Sentencia RI-1166-16 — Registro 9441
Resumen
Se interpuso recurso de inconstitucionalidad interpuesta por vía contra el Decreto Legislativo Numero 56-2015, contentivo de la Ley Marco del Sistema de Protección Social. Las garantistas estiman que la norma antes citada violenta de manera directa lo establecido en los artículos 64,142 y 145 de la Constitución de la República.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO DOCE (12): Que, en ese sentido, la Sala de lo Constitucional, no observa la inconstitucionalidad señalada, al hecho de que el Estado pueda de forma estratégica, contar con el apoyo de empresas privadas o mixtas para poder brindar de forma eficiente y eficaz lo necesario para cumplir con la doble finalidad del derecho fundamental a la seguridad social, aludido en el considerando anterior. Al respecto, es menester señalar que el artículo 142, es una norma imperativa, en tanto la Constitución ordena “el Estado Creará instituciones de asistencia y previsión social”, además ordena la forma de su funcionamiento, señalando que se hará de una forma unificada en un “sistema unitario estatal” …- El Diccionario de La Real Academia Española nos enseña que el término UNITARIO significa: unitario, ria. Del lat. mod. unitarius, der. Del lat. unitas 'unidad'. 1. adj. Perteneciente o relativo a la unidad. 2. adj. Que constituye una unidad. 3. adj. Partidario...- De ahí que debemos entender que un sistema unitario estatal, es aquel en donde existe un solo centro de poder administrativo que extiende su accionar a lo largo de todo el territorio del Estado, mediante sus filiales delegadas a ese mismo poder centralizado; el Instituto Hondureño de Seguridad Social es eso, una sola unidad, pero el sistema de seguridad social va más allá, por ejemplo las diferentes estrategias a implementar para cumplir con el objetivo legalmente establecido en el artículo 1 del Decreto supramencionado. Es así que el hecho de subcontratar servicios de otras empresas no lo divide, no lo desarticula, siendo errada la interpretación de entenderlo como una prohibición a subcontratar. Es el caso del contenido del artículo 50 antes apuntado que entre otros señala: “Se autoriza a la Secretaria de Estado en el Despacho de Salud, para que en forma temporal pueda suscribir contratos, convenios o acuerdos con Administradoras y/o Unidades Prestadoras de Servicios de Salud, sean éstas públicas, privadas o mixtas, con o sin fines de lucro, siempre que sea factible, conveniente y necesario para lograr un Sistema unificado y universal de aseguramiento en salud, así como el cumplimento de los demás objetivos del Sistema de Protección Social y consecuente con sus principios rectores.” En las disposiciones legales señaladas de inconstitucionales, el legislador, observó la declaración contenida en el artículo 59 constitucional, es decir, son normas pro homine; al determinar que estas alianzas temporales, se lleven a cabo siempre y cuando, sea “conveniente y necesario para lograr un Sistema unificado y universal de aseguramiento en salud, así como el cumplimento de los demás objetivos del Sistema de Protección Social y consecuente con sus principios rectores”; lo antes subrayado garantiza al asegurado la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia para alcanzar el bienestar individual y colectivo.- Con lo cual se concluye que los artículos 2.22 9, 14, 19, 26 y 50 del DECRETO LEGISLATIVO NUMERO 56-2015, emitido por el CONGRESO NACIONAL DE LA REPÚBLICA en fecha veintiuno de mayo de dos mil quince, y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 33,771 en fecha dos de julio del año dos mil quince; contentivo de la LEY MARCO DEL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL, no se contraponen con los artículos 142 constitucional, siendo válida la misma argumentación jurídica para determinar que tampoco se observa vulneración alguna al artículo 64 y 145 de la Constitución de la República. En vista de lo anterior, no procede sean declarados inconstitucionales.””
Legislación citada
- Ley Marco de Protección Social, art. 2, Numeral 22 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Marco de Protección Social, art. 9 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Marco de Protección Social, art. 14 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Marco de Protección Social, art. 19 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Marco de Protección Social, art. 26 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Marco de Protección Social, art. 50 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete.-VISTO: Para dictar sentencia en la garantía de inconstitucionalidad interpuesta por vía de acción por las señoras MARIA LUISA REGALADO MORAN, DORIS ISABEL ZEPEDA, LESLY ESPERANZA RODRIGUEZ, Y ROSA ELENA GARCIA GARCIA, quienes actúan en su condición de miembros activos de la ASOCIACION COLECTIVA DE MUJERES HONDUREÑAS (CODEMUH), contra el DECRETO LEGISLATIVO NUMERO 56-2015, emitido por el CONGRESO NACIONAL DE LA REPÚBLICA en fecha veintiuno de mayo de dos mil quince, y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 33,771 en fecha dos de julio del año dos mil quince; contentivo de la LEY MARCO DEL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL. Las garantistas estiman que la norma antes citada violenta de manera directa lo establecido en los artículos 64,142 y 145 de la Constitución de la República.-ANTECEDENTES: 1) Que las señoras MARIA LUISA REGALADO MORAN, DORIS ISABEL ZEPEDA, LESLY ESPERANZA RODRIGUEZ, Y ROSA ELENA GARCIA GARCIA, quienes actúan en su condición de miembros activos de la ASOCIACION COLECTIVA DE MUJERES HONDUREÑAS (CODEMUH) interpusieron por vía de acción y por razón de contenido, la garantía de inconstitucionalidad en contra de la LEY MARCO DEL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL, DECRETO LEGISLATIVO NUMERO 56-2015, emitido por el CONGRESO NACIONAL DE LA REPÚBLICA en fecha veintiuno de mayo de dos mil quince y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 33,771 en fecha dos de julio del año dos mil quince.-2) Que en fecha once de enero del año dos mil diecisiete, este alto tribunal de justicia admitió la presente garantía de inconstitucionalidad, omitiendo el libramiento de comunicación al Congreso Nacional de la República, dándole traslado de los antecedentes al fiscal del despacho, para que emitiera su correspondiente dictamen. (Folio 58).-3) Que en fecha seis de febrero de dos mil diecisiete, la Fiscalía Especial para la Defensa de la Constitución del Ministerio Público, a través de su fiscal Abogada SUSSY G. COELLO GARCIA, emitió dictamen siendo del parecer que SE DECLARE SIN LUGAR, el recurso de inconstitucionalidad planteado. (Folio 66).-CONSIDERANDO UNO (1): Que las leyes podrán ser declaradas inconstitucionales por razón de forma o de contenido, es decir la inconstitucionalidad material y la formal, refiriéndose la primera al planteamiento de la cuestión de si en la formación de una Ley se han seguido los procedimientos previstos en las normas constitucionales y en las que se hubiesen dictado dentro del marco constitucional, y, la segunda, se determinará con la inadecuación de la Ley con una norma constitucional, o sea que, el problema de fondo consistirá, por tanto, en una labor de interpretación y confrontación de dos normas de distinta jerarquía, a fin de verificar su conformidad o disconformidad.-CONSIDERANDO DOS (2): Que la Constitución de la República establece el control directo de la constitucionalidad de las leyes, al declarar que cualquier persona que tenga un interés directo, personal y legítimo puede interponer por vía de acción, ante la Corte Suprema de Justicia el recurso de Inconstitucionalidad, contra una ley que considere ser contraria a la Carta Magna; determinando que las sentencias en que se declare la inconstitucionalidad de una norma serán de ejecución inmediata, tendrán efectos generales y, por lo tanto, derogarán dicha norma.-CONSIDERANDO TRES (3): Que dentro del control de la constitucionalidad que ejerce y al tenor de lo preceptuado en el Artículo 185 constitucional en relación con los Artículos 77 párrafo primero y 79 numeral 5 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; esta acción podrá ser solicitada por quien se considere lesionado en su interés directo, personal y legítimo; así pues quien solicite la misma, deberá dar una explicación clara y precisa del interés directo, personal y legítimo que motiva la interposición del recurso y deberá explicar el concepto que motiva su acción de inconstitucionalidad.-CONSIDERANDO CUATRO (4): Que a criterio de esta Sala Constitucional, las recurrentes, en su condición de integrantes activas de la Asociación Colectiva de Mujeres Hondureñas (CODEMUH), cuentan con la legitimación necesaria para interponer la presente garantía, por el solo hecho de ser ciudadanas ó habitantes de la República de Honduras, en virtud de que las disposiciones señaladas de inconstitucionales son referentes al derecho fundamental a la salud, reconocido y por tanto garantizado en nuestra Constitución de la República (Art. 145 CH); por lo que las normas cuya declaración de inconstitucionalidad se pretende, están vinculadas directamente a la obligatoriedad del Estado a la creación y aseguramiento de políticas públicas encaminadas al aseguramiento de la protección al derecho fundamental a la Salud, derecho inherente a todo ser humano.-CONSIDERANDO CINCO (5): Que la Sala de lo Constitucional conoce de la acción de inconstitucionalidad parcial, que por vía de acción y por razón de contenido, han promovido las señoras MARIA LUISA REGALADO MORAN, DORIS ISABEL ZEPEDA, LESLY ESPERANZA RODRIGUEZ, Y ROSA ELENA GARCIA GARCIA, quienes actúan en su condición de miembros activos de la ASOCIACION COLECTIVA DE MUJERES HONDUREÑAS (CODEMUH), contra lo dispuesto por los artículos 1, 2, 9, 14, 19, 26 y 50 de la LEY MARCO DEL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL, contenida en el DECRETO LEGISLATIVO NUMERO 56-2015, emitido por el CONGRESO NACIONAL DE LA REPÚBLICA en fecha veintiuno de mayo de dos mil quince, y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 33,771 en fecha dos de julio del año dos mil quince. Las garantistas estiman que la norma antes citada violenta de manera directa lo establecido en los artículos 64, 142 y 145 de la Constitución de la República.