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Sentencia AP-963-16 — Registro 10500

Resumen

Contra Resolución que confirma sobreseimiento definitivo dictado a favor de imputado por el delito de Portación Ilegal de Armas, fundamentado el mismo en allanamiento realizado en domicilio de imputado sin la autorización de éste solo con la autorización del dueño del domicilio y en el decreto de veda temporal por dicho delito

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

...":(8)Que el Ad quem expone que estudiados los agravios expuestos por el apelante no encuentra el perjuicio que ha señalado. Invoca el artículo 99 constitucional en relación a la inviolabilidad del domicilio y las excepciones referidas a los casos de urgencia, para impedir la comisión de un delito o evitar daños graves a la persona o a la propiedad”. Disposición por la cual el Ad quem comparte la decisión judicial recurrida al haber dictado sobreseimiento definitivo puesto que el ingreso al domicilio del encausado se realizó violentando derechos y garantías constitucionales y aunque el acusado resida en un apartamento no implica que el propietario de tales apartamentos esté facultado para autorizar el ingreso de los miembros de la policía ni estos tampoco están autorizados para ello.-CONSIDERANDO: (9) Que de acuerdo a lo expuesto por el impetrante esta Sala aprecia que el recurrente señala dos situaciones diferentes por una parte referida al allanamiento de morada del acusado y por la otra la aplicación del Decreto 184-13, mismo que fue prorrogado mediante Decreto 60-2015, referido a la veda otorgada a fin de que las personas que estuvieran en posesión de armas comerciales procedieran a su inscripción a fin de tener la autorización de autoridad competente para su portación y los que estuvieran en posesión de armas prohibidas pudieran hacer entrega de las mismas sin consecuencias de ninguna clase para ellos.-CONSIDERANDO:(10)Que el Estado de Derecho consiste en la sujeción de la actividad estatal a la Constitución y a las normas aprobadas conforme a los procedimientos que ella establezca, que garantizan el funcionamiento responsable y controlado de los órganos del poder, el ejercicio de la autoridad conforme a disposiciones conocidas y no retroactivas en términos perjudiciales, y la observancia de los derechos individuales, colectivos, culturales y políticos. En ese orden de ideas toda institución, o autoridad estará sometida a la Constitución de la República como norma suprema, a la ley que surge de esa normativa superior y que no puede confrontarla y a los tratados internacionales ratificados por el Estado, que forman parte del Derecho Interno. La administración de justicia es uno de los pilares en que descansa el Estado de Derecho, lo que aplicado al caso en estudio esta Sala aprecia que se realizó un allanamiento, al lugar donde vive el acusado, ello con la voluntad del dueño de los apartamentos, No del inquilino del apartamento (el acusado) según lo dice el testigo presentado al efecto. Al respecto esta Sala se pronuncia por el respeto, garantía de los derechos fundamentales de los ciudadanos, entre esos derechos, se encuentra el derecho al domicilio, morada donde solamente el acusado podía permitir el ingreso, bajo las condiciones que no vicien el consentimiento, por lo que si el dueño de los apartamentos dio el consentimiento para ingresar al apartamento del acusado, tal acción atenta contra el derecho de éste por ende se quebranta su derecho al domicilio, todo ello conforme lo determina la Constitución de la República que solo con arreglo a la ley podrá allanarse el domicilio, tomando en consideración los casos excepcionales previamente establecidos en la ley, lo que conduce al respeto del Principio de Legalidad, porque solo en tales casos podrá ser allanada una morada, el allanamiento arbitrario de una morada conduce al quebrantamiento de derechos fundamentales tales como el domicilio, la intimidad, en que el ciudadano queda expuesto y desamparado de la ley.- CONSIDERANDO: (11) Que tal y como lo ha reiterado esta Sala en numerosos precedentes, la valoración de los elementos probatorios en orden a decretar ya sea un Auto de Formal Procesamiento, un Sobreseimiento Provisional o Definitivo; y con ello decidir sobre la probable o no atribución de un delito al o a los imputados en una causa criminal, es una tarea que en esencia corresponde ejercer a los Juzgados y Tribunales de instancia del orden Penal, de tal manera que el Juez Constitucional solamente ha de intervenir, cuando en tal valoración se han quebrantado las formas esenciales del Proceso Penal y con ello Derechos y Garantías fundamentales consagradas en la Constitución de la República. En ese orden de ideas esta Sala se pronuncia en cuanto a la aplicación del Decreto 184-13, mismo que fue prorrogado mediante Decreto 60-2015, el Estado mediante la creación del Decreto transitorio 184-2013, del cinco de octubre del 2013, permite lo que comúnmente conocemos como Veda a fin de que en un tiempo determinado (1 año, más su prórroga), el poseedor de un arma de fuego de las antes descritas, disponga de ese tiempo (1 año) para inscribir en el Registro correspondiente y obtener la autorización para la portación de tales armas, ciertamente que tal Decreto, no esta revocando o reformando lo dispuesto en los artículo 332-A y 332-A, sino que está regulando temporalmente dicha disposición con el fin de lograr “el registro de armas en poder de los particulares, para efectos del control formal por parte del Estado”(así reza el segundo considerando de dicho decreto).En consecuencia cuando el Estado mismo ha concedido esta VEDA para la inscripción de tales armas, ha restringido su jus puniendi temporalmente en cuanto a la aplicación del artículo 332-A, 332-B, lo que implica que una vez concluido el término de un año, dicho decreto perderá su vigencia y todo ciudadano que no se ha acogido a este beneficio, deberá afrontar las sanciones establecidas en la ley.-CONSIDERANDO: (12)Que el Debido Proceso adjetivo o formal se entiende como un conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial. Así, si bien es cierto que los fallos han de respetar los principios del debido proceso formal y sustancial, también existiría una forma por la cual este fallo llegue a concretarse, y tutelar efectivamente la pretensión o derecho amparado. Este es el momento en el cual hace su aparición la tutela jurisdiccional efectiva, dado que un fallo justo y acorde con el procedimiento debido, no puede quedarse como certeza jurídica ideal, sino que ha de satisfacer materialmente el derecho reconocido. El Estado tiene la obligación de reconocer un conjunto de garantías institucionales que permitan el ejercicio del debido proceso en toda persona. Todos los ciudadanos tienen derecho a acudir a los tribunales para obtener protección de sus intereses o derechos, a través de un proceso que respete tanto los derechos del demandante como los del demandado y que además el resultado de éste se encuentre asegurado, garantizando la tutela judicial contenida en el derecho interno y en los tratados y convenciones internacionales suscritos por el Estado para proteger los derechos y libertades del ciudadano contra actos u omisiones de las autoridades públicas, ejecutivas, judiciales o legislativas.