Sentencia AP-989-15 — Registro 6612
Resumen
Sentencia revocó auto de formal procesamiento dictado por el juzgado de primera instancia y ordenó se provea el sobreseimiento provisional al imputado
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."esta Sala de lo Constitucional aprecia que la resolución del Ad-quem contiene la motivación suficiente, cumpliendo éste con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetándose durante la tramitación del proceso penal de mérito el derecho de defensa, debido proceso y la publicidad del acto jurisdiccional al que se someten las partes. Por tanto las alegaciones señaladas por la recurrente no podrían configurarse como una violación a la tutela judicial efectiva, puesto que el Juzgador ha plasmado en su decisión la motivación necesaria indicando razonadamente su decisión, fundamentándose en la norma adjetiva aplicable..."..."Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad-quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las garantías y requisitos que han de ser tomados en cuenta para adoptar una determinación trascendental en el proceso penal, como ser el sobreseimiento provisional del imputado, motivando de manera razonada su decisión, por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, no cabe otorgar el amparo demandado..."
Legislación citada
- Constitución de la República de Honduras, art. 90 (Decreto)
Sentencia
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticinco (25) días del mes de septiembre del año dos mil trece (2013), la Sala de lo Civil, integrada por los Magistrados: RAUL ANTONIO HENRÍQUEZ INTERIANO, como Coordinador, EDITH MARIA LOPEZ RIVERA, designada ponente para el conocimiento y redacción de la resolución del presente recurso de Casación y REINA SAGRARIO SOLORZANO JUAREZ, en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO:
SON PARTES: La Sociedad Mercantil CONSTRUCTORA SATO S. de R.L. de C.V., representada en juicio por el Abogado MAX RICARDO SALGADO LAGOS, en su condición de recurrente; siendo recurrida la señora LIZETH CAROLINA MENDOZA OLIVA, representada en juicio por la Abogada ADA MARINA DIAZ CHIRINOS.
OBJETO DEL PROCESO: DEMANDA ORDINARIA DE PAGO DE INDEMNIZACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS, EN CONCEPTO DE DAÑO EMERGENTE, LUCRO CESANTE, PROVECHO ESPERADO Y COSTAS DEL JUICIO, promovida en fecha dieciocho (18) de mayo del dos mil seis (2006), ante el entonces Juzgado de Letras Primero de lo Civil de Francisco Morazán, por la Abogada ADA MARINA DIAZ CHIRINOS, en su condición de Apoderada de la señora LIZETH CAROLINA MENDOZA OLIVA, contra la sociedad mercantil denominada CONSTRUCTORA SATO S. de R.L. de C.V.
I. ANTECEDENTES DE HECHO.
PRIMERO: Con fecha veinte (20) de septiembre de dos mil once (2011), la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, conociendo por vía de apelación de la sentencia definitiva de fecha seis (6) de febrero de dos mil ocho (2008), emitida por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, en el juicio contentivo de la DEMANDA ORDINARIA DE PAGO DE INDEMNIZACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS, EN CONCEPTO DE DAÑO EMERGENTE, LUCRO CESANTE, PROVECHO ESPERADO Y COSTAS DEL JUICIO, promovida en fecha dieciocho (18) de mayo del dos mil seis (2006), ante el entonces Juzgado de Letras Primero de lo Civil de Francisco Morazán, por la Abogada ADA MARINA DIAZ CHIRINOS, en su condición de Apoderada de la señora LIZETH CAROLINA MENDOZA OLIVA, contra la sociedad mercantil denominada CONSTRUCTORA SATO S. de R.L. de C.V, dictó sentencia CONFIRMANDO la sentencia definitiva de fecha seis (06) de febrero de dos mil ocho (2008), dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, el cual falló de la siguiente manera: FALLA: “PRIMERO: DECLARANDO CON LUGAR la demanda ordinaria de pago de indemnización por daños y perjuicios en concepto de daño emergente, interpuesta por la señora LIZETH CAROLINA MENDOZA OLIVA, mayor de edad, casada, Oficinista, hondureña y de este domicilio en contra de la sociedad denominada CONSTRUCTORA SATO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDA LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE (SATO S. DE R.L. DE CV), por medio de su representante legal el señor CARLOS ROBERTO CHAVEZ SERRANO, mayor de edad, casado, Ingeniero Civil, hondureño y de este domicilio, pero no en cuanto al lucro cesante o provecho esperado.- En consecuencia, CONDENA a la demandada CONSTRUCTORA SATO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE (SATO S. DE R.L. DE CV) a pagar a la señora LIZETH CAROLINA MENDOZA OLIVA, la cantidad que resulte de la liquidación de los daños y perjuicios que se calcularán en la ejecución de esta sentencia de acuerdo a las siguientes bases: 1º.- Una cantidad que resulte del avalúo construcción y supervisión de la obra de la casa de habitación de la demandante objeto de la presente demanda, 2º.- A esa cantidad resultante hay que sumarle las cantidades erogadas por la demandante por el pago de los estudios geológicos realizados por la empresa LABORATORIOS SYMAC, S.A. de C.V.; 3°.- A eso habrá que sumarle los intereses normales y moratorios, si los hubiere, que ha pagado y tiene que pagar la demandante a la entidad que le otorgó el préstamo para la adquisición del lote o construcción de su casa de habitación más los intereses legales por la cantidad que se haya invertido en la construcción de la casa y que excediere de la cantidad que obtuvo como préstamo la demandante del FONDO DE PREVISION SOCIAL PANI-SITRAPANI.- SEGUNDO: DECLARANDO SIN LUGAR la excepción perentoria de prescripción de la acción opuesta por la vía de la defensa por la demandada CONSTRUCTORA SATO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE (SATO S. DE RL DE CV)… CON COSTAS”.
SEGUNDO: El Representante Procesal de la Sociedad Mercantil CONSTRUCTORA SATO, S. de R.L. de C.V., Abogado MAX RICARDO SALGADO LAGOS, presentó en fecha ocho (8) de febrero de dos mil doce (2012), escrito de interposición y formalización del recurso de casación contra la sentencia de fecha veinte (20) de septiembre de dos mil once (2011), dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán.
TERCERO: Mediante auto de fecha ocho (8) de febrero de dos mil doce (2012) la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, tuvo por interpuesto en tiempo y forma el recurso de casación presentado por el Abogado MAX RICARDO SALGADO LAGOS, en su condición de parte apelante y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronuncie sobre el contenido del mismo.
CUARTO: La representante Procesal de la señora LIZETH CAROLINA MENDOZA OLIVA, Abogada ADA MARINA DIAZ CHIRINOS, presentó en fecha veintisiete (27) de febrero de dos mil doce (2012), escrito de contestación sobre el recurso de casación interpuesto y formalizado por la contraparte, resolviendo la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en auto de fecha veintiocho (28) de febrero del año dos mil doce (2012), tener por presentado en tiempo y forma la contestación por parte de la Abogada ADA MARINA DIAZ CHIRINOS, en su condición de Apoderada Legal de la parte apelada, ordenado la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia, en el término que manda la ley, para proseguir con el trámite correspondiente.
QUINTO: Recibidas las actuaciones en éste Tribunal, los Abogados ADA MARINA DIAZ CHIRINOS Y MAX RICARDO SALGADO LAGOS, ambos en su condición ya indicada, presentaron escritos de personamiento, en fechas cinco (05) y nueve (09) de marzo de dos mil doce (2012) respectivamente, y una vez visto el informe rendido por la Secretaría de ésta Corte Suprema de Justicia, se les tuvo por personados en tiempo.
SEXTO: Que la parte recurrente plantea en dos motivos su recurso de casación, contra la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, de la siguiente manera: “EXPRESION DE LOS MOTIVOS EN QUE LA CASACION SE BASA. PRIMER_MOTIVO. Precepto Autorizante: El artículo 719.l.c) del Código Procesal Civil, que dice: 1. Se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan: a)… b)… c)La forma y contenido de la sentencia. Entendiéndose infracción de las normas procesales que regulan la forma de la sentencia, como vicios internos y que se manifiestan en su elaboración. EXPRESION DE NORMAS DE DERECHO INFRINGIDAS DEL CODIGO PROCESAL CIVIL. Se consideran infringidos los artículos 206.1 del Código Procesal Civil que dispone que las sentencias deben ser claras, precisas y exhaustivas; mismas que guardan relación con el artículo 208.1 y 2 del precitado cuerpo legal, que por su orden establecen: 1. Las sentencias deben ser congruentes con las demandas y con las demás pretensiones de las partes, deducidas oportunamente en el pleito. 2. En las sentencias se efectuarán las declaraciones que aquellas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate. Cuando se habla de la formación interna de la Sentencia se trata de explicar el iter del razonamiento que ha de conducir a un Juez ha tomar una decisión determinada relativa al fondo del asunto en un proceso. La cuestión requiere exponer, en palabras de clamendrei «el esqueleto del razonamiento que el juez realiza«. (CALAMANDREI, La génesis lógica de la sentencia civil, en «estudios sobre proceso civil« (traducción de Sentís Meledo), Buenos Aires, 1945, y también en Opere giuridiche, I, Napoli, 1965.) Requisitos internos que no se dan, concurren o aparecen en la Sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil de este departamento. EXPOSICION DE MOTIVOS. CONCEPTUALIZACION DE LOS ERRORES PRODUCIDOS EN LA SENTENCIA. La Sentencia emitida por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil de este departamento, objeto de este Recurso de casación, adolece de vicios o errores que la invalidan, toda vez que infringe normas procesales que regulan la forma y contenido a la que debe ajustarse.- Helos Aquí: a) El considerando tres de la Sentencia recurrida, señala que existe un peritaje del Ingeniero GUSTAVO BERTRAND de la firma Pinto y Asociados enviado por la Compañía de Seguros Atlántida; tal aseveración es completamente errónea ya que no consta en los autos tal Medio de Prueba Dictamen Pericial como tal, y más que fuera aportado por la parte demandante en primera instancia, la relación de medios de prueba propuestos y evacuados del Actor se encuentra detallado en el considerando número cuatro de la sentencia recurrida y en la misma no se encuentra el peritaje que la Magistrada Ponente relaciona. El Corte Sentenciadora al darle el calificativo de Peritaje a lo que no es, comete una grave incongruencia, ya que por el objeto del debate reviste el documento aludido de un alcance probatorio que no le corresponde. b) El considerando seis de la Sentencia impugnada, es completamente incongruente por error en su argumentación, véase que empieza relacionado un estudio geotécnico, después argumenta:“………Que si bien es cierto, el profesional experto en la construcción debió de tomar en cuenta el suelo sobre el cual se construyo la vivienda de la hoy demandante Señora Mendoza Oliva...” (Lo subrayado y cursiva es nuestro), y después finaliza diciendo que “no es menos cierto que existen vicios ocultos” que los mismos son notorios hasta el momento en que se realizó la construcción y el suelo se ha ido compactando. La incongruencia que señalamos en el considerando seis es que el Tribunal apunta que el estudio geotécnico no fue realizado sobre__el suelo sobre el cual se construyo la vivienda, constituye la conclusión de un argumento deductivo valido, pero que es disminuido su valor con otro argumento impreciso cuando arguye que los vicios ocultos solo se detectan con excavaciones profundas, y que pretende reforzar indebidamente al decir que es notoria la premisa hasta el momento que se realizó la construcción y que el suelo se ha ido compactando. Es importante ante todo que la motivación sea un todo coherente y uniformado, lo que no se ve en razonamiento utilizado por el Tribunal. c) El considerando nueve de la sentencia hoy objeto de Recurso de casación, es incongruente, nótese bien al argumentar y reconocer: “Que si bien es cierto que el Juez A-Quo no tiene pericia suficiente para determinar lo que motivo los problemas en la vivienda que construyo,” elemento que se denunció en el Recurso de Apelación de mérito como agravio de la Sentencia definitiva. El Tribunal vuelve a caer en el error argumentativo que lo vuelve incongruente al pretender quitarle validez a una conclusión de un argumento deductivo valido como es que el Juez no tiene pericia para determinar lo que le corresponde a un perito calificado, con el hecho de relacionar que “….. es notorio las grietas en los muros y en la misma calle vehicular, lo que no necesita ciencia o experticia alguna para poder observar que son varios lotes los que tienen el mismo problema que la hoy demandante, sumado a esto contamos con la evaluación realizada por el Ingeniero”. Tres punto concretos con el subrayado y cursiva que es nuestro: 1. El Tribunal de Alzada no puede ni debe dejar precedente que faculte al Juez de primera instancia argumentar las sentencias basados en apreciaciones subjetivas puesto que el Juez sabe derecho, los técnicos dan opiniones. Se imaginan un Ingeniero Estructuralista emitiendo opiniones sobre cómo aplicar derecho positivo al caso concreto. 2.- El aseverar “que son varios lotes los que tienen el mismo problema que la hoy demandante” es muy temerario para cualquier persona que no sabe la materia especifica, ya que cae en meras suposiciones. 3.- La utilización de la palabra “contamos” con la evaluación realizada por el Ingeniero, nos indica que el Tribunal se hace uno con la parte Apelada-demandante, además no es preciso el Tribunal al decir que Ingeniero realizó tal evaluación ya que nos supone que la parte apelada-demandante presentó algún medio de prueba pericial, que de certeza al Juzgador, reiteramos no hay tal peritaje, véase las pruebas practicadas por la parte actora en primera instancia no hay tal. d) Que el considerando diez: al relacionar su argumentación cae nuevamente en la incongruencia, cuando sostiene que la prescripción empieza a correr a partir que se tiene conocimiento del vicio, ósea desde el día en que el derecho se pudo hacer valer, quedando interrumpida por la demanda, sustentando el mismo en el artículo 1707 del código de Comercio, el cual como detallaremos mas adelante no es aplicable al caso concreto sino el artículo 1649 del Código Civil, además aduce que él termino comenzó a partir de que se tuvo la certeza del vicio oculto del lote de terreno, por medio del informe geotécnico elaborado por expertos en la materia, el cual comienza a correr a partir de julio del dos mil cuatro. Completamente incongruente tiene de a confundir ya que no hay claridad en el argumento ya que la carga de la prueba le corresponde a la Parte Actora en el sentido que devenía acreditar la fecha en que a su interés empezaba a correr el término de prescripción no el Tribunal de Alzada, además comete un graso error al señalar la fecha de julio del 2004 sin detallar el día exacto, ya que julio tiene 31 días, asimismo la demanda fue presentada 25 de junio del 2003 ósea con el argumento del Tribunal la parte demandante se dio cuenta ya empezado el juicio 2004..????. Esta Parte ha dejado sentado que a pesar de ser una entidad mercantil no le aplican las disposiciones del Código de Comercio, sino la norma civil contenida en el artículo 1649 del Código Civil tal como lo sostiene en su voto particular el Magistrado Danery Medal Raudales. La exposición de motivos del Código de Comercio en referencia al capítulo II de la Compraventa mercantil: Como ser la compraventa mercantil el mas importante de los contratos de esta clase, en una economía en que se vive del mercado, las disposiciones relativas son poco numerosas, lo que se explica por la aplicación supletoria del Código Civil título preliminar dice: “……La prelación de las fuentes se ha establecido según los principios admitidos que señalan la siguiente jerarquía: Código de Comercio y leyes mercantiles, usos mercantiles y Código Civil. Debe entenderse claramente que el Código Civil no es considerado como fuente del Derecho Mercantil, sino como regulador de la materia mercantil en defecto de normas peculiares. Finalmente el Poder Ejecutivo ha tenido en cuenta el muy discutido problema del acto mixto, es decir, de aquel que si presenta como un típico negocio mercantil para alguna de las partes, no deja de ser una actividad común y ordinaria, no profesional, para la otra. El seguro, el transporte, la compraventa, la operación bancaria, etc., por no decir la inmensa mayoría de los actos de comercio, se encuentran en este caso”. (Lo subrayado y cursiva es nuestro). Traigo lo anterior porque el Tribunal de Alzada no se pronuncio sobre el alegato de segunda instancia sobre la aplicación de la norma contenida en el artículo 1649 del Código Civil y no la indebida en el artículo 1707 del Código de Comercio. Véase que el artículo 772 del Código de Comercio establece el actio redhibitoria y quíanti minoris para cosas muebles y no para inmuebles. La motivación de la sentencia permite no sólo el control de las partes involucradas en el conflicto sino de la sociedad en general, dado que el público en su conjunto puede vigilar si los tribunales utilizan arbitrariamente el poder que les ha sido confiado, por tal razón los fundamentos de la sentencia deben lograr por una parte, convencer a las partes en relación a la justicia impartida y, por otra debe avalar que la resolución dada es producto de la aplicación de la ley y no un resultado arbitrario, al consignar las razones capaces de sostener y justificar sus decisiones. Por lo que ha de ser la conclusión de una argumentación que permita tanto a las partes como a los órganos judiciales superiores (en este caso la Corte Suprema de Justicia con el presente Recurso de Casación) y demás ciudadanos conocer las razones que condujeron al fallo. El autocontrol que la motivación supone de la actividad del juzgador se evidencia a través de dos aristas: primero evita la comisión de errores judiciales, y por otro lado, obliga a la necesidad de utilización por parte del Órgano Judicial de un criterio racional a la hora de la valoración de la prueba, ya que como fácilmente se puede colegir, si a la convicción se ha llegado a través de meras conjeturas o sospechas, la fundamentación se hará imposible. De ahí que la motivación actúe como garantía, e imposibilite la emisión de sentencias sin una sólida base fáctica probada. EXPRESION DE LAS NORMAS DE DERECHO CUYA INFRACCION SUSTENTA EL MOTIVO DE CASACION. Los motivos infringidos con los errores antes señalados, son los que establecen la forma y contenido que deben revestir las Sentencias: artículos 206.1 y 208.1 y 2 del Código Procesal Civil (antes 187 No. 2 y 190 del Código de Procedimientos Civiles). El artículo 206.1 expresa que “las sentencias deben ser claras, precisas y exhaustivas”; relacionados con el 208.1 y 2 del mismo cuerpo legal, que por su orden establecen: 1. Las sentencias deben ser congruentes con las demandas y con las demás pretensiones de las partes, deducidas oportunamente en el pleito. 2. En las sentencias se efectuarán las declaraciones que aquellas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate. La Sentencia recurrida de casación, ciertamente no hizo o no supo apreciar los puntos de derecho fijados por las partes en la demanda y contestación de la misma (litis contestatio), ni dio o expresó las razones las razones y fundamentos legales para el fallo que tuvo a bien emitir; antes bien, efectuó apreciaciones equivocadas, y aplico e interpretó normas incorrectamente, dejando de aplicar las aplicables. Falto, pues, a la claridad, precisión y exhaustividad que ordena el artículo 206.1 del cuerpo legal precitado. El Artículo 208.1, por su parte, también fue infringido en la Sentencia recurrida, ya que esta no es congruente con la demanda y con las pretensiones deducidas oportunamente en el pleito.- Tampoco hace las declaraciones que estas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate, como lo prescribe el Artículo 208.2 del ordenamiento procesal de referencia. En la Sentencia de la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil de este departamento, no se pronuncio sobre el planteamiento esencial de nuestra defensa, como es la excepción de Prescripción fundada en el artículo 1649 del Código Civil, tal como lo relacionamos anteriormente. Tal sentencia no es clara, precisa ni congruente con la demanda, por lo que causa daño a mi representada y es susceptible de Casación. SEGUNDO MOTIVO. Precepto Autorizante: El Recurso de Casación, en su segundo Motivo, se basa en la causal 2 del artículo 719 del código Procesal que prescribe: Igualmente, se podrá impugnar la aplicación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio. EXPRESION DE NORMAS DE DERECHO INFRINGIDAS DEL CODIGO PROCESAL CIVIL. Se considera infringido el artículo 1707 del Código de Comercio, que dice: “Prescribirán en dos años las acciones derivadas de los contratos de sociedad, compraventa, suministro, depósito, comisión, estimatorio, correduría, de las operaciones de crédito y bancarias, de los contratos de seguro, edición, hospedaje, participación y garantía y demás quo no tuvieren plazos especiales o distintos previstos en este Código o en leyes especiales. EXPOSICION DE MOTIVOS. CONCEPTUALIZACION DE LA INFRACCION. Siendo que la aplicación indebida se produce cuando, entendida correctamente una norma sin que medien errores de hecho y de derecho, dicha norma se aplica a un hecho no regulado y ajeno a ella, o sea se utiliza una norma impertinente al caso concreto, produciéndose obviamente consecuencia jurídicas contrarias a las queridas por la ley, en el caso de autos, la Corte sentenciadora ha incurrido en aplicación indebida de la Ley, provocando con ello una situación que ha sido determinante en el resultado del fallo final, (véase considerando 10) tal como se desprende de su motivación misma, ya que el ad-quem ha determinado fundamentar su motivación en cuanto al plazo de prescripción de 2 años citado en el artículo 1707 del Código de Comercio que dice: “Prescribirán en dos años las acciones derivadas de los contratos de sociedad, compraventa, suministro, depósito, comisión, estimatorio, correduría, de las operaciones de crédito y bancarias, de los contratos de seguro, edición, hospedaje, participación y garantía y demás que no tuvieren plazos especiales o distintos previstos en este Código o en leyes especiales.” Pero tal norma que se acusa de ser aplicada indebidamente, se refiere en cuanto al caso que nos ocupa a la compraventa mercantil de bienes muebles no de bienes inmuebles, por ende no regula los vicios ocultos de los bienes inmuebles, por ello ya la exposición de motivos del Código de Comercio en referencia al capítulo II de la Compraventa mercantil dice: Como ser la compraventa mercantil el más importante de los contratos de esta clase, en una economía en que se vive del mercado, las disposiciones relativas son poco numerosas, lo que se explica por la aplicación supletoria del Código Civil título preliminar dice: “……La prelación de las fuentes se ha establecido según los principios admitidos que señalan la siguiente jerarquía: Código de Comercio y leyes mercantiles, usos mercantiles y Código Civil. Debe entenderse claramente que el Código Civil no es considerado como fuente del Derecho Mercantil, sino como regulador de la materia mercantil en defecto de normas peculiares. Finalmente el Poder Ejecutivo ha tenido en cuenta el muy discutido problema del acto mixto, es decir, de aquel que si presenta como un típico negocio mercantil para alguna de las partes, no deja de ser una actividad común y ordinaria, no profesional, para la otra. El seguro, el transporte, la compraventa, la operación bancaria, etc., por no decir la inmensa mayoría de los actos de comercio, se encuentran en este caso”. (Lo subrayado y cursiva es nuestro). Por tanto, la infracción radica en la aplicación de una norma, que habiendo sido traída a la contienda, no regula la cuestión debatida, como ser el artículo 1707 del Código de Comercio ya que como se ha explicado, tal norma no es aplicable al termino de prescripción de los vicios ocultos en bienes inmuebles, la correcta es la que hemos venido alegando desde primera instancia y es el Artículo 1649 del Código Civil contenido en el Capítulo IV de las Obligaciones del Vendedor; Sección III; II del Saneamiento por los Defectos o Gravámenes Ocultos de la Cosa Vendida, que dice: “Las acciones que emanan de lo dispuesto en los cinco (5) Artículos precedentes se extinguirán a los seis (6) meses, contados desde la entrega de la cosa vendida”. Al no haber ninguna normativa aplicable en el Código de Comercio a los vicios ocultos en bienes inmuebles, porque no se le pueden usar lo relativo a bienes muebles, es procedente aplicar entonces lo dispuesto en el Artículo # 1 del código precitado que dice: “Los comerciantes, los actos de comercio y las cosas mercantiles se regirán por las disposiciones de este Código y de las demás leyes mercantiles en su defecto, por los usos y costumbres mercantiles y a falta de estos, por las normas del Código Civil.”. En tal sentido al no haber normativa aplicable tenemos que aplicar de manera supletoria las normas del Código Civil. En otras palabras la parte demandante se le prescribió la acción incoada en contra de mi patrocinada ya que la fecha que media entre la entrega de la cosa (28 de octubre del 2002) y el momento en que se da cuenta la demandada en fecha 25 de junio del 2003, ya habían transcurrido más los seis meses que estipula el artículo señalado, pues es a partir de la misma cuando comienza a ser posible la constatación de defectos anteriormente no susceptibles de apreciación. El dies a quo para el inicio del computo del plazo se cuenta «desde la entrega de la cosa vendida«. JUSTIFICACION DE LA INCIDENCIA DE LA INFRACCION EN EL SENTIDO DE LA RESOLUCION IMPUGNADA. Es indudable que los errores de forma y contenido producidos en la Sentencia y que además infringieron las normas de derecho de derecho de orden procesal en el concepto antes reseñado, así como la infracción del Artículo 1707 del Código de Comercio han tenido incidencia directa en el sentido en que se ha pronunciado la resolución impugnada. En efecto la declaratoria de sin lugar del Recurso de Apelación y la confirmación de la Sentencia Apelada, han incidido negativamente en perjuicio y agravio de mi representada al el Recurso de Apelación como era procedente. IDENTIFICACION DEL PRONUNCIAMIENTO QUE SE IMPUGNA. Se impugna el numeral 1 y 2 de la parte dispositiva de la sentencia que se contraen a: 1.- Declarando SIN LUGAR EL RECURSO DE APELACION; 2.- CONFIRMA LA SENTENCIA APELADA; Se expone además, que el artículo 1707 del Código de Comercio constituye una norma sustantiva para los efectos de casación, ya que tiene una finalidad propia y subsistente por sí.”
II. FUNDAMENTOS DE DERECHO
Del examen de las actuaciones seguidas en las instancias, resulta que la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil de la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán, mediante auto, tuvo por interpuesto y formalizado el recurso de casación, por el Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales Max Ricardo Salgado Lagos, en su condición de apoderado legal de la sociedad Constructora Sato, S. de R.L. de C.V., contra la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, el 20 de septiembre de 2011; recurso de casación que formalizó en dos motivos, en el primero con fundamento en el Artículo 719.1.c) del Código Procesal Civil que se refiere a que se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan la forma y contenido de la sentencia, considera infringidos los Artículos 206.1 y 208.1 y 2, ambos del Código Procesal; en el segundo con fundamento en la causal 2 del Artículo 719 del Código Procesal Civil, que se refiere a que se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio, considera como infringido por aplicación indebida el Artículo 1707 del Código de Comercio.
El recurrente en su primer motivo de casación con fundamento en el Artículo 719.1.c) del Código Procesal Civil que se refiere a que se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan la forma y contenido de la sentencia, considera infringidos los Artículos 206.1 y 208. 1 y 2, ambos del Código Procesal; pero es del caso hacer notar que el impetrante no indica si la infracción se produjo por aplicación o interpretación de las normas procesales citadas y, además, en un mismo motivo alega infracción del Artículo 206 que se refiere a uno de los requisitos internos de la sentencia, como ser la claridad, precisión y exhaustividad e infracción del Artículo 208 que también es un requisito interno de la sentencia como ser la congruencia de la sentencia, que debió haber alegado en motivos diferentes porque una cosa es que la sentencia carezca de claridad, precisión y exhaustividad y otra que sea incongruente y, no habiéndolo hecho así, el motivo carece de la suficiente separación y claridad que exige el numeral 2 del Artículo 721 del Código Procesal Civil, por lo que el motivo resulta inadmisible.
El impugnante en su segundo motivo de casación con fundamento en la causal 2 del Artículo 719 del Código Procesal Civil, que se refiere a que se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio, considera como infringido por aplicación indebida el Artículo 1707 del Código de Comercio. Para que pueda prosperar el recurso de casación, fundamentado en el numeral 2 del Artículo 719 del Código Procesal Civil, han de citarse necesariamente los artículos de la ley que hayan sido clara y evidentemente infringidos, haciendo ver al juzgador tal infracción, pero sin alegar, como elementos primordiales del motivo, los propios razonamientos, amparados en su criterio, sino basado en lo que dispone la norma que se sostiene infringida, en relación con lo resuelto por el juzgador de alzada o instancia y, en el presente caso, el recurrente no hace ver a la Corte la infracción y por el contrario hace alegatos como de instancia, improcedentes en el recurso extraordinario de casación.
En conclusión, la defectuosa presentación del recurso por parte del impetrante, en esta fase procedimental, hace procedente su inadmisión por concurrir en sus dos motivos de casación expuestos, la causa prevista en el numeral 2, literal a) del Artículo 723 del Código Procesal Civil.
Que la apoderada legal de la parte recurrida dentro del plazo de diez (10) días que se le concedió, se pronunció sobre el contenido del recurso planteado por el apoderado de la parte recurrente, rechazando los argumentos del impugnante.
Que por las razones expuestas, procede en derecho dictar una resolución fundada en la no admisión a trámite del recurso de casación planteado por el apoderado de la parte recurrente, por lo que es procedente declarar firme la sentencia de que se ha hecho mérito, condenar en costas a la parte recurrente y devolver los antecedentes, junto con la certificación de la presente resolución, al tribunal de su procedencia.
III. PARTE DISPOSITIVA
Por lo antes expuesto la Sala de lo Civil, pronunciándose por unanimidad de votos e impartiendo justicia en nombre de la Corte Suprema de Justicia y del Estado de Honduras, en base a los fundamentos de derecho citados y haciendo aplicación de los Artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 de la Constitución de la República; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2, literal b), 197, 199, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724 y 914 del Código Procesal Civil; profiere el presente AUTO IRRECURRIBLE y DECLARA: 1) La inadmisión del recurso de casación, planteado por el Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales Max Ricardo Salgado Lagos, en su condición de apoderado legal de la sociedad Constructora Sato, S. de R.L. de C.V., contra la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en la demanda ordinaria de pago de indemnización de daños y perjuicios, en concepto de daño emergente, lucro cesante y provecho esperado, promovida por la señora Lizeth Carolina Mendoza Oliva, contra la sociedad Constructora Sato, S. de R.L. de C.V. 2) Firme la sentencia recurrida, dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, el 20 de septiembre de 2011, en el expediente de apelación número 0801-2007-06062 originada en los autos que conforman la primera pieza que se registra bajo el número 0801-2007-06062-CO del Juzgado de Letras Primero de lo Civil de la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán. 3) Condenar en costas a la parte recurrente; y, 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución al Tribunal de su procedencia, previa notificación de este auto a las partes, por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. Redactó la Magistrada Edith María López Rivera. NOTIFIQUESE.
RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO
MAGISTRADO COORDINADOR
EDITH MARIA LOPEZ RIVERA
MAGISTRADA
REINA SAGRARIO SOLORZANO JUAREZ
MAGISTRADA