-CONSIDERANDO SEIS (6): Que de conformidad a lo expuesto por el recurrente en el “Primer Motivo”, los preceptos legales impugnados son los artículos 2, 9, 14, 19, 26, de la LEY MARCO DEL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL, contenida en el DECRETO LEGISLATIVO NUMERO 56-2015, emitido por el CONGRESO NACIONAL DE LA REPÚBLICA en fecha veintiuno de mayo de dos mil quince, y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 33,771 en fecha dos de julio del año dos mil quince, que establecen respectivamente: “Artículo 2.- ARTICULO 2 DEFINICIONES. Numeral 22 UNIDADES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD: "Entidades oficiales, mixtas Privadas, comunitarias o solidarias, que sean autorizadas por la Secretaria de Estado en el Despacho de Salud y certificadas por el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), para la prestación de los servicios de salud que contempla la presente Ley, organizados y articulados a través de Administradoras de Servicios de Salud. La presente definición incluye a las instituciones hospitalarias de la red Integral Pública de Salud; y..” Artículo 9.- ARTICULACION Y COORDINACION DEL PISO DE PROTECCION SOCIAL (PPS).- "A fin de asegurar el adecuado cumplimiento de las garantías básicas para el desarrollo y protección, social de la población, el Consejo Nacional de Coordinación y Articulación de Políticas Sociales (CONCAPS), presidido por el Presidente de la República, debe formular las políticas públicas de protección social y el correspondiente plan estratégico de ejecución y promover planes de monitoreo y seguimiento periódico para la evaluación de resultados, a fin que los distintos programas y planes de prestaciones y servicios que sean otorgados por las Secretarias de Estado y demás instituciones públicas, privadas o mixtas ejecutantes, sean hospitalarias de la Red Integral Pública de Salud; y, adecuadamente coordinados, regulados y articulados entre si.” Artículo 14. GESTION Y ASEGURAMIENTO DEL REGIMEN DE PREVISION SOCIAL.- El aseguramiento y la gestión de las prestaciones del Régimen de Previsión Social que se deriven del Pilar de Capitalización Colectiva y otros regímenes de aseguramiento público que requieran de la constitución de reservas técnicas y matemáticas, está a cargo del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), por mandato constitucional, conforme los alcances que determine la Ley del Seguro Social, sus Reglamentos y demás normativa que le sea aplicable. La gestión de las cuentas individuales que sean necesarias para la correcta y transparente gestión del Pilar Complementario de Capitalización Individual deben estar a cargo de instituciones autorizadas como Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantía, sean públicas, privadas o mixtas, con o sin fines de lucro, especializadas en la administración de fondos previsionales y cesantía ya sea una institución del sistema financiero constituida para este propósito o bajo cualquier otra figura autorizada por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), en el marco de las condiciones que establezca la Ley especial que regule a dichas instituciones. El Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (INJUPEMP), e1 Instituto Nacional de previsión del Magisterio (INPREMA) y el Instituto de Previsión Militar (IPM), deben continuar gestionando las prestaciones contributivas de sus afiliados previstas en las leyes orgánicas de dichas instituciones previsionales. El Estado es garante del cumplimiento de derechos adquiridos que se deriven de las diferentes leyes de los Institutos de Previsión Social.” Articulo 19. MODERNIZACION Y FORTALECIMIENTO DE LA RED PÚBLICA DE SALUD. Con el objeto de brindar los servicios, en adecuados niveles de cantidad, calidad, oportunidad y eficiencia, el Estado debe procurar continuamente la modernización administrativa, técnica y financiera de la Red Integral Pública de Salud, de forma tal que se propicie una real articulación entre los diferentes niveles de Atención de la Salud, desde la atención primaria de salud y hasta servicios de mayor complejidad, para que exista continuidad de acuerdo a la naturaleza del servicio, que involucre sistemas de referencia y contra referencia y en las que el sector privado actúe en forma complementaria del sector público y no sustitutivo, bajo las distintas modalidades que se establecen en esta misma Ley. Se autoriza a los Institutos de Previsión Públicos del país, a invertir hasta un siete por ciento (7%) de su patrimonio, en proyectos de inversión en infraestructura física y equipamiento de la salud, cuyos estudios de pre-inversión concluyan la viabilidad técnica, financiera y socioeconómica del mismo y, permitan a la cartera de inversiones de los fondos previsionales participantes, mantener adecuadas condiciones de seguridad, rentabilidad y liquidez. Las inversiones que realicen los Institutos en materia de salud, deben ser realizadas a través de un mismo Fideicomiso Especial de Administración y éste a su vez a través DE UNA SOCIEDAD MERCANTIL de propósito especifico. Los contratos de administración y Reglamentos Operativos Especiales del fideicomiso referido, así como los estatutos de la sociedad mercantil correspondiente, deben contar con la no objeción de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS). LA SOCIEDAD MERCANTIL de propósito especifico, que al efecto se constituya para