-CONSIDERANDO: (13) Que las resoluciones de los Jueces y Magistrados solo están sujetas ala Constitución, la Ley y los Tratados Internacionales Sobre Derechos Humanos ratificados por el Estado, del estudio de la resolución recurrida esta Sala aprecia que tanto el A quo como el Tribunal de alzada han cumplido con su función de administrar justicia sujetos al marco de la ley, por lo que no se aprecia ningún quebrantamiento de derechos fundamentales del recurrente.-CONSIDERANDO: (14) Que esta Sala observa que el debido proceso No se ha vulnerado con la resolución recurrida, que contiene la motivación suficiente y fundamentos legales, así como que ha observado los requisitos, exigencias y solemnidades del debido proceso, por ende el principio de legalidad inherente al Debido Proceso tampoco resulta lesionado los que se han garantizado a lo largo del proceso. De igual manera debemos pronunciarnos en cuanto a la lesión del artículo 321 constitucional de los Servidores del Estado, no se aprecia lesión alguno al derecho invocado por el recurrente, porque como ha quedado dicho tanto el A quo como el Ad quem han dictado una resolución conforme el procedimiento establecido en la ley mismo que los Jueces han respetado y garantizado.-CONSIDERANDO: (15) Que como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico"

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

...":(8)Que el Ad quem expone que estudiados los agravios expuestos por el apelante no encuentra el perjuicio que ha señalado. Invoca el artículo 99 constitucional en relación a la inviolabilidad del domicilio y las excepciones referidas a los casos de urgencia, para impedir la comisión de un delito o evitar daños graves a la persona o a la propiedad”. Disposición por la cual el Ad quem comparte la decisión judicial recurrida al haber dictado sobreseimiento definitivo puesto que el ingreso al domicilio del encausado se realizó violentando derechos y garantías constitucionales y aunque el acusado resida en un apartamento no implica que el propietario de tales apartamentos esté facultado para autorizar el ingreso de los miembros de la policía ni estos tampoco están autorizados para ello.-CONSIDERANDO: (9) Que de acuerdo a lo expuesto por el impetrante esta Sala aprecia que el recurrente señala dos situaciones diferentes por una parte referida al allanamiento de morada del acusado y por la otra la aplicación del Decreto 184-13, mismo que fue prorrogado mediante Decreto 60-2015, referido a la veda otorgada a fin de que las personas que estuvieran en posesión de armas comerciales procedieran a su inscripción a fin de tener la autorización de autoridad competente para su portación y los que estuvieran en posesión de armas prohibidas pudieran hacer entrega de las mismas sin consecuencias de ninguna clase para ellos.-CONSIDERANDO:(10)Que el Estado de Derecho consiste en la sujeción de la actividad estatal a la Constitución y a las normas aprobadas conforme a los procedimientos que ella establezca, que garantizan el funcionamiento responsable y controlado de los órganos del poder, el ejercicio de la autoridad conforme a disposiciones conocidas y no retroactivas en términos perjudiciales, y la observancia de los derechos individuales, colectivos, culturales y políticos. En ese orden de ideas toda institución, o autoridad estará sometida a la Constitución de la República como norma suprema, a la ley que surge de esa normativa superior y que no puede confrontarla y a los tratados internacionales ratificados por el Estado, que forman parte del Derecho Interno. La administración de justicia es uno de los pilares en que descansa el Estado de Derecho, lo que aplicado al caso en estudio esta Sala aprecia que se realizó un allanamiento, al lugar donde vive el acusado, ello con la voluntad del dueño de los apartamentos, No del inquilino del apartamento (el acusado) según lo dice el testigo presentado al efecto. Al respecto esta Sala se pronuncia por el respeto, garantía de los derechos fundamentales de los ciudadanos, entre esos derechos, se encuentra el derecho al domicilio, morada donde solamente el acusado podía permitir el ingreso, bajo las condiciones que no vicien el consentimiento, por lo que si el dueño de los apartamentos dio el consentimiento para ingresar al apartamento del acusado, tal acción atenta contra el derecho de éste por ende se quebranta su derecho al domicilio, todo ello conforme lo determina la Constitución de la República que solo con arreglo a la ley podrá allanarse el domicilio, tomando en consideración los casos excepcionales previamente establecidos en la ley, lo que conduce al respeto del Principio de Legalidad, porque solo en tales casos podrá ser allanada una morada, el allanamiento arbitrario de una morada conduce al quebrantamiento de derechos fundamentales tales como el domicilio, la intimidad, en que el ciudadano queda expuesto y desamparado de la ley.- CONSIDERANDO: (11) Que tal y como lo ha reiterado esta Sala en numerosos precedentes, la valoración de los elementos probatorios en orden a decretar ya sea un Auto de Formal Procesamiento, un Sobreseimiento Provisional o Definitivo; y con ello decidir sobre la probable o no atribución de un delito al o a los imputados en una causa criminal, es una tarea que en esencia corresponde ejercer a los Juzgados y Tribunales de instancia del orden Penal, de tal manera que el Juez Constitucional solamente ha de intervenir, cuando en tal valoración se han quebrantado las formas esenciales del Proceso Penal y con ello Derechos y Garantías fundamentales consagradas en la Constitución de la República. En ese orden de ideas esta Sala se pronuncia en cuanto a la aplicación del Decreto 184-13, mismo que fue prorrogado mediante Decreto 60-2015, el Estado mediante la creación del Decreto transitorio 184-2013, del cinco de octubre del 2013, permite lo que comúnmente conocemos como Veda a fin de que en un tiempo determinado (1 año, más su prórroga), el poseedor de un arma de fuego de las antes descritas, disponga de ese tiempo (1 año) para inscribir en el Registro correspondiente y obtener la autorización para la portación de tales armas, ciertamente que tal Decreto, no esta revocando o reformando lo dispuesto en los artículo 332-A y 332-A, sino que está regulando temporalmente dicha disposición con el fin de lograr “el registro de armas en poder de los particulares, para efectos del control formal por parte del Estado”(así reza el segundo considerando de dicho decreto).En consecuencia cuando el Estado mismo ha concedido esta VEDA para la inscripción de tales armas, ha restringido su jus puniendi temporalmente en cuanto a la aplicación del artículo 332-A, 332-B, lo que implica que una vez concluido el término de un año, dicho decreto perderá su vigencia y todo ciudadano que no se ha acogido a este beneficio, deberá afrontar las sanciones establecidas en la ley.