, se les vincula de pleno derecho con una institución procesal, que si bien en su configuración tradicional puede tener dificultades de inserción en algunos procesos constitucionales, al relacionar los efectos de un fallo de inconstitucionalidad con terceros que no han sido parte en el proceso, se justifica por si misma la designación, por razón que la cosa juzgada supone de derecho y por derecho (Juriset de iure), una respuesta al interés publico implícito, brindándole a este la certeza legal de que el fallo emitido tendrá efectos generales (erga omnes), expulsando a la norma inconstitucional definitivamente de nuestro ordenamiento vigente. CONSIDERANDO DIECIOCHO (18): Que siguiendo con el desarrollo de esta fundamentación, es necesario tener en cuenta igualmente, que los efectos de la cosa juzgada material, serán en todo caso irreversibles en los casos del recurso de inconstitucionalidad, con respecto a la ley especifica que ha sido expulsada del ordenamiento nacional, como producto de una sentencia estimatoria, en cuanto a la inconstitucionalidad de la ley impugnada. CONSIDERANDO DIECINUEVE (19): Que a este respecto y discurriendo sobre los efectos erga omnes del fallo, es necesario igualmente recordar que en esencia, las sentencias dictadas por la Sala de lo Constitucional o en su caso la Corte Suprema de Justicia, se diferencian del resto de las sentencias emitidas por cualquier tribunal ordinario, esencialmente en que las primeras tienen una finalidad adicional al interés subjetivo de las partes, pues las sentencias de inconstitucionalidad abordan por su naturaleza intrínseca, la propia dimensión objetiva de la garantía especifica tutelada por un proceso constitucional, y su efecto, como ha quedado ya expuesto, es la resolución de un conflicto originado por la infracción de la Ley secundaria, al contenido esencial de la ley primaria, resultando en la expulsión de la primera, en caso de demostrarse que no se ajusta al contenido esencial de la segunda, mediante una interpretación terminante, en la cual se declara por el Tribunal Supremo la compatibilidad o incompatibilidad entre la norma constitucional y la legal ordinaria sometida a enjuiciamiento. Así, las acciones de inconstitucionalidad, y por ende los fallos de la Sala o en su caso la Corte Suprema de Justicia, están sustentados por su propia naturaleza de un provecho que trasciende al de cualquier proceso ordinario, pues con el mismo se garantiza la depuración del ordenamiento secundario y se afianza a su vez la supremacía de la Constitución. CONSIDERANDO VEINTE (20): Que ante lo expuesto y siendo pertinente pronunciarse sobre la procedencia o no de un nuevo pronunciamiento de la Justicia Constitucional en cuanto a la constitucionalidad del decreto impugnado, reiterando el ya emitido en la acción con registro 757-2014, nos encontramos que de conformidad a lo establecido por el diccionario jurídico, la acción de reiterar implica un volver a decir o hacer. En este caso concreto pues, la emisión de una nueva sentencia de inconstitucionalidad, reiterando la declaratoria ya efectuada en el fallo de merito implicaría tácitamente un volver a decir y ordenar un hacer que desconocería indirectamente las consecuencias concretas y temporales, ya declaradas con la emisión de la sentencia de fecha veinticinco (25) de junio de dos mil quince (2015), recaída en la acción registrada bajo el No. 757-2014. Pues si bien el fallo de inconstitucionalidad ya dictado de conformidad a lo previsto por la ley en su articulo 94, no afectara las situaciones jurídicas que ya hayan sido definitivamente resueltas y ejecutadas, durante la vigencia del decreto impugnado, los efectos ex nunc, de la sentencia emitida ya tuvieron per se, que haber provocado la inaplicación del decreto declarado inconstitucional, para todos los casos futuros, conocidos y resueltos por la autoridad competente con posterioridad a la vigencia del fallo originario dictado, beneficiando de esta forma en sus derechos subjetivos a las partes recurrentes. No pudiendo pasar por alto a este respecto la sala de lo constitucional o al pleno de la Corte Suprema de Justicia, que es de esta forma, como un Tribunal Supremo, a su vez, queda vinculado por sus propios precedentes mediante la aplicación de la regla del “stare decisis”, según la cual una Sala o Tribunal Constitucional, se obliga a la estricta observancia de su propia jurisprudencia. CONSIDERANDO VEINTIUNO (21): Que en un sentido formal o estrictamente conceptual, la regla stare decisis, implica la obligación de la Sala como órgano de la Justicia Constitucional o de la Corte Suprema de Justicia, de estarse a la estricta observancia de lo resuelto o determinado por la jurisprudencia que emana del propio Tribunal Supremo, omitiendo en consecuencia, cualquier pronunciamiento que pudiese contradecir o poner en duda la certeza de la cosa juzgada emanada de sus fallos. Así, ante los efectos generales o erga omnes, que caracterizan a los fallos recaídos en las acciones de inconstitucionalidad, en un sentido negativo encontramos que la regla del stare decisis, se encuentra regulada explícitamente por nuestro ordenamiento adjetivo, en su articulo 91, en el cual se afirma que “La Sala de lo Constitucional podrá desestimar toda acción, excepción o cuestión de inconstitucionalidad cuando los motivos alegados sean los mismos, aunque se trate de personas distintas, en que se hubiese sustentado un proceso anterior en el que la respectiva sentencia haya declarado sin lugar la inconstitucionalidad”. De igual forma, en su sentido positivo, al existir una motivación estimatoria, y con ello un pronunciamiento sobre la pertinencia que corresponda, al alcance de la declaratoria de inconstitucionalidad, en función de los efectos ex nunc, implícitos en la misma, la jurisprudencia de la Sala y del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, ha determinado como regla stare decisis, el admitir la posibilidad de dictar sentencias de sobreseimiento en acciones de Inconstitucionalidad, bien sea atendiendo a la impertinencia de un pronunciamiento por virtud de la realidad que supone el ámbito temporal de validez de la norma o decreto impugnado; o en otros casos, atendiendo a la existencia o no de una legitimación objetiva de los recurrentes. CONSIDERANDO VEINTIDOS (22): Que así las cosas, resulta establecido que en los procesos de inconstitucionalidad los efectos erga omnes estánunidos a la esencia misma del objeto de la declaración de inconstitucionalidad, y en consecuencia, en este tipo de acción no cabe predicar efectos restringidos, toda vez que la anulación de la ley ha sido declarada con efectos generales, tornando impertinente un nuevo pronunciamiento sobre un problema constitucional ya resuelto. CONSIDERANDO VEINTITRES (23): Que una vez expuesto lo anterior, resulta una certeza indubitable para el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, que el fallo dictado por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, en fecha veinticinco (25) de junio de dos mil quince (2015), del cual se ha hecho referencia, recaído en la acción de inconstitucionalidad con registro No. 757-2014, al ser estimatorio de la inconstitucionalidad alegada en cuanto al Decreto Legislativo No.278-2013, emitido por el Congreso Nacional de la República de Honduras, en fecha veintiuno de diciembre del año dos mil trece, que contiene la LEY DE ORDENAMIENTO DE LAS FINANZAS PUBLICAS, CONTROL DE LAS EXONERACIONES Y MEDIDAS ANTI EVASION, publicado en el Diario Oficial La Gaceta numero 33,316 de fecha treinta de diciembre del año dos mil trece, así como algunas de sus reformas e interpretaciones que están contenidas en el Decreto No.290-2013 emitido el dos de enero del año dos mil catorce y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No.33,398 de fecha cinco de abril del año dos mil catorce; donde ya de expulso del ordenamiento jurídico el Articulo 7 del Decreto Legislativo No.290-2013, que reforma el Articulo 8 del Decreto No.278-20163, y que fuera publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 33,398, de fecha 5 de Abril de 2014; torna en innecesario y reiterativo, un nuevo pronunciamiento sobre la constitucionalidad del decreto impugnado, por ser el mismo implícitamente contrario, al principio de validez ex nunc y a los efectos erga omnes ya declarados en el pronunciamiento originario. En tal virtud, debe sobreseerse la acción de merito al ser cosa juzgada y por tanto, haberse ya definido los efectos erga omnes de la declaratoria de inconstitucionalidad reclamada y como consecuencia de esto, sus efectos ex nunc, al existir un pronunciamiento de la Sala Constitucional mediante el cual ya se ha salvaguardado la preeminencia de la norma Constitucional y se ha expulsado de nuestro ordenamiento la norma contraria a la misma Juris et de iure, siendo impertinente una nueva interpretación terminante, mediante la cual se declare por este Tribunal Supremo la incompatibilidad entre la norma constitucional y las legales ordinarias sometidas a enjuiciamiento. CONSIDERANDO (24): Que una vez expuesto lo anterior, resulta una certeza indubitable para el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, que el fallo dictado por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, en fecha veinticinco (25) de junio de dos mil quince (2015), del cual se ha hecho referencia, recaído en la acción de inconstitucionalidad con registro No. 757-2014, al ser estimatorio de la inconstitucionalidad alegada en cuanto al Decreto Legislativo No.278-2013, emitido por el Congreso Nacional de la República de Honduras, en fecha veintiuno de diciembre del año dos mil trece, que contiene la LEY DE ORDENAMIENTO DE LAS FINANZAS PUBLICAS, CONTROL DE LAS EXONERACIONES Y MEDIDAS ANTI EVASION, publicado en el Diario Oficial La Gaceta numero 33,316 de fecha treinta de diciembre del año dos mil trece, así como algunas de sus reformas e interpretaciones que están contenidas en el Decreto No.290-2013 emitido el dos de