los fines descritos en el presente Articulo, goza de los mismos beneficios fiscales aplicables a los Institutos de Previsión Públicos, conforme a sus propias leyes”. Artículo 26. ASEGURAMIENTO OBLIGATORIO. Son sujetos(as) de cobertura obligatoria del Seguro de Riesgos Profesionales, las personas que se encuentren vinculadas a otra, sea ésta natural ó jurídica, independientemente del tipo de relación laboral ó de servicio que los vincule, lo mismo que la personalidad jurídica ó la naturaleza económica del empleador(a), empresa o institución pública o privada que utilice sus servicios. También son -sujetos de cobertura de este seguro, los (las) trabajadores(as) independientes ó en condiciones especiales de empleo que en el marco de la Ley del Seguro Social deban afiliarse al Seguro de Riesgos Profesionales; así como aquéllos que, se afilien voluntariamente y/o los que sean cubiertos a través del Plan PRO-SOLIDAR. Es obligatorio para todo(a) empleador(a) la contratación del seguro sobre accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, mismo que debe ser contratado por éste(a) con el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) o CON LAS EMPRESAS ASEGURADORAS QUE ESTEN AUTORIZADAS PARA OPERAR EN ESTE RAMO, conforme lo establezca la Ley del Seguro Social, sus Reglamentos y demás normativa aplicable. En caso contrario, cuando sobrevenga un accidente de trabajo o enfermedad profesional, que derive en el pago de beneficios al trabajador(a) o sus beneficiarios(as), sin que el (la) trabajador(a) se encuentre cubierto(a) de acuerdo a Ley, los (las) empleadores(as) están obligados(as) a pagar al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), la totalidad de los capitales constitutivos y demás gastos relacionados, de corto, mediano y largo plazo, que se deriven de los beneficios concedidos por el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) en el marco de la presente Ley, la Ley del Seguro Social y sus Reglamentos. "Articulo 50.- ADECUACION INSTITUCIONAL. Todas las instituciones del Estado que actualmente desarrollen programas sociales, deben adecuar sus planes y acciones a los objetivos y lineamientos establecidos en la presente Ley, para ser incorporadas en el plan operativo correspondiente al año subsiguiente a la aprobación de la misma. La implementación de la presente Ley, en lo que se refiere al Sistema Nacional de Salud (SNS), debe ser de aplicación gradual y progresiva, garantizando el fortalecimiento de la Red Pública de Servicies de Salud, a través de la asignación e inversión presupuestaria suficiente que permita la transición hacia un Sistema unificado y universal de aseguramiento en salud. Para tales fines y con el propósito de optimizar la calidad y eficiencia de la Red Integral Pública de Salud, la Secretaria de Estado en el Despacho de Salud, en un plazo máximo de ciento ochenta (180) días hábiles, debe presentar al Poder Ejecutivo para su aprobación en Consejo de Secretarios de Estado, un Plan Nacional de Salud, con énfasis en los componentes establecidos en el Articulo 17 de la presente Ley, que defina además de las prioridades, las actividades, responsables y tiempos de implementación, que permita la ejecución, evaluación y monitoreo continuo de resultados e impactos, basado en un Sistema de indicadores claramente definidos. Se autoriza a la Secretaria de Estado en el Despacho de Salud, para que en forma temporal pueda suscribir contratos, convenios o acuerdos con Administradoras y/o Unidades Prestadoras de Servicios de Salud, sean éstas públicas, privadas o mixtas, con o sin fines de lucro, siempre que sea factible, conveniente y necesario para lograr un Sistema unificado y universal de aseguramiento en salud, así como el cumplimento de los demás objetivos del Sistema de Protección Social y consecuente con sus principios rectores. El Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), conjuntamente con los demás Institutos Previsionales, debe establecer en el marco de su propia Ley y Reglamentos, planes especiales de beneficios y servicios para los (las) trabajadores(as) ya afiliados(as) a otros Institutos Previsionales Públicos del país, al memento de entrar en vigencia la presente Ley, tendentes a unificar el Sistema de Protección Social, hacer uso mas eficiente de los recursos del Estado y disminuir e1 gasto fiscal, considerando economías de escala. La reglamentación de dichos planes, debe ser aprobada por el Consejo de Seguridad Social (CSS), a propuesta de la Asociación Nacional de Institutos de Previsión, en el marco de la Ley del Seguro Social, previo dictamen favorable de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS).” Señalan las recurrentes que los artículos antes transcritos, se contraponen a lo dispuesto en la Constitución de la República en los artículos 142 y 145.-CONSIDERANDO SIETE (7): Que se transcribe a continuación el articulado constitucional <artículo 64, 142 y 145> que, a criterio de las recurrentes, ha sido vulnerado frontalmente por las disposiciones antes apuntadas y contenidas en el DECRETO LEGISLATIVO NUMERO 56-2015, emitido por el CONGRESO NACIONAL DE LA REPÚBLICA en fecha veintiuno de mayo de dos mil quince, y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 33,771 en fecha dos de julio del año dos mil quince; contentivo de la LEY MARCO DEL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL.- Disposición constitucional supuestamente vulnerada: Artículo 64 de la Constitución de la República indica: “No se aplicarán leyes y disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden, que regulen el ejercicio de las declaraciones, derechos y garantías establecidos en esta Constitución, si los disminuyen, restringen o tergiversan.” El Artículo 142 constitucional dispone: “Artículo 142.Toda persona tiene derecho a la seguridad de sus medios económicos de subsistencia en caso de incapacidad para trabajar u obtener trabajo retribuido. Los servicios de Seguridad Social serán prestados y administrados por el Instituto Hondureño de Seguridad Social que cubrirá los casos de enfermedad, maternidad, subsidio de familia, vejez, orfandad, paros forzosos, accidentes de trabajo, desocupación comprobada, enfermedades profesionales y todas las demás contingencias que afecten la capacidad de producir. El Estado creará Instituciones de Asistencia y Previsión Social que funcionarán unificadas en un sistema unitario estatal con la aportación de todos los interesados y el mismo Estado.” Asimismo, el artículo 144 de nuestra Marta Magna manda: “Artículo 144. Se considera de utilidad pública la ampliación del régimen de Seguridad Social a los trabajadores de la ciudad y del campo.-CONSIDERANDO OCHO (8): Que los recurrentes sostienen que la inconstitucionalidad señalada en los artículos 2.22, 9, 14, 19 y 50 ya transcritos; consiste en la privatización de la seguridad social en nuestro país, contraviniendo, de manera directa, el mandato constitucional establecido en el artículo 142 el cual ordena que la “…ASISTENCIA Y PREVISIÓN SOCIAL FUNCIONARAN UNIFICADAS EN UN SISTEMA UNITARIO ESTATAL…” en tanto en estas disposiciones se permite la participación de empresas sean de carácter privado o mixtas; por ejemplo: la definición número 22 contenida en el artículo 2 relativa a las unidades prestadoras de servicios de salud, señala que : Las "Entidades oficiales, mixtas Privadas, comunitarias o solidarias, que sean autorizadas por la Secretaria de Estado en el Despacho de Salud y certificadas por el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), para la prestación de los servicios de salud que contempla la presente Ley…- Asimismo el artículo 14 señalado de inconstitucional referente a la gestión de las cuentas individuales que sean necesarias para la correcta y transparente gestión del Pilar Complementario de Capitalización Individual deben estar a cargo de instituciones autorizadas como Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantía, sean públicas, privadas o mixtas, con o sin fines de lucro, especializadas en la administración de fondos previsionales y cesantía ya sea una institución del sistema financiero constituida para este propósito o bajo cualquier otra figura autorizada por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS)…- Con relación al artículo 19 contentivo de alguna estrategia a seguir, también toma en cuenta el sector privado, y dispone que, con el objeto de brindar los servicios, en adecuados niveles de cantidad, calidad, oportunidad y eficiencia, como el hecho de que el Estado debe procurar continuamente la modernización administrativa, técnica y financiera de la Red Integral Pública de Salud involucrando sistemas de referencia y contra referencia y en las que el sector privado actúe en forma complementaria del sector público y no sustitutivo, bajo las distintas modalidades que se establecen en esta misma Ley.-
En la misma línea, el artículo 26, señalado de inconstitucional al disponer sobre la obligatoriedad para todo(a) empleador(a) la contratación del seguro sobre accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, mismo que debe ser contratado por éste(a) con el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) o con las empresas aseguradoras que estén autorizadas para operar en este ramo, conforme lo establezca la Ley del Seguro Social, sus Reglamentos y demás normativa aplicable. Y finaliza el recurrente señalando de inconstitucional lo dispuesto en el artículo 50, el cual señala la necesariedad de un Plan Nacional de Salud… que defina las prioridades, las actividades, a los responsables, así como la determinación de los tiempos de implementación, que permita la ejecución, evaluación y monitoreo continuo de resultados e impactos, basado en un Sistema de indicadores claramente definidos; y para ello, autoriza a la Secretaria de Estado en el Despacho de Salud, para que en forma temporal pueda suscribir contratos, convenios o acuerdos con Administradoras y/o Unidades Prestadoras de Servicios de Salud, sean éstas públicas, privadas o mixtas, con o sin fines de lucro, siempre que sea factible, conveniente y necesario para lograr un Sistema unificado y universal de aseguramiento en salud, así como el cumplimento de los demás objetivos del Sistema de Protección Social y consecuente con sus principios rector. Exponen que trasladar la satisfacción de necesidades colectivas de servicios públicos, sin fines de lucro, que por mandato constitucional le corresponde al Instituto Hondureño de Seguridad Social, al ámbito privado, es, un desmontar la estructura estatal, señalando que la sola intención debería tener consecuencias penales… convirtiendo esta necesidad colectiva de servicio público en un negocio privado de explotación económica mercantil, encaminado a favorecer a ciertos grupos económicos, ello en detrimento de ese derecho a la salud, al convertir el servicio de seguridad social en un servicio con fines de lucro, inalcanzable para los estratos más pobres del país.-CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la Sala de lo Constitucional estima que teniendo nuestra Constitución como eje central la persona humana, incorpora las disposiciones contenidas en los instrumentos internacionales de derechos humanos, para ello desarrolla la técnica constitucional denominada “derechos implícitos” al señalar que los derechos que se encuentran expresamente declarados no implican la negación de otros. Es decir la Constitución constituye el estatuto mínimo de protección al ser humano, por ende no se agota en su texto sino que trasciende a si misma y se complementa con los instrumentos internacionales de derechos humanos o bien, Constitución e Instrumento Internacional de Derechos Humanos interactúan auxiliándose mutuamente en el proceso de tutela de los derechos fundamentales.-CONSIDERANDO DIEZ (10): Que el derecho a la seguridad social se encuentra previsto en forma expresa en el artículo 142 de nuestra Constitución de la República, se trata de un derecho humano fundamental, que supone el derecho que le asiste a la persona para que el Estado le provea instituciones y mecanismos mediante los cuales pueda tener una existencia en armonía con su dignidad, teniendo en cuenta que la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado.-CONSIDERANDO ONCE (11): Que siguiendo este orden de ideas, es fundamental aclarar que el derecho a la seguridad Social es un derecho de configuración legal, establecido en nuestra constitución y en leyes secundarias, por lo que, dentro de esta configuración legal, garantiza a toda persona, el derecho universal y progresivo a la seguridad social, el que tiene doble finalidad; una es proteger a las personas de enfermedades y contingencias de la vida y otra es la elevación de su calidad de vida, a través de distintos regímenes de pensiones. En ese sentido, y siendo el derecho a la seguridad social un derecho humano, hace que el Estado esté obligado a proveer las instituciones y mecanismos a través de los cuales pueda obtener recursos de vida y soluciones para ciertos problemas preestablecidos, de modo tal que pueda haber una existencia armónica entre la búsqueda de éstos recursos y mecanismos, con la dignidad de la persona humana que es el fin supremo de la sociedad y del Estado. CONSIDERANDO DOCE (12): Que en ese sentido, la Sala de lo Constitucional, no observa la inconstitucionalidad señalada, al hecho de que el Estado pueda de forma estratégica, contar con el apoyo de empresas privadas o mixtas para poder brindar de forma eficiente y eficaz lo necesario para cumplir con la doble finalidad del derecho fundamental a la seguridad social, aludido en el considerando anterior. Al respecto, es menester señalar que el artículo 142, es una norma imperativa, en tanto la Constitución ordena “el Estado Creará instituciones de asistencia y previsión social”, además ordena la forma de su funcionamiento, señalando que se hará de una forma unificada en un “sistema unitario estatal”… .- El Diccionario de La Real Academia Española nos enseña que el término UNITARIO significa: unitario, ria. Del lat. mod. unitarius, der. Del lat. unitas 'unidad'. 1. adj. Perteneciente o relativo a la unidad. 2. adj. Que constituye una unidad. 3. adj. Partidario...- De ahí que debemos entender que un sistema unitario estatal, es aquel en donde existe un solo centro de poder administrativo que extiende su accionar a lo largo de todo el territorio del Estado, mediante sus filiales delegadas a ese mismo poder centralizado; el Instituto Hondureño de Seguridad Social es eso, una sola unidad, pero el sistema de seguridad social va más allá, por ejemplo las diferentes estrategias a implementar para cumplir con el objetivo legalmente establecido en el artículo 1 del Decreto supramencionado. Es así que el hecho de subcontratar servicios de otras empresas no lo divide, no lo desarticula, siendo errada la interpretación de entenderlo como una prohibición a subcontratar. Es el caso del contenido del artículo 50 antes apuntado que entre otros señala: “Se autoriza a la Secretaria de Estado en el Despacho de Salud, para que en forma temporal pueda suscribir contratos, convenios o acuerdos con Administradoras y/o Unidades Prestadoras de Servicios de Salud, sean éstas públicas, privadas o mixtas, con o sin fines de lucro, siempre que sea factible, conveniente y necesario para lograr un Sistema unificado y universal de aseguramiento en salud, así como el cumplimento de los demás objetivos del Sistema de Protección Social y consecuente con sus principios rectores.” En las disposiciones legales señaladas de inconstitucionales, el legislador, observó la declaración contenida en el artículo 59 constitucional, es decir, son normas pro homine; al determinar que estas alianzas temporales, se lleven a cabo siempre y cuando, sea “conveniente y necesario para lograr un Sistema unificado y universal de aseguramiento en salud, así como el cumplimento de los demás objetivos del Sistema de Protección Social y consecuente con sus principios rectores”; lo antes subrayado garantiza al asegurado la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia para alcanzar el bienestar individual y colectivo.- Con lo cual se concluye que los artículos 2.22 9, 14, 19, 26 y 50 del DECRETO LEGISLATIVO NUMERO 56-2015, emitido por el CONGRESO NACIONAL DE LA REPÚBLICA en fecha veintiuno de mayo de dos mil quince, y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 33,771 en fecha dos de julio del año dos mil quince; contentivo de la LEY MARCO DEL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL, no se contraponen con los artículos 142 constitucional, siendo válida la misma argumentación jurídica para determinar que tampoco se observa vulneración alguna al artículo 64 y 145 de la Constitución de la República. En vista de lo anterior, no procede sean declarados inconstitucionales.-CONSIDERANDO TRECE (13): Que nuestra Constitución privilegia la persona humana al declarar que constituye el fin supremo de la sociedad y del Estado y que su dignidad es inviolable, estableciendo por tanto la obligación de todos de respetarla y protegerla. En virtud de lo cual la interpretación que se haga del texto constitucional deberá ponderar los postulados pro hominen que en nuestra ley fundamental constituyen un eje transversal, tanto en su parte orgánica como dispositiva, en consonancia con los instrumentos internacionales celebrados por Honduras.-CONSIDERANDO CATORCE (14): Que de conformidad a lo expuesto por el recurrente en el “Segundo Motivo” de inconstitucionalidad, los preceptos legales impugnados son; el artículo 01 y el 02 en sus numerales 15 y 20 de la LEY MARCO DEL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL, contenida en el DECRETO LEGISLATIVO NUMERO 56-2015, emitido por el CONGRESO NACIONAL DE LA REPÚBLICA en fecha veintiuno de mayo de dos mil quince, y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 33,771 en fecha dos de julio del año dos mil quince, que establecen respectivamente: "Articulo 1. OBJETO. La presente Ley en cumplimiento de la Constitución de la República, tiene por objeto crear el marco legal de las políticas públicas en materia de protección social, en el contexto de los convenios, principios y mejores prácticas nacionales e internacionales que rigen la materia; a fin de permitir a los habitantes, alcanzar de forma progresiva y sostenible financieramente, una cobertura digna, a través de la promoción social, prevención y el manejo de los riesgos que conlleva la vida de las personas, asegurando la asistencia medica, la protección de los medios de subsistencia y los demás derechos sociales necesarios para el logro del bienestar individual y colectivo.” “ARTÍCULO 2 numerales 15 y 20.- DEFINICIONES.- Para los efectos de esta ley, se adoptan las definiciones siguientes: …15. PROTECCION SOCIAL. Resultado de la adopción e implementación de buenas practicas de cobertura de seguridad social universal, orientadas a cubrir los principales riesgos a que están expuestos, en las diferentes etapas de su curso de la vida.- “…20. SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL: “conjunto de instituciones, planes y programas que constituyen las políticas públicas del Estado tendentes a cubrir los principales riesgos y necesidades básicas asociadas al curso de la vida, garantizando la seguridad socioeconómica de todos los habitantes”.-CONSIDERANDO QUINCE (15): Que con relación al segundo motivo de inconstitucionalidad, manifiestan los recurrentes que se contraponen directamente a lo señalado en el artículo 64 de la Constitución de la República, manifestando lo siguiente: “2. VIOLACION AL ARTICULO 64 CONSTITUCIONAL QUE DECLARA LA NO DISMINUCION, RESTRICCION o TERGIVERSACION DE "LAS DECLARACIONES, DERECHOS Y GRANTIAS EN LA CONSTITUCION; COMO FLAGRANTEMENTE LO HACE LA LEY MARCO DEL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL TRASGREDIENDO LA SEGURIDAD SOCIAL (art. 142 Constitucional) Y LA SALUD (art. 145 de la Constitución).- El articulo 64 de la Constitución señalado de inconstitucional declara: “No se aplicarán leyes y disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden, que regulen el ejercicio de las declaraciones, derechos y garantías establecidos en esta Constitución, si los disminuyen, restringen o tergiversan.”. Exponen los recurrentes que la LEY MARCO DEL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL, no solo vulnera el carácter de servicio público de la Seguridad Social que debe estar y seguir estando a cargo del INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL al PRIVATIZARLO, sino que violan elementos constitucionales que sin tener el carácter expreso de irreformables, si lo son por su naturaleza, como los relativos a principios, declaraciones, derechos y garantías, cuya naturaleza es evolutiva y por lo mismo jamás deberían promulgarse leyes en sentido contrario.