-CONSIDERANDO: (12)Que el Debido Proceso adjetivo o formal se entiende como un conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial. Así, si bien es cierto que los fallos han de respetar los principios del debido proceso formal y sustancial, también existiría una forma por la cual este fallo llegue a concretarse, y tutelar efectivamente la pretensión o derecho amparado. Este es el momento en el cual hace su aparición la tutela jurisdiccional efectiva, dado que un fallo justo y acorde con el procedimiento debido, no puede quedarse como certeza jurídica ideal, sino que ha de satisfacer materialmente el derecho reconocido. El Estado tiene la obligación de reconocer un conjunto de garantías institucionales que permitan el ejercicio del debido proceso en toda persona. Todos los ciudadanos tienen derecho a acudir a los tribunales para obtener protección de sus intereses o derechos, a través de un proceso que respete tanto los derechos del demandante como los del demandado y que además el resultado de éste se encuentre asegurado, garantizando la tutela judicial contenida en el derecho interno y en los tratados y convenciones internacionales suscritos por el Estado para proteger los derechos y libertades del ciudadano contra actos u omisiones de las autoridades públicas, ejecutivas, judiciales o legislativas.-CONSIDERANDO: (13) Que las resoluciones de los Jueces y Magistrados solo están sujetas ala Constitución, la Ley y los Tratados Internacionales Sobre Derechos Humanos ratificados por el Estado, del estudio de la resolución recurrida esta Sala aprecia que tanto el A quo como el Tribunal de alzada han cumplido con su función de administrar justicia sujetos al marco de la ley, por lo que no se aprecia ningún quebrantamiento de derechos fundamentales del recurrente.-CONSIDERANDO: (14) Que esta Sala observa que el debido proceso No se ha vulnerado con la resolución recurrida, que contiene la motivación suficiente y fundamentos legales, así como que ha observado los requisitos, exigencias y solemnidades del debido proceso, por ende el principio de legalidad inherente al Debido Proceso tampoco resulta lesionado los que se han garantizado a lo largo del proceso. De igual manera debemos pronunciarnos en cuanto a la lesión del artículo 321 constitucional de los Servidores del Estado, no se aprecia lesión alguno al derecho invocado por el recurrente, porque como ha quedado dicho tanto el A quo como el Ad quem han dictado una resolución conforme el procedimiento establecido en la ley mismo que los Jueces han respetado y garantizado.-CONSIDERANDO: (15) Que como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico"

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

.."Que el Debido Proceso adjetivo o formal se entiende como un conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial. Así, si bien es cierto que los fallos han de respetar los principios del debido proceso formal y sustancial, también existiría una forma por la cual este fallo llegue a concretarse, y tutelar efectivamente la pretensión o derecho amparado. Este es el momento en el cual hace su aparición la tutela jurisdiccional efectiva, dado que un fallo justo y acorde con el procedimiento debido, no puede quedarse como certeza jurídica ideal, sino que ha de satisfacer materialmente el derecho reconocido. El Estado tiene la obligación de reconocer un conjunto de garantías institucionales que permitan el ejercicio del debido proceso en toda persona. Todos los ciudadanos tienen  derecho a acudir a los tribunales para obtener protección de sus intereses o derechos, a través de un proceso que respete tanto los derechos del demandante como los del demandado y que además el resultado de éste se encuentre asegurado, garantizando la tutela judicial contenida en el derecho interno y en los tratados y convenciones internacionales suscritos por el Estado para proteger los derechos y libertades del ciudadano contra actos u omisiones de las autoridades públicas, ejecutivas, judiciales o legislativas.-CONSIDERANDO: (13) Que las resoluciones de los Jueces y Magistrados solo están sujetas ala Constitución, la Ley y los Tratados Internacionales Sobre Derechos Humanos ratificados por el Estado, del estudio de la resolución recurrida esta  Sala aprecia que tanto el A quo como el Tribunal de alzada han cumplido con su función de administrar justicia sujetos al marco de la ley, por lo que no se aprecia ningún quebrantamiento de derechos fundamentales del recurrente..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

..."Que el Estado de Derecho consiste en la sujeción de la actividad estatal a la Constitución y a las normas aprobadas conforme a los procedimientos que ella establezca, que garantizan el funcionamiento responsable y controlado de los órganos del poder, el ejercicio de la autoridad conforme a disposiciones conocidas y no retroactivas en términos perjudiciales, y la observancia de los derechos individuales, colectivos, culturales y políticos. En ese orden de ideas toda institución, o autoridad estará sometida a la Constitución de la República como norma suprema, a la ley que surge de esa normativa superior y que no puede confrontarla y a los tratados internacionales ratificados por el Estado, que forman parte del Derecho Interno. La administración de justicia es uno de los pilares en que descansa el Estado de Derecho, lo que aplicado al caso en estudio esta Sala aprecia que se realizó un allanamiento, al lugar donde vive el acusado, ello con la voluntad del dueño de los apartamentos, No del inquilino del apartamento (el acusado) según lo dice el testigo presentado al efecto. Al respecto esta Sala se pronuncia por el respeto, garantía de los derechos fundamentales de los ciudadanos, entre esos derechos, se encuentra el derecho al domicilio, morada  donde  solamente el acusado podía permitir el ingreso, bajo las condiciones que no vicien el consentimiento, por lo que si el dueño de los apartamentos dio el consentimiento para ingresar al apartamento del acusado, tal acción atenta contra el derecho de éste por ende se quebranta su derecho al domicilio, todo ello conforme lo determina la Constitución de la República que solo con arreglo a la ley podrá allanarse el domicilio, tomando en consideración los casos excepcionales previamente establecidos en la ley, lo que conduce al respeto del Principio de Legalidad, porque solo en tales casos podrá ser allanada una morada, el allanamiento arbitrario de una morada conduce al quebrantamiento de derechos fundamentales tales como el domicilio, la intimidad, en que el ciudadano queda expuesto y desamparado de la ley..."

