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Sentencia EP-627-17 — Registro 9820

Resumen

En revisión las diligencias que contienen la sentencia dictada por la Corte, que declaró no ha Lugar el Recurso de Exhibición Personal en favor de los señores Mainor Alexander Ayala, Shon Antonie Allen Mcpride y Álvaro Viera Gómez contra actuaciones de Fuerza Naval Hondureña, con relación a la detención injustificada de los recurrentes

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “CONSIDERANDO (8): Que este Alto Tribunal concluye de todo lo anteriormente relacionado, que la Alzada ordenó las diligencias pertinentes para poder dar con el paradero de los agraviados y si bien pudieron llevarse a cabo otras más, se pudo obtener información factible de parte del recurrente, obtenida de parte de familiares, en cuanto a que los señores MAINOR ALEXANDER AYALA, SHON ANTONIE ALLEN MCPRIDE y ÁLVARO VIERA GÓMEZ se encuentran viviendo en los Estados Unidos de América, con lo cual esta Sala advierte que al emitirse la sentencia objeto de estudio, la referida Alzada ha hecho acopio en forma oportuna, de las disposiciones y normas que rigen y rectoran la justicia constitucional, aplicándolas debidamente al caso que fue sometido a su conocimiento y resolución; en consecuencia al no haberse demostrado de los informes respectivos ni de las actuaciones ordenadas al efecto por los Jueces Ejecutores designados, las violaciones de alguno o algunos de los supuestos establecidos en los Artículos 13 y 24 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, procedía, de acuerdo con lo estipulado por el Artículo 38 de ese mismo cuerpo normativo, declarar no ha lugar el recurso de exhibición personal de mérito, como así se hizo y en tal virtud, resulta procedente, a criterio de esta Sala de lo Constitucional, CONFIRMAR la sentencia venida en revisión.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintisiete de septiembre de dos mil diecisiete.- VISTAS: En revisión las diligencias que contienen la sentencia dictada por la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA, en fecha dieciséis (16) de agosto de dos mil diecisiete (2017), que declaró NO HA LUGAR el Recurso de Exhibición Personal interpuesto por el Abogado MARLON ADRIAN REYES ELVIR a favor de los señores MAINOR ALEXANDER AYALA, SHON ANTONIE ALLEN MCPRIDE y ÁLVARO VIERA GÓMEZ contra actuaciones de FUERZA NAVAL HONDUREÑA, con relación a la detención injustificada de los recurrentes.- ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha siete (7) de diciembre de dos mil doce (2012), compareció ante la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA, el Abogado MARLON ADRIAN REYES ELVIR, interponiendo Recurso de Exhibición Personal a favor de los señores MAINOR ALEXANDER AYALA, SHON ANTONIE ALLEN MCPRIDE y ÁLVARO VIERA GÓMEZ, contra actuaciones de FUERZA NAVAL HONDUREÑA, manifestando el peticionario que sus representados se encontraban realizando faenas de pesca en aguas nacionales entre las islas de Roatán y Guanaja, cuando sin justificación, fueron capturados y detenidos. (Folios 1–3 del antecedente)- 2) Que en la misma fecha, la citada Corte, tuvo por admitido el recurso de mérito y nombró como Juez Ejecutora a la Abogada VERA ELOÍSAGÁLVEZ, Coordinadora de Fiscales del Ministerio Público (MP) del departamento de Islas de la Bahía a efecto de que rindiera un informe sobre los extremos consignados en el presente recurso. (Folio 4 del antecedente)- 3) Que la Juez Ejecutora VERA ELOÍSA GÁLVEZ compareció ante la Corte de Apelaciones antes citada, y en el ejercicio de las responsabilidades inherentes a su cargo, rindió el informe correspondiente, consignando entre otros extremos, lo siguiente: A) Que en el informe presentado en fecha once (11) de diciembre del dos mil doce (2012), la Juez Ejecutora VERA ELOÍSAGÁLVEZ manifiesta que tras no poder comunicarse por vía telefónica, procedió a enviar Oficios a la Base de la Fuerza Naval en Guanaja y Utila, a través del Teniente de Fragata ARNOLD VIDAL REYES GARÍN y al Capitán de Fragata MATEO MEJÍA, para que en el término de dos (2) horas, informaran todos los detalles de la detención de los recurrentes y la autoridad a la que fueron remitidos; esperó la información hasta las dos con treinta minutos de la tarde (2:30 p.m.) del día once (11) de diciembre de dos mil doce (2012), pero no tuvo ninguna respuesta, por lo que sugirió que se nombrara a un Juez Ejecutor de los municipios de Utila y Guanaja, para que constataran los hechos, ya que, le había sido imposible recabar la información; B) Tras una solicitud de ampliación de informe, la Juez Ejecutora estableció, que la Fuerza Naval con sede en la Isla de Guanaja, rindió informe en fecha diecisiete (17) de diciembre de dos mil doce (2012), donde se manifestó que no tenían ninguna participación de los recurrentes, y también mencionaron, que en muchas oportunidades los Guardacostas Estadounidenses que patrullan el Caribe, se encargan de detener personas y embarcaciones que cometen actos ilícitos, los cuales ellos se llevan para ser juzgados por sus autoridades judiciales; así mismo, en esa misma fecha, se recibió vía fax un informe del Director General de la Marina Mercante, en donde consta que los Guardacostas de los Estados Unidos solicitaron autorización para abordar las embarcaciones CAYOS TOUR y CAYOS TOUR 2, y que los recurrentes se encontraban en la segunda embarcación, y ya que la detención fue realizada fuera del ámbito territorial hondureño, no existía competencia de los tribunales hondureños para proceder a decretar la existencia de una detención ilegal o no; C) Que en fecha nueve (9) de enero de dos mil trece (2013), se nombró como Juez Ejecutor al abogado LUIS MANUEL ROSALES, Defensor Público de Tegucigalpa, para completar los informes antes presentados y se investigara el paradero de los recurrentes, por lo cual solicitó información a la Dirección de Asuntos Especiales de la Dirección de la Secretaría de Estado en los Despachos de Relaciones Exteriores; en fecha dieciséis (16) de enero de dos mil trece (2013), el Juez Ejecutor rindió un informe en donde manifiesta que el Director General de Asuntos Especiales, el Señor RAMON VALLADARES REINA, envío un oficio en el que manifestó que desconocía el paradero de los recurrentes, ya que sus funciones se circunscribían a las gestiones diplomáticas propias de su cargo y, por lo tanto, a ellas se limitaban. (Folios 6, 7, 27, 28, 51–53 del antecedente)- 4) Que en fecha dieciocho (18) de enero de dos mil trece (2013), la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA, resolvió: “… en vista que a la fecha no se ha determinado la ubicación de los señores ALEXANDER AYALA, SHON ANTONE ALLEN MCBRIDE Y ÁLVARO VIERA GÓMEZ; mucho menos si han aparecido o se encuentran en algún lugar, procédase a mantener en Reserva las presentes diligencias, y enviar oficio a las autoridades que se denuncian, como es la Base de Puerto Castilla, Trujillo, Colón y la Policía de Roatán, Islas de la Bahía a efecto de comunicar que el expediente sigue abierto mientras no se determine el paradero de los señores ALEXANDER AYALA, SHON ANTONE ALLEN MCBRIDE Y ÁLVARO VIERA GÓMEZ e instarla para que continué realizando las investigaciones necesarias para dar con el paradero de dichos señores….”. (Folio 54 del antecedente).- 5) Que en fecha diez (10) de agosto de dos mil diecisiete (2017), la Receptora de la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA, Abogada ILSA L. AMADOR RIVERA hace constar que se comunicó con el Abogado MARLON ADRIAN REYES ELVIR para preguntarle por los señores MAINOR ALEXANDER AYALA, SHON ANTONIE ALLEN MCPRIDE y ÁLVARO VIERA GÓMEZ, a lo que éste manifestó que en el año dos mil dieciséis (2016), se comunicó con los familiares de los mismos, y estos le manifestaron que los citados señores estaban viviendo en Estados Unidos de Norte América; sin indicar dirección y sin tener algún comprobante. (Folio 69 del antecedente)- 6) Que en fecha dieciséis (16) de agosto de dos mil diecisiete (2017), la Corte Segunda de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, dictó sentencia en la cual:“FALLA:PRIMERO: DECLARANDO NO HA LUGAR el Recurso de EXHIBICIÓN PERSONAL interpuesto en la fecha antes indicada, por el abogado MARLON ADRIAN REYES ELVIR, a favor de los señores MAINOR ALEXANDER AYALA, SHON ANTONIE ALLEN MCBRIDE Y ÁLVARO VIERA GÓMEZ; de conformidad a lo expuesto mediante esta resolución.” (Folios 71–74 del antecedente)- 7) Que en fecha veintiuno (21) de agosto de dos mil diecisiete (2017), esta Sala recibió para su revisión el expediente que contiene el Recurso de Exhibición Personal de mérito, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 39 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- CONSIDERANDO (1):Que de conformidad con lo establecido en el artículo 182 de la Constitución de la República: “El Estado reconoce la garantía de Hábeas Corpus o de Exhibición Personal. En consecuencia, toda persona agraviada o cualquier otra en nombre de ésta tiene derecho a promoverla: 1º Cuando se encuentre ilegalmente presa, detenida o cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad individual; y 2º. Cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción o molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión”.- CONSIDERANDO(2): Que se revisa la ya mencionada sentencia dictada por la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA, de dieciséis de agosto de dos mil diecisiete, que declaró NO HA LUGAR el recurso de exhibición personal de que se ha hecho mérito, estimando que la detención denunciada en este caso, no se encuentra contemplada en la ley como ilegal o arbitraria, conforme a la ley, en específico el artículo 24 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- CONSIDERANDO (3): Que analizando las alegaciones del recurrente, se advierte que los hechos denunciados giraron en torno a la detención de los afectados por parte de autoridades nacionales y extranjeras, la cual tuvo lugar, según expuso, cuando éstos estaban realizando labores de pesca en aguas nacionales. A lo largo del trámite del recurso, resultó cuestionable el hecho que no fueron las autoridades hondureñas las que proporcionaron la información pertinente al paradero de los agraviados, sino que fue el propio recurrente, Abogado MARLON ADRIÁN REYES ELVIR quien presentó la documentación relevante al caso originada en los Estados Unidos, la cual inexplicablemente no fue conocida ni suministrada por las autoridades nacionales, las cuales dejaron entrever una lamentable indiferencia en torno a los hechos denunciados y sobre todo a contribuir a dar con el paradero de los ciudadanos hondureños involucrados, limitándose a sostener desconocimiento de lo ocurrido, lo cual resulta discordante con los documentos emanados de la Guardia Costera de los Estados Unidos de América que corren agregados al expediente de mérito y que fueron allegados por el ya mencionado recurrente, en donde claramente se establece que las embarcaciones CAYOS TOURS Y CAYOS TOURS 2, tripulada por los referidos agraviados, efectivamente fueron objeto de detención por la Guardia Costera de los Estados Unidos ante sospecha de transportar droga, la cual fue, según consta del informe de la autoridad estadounidense, encontrada cuando fue lanzado a la mar en “aguas internacionales” un paquete que contenía cocaína, según refiere el mismo informe.- CONSIDERANDO (4):Que al no haberse logrado dar con el paradero de los agraviados durante el trámite, la Alzada estimó correctamente decretar, en fecha dieciocho de enero de dos mil trece, la reserva de las actuaciones en este caso, tal y como lo establece el artículo 29 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, ordenado las diligencias pertinentes para poder encontrar a los afectados. Esta Sala encuentra que si bien pudieron llevarse a cabo otras diligencias para este fin, las que de hecho fueron dispuestas por la Alzada pero no concretadas, logra advertirse que han transcurrido más de tres años desde la resolución de reserva en referencia, constando de autos, también de voz del propio recurrente ysegún consignó la señora Receptora de la precitada Corte de Alzada, que los agraviados estaban viviendo en los Estados Unidos de América, según le manifestaron sus familiares en el año dos mil dieciséis, sin haber manera de contactarlos en aquel país, razón por la cual el Tribunal de Apelación estimó declarar sin lugar el recurso de mérito, conforme ha sido así dispuesto en el fallo que se revisa.- CONSIDERANDO (5):Que de acuerdo con la motivación de la sentencia que se revisa, se determinó por parte de la referida Alzada que el propósito fundamental del recurso de habeas corpus es tutelar el derecho constitucional de la libertad personal, no obstante, no es ésta su única finalidad como erróneamente lo refiere el fallo consultado, puesto que el recurso de exhibición personal además conlleva una función reparadora, correctiva o preventiva encaminada a tomar las medidas necesarias e inmediatas con el propósito de hacer cesar las violaciones a la libertad personal o los malos tratos, tormentos, torturas o vejámenes que se apliquen al detenido en su prisión legal, buscando con ello la reintegración al orden constitucional cuando éste ha sido desconocido o violado por la autoridad pública.- CONSIDERANDO (6):Que de conformidad con el artículo 38 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, se declarará con lugar la exhibición personal, cuando se constate la violación de alguno (s) de los supuestos establecidos en los Artículos 13 y 24 de esta Ley. En caso contrario se declarará sin lugar.- CONSIDERANDO (7): Que el artículo 13 de la Ley Sobre Justicia Constitucional dispone que procede el recurso de habeas corpus o exhibición personal cuando el agraviado : a) Se encuentre ilegalmente presa, detenida, cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad; y, b) Cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción o molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión. Por su parte el artículo 24 de la misma ley establece que es ilegal y arbitraria: 1) Toda orden verbal de prisión o arresto, salvo si tiene como finalidad impedir la inminente comisión de un delito, la fuga de quienes hayan participado en aquél o evitar daños graves a las personas o a la propiedad; 2) Toda orden de prisión o arresto que no emane de autoridad competente o que haya sido expedida sin las formalidades legales o por motivos que no hayan sido previamente establecidos en la ley; y, 3) Toda detención o arresto que no se cumpla en los centros destinados para el efecto por el Estado.- CONSIDERANDO (8): Que este Alto Tribunal concluye de todo lo anteriormente relacionado, que la Alzada ordenó las diligencias pertinentes para poder dar con el paradero de los agraviados y si bien pudieron llevarse a cabo otras más, se pudo obtener información factible de parte del recurrente, obtenida de parte de familiares, en cuanto a que los señores MAINOR ALEXANDER AYALA, SHON ANTONIE ALLEN MCPRIDE y ÁLVARO VIERA GÓMEZ se encuentran viviendo en los Estados Unidos de América, con lo cual esta Sala advierte que al emitirse la sentencia objeto de estudio, la referida Alzada ha hecho acopio en forma oportuna, de las disposiciones y normas que rigen y rectoran la justicia constitucional, aplicándolas debidamente al caso que fue sometido a su conocimiento y resolución; en consecuencia al no haberse demostrado de los informes respectivos ni de las actuaciones ordenadas al efecto por los Jueces Ejecutores designados, las violaciones de alguno o algunos de los supuestos establecidos en los Artículos 13 y 24 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, procedía, de acuerdo con lo estipulado por el Artículo 38 de ese mismo cuerpo normativo, declarar no ha lugar el recurso de exhibición personal de mérito, como así se hizo y en tal virtud, resulta procedente, a criterio de esta Sala de lo Constitucional, CONFIRMAR la sentencia venida en revisión.- POR TANTO: La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, POR UNANIMIDAD de votos, y en aplicación de los artículos: 1, 64, 69, 182, 303, 304, 313 atribución 5ta., 316 numeral 1 Y 321 de la Constitución de la República; 1, 2, 5 y 7 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 12 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 No.1, 13 No.1, 14, 17, 19, 31, 37 y 38 de la Ley sobre Justicia Constitucional; FALLA: CONFIRMANDO la sentencia dictada por la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDAde fecha dieciséis (16) de agosto de dos mil diecisiete (2017), que declaró NO HA LUGAR el Recurso de Exhibición Personal interpuesto por el Abogado MARLON ADRIAN REYES ELVIR a favor de los señores MAINOR ALEXANDER AYALA, SHON ANTONIE ALLEN MCPRIDE y ÁLVARO VIERA GÓMEZ contra actuaciones de FUERZA NAVAL HONDUREÑA, con relación a la detención injustificada de los recurrentes; Y MANDA: Que con certificación de esta sentencia se devuelvan los antecedentes al tribunal de su procedencia, para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiocho (28) días del mes de noviembre del año dos mil diecisiete (2017), certificación de la Sentencia de fecha veintisiete (27) de septiembre del año dos mil diecisiete (2017), recaída en el Recurso de exhibición Personal Venido en Revisión, registrado en este Tribunal bajo el número 0627-2017.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL