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Sentencia EP-567-17 — Registro 10520

Resumen

Resolución que declaró sin lugar recurso de mérito y vencimiento de prisión preventiva, con relación a la causa instruida contra beneficiario por suponerlo responsable del delito de Homicidio Simple,según impetrante,en el expediente no existe constancia de ampliación de la prisión preventiva que fuera otorgada por la Sala de lo Penal

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que analizada la normativa Sobre Derechos Humanos, esta Sala encuentra que no se confronta la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, a la que nos hemos referido en esta resolución, en virtud de que la petición del recurrente, no se encuentra enmarcada en ninguna de las disposiciones sobre materia constitucional, ciertamente que no se ha redactado la sentencia al momento en que el Juez ejecutor cumplió su cometido, pero también es cierto que la libertad de los imputados fue restringida, por orden de autoridad competente, y que se mantiene la medida cautelar de prisión preventiva con base y fundamento en lo establecido tanto en la Constitución de la República, la Ley Sobre Justicia Constitucional, el Código Procesal Penal en su artículo 181 y el artículo 30 y 32 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, que establece las restricciones permitidas por ésta Convención, apuntada en párrafos que anteceden.- CONSIDERANDO: Que analizado el fallo del Ad-quem, esta Sala aprecia, que la acción de exhibición personal no se enmarca dentro de los presupuestos que establece la Ley Sobre Justicia Constitucional en sus artículos 13 y 24, como resultado del informe rendido por el Juez Ejecutor nombrada al efecto, mediante el cual se constató que el señor DANIEL ISAIAS VALLADARES GUEVARA no se encuentra detenido de manera ilegal, sino por orden de autoridad competente, requisito necesario para establecer la legalidad de la privación de libertad, en consecuencia no concurre infracción o inobservancia de las normas constitucionales que hayan dado lugar a la vulneración del derecho a la libertad como lo dice el recurrente.- CONSIDERANDO: Que la Carta Magna en su artículo 69, establece la inviolabilidad del derecho a la libertad y los casos en que puede ser suspendida o restringida, lo que significa que la libertad individual es la regla general y solo por excepción, sobre la base de razones legales con intervención del órgano jurisdiccional competente puede ser restringida; el acusado ha sido sometido a la justicia mediante Requerimiento del Ministerio Público, por hecho constitutivo de delito, previamente establecidos en la ley, lo que ha dado lugar al seguimiento del proceso y posterior fallo condenatorio. La detención de los acusados ha emanado de autoridad competente por lo que analizado el fallo del Ad-quem, esta Sala aprecia, que la resolución venida en revisión contiene la motivación suficiente cumpliendo con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, por lo que procede su confirmación.- CONSIDERANDO: Que del estudio de los antecedentes esta Sala encuentra que el tiempo transcurrido desde que se dictó el fallo, sin la individualización de la pena, sin que se hubiera redactado la sentencia correspondiente, excede el límite de lo tolerable en cuanto al cumplimiento de las funciones que se le ha confiado a los Jueces, quienes devienen obligados a cumplir los plazos señalados en la ley, aún y cuando exista una normativa que como en el caso que nos ocupa les permite mantener la medida cautelar cuestionada, no justifica de ninguna manera la prolongación en el tiempo con vicios de negligencia, para redactar una sentencia"

Legislación citada

  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 30 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 32 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Ley sobre Justicia Constitucional, art. 13 (Rango Constitucional)
  • Ley sobre Justicia Constitucional, art. 24 (Rango Constitucional)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintisiete de Octubre de dos mil diecisiete.- VISTA: En Revisión las diligencias que contienen la sentencia emitida por la Corte de Apelaciones Seccional de Choluteca y Valle, en fecha treinta de junio del año dos mil diecisiete, que declara sin lugar el Recurso de Exhibición Personal, interpuesto por el señor DANIEL ISAIAS VALLADARES GUEVARA, a favor del señor OSMER RAMON VALLADARES, contra actuaciones del Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial de Choluteca y Valle, alegando el peticionario el vencimiento de la prisión preventiva, con relación a la causa instruida contra el señor OSMER RAMON VALLADARES, por suponerlo responsable del delito de HOMICIDIO SIMPLE en perjuicio del señor ELVIS RODIL PORTILLO ESPINAL.- ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha dieciséis de junio del año dos mil diecisiete, compareció ante la Corte de Apelaciones Seccional de Choluteca y Valle, el señor DANIEL ISAIAS VALLADARES GUEVARA, presentando recurso de Exhibición Personal, a favor del señor OSMER RAMON VALLADARES, manifestando el peticionario que al revisar el expediente 12-16, contentivo de la causa que se ventila en el Tribunal de Sentencia de esta ciudad de Choluteca, se dio cuenta que el señor OSMER RAMON VALLADARES, se encontraba en ilegal detención desde el día nueve de junio del año dos mil diecisiete, ya que la prisión preventiva decretada por el Juzgado de primera instancia en audiencia inicial celebrada en fecha ocho de junio del año dos mil quince, es clara al exponer que es por el termino de DOS AÑOS, y hasta la fecha de interposición del recurso, en el Tribunal de Sentencia estaba pendiente una audiencia de individualización y no había Sentencia Definitiva, de igual manera pudo observar que en el expediente no existe constancia de ampliación de la prisión preventiva que fuera otorgada por la Honorable Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, por lo que el recurrente estima existe una detención ilegal por un atraso injustificado del proceso. (Folios 01 al 02 de la pieza de antecedentes).- 2) Que en fecha dieciséis de junio de dos mil diecisiete, la referida Corte de Apelaciones; tuvo por recibido el recurso de Exhibición Personal, relacionado en el inciso anterior. Nombrando en fecha veinte de junio de dos mil diecisiete, como Juez Ejecutor a la Abogada FATIMA GABRIELA GALLEGOS WILLIAMS, Defensora Pública de la ciudad de Choluteca, a fin de que ordenara la inmediata exhibición del agraviado, como también rindiera un informe detallado de los hechos alegados por el recurrente. (Folio 03 de los antecedentes).- 3) Que en fecha veintiuno de junio de dos mil diecisiete, la Abogada FATIMA GABRIELA GALLEGOS WILLIAMS, en su condición indicada, y en el ejercicio de las responsabilidades inherentes a su cargo, rindió el informe correspondiente consignando entre otros extremos lo siguiente: A) Se personó en la receptoría del Tribunal de Sentencia de Choluteca y Valle, siendo atendida por la receptora MARIA ESPERANZA GALO, solicitando mediante escrito le rindiera un informe sobre la situación jurídica del señor OSMER RAMON VALLADARES. B) Seguidamente se trasladó a la Penitenciaría Nacional de Choluteca, constatando que el privado de libertad OSMER RAMON VALLADARES, se encontraba en buen estado de salud, no estaba siendo objeto de maltratos ni vejámenes. C) Posteriormente se avocó al archivo del Tribunal, donde se le puso a la vista el expediente de mérito, donde constató que se presentó requerimiento fiscal al señor OSMER RAMON VALLADARES, ordenando las respectivas órdenes de captura, siendo capturado el tres de junio de dos mil quince, y siguiéndose el proceso se realizó audiencia inicial en fecha ocho de junio de dos mil quince, decretando auto de formal procesamiento y decretando prisión preventiva por el término de dos años; el Juzgado le decretó Apertura a Juicio en fecha once de enero de dos mil dieciséis, remitiendo las diligencias al Tribunal de Sentencia, habiéndose efectuado el juicio oral y público el día jueves catorce de marzo de dos mil diecisiete, dictándose el fallo el dieciséis de marzo de dos mil diecisiete, donde declararon culpable al señor OSMER RAMON VALLADARES, por el delito de homicidio. D) Que habiendo fallo condenatorio, se señaló en varias ocasiones audiencia de individualización de pena, misma que no se pudo efectuar en las fechas que se habían señalado en su momento, en fecha ocho de junio de dos mil diecisiete, el Tribunal señaló de oficio audiencia de individualización de la pena, la que no se realizó en vista de que el Ministerio Público solicitó una constancia para la ampliación de la prisión preventiva, y la Defensora Pública solicitó audiencia de revisión de medidas, habiéndose señalado la misma para el día quince de junio de dos mil diecisiete, la que no se realizó habiéndose señalado nuevamente para el día veinte de junio de dos mil diecisiete, siendo la resolución por mayoría de votos de lo jueces del Tribunal que se denegara dicha revisión, siendo del criterio que al existir un fallo condenatorio de primera fase, el cual fue resultado de una deliberación de los jueces intervinientes en el proceso, y por lo tanto ellos mismos mencionan que no existe detención ilegal o vencimiento de la prisión preventiva en virtud de la existencia del fallo condenatorio. E) Que en base a lo actuado la Jueza Ejecutora fue del criterio de DECLARAR SIN LUGAR el Recurso de Exhibición Personal.- 4) Que en fecha treinta de junio del año dos mil diecisiete, la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Choluteca y Valle, dictó sentencia mediante la cual falló: DECLARAR SIN LUGAR el recurso de exhibición personal o habeas corpus interpuesto por el señor DANIEL ISAIAS VALLADARES GUEVARA, a favor del señor OSMER RAMON VALLADARES. (Folios 22 al 25 de la pieza de los antecedentes.- 5) Que en fecha uno de agosto del año dos mil diecisiete, esta Sala, recibió para su revisión, el expediente que contiene el Recurso de Exhibición Personal interpuesto por el señor DANIEL ISAIAS VALLADARES GUEVARA a favor del señor OSMER RAMON VALLADARES; en estricto cumplimiento al artículo 39 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- CONSIDERANDO: Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer en Revisión la Garantía de Exhibición Personal acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 3 en relación al artículo 182 de la Constitución de la República; así como lo previsto en el artículo 39 párrafo último de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.- CONSIDERANDO: Que la acción de Exhibición Personal es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario, que de conformidad al artículo 182 de nuestra Constitución concordado con el artículo 13 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada por cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta y tiene por objeto la restitución o aseguramiento de la libertad, o se hagan cesar los tormentos, torturas, tratos crueles, inhumanos, degradantes, vejámenes, exacciones ilegales o demás coacciones, restricciones o molestias causadas.- CONSIDERANDO: Que se conoce en Revisión, la sentencia de fecha treinta de junio del año dos mil diecisiete, dictada por la Corte de Apelaciones Seccional de Choluteca y Valle, que declara sin lugar el Recurso de Exhibición Personal, interpuesto por el señor DANIEL ISAIAS VALLADARES GUEVARA, a favor del señor OSMER RAMON VALLADARES, contra las actuaciones del Tribunal de Sentencia de Choluteca y Valle, en relación a la causa que se le instruye por suponerlo responsable del delitos de: HOMICIDIO SIMPLE en perjuicio del señor ELVIS RODIL PORTILLO ESPINAL.- CONSIDERANDO: Que los hechos con relevancia para la presente acción de Habeas Corpus y a los que se refiere el Escrito de petición de dicha acción son los siguientes: manifiesta el peticionario que al revisar el expediente 12-16, contentivo de la causa que se ventila en el Tribunal de Sentencia de esta ciudad de Choluteca, se dio cuenta que el señor OSMER RAMON VALLADARES, se encontraba en ilegal detención desde el día nueve de junio del año dos mil diecisiete, ya que la prisión preventiva decretada por el Juzgado de primera instancia en audiencia inicial celebrada en fecha ocho de junio del año dos mil quince, es clara al exponer que es por el termino de DOS AÑOS, y hasta la fecha de interposición del recurso, en el Tribunal de Sentencia estaba pendiente una audiencia de individualización y no había Sentencia Definitiva, de igual manera pudo observar que en el expediente no existe constancia de ampliación de la prisión preventiva que fuera otorgada por la Honorable Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, por lo que el recurrente estima existe una detención ilegal por un atraso injustificado del proceso.- CONSIDERANDO: Que la Corte de Apelaciones Seccional de Choluteca y Valle dictó sentencia declarando Sin Lugar el recurso interpuesto, atendiendo el informe de la Juez Ejecutora Abogada FATIMA GABRIELA GALLEGOS WILLIAMS, en el que se constata que en cumplimiento a la comunicación recibida: A) Se personó en la receptoría del Tribunal de Sentencia de Choluteca y Valle, siendo atendida por la receptora MARIA ESPERANZA GALO, solicitando mediante escrito le rindiera un informe sobre la situación jurídica del señor OSMER RAMON VALLADARES. B) Seguidamente se trasladó a la Penitenciaría Nacional de Choluteca, constatando que el privado de libertad OSMER RAMON VALLADARES, se encontraba en buen estado de salud, no estaba siendo objeto de maltratos ni vejámenes. C) Posteriormente se avocó al archivo del Tribunal, donde se le puso a la vista el expediente de mérito, donde constató que se presentó requerimiento fiscal al señor OSMER RAMON VALLADARES, ordenando las respectivas órdenes de captura, siendo capturado el tres de junio de dos mil quince, y siguiéndose el proceso se realizó audiencia inicial en fecha ocho de junio de dos mil quince, decretando auto de formal procesamiento y decretando prisión preventiva por el término de dos años; el Juzgado le decretó Apertura a Juicio en fecha once de enero de dos mil dieciséis, remitiendo las diligencias al Tribunal de Sentencia, habiéndose efectuado el juicio oral y público el día jueves catorce de marzo de dos mil diecisiete, dictándose el fallo el dieciséis de marzo de dos mil diecisiete, donde declararon culpable al señor OSMER RAMON VALLADARES, por el delito de homicidio. D) Que habiendo fallo condenatorio, se señaló en varias ocasiones audiencia de individualización de pena, misma que no se pudo efectuar en las fechas que se habían señalado en su momento, en fecha ocho de junio de dos mil diecisiete, el Tribunal señaló de oficio audiencia de individualización de la pena, la que no se realizó en vista de que el Ministerio Público solicitó una constancia para la ampliación de la prisión preventiva, y la Defensora Pública solicitó audiencia de revisión de medidas, habiéndose señalado la misma para el día quince de junio de dos mil diecisiete, la que no se realizó habiéndose señalado nuevamente para el día veinte de junio de dos mil diecisiete, siendo la resolución por mayoría de votos de lo jueces del Tribunal que se denegara dicha revisión, siendo del criterio que al existir un fallo condenatorio de primera fase, el cual fue resultado de una deliberación de los jueces intervinientes en el proceso, y por lo tanto ellos mismos mencionan que no existe detención ilegal o vencimiento de la prisión preventiva en virtud de la existencia del fallo condenatorio. E) Que en base a lo actuado la Jueza Ejecutora fue del criterio de DECLARAR SIN LUGAR el Recurso de Exhibición Personal.- CONSIDERANDO: Que la Jueza Ejecutora en su informe también expone que “Si bien es cierto se realizó una revisión de medidas en fecha 20 de junio de este mismo año, misma que no se le fue otorgada ya que dos jueces en este caso la abogada Ana Julia Durón y el Abogado Gustavo Escoto son del criterio que en la misma existe un fallo condenatorio de primera fase pero el mismo es el resultado de una deliberación por parte de los jueces intervinientes en este proceso y por lo tanto ellos mencionan que no existe una detención ilegal o vencimiento de la prisión en virtud de que existe un fallo condenatorio, el juez disidente de la causa es del criterio que un fallo no es una sentencia definitiva y por lo tanto cabe otorgar una revisión de medidas a favor del señor OSMER RAMON VALLADARES, esta juez ejecutora es del criterio y en base a nuestra normativa penal que si bien no existe una sentencia condenatoria firme ya que no se ha realizado la respectiva individualización de pena, nos basamos en lo que menciona el artículo 181 específicamente en su párrafo quinto donde se dice que una vez dictada la sentencia condenatoria en este caso un fallo de primera fase condenatorio la prisión preventiva podrá prolongarse durante la tramitación y resolución del recurso que contra ella pueda interponerse….., si analizamos dicho artículo existe un fallo de primera fase el cual es condenatorio siendo este producto de una deliberación de los señores jueces después de haberse evacuado todo el Juicio Oral y Público existiendo un fallo condenatorio, el cual fue dictado antes del vencimiento de la prisión preventiva, lo procedente es dictar la sentencia condenatoria; se extiende que si el imputado sabe que es un fallo condenatorio en su contra, la normativa penal nos dice que en caso de ser condenatorio no se cumplirá, pues diríamos que la medida aplicable es la prisión preventiva ya que si el imputado no es reducido a prisión no volverá a comparecer, por lo que somos del criterio que no existe vencimiento de la prisión preventiva, ya que con anterioridad a este se emitió un fallo condenatorio apegándose al artículo 181 CPP párrafo Quinto.”- CONSIDERANDO: Que el Estado de Derecho consiste en la sujeción de la actividad estatal a la Constitución y a las normas aprobadas conforme a los procedimientos que ella establezca, que garantizan el funcionamiento responsable y controlado de los órganos del poder, el ejercicio de la autoridad conforme a disposiciones conocidas y no retroactivas en términos perjudiciales, y la observancia de los derechos individuales, colectivos, culturales y políticos[1]. El Jus Puniendi es un poder jurídico que el Derecho Objetivo concede al Estado para garantizar el mantenimiento del orden jurídico y restablecerlo cuando ha sido perturbado, este derecho que tiene el Estado para castigar las conductas delictivas que ciertamente ponen en peligro o destruyen bienes jurídicos protegidos penalmente, tiene sus límites y fundamentos, en la Constitución de la República y en los Tratados Internaciones de los que el Estado forma parte.- CONSIDERANDO: Que el marco normativo de la restricción o suspensión de la libertad encuentra su límite y fundamento en los preceptos constitucionales a saber: Artículo 69 de la Constitución de la República establece: “La libertad personal es inviolable y solo con arreglo a las leyes podrá ser restringida o suspendida temporalmente”, lo que implica el respeto y garantía del principio de legalidad, es decir la existencia previa de una ley, establecida acorde a los parámetros constitucionales para restringir la libertad o en la peor situación suspender la libertad de una persona. Por su parte el artículo 92 constitucional señala: “Solo podrá decretarse auto de Formal Procesamiento, cuando exista evidencia probatoria de la existencia de un delito e indicio racional de que el imputado es autor o cómplice. El artículo 178 del Código Procesal Penal define la prisión preventiva como: “como la privación de libertad que se produzca, durante el proceso, en cumplimiento de la orden emitida por el órgano jurisdiccional competente, hasta que la sentencia definitiva adquiera el carácter de firme”. Estableciendo las causas por las que debe dictarse este tipo de medida cautelar. El Artículo 181 del mismo cuerpo legal señala la duración de la prisión preventiva, que se regula como regla general la duración de un año; sin embargo en casos en que la pena aplicable al delito sea superior a seis (6) años, podrá durar hasta dos años, pudiendo ampliar éste término hasta por seis (6) meses, más cuando así lo solicite el Ministerio Público, esto, tomando en cuenta el grado de dificultad, dispersión o amplitud de la prueba que deba rendirse. Además establece dicha norma procesal penal que en ningún caso podrá exceder de la mitad de la duración del mínimo de la pena aplicable al delito. Una vez dictada la sentencia condenatoria esta podrá prolongarse durante la tramitación y resolución del recurso que contra ella pueda interponerse, hasta la mitad de la pena impuesta en la sentencia recurrida.- CONSIDERANDO: Que además de la normativa interna y posición de supremacía de la Constitución de la República, el Estado es signatario de Convenciones Sobre Derechos Humanos, los que forman parte de su derecho interno, acorde a lo establecido en los artículos 15 y 16 de la misma Constitución, citando específicamente la Convención Americana Sobre Derechos Humanos en su capítulo I establece la enumeración de deberes, artículo 1 Obligación de Respetar los Derechos 1.-“Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”. Por una parte la obligación de respeto consiste en cumplir directamente con la norma establecida ya sea absteniéndose de actuar o dando una prestación[2]. Lo anterior debido a que el ejercicio de la función pública tiene límites que derivan de que los derechos humanos son atributos inherentes a la dignidad humana y, en consecuencia, superiores al poder del Estado[3]. En cuanto al deber del Estado de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos, La Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha destacado que como consecuencia de esta obligación los Estados deben prevenir, investigar y sancionar toda violación de los derechos reconocidos por la Convención Americana; procurando, además, el restablecimiento, de ser posible, del derecho conculcado y, en su caso, la reparación de los daños producidos por la violación de los derechos humanos.[4] De esta forma: la obligación de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos no se agota con la existencia de un orden normativo dirigido a hacer posible el cumplimiento de esta obligación, sino que comporta la necesidad de una conducta gubernamental que asegure la existencia, en la realidad, de una eficaz garantía del libre y pleno ejercicio de los derechos humanos[5].- CONSIDERANDO: Que la Convención Americana Sobre Derechos Humanos en su Capítulo IV Contenido General del Derecho y Posibles Limitaciones legislativas en su artículo 7 contiene principios y reglas que definen el alcance jurídico del derecho a la libertad personal. El artículo 7.1 formula el derecho de manera general, al reconocer a toda persona el “derecho a la libertad y a la seguridad personales”, lo cual se traduce en la exigencia normativa de procurar, tanto como sea posible, la preservación del estado de libertad física de cada ser humano[6]. El derecho a la libertad personal admite restricciones, que deben ajustarse a los artículos 30 y 32.2 de la Convención. La Convención Americana Sobre Derechos Humanos en su Artículo 30 Del Alcance de las Restricciones, dispone: Las restricciones permitidas, de acuerdo con esta Convención, al goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidas en la misma, no pueden ser aplicadas sino conforme a leyes que se dictaren por razones de interés general y con el propósito para el cual han sido establecidas. El Capítulo V Deberes de las Personas, artículo 32. Correlación entre Deberes y Derechos, 2. Dispone: Los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común, en una sociedad democrática. Siguiendo estas líneas, el artículo 7.2 de la Convención establece, como principio, que nadie puede ser privado de su libertad física, pero a continuación deja a salvo la posibilidad de adoptar injerencias en este derecho, “por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas”. Esto implica una remisión a la facultad de los Estados partes de dictar normas que contemplen supuestos de privación de la libertad, pero tal remisión no es indeterminada sino contiene ciertos parámetros, ya que, además de la necesidad de que tales normas estén contenidas en la Constitución o en leyes consonantes con ella, se exige que las mismas precisen las “causas” y las “condiciones” en las cuales la privación de libertad puede ordenarse. Este precepto formula ciertamente una reserva de ley, al determinar que sólo las leyes pueden establecer privaciones de la libertad. Y las leyes dictadas para preverlas deben señalar los casos en que la privación de libertad es admisible y las condiciones de su adopción, por lo que tales normas deben especificar los supuestos de hecho en los que cabe practicar esa medida y los requisitos formales o procedimentales, que deben cumplirse para su licitud. Al respecto, la Corte ha afirmado: “nadie puede verse privado de la libertad personal sino por las causas, casos o circunstancias expresamente tipificadas en la ley (aspecto material), pero, además, con estricta sujeción a los procedimientos objetivamente definidos por la misma (aspecto formal)”[7]. Este aspecto de la reserva legal que la Corte denomina material se refiere a la previsión normativa de las causales de la privación de libertad –por contraste con los requisitos de índole procedimental–, lo cual en realidad es más un asunto formal-normativo que material o sustancial”[8].- CONSIDERANDO: Que la Ley Sobre Justicia Constitucional en su artículo 13 del deber del Estado de Garantizar la libertad personal, la integridad y la intimidad de la persona humana: el numeral 1. Deja establecidos los casos en los que procede la exhibición personal a saber: cuando se encuentra ilegalmente presa, detenida o cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad y cuando en su detención o prisión legal se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas vejámenes o exacción ilegal y toda coacción o molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión. Confrontando el precepto enunciado con los antecedentes del proceso se aprecia, que la situación expuesta por el recurrente no se encuentra en ninguna de las situaciones antes expresadas; y esto es así porque los imputados se encuentran detenidos por orden de autoridad competente, y ciertamente que se ha dilatado la redacción de la sentencia, sin embargo ello no implica, que deba modificarse la medida cautelar a la que se encuentran sujetos, puesto que existe una disposición previamente establecida en la ley, que señala el término de duración de la prisión preventiva, el artículo 181 del Código Procesal Penal dispone diversas situaciones por las que se puede mantener la prisión preventiva, señalando que en ningún caso podrá exceder de la mitad de la duración del mínimo de la pena aplicable. Así mismo, podrá prolongarse durante la tramitación y resolución del recurso que se interponga contra la sentencia. En ese orden de ideas la prisión preventiva podrá mantenerse, la que en ningún momento debe considerarse ilegal puesto que es la ley la que ha respaldado la decisión tanto del Juez Ejecutor como de la Corte de Apelaciones conocedora de la petición del recurrente. Confrontada la petición del recurrente con la ley interna del Estado se encuentra que no se ha vulnerado el derecho a la libertad de los imputados.- CONSIDERANDO: Que analizada la normativa Sobre Derechos Humanos, esta Sala encuentra que no se confronta la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, a la que nos hemos referido en esta resolución, en virtud de que la petición del recurrente, no se encuentra enmarcada en ninguna de las disposiciones sobre materia constitucional, ciertamente que no se ha redactado la sentencia al momento en que el Juez ejecutor cumplió su cometido, pero también es cierto que la libertad de los imputados fue restringida, por orden de autoridad competente, y que se mantiene la medida cautelar de prisión preventiva con base y fundamento en lo establecido tanto en la Constitución de la República, la Ley Sobre Justicia Constitucional, el Código Procesal Penal en su artículo 181 y el artículo 30 y 32 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, que establece las restricciones permitidas por ésta Convención, apuntada en párrafos que anteceden.- CONSIDERANDO: Que analizado el fallo del Ad-quem, esta Sala aprecia, que la acción de exhibición personal no se enmarca dentro de los presupuestos que establece la Ley Sobre Justicia Constitucional en sus artículos 13 y 24, como resultado del informe rendido por el Juez Ejecutor nombrada al efecto, mediante el cual se constató que el señor DANIEL ISAIAS VALLADARES GUEVARA no se encuentra detenido de manera ilegal, sino por orden de autoridad competente, requisito necesario para establecer la legalidad de la privación de libertad, en consecuencia no concurre infracción o inobservancia de las normas constitucionales que hayan dado lugar a la vulneración del derecho a la libertad como lo dice el recurrente.- CONSIDERANDO: Que la Carta Magna en su artículo 69, establece la inviolabilidad del derecho a la libertad y los casos en que puede ser suspendida o restringida, lo que significa que la libertad individual es la regla general y solo por excepción, sobre la base de razones legales con intervención del órgano jurisdiccional competente puede ser restringida; el acusado ha sido sometido a la justicia mediante Requerimiento del Ministerio Público, por hecho constitutivo de delito, previamente establecidos en la ley, lo que ha dado lugar al seguimiento del proceso y posterior fallo condenatorio. La detención de los acusados ha emanado de autoridad competente por lo que analizado el fallo del Ad-quem, esta Sala aprecia, que la resolución venida en revisión contiene la motivación suficiente cumpliendo con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, por lo que procede su confirmación.- CONSIDERANDO: Que del estudio de los antecedentes esta Sala encuentra que el tiempo transcurrido desde que se dictó el fallo, sin la individualización de la pena, sin que se hubiera redactado la sentencia correspondiente, excede el límite de lo tolerable en cuanto al cumplimiento de las funciones que se le ha confiado a los Jueces, quienes devienen obligados a cumplir los plazos señalados en la ley, aún y cuando exista una normativa que como en el caso que nos ocupa les permite mantener la medida cautelar cuestionada, no justifica de ninguna manera la prolongación en el tiempo con vicios de negligencia, para redactar una sentencia.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional en nombre de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos, en aplicación de los artículos: 303, 304, 313 Nos. 3 y 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 8 y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 9 y 10 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 5, 7, 8, 24, y 25 de La Convención Americana de Los Derechos Humanos; 1, 74, 78 Atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de Los Tribunales; 9 No. 1, 10 No. 1, 12,13, 18, 24, 26,37, 38, 70, de la Ley Sobre Justicia Constitucional, FALLA: PRIMERO: CONFIRMANDO la sentencia de fecha treinta de junio del año dos mil diecisiete, que declara sin lugar el Recurso de Exhibición Personal, interpuesto por el señor DANIEL ISAIAS VALLADARES GUEVARA, a favor del señor OSMER RAMON VALLADARES, contra actuaciones del Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial de Choluteca y Valle, alegando el peticionario el vencimiento de la prisión preventiva, con relación a la causa instruida contra el señor OSMER RAMON VALLADARES, por suponerlo responsable del delito de HOMICIDIO SIMPLE en perjuicio del señor ELVIS RODIL PORTILLO ESPINAL. SEGUNDO: Emitir certificación del fallo y remitirlo a la Inspectoría de Tribunales para que determine si el Tribunal de Sentencia de Choluteca y Valle, se encuentra enmarcado dentro de los términos y plazos señalados en la ley, en lo referente al objeto de esta acción de amparo y de acuerdo a esa determinación, respetando el derecho de defensa, determine lo que en derecho corresponde. Y MANDA: que con la certificación de este fallo remita los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó Magistrado ORTEZ CRUZ.- NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintidós (22) días del mes de enero del año dos mil dieciocho (2018), certificación de la Sentencia de fecha veintisiete (27) de octubre del año dos mil diecisiete (2017), recaída en el Recurso de Exhibición Personal Venida en Revisión, registrado en este Tribunal bajo el número 0567-2017.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1] http://www.iidh.ed.cr/siii/index_fl.htm Biblioteca Católica digital.

[2] Nash Rojas, Claudio, El Sistema Interamericano de Derechos Humanos en acción. Aciertos y desafíos, México, Porrúa,

2009, p. 30. Mencionado en: www.kas.de/guatemala/es Convención Americana Sobre Derechos Humanos Comentarios. Pag. 47

[3]Corte IDH. Caso V elásquez Rodríguez vs. Honduras. Fondo. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No. 4, párr. 165 Mencionado en: www.kas.de/guatemala/es Convención Americana Sobre Derechos Humanos, Comentarios. Pag. 47

[4] Gros Espiell, Héctor, op. Cit ., pp. 65 a 66. parr. 167 www.kas.de/guatemala/es Convención Americana Sobre Derechos Humanos, Comentarios. Pag. 49.

[5] idem

[6] www.kas.de/guatemala/es Convención Americana Sobre Derechos Humanos, Comentarios. Pá.186.

[7]Corte IDH. Caso Gangaram Panday vs. Surinam. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 21 de enero de 1994. Serie

C No. 16, párr. 47.

[8]Corte IDH. Caso Usón Ramírez vs. Venezuela , op. cit., párr. 143.