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Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dieciséis de mayo de dos mil diecisiete.-VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada SUSSY G. COELLO GARCIA, favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución de fecha diecinueve de agosto del año dos mil dieciséis, emitida por la Corte Primera de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, que declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra el sobreseimiento definitivo de fecha catorce(14)de diciembre del año dos mil quince (2015),dictado por el Juzgado de Letras de La Ceiba, Departamento de Atlántida; con relación a la causa instruida contra el señor EDIS LEONIDAS MARTINEZ CARRANZA, por suponerlo responsable del delito de PORTACION ILEGAL DE ARMA DE FUEGO COMERCIAL, en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS.- Estimando la recurrente que se le han violentado los Derechos Constitucionales comprendido en los artículos 90, 304 Y 321 de la Constitución de la República.-ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha treinta (30) de noviembre del año dos mil quince (2015), compareció ante el Juzgado de Letras de La Ceiba, Departamento de Atlántida, el abogado SAUL RODRIGUEZ ALVAREZ, actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público, presentando Requerimiento contra el señor EDIS LEONIDAS MARTINEZ CARRANZA, por suponerlo responsable del delito de PORTACION ILEGAL DE ARMA DE FUEGO COMERCIAL, en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS.-2) Que en fecha catorce de diciembre del año dos mil quince, el Juzgado de Letras de La Ceiba, departamento de Atlántida, resolvió:(SIC)“… Por lo anteriormente expuesto este suscrito tiene a bien admitir la excepción planteada por la defensa y por ende DAR CON LUGAR la misma en consideración a las premisas antes mencionadas, en virtud a lo establecido en el articulo 46 numeral 2 del Código Procesal Penal, en la falta de ACCION cuando no haya debido promoverse y en vista que el artículo 92 de la Constitución establece claramente que solo podrá decretarse Auto de formal procesamiento cuando exista evidencia probatoria de la existencia de un delito e indicio racional de que el imputado es autor o cómplice y siendo que en la presente causa este ente fiscal no logra acreditar los presupuestos del indicado artículo este Juzgado de Letras Seccional de La Ceiba, le decreta al ciudadano EDIS LEONIDAS MARTINEZ CARRANZA a quien se le supone responsable de cometer el delito de PORTACION ILEGAL DE ARMA DE FUEGO COMERCIAL en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, un SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO en la presente causa, conforme a lo establecido en el articulo 296 numeral 1,… 2… 3….-ordenando por ende que se suspendan las medidas cautelares impuestas al imputado en audiencia de declaración de imputado y se ordene así las cartas de libertad definitiva a favor del encausado.-…”(Folio 27 al 34 de la pieza del Juzgado).-3) Que en fecha diecinueve (19) de agosto del año dos mil dieciséis (2016), la Corte de Primera de Apelaciones de la Ciudad de La Ceiba, Departamento de Atlántida, “PRIMERO:DECLARAR NOHA LUGAR, el recurso de Apelación interpuesto por la Abogada JESSIE CAROLINA BARAHONA OCHOA en su condición de Fiscal del Ministerio Publico y personada en esta instancia la Abogada ADRIANA AMALIA MARTINEZ también como Fiscal del Ministerio Publico y parte apelante …; SEGUNDO: CONFIRMAR la resolución de fecha catorce de diciembre de dos mil quince.…” (Folio 7 al 11 de la pieza de Corte de Apelaciones).-4)La recurrente abogada SUSSY G. COELLO GARCIA, compareció ante este Tribunal, en fecha catorce de octubre del año dos mil dieciséis (2016), interponiendo amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, afirmando que la decisión del Ad-quem, de fecha diecinueve (19) de agosto del año dos mil dieciséis (2016), es violatoria de lo dispuesto en los artículos 90, 304 y 321 de la Constitución de la República.-5) Que en fecha doce de enero del año dos mil diecisiete (2017), esta Sala tuvo por formalizada la acción de amparo y ordeno seguir con el procedimiento de conformidad a lo prescrito por el articulo 54 de la Ley sobre Justicia Constitucional, omitiendo la vista al Fiscal del despacho conforme lo prescrito por el articulo 37 de la Ley del Ministerio Publico.-CONSIDERANDO: (1) Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la Garantía de Amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.-CONSIDERANDO: (2) Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución.-CONSIDERANDO: (3) Que el acto contra el cual se reclama es la resolución de fecha diecinueve de agosto de dos mil dieciséis, dictada por la Corte Primera de Apelaciones Seccional de La Ceiba, Departamento de Atlántida, que declara No Ha Lugar el Recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Seccional de La Ceiba, Atlántida, en fecha catorce de diciembre de dos mil quince, con relación a la causa instruida contra el imputado EDIS LEONIDAS MARTINEZ CARRANZA, por suponerlo responsable del delito de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMADE FUEGO COMERCIAL, EN PERJUICIO DE LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS.-CONSIDERANDO: (4) Que la recurrente en la formalización de la acción de amparo (F. 23 pieza de amparo), expone como quebrantados el Derecho al Debido Proceso, y el Principio de Legalidad consagrados en el Artículo 90 de la Constitución de la República, que establecen: “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece.”, y 321 de la Constitución de la República, que manda: “Los servidores del Estado no tienen mas facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que se ejecute fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad” (Principio de Legalidad). Lo anterior relacionado con el artículo 304 Constitucional que establece “Corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a los casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado”. Señala que existe violación de las Garantías antes relacionadas por las razones fácticas y jurídicas que se exponen: “que la decisión del Tribunal Ad Quem es violatoria de la garantía constitucional contemplada en el articulo 90 de la Constitución de la República referente al derecho del debido proceso, el cual consagra en el articulo 202 del Código Procesal