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Sentencia RI-1038-13 — Registro 9440

Resumen

Se interpuso recurso de inconstitucionalidad por vía de acción y por razón de contenido del artículo 18-A de la Ley Orgánica de la Policía Nacional, Decreto 67-2008, reformado mediante Decreto 202-2012, que contiene el mecanismo de evaluación de confianza denominado “POLÍGRAFO”, utilizada como causal para el despido del cargo a los miembros de la Carrera Policial.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “CONSIDERANDO (8): Que en un sentido formal o estrictamente conceptual, la regla stare decisis, implica la obligación de la Sala como órgano de la Justicia Constitucional, de estarse a lo resuelto o determinado por la jurisprudencia que emana del propio Tribunal Supremo, omitiendo en consecuencia, cualquier pronunciamiento que pudiese contradecir o poner en duda la certeza de la cosa juzgada emanada de sus fallos. Así, ante los efectos generales o erga omnes, que caracterizan a los fallos recaídos en las acciones de Inconstitucionalidad, en un sentido negativo, encontramos que la regla del stare decisis, la cual se encuentra regulada explícitamente por nuestro ordenamiento adjetivo, en su artículo 91, el cual prescribe: “La Sala de lo Constitucional podrá desestimar toda acción, excepción o cuestión de inconstitucionalidad cuando los motivos alegados sean los mismos, aunque se trate de personas distintas, en que se hubiese sustentado un proceso anterior en el que la respectiva sentencia haya declarado sin lugar la inconstitucionalidad.”. De igual forma, en su sentido positivo, al existir una motivación estimatoria, y con ello un pronunciamiento sobre la pertinencia que corresponda, al alcance de la declaratoria de inconstitucionalidad, en función de los efectos ex nunc, implícitos en la misma, la jurisprudencia de la Sala ha determinado como regla stare decisis, el admitir la posibilidad de dictar sentencias de sobreseimiento en acciones de inconstitucionalidad, bien sea atendiendo a la impertinencia de un pronunciamiento por virtud de la realidad que supone el ámbito temporal de validez de la norma o decreto impugnado; o bien a la existencia o no de mérito constitucional en lo planteado por los garantistas.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintiocho de febrero del dos mil diecisiete.-VISTO: Para dictar Sentencia el Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto por vía de acción y por razón de contenido, por los Abogados JOSE ARMANDO ESPINAL y MARCO ANTONIO SANCHEZ actuando en su condición de Apoderados Legales de los señores DAGOBERTO CARRASCO CANALES, ROGER GUILLERMO SANCHEZ ZAVALA, RAUL ANTONIO MORALES JIMÉNEZ, FATIMA MARITZA ULLOA BECERRA, ADAN ASDRÚBAL DEL CID CABRERA, DUNIA LISBETH SANTOS ZUNIGA, CARLOS ERNESTO CASTRO, CESAR ALBERTO MARTINEZ SANCHEZ, FERNANDO ÁLVAREZ OLIVA, HECTOR JACOBO AVILA ACOSTA, MELIDA ESPERANZA MOLINA LAGOS, OSMAN NOEL BARAHONA ANDARA, OSCAR FRANCISCO ROMERO LAGOS, IRVING GERONIMO OSORIO PAZ, ELMAN ORLANDO SABILLON SABILLON, FREDY JEOVANNY GARCIA AGUILAR, EDWIN GUSTAVO MEJIA TORRES, JOSE ANTONIO GARCIA SANTOS, FANY CAROLINA BARAHONA, ROGER ALEXIS CACERES RIVAS, WALTER DANILO CARRANZA OLIVERA, VIDAL MALDONADO ESPINOZA, JORGE ALBERTO RODRÍGUEZ LOPEZ, PEDRO ANTONIO ORTIZ MARADIAGA, ANY SABEL y ENMA SUYAPA CASCO MORENO; TODOS MIEMBROS DE LA CARRERA POLICIAL PERTENECIENTES A LA DIRECCION NACIONAL DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL (DNIC), para que se declare la Inconstitucionalidad por vía de acción y por razón de contenido del artículo 18-A de la Ley Orgánica de la Policía Nacional, Decreto 67-2008, reformado mediante Decreto 202-2012 emitido por el Congreso Nacional de la República y publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” número 33,007 en fecha veintidós de diciembre del año dos mil doce, que contiene el mecanismo de evaluación de confianza denominado “POLÍGRAFO”, utilizada como causal para el despido del cargo a los miembros de la Carrera Policial.-ANTECEDENTES :1) Que en fecha dieciséis (16) de diciembre del año dos mil trece (2013), comparecieron ante esta Sala de lo Constitucional, los Abogados JOSE ARMANDO ESPINAL y MARCO ANTONIO SANCHEZ, actuando en su condición de Apoderados Legales de los Señores DAGOBERTO CARRASCO CANALES, ROGER GUILLERMO SANCHEZ ZAVALA, RAUL ANTONIO MORALES JIMÉNEZ, FATIMA MARITZA ULLOA BECERRA, ADAN ASDRÚBAL DEL CID CABRERA, DUNIA LISBETH SANTOS ZUNIGA, CARLOS ERNESTO CASTRO, CESAR ALBERTO MARTINEZ SANCHEZ, FERNANDO ÁLVAREZ OLIVA, HECTOR JACOBO AVILA ACOSTA, MELIDA ESPERANZA MOLINA LAGOS, OSMAN NOEL BARAHONA ANDARA, OSCAR FRANCISCO ROMERO LAGOS, IRVING GERONIMO OSORIO PAZ, ELMAN ORLANDO SABILLON SABILLON, FREDY JEOVANNY GARCIA AGUILAR, EDWIN GUSTAVO MEJIA TORRES, JOSE ANTONIO GARCIA SANTOS, FANY CAROLINA BARAHONA, ROGER ALEXIS CACERES RIVAS, WALTER DANILO CARRANZA OLIVERA, VIDAL MALDONADO ESPINOZA, JORGE ALBERTO RODRÍGUEZ LOPEZ, PEDRO ANTONIO ORTIZ MARADIAGA, ANY SABEL y ENMA SUYAPA CASCO MORENO; TODOS MIEMBROS DE LA CARRERA POLICIAL PERTENECIENTES A LA DIRECCION NACIONAL DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL (DNIC), para que se declare la Inconstitucionalidad por vía de acción y por razón de contenido del artículo 18-A de la Ley Orgánica de la Policía Nacional Decreto 67-2008, reformado mediante Decreto 202-2012, emitido por el Congreso Nacional de la República y publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” número 33,007 en fecha veintidós (22) de diciembre del año dos mil doce (2012), que contiene el mecanismo de evaluación de confianza denominado “POLÍGRAFO”, utilizada como causal para el despido del cargo a los miembros de la Carrera Policial.-2) Que en fecha nueve (9) de enero del año dos mil catorce (2014), este Alto Tribunal, dictó providencia mediante la cual dispuso admitir el Recurso de Inconstitucionalidad relacionado y en virtud de haber indicado el recurrente que el presente recurso va dirigido por razón de contenido de manera parcial contra el citado artículo, se omitió el libramiento de la comunicación al Congreso Nacional de la República y se dispuso dar traslado de los antecedentes al Fiscal del Despacho por el término de seis (06) días hábiles, para que emitiese el correspondiente dictamen.-3) Que en fecha trece (13) de febrero del año dos mil catorce (2014), se tuvo por evacuado el término concedido al Ministerio Público por la Abogada VELIA IDALIA FIGUEROA URBINA, actuando en su condición de Fiscal del Despacho, quien emitió dictamen en el cual fue de la opinión que SE DECLARE SIN LUGAR el Recurso de Inconstitucionalidad de mérito, en virtud que la práctica de pruebas de confianza y la separación de los funcionarios y servidores públicos que las reprueben no vulnera los derechos fundamentales de éstos, quienes al ostentar un cargo público devenía obligados a cumplir deberes que no son generalmente exigibles al común de los ciudadanos en la República de Honduras.-4) Que cabe consignar como antecedente que, con anterioridad al planteamiento de la presente acción constitucional por los Abogados JOSE ARMANDO ESPINAL y MARCO ANTONIO SANCHEZ, se interpusieron sendos recursos con similar objeto de control constitucional; es decir, acciones constitucionales por la vía de acción y por razón de contenido, promovidos por parte legitimada para que se decretare la inconstitucionalidad e inaplicabilidad del artículo 18-A de la Ley Orgánica de la Policía Nacional (Decreto 67-2008) y sus ulteriores reformas temporales, las cuales establecían, a su vez, la obligación de practicarse la prueba del polígrafo a los miembros de la carrera policial.[1] -5) Que en fecha veintiocho (28) de febrero del año dos mil trece (2013), la Corte Suprema de Justicia dictó sentencia en los recursos de inconstitucionalidad acumulados a que se ha hecho referencia en el acápite anterior, declarándolos “NO HA LUGAR”, según interpuestos contra la validez del artículo 18-A de la Ley Orgánica de la Policía Nacional (Decreto 67-2008) y sus reformas temporales.