enero del año dos mil catorce y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No.33,398 de fecha cinco de abril del año dos mil catorce; donde ya de expulso del ordenamiento jurídico el Articulo 7 del Decreto Legislativo No.290-2013, que reforma el Articulo 8 del Decreto No.278-20163, y que fuera publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 33,398, de fecha 5 de Abril de 2014; torna en innecesario y reiterativo, un nuevo pronunciamiento sobre la constitucionalidad del decreto impugnado, por ser el mismo implícitamente contrario, al principio de validez ex nunc y a los efectos erga omnes ya declarados en el pronunciamiento originario. En tal virtud, debe sobreseerse la acción de merito al ser cosa juzgada y por tanto, haberse ya definido los efectos erga omnes de la declaratoria de inconstitucionalidad reclamada y como consecuencia de esto, sus efectos ex nunc, al existir un pronunciamiento de la Sala Constitucional mediante el cual ya se ha salvaguardado la preeminencia de la norma Constitucional y se ha expulsado de nuestro ordenamiento la norma contraria a la misma Juris et de iure, siendo impertinente una nueva interpretación terminante, mediante la cual se declare por este Tribunal Supremo la incompatibilidad entre la norma constitucional y las legales ordinarias sometidas a enjuiciamiento. Como se dijo anteriormente, que la Corte Suprema de Justicia en aplicación de la regla stare decisis, debe seguir su propia jurisprudencia, el presente fallo se emite en iguales pronunciamientos al resuelto en el Amparo Civil SCO-0865-2014.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, impartiendo Justicia, en nombre del Estado de Honduras, con fundamento en los Artículos 1, 18, 59, 64, 80, 82, 90 párrafo primero, 183, 184, 185 No. 2, 189 párrafo primero, 205 No.1, 206, 213, 214, 258, 303, 304, 313 atribución 5ta, 316 numeral 1, 335 de la Constitución de la República, l, 78 atribución 5ta.- 187, 188 y 189 de la Ley de Organización y Atribución de los Tribunales; 1,2,3 numeral 2, 4 numerales 7 y 8,5,7,8,9, numeral 2, 41, 63, 72, 74, 75, 76 numeral 4, 77, 79, 89, 90,92, 93, 94, 119, 124 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional, POR MAYORIA DE VOTOS, siendo disidente los Magistrados Edgardo Cáceres Castellanos, Wilfredo Méndez Romero, Rina Auxiliadora Alvarado Moreno y Alma Consuelo Guzmán García; FALLA: PRIMERO: SOBRESEER la acción de merito, contentiva del recurso de inconstitucionalidad, con registro No. 0259-2015 interpuesto por Vía de acción por el Abogado RICARDO ANTONIO MONTES BELOT, en su condición de representante procesal del CONSEJO HONDUREÑO DE LA EMPRESA PRIVADA (COHEP), contra el artículo 9 de la LEY DE ORDENAMIENTO DE LAS FINANZAS PUBLICAS, CONTROL DE LAS EXONERACIONES Y MEDIDAS ANTIEVASION, contenida en el decreto Legislativo No. 278-2013, emitido por el Congreso Nacional de la República de Honduras, en fecha veintiuno de noviembre del año dos mil trece y publicado en el Diario Oficial la Gaceta No. 33,316 de fecha treinta (30) de diciembre de dos mil trece (2013) al ser cosa juzgada y por tanto haberse ya definido los efectos erga omnes de la declaratoria de inconstitucionalidad reclamada en la acción con registro No. 757-2014, y como consecuencia de esto, sus efectos ex nunc, al existir un pronunciamiento terminante de la Sala mediante el cual ya se salvaguardo la preeminencia de la norma Constitucional y se expulso de nuestro ordenamiento la norma contraria a la misma, siendo por tal razón impertinente una nueva interpretación, mediante la cual se reitere la declaración definitiva de este Tribunal Supremo, en la cual se establezca nuevamente Juris et de iure la incompatibilidad entre la norma constitucional y la legal ordinaria sometida a enjuiciamiento. NOTIFIQUESE. ROLANDO EDGARDO ARGUETA PEREZ Magistrado Presidente de la Corte Suprema de Justicia.- JOSE OLIVIO RODRIGUEZ VASQUEZ, Magistrado.- RAFAEL BUSTILLO ROMERO, Magistrado.- EDGARDO CACERES CASTELLANOS, Magistrado.- WILFREDO MENDEZ ROMERO, Magistrado.- RINA AUXILIADORA ALVARADO MORENO, Magistrada.- MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE, Magistrado.- ALMA CONSUELO GUZMAN GARCIA, Magistrada.- ADELA MARIA KAFFATY ALVARADO, Magistrada Integrante.- NERY MAURICIO MIRANDA SANABRIA, Magistrado Integrante.- CONAN RAFAEL ARGUETA BOURDETT, Magistrado Integrante.- GARIN ENOC URQUIA CASTRO, Magistrado Integrante.- ERIKA GERALDINA DUBON PADILLA, Magistrada Integrante.- RUBEN RIVERA FLORES, Magistrado Integrante.- BRENDA CELINA HERNANDEZ FERRUFINO, Magistrada Integrante.- LUCILA CRUZ MENENDEZ, Secretaria General.-“
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiún (21) días del mes de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), certificación de la Sentencia de fecha veinte (20) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), recaída en el Recurso de Inconstitucionalidad, registrado en este Tribunal bajo el número 0259-2015.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL