Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia EP-418-17 — Registro 9816

Resumen

Recurso de Hábeas Corpus Correctivo contra actuaciones de la Secretaría de Estado en los Despachos de Desarrollo e Inclusión Social, a Través de la Subsecretaría de Integración Social, por considerar la peticionaria, que la referida autoridad, por acción u omisión ha incurrido en graves violaciones a los derechos humanos de los relacionados niños, en virtud de vulnerárseles el derecho a la vida, la integridad personal y dárseles un trato inhumano, degradante y molestias innecesarias para su seguridad individual o para el orden de los centros.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… "CONSIDERANDO (19): Que el recurso de Exhibición Personal o Hábeas Corpus procede cuando por actos de la autoridad se vea vulnerado en forma arbitraria el derecho a la libertad individual o personal de los ciudadanos, en contravención a las normas legales y constitucionales establecidas; asimismo, contra aquellos actos de la autoridad pública que atenten contra la integridad física, síquica y moral de los ciudadanos en situación de privación de libertad.– Evidenciándose al tenor de lo dispuesto en el artículo 182 numeral 2 de la Constitución de la República, acciones constitutivas de vejámenes y restricciones y molestias innecesarias en perjuicio de la seguridad individual de los niños y adolescentes privados de libertad, en relación a lo dispuesto en el artículo 13 y 15 de la ley Sobre Justicia Constitucional; estimándose procedente, por tanto, declarar CON LUGAR la presente garantía de Hábeas Corpus Correctivo.´´

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecisiete días del mes de agosto del año dos mil diecisiete. VISTA: Para dictar Sentencia en el Recurso de Hábeas Corpus Correctivo interpuesto por la Abogada YULIBETH GARAY HERNÁNDEZ, en su condición de Agente Fiscal del Ministerio Público, adscrita a la Fiscalía Especial para la Defensa de la Constitución, a favor de LOS NIÑOS Y NIÑAS PRIVADOS DE LIBERTAD EN LOS CENTROS PEDAGÓGICO RENACIENDO, ubicado en la Aldea de Támara, Francisco Morazán, y EN EL CENTRO PEDAGÓCICO EL CARMEN, ubicado en la ciudad de San Pedro Sula, contra actuaciones de la SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL, A TRAVÉS DE LA SUBSECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL, por considerar la peticionaria, que la referida autoridad, por acción u omisión ha incurrido en graves violaciones a los derechos humanos de los relacionados niños, en virtud de vulnerárseles el derecho a la vida, la integridad personal y dárseles un trato inhumano, degradante y molestias innecesarias para su seguridad individual o para el orden de los centros. ANTECEDENTES 1) Que en fecha treinta y uno de mayo del presente año dos mil diecisiete, la Abogada YULIBETH GARAY HERNÁNDEZ, accionando en su condición de Agente Fiscal del Ministerio Público, compareció ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, interponiendo Garantía Constitucional de Hábeas corpus Correctivo a favor de LOS NIÑOS Y NIÑAS PRIVADOS DE LIBERTAD EN EL CENTRO PEDAGÓCICO “RENACIENDO” UBICADO EN LA ALDEA TAMARA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN y EL CENTRO PEDAGÓGICO “EL CARMEN”, UBICADO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, contra actuaciones de la SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL, A TRAVÉS DE LA SUBSECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL, manifestando la peticionaria que la Secretaría de Estado en los Despachos de Desarrollo e Inclusión Social a través de la Subsecretaría de Integración Social, por acción u omisión, ha incurrido en graves violaciones de los Derechos Humanos de los Niños relacionados, en virtud de vulnerárseles el Derecho a la vida, la integridad personal y dárseles un trato inhumano, degradante y molestias innecesarias para su integridad individual o para el orden de los centros. 2) Que en la misma fecha, esta Sala de lo Constitucional admitió el Recurso de Exhibición Personal de mérito, designando como Jueces Ejecutores a la Abogada CLAUDIA ANABEL PEREIRA, Defensora Pública de la ciudad de Tegucigalpa a efecto de requerir de la autoridad recurrida el informe correspondiente, dentro del plazo y con las formalidades establecidas en el Artículo 26 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, asimismo se personara en el Centro Pedagógico Renaciendo ubicado en Támara, departamento de Francisco Morazán a efecto de constatar in situ la certeza de los extremos denunciados por la recurrente; y a la Abogada MILENEE YANETH BONILLA HERRERA, Defensora Pública de la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés, a efecto de requerir de la autoridad recurrida el informe correspondiente, dentro del plazo y con las formalidades establecidas en el Artículo 26 de la Ley Sobre Justicia Constitucional y se personara en el Centro Pedagógico El Carmen, a efecto de constatar los extremos denunciados por la recurrente. (Folio 24fv de los autos) 3) Que en fecha seis de junio del presente año dos mil diecisiete, la Abogada CLAUDIA ANABEL PEREIRA, en su condición indicada, y en el ejercicio de las responsabilidades inherentes a su cargo, rindió el informe correspondiente consignando entre otros extremos lo siguiente: A) Que en fecha treinta de mayo de dos mil diecisiete, se personó en las oficinas de la Secretaría de Estado en los Despachos de Desarrollo e Inclusión Social, específicamente en la Sub Secretaría de Integración Social, requiriendo al Abogado Said Cárcamo, en su condición de Coordinador Legal, a efecto que se rindiera el informe correspondiente, mismo que presentado en fecha uno de junio del año dos mil diecisiete, en el cual se establece: 1) Que es importante hacer del conocimiento que dado las condiciones de infraestructura del Centro Renaciendo, no es posible realizar una segregación de la población sin poner en precario el Interés Superior del Niño, como ser resguardarles la vida e integridad, de igual forma se dificulta resguardar el entorno del centro y reducir el número de evasiones. Que se han implementado controles de seguridad interna y externa y se puso en operación un protocolo adaptado a las condiciones físicas y de población de ambos Centros (Renaciendo y El Carmen); 2) Que en fecha 15 de junio del año dos mil dieciséis, se presentó solicitud para la aprobación de un proyecto de remodelación, reparación y acondicionamiento del Centro pedagógico Renaciendo, pero después de un estudio se solicitó re-direccionar los fondos a la construcción de un Centro Especializado y que cumpla con todos los estándares internacionales, en el predio que ocupa el Centro Pedagógico Jalteva, ubicado en el municipio de Cedros, Francisco Morazán, informando que el mismo ya se encuentra en construcción; 3) En relación a las condiciones del lugar donde se encontraban alojados los adolescentes que sufrieron quemaduras producto del incendio en fecha 23 de mayo del año en curso, refieren que debido a las condiciones precarias y vulnerables de infraestructura del Centro, éste no cuenta con sitios especializados para aislar de manera apropiada a internos que se encuentren en condiciones especiales de seguridad, por lo que fueron ubicados en una antigua bodega que se improvisó para mantenerlos protegidos del resto de la población, en virtud de tener temor por sus vidas, ya que se habían evadido del Centro sin permiso de la pandilla 18, y que lamentablemente las quemaduras que habían sufrido eran producto del incendio que ellos mismos provocaron. B) Que en fecha uno de junio del presente año dos mil diecisiete, la Juez Ejecutora se personó en el Centro Pedagógico Renaciendo, no encontrándose la Directora del Centro, por lo que requirió al Coordinador Legal a efecto de emitir el correspondiente informe, siendo presentado el mismo en fecha dos de junio de dos mil diecisiete, en el cual consigna entre otras cuestiones lo siguiente: 1) Que al momento de ingresar los menores a los Centros, se les ubica en un módulo que reúna las condiciones necesarias para su internamiento, cuentan con agua potable, baños, se les brinda una colchoneta, alimentación adecuada y balanceada los tres tiempos de comida, con atención medica las 24 horas del día, los siete días de la semana; 2) Que en relación a los menores Víctor Lorenzo Fuentes y Darío Antonio López, que los mismos se habían evadido del Centro en fecha 09 de mayo de dos mil diecisiete, siendo recapturados en fecha 17 de mayo de dos mil diecisiete por miembros de la Dirección Policial de Investigación, solicitando los menores que no los enviaran al Centro de Extensión Cobras ni al módulo de la pandilla 18 por temer por sus vidas, por lo que en aras de salvaguardar sus vidas fueron ubicados en un módulo de observación improvisado, ya que anteriormente allí era una oficina de seguridad, ello por no contar con un espacio adecuado de aislamiento. En fecha 23 de mayo de 2017, los dos menores mandaron a llamar a la Directora del Centro con un orientador en dos ocasiones, les mandó a decir que posteriormente iría a verlos, el orientador en broma le dijo que le meterían fuego a una colchoneta para que los sacara de ahí, ordenando al orientador que buscara apoyo para sacarlos de ahí, a la 1:50 de ese día se dio la alarma de fuego en el interior del módulo, se procedió apagar el fuego pero fue imposible sacarlos, porque la puerta tenía pasador por dentro, se rompió un balcón y una vez afuera les brindó asistencia médica e inmediatamente fueron trasladados al Hospital Escuela, el día uno de junio de dos mil diecisiete que el joven Darío Antonio López había fallecido; C) En fecha uno de junio del presente año dos mil diecisiete, la Juez Ejecutora procedió a realizar inspección en compañía del Asesor Legal del Centro Renaciendo Abogado Miguel Rosales, en el lugar donde se produjo el incendio conocido como “la Pila”, el cual estaba parcialmente destruido, sin ventanas ni techo; D) La Juez Ejecutora procedió a entrevistar algunos de los niños y adolescentes internos en los diferentes módulos, coincidiendo entre otros puntos en: 1) En la mayoría de los módulos manifestaron que no han recibido ningún maltrato físico o verbal por parte del personal del Centro, sin embargo dos de los módulos Chirizos y Combo que no se deja, refirieron que si han tenido problemas con la seguridad del Centro, específicamente amenazas y maltrato verbal; los miembros de la pandilla 18, manifestaron que las amenazas son recibidas de parte del personal de Los Cobras y los antimotines; 2) Que la comida era buena manifestó la población común, sin embargo los módulos Chirizos, Combo que no se deja y Pandilla 18 dijeron que no era buena, que el Centro les proporcionaba botellones de agua purificada; 3) Que la atención médica era excelente pero que no contaban con medicamentos suficientes; E) Que en base a lo investigado la Juez Ejecutora DECLARÓ HA LUGAR la acción de Exhibición Personal o Hábeas Corpus Correctivo interpuesto por la Abogada YULIBETH GARAY HERNÁNDEZ a favor de los PRIVADOS DE LIBERTAD EN EL CENTRO PEDAGÓGICO RENACIENDO ubicado en la Aldea de Tamara, Francisco Morazán. (Folios del 39 al 47fv de la pieza de autos). 4) Que en fecha doce de junio del año dos mil diecisiete, la Abogada MILENE JEANNETTE BONILLA HERRERA, en su condición de Juez Ejecutora, rindió el informe correspondiente, en el cual consigna entre otras cuestiones lo siguiente: A) Que en fecha dos de junio de dos mil diecisiete se presentó en el Centro Pedagógico El Carmen, ubicado en la Aldea El Carmen de San Pedro Sula, departamento de Cortés, siendo atendida por su Director el Licenciado FREDY OYUELA, a quien solicitó un informe detallado sobre la situación de los menores infractores a la ley que se encuentran privados de libertad en dicho centro, en cual manifiesta que los menores se encuentran instalados en tres grupos, que en el área de seguridad cuentan con un Jefe de Seguridad y 14 custodios, los cuales no tienen armas, 3 elementos de la Unidad Cobras que se encuentran en la entrada y 32 militares ubicados en el área perimetral; se hacen una o dos revisiones a los dormitorios para verificar que los menores no tengan armas. Que desde hacía seis meses no había fugas, ni amotinamiento y que los menores se encargaban del aseo de sus habitaciones. Que dentro del Centro no cuentan con personal para realizar reparaciones a la infraestructura y que dependen del personal que llega de Tegucigalpa, para poder realizarlas y que tampoco cuentan con un Fondo de Caja Chica, para realizar algún pago de emergencia; B) Que la Juez Ejecutora realizó una revisión de las instalaciones, pudiendo constatar que los menores se encuentran instalados en tres grupos, los dormitorios se encontraban limpios y ordenados, pero los baños se encontraban en mal estado y las colchonetas donde duermen también en mal estado. Posteriormente se dirigió al área de Reeducación en el que cuentan con dos sicólogos, dos trabajadoras sociales, siete orientadores sociales, todos bajo la coordinación de la Orientadora de Procesos Pedagógicos; en el área de educación formal trabajan con el Programa Alfasic que cubre los niveles de educación de primero a noveno grado; se están desarrollando talleres de computación, barbería, música y bisutería. En el área de Salud se cuenta con una doctora general y una enfermera. Luego se dirigió a la Cocina, en la que pudo constar la limpieza en donde se elaboran los alimentos; C) Que la Juez Ejecutora entrevistó a los menores internos, quienes le manifestaron que no tenían ningún tipo de problema, y que no sufrían ningún tipo de torturas, vejámenes o tratos inhumanos por parte de algún compañero o de las autoridades del Centro, asimismo manifestaron que la comida había mejorado y que recibían clases y talleres; D) Que en base a las investigaciones realizadas la Juez Ejecutora resolvió DECLARAR NO HA LUGAR, el recurso de Exhibición Personal de mérito, ya que según la investigación realizada y en entrevista con los menores han mejorado las condiciones de los mismos y no sufren de tortura, tratos crueles o degradantes por parte de alguna autoridad o compañero también privado de libertad, aunque si hay varias cosas que tienen que mejorar en cuento a la infraestructura. (Folios del 555 al 558 de la pieza de autos) CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia a través de su Sala Constitucional el conocimiento de las acciones de Hábeas Corpus o Exhibición Personal, acorde a lo preceptuado en los artículos 182 y 316 numeral uno de la Constitución de la República, en relación a lo preceptuado en los artículos 3 numeral uno y 13 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, resultando procedente la misma cuando se constate que la persona agraviada se encuentre ilegalmente presa, detenida, cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad, o bien, cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción o molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión. Asimismo el artículo 15 de la precitada norma sobre justicia constitucional establece: “DE LA RESOLUCIÓN DE OTRAS VIOLACIONES A LA LIBERTAD. Cuando en la exhibición personal se aleguen otras violaciones que guarden relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas y los hechos fueren conexos con el acto tenido como ilegítimo por constituir su causa o su finalidad, se resolverá también sobre estas violaciones.” CONSIDERANDO (2): Que la Carta Magna en el artículo precitado, establece en su literalidad: “El Estado reconoce la garantía de Hábeas Corpus o Exhibición Personal, y de Hábeas Data. En consecuencia en el Hábeas Corpus o Exhibición Personal toda persona agraviada o cualquier otra en nombre de ésta tiene derecho a promoverla; y en el Hábeas Data únicamente puede promoverla la persona cuyos datos personales o familiares consten en los archivos, registros públicos o privados de la siguiente manera: 1) EL HÁBEAS CORPUS O EXHIBICIÓN PERSONAL: a) Cuando se encuentre ilegalmente presa, detenida, cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad; y, b) Cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión”…[1] CONSIDERANDO (3): Que la justicia constitucional tiene por objeto desarrollar las garantías constitucionales y las defensas del orden jurídico constitucional, en virtud de ello, en la aplicación de la Ley Sobre Justicia Constitucional, las disposiciones contenidas en la misma, se interpretarán y aplicarán siempre de manera que aseguren una eficaz protección de los derechos humanos y el adecuado funcionamiento de las defensas del orden jurídico constitucional; de igual forma la justicia constitucional se aplicará e interpretará de conformidad con los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales sobre derechos humanos vigentes en la República de Honduras, tomando en consideración las interpretaciones que de ellos hagan los tribunales internacionales[2]. En ese orden de ideas, nuestra Carta Magna declara en su artículo 59 que la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado, teniendo todos la obligación de respetarla y protegerla, siendo en consecuencia inviolable la dignidad del ser humano, declaración íntimamente relacionada con el derecho individual que recoge la misma normativa constitucional en el artículo 68, que textualmente establece: “Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, síquica y moral. Nadie debe ser sometido a torturas, ni penas o tratos crueles. Inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.” CONSIDERANDO (4): Que en fecha treinta y uno de mayo del presente año dos mil diecisiete, compareció ante este Alto Tribunal la Abogada YULIBETH GARAY HERNÁNDEZ, en su condición de Agente Fiscal del Ministerio Público, adscrita a la Fiscalía Especial para la Defensa de la Constitución, interponiendo Garantía de Hábeas Corpus Correctivo a favor LOS NIÑOS Y NIÑAS PRIVADOS DE LIBERTAD EN LOS CENTROS PEDAGÓGICO RENACIENDO, ubicado en la Aldea de Támara, Francisco Morazán, y EN EL CENTRO PEDAGÓCICO EL CARMEN, ubicado en la ciudad de San Pedro Sula, contra actuaciones de la SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL, A TRAVÉS DE LA SUBSECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL, por considerar la peticionaria, que la referida autoridad, por acción u omisión ha incurrido en graves violaciones a los derechos humanos de los relacionados niños, en virtud de vulnerárseles el derecho a la vida, la integridad personal y dárseles un trato inhumano, degradante y molestias innecesarias para su seguridad individual o para el orden de los centros. CONSIDERANDO (5): Que en fecha seis de junio del presente año dos mil diecisiete, la Juez Ejecutora nombrada por este Alto Tribunal a efecto de constatar in situ la certeza de los extremos denunciados por la recurrente, en el Centro Pedagógico “Renaciendo”, ubicado en la Aldea de Tamara, Francisco Morazán, Abogada CLAUDIA ANABELLE PEREIRA FLORES, rindió el informe correspondiente, mediante el cual concluye declarar Ha Lugar el recurso de Hábeas Corpus Correctivo interpuesto, asimismo la Juez Ejecutora señala inter alia las siguientes recomendaciones: 1) Agilizar los trabajos y asignar los fondos suficientes para la construcción y finalización a corto plazo del Centro Especializado para albergar a todos los niños y adolescentes privados de libertad con todos los estándares internacionales de infraestructura, con lo cual se pondría fin a todas las limitaciones que por concepto de infraestructura padecen los niños actualmente; 2) Concretar de manera efectiva y a corto plazo la obligación constitucional del Estado a través de la Secretaría de Educación de brindarles la educación formal a los menores privados de libertad, sin perjuicio de la colaboración que puedan ofrecer otros organismos institucionales; 3) Desarrollar programas y proyectos de atención integral con equipos multidisciplinarios de especialistas certificados en trabajo social, psicología, psiquiatría, medicina, orientación, derecho, pedagogía y otros de carácter técnico; 4) Asegurar el cumplimiento de lo establecido en el Código de la Niñez y la Adolescencia en lo referente a que los niños y adolescentes privados de libertad deben ser separados en razón de situación jurídica (medida cautelar o sancionados) y por grupos etarios (Artículo 256 del CNA); 5) El manejo de protocolos de seguridad interna y externa de los Centros, mediante los cuales se pueda brindar una respuesta inmediata y adecuada en casos de emergencia, a fin de poder garantizar la vida y la integridad física de cada niño y adolescente privado de libertad; 6) Establecer controles más rigurosos en relación a los alimentos que se proveen a los niños y adolescentes privados de libertad, para garantizar de manera efectiva una alimentación de buena calidad, bien preparada y servida a las horas acostumbradas. Que en fecha doce de junio del presente año dos mil diecisiete, la Juez Ejecutora nombrada por este Alto Tribunal a efecto de constatar in situ la certeza de los extremos denunciados por la recurrente, en el Centro Pedagógico “El Carmen”, ubicado en la Aldea El Carmen, en la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, Abogada MILENE JEANNETTE BONILLA HERRERA, rindió el informe correspondiente, mediante el cual concluye declarar No Ha Lugar el recurso de Hábeas Corpus Correctivo interpuesto, no obstante señala que existen varias cuestiones a mejorar en relación a la infraestructura. CONSIDERANDO (6): Que mediante Decreto Ejecutivo No. PCM-27-2014, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 33,446 de fecha 6 de junio del año 2014, se crea La Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF)[3], el objetivo general del mencionado Decreto Ejecutivo en relación a la protección de la niñez, adolescencia y familia, es el de garantizar el interés superior del niño, atendiendo de manera oportuna y eficiente la necesidad de protección social que la sociedad y el Estado de Honduras están obligados a brindar a la niñez y a la adolescencia en el marco de la Constitución de la República, las convenciones internacionales de protección a la niñez, el Código de la Niñez y la Adolescencia y demás legislación aplicable. La DINAF es un ente desconcentrado adscrito a la Secretaría de Estado en los Despachos de Desarrollo e Inclusión Social, la DINAF tiene entre otros objetivos y competencias el de “Rectorar, formular, gestionar, coordinar y supervisar la implementación de las Políticas Nacionales y normativa en materia de niñez, adolescencia y familia”[4]. Asimismo la DINAF tiene entre otras y de interés a la presente sentencia, la atribución de “Organizar y administrar en coordinación con las Oficinas Regionales y/o Sectoriales de la Niñez, los programas y servicios especializados para la atención, rehabilitación y reinserción social de las y los niños infractores de la ley penal, priorizando en las medidas no privativas en la justicia restaurativa. Estos contarán con equipos multidisciplinarios y servicios especializados para asegurar la oportuna y adecuada atención a cada niña y niño infractor”[5]. CONSIDERANDO (7): Que Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos[6], la que una vez en vigor forma parte del derecho interno[7]; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el artículo 5 el Derecho a la integridad personal y textualmente señala: “1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. 2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano…”. CONSIDERANDO (8): Que asimismo Honduras suscribió la Convención sobre los Derechos del Niño, la que tiene como principio fundamental el interés superior del niño[8], entendiendo éste en relación a que en todas las medidas concernientes a los niños, que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, se atenderá siempre al interés superior del niño. En ese orden de ideas el artículo 37 literales a) y c) de la precitada convención establecen en su orden: “Los Estados Partes velarán porque: a) Ningún niño sea sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes… c) Todo niño privado de libertad será tratado con la humanidad y el respeto que merece la dignidad inherente a la persona humana, y de manera que se tengan en cuenta las necesidades de las personas de su edad. En particular estará separado de los adultos, a menos que ello se considere contrario al interés superior del niño, y tendrá derecho a mantener contacto con su familia por medio de correspondencia y de visitas, salvo en circunstancias excepcionales…”. CONSIDERANDO (9): Que tanto en la Resolución que contiene las Reglas mínimas uniformes para la administración de la justicia de menores[9] y las Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad[10], se establecen las condiciones mínimas que deberán observarse en relación al tratamiento de los delincuentes juveniles, en todo sistema de tratamiento de dichas personas, ello ante la alarmante situación en que son privados de libertad los menores de edad, siendo sumamente vulnerables a los malos tratos, a la victimización y a la vulneración de sus derechos. El sistema de justicia de menores hará hincapié en el bienestar de éstos, en ese sentido la capacitación y el tratamiento de menores confinados en establecimientos penitenciarios tienen por objeto garantizar su cuidado y protección, así como su educación y formación profesional para permitirles que desempeñen un papel constructivo y productivo en la sociedad[11]. En la misma línea de ideas en relación a las condiciones mínimas que deben observarse en la privación de libertad de un menor infractor a la ley, las Reglas de las Naciones Unidas para la protección de menores privados de libertad establece que: “La privación de la libertad deberá efectuarse en condiciones y circunstancias que garanticen el respeto de los derechos humanos de los menores. Deberá garantizarse a los menores recluidos en centros el derecho a disfrutar de actividades y programas útiles que sirvan para fomentar y asegurar su sano desarrollo y su dignidad, promover su sentido de responsabilidad e infundirles actitudes y conocimientos que le ayuden a desarrollar sus posibilidades como miembros de la sociedad”[12]. Aunado a ello y para lograr el fomento de actitudes positivas y el sano desarrollo de los menores de edad privados de libertad, tendrán derecho a contar con locales y servicios que satisfagan todas las exigencias de la higiene y de la dignidad humana; por ello el diseño de los centros de detención para menores y el medio físico deberán responder a su finalidad, es decir, la rehabilitación de los menores en tratamiento de internado, teniéndose debidamente en cuenta la necesidad del menor de intimidad, de estímulos sensoriales, de posibilidades de asociación con sus compañeros y de participación en actividades deportivas, ejercicios físicos y actividades de esparcimiento[13]. CONSIDERANDO (10): Que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha referido que la infracción del derecho a la integridad física y psíquica de las personas varia según los factores endógenos y exógenos que deberán ser demostrados en cada situación concreta[14]; la Corte Interamericana también ha manifestado que “toda persona privada de libertad tiene derecho a vivir en condiciones de detención compatibles con su dignidad personal y el Estado debe garantizarle el derecho a la vida y a la integridad personal. En consecuencia, el Estado, como responsable de los establecimientos de detención, es el garante de estos derechos de los detenidos…”[15] (Énfasis suplido). CONSIDERANDO (11): Que la problemática en los centros de internamiento para menores infractores a la ley, es una situación que se viene presentando hace más de una década, resolviendo sobre ello este Alto Tribunal, en los juzgamientos constitucionales de acciones de Hábeas Corpus correctivos de fechas treinta y uno de enero y veinticinco de abril del año dos mil seis, con registro de expediente No. 210-06, en aquel momento este Alto Tribunal ordenó al organismo encargado de brindar protección integral a la niñez –Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia (IHNFA)-, la ejecución en el plazo de un año, de medidas encaminadas a resolver la situación precaria imperante en los diferentes centros de internamiento para menores en conflicto con la ley. La problemática continúa en ascenso en los centros de internamiento para menores, al extremo de decretar mediante Decreto Ejecutivo PCM-10-2015[16] Estado de Emergencia –por el plazo de un año- sobre los Centros de Internamiento Renaciendo en Támara y Sagrado Corazón de Jesús, en la Colonia 21 de Octubre de Tegucigalpa, municipio del Distrito central, departamento de Francisco Morazán y el Centro de Internamiento “El Carmen” en la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés, ello ante la grave situación de ingobernabilidad manifestada principalmente por enfrentamientos que han costado la pérdida de vidas humanas, fugas masivas, daños a la propiedad entre otros que ponen en precario la seguridad de los centros y su normal funcionamiento. CONSIDERANDO (12): Que mediante Decreto Ejecutivo PCM-056-2015, se reforma el Decreto Ejecutivo en Consejo de Ministros Número PCM-10-2015, de fecha 4 de marzo del 2015. Este nuevo Decreto declara de igual forma Estado de Emergencia sobre los Centros de Internamiento para menores, y crea el Comité Técnico Asesor para la Atención y Respuesta al Estado de Emergencia de los Centros Pedagógicos para Adolescentes en Conflicto por la Ley, adscritos y bajo la responsabilidad de la DINAF; el Comité Técnico será presidido por la Secretaría de Estado en los Despachos de Desarrollo e inclusión Social a través de la Subsecretaría de Integración Social (SSIS)[17]. El Comité Técnico Asesor para la Atención y Respuesta al Estado de Emergencia de los Centros Pedagógicos para Adolescentes en Conflicto por la Ley, continuará ejercitando las atribuciones legales asignadas en tanto no entre en funcionamiento el Instituto Nacional para la Atención a menores Infractores (INAMI)[18], asimismo todas las funciones relacionadas con la atención a la niñez en conflicto con la ley penal atribuidas a la DINAF, que implicaren privación de libertad, serán traspasadas temporalmente al Comité Técnico, creado mediante Decreto Ejecutivo PCM No. 056-2015, el que a su vez las traspasará gradualmente al Institutito, que las asumirá en su totalidad una vez entre en pleno funcionamiento[19]. CONSIDERANDO (13): Que por disposición constitucional el Estado de Honduras se encuentra obligado a proteger a la infancia, en consecuencia los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos, encontrándose el Estado de Honduras obligado a garantizar de manera efectiva los compromisos que ha asumido en defensa y protección integral de los derechos de la niñez, incluido el goce de la justicia, la cultura, educación, salud entre otros, obligación que se ve reforzada cuando se trata de niños y niñas privados de libertad, lo que les convierte en grupos aun mas vulnerable que la propia condición de niños les significa. CONSIDERANDO (14): Que si bien es cierto de los informes y documentación presentadas por las Juezas Ejecutoras nombradas, a efecto de constatar los extremos denunciados, en los Centros de Internamientos para menores en conflicto con la ley, Renaciendo y El Carmen, ubicados en las ciudades de Tegucigalpa y San Pedro Sula respectivamente, se aprecia mejoras en algunos aspectos en relación a la problemática denunciada en años anteriores, en cuanto a la alimentación y el agua que les es proporcionada a los niños, persistiendo la problemática en relación a la infraestructura de los Centros, personal capacitado, atención médica, espacio físico, tiempo de recreación, educación formal a nivel de secundaria, seguridad personal, programas vocacionales etc. que permitan una adecuada reinserción social. CONSIDERANDO (15): Que en forma completa, la Juez Ejecutora que constato in situ los extremos de la denuncia en el Centro Pedagógico Renaciendo, ejemplariza la vulnerabilidad en cuanto a la infraestructura del referido centro de internamiento, lo que conduce al personal del referido centro de internamiento a adoptar prácticas lesivas a la dignidad e integridad física de los niños y adolescentes privados de libertad. Debiéndose por tanto adoptar y dar cumplimiento a medidas que garanticen por una parte la disciplina, el orden y la seguridad del centro; y por otra, el resguardo y respeto irrestricto de la vida e integridad física, síquica y moral de los niños, a efecto de evitar mas pérdidas de vidas humanas, como lo acontecido en el caso del incendio registrado en fecha 23 de mayo del presente año 2017, perdiendo la vida a raíz del incendio ocurrido, el niño Darío Antonio López Flores[20]. Aunado a ello la contratación de personal profesional y capacitado en el tema niñez, a efecto de poder abordar con la sensibilidad que el caso amerita, el tratamiento de niños y adolescentes privados de libertad, que les ayude una vez que se encuentren en libertad, a reintegrarse en forma adecuada a la sociedad, la vida familiar, la educación y al trabajo. CONSIDERANDO (16): Que el Estado de Honduras al no brindar las condiciones dignas y óptimas para una verdadera reinserción social a los niños y niñas privados de libertad en los Centros de Internamiento para menores Renaciendo y El Carmen, quebranta la Constitución de la República, al someter a dichas personas a una situación contraria a su dignidad humana. Debiendo actuar de inmediato, dando cumplimiento a los Decretos Ejecutivos PCM-056-2015 y PCM-072-2016, a efecto que no persistan condiciones que lindan con tratos crueles e inhumanos, que compromete como lo evidencia uno de los informes emitidos, la integridad física, síquica y moral de los niños y niñas que se encuentran privados de libertad en Centros de Internamiento para menores, bajo la custodia del Comité Técnico Asesor para la Atención y Respuesta al Estado de Emergencia de los Centros Pedagógicos para Adolescentes en Conflicto por la Ley, presidido por la Secretaría de Estado en los Despachos de Desarrollo e inclusión Social a través de la Subsecretaría de Integración Social (SSIS). CONSIDERANDO (17): Que el Comité Técnico Asesor para la Atención y Respuesta al Estado de Emergencia de los Centros Pedagógicos para Adolescentes en Conflicto por la Ley, es la autoridad designada en tanto no entre en funcionamiento el INAMI, para resolver y atender de manera eficaz e inmediata la problemática en los Centros de Internamiento para menores de edad; en aplicación del principio del interés superior del niño, debiendo realizar de inmediato las acciones conducentes a efecto de sostener y administrar los Centros de Internamiento para menores conforme a los lineamientos plasmados en el presente libelo, debiendo cumplir en el plazo de un año las provisiones necesarias para que los centros de Internamiento Renaciendo y El Carmen, cuenten con: 1) Instalaciones sanitarias higiénicas y adecuadas; 2) Espacio Físico con luz natural y suficiente ventilación; 3)Separación de los niños en consideración a su situación jurídica y por grupos etarios[21]; 4) Alimentación balanceada; 5) Una cama para cada niño; 6) Atención médica adecuada, tanto preventiva como correctiva, incluida atención odontológica, oftalmológica y de salud mental, así como los productos farmacéuticos y dietas especiales que hayan sido recetados por un médico; 6)Disponer diariamente del tiempo suficiente para practicar ejercicios físicos al aire libre; 7) Diseño de programas educativos, formativos, culturales, recreativos y vocacionales, adaptadas a sus capacidades y necesidades, y destinadas a preparar al niño para su reinserción a la sociedad; 8) Dotar de mecanismos eficaces para evitar la introducción o elaboración de armas de cualquier tipo y el manejo de protocolos de seguridad interna y externa afecto de brindar una respuesta inmediata, ante cualquier situación de emergencia que se suscite; 9) Contratación del personal suficiente de especialistas como ser: asesores, asistentes sociales, siquiatras y psicólogos entre otros; y, 10) Capacitación del personal de seguridad. CONSIDERANDO (18): Que las condiciones en las que se encuentran los niños privados de libertad en los Centros de Internamiento Renaciendo y El Carmen, señaladas por las Juezas Ejecutoras nombradas al efecto, son constitutivas de vejámenes[22] y restricciones y molestias innecesarias en perjuicio de la seguridad individual de los niños y adolescentes privados de libertad, por tanto vulneran lo establecido en el numeral 1, literal b) del artículo 182 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO (19): Que el recurso de Exhibición Personal o Hábeas Corpus procede cuando por actos de la autoridad se vea vulnerado en forma arbitraria el derecho a la libertad individual o personal de los ciudadanos, en contravención a las normas legales y constitucionales establecidas; asimismo, contra aquellos actos de la autoridad pública que atenten contra la integridad física, síquica y moral de los ciudadanos en situación de privación de libertad.– Evidenciándose al tenor de lo dispuesto en el artículo 182 numeral 2 de la Constitución de la República, acciones constitutivas de vejámenes[23] y restricciones y molestias innecesarias en perjuicio de la seguridad individual de los niños y adolescentes privados de libertad, en relación a lo dispuesto en el artículo 13 y 15 de la ley Sobre Justicia Constitucional; estimándose procedente, por tanto, declarar CON LUGAR la presente garantía de Hábeas Corpus Correctivo. POR TANTO: La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 69, 68, 71, 80, 84, 182, 303, 304, 313 atribución 5a. y 316 de la Constitución de la República; 2, 3 y 37 de la Convención sobre los Derechos del Niño; 5.1, 13.4, 22, 26.1, 26.3, de las Reglas mínimas uniformes para la administración de la justicia de menores (Reglas de Beijing); 12, 31, 38, 47, 49 y 79 de las Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad; 7 y 10 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 5 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3 y 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 2, 5, 213. c). f) y 256 del Código de la Niñez y la Adolescencia; 1o., 78 atribución 5ª y 137 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 9, 13, 14, 17, 19, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 38, 39, 72, 119 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: DECLARAR CON LUGAR EL RECURSO DE HÁBEAS CORPUS CORRECTIVO impetrado por la Abogada YULIBETH GARAY HERNÁNDEZ, en su condición de Agente Fiscal del Ministerio Público, adscrita a la Fiscalía Especial para la Defensa de la Constitución, a favor de LOS NIÑOS PRIVADOS DE LIBERTAD EN LOS CENTROS PEDAGÓGICO RENACIENDO, ubicado en la Aldea de Támara, Francisco Morazán, y EN EL CENTRO PEDAGÓCICO EL CARMEN, ubicado en la ciudad de San Pedro Sula, contra actuaciones de la SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL, A TRAVÉS DE LA SUBSECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL, por las razones que se dejan aquí señaladas; ORDENA: 1. Que la autoridad recurrida, Secretaría de Estado en los Despachos de Desarrollo e Inclusión Social, a través de la Subsecretaría de Integración Social que preside el Comité Técnico Asesor para la Atención y Respuesta al Estado de Emergencia de los Centros Pedagógicos para Adolescentes en conflicto con la Ley, realice las gestiones correspondientes con el fin de obtener el presupuesto que sea necesario para la mejora de los Centros de Internamiento para menores de edad en conflicto con la ley. Asimismo que la autoridad recurrida, adopté las medidas necesarias para hacer cesar la vulneración a los derechos humanos de los niños privados de libertad; gestiones que deberán realizarse en el menor tiempo posible, acatando todas y cada una de las disposiciones que se dejan relacionadas en el presente libelo. 2. Instar al Poder Ejecutivo a efecto de poner en funcionamiento el Instituto Nacional para la Atención a menores infractores (INAMI), creado mediante Decreto Ejecutivo número PCM-072-2016; 3. Instar al Ministerio Público y al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos para que en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y legales, vigilen la ejecución de las políticas públicas ordenadas en el Código de la Niñez y la Adolescencia y los Decretos Ejecutivos previamente relacionados. 3) Que el o los Jueces de Ejecución nombrados en la materia de niñez y adolescencia, den estricto cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 213 literales c) y f) del Código de la Niñez y la Adolescencia. Y MANDA: Que para su efectiva ejecución se notifique el presente fallo a las instituciones nominadas y autoridades administrativas y judiciales, enviando la correspondiente certificación y una vez notificada y firme la presente sentencia, se proceda a su archivo en esta Sala de lo Constitucional. Redactó la Magistrada Reina Auxiliadora Hercules Rosa.- NOTIFÍQUESE. Firmas y sello. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los tres días del mes de noviembre de dos mil diecisiete, certificación de la sentencia de fecha diecisiete de agosto de dos mil diecisiete, recaída en el recurso de Exhibición Personal registrado en este Tribunal con el número 418=2017.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.

[1] Ver el artículo 182 de la Constitución de la República.

[2] Ver artículo 2 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, Decreto Legislativo No. 244-2003.

[3] En adelante DINAF.

[4] Artículo 5 del Decreto Ejecutivo PCM-27-2014 DE LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA, que crea la DINAF.

[5] Artículo 6 numeral 9 del Decreto Ejecutivo PCM-27-2014.

[6] Suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, y entro en vigor en julio de 1978, publicado en La Gaceta No. 22287 del 1 de septiembre de 1977.

[7] Artículo 16, segundo párrafo de la Constitución de la República de Honduras.

[8] Artículo 3 de la Convención Sobre los Derechos del Niño, adoptada y abierta a la firma y ratificación por la Asamblea General en su resolución 44/25, de 20 de noviembre de 1989, entrada en vigor el 2 de septiembre de 1990, de conformidad al artículo 49.

[9] Resolución 40/33 de la Asamblea General. Las reglas fueron aprobadas, en principio, en las reuniones preparatorias regionales para el Séptimo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, y una Reunión Preparatoria Interregional, celebrada en Beijing (China) del 14 al 18 de mayo de 1984, las enmendó y aprobó. Las Reglas mínimas uniformes para la administración de justicia de menores (conocidas con el nombre de “Las Reglas de Beijing”), que el Consejo Económico y Social presento al Séptimo Congreso, celebrado en Milán (Italia), en agosto y septiembre de 1985, fueron aprobadas el 6 de septiembre de 1985 por el Séptimo Congreso, que las recomendó a la Asamblea General para su aprobación. La asamblea aprobó las Reglas el 29 de noviembre de 1985 y las incluyó en el anexo a su resolución 40/33. Con las Reglas, adaptadas a las aspiraciones y al espíritu de los sistemas de justicia de menores de todo el mundo, sistemas que funcionan en el marco de condiciones nacionales y estructuras diferentes, se estableció lo que se aceptó que constituiría un principio general y una práctica satisfactoria para la administración de justicia de menores.

[10] Resolución 45/113, Naciones Unidas, Asamblea General, Cuadragésimo quinto periodo de sesiones, Tema 100 del programa, Resolución aprobada por la Asamblea General el 2 de abril de 1991.

[11] Reglas de Beijing, Quinta Parte. Tratamiento en establecimientos penitenciarios 26. Objetivos del tratamiento en establecimientos penitenciarios.

[12] II. Alcance y aplicación de las Reglas, artículo 12.

[13] IV. La administración de los centros de menores. D. Medio Físico y Alojamiento. Artículos 31 y ss.

[14] Caso Loayza Tamayo Vs. Perú, sentencia de 17 de septiembre de 1997, párrafo 57. “El carácter degradante se expresa en un sentimiento de miedo, ansia e inferioridad con el fin de humillar, degradar y de romper la resistencia física y moral de la víctima…”.

[15] Caso Cantoral Benavides Vs. Perú, sentencia de 18 de agosto de 2000, párrafo 87.

[16] De fecha 4 de marzo del año 2015, publicado en el Diario oficial La Gaceta No. 33,675 de fecha 6 de marzo del año 2015.

[17] Artículo 4 del Decreto Ejecutivo Número PCM-056-2015.

[18] Creado Mediante Decreto Ejecutivo PCM-072-2016, de fecha 7 de septiembre del año 2016 y publicado en el Diario oficial La Gaceta No. 34, 133 de fecha 8 de septiembre del año 2016. El INAMI se crea como un órgano desconcentrado, dependiente de la Secretaría de estado en los Despachos de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización (SDHJGD), tendrá como finalidad, entre otras, la organización, administración y funcionamiento de los Centros de Internamiento para niños infractores, privados de libertad.

[19] Artículo 17 del Decreto Ejecutivo Numero PCM-072-2016.

[20] Vid. Informe presentado por la Juez Ejecutora, Claudia Anabelle Pereira Flores, folio # 45.

[21] Vid. Artículo 256 del Código de la Niñez y la Adolescencia.

[22] “Vejamen. Maltrato, molestia o padecimiento que se impone o se hace sufrir a alguien.// 2. Represión de carácter ofensivo y que implica una burla a los de defectos morales o físicos de aquel contra quien va dirigida”. Diccionario Hispanoamericano de Derecho, Tomo II. Bogotá: Grupo Latino Editores, 2008. Pág. 2415 y 2416.

[23] “Vejamen. Maltrato, molestia o padecimiento que se impone o se hace sufrir a alguien.// 2. Represión de carácter ofensivo y que implica una burla a los de defectos morales o físicos de aquel contra quien va dirigida”. Diccionario Hispanoamericano de Derecho, Tomo II. Bogotá: Grupo Latino Editores, 2008. Pág. 2415 y 2416.