- CONSIDERANDO (1): Que la garantía de inconstitucionalidad de una ley podrá solicitarse por quien se considere lesionado en su interés directo, personal y legítimo; y, en el presente caso señalan los recurrentes que son apoderados de policías en activo quienes se encuentran en posición de susceptibilidad respecto a la norma señalada de inconstitucional, según ha quedado expresado en los antecedentes de la presente sentencia, en virtud de considerarse acreditada prima facie su aptitud legal para lesionar en forma directa la estabilidad laboral y demás derechos constitucionales y convencionales invocados a favor de sus representados.- CONSIDERANDO (2): Que se denuncia como inconstitucional por vía de acción y por razón de contenido las disposiciones contenidas en el artículo 18-A de la Ley Orgánica de la Policía Nacional Decreto 67-2008, reformado mediante Decreto 202-2012, emitido por el Congreso Nacional de la República y publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” número 33,007 en fecha veintidós (22) de diciembre del año dos mil doce (2012), que contiene el mecanismo de evaluación de confianza denominado “POLÍGRAFO”, el cual ha sido empleado como causal para efectuar el despido del cargo a miembros de la Carrera Policial tras efectuar los descargos correspondientes en las respectivas audiencias de descargo.-CONSIDERANDO (3): Que los Recurrentes ejercitan su acción de inconstitucionalidad por razón de su contenido, y en su escrito argumentan y sustentan que la colisión del referido artículo es con la Constitución de la República, al legislar o regular el Congreso Nacional situaciones atentatorias al ordenamiento constitucional, tanto en el plano objetivo como subjetivo, entrando en confrontación con los artículos 60, 82, 88, 95, 96 y 321 de la Constitución de la República. Asimismo, que resulta infracción al derecho convencional citado a continuación: artículos 1, 2, 3, 8.1, 8.2c, 8.2d, 8.2e, 8.2g y 8.3 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8 y 23.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 4, 5, 6.1 y 7.d del Protocolo de San Salvador (Sic.); 14.3d y 14.3g del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y; 19 de la Carta Internacional Americana de Garantías Sociales.-CONSIDERANDO (4): Que los Impetrantes en el escrito que desarrolla los argumentos jurídicos que sustentan la presente acción de inconstitucionalidad, sostienen que en el Poder Legislativo se ha propiciado arbitrarias reformas a la Ley Orgánica de la Policía, con la cual se violentan garantías constitucionales y tratados internacionales de los que Honduras forma parte, en perjuicio de sus representados. Específicamente al implementar la prueba denominada del “POLÍGRAFO” con carácter obligatorio y con lesivas consecuencias para con la estabilidad laboral y demás derechos que dimanan de la Carrera Policial. En tal sentido, los recurrentes alegan vulneración al artículo 64 de la Constitución de la República, pues se pretende aplicar normas inconstitucionales en su desmedro, con relación a los artículos 128 y 129 de la Constitución de la República, que garantizan la estabilidad laboral y la separación por justa causa. Asimismo, la vulneración al derecho de defensa de los miembros de la Policía, quienes han sido privados del ejercicio de ese derecho, al momento de impedirse la presencia del defensor en todos aquellos actos que impliquen elementos de prueba, existiendo además vulneración por actos que restringen garantías laborales, entre otros. Asimismo, con relación a los artículos 88 y 95 de la Constitución de la República, sostienen los garantistas que el mecanismo de evaluación de confianza en referencia, según prescribe el artículo 18-A de la Ley Orgánica de la Policía Nacional, Decreto 67-2008, reformado mediante Decreto 202-2012, describe como obligatorio para los miembros de la carrera judicial y aspirantes de ingresar a la misma, lo cual claramente contraviene la norma constitucional citada, pues la respuesta obligatoria del examinado como consecuencia de una serie de preguntas del poligrafista, genera una serie de reacciones físicas, manifestaciones de la persona que pueden eventualmente resultar perjudiciales para el examinado, sin tomar en cuenta la falta de exactitud del instrumento y que el polígrafo no es sino una prueba de probabilidad que no constituye prueba, por no rendirse ante Juez competente; lo cual tiene a su vez la circunstancia agravatoria que las personas que fueron sometidas a las mismas se habían sometido previamente a pruebas de evaluación de confianza ante la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP), donde habían sido aprobadas, en su mayoría, satisfactoriamente; resultando significativo que cuando la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia (DNII), adscrita a las Fuerzas Armadas de Honduras realizó las pruebas del Polígrafo, a los miembros de la Carrera Policial de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC), adscrita a la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, dio lugar al resultado sorpresivo que ninguno aprobó dicho mecanismo de evaluación de confianza. Y en cuanto a la infracción de los artículos 96 y 321 de la Constitución de la República, manifiestan los garantistas que la aplicación de tales instrumentos a personal con probados años de servicio, no es sino una manera disfrazada de despedirlos con causa justificada y sin reconocimiento de derechos por innumerables años de servicio, resultando plausible en cambio su aplicabilidad a los aspirantes a ingresar a la carrera judicial, quienes se encuentran en proceso de ascenso y quienes opten por el sistema de becas; todo lo cual riñe con el principio de legalidad, toral para el Estado de Derecho y según el cual corresponde a la Policía Nacional de Honduras cumplir y hacer cumplir la Constitución, por lo cual no debería aplicarse como causal de despierto, el solo hecho de reprobar el mecanismo de confianza denominado ““POLÍGRAFO”.- CONSIDERANDO (5): Que obra en la Secretaria de este alto Tribunal de Justicia Constitucional certificación contentiva de la sentencia emitida por la Corte Suprema de Justicia en fecha veintiocho (28) de febrero de dos mil trece (2013), en los Recursos de Inconstitucionalidad Acumulados con número de registro 499 y 503-12, declarándolos “NO HA LUGAR, de todo lo cual se hizo el debido mérito.- CONSIDERANDO (6): Que la motivación del fallo desestimatorio del recurso de inconstitucionalidad antes referido, estableció en su parte conducente, lo siguiente: (sic): “CONSIDERANDO NUEVE (9): Que según expone el recurrente Abogado OSCAR ADAN CALIX en su Segundo Motivo la normativa legal cuestionada se opone al principio-derecho de presunción de inocencia y al derecho de audiencia, consagrados respectivamente en los artículos 89 y 94 de la Constitución de la República. Sostiene que basta con la suspensión de las garantías del derecho de audiencia y debido proceso, establecida en el artículo 4 del Decreto 89-2012, para concluir que se vulnera el estado de inocencia de los miembros de la Policía a quienes se les aplique la LEY ESPECIAL PARA LA DEPURACIÓN POLICIAL. Expone que el inicio de un procedimiento disciplinario debe ir precedido de un hecho u omisión constitutivo de una sanción, sin embargo en la ley en análisis, no se requiere ninguna acción u omisión que justifique el sometimiento al proceso; sino que es una atribución discrecional que el legislador le otorga al Director General de la Policía Nacional en coordinación con el Secretario de Estado en el Despacho de Seguridad, quien puede ordenar a cualquier miembro, es decir a quien éste decida, que se someta a la práctica de las pruebas de evaluación de confianza descritas en el artículo 18-A y en caso de improbar el examen, será causa justificada para el despido inmediato, eximiendo de todo tipo de responsabilidad, a los encargados de aplicar dicho decreto. El artículo 89 de la Constitución de la República que contiene el principio-derecho de presunción de inocencia, establece que “toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente...”. Que el estado de inocencia recogido en el artículo 89 antes transcrito, requiere que haya una declaratoria de responsabilidad por autoridad competente.- (…) CONSIDERANDO ONCE (11): Que el cuarto motivo de inconstitucionalidad, invocado por el Abogado TEODORO SALVADOR GODOY, se refiere a la infracción al Derecho de ser oído y vencido en juicio. Infracción del Artículo 94 de la Constitución de la República que establece: “A nadie se impondrá pena alguna sin haber sido oído y vencido en juicio, y sin que le haya sido impuesta por resolución ejecutoriada de Juez o Tribunal competente. En los casos de apremio y otras medidas de igual naturaleza en materia civil, laboral, así como en los casos de multa o arresto en materia de policía, siempre deberá ser oído el afectado”. Señala el recurrente que el contenido esencial de la garantía de audiencia consiste en dos (2) requisitos: Ser oído y vencido en juicio. El primero de tales requisitos no se limita simplemente a oír, sino que implica la necesidad de permitirle a la persona a quien se pretende privar de algunos de sus derechos la oportunidad real de resistirse o defenderse, sea esta mediante actividad probatoria o actividad de alegación. Mientras que el segundo puede verse como un término Ad-Quem al momento final de una actividad dinámica libre con participación de todos los sujetos procesales o intervinientes. Ya que de la aplicación del Decreto Legislativo No. 89-2012, se viola este precepto constitucional, pues al ser despedido de forma inmediata un miembro de la Policía Nacional, sin ser oído y vencido en juicio, vulnera dicho precepto constitucional. Además infringe el Artículo 64 constitucional que establece la prohibición de disminuir, restringir, y tergiversar, los derechos fundamentales, bajo ninguna justificación, mediante la aplicación de leyes gubernativas o de otro orden, como es el caso del cual se pide sea declarada su inconstitucionalidad, por contravenir estas declaraciones establecidas y reconocidas en la Constitución para todos los habitantes de la República, de cualquier raza, credo o sexo etc., así como los demás derechos fundamentales que se ven vulnerados mediante la creación de la LEY ESPECIAL PARA LA DEPURACIÓN POLICIAL y su aplicación, como es el derecho al trabajo y a su estabilidad laboral, contenida en los Artículos 127 al 129 de la Constitución de la República que establecen que “Toda persona tiene derecho al trabajo. A escoger libremente su ocupación y a renunciar a ella, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo”, mientras que el artículo 129 que establece: “La ley garantiza la estabilidad de los trabajadores en sus empleos, de acuerdo a las características de sus industrias y profesiones y las justas causas de su separación”.- (…) CONSIDERANDO QUINCE (15): Que el recurrente OSCAR ADAN CALIX ROSALES en su Motivo Número Ocho expone la Vulneración del Derecho a No Auto incriminarse. Al examinar el contenido del Artículo 88 de la Constitución de la República, que establece: “No se ejercerá violencia ni coacción de ninguna clase sobre las personas para forzarlas a declarar. Nadie puede ser obligado en asunto penal, disciplinario o de policía, a declarar contra sí mismo, contra su cónyuge o compañero de hogar, ni contra sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad…, toda declaración obtenida con infracción de cualquiera de estas disposiciones, es nula y los responsables incurrirán en las penas que establezca la ley”. Asimismo establece el Artículo 101 del Código Procesal Penal: Las personas Imputadas y sus Derechos. A toda persona imputada se le reconoce su derecho a la Defensa. Tendrá derecho en consecuencia a ser asistida, desde que sea llamado a prestar declaración, por un profesional del Derecho. (…) 5.- A abstenerse de formular cualquier declaración.- 6.- A que no se empleen en su contra, medios que de cualquier modo lastimen su dignidad personal. 7.- A no ser sometida a técnicas o métodos que alteren sus capacidades de conocimiento y comprensión del alcance de sus actos o su libre voluntad, tales como: Malos tratos, amenazas, violencia corporal o psíquica, torturas, aplicación de psicofármacos, hipnosis y polígrafo o detector de mentiras.- (…)CONSIDERANDO DIECISIETE (17): Que para efectuar el estudio y análisis de lo argumentado por los recurrentes, es necesario dejar claramente definida la naturaleza jurídica de la institución denominada “Policía Nacional”, la cual tiene rango constitucional, cuando el Artículo 293 de la Carta Magna, la define como: “Una Institución Profesional permanente del Estado, apolítica en el sentido partidista, de naturaleza puramente civil, encargada de velar por la conservación del orden público, la preservación, control y combate del delito; proteger la seguridad de las personas y sus bienes, ejecutar resoluciones, disposiciones, mandatos y decisiones legales de las autoridades y funcionarios públicos, todo con estricto respeto a los derechos humanos. La Policía Nacional se regirá por una legislación especial”. La legislación especial a la que hace referencia el Artículo 293 constitucional, está desarrollada en el Decreto 67-2008, que contiene la LEY ORGÁNICA DE LA POLICÍA NACIONAL DE HONDURAS. Esta ley recoge en el Artículo 22, lo dispuesto en el texto constitucional antes transcrito, ratificando que las actuaciones de la Policía Nacional las ejecutarán con estricto respeto a los derechos humanos y a la ley en general y manda imperativamente, como primera obligación de los miembros de la Policía Nacional en su Artículo 24 numeral 1): “1) Cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República, Tratados Internacionales suscritos por Honduras, demás leyes y Reglamentos…;”.- CONSIDERANDO DIECIOCHO (18): Que mediante el Decreto Legislativo 89-2012, emitido por el Poder Legislativo se creó la Ley Especial de Depuración Policial, misma que fue publicada en el Diario Oficial La Gaceta No. 32,829, de fecha 25 de mayo del 2012, la que literalmente indica: “Decreto 89-2012.- Considerando: Que es deber del Estado mantener la paz y la Seguridad interior de la República y brindar seguridad a todos sus habitantes, salvaguardando sus derechos individuales a través de medios efectivos y dentro de los limites, regulaciones, y normativa establecidas en la Constitución de la República y las leyes.- Considerando: Que los índices de criminalidad de nuestro país demandan el fortalecimiento de las actuaciones de las entidades públicas dedicadas a la prevención, combate e investigación del delito, especialmente, debido a que la delincuencia organizada transnacional ha incidido para que grupos delictivos nacionales adopten sus métodos organizados y apliquen modalidades características del crimen organizado internacional.- Considerando: Que los objetivos indicados en los Considerandos anteriores pueden lograrse en parte, fortaleciendo la policía nacional con las herramientas adecuadas que permitan su correcta operatividad para lo cual se hace necesaria la adopción de las medidas, acciones y facultades establecidas en el presente decreto.- Considerando: Que es apremiante mejorar ostensiblemente las acciones de la institucionalidad del Estado en materia de seguridad para combatir el crimen; es necesaria una normativa que permita la inmediata depuración y fortalecimiento interno de los valores de la policía nacional de Honduras para cumplir con eficiencia su misión institucional.- Considerando que es imperativa la declaración de un estado de emergencia en Materia de Seguridad Pública para contribuir a disminuir los niveles de delincuencia y violencia, siendo necesario tomar medidas igualmente efectivas para dar respuesta al clamor de la ciudadanía, en demanda de un órgano de seguridad confiable que devuelva la paz y tranquilidad al pueblo hondureño.- Por Tanto, Decreta Ley Especial para la Depuración Policial.- Artículo 1.- Objeto.- Declarase situación de emergencia nacional en materia de seguridad pública, con el objeto de implementar de manera acelerada un proceso expedito y confiable en la policía nacional, otorgándoles facultades y atribuciones excepcionales y temporales al Director General de la Policía Nacional, para que en coordinación con el Señor Secretario de Estado en los Despachos de Seguridad, puedan ejecutar dicho proceso.- Artículo 2.- Facultades y Atribuciones.- De forma excepcional y por el termino de seis meses, son atribuciones especiales del Director General de la Policía Nacional de Honduras, en coordinación con el Señor Secretario de Estado en los Despachos de Seguridad, las siguientes: 1).- Ordenar con carácter obligatorio para cualquier miembro de la carrera policial, la practicas de prueba de evaluación de confianza, descritas en el artículo 18-A de la Ley Orgánica de la Policía Nacional de Honduras, contenida en el decreto 67-2008 de fecha 12 de Junio del 2008.- Cuando el evaluado repruebe cualquiera de las pruebas que se le practiquen, ésta será causal de despido justificado de forma inmediata de la Policía Nacional.- 2).- Evaluar rendimiento y desempeño de cualquier miembro de la carrera policial en las funciones asignadas y en base a los resultados de ésta. Cuando el evaluado no haya alcanzado los mínimos requeridos para el correcto desempeño de sus labores, será causal de despido justificado de forma inmediata de la Policía Nacional.- Artículo 3.- El despido de cualquiera de los miembros de la carrera policial, producto de la aplicación de las medidas, acciones y facultades, establecidas en el artículo anterior, no implicara en ningún caso, ni tiempo, responsabilidad patrimonial para el Estado de Honduras, ni responsabilidad patrimonial, civil, administrativa o penal a los funcionarios encargados en la aplicación del presente decreto.- Dichos despidos serán notificados de forma inmediata al Consejo Nacional de Seguridad Interior (CONASIN).- Artículo 4.- Suspensión de Normas.- Durante la vigencia de la presente ley, quedan suspendidos en su vigencia los artículos 114 párrafo primero, 127, 128, 129, 130, 131 y 132 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional de Honduras.- Artículo 5.- Disposiciones y Aplicación Posterior.- Transcurrida la vigencia del decreto y alcanzado los objetivos establecidos en el mismo se ordena al Director General de la Policía Nacional de Honduras, para que en coordinación del Señor Secretario de Estado en el Despacho de Seguridad, revise o verifiquen las condiciones laborales de los elementos o integrantes en todos los niveles de la policía nacional de Honduras que continúen prestando sus servicios a la institución policial, a efecto de proponer a la Presidencia de la República medidas o acciones concretas para mejorar sus condiciones de vida, lo que incluye iniciar el proyecto de vivienda para miembros de la carrera policial, contenido en el decreto número 229-2011.- Artículo 6.- El presente decreto entrara en vigencia a partir del día de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.- Dado en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en el Salón de Sesiones del Congreso Nacional, a los 24 días del mes de Mayo del 2012.”.- CONSIDERANDO DIECINUEVE (19): Que mediante Decreto Legislativo número 198-2011 de fecha 4 de noviembre del 2011, el Poder Legislativo determinó reformar, por adición del artículo 18-A, el Decreto 67-2008, de fecha 12 de junio del 2008, que contiene la Ley Orgánica de la Policía Nacional Preventiva, vuelto a modificar por Decreto No. 05-2012, publicado en el Diario Oficial La Gaceta 32,753 de fecha 21 de Febrero del 2012, artículo que literalmente dice: “Artículo 18-A.- Es atribución de la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial, practicar de forma general o selectiva a todos los miembros de la carrera policial prueba de evaluación de confianza, tales como: Toxicológicas, psicométricas, prueba de polígrafo, estudios socio económicos o patrimoniales y cualquier otro que éste estime pertinentes y proporcional para el cumplimiento de sus funciones.- Los Estudios socio económicos y patrimoniales serán practicados además a la esposa (o) o compañera (o) de hogar y los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, además estas pruebas podrán practicarse a personas fuera de estos grados de parentesco cuando las circunstancias especiales del caso lo requieran.- En caso de haber incongruencia entre los ingresos y el patrimonio del investigado, la Dirección deberá remitir copia certificada del Expediente al Tribunal Superior del Cuentas (TSC) para los efectos de ley.- En caso de que el resultado y/o evaluación practicada establezca que el servidor policial investigado y/o evaluado, no cumple con los requisitos legales o no reúne la conducta apropiada para el correcto desempeño de su cargo, la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial, luego de haberlo oído y de hacerle la audiencia de descargo, emitirá resolución definitiva, la cual le será notificado al afectado, contra la cual cabe únicamente el recurso de reposición, con cuya evacuación se pondrá fin a la vía administrativa, librándole copia certificada del expediente al Secretario de Estado en el Despacho de Seguridad, el cual tiene el carácter vinculante para que éste proceda a realizar la cancelación inmediata del acuerdo de nombramiento del servidor policial, sin responsabilidad alguna para el Estado.- Las prueba de confianza también serán aplicables, a los aspirantes a ingresar a la carrera policial.” CONSIDERANDO VEINTE (20): Que la Corte Suprema de Justicia se pronuncia a favor de un proceso de depuración del sistema policial, mismo que debe ser ampliado a los demás operadores de justicia como ser el Ministerio Público y el Poder Judicial, como una forma de elegir a los hombres y mujeres que reúnan las aptitudes y actitudes idóneas para el mejor servicio público. Este pronunciamiento no es nuevo, ya que hace nueve años atrás, en las sentencias dictadas por la Sala de lo Constitucional de fecha trece de marzo del dos mil tres, en los expedientes RI1665-2001 y RI2424-2001, este Tribunal Supremo había abogado por la implementación de un proceso de depuración, advirtiendo a la vez que el mismo debía de llevarse a cabo revestido de validez legal, siendo consecuente con la ley vigente, emitida con respeto de las normas constitucionales y de los principios que integran el bloque constitucional.- En el Estado hondureño, por muy necesarias y oportunas que sean las medidas adoptadas para la mejora de la seguridad pública, no pueden apartarse del principio supremo que indica que “Honduras es un Estado de Derecho”, consagrado en el artículo 1 de la Constitución de la República. Téngase en cuenta que el Estado de Derecho se prueba a sí mismo cuando aun en situaciones excepcionales (como la alta incidencia delictiva), sigue rigurosamente la senda de la legalidad y del respeto de los derechos humanos para hacer frente a las mismas.- CONSIDERANDO VEINTIUNO (21): Que las leyes temporales son aquellas que el legislador crea en virtud de una situación especial que amerite su existencia. Estas generalmente regulan situaciones excepcionales y transitorias y por ello sus normas tienen un ámbito temporal de validez previamente definido.- Este tipo de leyes pueden ser de dos clases: 1).- Las leyes temporales propiamente dichas, que son las que tienen una vigencia determinada taxativamente por la misma ley, fijando la fecha en que deja de estar en vigor; 2).- Leyes temporales especiales: Al igual que la anterior, son de carácter temporal, sin embargo, en ellas no se determina de manera taxativa el tiempo de su vigencia, siendo derogada cuando cesen las circunstancias especiales que justificaron su creación.- En ambos casos, en el momento en que la ley temporal deja de tener vigencia, la ley anterior recobrará su validez, sin embargo todas las situaciones que se hayan suscitado durante la vigencia de la Ley Temporal serán resueltas conforme a ésta, aun después de que haya dejado de estar en vigencia, perdurando en el tiempo sus consecuencias jurídicas, ya que en las leyes temporales impera como regla el Principio de Identidad para fijar el ámbito de validez temporal de la norma. Es claro que la Ley Especial para la Depuración Policial contenida en el Decreto Número 89-2012, era una ley temporal propiamente dicha, en virtud de que en su artículo 2 se indicó que su vigencia sería solo por seis meses, la que aconteció desde el 25 de junio hasta el 25 de noviembre del 2012.- CONSIDERANDO VEINTIDOS (22): Que en principio solo serán sometidas al control de constitucionalidad las normas legales que se encuentren en vigencia y que por tanto sean de observancia obligatoria para las personas que se encuentren dentro de la égida del poder político del Estado de Honduras y que aún y cuando la Ley Especial para la Depuración Policial a la fecha ya no es vigente, los efectos producidos por ésta si lo están, es decir todas aquellas actuaciones y resoluciones tomadas y ejecutadas con base a dicho cuerpo normativo subsisten hasta hoy, tanto en su validez como en su ejecuciòn, además de que dicho Decreto se encontraba vigente en el momento de su impugnación y es sobre el objeto así fijado en el momento de la interposición y admisión de los recursos de inconstitucionalidad, lo que autoriza a la Corte Suprema de Justicia para hacer un análisis general respecto a la constitucionalidad de las normas que le contenían.- CONSIDERANDO VEINTITRES (23): Que el artículo 1 de la Ley Especial para la Depuración Policial, hacía la declaratoria de “Emergencia Nacional en Materia de Seguridad Pública”, situación que el Ministerio Público, al momento de emitir su dictamen, aparejó con la Emergencia o Calamidad Pública que regula el 187 de la Constitución de la República, en especial porque en el artículo 4 se suspendía provisionalmente siete normas legales que contienen derechos laborales adquiridos.- Contrario a lo que opina el Ministerio Público en su dictamen, para la Corte Suprema de Justicia la semejanza es solamente aparente, ya que uno y otro refieren a situaciones jurídicas totalmente diferentes. La declaratoria de Emergencia Nacional en Materia de Seguridad Pública hecha por el Poder Legislativo en la Ley Especial para la Depuración Policial obedecía, según se indicaba en sus considerandos, a los altos índices de delincuencia que imperan en este momento en el territorio hondureño y por tanto consideraba ello como fundamento motivador para hacer dicha declaratoria y como derivación emitir leyes consecuentes con la misma, mientras que la Emergencia o Calamidad Pública que regla el artículo 187 de la Constitución de la República refiere a las situaciones taxativas de: invasión del territorio nacional, perturbación grave de la paz, epidemia o cualquier hecho de calamidad general, que sea advertida por el Presidente del Poder Ejecutivo, decretada en Consejo de Ministros y ratificada por el Poder Legislativo, teniendo como consecuencia la suspensión de garantías constitucionales dispuestas por la misma norma por hasta cuarenta y cinco días. Así las cosas, cuando el Poder Legislativo señalaba en el artículo 1 de la Ley Especial de Depuración Policial que se declaraba Emergencia Nacional en Materia de Seguridad Pública, no debía de entenderse que se hacía una declaratoria de emergencia o calamidad pública, sino un reconocimiento del Estado en cuanto a que la Seguridad Pública está seriamente comprometida como consecuencia de los altos índices de delincuencia y que por ello necesario el Poder Legislativo consideraba la aprobación y reforma de normas legales conducidas a hacer frente a tal situación particular.- CONSIDERANDO VEINTICUATRO (24): Que indica el artículo 64 de la Constitución de la República que “No se aplicarán leyes y disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden que regulen el ejercicio de las declaraciones, derechos y garantías establecidas en esta Constitución, si los disminuyen, restringen o tergiversan”, como era el caso del artículo 2 numeral 1 párrafo segundo y numeral 2 última parte de la Ley Especial de Depuración Policial significando la inobservancia del artículo 129 de la Constitución de la República que garantiza la estabilidad de los trabajadores en sus empleos y la separación de éstos por justa causa.- El artículo 2 de la ley citada en sus dos numerales, prescribía el despido como única consecuencia jurídica a imponer a una persona que haya reprobado cualquiera de las pruebas de evaluación de confianza practicadas, sin determinar la esencialidad o no de la prueba en el ejercicio del cargo público policial; así pues un miembro de la carrera policial podría ser despedido al reprobar una prueba de resistencia física, aun cuando lo procedente, conforme al principio de proporcionalidad (idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto), sería sancionar al miembro de la carrera policial con un régimen de entrenamiento físico, imposibilidad de ascenso, mención negativa en el expediente, entre otras. Es criterio de la Corte Suprema de Justicia que el artículo 2 de la Ley Especial de Depuración Policial, al establecer una única sanción, daba puerta a la transgresión del artículo 129 de la Constitución de la República al verse obligada la autoridad examinadora en despedir a un miembro de la carrera policial que hubiera reprobado una prueba de evaluación de confianza, aun cuando ésta no repercutiera de manera significativa en el desempeño de la función pública policial. Considérese que el artículo 18-A de la Ley Orgánica de la Policía Nacional hace una enumeración abierta de las pruebas de evaluación de confianza y por tanto el legislador debe de dejar un margen de actuación que permita al evaluador poder reaccionar proporcionalmente a las deficiencias en las aptitudes y actitudes de los miembros evaluados de la carrera policial, siendo la sanción más severa el despido mediante la cancelación del acuerdo de nombramiento, misma que sólo se adoptaría cuando fuese meritoria conforme lo dispone el artículo 129 de la Constitución de la República.- CONSIDERANDO VEINTICINCO (25): Que el debido proceso penal lo encontramos regulado por el artículo 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 90 de la Constitución de la República, definido tradicionalmente como aquél que garantiza que nadie puede ser condenado sino tras haber sido juzgado por autoridad competente, bajo las formalidades previamente previstas en la ley; sin embargo el Principio del Debido Proceso, más que garantizar el respeto a la ritualidad en la dinámica de juzgamiento, es uno de los pilares de cualquier proceso judicial o disciplinario dirigido a que la persona sometida a la que se le reprocha la inobservancia de la ley o reglamento sea juzgada y/o evaluada por una autoridad competente, imparcial e independiente, pero adicionalmente es un mandato para que esta autoridad, además de respetar las formas procesales imperantes, reproduzca en cada una de ellas los derechos y garantías consagrados en la Constitución de la República y en los Tratados y Convenciones de los que Honduras forme parte; así pues los llamados Principios Procesales o Principios Informadores del Proceso, no son más que medios conductores para materializar aquellos derechos y garantías fundamentales que son agrupados bajo la titulación del debido proceso legal. En otras palabras, el Principio del Debido Proceso envuelve el desarrollo de prácticamente todos los derechos fundamentales de carácter procesal, mismos que sin dificultad alguna pueden independientemente (fuera del Art. 90 Superior) ser engarzados a derechos y garantías constitucionales definidas de manera individual en el articulado de la Constitución de la República, una de ellas el Derecho a la Defensa que recoge el artículo 82 Superior y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.- El Derecho de Defensa en términos generales está definido desde el ámbito penal como la oportunidad que tiene la parte acusadora y la parte imputada de amparar, proteger y accionar a favor de sus propios intereses subjetivos; el Derecho General a la Defensa está compuesto igualmente por varios principios como ser: Intimación, imputación, audiencia, contradicción, motivación y doble instancia. Entonces el Derecho de Defensa no sólo exige que le sea notificada debidamente la imputación a la persona, sino que además que se le de a la misma la oportunidad de refutarla, la atribución de aportar pruebas de descargo, la de controlar activa y personalmente la evacuación de los medios probatorios a su favor y en su contra y la de argumentar ante la autoridad previo a que ésta tome una decisión sobre el caso, para luego intentar que una autoridad superior administrativa o jurisdiccional revise lo actuado, todo en conjunción con el Principio de Tutela Judicial Efectiva.- Particularmente en el Derecho de Defensa es esencial el Principio de Contradicción prescrito por el artículo 4 del Código Procesal Penal, 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y que debe ser entendido como la obligación de la autoridad decisoria de escuchar previamente a la parte interesada, antes de pronunciarse respecto a la cosa debatida.- CONSIDERANDO VEINTISEIS (26): Que se produce indefensión cuando se le atribuye a una o varias personas la comisión u omisión de un acto antijurídico y se le sanciona sin permitirle ser oído, sin permitirle formular descargos, con las garantías constitucionales y convencionales previamente establecidas. Los artículos 2 y 4 del Decreto 89-2012, imposibilitaban a los miembros de la Policía, sometidos al proceso de depuración, ofrecer a quien los juzgaba – es decir aquella autoridad que decidía- los elementos necesarios para desvirtuar el resultado en su contra o para afirmar que tenía la razón en lo que alegaba. En el artículo 2 señalado había una ausencia de procedimiento que garantizara el derecho de defensa, provocando un acto administrativo consistente en un despido, sin que la parte sancionada pudiera hacer defensa de las causas que motivaban tal decisión. Con la suspensión de los artículos 127, 128, 129, 130, 131 y 132 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional de Honduras, según lo prescrito en el artículo 4 de la ley, se ahogaba de manera total el debido proceso, en particular el derecho de audiencia y defensa, al ser obstáculo necesario para impedir que los miembros de la Policía pudieran disponer de un tiempo razonable y de los medios adecuados para ejercitar el constitucionalmente protegido Derecho de Defensa. Así los casos, tanto el artículo 2 como el artículo 4 del Decreto en análisis se contraponían directamente al contenido del artículo 82 de la Constitución de la República.- CONSIDERANDO VEINTISIETE (27): Que el artículo 2 numeral 1, párrafo segundo de la Ley Especial de Depuración Policial indicaba que: “cuando el evaluado repruebe cualquiera de las pruebas que se le practiquen, esto será causal de despido justificado de forma inmediata de la Policía Nacional” y en su numeral. 2 que “… cuando el evaluado no haya alcanzado los mínimos requeridos para el correcto desempeño de sus labores, será causal de despido justificado de forma inmediata de la Policía Nacional”, además el artículo 3 establecía que “el despido de cualquiera de los miembros de la carrera policial, producto de la aplicación de las medidas, acciones y facultades establecidas en el artículo anterior, no implicara en ningún caso, ni tiempo, responsabilidad patrimonial, civil, administrativa o penal a los funcionarios encargados de la aplicación del presente decreto”.- De esta forma las normas citadas prescribían que la sanción impuesta por el órgano administrativo, consistente en el despido del miembro de la carrera policial que hubiera reprobado las pruebas de evaluación de confianza, era irrecurrible, tanto administrativamente como por la vía de lo contencioso administrativo y con ello daba la espalda al postulado contenido en el artículo 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos que señala en su numeral 1 que “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales”, mismo que es igualmente recogido en el artículo 2.3.a del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que indica que “Toda persona cuyos derechos o libertades reconocidos en el presente Pacto hayan sido violados podrá interponer un recurso efectivo, aun cuando tal violación hubiera sido cometida por personas que actuaban en ejercicio de sus funciones oficiales”, y que ambos se conocen como el Principio de una Tutela Judicial Efectiva, misma que se posibilita a través del derecho de petición, garantizado por el artículo 80 de la Constitución de la República.- Las normas legales señaladas, fueron redactadas por el legislador de modo que la autoridad que imponía la sanción tenía un poder absoluto, ya que nadie podía revisar sus actuaciones, lo cual se revelaba como contradictorio a la plena vigencia del Estado de Derecho, una de cuyas características eminentes lo constituye el imperio de la Ley y la responsabilidad de los servidores públicos que consagra el artículo 321 de la Constitución de la República.- CONSIDERANDO VEINTIOCHO (28): Que por mención particular por parte de uno de los recurrentes, analizaremos de manera particular la prueba de confianza denominada polígrafo, una de las enunciadas en el Artículo 18-A de la Ley Orgánica de la Policía. Que el término polígrafo significa literalmente "muchos trazos" y es un instrumento cuyo fin es evaluar la veracidad de la información proporcionada por el examinado, a través de la interpretación de los cambios neurofisiológicos que experimenta el cuerpo de una persona cuando está revelando información que no es verdadera.- Históricamente han existidos tres tipos de polígrafos, cada uno más avanzado y preciso que su antecesor, siendo éstos los polígrafos mecánicos, llamados también análogos, el polígrafo electrónico, y el polígrafo computarizado.- El Polígrafo está formado por tres partes principales: 1).- El neumógrafo (Expansión de la cavidad toráxica), que estudia la respiración, midiendo la frecuencia respiratoria, su calidad y la supresión; 2).- El galvanómetro (cambios y respuestas galvánicas de la piel: GSR): estudia la electricidad de la piel; y 3).- El cardiógrafo: estudia la frecuencia cardiaca en forma integral, pulsaciones y presión sanguínea.- Para la aplicación de la prueba del polígrafo se requiere la rigorosa observancia de un método determinado, mismo que como mínimo debe de implicar: presentación, antecedentes personales del evaluado, revisión de la situación médico-psicológica, explicación del polígrafo, formulación y revisión de preguntas, introducción de preguntas control, elaboración de gráficos, interpretación de gráficas y entrevista post-test, requiriendo un considerable tiempo para su desarrollo.- Para la interpretación de los resultados se pueden utilizar diferentes técnicas, como ser: la técnica relevante-irrelevante (TI), la técnica de información encubierta (CIT) que incluye la prueba del punto de tensión (POT), pruebas de estimulación y examen de culpabilidad por conocimiento (GKT), sin embargo ha sido la más común la técnica de preguntas de comparación (CQT).- En conclusión la prueba del polígrafo parte de la premisa de que la persona examinada no quiere ser descubierta en su mentira, lo que le produce estrés que involuntariamente provocan cambios fisiológicos que el instrumento mide y registra y que luego son interpretados por el examinador; aun con los grandes avances en los instrumentos y en las técnicas utilizadas para la interpretación de resultados que reducen su margen de error, el polígrafo sigue siendo una prueba de probabilidad, por cuanto puede presentarse los casos en donde la persona examinada padezca de trastornos disociales que le hagan indiferente a las normas sociales y ello le permita afrontar la prueba del polígrafo sin experimentar cambios fisiológicos significativos que puedan ser interpretados como la aportación de información falsa o, por el contrario, puede presentarse como examinado una persona insegura, nerviosa que el hecho de ser sometida a la prueba le produzca altos niveles de estrés precisamente por la ansiedad producida por la experiencia y por las altas expectativas que tiene que sus respuestas sean creídas por el examinador, registrando cambios fisiológicos que al final puedan ser erróneamente o mal interpretados como signos de haber brindado información falsa.- CONSIDERANDO VEINTINUEVE (29): Que como garantía imperativa, el artículo 88 de la Constitución de la República, en su párrafo segundo señala que “Nadie puede ser obligado en asunto penal, disciplinario o de policía, a declarar contra sí mismo, contra su cónyuge o compañero de hogar, ni contra sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad”; la disposición contenida en el Artículo 2, primer párrafo del Decreto Legislativo No. 89-2012, contentivo de la Ley Especial de Depuración Policial que prescribía como obligatorio para el servidor policial someterse, entre otras, a la prueba de polígrafo, claramente reñía con la norma constitucional citada, por cuanto podía constituir una forma de autoincriminarse debido a que su práctica se realiza mediante una declaración o manifestación (el examinado como sujeto de la prueba), que resultaba vinculante en la decisión que el Director General de la Policía Nacional de Honduras y el Señor Secretario de Estado en los Despachos de Seguridad adopten respecto al futuro del examinado en el cuerpo policial.- Dicho de otra manera: la prueba del polígrafo consiste en un monitoreo de las reacciones físicas de la persona examinada como consecuencia de una serie de preguntas formuladas por el examinador, siendo indispensable para el ejercicio que la persona responda a dichas preguntas y ello en conjunto constituye una declaración que eventualmente puede ser perjudicial para el examinado. Sin embargo, resulta constitucional, a la sombra del mencionado artículo 88 segundo párrafo de la Constitución de la República, cuando el agente de la policía, de manera voluntaria, se someta a la prueba del polígrafo, por cuanto éste lo hace sin ser obligado, asumiendo las consecuencias del resultado de dicha prueba, o aun y cuando no fuese de manera voluntaria, pero que la misma, per se, no resultase vinculante para la imposición de sanciones disciplinarias, sino producto de la práctica dentro de un conjunto de pruebas, de cuyo análisis pertinente y proporcional, permitan a la autoridad determinar de manera coherente, la aplicación de las medidas disciplinarias correspondientes.- CONSIDERANDO TREINTA (30): Que el artículo 18-A, incorporado por adición mediante Decreto No. 198-11, modificado mediante Decreto No. 05-2012, al Decreto No. 67-2008, contentivo de la Ley Orgánica de la Policía Nacional, hace una enumeración abierta de los mecanismos de evaluación de confianza, tales como: toxicológicas, psicométricas, estudios socioeconómicos y patrimoniales y “cualquier otro que se estime pertinente y proporcional para el cumplimiento de sus funciones”, mismos que no solo no fueron cuestionados por los recurrentes, sino que esta Corte Suprema de Justicia no advierte en ellos vicios de inconstitucionalidad tal y como están dispuestos legislativamente; sin embargo, advierte que en la práctica de todas las pruebas de confianza enunciadas en el artículo 18-A, deberán de ejecutarse en estricto respeto de la dignidad humana, por lo que deben ser practicadas y analizadas de manera pertinente y proporcional, dentro de un conjunto de pruebas que permitan a la autoridad determinar de manera coherente, la aplicación de las medidas disciplinarias correspondientes; así por ejemplo, aun cuando la prueba toxicológica fuere obligatoria, no podría someterse a un agente de policía por la fuerza para extraerle sangre u orina, porque ello podría significar daño a su salud y lesión a su dignidad humana; lo aconsejable en estos casos, cuando el examinado se rehúse a realizar alguna de estas pruebas de confianza, es que la autoridad administrativa las declare como reprobadas, de lo cual todo ello podría ser objeto de la reglamentación respectiva.- CONSIDERANDO TREINTA Y UNO (31): Que señala el jurista argentino Linares Quintana en su obra “Derecho Constitucional e Instituciones Políticas”: “La Constitución debe ser interpretada como un conjunto armónico, en el cual el significado de cada parte debe determinarse en armonía con el de las partes restantes; ninguna disposición debe ser considerada aisladamente y siempre debe preferirse la interpretación que armonice y no la disposición que coloque en pugna a las distintas cláusulas de la Ley Suprema.”. CONSIDERANDO TREINTA Y DOS (32): Que por todo lo anteriormente expuesto, la Corte Suprema de Justicia, se pronuncia declarando no ha lugar los recursos de inconstitucionalidad de que se han hecho mérito en cuanto a la Ley Especial para la Depuración Policial contenida en el Decreto No. 89-2012 de fecha 24 de mayo de 2012, según publicación del diario Oficial la Gaceta No. 32,829 de fecha 25 de mayo de 2012, ya que no obstante que su contenido resultaba inconstitucional, por tratarse de una ley temporal propiamente dicha, a la fecha de la presente sentencia su vigencia ha finalizado y por ende no resulta pertinente que este Supremo Tribunal declare la inaplicabilidad y expulsión del ordenamiento jurídico de una disposición cuya vigencia ha caducado; asimismo, declarando no ha lugar el recurso de inconstitucionalidad en cuanto al artículo 18-A, incorporado por adición mediante Decreto No. 198-11, modificado por Decreto No. 05-2012, al Decreto No. 67-2008, contentivo de la Ley Orgánica de la Policía Nacional.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, habiendo conocido el parecer del Ministerio Público, POR MAYORIA DE VOTOS por haber disentido los Magistrados Oscar Fernando Chinchilla Banegas, Jacobo Antonio Cálix Hernández, Carlos David Cálix Vallecillo, Marco Vinicio Zúniga Medrano, Silvia Trinidad Santos Moncada y José Elmer Lizardo Carranza y haciendo aplicación de los artículos números: 1, 59, 60, 72, 80, 82, 184, 185, 303, 304, 313 atribución 5ta., 316 numerales 1 y 2, artículo 315, 321, 323, 324, 328 y 332 de la Constitución de la República; 1, 7, 10 y 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 3, 14, 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 2, 4 y 5 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 1, 11 y 74 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 numeral 3, artículo 4, 74, 75, 76 77 numeral 1, 78, 92 y 94 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 6 atribución 5ta del Reglamento Interno de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: PRIMERO: Declarando NO HA LUGAR los Recursos de Inconstitucionalidad Nos. 499-2012 y 503-2012 incoados contra la Ley Especial para la Depuración Policial contenida en el Decreto No. 89-2012 de fecha 24 de Mayo del 2012, según publicación del Diario Oficial La Gaceta No. 32,829 de fecha 25 de Mayo del 2012, ya que no obstante que su contenido resultaba inconstitucional, su vigencia y aplicabilidad finalizó el 25 de noviembre del 2012, conforme el plazo establecido en el artículo 2 del mismo Decreto. SEGUNDO: Declarando NO HA LUGAR el Recurso de Inconstitucionalidad No. 503-2012 incoado contra el Artículo 18-A contenido en el Decreto No. 198-11, publicado en el Diario oficial La Gaceta número 32,666 de fecha 11 de noviembre de 2011, modificado mediante Decreto No. 05-12, publicado en el Diario Oficial La Gaceta número 32,753 de fecha 21 de febrero de 2012, mediante los cuales se reformó la Ley Orgánica de la Policía Nacional de Honduras, contenida en el Decreto 67-2008, publicado en La Gaceta No. 31,749 del 31 de octubre de 2008. Y MANDA: Que oportunamente se remitan los antecedentes a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. NOTIFIQUESE.- FIRMA Y SELLO.- JORGE ALBERTO RIVERA AVILES.- PRESIDENTE.- JOSE TOMAS ARITA VALLE.- ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM.- OSCAR FERNANDO CHINCHILLA BANEGAS.- JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ.- CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO.- MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO.- EDITH MARIA LOPEZ RIVERA.- SILVIA TRINIDAD SANTOS MONCADA.- GERMAN VICENTE GARCIA GARCIA.- JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA.- MARCO TULIO BARAHONA VALLE.- JOSE ANTONIO MEJIA Y MEJIA.- REINA SAGRARIO SOLORZANO JUAREZ.- EDITH URTECHO LOPEZ.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRUZ MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL.” CONSIDERANDO (7): Que ante lo expuesto y no siendo pertinente hacer un sobre la procedencia o no de un nuevo pronunciamiento de la Justicia Constitucional en cuanto a la constitucionalidad del decreto impugnado, reiterando el criterio ya emitido en los Recursos de Inconstitucionalidad Acumulados con número de registro 499 y 503-12, como queda dicho, nos encontramos que de conformidad a lo establecido por el diccionario jurídico[2], la acción de reiterar implica un volver a decir o hacer. En este caso concreto pues, la emisión de una nueva sentencia de inconstitucionalidad, reiterando la declaratoria ya efectuada en el fallo de mérito, implicaría tácitamente un volver a decir y ordenar un hacer que desconocería indirectamente la emisión de la sentencia de fecha veintiocho (28) de febrero de dos mil trece (2013), en los Recursos de Inconstitucionalidad Acumulados con número de registro 499 y 503-12.-CONSIDERANDO (8): Que en un sentido formal o estrictamente conceptual, la regla stare decisis, implica la obligación de la Sala como órgano de la Justicia Constitucional, de estarse a lo resuelto o determinado por la jurisprudencia que emana del propio Tribunal Supremo, omitiendo en consecuencia, cualquier pronunciamiento que pudiese contradecir o poner en duda la certeza de la cosa juzgada emanada de sus fallos. Así, ante los efectos generales o erga omnes, que caracterizan a los fallos recaídos en las acciones de Inconstitucionalidad, en un sentido negativo, encontramos que la regla del stare decisis, la cual se encuentra regulada explícitamente por nuestro ordenamiento adjetivo, en su artículo 91, el cual prescribe: “La Sala de lo Constitucional podrá desestimar toda acción, excepción o cuestión de inconstitucionalidad cuando los motivos alegados sean los mismos, aunque se trate de personas distintas, en que se hubiese sustentado un proceso anterior en el que la respectiva sentencia haya declarado sin lugar la inconstitucionalidad.”. De igual forma, en su sentido positivo, al existir una motivación estimatoria, y con ello un pronunciamiento sobre la pertinencia que corresponda, al alcance de la declaratoria de inconstitucionalidad, en función de los efectos ex nunc, implícitos en la misma, la jurisprudencia de la Sala ha determinado como regla stare decisis[3], el admitir la posibilidad de dictar sentencias de sobreseimiento en acciones de inconstitucionalidad, bien sea atendiendo a la impertinencia de un pronunciamiento por virtud de la realidad que supone el ámbito temporal de validez de la norma o decreto impugnado; o bien a la existencia o no de mérito constitucional en lo planteado por los garantistas.-CONSIDERANDO (9): Que una vez expuesto lo anterior, resulta claro que el fallo dictado en fecha veintiocho (28) de febrero del año dos mil trece (2013) y al cual se ha hecho referencia, recaído en las acciones de inconstitucionalidad acumuladas con números registro 499 y 503-12, resultó desestimatorio de la inconstitucionalidad alegada en cuanto a la reforma legal del artículo 18-A de la Ley Orgánica de la Policía Nacional (Decreto 67-2008), el cual resulta ahora reformado mediante el Decreto 202-2012 emitido por el Congreso Nacional de la República y publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” número 33,007 en fecha veintidós (22) de diciembre del año dos mil doce (2012); conteniendo ambas reformas legales el refrendo del mecanismo de evaluación de pruebas de confianza denominado el “POLÍGRAFO”, el cual ha venido siendo empleado desde entonces, en su caso y oportunidad legal, como causal para el despido del cargo a miembros de la Carrera Policial. Lo anterior, en el marco del proceso continúo de depuración policial, a través de la aplicación de pruebas de confianza por parte de las autoridades competentes.- CONSIDERANDO (10): Que el dispositivo legal a que hace referencia en el anterior acápite, hace expresa mención del mecanismo de evaluación de confianza denominado “POLÍGRAFO”, el cual ha sido empleado - como queda dicho - como causal para efectuar el despido del cargo a miembros de la Carrera Policial, lo cual constituiría el objeto primordial del presente control de constitucionalidad, según lo ha promovido parte legitimada. - A juicio de la Sala, lo anterior tornaría en reiterativo y, por ende, innecesario el dictar un nuevo pronunciamiento sobre el fondo sobre la constitucionalidad de la norma legal impugnada, si se parte sobre la base de similares argumentaciones a las ya esgrimidas al anterior enjuiciamiento constitucional de la norma en referencia, pues ésta se reconduce siempre a imponer la práctica del Polígrafo a los miembros de la Carrera Policial como parte de la evaluación de pruebas de confianza. De lo anterior resultaría fundada la improcedencia de la presente acción de inconstitucionalidad y la emisión del consiguiente sobreseimiento.-POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oído el parecer de la Fiscalía para la Defensa de la Constitución, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los artículos 1 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1, 60, 80, 90, 105, 184, 185 párrafo 1º., 303, 304, 313 atribución 5ª y 321 de la Constitución de la República; 1, 11 y 74 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, y; 74, 75, 77, 79 y 91 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: Declarar que al ser firme el fallo de inconstitucionalidad dictado por la Corte Suprema de Justicia, en fecha veintiocho (28) de febrero de dos mil trece (2013), del cual se ha hecho referencia, en los Recursos de Inconstitucionalidad Acumulados con número de registro 499 y 503-12, declarándolos “NO HA LUGAR, se tornaría reiterativa la emisión de un nuevo pronunciamiento sobre la constitucionalidad del decreto impugnado con basamento en similares motivos, aun y cuando lo promuevan en esta ocasión diferentes actores constitucionales; razón por la cual se sobresee la acción de mérito interpuesta por los Abogados JOSE ARMANDO ESPINAL y MARCO ANTONIO SANCHEZ actuando en su condición de Apoderados Legales de los señores DAGOBERTO CARRASCO CANALES, ROGER GUILLERMO SANCHEZ ZAVALA, RAUL ANTONIO MORALES JIMÉNEZ, FATIMA MARITZA ULLOA BECERRA, ADAN ASDRÚBAL DEL CID CABRERA, DUNIA LISBETH SANTOS ZUNIGA, CARLOS ERNESTO CASTRO, CESAR ALBERTO MARTINEZ SANCHEZ, FERNANDO ÁLVAREZ OLIVA, HECTOR JACOBO AVILA ACOSTA, MELIDA ESPERANZA MOLINA LAGOS, OSMAN NOEL BARAHONA ANDARA, OSCAR FRANCISCO ROMERO LAGOS, IRVING GERONIMO OSORIO PAZ, ELMAN ORLANDO SABILLON SABILLON, FREDY JEOVANNY GARCIA AGUILAR, EDWIN GUSTAVO MEJIA TORRES, JOSE ANTONIO GARCIA SANTOS, FANY CAROLINA BARAHONA, ROGER ALEXIS CACERES RIVAS, WALTER DANILO CARRANZA OLIVERA, VIDAL MALDONADO ESPINOZA, JORGE ALBERTO RODRÍGUEZ LOPEZ, PEDRO ANTONIO ORTIZ MARADIAGA, ANY SABEL y ENMA SUYAPA CASCO MORENO; TODOS MIEMBROS DE LA CARRERA POLICIAL PERTENECIENTES A LA DIRECCION NACIONAL DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL (DNIC). Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente sentencia, se certifique la misma a los Recurrentes para los efectos legales consiguientes y que se proceda al archivo de los antecedentes. NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los veinticuatro (24) días del mes de abril del año dos mil diecisiete (2017), Certificación de la Sentencia de fecha veintiocho (28) de febrero del año dos mil diecisiete (2017) recaída en el Recurso de Inconstitucionalidad, registrado en este Tribunal bajo el número 1038-2013.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1] Ver la sentencia recaída en los Recursos de Inconstitucionalidad Acumulados con número de registro 499 y 503-12, emitida por el pleno de la Corte Suprema de Justicia en fecha 28 de febrero de 2013.

[2] Ver, tomo 7, pág. 128, del Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual de Guillermo Cabanellas de Torres.

[3] Ver en igual sentido al caso que se resuelve sentencias dictadas en las acciones de inconstitucionalidad con registros Nos. 760-11, 764-11 y 530-98; y en el sentido genérico de la formula “sobreseimiento” como mecanismo de solución de un proceso de inconstitucionalidad ver entre otras las acciones con registros Nos. 524-05, 444 y 445-08 y 306-13.