Penal, que el sistema de valoración de la prueba será con arreglo a la sana critica, mismo que fue inobservado por las autoridades de instancia al decretar el sobreseimiento definitivo a favor del encausado, por considerar que al encausado se le violentó la garantía constitucional de derecho de domicilio, en virtud que la autorización obtenida por los agentes policiales no era del acusado sino del dueño del apartamento que el imputado arrenda, por lo que desde el momento que una persona arrenda un apartamento es a éste a quien tendría que pedirle la autorización. De lo anterior, aprecia el Ministerio Publico que el Tribunal de Alzada valoró de forma aislada la autorización dada por el propietario de los apartamentos, y no de forma conjunta y armónica con el resto de los medios de prueba evacuados en la Audiencia Inicial, como ser la declaración testifical del señor Néstor Rafael Cáceres Oseguera en su condición de agente policial, de la cual se desprende que el señor Geovanni Edgardo autorizó el ingreso de los agentes policiales al edificio de apartamentos, sin que ingresaran al domicilio propiamente dicho del encausado, ya que éste se encontraba frente a su cuarto, acostado en una hamaca y portando el arma de fuego en su cintura, pero al no contar con el permiso correspondiente se procedió a su detención; en tal sentido manifiesta que no existe la supuesta violación a su domicilio, como en forma equívoca lo aprecia el Ad Quem.-CONSIDERANDO: (5)Que Sigue expresando la recurrente “que la resolución emitida por el Ad Quem vulnera el Principio de Legalidad, el que le impone al Juez la obligación ineludible de emitir sus resoluciones en estricto apego a derecho y no a su mera arbitrariedad, interpretación personal, sin tomar en cuenta la norma, el hecho, la prueba y el derecho a aplicar, contrario a lo resuelto por el Ad- Quem en el caso que hoy nos ocupa, al haber adoptado una resolución con violación manifiesta de normas constitucionales ilegales; ya que si bien es cierto, el Juez tiene la facultad dada por la misma norma de interpretación, esta debe ser orientada a la búsqueda del verdadero sentido de la norma que se debe aplicar, y en el caso venido a estudio tal como se señaló con anterioridad; Por todo ello considera que el Ad-quem realizó una interpretación errónea del artículo 212 del Código Procesal Penal, que viene a desarrollar el artículo 99 constitucional, al requerir la autorización del acusado para que ingresaran a su habitación, cuando en el caso Sub-judice lo que hubo fue un ingreso autorizado al edificio de apartamento no al domicilio del encausado, ya que este se encontraba fuera de él y no fue necesario el ingreso al mismo….”-CONSIDERANDO: (6) Que la recurrente manifiesta “que el fallo emitido por el Ad Quem constituye una fragante violación al derecho del Debido Proceso, el cual reclama que la conclusión por sentencia de todo proceso debe de respetar al menos ciertos principios constitucionales vinculados a una verdadera administración de justicia, entre los cuales se encuentra el derecho a la debida motivación, mismo que es desarrollado en los artículos 141 y 338 del Código Procesal Penal. Se afirma así, en virtud de la falta de motivación incurrida por el Tribunal de Alzada al no resolver todas las cuestiones controvertidas en la expresión de agravios del Ministerio Publico, en el recurso de apelación interpuesto contra el Sobreseimiento Definitivo decretado por el A-Quo, a favor del señor Edis Leónidas Martínez Carranza, en lo que respecta a declarar con lugar la excepción de falta de acción planteada por el apoderado defensor por la aplicación del Decreto 184-13, mismo que fue prorrogado mediante Decreto 60-2015, y sobre la cual no se pronuncio el Ad Quem en la parte de motivación y fundamentación jurídica del fallo.”Finalmente señala que con la prueba ofertada y evacuada en el proceso ha quedado demostrado la plena prueba de comisión del delito y la participación del encausado.-CONSIDERANDO: (7) Que el Ad quem en su MOTIVACION PROBATORIA Y JURIDICA, deja establecidos los siguientes aspectos: 1.- En cuanto a la finalidad de la audiencia inicial y los medios de prueba departe de quien pretenda evacuar medios probatorios, señala que estudiados detenidamente los medios probatorios, estima que la valoración efectuada por la A Quo, ha tenido lugar dentro de los parámetros de legitima procedencia según lo visto en los artículos 202 y 294 del Código Procesal Penal, por cuanto la prueba relevante llevada a esa audiencia se encuentra en la declaración del testigo Rafael Cáceres Oseguera, policía que atendiendo denuncia se hizo presente a los apartamentos de alquiler donde habita el imputado y quien con autorización del dueño de tales apartamentos ingresó encontrando al señor Martínez Carranza (SIC)”… acostado en una hamaca al frente del cuarto, posteriormente el nos observó nos dimos a conocer con él que éramos la policías, y él se para de la hamaca y ahí observé que portaba un arma en la cintura del lado derecho, le pedimos un registro, él lo permitió y procedimos hacerle un registro cuando le preguntamos por los documentos del arma él dijo que no tenía…” señala además que aunado a ello no representaron testigos que le conste que el imputado realizó disparos con su arma de fuego, tampoco acreditan que el imputado les permitió el ingreso violentando así el domicilio como derecho fundamental garantizado en la Constitución de la República y Tratados Internacionales.- CONSIDERANDO:(8)Que el Ad quem expone que estudiados los agravios expuestos por el apelante no encuentra el perjuicio que ha señalado. Invoca el artículo 99 constitucional en relación a la inviolabilidad del domicilio y las excepciones referidas a los casos de urgencia, para impedir la comisión de un delito o evitar daños graves a la persona o a la propiedad”. Disposición por la cual el Ad quem comparte la decisión judicial recurrida al haber dictado sobreseimiento definitivo puesto que el ingreso al domicilio del encausado se realizó violentando derechos y garantías constitucionales y aunque el acusado resida en un apartamento no implica que el propietario de tales apartamentos esté facultado para autorizar el ingreso de los miembros de la policía ni estos tampoco están autorizados para ello.-CONSIDERANDO: (9) Que de acuerdo a lo expuesto por el impetrante esta Sala aprecia que el recurrente señala dos situaciones diferentes por una parte referida al allanamiento de morada del acusado y por la otra la aplicación del Decreto 184-13, mismo que fue prorrogado mediante Decreto 60-2015, referido a la veda otorgada a fin de que las personas que estuvieran en posesión de armas comerciales procedieran a su inscripción a fin de tener la autorización de autoridad competente para su portación y los que estuvieran en posesión de armas prohibidas pudieran hacer entrega de las mismas sin consecuencias de ninguna clase para ellos.-CONSIDERANDO:(10)Que el Estado de Derecho consiste en la sujeción de la actividad estatal a la Constitución y a las normas aprobadas conforme a los procedimientos que ella establezca, que garantizan el funcionamiento responsable y controlado de los órganos del poder, el ejercicio de la autoridad conforme a disposiciones conocidas y no retroactivas en términos perjudiciales, y la observancia de los derechos individuales, colectivos, culturales y políticos. En ese orden de ideas toda institución, o autoridad estará sometida a la Constitución de la República como norma suprema, a la ley que surge de esa normativa superior y que no puede confrontarla y a los tratados internacionales ratificados por el Estado, que forman parte del Derecho Interno. La administración de justicia es uno de los pilares en que descansa el Estado de Derecho, lo que aplicado al caso en estudio esta Sala aprecia que se realizó un allanamiento, al lugar donde vive el acusado, ello con la voluntad del dueño de los apartamentos, No del inquilino del apartamento (el acusado) según lo dice el testigo presentado al efecto. Al respecto esta Sala se pronuncia por el respeto, garantía de los derechos fundamentales de los ciudadanos, entre esos derechos, se encuentra el derecho al domicilio, morada donde solamente el acusado podía permitir el ingreso, bajo las condiciones que no vicien el consentimiento, por lo que si el dueño de los apartamentos dio el consentimiento para ingresar al apartamento del acusado, tal acción atenta contra el derecho de éste por ende se quebranta su derecho al domicilio, todo ello conforme lo determina la Constitución de la República que solo con arreglo a la ley podrá allanarse el domicilio, tomando en consideración los casos excepcionales previamente establecidos en la ley, lo que conduce al respeto del Principio de Legalidad, porque solo en tales casos podrá ser allanada una morada, el allanamiento arbitrario de una morada conduce al quebrantamiento de derechos fundamentales tales como el domicilio, la intimidad, en que el ciudadano queda expuesto y desamparado de la ley.- CONSIDERANDO: (11) Que tal y como lo ha reiterado esta Sala en numerosos precedentes, la valoración de los elementos probatorios en orden a decretar ya sea un Auto de Formal Procesamiento, un Sobreseimiento Provisional o Definitivo; y con ello decidir sobre la probable o no atribución de un delito al o a los imputados en una causa criminal, es una tarea que en esencia corresponde ejercer a los Juzgados y Tribunales de instancia del orden Penal, de tal manera que el Juez Constitucional solamente ha de intervenir, cuando en tal valoración se han quebrantado las formas esenciales del Proceso Penal y con ello Derechos y Garantías fundamentales consagradas en la Constitución de la República. En ese orden de ideas esta Sala se pronuncia en cuanto a la aplicación del Decreto 184-13, mismo que fue prorrogado mediante Decreto 60-2015, el Estado mediante la creación del Decreto transitorio 184-2013, del cinco de octubre del 2013, permite lo que comúnmente conocemos como Veda a fin de que en un tiempo determinado (1 año, más su prórroga), el poseedor de un arma de fuego de las antes descritas, disponga de ese tiempo (1 año) para inscribir en el Registro correspondiente y obtener la autorización para la portación de tales armas, ciertamente que tal Decreto, no esta revocando o reformando lo dispuesto en los artículo 332-A y 332-A, sino que está regulando temporalmente dicha disposición con el fin de lograr “el registro de armas en poder de los particulares, para efectos del control formal por parte del Estado”(así reza el segundo considerando de dicho decreto).En consecuencia cuando el Estado mismo ha concedido esta VEDA para la inscripción de tales armas, ha restringido su jus puniendi temporalmente en cuanto a la aplicación del artículo 332-A, 332-B, lo que implica que una vez concluido el término de un año, dicho decreto perderá su vigencia y todo ciudadano que no se ha acogido a este beneficio, deberá afrontar las sanciones establecidas en la ley.-CONSIDERANDO: (12)Que el Debido Proceso adjetivo o formal se entiende como un conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial. Así, si bien es cierto que los fallos han de respetar los principios del debido proceso formal y sustancial, también existiría una forma por la cual este fallo llegue a concretarse, y tutelar efectivamente la pretensión o derecho amparado. Este es el momento en el cual hace su aparición la tutela jurisdiccional efectiva, dado que un fallo justo y acorde con el procedimiento debido, no puede quedarse como certeza jurídica ideal, sino que ha de satisfacer materialmente el derecho reconocido. El Estado tiene la obligación de reconocer un conjunto de garantías institucionales que permitan el ejercicio del debido proceso en toda persona. Todos los ciudadanos tienen derecho a acudir a los tribunales para obtener protección de sus intereses o derechos, a través de un proceso que respete tanto los derechos del demandante como los del demandado y que además el resultado de éste se encuentre asegurado, garantizando la tutela judicial contenida en el derecho interno y en los tratados y convenciones internacionales suscritos por el Estado para proteger los derechos y libertades del ciudadano contra actos u omisiones de las autoridades públicas, ejecutivas, judiciales o legislativas.-CONSIDERANDO: (13) Que las resoluciones de los Jueces y Magistrados solo están sujetas ala Constitución, la Ley y los Tratados Internacionales Sobre Derechos Humanos ratificados por el Estado, del estudio de la resolución recurrida esta Sala aprecia que tanto el A quo como el Tribunal de alzada han cumplido con su función de administrar justicia sujetos al marco de la ley, por lo que no se aprecia ningún quebrantamiento de derechos fundamentales del recurrente.