- Manifiestan que, la LEY MARCO DEL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL que ahora impugnamos está en colisión y es violatoria de los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución de la República y Tratados suscritos por Honduras. Los impetrantes hacen referencia nuevamente al contenido del artículo 142 constitucional en lo concerniente a “el Instituto Hondureño de Seguridad Social que cubrirá los casos de enfermedad, maternidad, subsidio de familia, vejez, orfandad, paros forzosos, accidentes de trabajo, desocupación comprobada, enfermedades profesionales y todas las demás contingencias que afecten la capacidad de producir.” Alegando que esta disposición constitucional no permite o no excluye; riesgo, contingencia o enfermedad alguna; y por lo mismo, ninguna ley secundaria como la LEY MARCO DEL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL y ahora, incluso ninguna reforma constitucional, podrían disminuir, restringir o tergiversar derechos que claramente se derivan de la Seguridad Social y del derecho a la Salud. Sin embargo, eso es precisamente lo que pretende la LEY MARCO DEL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL; y lo hace a lo largo de varios artículos entre otros, los artículos 1 y 2 numeral 10 y 20 antes transcritos. Expone el recurrente que el artículo uno violenta el contenido del artículo 142 constitucional, en vista de que en él se establece la “PROTECCIÓN SOCIAL” en cambio en el artículo uno hace referencia a la “ASISTENCIA MÉDICA”, implicando la “PROTECCIÓN SOCIAL” una mayor amplitud por ejemplo, incluye la prevención, en cambio con el término “ASISTENCIA MEDICA” la prevención quedaría excluida.-CONSIDERANDO DIECISEIS (16): Que al analizar el segundo concepto de inconstitucionalidad expuesto, la Sala concluye que el reclamo efectuado por los impetrantes, constituye una cuestión puramente conceptual. En el artículo uno el legislador es claro y preciso al disponer como objeto de la Ley Marco del Sistema de Protección Social permitir a los habitantes, alcanzar de forma progresiva y sostenible financieramente, una cobertura digna, a través de la promoción social, prevención y el manejo de los riesgos que conlleva la vida de las personas, asegurando la asistencia medica, la protección de los medios de subsistencia y los demás derechos sociales necesarios para el logro del bienestar individual y colectivo. Es patente que dentro del concepto constitucional de Seguridad Social, está contenido el servicio previsional de Salud, servicio que lo menciona de manera taxativa el artículo 1 dizque inconstitucional.-CONSIDERANDO DIECISIETE (17): Que las disposiciones legales en efecto establecen condiciones de pertenencia a un sistema o régimen de seguridad social, el cual no debe interpretarse como irreformable, pues con el paso del tiempo las necesidades de la sociedad van cambiando, con lo cual las disposiciones legales deben ir reformándose en consecuencia en cuanto a la necesidad y proporcionalidad, teniendo como eje central el principio de solidaridad, que es el portavoz de la justicia redistributiva en un sistema de seguridad o protección social. Así las cosas, se observa que la supramencionada ley no excluye la prevención, así como tampoco excluye el manejo de los riesgos que conlleva la vida de las personas, de ahí que no se estiman inconstitucionales los artículos 1 y 2.15 y 2.20 de la LEY MARCO DEL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL, en tanto la presente acción interpuesta debe ser declarada sin lugar.-POR TANTO: La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oído el parecer del Fiscal, por UNANIMIDAD de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 184, 185 No. 2, 189 párrafo primero, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República, 1, 2, 3 No. 3), 5, 74, 75, 76 No. 1), 77 No. 2), 78, 82 y 81 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, FALLA: Declarar SIN LUGAR la acción de inconstitucionalidad que por razones de fondo o de contenido fue interpuesta por vía de acción por las señoras MARIA LUISA REGALADO MORAN, DORIS ISABEL ZEPEDA, LESLY ESPERANZA RODRIGUEZ, Y ROSA ELENA GARCIA GARCIA, quienes actúan en su condición de miembros activos de la ASOCIACION COLECTIVA DE MUJERES HONDUREÑAS (CODEMUH), contra el DECRETO LEGISLATIVO NUMERO 56-2015, emitido por el CONGRESO NACIONAL DE LA REPÚBLICA en fecha veintiuno de mayo de dos mil quince, y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 33,771 en fecha dos de julio del año dos mil quince; contentivo de la LEY MARCO DEL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL; en virtud de no vulnerar lo establecido en los artículos 64, 142 y 145 de la Constitución de la República, Y MANDA: Que con certificación de este fallo se siga con el procedimiento restante para los efectos legales pertinentes.- Redactó el Magistrado SERRANO VILLANUEVA.- NOTIFIQUESE.-Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME Firma y Sello CRISTIAN RAMON BAQUIZ FLORES, Receptor Adscrito a la Sala Constitucional.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los ocho (8) días del mes de febrero del año dos mil dieciocho (2018), Certificación de la Sentencia de fecha veintitrés (23) de noviembre del año dos mil diecisiete (2017) recaída en el Recurso de inconstitucionalidad, registrado en este Tribunal bajo el número 1166-2016.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL