Sentencia EP-405-17 — Registro 6946
Resumen
Resolución declaró no ha lugar acción de habeas corpus colectivo correctivo por considerar que la autoridad requerida está realizando todas las gestiones pertinentes para la adquisición de un terreno para construir un nuevo centro penitenciario
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."el recurso de Exhibición Personal o Hábeas Corpus procede cuando por actos de la autoridad se vea vulnerado en forma arbitraria el derecho a la libertad individual o personal de los ciudadanos, en contravención a las normas legales y constitucionales establecidas; asimismo, contra aquellos actos de la autoridad pública que atenten contra la integridad física, síquica y moral de los ciudadanos en situación de privación de libertad; estimándose procedente, por tanto, declarar SIN LUGAR la presente garantía de Hábeas Corpus Correctivo..."
Legislación citada
- Constitución de la República de Honduras, art. 68 (Decreto)
- Constitución de la República de Honduras, art. 90 (Decreto)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintisiete de octubre de dos mil diecisiete.- VISTA: Para dictar Sentencia de Recurso de Exhibición Personal interpuesto por la Fiscal del Ministerio Público, la Abogada SORAYA LIZETTE MORALES ROMERO a favor de TODOS LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DEL CENTRO PENITENCIARIO UBICADO EN LA CIUDAD DE LA ESPERANZA, DEPARTAMENTO DE INTIBUCA, contra actuaciones del INSTITUTO NACIONAL PENINTENCIARIO manifestando la peticionaria que los agraviados: “ cumpliendo su condena en condiciones que arriesgan su vida, integridad física y violan sus derechos de conformidad con disposiciones constitucionales que tutelan sus derechos fundamentales y disposiciones contenidas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Convención Americana de Derechos Humanos y la Convención contra la Tortura y otros tratos crueles y degradantes por agravamiento de las condiciones de detención…” entre otras alegaciones. Situación que, a criterio de la peticionaria, violenta los derechos contenidos en los Artículos 59, 63, 64, 68, 69, 86, 87, 145 y 182 de la Constitución de la República; 3, 7, 9, 10, 2 literal a), y 3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 1, 5, 7 numeral 3, 8, 11 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos; y 1, 12, 13 y 16 de la Convención contra la Tortura y otros tratos o Penas Crueles y Degradantes.- ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha veintiséis (26) de mayo de dos mil diecisiete (2017), compareció ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, la Fiscal del Ministerio Público, la Abogada SORAYA LIZETTE MORALES ROMERO, interponiendo Recurso de Exhibición Personal a favor de TODOS LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DEL CENTRO PENITENCIARIO UBICADO EN LA CIUDAD DE LA ESPERANZA, DEPARTAMENTO DE INTIBUCA, contra actuaciones del INSTITUTO NACIONAL PENINTENCIARIO, manifestando la peticionaria que los agraviados: “cumpliendo su condena en condiciones que arriesgan su vida, integridad física y violan sus derechos de conformidad con disposiciones constitucionales que tutelan sus derechos fundamentales y disposiciones contenidas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Convención Americana de Derechos Humanos y la Convención contra la Tortura y otros tratos crueles y degradantes por agravamiento de las condiciones de detención…” entre otras alegaciones. Situación que, a criterio de la peticionaria, violenta los derechos contenidos en los Artículos 59, 63, 64, 68, 69, 86, 87, 145 y 182 de la Constitución de la República; 3, 7, 9, 10, 2 literal a), y 3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 1, 5, 7 numeral 3, 8, 11 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos; y 1, 12, 13 y 16 de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles y Degradantes. (Folio 1 – 79 del presente Recurso)- 2) Que en la misma fecha, este Alto Tribunal dispuso admitir la garantía Exhibición Personal de mérito y en consecuencia, designó como Jueces Ejecutores: A) Al Abogado FLORENCIO ARTURO SANCHEZ, Defensor Público de la ciudad de La Esperanza, Departamento de Intibucá, a efecto de que se constituyera al lugar donde se encuentran detenidos los agraviados y verificar los hechos denunciados en el recurso, y de ser procedente tomara las medidas correspondientes a fin de hacer cesar cualquier tormento, tortura, vejamen, exacción ilegal y toda coacción restricción o molesta innecesaria para su seguridad individual; y B) A la Abogada ALBA REGINA PANIAGUA PACHECO, Defensora Publica de la ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, a efecto de requerir a la Autoridad Recurrida, un informe dentro del plazo establecido en la ley. (Folio 79 del presente Recurso)- 3) Que en fecha treinta (30) de mayo de dos mil diecisiete (2017), el Juez Ejecutor FLORENCIO ARTURO SANCHEZ compareció ante esta Sala, y en el ejercicio de las responsabilidades inherentes a su cargo, rindió el informe correspondiente, consignando entre otros extremos, lo siguiente: A) Que recibió un informe del Clase Uno DARIO ARGUETA OSORIO, Director Interino del Centro Penal de La Esperanza, departamento de Intibucá, en donde manifiesta: que las instalaciones no son adecuadas para albergar a tantos internos y su estructura se esta debilitando; que no cuentan con un sistema de alerta temprana, que ayude alertar a los internos de cualquier emergencia; que carecen de vehículo para el traslado de los internos a los juzgados y hospitales; y recomienda que algunos internos sean ubicados en otras granjas penales, donde haya mayor espacio, y así se le ayudaría a un mejor control de la población penitenciaria, así mismo, hizo entrega de un Plan de Continencia para el Centro Penitenciario; B) Que el Juez Ejecutor, también levantó un álbum fotográfico, en donde se pueden apreciar las condiciones en las que se encuentra el Centro Penitenciario de La Esperanza, Departamento de Intibucá, y cómo viven sus internos; C) Que del estudio del presente caso y de la documentación obtenida; el Juez Ejecutor Manifestó: (SIC) “… existe un completo hacinamiento de privados de libertad entre condenados y recluidos sin sentencia en el Centro Penal de La Esperanza, Intibucá, las condiciones bajo las cuales viven y se encuentran recluidos no son las aptas para la dignidad de una persona, el Instituto Penitenciario debe de manera urgente mejorar las condiciones de vida y de reclusión en las cuales se encuentran estas personas, en virtud que el centro penal no reúne las condiciones mínimas de seguridad para albergar a los recluidos, debe de buscarse lugares adecuados donde deberían de ser recluidos.” (Folios del 87–153 del antecedente)- 4) Que en la misma fecha, la Juez Ejecutora ALBA REGINA PANIAGUA PACHECO compareció ante esta Sala, y en el ejercicio de las responsabilidades inherentes a su cargo, rindió el informe correspondiente, consignando entre otros extremos, lo siguiente: A) Que se presentó en fecha veintiséis (26) de mayo de dos mil diecisiete (2017), a las Instalaciones del Instituto Nacional Penitenciario, para solicitar a la Abogada ROSA RENE GUDIEL ARDON, Directora Nacional del Instituto Nacional Penitenciario, que rindiera un informe de la situación, en el cual manifiesta, que la situación actual del Sistema Penitenciario Nacional requiere más infraestructura, en vista que tiene una población penitenciaria que sobrepasa la capacidad de alojamiento, por lo que están realizando todas las gestiones pertinentes para la adquisición de un terreno donde se pueda construir un nuevo centro penitenciario para alojar a los privados de libertad de La Esperanza, departamento de Intibucá; B) Que al no tener la Juez Ejecutora, el informe del Juez Ejecutor FLORENCIO ARTURO SANCHEZ, Defensor Público de la ciudad de La Esperanza, Departamento de Intibucá, se le hace inconveniente emitir una resolución afirmativa o negativa respecto al caso; C) Que del estudio del presente caso y de la documentación obtenida; la Juez Ejecutora Decretó: (SIC) “En suspenso la ACCION DE HABEAS CORPUS COLECTIVO CORRECTIVO, interpuesta por SORAYA LIZETTE MORALES ROMERO en su calidad de Agente de Tribunales de el Ministerio Público, a favor de TODOS LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DEL CENTRO PENITENCIARIO UBICADO EN LA CIUDAD DE LA ESPERANZA, DEPARTAMENTO DE INTIBUCA,…” (Folios del 154–223 del antecedente)- 5) Que habiéndose enviado nueva comunicación a los Jueces Ejecutores FLORENCIO ARTURO SANCHEZ y ALBA REGINA PANIAGUA PACHECO, a efecto de que ampliaran sus informes, los mismos rindieron las ampliaciones correspondientes en donde consta lo siguiente: A) Que en fecha tres (3) de agosto del dos mil diecisiete (2017), el Juez Ejecutor FLORENCIO ARTURO SANCHEZ Resolvió: (SIC) “QUE EL RECURSO DE HABEAS CORPUS CORRECTIVO QUE HA SIDO INTERPUESTO CONTRA LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DEL CENTRO PENAL DE LA ESPERANZA, INTIBUCA, PROCEDE LA ACCION DE HABEAS CORPUS CORRECTIVO PARA GARANTIZAR LA VIDA, SU SALUD Y LA INTEGRIDAD FISICA O MENTAL DE LOS INTERNOS RECLUSOS.”; B) Que en fecha siete (7) de agosto del dos mil diecisiete (2017), la Juez Ejecutora ALBA REGINA PANIAGUA PACHECO Resolvió: (SIC) “No ha lugar la acción de Solicitud de La Acción de Habeas Corpus Colectivo Correctivo, presentada por la Abogada SORAYA LIZETTE MORALES ROMERO, en su condición de Jefe de la Fiscalía Especial de Derechos Humanos, a favor de LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO LA ESPERANZA, INTIBUCA, contra actuaciones DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO.”. (Folios 224–235 del recurso)- CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia a través de su Sala Constitucional el conocimiento de las acciones de Hábeas Corpus o Exhibición Personal, acorde a lo preceptuado en los Artículos 182 y 316 numeral uno de la Constitución de la República, en relación a lo preceptuado en los Artículos 3 numeral uno y 13 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, resultando procedente la misma cuando se constate que la persona agraviada se encuentre ilegalmente presa, detenida, cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad, o bien, cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción o molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión. Asimismo el Artículo 15 de la precitada norma sobre justicia constitucional establece: “DE LA RESOLUCIÓN DE OTRAS VIOLACIONES A LA LIBERTAD. Cuando en la exhibición personal se aleguen otras violaciones que guarden relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas y los hechos fueren conexos con el acto tenido como ilegítimo por constituir su causa o su finalidad, se resolverá también sobre estas violaciones.”.- CONSIDERANDO DOS (2): Que la Carta Magna en el Artículo precitado, establece en su literalidad: “El Estado reconoce la garantía de Hábeas Corpus o Exhibición Personal, y de Hábeas Data. En consecuencia en el Hábeas Corpus o Exhibición Personal toda persona agraviada o cualquier otra en nombre de ésta tiene derecho a promoverla; y en el Hábeas Data únicamente puede promoverla la persona cuyos datos personales o familiares consten en los archivos, registros públicos o privados de la siguiente manera: 1) EL HÁBEAS CORPUS O EXHIBICIÓN PERSONAL: a) Cuando se encuentre ilegalmente presa, detenida, cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad; y, b) Cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión”…[1]- CONSIDERANDO TRES (3): Que la justicia constitucional tiene por objeto desarrollar las garantías constitucionales y las defensas del orden jurídico constitucional, en virtud de ello, en la aplicación de la Ley Sobre Justicia Constitucional, las disposiciones contenidas en la misma, se interpretarán y aplicarán siempre de manera que aseguren una eficaz protección de los derechos humanos y el adecuado funcionamiento de las defensas del orden jurídico constitucional; de igual forma la justicia constitucional se aplicará e interpretará de conformidad con los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales sobre derechos humanos vigentes en la República de Honduras, tomando en consideración las interpretaciones que de ellos hagan los tribunales internacionales[2]. En ese orden de ideas, nuestra Carta Magna declara en su Artículo 59 que la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado, teniendo todos la obligación de respetarla y protegerla, siendo en consecuencia inviolable la dignidad del ser humano, declaración íntimamente relacionada con el derecho individual que recoge la misma normativa constitucional en el Artículo 68, que textualmente establece: “Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, síquica y moral. Nadie debe ser sometido a torturas, ni penas o tratos crueles. Inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.”.- CONSIDERANDO CUATRO (4): Que en fecha veintiséis (26) de mayo de dos mil diecisiete (2017), compareció ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, la Fiscal del Ministerio Público, la Abogada SORAYA LIZETTE MORALES ROMERO, interponiendo Recurso de Exhibición Personal a favor de TODOS LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DEL CENTRO PENITENCIARIO UBICADO EN LA CIUDAD DE LA ESPERANZA, DEPARTAMENTO DE INTIBUCA, contra actuaciones del INSTITUTO NACIONAL PENINTENCIARIO, manifestando la peticionaria que los agraviados: “cumpliendo su condena en condiciones que arriesgan su vida, integridad física y violan sus derechos de conformidad con disposiciones constitucionales que tutelan sus derechos fundamentales y disposiciones contenidas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Convención Americana de Derechos Humanos y la Convención contra la Tortura y otros tratos crueles y degradantes por agravamiento de las condiciones de detención…” entre otras alegaciones, por considerar la peticionaria, que la referida autoridad, por acción u omisión ha incurrido en graves violaciones a los derechos humanos de los relacionados privados de libertad, en virtud de vulnerárseles el derecho a la vida, la integridad personal y dárseles un trato inhumano, degradante y molestias innecesarias para su seguridad individual o para el orden de los centros.- CONSIDERANDO CINCO (5): Que en esa misma fecha veintiséis (26) de mayo de dos mil diecisiete (2017), en consecuencia, designó como Jueces Ejecutores: Al Abogado FLORENCIO ARTURO SANCHEZ, Defensor Público de la ciudad de La Esperanza, Departamento de Intibucá, a efecto de que se constituyera al lugar donde se encuentran detenidos los agraviados y verificar los hechos denunciados en el recurso, y de ser procedente tomara las medidas correspondientes a fin de hacer cesar cualquier tormento, tortura, vejamen, exacción ilegal y toda coacción restricción o molesta innecesaria para su seguridad individual; y, a la Abogada ALBA REGINA PANIAGUA PACHECO, Defensora Publica de la ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, a efecto de requerir a la Autoridad Recurrida, un informe dentro del plazo establecido en la ley.- CONSIDERANDO SEIS (6): Que en fecha treinta (30) de mayo de dos mil diecisiete (2017), el Juez Ejecutor FLORENCIO ARTURO SANCHEZ compareció ante esta Sala, y en el ejercicio de las responsabilidades inherentes a su cargo, rindió el informe correspondiente, concluyendo que del estudio del presente caso y de la documentación obtenida; “… existe un completo hacinamiento de privados de libertad entre condenados y recluidos sin sentencia en el Centro Penal de La Esperanza, Intibucá, las condiciones bajo las cuales viven y se encuentran recluidos no son las aptas para la dignidad de una persona, el Instituto Penitenciario debe de manera urgente mejorar las condiciones de vida y de reclusión en las cuales se encuentran estas personas, en virtud que el centro penal no reúne las condiciones mínimas de seguridad para albergar a los recluidos, debe de buscarse lugares adecuados donde deberían de ser recluidos.”.- CONSIDERANDO SIETE (7): Que en la misma fecha, la Juez Ejecutora ALBA REGINA PANIAGUA PACHECO compareció ante esta Sala, y en el ejercicio de las responsabilidades inherentes a su cargo, rindió el informe correspondiente, consignando entre otros extremos, la conclusión a la que arribo, que la situación actual del Sistema Penitenciario Nacional requiere más infraestructura, en vista que tiene una población penitenciaria que sobrepasa la capacidad de alojamiento, sin embargo la autoridad requerida está realizando todas las gestiones pertinentes para la adquisición de un terreno donde se pueda construir un nuevo centro penitenciario para alojar a los privados de libertad de La Esperanza, Departamento de Intibucá.- CONSIDERANDO OCHO (8): Que habiéndose enviado nueva comunicación a los Jueces Ejecutores FLORENCIO ARTURO SANCHEZ y ALBA REGINA PANIAGUA PACHECO, a efecto de que ampliaran sus informes, los mismos rindieron las ampliaciones correspondientes en donde consta lo siguiente: A) Que en fecha tres (3) de agosto del dos mil diecisiete (2017), el Juez Ejecutor FLORENCIO ARTURO SANCHEZ Resolvió: (SIC) “QUE EL RECURSO DE HABEAS CORPUS CORRECTIVO QUE HA SIDO INTERPUESTO CONTRA LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DEL CENTRO PENAL DE LA ESPERANZA, INTIBUCA, PROCEDE LA ACCION DE HABEAS CORPUS CORRECTIVO PARA GARANTIZAR LA VIDA, SU SALUD Y LA INTEGRIDAD FISICA O MENTAL DE LOS INTERNOS RECLUSOS.”; B) Que en fecha siete (7) de agosto del dos mil diecisiete (2017), la Juez Ejecutora ALBA REGINA PANIAGUA PACHECO Resolvió: (SIC) “No ha lugar la acción de Solicitud de La Acción de Habeas Corpus Colectivo Correctivo, presentada por la Abogada SORAYA LIZETTE MORALES ROMERO, en su condición de Jefe de la Fiscalía Especial de Derechos Humanos, a favor de LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO LA ESPERANZA, INTIBUCA, contra actuaciones DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO.”.- CONSIDERANDO NUEVE (9): Que aún y cuando las condiciones en las que se encuentran los privados de libertad, señaladas por las Jueces Ejecutores nombrados al efecto, son constitutivas de vejámenes y restricciones y molestias innecesarias en perjuicio de la seguridad individual de los privados de libertad, sin embargo el Instituto Nacional Penitenciario; esta realizando las gestiones pertinentes para mejorar las condiciones inherentes de la persona humana, en este caso como ser los Privados de la Libertad del Centro Penitenciario ubicado en la ciudad de La Esperanza, Departamento de Intibucá.- CONSIDERANDO DIEZ (10): Que el recurso de Exhibición Personal o Hábeas Corpus procede cuando por actos de la autoridad se vea vulnerado en forma arbitraria el derecho a la libertad individual o personal de los ciudadanos, en contravención a las normas legales y constitucionales establecidas; asimismo, contra aquellos actos de la autoridad pública que atenten contra la integridad física, síquica y moral de los ciudadanos en situación de privación de libertad; estimándose procedente, por tanto, declarar SIN LUGAR la presente garantía de Hábeas Corpus Correctivo.- POR TANTO: La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, POR UNANIMIDAD DE VOTOS y en aplicación de los artículos 69, 68, 71, 80, 84, 182, 303, 304, 313 atribución 5a. y 316 de la Constitución de la República; 12, 31, 38, 47, 49 y 79 de las Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad; 7 y 10 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 5 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3 y 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 1o., 78 atribución 5ª y 137 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 9, 13, 14, 17, 19, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 38, 39, 72, 119 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- FALLA: DECLARAR SIN LUGAR EL RECURSO DE HÁBEAS CORPUS CORRECTIVO impetrado por la Abogada SORAYA LIZETTE MORALES ROMERO a favor de TODOS LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DEL CENTRO PENITENCIARIO UBICADO EN LA CIUDAD DE LA ESPERANZA, DEPARTAMENTO DE INTIBUCA, contra actuaciones del INSTITUTO NACIONAL PENINTENCIARIO.- Y MANDA: Que para su efectiva ejecución se notifique el presente fallo a las instituciones nominadas y autoridades administrativas y judiciales, enviando la correspondiente certificación y una vez notificada y firme la presente sentencia, se proceda a su archivo en esta Sala de lo Constitucional.- Redactó el Magistrado ZELAYA ZALDAÑA. NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciséis (16) días del mes de enero del año dos mil dieciocho (2018), certificación de la Sentencia de fecha veintisiete (27) de octubre del año dos mil diecisiete (2017), recaída en el Recurso de Exhibición Personal, registrado en este Tribunal bajo el número 0405-2017.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintisiete de octubre de dos mil diecisiete.- VISTA: Para dictar Sentencia de Recurso de Exhibición Personal interpuesto por la Fiscal del Ministerio Público, la Abogada SORAYA LIZETTE MORALES ROMERO a favor de TODOS LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DEL CENTRO PENITENCIARIO UBICADO EN LA CIUDAD DE LA ESPERANZA, DEPARTAMENTO DE INTIBUCA, contra actuaciones del INSTITUTO NACIONAL PENINTENCIARIO manifestando la peticionaria que los agraviados: “ cumpliendo su condena en condiciones que arriesgan su vida, integridad física y violan sus derechos de conformidad con disposiciones constitucionales que tutelan sus derechos fundamentales y disposiciones contenidas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Convención Americana de Derechos Humanos y la Convención contra la Tortura y otros tratos crueles y degradantes por agravamiento de las condiciones de detención…” entre otras alegaciones. Situación que, a criterio de la peticionaria, violenta los derechos contenidos en los Artículos 59, 63, 64, 68, 69, 86, 87, 145 y 182 de la Constitución de la República; 3, 7, 9, 10, 2 literal a), y 3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 1, 5, 7 numeral 3, 8, 11 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos; y 1, 12, 13 y 16 de la Convención contra la Tortura y otros tratos o Penas Crueles y Degradantes.- ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha veintiséis (26) de mayo de dos mil diecisiete (2017), compareció ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, la Fiscal del Ministerio Público, la Abogada SORAYA LIZETTE MORALES ROMERO, interponiendo Recurso de Exhibición Personal a favor de TODOS LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DEL CENTRO PENITENCIARIO UBICADO EN LA CIUDAD DE LA ESPERANZA, DEPARTAMENTO DE INTIBUCA, contra actuaciones del INSTITUTO NACIONAL PENINTENCIARIO, manifestando la peticionaria que los agraviados: “cumpliendo su condena en condiciones que arriesgan su vida, integridad física y violan sus derechos de conformidad con disposiciones constitucionales que tutelan sus derechos fundamentales y disposiciones contenidas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Convención Americana de Derechos Humanos y la Convención contra la Tortura y otros tratos crueles y degradantes por agravamiento de las condiciones de detención…” entre otras alegaciones. Situación que, a criterio de la peticionaria, violenta los derechos contenidos en los Artículos 59, 63, 64, 68, 69, 86, 87, 145 y 182 de la Constitución de la República; 3, 7, 9, 10, 2 literal a), y 3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 1, 5, 7 numeral 3, 8, 11 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos; y 1, 12, 13 y 16 de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles y Degradantes. (Folio 1 – 79 del presente Recurso)- 2) Que en la misma fecha, este Alto Tribunal dispuso admitir la garantía Exhibición Personal de mérito y en consecuencia, designó como Jueces Ejecutores: A) Al Abogado FLORENCIO ARTURO SANCHEZ, Defensor Público de la ciudad de La Esperanza, Departamento de Intibucá, a efecto de que se constituyera al lugar donde se encuentran detenidos los agraviados y verificar los hechos denunciados en el recurso, y de ser procedente tomara las medidas correspondientes a fin de hacer cesar cualquier tormento, tortura, vejamen, exacción ilegal y toda coacción restricción o molesta innecesaria para su seguridad individual; y B) A la Abogada ALBA REGINA PANIAGUA PACHECO, Defensora Publica de la ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, a efecto de requerir a la Autoridad Recurrida, un informe dentro del plazo establecido en la ley. (Folio 79 del presente Recurso)- 3) Que en fecha treinta (30) de mayo de dos mil diecisiete (2017), el Juez Ejecutor FLORENCIO ARTURO SANCHEZ compareció ante esta Sala, y en el ejercicio de las responsabilidades inherentes a su cargo, rindió el informe correspondiente, consignando entre otros extremos, lo siguiente: A) Que recibió un informe del Clase Uno DARIO ARGUETA OSORIO, Director Interino del Centro Penal de La Esperanza, departamento de Intibucá, en donde manifiesta: que las instalaciones no son adecuadas para albergar a tantos internos y su estructura se esta debilitando; que no cuentan con un sistema de alerta temprana, que ayude alertar a los internos de cualquier emergencia; que carecen de vehículo para el traslado de los internos a los juzgados y hospitales; y recomienda que algunos internos sean ubicados en otras granjas penales, donde haya mayor espacio, y así se le ayudaría a un mejor control de la población penitenciaria, así mismo, hizo entrega de un Plan de Continencia para el Centro Penitenciario; B) Que el Juez Ejecutor, también levantó un álbum fotográfico, en donde se pueden apreciar las condiciones en las que se encuentra el Centro Penitenciario de La Esperanza, Departamento de Intibucá, y cómo viven sus internos; C) Que del estudio del presente caso y de la documentación obtenida; el Juez Ejecutor Manifestó: (SIC) “… existe un completo hacinamiento de privados de libertad entre condenados y recluidos sin sentencia en el Centro Penal de La Esperanza, Intibucá, las condiciones bajo las cuales viven y se encuentran recluidos no son las aptas para la dignidad de una persona, el Instituto Penitenciario debe de manera urgente mejorar las condiciones de vida y de reclusión en las cuales se encuentran estas personas, en virtud que el centro penal no reúne las condiciones mínimas de seguridad para albergar a los recluidos, debe de buscarse lugares adecuados donde deberían de ser recluidos.” (Folios del 87–153 del antecedente)- 4) Que en la misma fecha, la Juez Ejecutora ALBA REGINA PANIAGUA PACHECO compareció ante esta Sala, y en el ejercicio de las responsabilidades inherentes a su cargo, rindió el informe correspondiente, consignando entre otros extremos, lo siguiente: A) Que se presentó en fecha veintiséis (26) de mayo de dos mil diecisiete (2017), a las Instalaciones del Instituto Nacional Penitenciario, para solicitar a la Abogada ROSA RENE GUDIEL ARDON, Directora Nacional del Instituto Nacional Penitenciario, que rindiera un informe de la situación, en el cual manifiesta, que la situación actual del Sistema Penitenciario Nacional requiere más infraestructura, en vista que tiene una población penitenciaria que sobrepasa la capacidad de alojamiento, por lo que están realizando todas las gestiones pertinentes para la adquisición de un terreno donde se pueda construir un nuevo centro penitenciario para alojar a los privados de libertad de La Esperanza, departamento de Intibucá; B) Que al no tener la Juez Ejecutora, el informe del Juez Ejecutor FLORENCIO ARTURO SANCHEZ, Defensor Público de la ciudad de La Esperanza, Departamento de Intibucá, se le hace inconveniente emitir una resolución afirmativa o negativa respecto al caso; C) Que del estudio del presente caso y de la documentación obtenida; la Juez Ejecutora Decretó: (SIC) “En suspenso la ACCION DE HABEAS CORPUS COLECTIVO CORRECTIVO, interpuesta por SORAYA LIZETTE MORALES ROMERO en su calidad de Agente de Tribunales de el Ministerio Público, a favor de TODOS LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DEL CENTRO PENITENCIARIO UBICADO EN LA CIUDAD DE LA ESPERANZA, DEPARTAMENTO DE INTIBUCA,…” (Folios del 154–223 del antecedente)- 5) Que habiéndose enviado nueva comunicación a los Jueces Ejecutores FLORENCIO ARTURO SANCHEZ y ALBA REGINA PANIAGUA PACHECO, a efecto de que ampliaran sus informes, los mismos rindieron las ampliaciones correspondientes en donde consta lo siguiente: A) Que en fecha tres (3) de agosto del dos mil diecisiete (2017), el Juez Ejecutor FLORENCIO ARTURO SANCHEZ Resolvió: (SIC) “QUE EL RECURSO DE HABEAS CORPUS CORRECTIVO QUE HA SIDO INTERPUESTO CONTRA LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DEL CENTRO PENAL DE LA ESPERANZA, INTIBUCA, PROCEDE LA ACCION DE HABEAS CORPUS CORRECTIVO PARA GARANTIZAR LA VIDA, SU SALUD Y LA INTEGRIDAD FISICA O MENTAL DE LOS INTERNOS RECLUSOS.”; B) Que en fecha siete (7) de agosto del dos mil diecisiete (2017), la Juez Ejecutora ALBA REGINA PANIAGUA PACHECO Resolvió: (SIC) “No ha lugar la acción de Solicitud de La Acción de Habeas Corpus Colectivo Correctivo, presentada por la Abogada SORAYA LIZETTE MORALES ROMERO, en su condición de Jefe de la Fiscalía Especial de Derechos Humanos, a favor de LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO LA ESPERANZA, INTIBUCA, contra actuaciones DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO.”. (Folios 224–235 del recurso)- CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia a través de su Sala Constitucional el conocimiento de las acciones de Hábeas Corpus o Exhibición Personal, acorde a lo preceptuado en los Artículos 182 y 316 numeral uno de la Constitución de la República, en relación a lo preceptuado en los Artículos 3 numeral uno y 13 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, resultando procedente la misma cuando se constate que la persona agraviada se encuentre ilegalmente presa, detenida, cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad, o bien, cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción o molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión. Asimismo el Artículo 15 de la precitada norma sobre justicia constitucional establece: “DE LA RESOLUCIÓN DE OTRAS VIOLACIONES A LA LIBERTAD. Cuando en la exhibición personal se aleguen otras violaciones que guarden relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas y los hechos fueren conexos con el acto tenido como ilegítimo por constituir su causa o su finalidad, se resolverá también sobre estas violaciones.”.- CONSIDERANDO DOS (2): Que la Carta Magna en el Artículo precitado, establece en su literalidad: “El Estado reconoce la garantía de Hábeas Corpus o Exhibición Personal, y de Hábeas Data. En consecuencia en el Hábeas Corpus o Exhibición Personal toda persona agraviada o cualquier otra en nombre de ésta tiene derecho a promoverla; y en el Hábeas Data únicamente puede promoverla la persona cuyos datos personales o familiares consten en los archivos, registros públicos o privados de la siguiente manera: 1) EL HÁBEAS CORPUS O EXHIBICIÓN PERSONAL: a) Cuando se encuentre ilegalmente presa, detenida, cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad; y, b) Cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión”…[3]- CONSIDERANDO TRES (3): Que la justicia constitucional tiene por objeto desarrollar las garantías constitucionales y las defensas del orden jurídico constitucional, en virtud de ello, en la aplicación de la Ley Sobre Justicia Constitucional, las disposiciones contenidas en la misma, se interpretarán y aplicarán siempre de manera que aseguren una eficaz protección de los derechos humanos y el adecuado funcionamiento de las defensas del orden jurídico constitucional; de igual forma la justicia constitucional se aplicará e interpretará de conformidad con los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales sobre derechos humanos vigentes en la República de Honduras, tomando en consideración las interpretaciones que de ellos hagan los tribunales internacionales[4]. En ese orden de ideas, nuestra Carta Magna declara en su Artículo 59 que la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado, teniendo todos la obligación de respetarla y protegerla, siendo en consecuencia inviolable la dignidad del ser humano, declaración íntimamente relacionada con el derecho individual que recoge la misma normativa constitucional en el Artículo 68, que textualmente establece: “Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, síquica y moral. Nadie debe ser sometido a torturas, ni penas o tratos crueles. Inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.”.- CONSIDERANDO CUATRO (4): Que en fecha veintiséis (26) de mayo de dos mil diecisiete (2017), compareció ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, la Fiscal del Ministerio Público, la Abogada SORAYA LIZETTE MORALES ROMERO, interponiendo Recurso de Exhibición Personal a favor de TODOS LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DEL CENTRO PENITENCIARIO UBICADO EN LA CIUDAD DE LA ESPERANZA, DEPARTAMENTO DE INTIBUCA, contra actuaciones del INSTITUTO NACIONAL PENINTENCIARIO, manifestando la peticionaria que los agraviados: “cumpliendo su condena en condiciones que arriesgan su vida, integridad física y violan sus derechos de conformidad con disposiciones constitucionales que tutelan sus derechos fundamentales y disposiciones contenidas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Convención Americana de Derechos Humanos y la Convención contra la Tortura y otros tratos crueles y degradantes por agravamiento de las condiciones de detención…” entre otras alegaciones, por considerar la peticionaria, que la referida autoridad, por acción u omisión ha incurrido en graves violaciones a los derechos humanos de los relacionados privados de libertad, en virtud de vulnerárseles el derecho a la vida, la integridad personal y dárseles un trato inhumano, degradante y molestias innecesarias para su seguridad individual o para el orden de los centros.- CONSIDERANDO CINCO (5): Que en esa misma fecha veintiséis (26) de mayo de dos mil diecisiete (2017), en consecuencia, designó como Jueces Ejecutores: Al Abogado FLORENCIO ARTURO SANCHEZ, Defensor Público de la ciudad de La Esperanza, Departamento de Intibucá, a efecto de que se constituyera al lugar donde se encuentran detenidos los agraviados y verificar los hechos denunciados en el recurso, y de ser procedente tomara las medidas correspondientes a fin de hacer cesar cualquier tormento, tortura, vejamen, exacción ilegal y toda coacción restricción o molesta innecesaria para su seguridad individual; y, a la Abogada ALBA REGINA PANIAGUA PACHECO, Defensora Publica de la ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, a efecto de requerir a la Autoridad Recurrida, un informe dentro del plazo establecido en la ley.- CONSIDERANDO SEIS (6): Que en fecha treinta (30) de mayo de dos mil diecisiete (2017), el Juez Ejecutor FLORENCIO ARTURO SANCHEZ compareció ante esta Sala, y en el ejercicio de las responsabilidades inherentes a su cargo, rindió el informe correspondiente, concluyendo que del estudio del presente caso y de la documentación obtenida; “… existe un completo hacinamiento de privados de libertad entre condenados y recluidos sin sentencia en el Centro Penal de La Esperanza, Intibucá, las condiciones bajo las cuales viven y se encuentran recluidos no son las aptas para la dignidad de una persona, el Instituto Penitenciario debe de manera urgente mejorar las condiciones de vida y de reclusión en las cuales se encuentran estas personas, en virtud que el centro penal no reúne las condiciones mínimas de seguridad para albergar a los recluidos, debe de buscarse lugares adecuados donde deberían de ser recluidos.”.- CONSIDERANDO SIETE (7): Que en la misma fecha, la Juez Ejecutora ALBA REGINA PANIAGUA PACHECO compareció ante esta Sala, y en el ejercicio de las responsabilidades inherentes a su cargo, rindió el informe correspondiente, consignando entre otros extremos, la conclusión a la que arribo, que la situación actual del Sistema Penitenciario Nacional requiere más infraestructura, en vista que tiene una población penitenciaria que sobrepasa la capacidad de alojamiento, sin embargo la autoridad requerida está realizando todas las gestiones pertinentes para la adquisición de un terreno donde se pueda construir un nuevo centro penitenciario para alojar a los privados de libertad de La Esperanza, Departamento de Intibucá.- CONSIDERANDO OCHO (8): Que habiéndose enviado nueva comunicación a los Jueces Ejecutores FLORENCIO ARTURO SANCHEZ y ALBA REGINA PANIAGUA PACHECO, a efecto de que ampliaran sus informes, los mismos rindieron las ampliaciones correspondientes en donde consta lo siguiente: A) Que en fecha tres (3) de agosto del dos mil diecisiete (2017), el Juez Ejecutor FLORENCIO ARTURO SANCHEZ Resolvió: (SIC) “QUE EL RECURSO DE HABEAS CORPUS CORRECTIVO QUE HA SIDO INTERPUESTO CONTRA LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DEL CENTRO PENAL DE LA ESPERANZA, INTIBUCA, PROCEDE LA ACCION DE HABEAS CORPUS CORRECTIVO PARA GARANTIZAR LA VIDA, SU SALUD Y LA INTEGRIDAD FISICA O MENTAL DE LOS INTERNOS RECLUSOS.”; B) Que en fecha siete (7) de agosto del dos mil diecisiete (2017), la Juez Ejecutora ALBA REGINA PANIAGUA PACHECO Resolvió: (SIC) “No ha lugar la acción de Solicitud de La Acción de Habeas Corpus Colectivo Correctivo, presentada por la Abogada SORAYA LIZETTE MORALES ROMERO, en su condición de Jefe de la Fiscalía Especial de Derechos Humanos, a favor de LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO LA ESPERANZA, INTIBUCA, contra actuaciones DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO.”.- CONSIDERANDO NUEVE (9): Que aún y cuando las condiciones en las que se encuentran los privados de libertad, señaladas por las Jueces Ejecutores nombrados al efecto, son constitutivas de vejámenes y restricciones y molestias innecesarias en perjuicio de la seguridad individual de los privados de libertad, sin embargo el Instituto Nacional Penitenciario; esta realizando las gestiones pertinentes para mejorar las condiciones inherentes de la persona humana, en este caso como ser los Privados de la Libertad del Centro Penitenciario ubicado en la ciudad de La Esperanza, Departamento de Intibucá.- CONSIDERANDO DIEZ (10): Que el recurso de Exhibición Personal o Hábeas Corpus procede cuando por actos de la autoridad se vea vulnerado en forma arbitraria el derecho a la libertad individual o personal de los ciudadanos, en contravención a las normas legales y constitucionales establecidas; asimismo, contra aquellos actos de la autoridad pública que atenten contra la integridad física, síquica y moral de los ciudadanos en situación de privación de libertad; estimándose procedente, por tanto, declarar SIN LUGAR la presente garantía de Hábeas Corpus Correctivo.- POR TANTO: La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, POR UNANIMIDAD DE VOTOS y en aplicación de los artículos 69, 68, 71, 80, 84, 182, 303, 304, 313 atribución 5a. y 316 de la Constitución de la República; 12, 31, 38, 47, 49 y 79 de las Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad; 7 y 10 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 5 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3 y 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 1o., 78 atribución 5ª y 137 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 9, 13, 14, 17, 19, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 38, 39, 72, 119 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- FALLA: DECLARAR SIN LUGAR EL RECURSO DE HÁBEAS CORPUS CORRECTIVO impetrado por la Abogada SORAYA LIZETTE MORALES ROMERO a favor de TODOS LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DEL CENTRO PENITENCIARIO UBICADO EN LA CIUDAD DE LA ESPERANZA, DEPARTAMENTO DE INTIBUCA, contra actuaciones del INSTITUTO NACIONAL PENINTENCIARIO.- Y MANDA: Que para su efectiva ejecución se notifique el presente fallo a las instituciones nominadas y autoridades administrativas y judiciales, enviando la correspondiente certificación y una vez notificada y firme la presente sentencia, se proceda a su archivo en esta Sala de lo Constitucional.- Redactó el Magistrado ZELAYA ZALDAÑA. NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”
Y para ser entregada a la Abogada SORAYA LIZETTE MORALES ROMERO, en su condición de Fiscal del Ministerio Publico, de conformidad a lo ordenado en la presente Resolución, se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciséis (16) días del mes de enero del año dos mil dieciocho (2018), certificación de la Sentencia de fecha veintisiete (27) de octubre del año dos mil diecisiete (2017), recaída en el Recurso de exhibición Personal, registrado en este Tribunal bajo el número 0405-2017.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintisiete de octubre de dos mil diecisiete.- VISTA: Para dictar Sentencia de Recurso de Exhibición Personal interpuesto por la Fiscal del Ministerio Público, la Abogada SORAYA LIZETTE MORALES ROMERO a favor de TODOS LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DEL CENTRO PENITENCIARIO UBICADO EN LA CIUDAD DE LA ESPERANZA, DEPARTAMENTO DE INTIBUCA, contra actuaciones del INSTITUTO NACIONAL PENINTENCIARIO manifestando la peticionaria que los agraviados: “ cumpliendo su condena en condiciones que arriesgan su vida, integridad física y violan sus derechos de conformidad con disposiciones constitucionales que tutelan sus derechos fundamentales y disposiciones contenidas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Convención Americana de Derechos Humanos y la Convención contra la Tortura y otros tratos crueles y degradantes por agravamiento de las condiciones de detención…” entre otras alegaciones. Situación que, a criterio de la peticionaria, violenta los derechos contenidos en los Artículos 59, 63, 64, 68, 69, 86, 87, 145 y 182 de la Constitución de la República; 3, 7, 9, 10, 2 literal a), y 3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 1, 5, 7 numeral 3, 8, 11 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos; y 1, 12, 13 y 16 de la Convención contra la Tortura y otros tratos o Penas Crueles y Degradantes.- ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha veintiséis (26) de mayo de dos mil diecisiete (2017), compareció ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, la Fiscal del Ministerio Público, la Abogada SORAYA LIZETTE MORALES ROMERO, interponiendo Recurso de Exhibición Personal a favor de TODOS LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DEL CENTRO PENITENCIARIO UBICADO EN LA CIUDAD DE LA ESPERANZA, DEPARTAMENTO DE INTIBUCA, contra actuaciones del INSTITUTO NACIONAL PENINTENCIARIO, manifestando la peticionaria que los agraviados: “cumpliendo su condena en condiciones que arriesgan su vida, integridad física y violan sus derechos de conformidad con disposiciones constitucionales que tutelan sus derechos fundamentales y disposiciones contenidas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Convención Americana de Derechos Humanos y la Convención contra la Tortura y otros tratos crueles y degradantes por agravamiento de las condiciones de detención…” entre otras alegaciones. Situación que, a criterio de la peticionaria, violenta los derechos contenidos en los Artículos 59, 63, 64, 68, 69, 86, 87, 145 y 182 de la Constitución de la República; 3, 7, 9, 10, 2 literal a), y 3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 1, 5, 7 numeral 3, 8, 11 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos; y 1, 12, 13 y 16 de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles y Degradantes. (Folio 1 – 79 del presente Recurso)- 2) Que en la misma fecha, este Alto Tribunal dispuso admitir la garantía Exhibición Personal de mérito y en consecuencia, designó como Jueces Ejecutores: A) Al Abogado FLORENCIO ARTURO SANCHEZ, Defensor Público de la ciudad de La Esperanza, Departamento de Intibucá, a efecto de que se constituyera al lugar donde se encuentran detenidos los agraviados y verificar los hechos denunciados en el recurso, y de ser procedente tomara las medidas correspondientes a fin de hacer cesar cualquier tormento, tortura, vejamen, exacción ilegal y toda coacción restricción o molesta innecesaria para su seguridad individual; y B) A la Abogada ALBA REGINA PANIAGUA PACHECO, Defensora Publica de la ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, a efecto de requerir a la Autoridad Recurrida, un informe dentro del plazo establecido en la ley. (Folio 79 del presente Recurso)- 3) Que en fecha treinta (30) de mayo de dos mil diecisiete (2017), el Juez Ejecutor FLORENCIO ARTURO SANCHEZ compareció ante esta Sala, y en el ejercicio de las responsabilidades inherentes a su cargo, rindió el informe correspondiente, consignando entre otros extremos, lo siguiente: A) Que recibió un informe del Clase Uno DARIO ARGUETA OSORIO, Director Interino del Centro Penal de La Esperanza, departamento de Intibucá, en donde manifiesta: que las instalaciones no son adecuadas para albergar a tantos internos y su estructura se esta debilitando; que no cuentan con un sistema de alerta temprana, que ayude alertar a los internos de cualquier emergencia; que carecen de vehículo para el traslado de los internos a los juzgados y hospitales; y recomienda que algunos internos sean ubicados en otras granjas penales, donde haya mayor espacio, y así se le ayudaría a un mejor control de la población penitenciaria, así mismo, hizo entrega de un Plan de Continencia para el Centro Penitenciario; B) Que el Juez Ejecutor, también levantó un álbum fotográfico, en donde se pueden apreciar las condiciones en las que se encuentra el Centro Penitenciario de La Esperanza, Departamento de Intibucá, y cómo viven sus internos; C) Que del estudio del presente caso y de la documentación obtenida; el Juez Ejecutor Manifestó: (SIC) “… existe un completo hacinamiento de privados de libertad entre condenados y recluidos sin sentencia en el Centro Penal de La Esperanza, Intibucá, las condiciones bajo las cuales viven y se encuentran recluidos no son las aptas para la dignidad de una persona, el Instituto Penitenciario debe de manera urgente mejorar las condiciones de vida y de reclusión en las cuales se encuentran estas personas, en virtud que el centro penal no reúne las condiciones mínimas de seguridad para albergar a los recluidos, debe de buscarse lugares adecuados donde deberían de ser recluidos.” (Folios del 87–153 del antecedente)- 4) Que en la misma fecha, la Juez Ejecutora ALBA REGINA PANIAGUA PACHECO compareció ante esta Sala, y en el ejercicio de las responsabilidades inherentes a su cargo, rindió el informe correspondiente, consignando entre otros extremos, lo siguiente: A) Que se presentó en fecha veintiséis (26) de mayo de dos mil diecisiete (2017), a las Instalaciones del Instituto Nacional Penitenciario, para solicitar a la Abogada ROSA RENE GUDIEL ARDON, Directora Nacional del Instituto Nacional Penitenciario, que rindiera un informe de la situación, en el cual manifiesta, que la situación actual del Sistema Penitenciario Nacional requiere más infraestructura, en vista que tiene una población penitenciaria que sobrepasa la capacidad de alojamiento, por lo que están realizando todas las gestiones pertinentes para la adquisición de un terreno donde se pueda construir un nuevo centro penitenciario para alojar a los privados de libertad de La Esperanza, departamento de Intibucá; B) Que al no tener la Juez Ejecutora, el informe del Juez Ejecutor FLORENCIO ARTURO SANCHEZ, Defensor Público de la ciudad de La Esperanza, Departamento de Intibucá, se le hace inconveniente emitir una resolución afirmativa o negativa respecto al caso; C) Que del estudio del presente caso y de la documentación obtenida; la Juez Ejecutora Decretó: (SIC) “En suspenso la ACCION DE HABEAS CORPUS COLECTIVO CORRECTIVO, interpuesta por SORAYA LIZETTE MORALES ROMERO en su calidad de Agente de Tribunales de el Ministerio Público, a favor de TODOS LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DEL CENTRO PENITENCIARIO UBICADO EN LA CIUDAD DE LA ESPERANZA, DEPARTAMENTO DE INTIBUCA,…” (Folios del 154–223 del antecedente)- 5) Que habiéndose enviado nueva comunicación a los Jueces Ejecutores FLORENCIO ARTURO SANCHEZ y ALBA REGINA PANIAGUA PACHECO, a efecto de que ampliaran sus informes, los mismos rindieron las ampliaciones correspondientes en donde consta lo siguiente: A) Que en fecha tres (3) de agosto del dos mil diecisiete (2017), el Juez Ejecutor FLORENCIO ARTURO SANCHEZ Resolvió: (SIC) “QUE EL RECURSO DE HABEAS CORPUS CORRECTIVO QUE HA SIDO INTERPUESTO CONTRA LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DEL CENTRO PENAL DE LA ESPERANZA, INTIBUCA, PROCEDE LA ACCION DE HABEAS CORPUS CORRECTIVO PARA GARANTIZAR LA VIDA, SU SALUD Y LA INTEGRIDAD FISICA O MENTAL DE LOS INTERNOS RECLUSOS.”; B) Que en fecha siete (7) de agosto del dos mil diecisiete (2017), la Juez Ejecutora ALBA REGINA PANIAGUA PACHECO Resolvió: (SIC) “No ha lugar la acción de Solicitud de La Acción de Habeas Corpus Colectivo Correctivo, presentada por la Abogada SORAYA LIZETTE MORALES ROMERO, en su condición de Jefe de la Fiscalía Especial de Derechos Humanos, a favor de LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO LA ESPERANZA, INTIBUCA, contra actuaciones DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO.”. (Folios 224–235 del recurso)- CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia a través de su Sala Constitucional el conocimiento de las acciones de Hábeas Corpus o Exhibición Personal, acorde a lo preceptuado en los Artículos 182 y 316 numeral uno de la Constitución de la República, en relación a lo preceptuado en los Artículos 3 numeral uno y 13 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, resultando procedente la misma cuando se constate que la persona agraviada se encuentre ilegalmente presa, detenida, cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad, o bien, cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción o molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión. Asimismo el Artículo 15 de la precitada norma sobre justicia constitucional establece: “DE LA RESOLUCIÓN DE OTRAS VIOLACIONES A LA LIBERTAD. Cuando en la exhibición personal se aleguen otras violaciones que guarden relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas y los hechos fueren conexos con el acto tenido como ilegítimo por constituir su causa o su finalidad, se resolverá también sobre estas violaciones.”.- CONSIDERANDO DOS (2): Que la Carta Magna en el Artículo precitado, establece en su literalidad: “El Estado reconoce la garantía de Hábeas Corpus o Exhibición Personal, y de Hábeas Data. En consecuencia en el Hábeas Corpus o Exhibición Personal toda persona agraviada o cualquier otra en nombre de ésta tiene derecho a promoverla; y en el Hábeas Data únicamente puede promoverla la persona cuyos datos personales o familiares consten en los archivos, registros públicos o privados de la siguiente manera: 1) EL HÁBEAS CORPUS O EXHIBICIÓN PERSONAL: a) Cuando se encuentre ilegalmente presa, detenida, cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad; y, b) Cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión”…[5]- CONSIDERANDO TRES (3): Que la justicia constitucional tiene por objeto desarrollar las garantías constitucionales y las defensas del orden jurídico constitucional, en virtud de ello, en la aplicación de la Ley Sobre Justicia Constitucional, las disposiciones contenidas en la misma, se interpretarán y aplicarán siempre de manera que aseguren una eficaz protección de los derechos humanos y el adecuado funcionamiento de las defensas del orden jurídico constitucional; de igual forma la justicia constitucional se aplicará e interpretará de conformidad con los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales sobre derechos humanos vigentes en la República de Honduras, tomando en consideración las interpretaciones que de ellos hagan los tribunales internacionales[6]. En ese orden de ideas, nuestra Carta Magna declara en su Artículo 59 que la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado, teniendo todos la obligación de respetarla y protegerla, siendo en consecuencia inviolable la dignidad del ser humano, declaración íntimamente relacionada con el derecho individual que recoge la misma normativa constitucional en el Artículo 68, que textualmente establece: “Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, síquica y moral. Nadie debe ser sometido a torturas, ni penas o tratos crueles. Inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.”.- CONSIDERANDO CUATRO (4): Que en fecha veintiséis (26) de mayo de dos mil diecisiete (2017), compareció ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, la Fiscal del Ministerio Público, la Abogada SORAYA LIZETTE MORALES ROMERO, interponiendo Recurso de Exhibición Personal a favor de TODOS LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DEL CENTRO PENITENCIARIO UBICADO EN LA CIUDAD DE LA ESPERANZA, DEPARTAMENTO DE INTIBUCA, contra actuaciones del INSTITUTO NACIONAL PENINTENCIARIO, manifestando la peticionaria que los agraviados: “cumpliendo su condena en condiciones que arriesgan su vida, integridad física y violan sus derechos de conformidad con disposiciones constitucionales que tutelan sus derechos fundamentales y disposiciones contenidas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Convención Americana de Derechos Humanos y la Convención contra la Tortura y otros tratos crueles y degradantes por agravamiento de las condiciones de detención…” entre otras alegaciones, por considerar la peticionaria, que la referida autoridad, por acción u omisión ha incurrido en graves violaciones a los derechos humanos de los relacionados privados de libertad, en virtud de vulnerárseles el derecho a la vida, la integridad personal y dárseles un trato inhumano, degradante y molestias innecesarias para su seguridad individual o para el orden de los centros.- CONSIDERANDO CINCO (5): Que en esa misma fecha veintiséis (26) de mayo de dos mil diecisiete (2017), en consecuencia, designó como Jueces Ejecutores: Al Abogado FLORENCIO ARTURO SANCHEZ, Defensor Público de la ciudad de La Esperanza, Departamento de Intibucá, a efecto de que se constituyera al lugar donde se encuentran detenidos los agraviados y verificar los hechos denunciados en el recurso, y de ser procedente tomara las medidas correspondientes a fin de hacer cesar cualquier tormento, tortura, vejamen, exacción ilegal y toda coacción restricción o molesta innecesaria para su seguridad individual; y, a la Abogada ALBA REGINA PANIAGUA PACHECO, Defensora Publica de la ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, a efecto de requerir a la Autoridad Recurrida, un informe dentro del plazo establecido en la ley.- CONSIDERANDO SEIS (6): Que en fecha treinta (30) de mayo de dos mil diecisiete (2017), el Juez Ejecutor FLORENCIO ARTURO SANCHEZ compareció ante esta Sala, y en el ejercicio de las responsabilidades inherentes a su cargo, rindió el informe correspondiente, concluyendo que del estudio del presente caso y de la documentación obtenida; “… existe un completo hacinamiento de privados de libertad entre condenados y recluidos sin sentencia en el Centro Penal de La Esperanza, Intibucá, las condiciones bajo las cuales viven y se encuentran recluidos no son las aptas para la dignidad de una persona, el Instituto Penitenciario debe de manera urgente mejorar las condiciones de vida y de reclusión en las cuales se encuentran estas personas, en virtud que el centro penal no reúne las condiciones mínimas de seguridad para albergar a los recluidos, debe de buscarse lugares adecuados donde deberían de ser recluidos.”.- CONSIDERANDO SIETE (7): Que en la misma fecha, la Juez Ejecutora ALBA REGINA PANIAGUA PACHECO compareció ante esta Sala, y en el ejercicio de las responsabilidades inherentes a su cargo, rindió el informe correspondiente, consignando entre otros extremos, la conclusión a la que arribo, que la situación actual del Sistema Penitenciario Nacional requiere más infraestructura, en vista que tiene una población penitenciaria que sobrepasa la capacidad de alojamiento, sin embargo la autoridad requerida está realizando todas las gestiones pertinentes para la adquisición de un terreno donde se pueda construir un nuevo centro penitenciario para alojar a los privados de libertad de La Esperanza, Departamento de Intibucá.- CONSIDERANDO OCHO (8): Que habiéndose enviado nueva comunicación a los Jueces Ejecutores FLORENCIO ARTURO SANCHEZ y ALBA REGINA PANIAGUA PACHECO, a efecto de que ampliaran sus informes, los mismos rindieron las ampliaciones correspondientes en donde consta lo siguiente: A) Que en fecha tres (3) de agosto del dos mil diecisiete (2017), el Juez Ejecutor FLORENCIO ARTURO SANCHEZ Resolvió: (SIC) “QUE EL RECURSO DE HABEAS CORPUS CORRECTIVO QUE HA SIDO INTERPUESTO CONTRA LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DEL CENTRO PENAL DE LA ESPERANZA, INTIBUCA, PROCEDE LA ACCION DE HABEAS CORPUS CORRECTIVO PARA GARANTIZAR LA VIDA, SU SALUD Y LA INTEGRIDAD FISICA O MENTAL DE LOS INTERNOS RECLUSOS.”; B) Que en fecha siete (7) de agosto del dos mil diecisiete (2017), la Juez Ejecutora ALBA REGINA PANIAGUA PACHECO Resolvió: (SIC) “No ha lugar la acción de Solicitud de La Acción de Habeas Corpus Colectivo Correctivo, presentada por la Abogada SORAYA LIZETTE MORALES ROMERO, en su condición de Jefe de la Fiscalía Especial de Derechos Humanos, a favor de LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO LA ESPERANZA, INTIBUCA, contra actuaciones DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO.”.- CONSIDERANDO NUEVE (9): Que aún y cuando las condiciones en las que se encuentran los privados de libertad, señaladas por las Jueces Ejecutores nombrados al efecto, son constitutivas de vejámenes y restricciones y molestias innecesarias en perjuicio de la seguridad individual de los privados de libertad, sin embargo el Instituto Nacional Penitenciario; esta realizando las gestiones pertinentes para mejorar las condiciones inherentes de la persona humana, en este caso como ser los Privados de la Libertad del Centro Penitenciario ubicado en la ciudad de La Esperanza, Departamento de Intibucá.- CONSIDERANDO DIEZ (10): Que el recurso de Exhibición Personal o Hábeas Corpus procede cuando por actos de la autoridad se vea vulnerado en forma arbitraria el derecho a la libertad individual o personal de los ciudadanos, en contravención a las normas legales y constitucionales establecidas; asimismo, contra aquellos actos de la autoridad pública que atenten contra la integridad física, síquica y moral de los ciudadanos en situación de privación de libertad; estimándose procedente, por tanto, declarar SIN LUGAR la presente garantía de Hábeas Corpus Correctivo.- POR TANTO: La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, POR UNANIMIDAD DE VOTOS y en aplicación de los artículos 69, 68, 71, 80, 84, 182, 303, 304, 313 atribución 5a. y 316 de la Constitución de la República; 12, 31, 38, 47, 49 y 79 de las Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad; 7 y 10 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 5 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3 y 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 1o., 78 atribución 5ª y 137 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 9, 13, 14, 17, 19, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 38, 39, 72, 119 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- FALLA: DECLARAR SIN LUGAR EL RECURSO DE HÁBEAS CORPUS CORRECTIVO impetrado por la Abogada SORAYA LIZETTE MORALES ROMERO a favor de TODOS LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DEL CENTRO PENITENCIARIO UBICADO EN LA CIUDAD DE LA ESPERANZA, DEPARTAMENTO DE INTIBUCA, contra actuaciones del INSTITUTO NACIONAL PENINTENCIARIO.- Y MANDA: Que para su efectiva ejecución se notifique el presente fallo a las instituciones nominadas y autoridades administrativas y judiciales, enviando la correspondiente certificación y una vez notificada y firme la presente sentencia, se proceda a su archivo en esta Sala de lo Constitucional.- Redactó el Magistrado ZELAYA ZALDAÑA. NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”
Y para ser entregada al DIRECTOR INTERINO DEL CENTRO PENAL DE LA ESPERANZA, DEPARTAMENTO DE INTIBUCA, de conformidad a lo ordenado en la presente Resolución, se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciséis (16) días del mes de enero del año dos mil dieciocho (2018), certificación de la Sentencia de fecha veintisiete (27) de octubre del año dos mil diecisiete (2017), recaída en el Recurso de Exhibición Personal, registrado en este Tribunal bajo el número 0405-2017.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintisiete de octubre de dos mil diecisiete.- VISTA: Para dictar Sentencia de Recurso de Exhibición Personal interpuesto por la Fiscal del Ministerio Público, la Abogada SORAYA LIZETTE MORALES ROMERO a favor de TODOS LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DEL CENTRO PENITENCIARIO UBICADO EN LA CIUDAD DE LA ESPERANZA, DEPARTAMENTO DE INTIBUCA, contra actuaciones del INSTITUTO NACIONAL PENINTENCIARIO manifestando la peticionaria que los agraviados: “ cumpliendo su condena en condiciones que arriesgan su vida, integridad física y violan sus derechos de conformidad con disposiciones constitucionales que tutelan sus derechos fundamentales y disposiciones contenidas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Convención Americana de Derechos Humanos y la Convención contra la Tortura y otros tratos crueles y degradantes por agravamiento de las condiciones de detención…” entre otras alegaciones. Situación que, a criterio de la peticionaria, violenta los derechos contenidos en los Artículos 59, 63, 64, 68, 69, 86, 87, 145 y 182 de la Constitución de la República; 3, 7, 9, 10, 2 literal a), y 3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 1, 5, 7 numeral 3, 8, 11 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos; y 1, 12, 13 y 16 de la Convención contra la Tortura y otros tratos o Penas Crueles y Degradantes.- ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha veintiséis (26) de mayo de dos mil diecisiete (2017), compareció ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, la Fiscal del Ministerio Público, la Abogada SORAYA LIZETTE MORALES ROMERO, interponiendo Recurso de Exhibición Personal a favor de TODOS LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DEL CENTRO PENITENCIARIO UBICADO EN LA CIUDAD DE LA ESPERANZA, DEPARTAMENTO DE INTIBUCA, contra actuaciones del INSTITUTO NACIONAL PENINTENCIARIO, manifestando la peticionaria que los agraviados: “cumpliendo su condena en condiciones que arriesgan su vida, integridad física y violan sus derechos de conformidad con disposiciones constitucionales que tutelan sus derechos fundamentales y disposiciones contenidas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Convención Americana de Derechos Humanos y la Convención contra la Tortura y otros tratos crueles y degradantes por agravamiento de las condiciones de detención…” entre otras alegaciones. Situación que, a criterio de la peticionaria, violenta los derechos contenidos en los Artículos 59, 63, 64, 68, 69, 86, 87, 145 y 182 de la Constitución de la República; 3, 7, 9, 10, 2 literal a), y 3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 1, 5, 7 numeral 3, 8, 11 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos; y 1, 12, 13 y 16 de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles y Degradantes. (Folio 1 – 79 del presente Recurso)- 2) Que en la misma fecha, este Alto Tribunal dispuso admitir la garantía Exhibición Personal de mérito y en consecuencia, designó como Jueces Ejecutores: A) Al Abogado FLORENCIO ARTURO SANCHEZ, Defensor Público de la ciudad de La Esperanza, Departamento de Intibucá, a efecto de que se constituyera al lugar donde se encuentran detenidos los agraviados y verificar los hechos denunciados en el recurso, y de ser procedente tomara las medidas correspondientes a fin de hacer cesar cualquier tormento, tortura, vejamen, exacción ilegal y toda coacción restricción o molesta innecesaria para su seguridad individual; y B) A la Abogada ALBA REGINA PANIAGUA PACHECO, Defensora Publica de la ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, a efecto de requerir a la Autoridad Recurrida, un informe dentro del plazo establecido en la ley. (Folio 79 del presente Recurso)- 3) Que en fecha treinta (30) de mayo de dos mil diecisiete (2017), el Juez Ejecutor FLORENCIO ARTURO SANCHEZ compareció ante esta Sala, y en el ejercicio de las responsabilidades inherentes a su cargo, rindió el informe correspondiente, consignando entre otros extremos, lo siguiente: A) Que recibió un informe del Clase Uno DARIO ARGUETA OSORIO, Director Interino del Centro Penal de La Esperanza, departamento de Intibucá, en donde manifiesta: que las instalaciones no son adecuadas para albergar a tantos internos y su estructura se esta debilitando; que no cuentan con un sistema de alerta temprana, que ayude alertar a los internos de cualquier emergencia; que carecen de vehículo para el traslado de los internos a los juzgados y hospitales; y recomienda que algunos internos sean ubicados en otras granjas penales, donde haya mayor espacio, y así se le ayudaría a un mejor control de la población penitenciaria, así mismo, hizo entrega de un Plan de Continencia para el Centro Penitenciario; B) Que el Juez Ejecutor, también levantó un álbum fotográfico, en donde se pueden apreciar las condiciones en las que se encuentra el Centro Penitenciario de La Esperanza, Departamento de Intibucá, y cómo viven sus internos; C) Que del estudio del presente caso y de la documentación obtenida; el Juez Ejecutor Manifestó: (SIC) “… existe un completo hacinamiento de privados de libertad entre condenados y recluidos sin sentencia en el Centro Penal de La Esperanza, Intibucá, las condiciones bajo las cuales viven y se encuentran recluidos no son las aptas para la dignidad de una persona, el Instituto Penitenciario debe de manera urgente mejorar las condiciones de vida y de reclusión en las cuales se encuentran estas personas, en virtud que el centro penal no reúne las condiciones mínimas de seguridad para albergar a los recluidos, debe de buscarse lugares adecuados donde deberían de ser recluidos.” (Folios del 87–153 del antecedente)- 4) Que en la misma fecha, la Juez Ejecutora ALBA REGINA PANIAGUA PACHECO compareció ante esta Sala, y en el ejercicio de las responsabilidades inherentes a su cargo, rindió el informe correspondiente, consignando entre otros extremos, lo siguiente: A) Que se presentó en fecha veintiséis (26) de mayo de dos mil diecisiete (2017), a las Instalaciones del Instituto Nacional Penitenciario, para solicitar a la Abogada ROSA RENE GUDIEL ARDON, Directora Nacional del Instituto Nacional Penitenciario, que rindiera un informe de la situación, en el cual manifiesta, que la situación actual del Sistema Penitenciario Nacional requiere más infraestructura, en vista que tiene una población penitenciaria que sobrepasa la capacidad de alojamiento, por lo que están realizando todas las gestiones pertinentes para la adquisición de un terreno donde se pueda construir un nuevo centro penitenciario para alojar a los privados de libertad de La Esperanza, departamento de Intibucá; B) Que al no tener la Juez Ejecutora, el informe del Juez Ejecutor FLORENCIO ARTURO SANCHEZ, Defensor Público de la ciudad de La Esperanza, Departamento de Intibucá, se le hace inconveniente emitir una resolución afirmativa o negativa respecto al caso; C) Que del estudio del presente caso y de la documentación obtenida; la Juez Ejecutora Decretó: (SIC) “En suspenso la ACCION DE HABEAS CORPUS COLECTIVO CORRECTIVO, interpuesta por SORAYA LIZETTE MORALES ROMERO en su calidad de Agente de Tribunales de el Ministerio Público, a favor de TODOS LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DEL CENTRO PENITENCIARIO UBICADO EN LA CIUDAD DE LA ESPERANZA, DEPARTAMENTO DE INTIBUCA,…” (Folios del 154–223 del antecedente)- 5) Que habiéndose enviado nueva comunicación a los Jueces Ejecutores FLORENCIO ARTURO SANCHEZ y ALBA REGINA PANIAGUA PACHECO, a efecto de que ampliaran sus informes, los mismos rindieron las ampliaciones correspondientes en donde consta lo siguiente: A) Que en fecha tres (3) de agosto del dos mil diecisiete (2017), el Juez Ejecutor FLORENCIO ARTURO SANCHEZ Resolvió: (SIC) “QUE EL RECURSO DE HABEAS CORPUS CORRECTIVO QUE HA SIDO INTERPUESTO CONTRA LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DEL CENTRO PENAL DE LA ESPERANZA, INTIBUCA, PROCEDE LA ACCION DE HABEAS CORPUS CORRECTIVO PARA GARANTIZAR LA VIDA, SU SALUD Y LA INTEGRIDAD FISICA O MENTAL DE LOS INTERNOS RECLUSOS.”; B) Que en fecha siete (7) de agosto del dos mil diecisiete (2017), la Juez Ejecutora ALBA REGINA PANIAGUA PACHECO Resolvió: (SIC) “No ha lugar la acción de Solicitud de La Acción de Habeas Corpus Colectivo Correctivo, presentada por la Abogada SORAYA LIZETTE MORALES ROMERO, en su condición de Jefe de la Fiscalía Especial de Derechos Humanos, a favor de LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO LA ESPERANZA, INTIBUCA, contra actuaciones DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO.”. (Folios 224–235 del recurso)- CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia a través de su Sala Constitucional el conocimiento de las acciones de Hábeas Corpus o Exhibición Personal, acorde a lo preceptuado en los Artículos 182 y 316 numeral uno de la Constitución de la República, en relación a lo preceptuado en los Artículos 3 numeral uno y 13 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, resultando procedente la misma cuando se constate que la persona agraviada se encuentre ilegalmente presa, detenida, cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad, o bien, cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción o molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión. Asimismo el Artículo 15 de la precitada norma sobre justicia constitucional establece: “DE LA RESOLUCIÓN DE OTRAS VIOLACIONES A LA LIBERTAD. Cuando en la exhibición personal se aleguen otras violaciones que guarden relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas y los hechos fueren conexos con el acto tenido como ilegítimo por constituir su causa o su finalidad, se resolverá también sobre estas violaciones.”.- CONSIDERANDO DOS (2): Que la Carta Magna en el Artículo precitado, establece en su literalidad: “El Estado reconoce la garantía de Hábeas Corpus o Exhibición Personal, y de Hábeas Data. En consecuencia en el Hábeas Corpus o Exhibición Personal toda persona agraviada o cualquier otra en nombre de ésta tiene derecho a promoverla; y en el Hábeas Data únicamente puede promoverla la persona cuyos datos personales o familiares consten en los archivos, registros públicos o privados de la siguiente manera: 1) EL HÁBEAS CORPUS O EXHIBICIÓN PERSONAL: a) Cuando se encuentre ilegalmente presa, detenida, cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad; y, b) Cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión”…[7]- CONSIDERANDO TRES (3): Que la justicia constitucional tiene por objeto desarrollar las garantías constitucionales y las defensas del orden jurídico constitucional, en virtud de ello, en la aplicación de la Ley Sobre Justicia Constitucional, las disposiciones contenidas en la misma, se interpretarán y aplicarán siempre de manera que aseguren una eficaz protección de los derechos humanos y el adecuado funcionamiento de las defensas del orden jurídico constitucional; de igual forma la justicia constitucional se aplicará e interpretará de conformidad con los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales sobre derechos humanos vigentes en la República de Honduras, tomando en consideración las interpretaciones que de ellos hagan los tribunales internacionales[8]. En ese orden de ideas, nuestra Carta Magna declara en su Artículo 59 que la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado, teniendo todos la obligación de respetarla y protegerla, siendo en consecuencia inviolable la dignidad del ser humano, declaración íntimamente relacionada con el derecho individual que recoge la misma normativa constitucional en el Artículo 68, que textualmente establece: “Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, síquica y moral. Nadie debe ser sometido a torturas, ni penas o tratos crueles. Inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.”.- CONSIDERANDO CUATRO (4): Que en fecha veintiséis (26) de mayo de dos mil diecisiete (2017), compareció ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, la Fiscal del Ministerio Público, la Abogada SORAYA LIZETTE MORALES ROMERO, interponiendo Recurso de Exhibición Personal a favor de TODOS LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DEL CENTRO PENITENCIARIO UBICADO EN LA CIUDAD DE LA ESPERANZA, DEPARTAMENTO DE INTIBUCA, contra actuaciones del INSTITUTO NACIONAL PENINTENCIARIO, manifestando la peticionaria que los agraviados: “cumpliendo su condena en condiciones que arriesgan su vida, integridad física y violan sus derechos de conformidad con disposiciones constitucionales que tutelan sus derechos fundamentales y disposiciones contenidas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Convención Americana de Derechos Humanos y la Convención contra la Tortura y otros tratos crueles y degradantes por agravamiento de las condiciones de detención…” entre otras alegaciones, por considerar la peticionaria, que la referida autoridad, por acción u omisión ha incurrido en graves violaciones a los derechos humanos de los relacionados privados de libertad, en virtud de vulnerárseles el derecho a la vida, la integridad personal y dárseles un trato inhumano, degradante y molestias innecesarias para su seguridad individual o para el orden de los centros.- CONSIDERANDO CINCO (5): Que en esa misma fecha veintiséis (26) de mayo de dos mil diecisiete (2017), en consecuencia, designó como Jueces Ejecutores: Al Abogado FLORENCIO ARTURO SANCHEZ, Defensor Público de la ciudad de La Esperanza, Departamento de Intibucá, a efecto de que se constituyera al lugar donde se encuentran detenidos los agraviados y verificar los hechos denunciados en el recurso, y de ser procedente tomara las medidas correspondientes a fin de hacer cesar cualquier tormento, tortura, vejamen, exacción ilegal y toda coacción restricción o molesta innecesaria para su seguridad individual; y, a la Abogada ALBA REGINA PANIAGUA PACHECO, Defensora Publica de la ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, a efecto de requerir a la Autoridad Recurrida, un informe dentro del plazo establecido en la ley.- CONSIDERANDO SEIS (6): Que en fecha treinta (30) de mayo de dos mil diecisiete (2017), el Juez Ejecutor FLORENCIO ARTURO SANCHEZ compareció ante esta Sala, y en el ejercicio de las responsabilidades inherentes a su cargo, rindió el informe correspondiente, concluyendo que del estudio del presente caso y de la documentación obtenida; “… existe un completo hacinamiento de privados de libertad entre condenados y recluidos sin sentencia en el Centro Penal de La Esperanza, Intibucá, las condiciones bajo las cuales viven y se encuentran recluidos no son las aptas para la dignidad de una persona, el Instituto Penitenciario debe de manera urgente mejorar las condiciones de vida y de reclusión en las cuales se encuentran estas personas, en virtud que el centro penal no reúne las condiciones mínimas de seguridad para albergar a los recluidos, debe de buscarse lugares adecuados donde deberían de ser recluidos.”.- CONSIDERANDO SIETE (7): Que en la misma fecha, la Juez Ejecutora ALBA REGINA PANIAGUA PACHECO compareció ante esta Sala, y en el ejercicio de las responsabilidades inherentes a su cargo, rindió el informe correspondiente, consignando entre otros extremos, la conclusión a la que arribo, que la situación actual del Sistema Penitenciario Nacional requiere más infraestructura, en vista que tiene una población penitenciaria que sobrepasa la capacidad de alojamiento, sin embargo la autoridad requerida está realizando todas las gestiones pertinentes para la adquisición de un terreno donde se pueda construir un nuevo centro penitenciario para alojar a los privados de libertad de La Esperanza, Departamento de Intibucá.- CONSIDERANDO OCHO (8): Que habiéndose enviado nueva comunicación a los Jueces Ejecutores FLORENCIO ARTURO SANCHEZ y ALBA REGINA PANIAGUA PACHECO, a efecto de que ampliaran sus informes, los mismos rindieron las ampliaciones correspondientes en donde consta lo siguiente: A) Que en fecha tres (3) de agosto del dos mil diecisiete (2017), el Juez Ejecutor FLORENCIO ARTURO SANCHEZ Resolvió: (SIC) “QUE EL RECURSO DE HABEAS CORPUS CORRECTIVO QUE HA SIDO INTERPUESTO CONTRA LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DEL CENTRO PENAL DE LA ESPERANZA, INTIBUCA, PROCEDE LA ACCION DE HABEAS CORPUS CORRECTIVO PARA GARANTIZAR LA VIDA, SU SALUD Y LA INTEGRIDAD FISICA O MENTAL DE LOS INTERNOS RECLUSOS.”; B) Que en fecha siete (7) de agosto del dos mil diecisiete (2017), la Juez Ejecutora ALBA REGINA PANIAGUA PACHECO Resolvió: (SIC) “No ha lugar la acción de Solicitud de La Acción de Habeas Corpus Colectivo Correctivo, presentada por la Abogada SORAYA LIZETTE MORALES ROMERO, en su condición de Jefe de la Fiscalía Especial de Derechos Humanos, a favor de LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO LA ESPERANZA, INTIBUCA, contra actuaciones DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO.”.- CONSIDERANDO NUEVE (9): Que aún y cuando las condiciones en las que se encuentran los privados de libertad, señaladas por las Jueces Ejecutores nombrados al efecto, son constitutivas de vejámenes y restricciones y molestias innecesarias en perjuicio de la seguridad individual de los privados de libertad, sin embargo el Instituto Nacional Penitenciario; esta realizando las gestiones pertinentes para mejorar las condiciones inherentes de la persona humana, en este caso como ser los Privados de la Libertad del Centro Penitenciario ubicado en la ciudad de La Esperanza, Departamento de Intibucá.- CONSIDERANDO DIEZ (10): Que el recurso de Exhibición Personal o Hábeas Corpus procede cuando por actos de la autoridad se vea vulnerado en forma arbitraria el derecho a la libertad individual o personal de los ciudadanos, en contravención a las normas legales y constitucionales establecidas; asimismo, contra aquellos actos de la autoridad pública que atenten contra la integridad física, síquica y moral de los ciudadanos en situación de privación de libertad; estimándose procedente, por tanto, declarar SIN LUGAR la presente garantía de Hábeas Corpus Correctivo.- POR TANTO: La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, POR UNANIMIDAD DE VOTOS y en aplicación de los artículos 69, 68, 71, 80, 84, 182, 303, 304, 313 atribución 5a. y 316 de la Constitución de la República; 12, 31, 38, 47, 49 y 79 de las Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad; 7 y 10 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 5 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3 y 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 1o., 78 atribución 5ª y 137 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 9, 13, 14, 17, 19, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 38, 39, 72, 119 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- FALLA: DECLARAR SIN LUGAR EL RECURSO DE HÁBEAS CORPUS CORRECTIVO impetrado por la Abogada SORAYA LIZETTE MORALES ROMERO a favor de TODOS LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DEL CENTRO PENITENCIARIO UBICADO EN LA CIUDAD DE LA ESPERANZA, DEPARTAMENTO DE INTIBUCA, contra actuaciones del INSTITUTO NACIONAL PENINTENCIARIO.- Y MANDA: Que para su efectiva ejecución se notifique el presente fallo a las instituciones nominadas y autoridades administrativas y judiciales, enviando la correspondiente certificación y una vez notificada y firme la presente sentencia, se proceda a su archivo en esta Sala de lo Constitucional.- Redactó el Magistrado ZELAYA ZALDAÑA. NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”
Y para ser entregada al DIRECTOR NACIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO (INP), de conformidad a lo ordenado en la presente Resolución, se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciséis (16) días del mes de enero del año dos mil dieciocho (2018), certificación de la Sentencia de fecha veintisiete (27) de octubre del año dos mil diecisiete (2017), recaída en el Recurso de Exhibición Personal, registrado en este Tribunal bajo el número 0405-2017.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1] Ver el artículo 182 de la Constitución de la República.
[2] Ver artículo 2 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, Decreto Legislativo No. 244-2003.
[3] Ver el artículo 182 de la Constitución de la República.
[4] Ver artículo 2 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, Decreto Legislativo No. 244-2003.
[5] Ver el artículo 182 de la Constitución de la República.
[6] Ver artículo 2 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, Decreto Legislativo No. 244-2003.
[7] Ver el artículo 182 de la Constitución de la República.
[8] Ver artículo 2 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, Decreto Legislativo No. 244-2003.