-CONSIDERANDO: (14) Que esta Sala observa que el debido proceso No se ha vulnerado con la resolución recurrida, que contiene la motivación suficiente y fundamentos legales, así como que ha observado los requisitos, exigencias y solemnidades del debido proceso, por ende el principio de legalidad inherente al Debido Proceso tampoco resulta lesionado los que se han garantizado a lo largo del proceso. De igual manera debemos pronunciarnos en cuanto a la lesión del artículo 321 constitucional de los Servidores del Estado, no se aprecia lesión alguno al derecho invocado por el recurrente, porque como ha quedado dicho tanto el A quo como el Ad quem han dictado una resolución conforme el procedimiento establecido en la ley mismo que los Jueces han respetado y garantizado.-CONSIDERANDO: (15) Que como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico.-POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y en aplicación de los Artículos 37 No.1, 40, 45, 58, 64, 82, 90, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1, de la Constitución de la República; 8 No. 1, 24 y 25 de La Convención Americana de Derechos Humanos; 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 1 y 78 No. 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales. FALLA: DENEGANDO el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada SUSSY G. COELLO GARCIA a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada en fecha diecinueve de agosto del dos mil dieciséis, dictada por la Corte Primera de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, Atlántida. Y MANDA: Que con la certificación de este fallo remita los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó Magistrado Jorge Abilio Serrano Villanueva.-NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los dieciséis (16) días del mes de junio del año dos mil diecisiete (2017), Certificación de la Sentencia de fecha dieciséis (16) de mayo del año dos mil diecisiete (2017) recaída en el Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 0963-2016.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dieciséis de mayo de dos mil diecisiete.-VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada SUSSY G. COELLO GARCIA, favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución de fecha diecinueve de agosto del año dos mil dieciséis, emitida por la Corte Primera de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, que declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra el sobreseimiento definitivo de fecha catorce(14)de diciembre del año dos mil quince (2015),dictado por el Juzgado de Letras de La Ceiba, Departamento de Atlántida; con relación a la causa instruida contra el señor EDIS LEONIDAS MARTINEZ CARRANZA, por suponerlo responsable del delito de PORTACION ILEGAL DE ARMA DE FUEGO COMERCIAL, en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS.- Estimando la recurrente que se le han violentado los Derechos Constitucionales comprendido en los artículos 90, 304 Y 321 de la Constitución de la República.-ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha treinta (30) de noviembre del año dos mil quince (2015), compareció ante el Juzgado de Letras de La Ceiba, Departamento de Atlántida, el abogado SAUL RODRIGUEZ ALVAREZ, actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público, presentando Requerimiento contra el señor EDIS LEONIDAS MARTINEZ CARRANZA, por suponerlo responsable del delito de PORTACION ILEGAL DE ARMA DE FUEGO COMERCIAL, en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS.-2) Que en fecha catorce de diciembre del año dos mil quince, el Juzgado de Letras de La Ceiba, departamento de Atlántida, resolvió:(SIC)“… Por lo anteriormente expuesto este suscrito tiene a bien admitir la excepción planteada por la defensa y por ende DAR CON LUGAR la misma en consideración a las premisas antes mencionadas, en virtud a lo establecido en el articulo 46 numeral 2 del Código Procesal Penal, en la falta de ACCION cuando no haya debido promoverse y en vista que el artículo 92 de la Constitución establece claramente que solo podrá decretarse Auto de formal procesamiento cuando exista evidencia probatoria de la existencia de un delito e indicio racional de que el imputado es autor o cómplice y siendo que en la presente causa este ente fiscal no logra acreditar los presupuestos del indicado artículo este Juzgado de Letras Seccional de La Ceiba, le decreta al ciudadano EDIS LEONIDAS MARTINEZ CARRANZA a quien se le supone responsable de cometer el delito de PORTACION ILEGAL DE ARMA DE FUEGO COMERCIAL en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, un SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO en la presente causa, conforme a lo establecido en el articulo 296 numeral 1,… 2… 3….-ordenando por ende que se suspendan las medidas cautelares impuestas al imputado en audiencia de declaración de imputado y se ordene así las cartas de libertad definitiva a favor del encausado.-…”(Folio 27 al 34 de la pieza del Juzgado).-3) Que en fecha diecinueve (19) de agosto del año dos mil dieciséis (2016), la Corte de Primera de Apelaciones de la Ciudad de La Ceiba, Departamento de Atlántida, “PRIMERO:DECLARAR NOHA LUGAR, el recurso de Apelación interpuesto por la Abogada JESSIE CAROLINA BARAHONA OCHOA en su condición de Fiscal del Ministerio Publico y personada en esta instancia la Abogada ADRIANA AMALIA MARTINEZ también como Fiscal del Ministerio Publico y parte apelante …; SEGUNDO: CONFIRMAR la resolución de fecha catorce de diciembre de dos mil quince.…” (Folio 7 al 11 de la pieza de Corte de Apelaciones).-4)La recurrente abogada SUSSY G. COELLO GARCIA, compareció ante este Tribunal, en fecha catorce de octubre del año dos mil dieciséis (2016), interponiendo amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, afirmando que la decisión del Ad-quem, de fecha diecinueve (19) de agosto del año dos mil dieciséis (2016), es violatoria de lo dispuesto en los artículos 90, 304 y 321 de la Constitución de la República.-5) Que en fecha doce de enero del año dos mil diecisiete (2017), esta Sala tuvo por formalizada la acción de amparo y ordeno seguir con el procedimiento de conformidad a lo prescrito por el articulo 54 de la Ley sobre Justicia Constitucional, omitiendo la vista al Fiscal del despacho conforme lo prescrito por el articulo 37 de la Ley del Ministerio Publico.