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Sentencia AP-985-16 — Registro 10522

Resumen

Resolución impugnada que denegó recurso de amparo interpuesto contra resolución que incorpora al juicio por parte del tribunal de sentencias, por lectura autorizada testimonios y/o pericias practicadas en etapas previas, sin justificar ausencia de dichos testigos y sin participación de imputado recurrente, con relación a la causa contra éste por suponerlo responsable del delito de Homicidio

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."): Que en el caso bajo examen se advierte que al momento de exponer su petición al TRIBUNAL DE SENTENCIA DE JUTICALPA, OLANCHO,el representante del Ministerio Público no reveló al Tribunal, por no constar así en el acta de debate, las razones que justificaran su petición, limitándose a señalar que la solicitud de lecturas autorizadas de las declaraciones de los testigos referidos se basaba en lo dispuesto por el artículo 311 numeral 2) del Código Procesal Penal, sin embargo, la norma es clara al establecer que esta incorporación se encuentra condicionada a que resulte imposible o extraordinariamente difícil la reproducción de laspruebas en el juicio oral, circunstancias que no fueron acreditadas por la Fiscalía ni ponderadas por el Tribunal de Sentencia al momento en que se hizo esta petición.Paradójicamente,fue lapropia defensa del encartado quien indicó que uno de los testigos,ODILIO ALEXIS CHIRINOS MEJÍA,no residíaya en el país, una situación que según el acta, tampoco fue objeto de corrobación o comentario por parte del Ministerio Público ni del Tribunal de Sentencia. Con relación al TESTIGO PROTEGIDO CLAVE “A”, se alegó por parte de la defensa, con bastante acierto, que sólo el ente fiscal que lo propuso como testigo puede conocer su paradero, así como las razones de su incomparecencia al juicio, siendo que solo éste conoce su identidad y demás generales, las que se mantienen en reserva. Al igual como aconteció con el otro testigo, tampoco consta en el acta que en su intervención el Ministerio Público haya establecido o acreditado la dificultad o imposibilidad para hacerlo comparecer al debate, una circunstancia que también fue puesta en discusión por la defensa, peroque no fue estimada por el Tribunal y ni siquiera mencionada por la Corte de Apelaciones en la sentencia objeto de examen. CONSIDERANDO (10): Que esta Sala ha insistido que una correcta motivación resulta indispensable para asegurar la vigencia de los presupuestos que consolidan la garantía del debido proceso, decretando que un mandato inmotivado no podría sustentar la aplicación del derecho. La Sala ha enfatizado que toda resolución o sentencia debe reunir los requisitos de: A)Congruencia, que supone atenerse a lo pedido por las partes, dando su respuesta el juzgador mediante una exposición coherente y lógica, de tal manera que su criterio quede explicado y comprendido con facilidad; y, B)Exhaustividad, que se refiere a la obligación del juzgador de abordar todos y cada uno de los extremos sometidos a su conocimiento por las partes. Así, el fallo deberá ser proferido de tal manera que no se deje de dar respuesta a los extremos planteados; requisitos éstos que no se ven acertadamente plasmados en la sentencia que se revisa, toda vez que se advierte que la motivación de la Alzada, es escasa y muy limitada en sus consideraciones. CONSIDERANDO (11):Que de la exigua motivación plasmada por el Tribunal de Alzada en su fallo, se observa incluso que arribó a conclusiones que no parecen tener fundamento de lo actuado, como lo es concluir que se ha acreditado la imposibilidad de citar a los testigos presentados por el Ministerio Público. No observa esta Sala que la Alzada haga mención de qué la hizo concluir este extremo, pues como se dijo ya, la imposibilidad o dificultad para citar a los testigos ni siquiera fue mencionada por el Ministerio Público. Adicionalmente, la Alzada parece olvidar que las lecturas autorizadas se refieren a dos testigos, uno de los cuales es protegido. CONSIDERANDO (12): Que por otra parte, resulta por más evidente que el Tribunal de Apelación omitió también pronunciarse sobre la argumentación del recurrente en cuanto que los testigos ODILIO ALEXIS CHIRINOS MEJÍA y el TESTIGO CLAVE “A” rindieron su testimonio en audiencia inicial cuando su defendido aún no había sido habido y que al pretender incorporarse tales testimonios por lectura autorizada,se producía una vulneración al derecho de defensa, puesto que, según adujo el quejoso,la defensa no ha tenido oportunidad de contradecir tales testimonios ni en la etapa previa al debate, ni en el debate mismo, ahora que se intenta que por medio de lectura sea incorporada dicha prueba. CONSIDERANDO (13): Que sobre este punto en particular esta Sala de lo Constitucional encuentra, del examen de las actuaciones de instancia, que efectivamente en el acta de la audiencia inicial celebrada el veinte (20) de enero de dos mil catorce (2014) consta que se propuso como prueba documental la (sic) “audiencia inicial” de fecha veinticinco (25) de agosto de 20008, en donde rindieron sus declaraciones los testigos ODILIO ALEXIS CHIRINOS y el TESTIGO CLAVE “A”. Nuevamente se aprecia que dichos testimonios fueron incorporados por lectura en la audiencia sin que conste en el acta motivo o causa por el cual no comparecieron a la misma a rendir su declaración, una circunstancia que debió ser determinada, independientemente que éstos hubieran rendido su declaración previamente, porque como acertadamente lo ha establecido el amparista en el trámite de este recurso, la garantía del imputado al derecho de defensa incluye sin duda la posibilidad de estar presente en todos los actos que impliquen elementos de prueba, como lo prescribe el artículo 101 del Código Procesal Penal. CONSIDERANDO (14): Que no obstante lo anterior, se observa que en la audiencia inicial referida, celebrada en fecha veinte (20) de enero de dos mil catorce (2014), el señor JOSÉ FRANCISCO SALINAS ALONZO estuvo representado por la defensora pública ANDREA FAVIANA GARCÍA, quien a pesar de no haber presentado oposición a la prueba propuesta por el Ministerio Público, sí hizo referencia en sus conclusiones a la ausencia de los testigos en la audiencia inicial y el hecho que estos debieron haber comparecido a la misma, sin embargo, no se advierte que la defensa haya recurrido la decisión del juez de instancia de decretar auto de formal procesamiento en contra del encartado, por lo que el mismo adquirió firmeza sin haber sido impugnado. CONSIDERANDO (15):Que los jueces y tribunales tienen la inexcusable obligación de resolver los litigios que ante ellos se planteen; así lo manda el artículo 305 constitucional: “Solicitada su intervención en forma legal y en asuntos de competencia, los jueces y magistrados no pueden dejar de juzgar bajo pretexto de silencio u oscuridad de las leyes”, en concordancia con ello, el artículo 9 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales dispone que: “Reclamada su intervención en forma legal y en asuntos de su competencia, no podrán excusarse de ejercer su autoridad ni aun por falta de ley que resuelva la contienda sometida a su decisión”. CONSIDERANDO (16):Que esta Sala ha reafirmado que la garantía genérica del debido proceso no se limita a la exigencia que una persona deba ser juzgada a través de un proceso previo y ante un juez con competencia natural, sino que también por disposición constitucional, comporta que deben respetarse las formalidades, derechos y garantías que de conformidad a la ley correspondan. Esta Sala ha dejado establecido en su jurisprudencia que el párrafo primero del artículo 90, en tanto norma constitucional concernida, se traduce de un modo general en el deber que tienen los Tribunales de garantizar una Tutela Judicial Efectiva, la cual se viene caracterizando como un ajustado sistema de garantías para las partes en el proceso, que permitan, a quien pretenda hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba y a obtener una resolución fundada en derecho y que verse sobre las pretensiones planteadas en juicio; lo cual genera en los jueces el deber de cumplir con las exigencias fundamentales respecto de todo proceso o procedimiento, con atención especial, en el ejercicio de la potestad jurisdiccional, del debido respeto a la plena vigencia de los derechos fundamentales de todas las partes y participantes en el proceso. CONSIDERANDO (17): Que esta Sala asimismo ha asentido con lo declarado por el Tribunal Constitucional Español en cuanto a que el derecho a la tutela judicial efectiva comporta como contenido esencial y primario, el de obtener de los órganos jurisdiccionales integrantes del Poder Judicial, una resolución razonada y fundada en derecho. Esta Sala a su vez ha puntualizado en varios de sus fallos , que la falta de motivación por sí sola enerva la garantía del debido proceso y la tutela judicial efectiva, atendiendo a que ésta garantiza la obtención de una resolución debidamente motivada, ya sea ésta favorable o adversa a los intereses de quien insta la actuación jurisdiccional. CONSIDERANDO (18):Que vista la sentencia objeto de estudio,se advierte que la misma no cumple los requisitos de congruencia y exhaustividad a que aludimos, toda vez que no da respuesta concreta a las alegaciones del recurrente en forma clara y precisa y tampoco hace una relación entre la pretensión del impetrante y el fallo. Esta Sala concluye que la motivación del Ad-Quem se halla escasa y limitada en sus consideraciones, limitándose a sostener la denegatoria de la garantía de amparo propuesta sin fundamentos razonados y omitiendo referirse en concreto a las alegaciones externadas por el impetrante. CONSIDERANDO (19): Que en virtud de lo anteriormente relacionado, analizados que han sido los antecedentes y la sentencia objeto de examen, esta Sala de lo Constitucional observa que las consideraciones de la misma, NO comportan una correlación entre el deber de motivación y el ámbito de protección de los derechos fundamentales, resultando en una sentencia incongruente, imprecisa y carente de la debida motivación, lo que contraviene la garantía del debido proceso establecida y reconocida en el artículo 90 de la Constitución de la República y el 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, como derecho supralegal aplicable al caso. CONSIDERANDO (20):Que de todo lo anteriormente expuesto se concluye que el Tribunal de Sentencia con sede en Juticalpa, Olancho, al admitir la incorporación por lectura de testimonios practicados durante la etapa preparatoria del proceso sin que se acreditara por parte del solicitante, en este caso el Ministerio Público, los motivos por los cuales resultaba imposible o extraordinariamente difícil la reproducción de las mismas en el juicio oral y sin verificar que se hubieran realizado todas las diligencias necesarias para hacer comparecer al juicio a los testigos aludidos, el referido Tribunal de Sentencia ha menoscabado la ley procesal penal y desconocido el carácter excepcionalrequerido por la norma para la aprobación de este tipo de actuaciones en el proceso. Con ello, el Tribunal Sentenciador ha transgredido en perjuicio del imputado la garantía del debido proceso, al prescindir de las formalidades impuestas por la ley e incumplir con ello las exigencias fundamentales del proceso. Consecuentemente, esta Sala estima el OTORGAMIENTO de la garantía de amparo invocada a favor del recurrente en este respecto, por lo que el Tribunal de Sentencia antes referido deberá aplicar estrictamente y en forma debida lo ordenado por el artículo 311 numeral 2º del Código Procesal Penal, como ya ha quedado establecido en el presente fallo. CONSIDERANDO (21):Que finalmente este Alto Tribunal debe pronunciarse con respecto a las alegaciones del recurrente en cuanto a que la incorporación por lectura de las declaraciones de los ya mencionados testigos provocó en sí misma una vulneración al derecho de defensa porque éstos brindaron su testimonio cuando el señor JOSÉ FRANCISCO SALINAS ALONZO aún no había sido habido y no contaba con su apoderado defensor. Al respecto es menester recordar que al momento de celebrarse su audiencia inicial, el señor JOSÉ FRANCISCO SALINAS ALONZOcontaba con una apoderada defensora, quien no presentó objeción alguna a la incorporación por lectura de las declaraciones antes referidas y a pesar de haber cuestionado la ausencia de los testigos en sus conclusiones, consintió la resolución del juez de instancia, al no recurrir la misma en su oportunidad. Dicho lo anterior, es importante acotar que la incorporación al juicio por lectura autorizada de testimonios y/o pericias practicadas en etapas previas, es permitida, siempre y cuando se cumplan a cabalidad con los requerimientos legales y se establezca con ello el carácter excepcionalde esta actuación, como ya ha sido explicado en el presente fallo.En este sentido, ciertamente que a la defensa le asiste la potestad de refutar y contradecir esta prueba en el curso del debate, tomando en cuenta que el valor que se dé a la misma corresponde al tribunal sentenciador, atendiendo a su función probatoria y siguiendo las exigencias y los principios del proceso como ya lo dispone la ley

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dos de mayo de dos mil diecisiete. VISTAS: En consulta las diligencias que contienen la sentencia de fecha veintisiete de julio del año dos mil dieciséis, dictada por la CORTE TERCERA DE APELACIONES DE ESTE DEPARTAMENTO, que denegó el recurso de amparo interpuesto por el Abogado DENIE ESTUARDO LORENZANA, a favor del señor JOSÉ FRANCISCO SALINAS, contra actuaciones del TRIBUNAL DE SENTENCIA DEL DEPARTAMENTO DE OLANCHO, en fecha tres de marzo de dos mil dieciséis, con relación a la causa instruida contra el referido señor JOSÉ FRANCISCO SALINAS ALONZO por suponerlo responsable del delito de HOMICIDIO en perjuicio del señor FREDY AGUSTÍN CHIRINOS ROSALES. Estima el recurrente que con el acto reclamado se ha violentado en perjuicio de su representado los artículos 60, 82, 90 y 94 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha catorce de marzo del año dos mil dieciséis, el Abogado DENIE ESTUARDO LORENZANA, interpuso ante la CORTE TERCERA DE APELACIONES DE ESTE DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, recurso de amparo a favor del señor JOSÉ FRANCISCO SALINAS ALONZO, manifestando el recurrente que la resolución emitida por parte del Tribunal de Sentencia del Departamento de Olancho, es ilegal y arbitraria porque violenta varias garantías constitucionales como ser ELDERECHO DE DEFENSA Y EL DEBIDO PROCESO. 2) Que en fecha veintisiete de julio del año dos mil dieciséis, luego de seguido el trámite que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la CORTE TERCERA DE APELACIONES DE FRANCISCO MORAZÁN, RESOLVIÓ: DENEGANDO el Recurso de Amparo. 3) Que en fecha veinte de octubre de dos mil dieciséis, este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, dando así estricto cumplimiento a lo previsto por el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (1):Que conforme manda la Constitución de la República, la acción de amparo tiene como finalidad el mantenimiento y restitución de la persona agraviada, del goce de los derechos y/o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. CONSIDERANDO (2):Que procede la acción de amparo contra las resoluciones, actos y hechos de los Poderes del Estado, incluyendo las entidades descentralizadas, desconcentradas, las sostenidas con fondos públicos y las que actúen por delegación de algún órgano del Estado en virtud de concesión, de contrato u otra resolución válida. CONSIDERANDO (3): Que en el ejercicio de la justicia constitucional los órganos jurisdiccionales solamente están sometidos a la Constitución de la República y a la ley. CONSIDERANDO(4): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer en consulta, las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones, ello de conformidad a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (5): Que se conoce en consulta la sentencia de fecha veintisiete de julio de dos mil dieciséis dictada por la CORTE TERCERA DE APELACIONES DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, que denegó el recurso de amparo interpuesto por el Abogado DENIE ESTUARDO LORENZANA, a favor del señor JOSÉ FRANCISCO SALINAS, contra actuaciones del TRIBUNAL DE SENTENCIA DEL DEPARTAMENTO DE OLANCHO, en fecha tres de marzo de dos mil dieciséis, con relación a la causa instruida contra el referido señor JOSÉ FRANCISCO SALINAS ALONZO por suponerlo responsable del delito de HOMICIDIO en perjuicio del señor FREDY AGUSTÍN CHIRINOS ROSALES. El recurso fue interpuesto contra la decisión del referido Tribunal de Sentencia, tomada en audiencia de juicio oral y público celebrada el día tres de marzo de dos mil dieciséis, mediante la cual se dispuso admitir en la etapa de incidentes la solicitud del Ministerio Público de incorporar dos lecturas autorizadas de declaraciones rendidas en sede judicial correspondientes a los testigos ODILIO ALEXIS CHIRINOS MEJÍA y el testigo protegido CLAVE “A”. Asimismo estableció que el medio de prueba propuesto por la defensa en su turno de incidentes, sería valorado en la sentencia que emitiera el Tribunal, una vez concluido el debate. CONSIDERANDO (6): Que la violación alegada por el quejoso tiene su origen, según expuso, en la decisión de incorporar por lectura las referidas declaraciones testificales de los señores ODILIO ALEXIS CHIRINOS MEJÍAyel TESTIGO PROTEGIDO CLAVE “A”, las cuales se llevaron a cabo en audiencia inicial celebrada en fecha veinticinco (25) de agosto del año dos mil ocho (2008) ante el JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE JUTICALPA. El recurrente censuróel hecho que su defendido no había sido habido al momento en el que se rindieron estas declaraciones y que en la audiencia celebrada al efecto, el referido imputado no contaba con un abogado defensor que le garantizara el ejercicio legítimo de su defensa, afirmando entonces que la audiencia no se realizó con las formalidades de la prueba anticipada. El quejoso indicó que su representado fue detenido y presentado al órgano judicial en fecha veinticinco (25) de enero del año dos mil catorce(2014), casi seis años después de la referida audiencia del año dos mil ocho (2008). En tal virtud, el recurrente alegó que las lecturas autorizadas pretendidas no podían ser admitidas, ya que nuestra normativa procesal establece que el imputado y su defensor tienen derecho a estar presentes en los actos del proceso que incorporen elementos de prueba y que será nulo y carecerá de eficacia probatoria cualquier elemento de prueba que se haya obtenido violentándose los derechos y garantías de la persona, indicando que al momento de la evacuación de dichos medios probatorios su defendido no era la persona que en el momento de aquella audiencia se estaba juzgando, sino que eran otras, con lo que se conculca en su perjuicio el derecho de defensa. Por otra parte, el quejoso sostuvo que en etapa de incidentes en el juicio oral y público, solicitó al Tribunal de Sentencia la exclusión de un medio de prueba que erróneamente se había admitido en la audiencia de proposición de pruebas, explicando que al momento de evacuarse dicha audiencia, su representado contaba con un defensor público, pero por alguna razón éste no se percató que el Ministerio Publico estaba presentando un medio de prueba que (sic) “viola completamente las normas que rigen el proceso penal”, consistente en la fotocopia de la audiencia inicial del 25 de agosto del año 2008, concluyendo que los medios de prueba deben ser obtenidos garantizando en todo momento los derechos y garantías de la persona procesada CONSIDERANDO (7): Que los razonamientos de la Alzada para desestimar el recurso de amparo planteado por el quejoso fueron los siguientes: “1.Según lo establecido en el artículo 311 del Código Procesal Penal: “Lecturas autorizadas. Excepcionalmente podrán ser incorporadas al juicio por lectura que hará el Secretario: 1)….2) Los testimonios o pericias practicadas durante la etapa preparatoria, cuando sea imposible o extraordinariamente difícil su reproducción en el acto del juicio oral...” tal como sucede en el presente caso donde se ha acreditado la imposibilidad de citar a los testigos presentados por el Ministerio Público, siendo la incorporación por lectura un medio idóneo y legal de proceder en estos casos excepcionales. 2. Que según el artículo 320 del Código Procesal Penal los incidentes deben estar fundamentados, entre otras razones, en hechos nuevos y los alegatos del recurrente se fundamentan en la admisión de una prueba sobre la cual el defensor en ningún momento alegó inadmisibilidad. 3. Que la valoración de todo el haber probatorio se realizará en la Sentencia que resuelva el caso, siendo improcedentes los alegatos en esta etapa del proceso.” CONSIDERANDO (8): Queel artículo 311 numeral 2) del Código Procesal Penal, efectivamente establece que podrán incorporarse en el debate: “Los testimonios o pericias practicadas durante la etapa preparatoria, cuando sea imposible o extraordinariamente difícil su reproducción en el acto del juicio oral...”.Al respecto, este Supremo Tribunal ha dejado establecido en su jurisprudencia que la incorporación por lectura al debate de testimonios rendidos en la audiencia inicial debe tener un carácter excepcional, de tal manera que el Tribunal y el funcionario notificante con el auxilio que puedan brindar la parte interesada deberán efectuar todaslas diligencias que sean necesarias para hacer comparecer al juicio al testigo que rindió su declaración en la etapa preparatoria del proceso. CONSIDERANDO (9): Que en el caso bajo examen se advierte que al momento de exponer su petición al TRIBUNAL DE SENTENCIA DE JUTICALPA, OLANCHO,el representante del Ministerio Público no reveló al Tribunal, por no constar así en el acta de debate, las razones que justificaran su petición, limitándose a señalar que la solicitud de lecturas autorizadas de las declaraciones de los testigos referidos se basaba en lo dispuesto por el artículo 311 numeral 2) del Código Procesal Penal, sin embargo, la norma es clara al establecer que esta incorporación se encuentra condicionada a que resulte imposible o extraordinariamente difícil la reproducción de laspruebas en el juicio oral, circunstancias que no fueron acreditadas por la Fiscalía ni ponderadas por el Tribunal de Sentencia al momento en que se hizo esta petición.Paradójicamente,fue lapropia defensa del encartado quien indicó que uno de los testigos,ODILIO ALEXIS CHIRINOS MEJÍA,no residíaya en el país, una situación que según el acta, tampoco fue objeto de corrobación o comentario por parte del Ministerio Público ni del Tribunal de Sentencia. Con relación al TESTIGO PROTEGIDO CLAVE “A”, se alegó por parte de la defensa, con bastante acierto, que sólo el ente fiscal que lo propuso como testigo puede conocer su paradero, así como las razones de su incomparecencia al juicio, siendo que solo éste conoce su identidad y demás generales, las que se mantienen en reserva. Al igual como aconteció con el otro testigo, tampoco consta en el acta que en su intervención el Ministerio Público haya establecido o acreditado la dificultad o imposibilidad para hacerlo comparecer al debate, una circunstancia que también fue puesta en discusión por la defensa, peroque no fue estimada por el Tribunal y ni siquiera mencionada por la Corte de Apelaciones en la sentencia objeto de examen. CONSIDERANDO (10): Que esta Sala ha insistido que una correcta motivación resulta indispensable para asegurar la vigencia de los presupuestos que consolidan la garantía del debido proceso, decretando que un mandato inmotivado no podría sustentar la aplicación del derecho. La Sala ha enfatizado que toda resolución o sentencia debe reunir los requisitos de: A)Congruencia, que supone atenerse a lo pedido por las partes, dando su respuesta el juzgador mediante una exposición coherente y lógica, de tal manera que su criterio quede explicado y comprendido con facilidad; y, B)Exhaustividad, que se refiere a la obligación del juzgador de abordar todos y cada uno de los extremos sometidos a su conocimiento por las partes. Así, el fallo deberá ser proferido de tal manera que no se deje de dar respuesta a los extremos planteados; requisitos éstos que no se ven acertadamente plasmados en la sentencia que se revisa, toda vez que se advierte que la motivación de la Alzada, es escasa y muy limitada en sus consideraciones. CONSIDERANDO (11):Que de la exigua motivación plasmada por el Tribunal de Alzada en su fallo, se observa incluso que arribó a conclusiones que no parecen tener fundamento de lo actuado, como lo es concluir que se ha acreditado la imposibilidad de citar a los testigos presentados por el Ministerio Público. No observa esta Sala que la Alzada haga mención de qué la hizo concluir este extremo, pues como se dijo ya, la imposibilidad o dificultad para citar a los testigos ni siquiera fue mencionada por el Ministerio Público. Adicionalmente, la Alzada parece olvidar que las lecturas autorizadas se refieren a dos testigos, uno de los cuales es protegido. CONSIDERANDO (12): Que por otra parte, resulta por más evidente que el Tribunal de Apelación omitió también pronunciarse sobre la argumentación del recurrente en cuanto que los testigos ODILIO ALEXIS CHIRINOS MEJÍA y el TESTIGO CLAVE “A” rindieron su testimonio en audiencia inicial cuando su defendido aún no había sido habido y que al pretender incorporarse tales testimonios por lectura autorizada,se producía una vulneración al derecho de defensa, puesto que, según adujo el quejoso,la defensa no ha tenido oportunidad de contradecir tales testimonios ni en la etapa previa al debate, ni en el debate mismo, ahora que se intenta que por medio de lectura sea incorporada dicha prueba. CONSIDERANDO (13): Que sobre este punto en particular esta Sala de lo Constitucional encuentra, del examen de las actuaciones de instancia, que efectivamente en el acta de la audiencia inicial celebrada el veinte (20) de enero de dos mil catorce (2014) consta que se propuso como prueba documental la (sic) “audiencia inicial” de fecha veinticinco (25) de agosto de 20008, en donde rindieron sus declaraciones los testigos ODILIO ALEXIS CHIRINOS y el TESTIGO CLAVE “A”. Nuevamente se aprecia que dichos testimonios fueron incorporados por lectura en la audiencia sin que conste en el acta motivo o causa por el cual no comparecieron a la misma a rendir su declaración, una circunstancia que debió ser determinada, independientemente que éstos hubieran rendido su declaración previamente, porque como acertadamente lo ha establecido el amparista en el trámite de este recurso, la garantía del imputado al derecho de defensa incluye sin duda la posibilidad de estar presente en todos los actos que impliquen elementos de prueba, como lo prescribe el artículo 101 del Código Procesal Penal. CONSIDERANDO (14): Que no obstante lo anterior, se observa que en la audiencia inicial referida, celebrada en fecha veinte (20) de enero de dos mil catorce (2014), el señor JOSÉ FRANCISCO SALINAS ALONZO estuvo representado por la defensora pública ANDREA FAVIANA GARCÍA, quien a pesar de no haber presentado oposición a la prueba propuesta por el Ministerio Público, sí hizo referencia en sus conclusiones a la ausencia de los testigos en la audiencia inicial y el hecho que estos debieron haber comparecido a la misma, sin embargo, no se advierte que la defensa haya recurrido la decisión del juez de instancia de decretar auto de formal procesamiento en contra del encartado, por lo que el mismo adquirió firmeza sin haber sido impugnado. CONSIDERANDO (15):Que los jueces y tribunales tienen la inexcusable obligación de resolver los litigios que ante ellos se planteen; así lo manda el artículo 305 constitucional: “Solicitada su intervención en forma legal y en asuntos de competencia, los jueces y magistrados no pueden dejar de juzgar bajo pretexto de silencio u oscuridad de las leyes”, en concordancia con ello, el artículo 9 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales dispone que: “Reclamada su intervención en forma legal y en asuntos de su competencia, no podrán excusarse de ejercer su autoridad ni aun por falta de ley que resuelva la contienda sometida a su decisión”. CONSIDERANDO (16):Que esta Sala ha reafirmado que la garantía genérica del debido proceso no se limita a la exigencia que una persona deba ser juzgada a través de un proceso previo y ante un juez con competencia natural, sino que también por disposición constitucional, comporta que deben respetarse las formalidades, derechos y garantías que de conformidad a la ley correspondan. Esta Sala ha dejado establecido en su jurisprudencia que el párrafo primero del artículo 90, en tanto norma constitucional concernida, se traduce de un modo general en el deber que tienen los Tribunales de garantizar una Tutela Judicial Efectiva, la cual se viene caracterizando como un ajustado sistema de garantías para las partes en el proceso, que permitan, a quien pretenda hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba y a obtener una resolución fundada en derecho y que verse sobre las pretensiones planteadas en juicio; lo cual genera en los jueces el deber de cumplir con las exigencias fundamentales respecto de todo proceso o procedimiento, con atención especial, en el ejercicio de la potestad jurisdiccional, del debido respeto a la plena vigencia de los derechos fundamentales de todas las partes y participantes en el proceso. CONSIDERANDO (17): Que esta Sala asimismo ha asentido con lo declarado por el Tribunal Constitucional Español en cuanto a que el derecho a la tutela judicial efectiva comporta como contenido esencial y primario, el de obtener de los órganos jurisdiccionales integrantes del Poder Judicial, una resolución razonada y fundada en derecho. Esta Sala a su vez ha puntualizado en varios de sus fallos[1], que la falta de motivación por sí sola enerva la garantía del debido proceso y la tutela judicial efectiva, atendiendo a que ésta garantiza la obtención de una resolución debidamente motivada, ya sea ésta favorable o adversa a los intereses de quien insta la actuación jurisdiccional.[2] CONSIDERANDO (18):Que vista la sentencia objeto de estudio,se advierte que la misma no cumple los requisitos de congruencia y exhaustividad a que aludimos, toda vez que no da respuesta concreta a las alegaciones del recurrente en forma clara y precisa y tampoco hace una relación entre la pretensión del impetrante y el fallo. Esta Sala concluye que la motivación del Ad-Quem se halla escasa y limitada en sus consideraciones, limitándose a sostener la denegatoria de la garantía de amparo propuesta sin fundamentos razonados y omitiendo referirse en concreto a las alegaciones externadas por el impetrante. CONSIDERANDO (19): Que en virtud de lo anteriormente relacionado, analizados que han sido los antecedentes y la sentencia objeto de examen, esta Sala de lo Constitucional observa que las consideraciones de la misma, NO comportan una correlación entre el deber de motivación y el ámbito de protección de los derechos fundamentales, resultando en una sentencia incongruente, imprecisa y carente de la debida motivación, lo que contraviene la garantía del debido proceso establecida y reconocida en el artículo 90 de la Constitución de la República y el 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, como derecho supralegal aplicable al caso. CONSIDERANDO (20):Que de todo lo anteriormente expuesto se concluye que el Tribunal de Sentencia con sede en Juticalpa, Olancho, al admitir la incorporación por lectura de testimonios practicados durante la etapa preparatoria del proceso sin que se acreditara por parte del solicitante, en este caso el Ministerio Público, los motivos por los cuales resultaba imposible o extraordinariamente difícil la reproducción de las mismas en el juicio oral y sin verificar que se hubieran realizado todas las diligencias necesarias para hacer comparecer al juicio a los testigos aludidos, el referido Tribunal de Sentencia ha menoscabado la ley procesal penal y desconocido el carácter excepcionalrequerido por la norma para la aprobación de este tipo de actuaciones en el proceso. Con ello, el Tribunal Sentenciador ha transgredido en perjuicio del imputado la garantía del debido proceso, al prescindir de las formalidades impuestas por la ley e incumplir con ello las exigencias fundamentales del proceso. Consecuentemente, esta Sala estima el OTORGAMIENTO de la garantía de amparo invocada a favor del recurrente en este respecto, por lo que el Tribunal de Sentencia antes referido deberá aplicar estrictamente y en forma debida lo ordenado por el artículo 311 numeral 2º del Código Procesal Penal, como ya ha quedado establecido en el presente fallo. CONSIDERANDO (21):Que finalmente este Alto Tribunal debe pronunciarse con respecto a las alegaciones del recurrente en cuanto a que la incorporación por lectura de las declaraciones de los ya mencionados testigos provocó en sí misma una vulneración al derecho de defensa porque éstos brindaron su testimonio cuando el señor JOSÉ FRANCISCO SALINAS ALONZO aún no había sido habido y no contaba con su apoderado defensor. Al respecto es menester recordar que al momento de celebrarse su audiencia inicial, el señor JOSÉ FRANCISCO SALINAS ALONZOcontaba con una apoderada defensora, quien no presentó objeción alguna a la incorporación por lectura de las declaraciones antes referidas y a pesar de haber cuestionado la ausencia de los testigos en sus conclusiones, consintió la resolución del juez de instancia, al no recurrir la misma en su oportunidad. Dicho lo anterior, es importante acotar que la incorporación al juicio por lectura autorizada de testimonios y/o pericias practicadas en etapas previas, es permitida, siempre y cuando se cumplan a cabalidad con los requerimientos legales y se establezca con ello el carácter excepcionalde esta actuación, como ya ha sido explicado en el presente fallo.En este sentido, ciertamente que a la defensa le asiste la potestad de refutar y contradecir esta prueba en el curso del debate, tomando en cuenta que el valor que se dé a la misma corresponde al tribunal sentenciador, atendiendo a su función probatoria y siguiendo las exigencias y los principios del proceso como ya lo dispone la ley. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los Artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 1, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1, 59, 63, 80, 82, 90, 303, 304, 313 No. 5) y 321 de la Constitución de la República; 1º y 78 atribución 5ª de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; y, 1, 2, 3 numeral 2), 5, 9, 41, 45, 48, 49, 51, 63, 67, 68, 69 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA:PRIMERO: REVOCANDO la sentencia venida en consulta de fecha veintisiete de julio del año dos mil dieciséis, dictada por la CORTE TERCERA DE APELACIONES DE ESTE DEPARTAMENTO; SEGUNDO:OTORGA el recurso de amparo interpuesto por el Abogado DENIE ESTUARDO LORENZANA, a favor del señor JOSÉ FRANCISCO SALINAS ALONZO, contra la decisión del TRIBUNAL DE SENTENCIA DEL DEPARTAMENTO DE OLANCHO, arribada en fecha tres (3) de marzo de dos mil dieciséis (2016), en la causa instruida contra el referido señor JOSÉ FRANCISCO SALINAS ALONZO por suponerlo responsable del delito de HOMICIDIO en perjuicio del señor FREDY AGUSTÍN CHIRINOS ROSALES; Y MANDA:1. Que con certificación de estefallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia; 2. Que el referido Tribunal de Sentencia se sirva subsanar las omisiones en que ha incurrido y que han quedado señaladas en esta sentencia. Redactó el Magistrado ORTEZ CRUZ. NOTIFÍQUESE. Firmas y sello. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del distrito Central, a los catorce, días del mes de junio de dos mil diecisiete, certificación de la sentencia de fecha dos de mayo de dos mil diecisiete, recaída en el Recurso de Amparo Penal Venido en Consulta, registrado en este Tribunal con el número 0985-2016.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.

[1]APC 631-12; AP 21-11; APC 91-11; AC94-11

[2]L. ALFREDO DE DIEGO DÍEZ. EL DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. Pag. 56