-CONSIDERANDO: (1) Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la Garantía de Amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.-CONSIDERANDO: (2) Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución.-CONSIDERANDO: (3) Que el acto contra el cual se reclama es la resolución de fecha diecinueve de agosto de dos mil dieciséis, dictada por la Corte Primera de Apelaciones Seccional de La Ceiba, Departamento de Atlántida, que declara No Ha Lugar el Recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Seccional de La Ceiba, Atlántida, en fecha catorce de diciembre de dos mil quince, con relación a la causa instruida contra el imputado EDIS LEONIDAS MARTINEZ CARRANZA, por suponerlo responsable del delito de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMADE FUEGO COMERCIAL, EN PERJUICIO DE LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS.-CONSIDERANDO: (4) Que la recurrente en la formalización de la acción de amparo (F. 23 pieza de amparo), expone como quebrantados el Derecho al Debido Proceso, y el Principio de Legalidad consagrados en el Artículo 90 de la Constitución de la República, que establecen: “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece.”, y 321 de la Constitución de la República, que manda: “Los servidores del Estado no tienen mas facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que se ejecute fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad” (Principio de Legalidad). Lo anterior relacionado con el artículo 304 Constitucional que establece “Corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a los casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado”. Señala que existe violación de las Garantías antes relacionadas por las razones fácticas y jurídicas que se exponen: “que la decisión del Tribunal Ad Quem es violatoria de la garantía constitucional contemplada en el articulo 90 de la Constitución de la República referente al derecho del debido proceso, el cual consagra en el articulo 202 del Código Procesal Penal, que el sistema de valoración de la prueba será con arreglo a la sana critica, mismo que fue inobservado por las autoridades de instancia al decretar el sobreseimiento definitivo a favor del encausado, por considerar que al encausado se le violentó la garantía constitucional de derecho de domicilio, en virtud que la autorización obtenida por los agentes policiales no era del acusado sino del dueño del apartamento que el imputado arrenda, por lo que desde el momento que una persona arrenda un apartamento es a éste a quien tendría que pedirle la autorización. De lo anterior, aprecia el Ministerio Publico que el Tribunal de Alzada valoró de forma aislada la autorización dada por el propietario de los apartamentos, y no de forma conjunta y armónica con el resto de los medios de prueba evacuados en la Audiencia Inicial, como ser la declaración testifical del señor Néstor Rafael Cáceres Oseguera en su condición de agente policial, de la cual se desprende que el señor Geovanni Edgardo autorizó el ingreso de los agentes policiales al edificio de apartamentos, sin que ingresaran al domicilio propiamente dicho del encausado, ya que éste se encontraba frente a su cuarto, acostado en una hamaca y portando el arma de fuego en su cintura, pero al no contar con el permiso correspondiente se procedió a su detención; en tal sentido manifiesta que no existe la supuesta violación a su domicilio, como en forma equívoca lo aprecia el Ad Quem.-CONSIDERANDO: (5)Que Sigue expresando la recurrente “que la resolución emitida por el Ad Quem vulnera el Principio de Legalidad, el que le impone al Juez la obligación ineludible de emitir sus resoluciones en estricto apego a derecho y no a su mera arbitrariedad, interpretación personal, sin tomar en cuenta la norma, el hecho, la prueba y el derecho a aplicar, contrario a lo resuelto por el Ad- Quem en el caso que hoy nos ocupa, al haber adoptado una resolución con violación manifiesta de normas constitucionales ilegales; ya que si bien es cierto, el Juez tiene la facultad dada por la misma norma de interpretación, esta debe ser orientada a la búsqueda del verdadero sentido de la norma que se debe aplicar, y en el caso venido a estudio tal como se señaló con anterioridad; Por todo ello considera que el Ad-quem realizó una interpretación errónea del artículo 212 del Código Procesal Penal, que viene a desarrollar el artículo 99 constitucional, al requerir la autorización del acusado para que ingresaran a su habitación, cuando en el caso Sub-judice lo que hubo fue un ingreso autorizado al edificio de apartamento no al domicilio del encausado, ya que este se encontraba fuera de él y no fue necesario el ingreso al mismo….”-CONSIDERANDO: (6) Que la recurrente manifiesta “que el fallo emitido por el Ad Quem constituye una fragante violación al derecho del Debido Proceso, el cual reclama que la conclusión por sentencia de todo proceso debe de respetar al menos ciertos principios constitucionales vinculados a una verdadera administración de justicia, entre los cuales se encuentra el derecho a la debida motivación, mismo que es desarrollado en los artículos 141 y 338 del Código Procesal Penal. Se afirma así, en virtud de la falta de motivación incurrida por el Tribunal de Alzada al no resolver todas las cuestiones controvertidas en la expresión de agravios del Ministerio Publico, en el recurso de apelación interpuesto contra el Sobreseimiento Definitivo decretado por el A-Quo, a favor del señor Edis Leónidas Martínez Carranza, en lo que respecta a declarar con lugar la excepción de falta de acción planteada por el apoderado defensor por la aplicación del Decreto 184-13, mismo que fue prorrogado mediante Decreto 60-2015, y sobre la cual no se pronuncio el Ad Quem en la parte de motivación y fundamentación jurídica del fallo.”Finalmente señala que con la prueba ofertada y evacuada en el proceso ha quedado demostrado la plena prueba de comisión del delito y la participación del encausado.-CONSIDERANDO: (7) Que el Ad quem en su MOTIVACION PROBATORIA Y JURIDICA, deja establecidos los siguientes aspectos: 1.- En cuanto a la finalidad de la audiencia inicial y los medios de prueba departe de quien pretenda evacuar medios probatorios, señala que estudiados detenidamente los medios probatorios, estima que la valoración efectuada por la A Quo, ha tenido lugar dentro de los parámetros de legitima procedencia según lo visto en los artículos 202 y 294 del Código Procesal Penal, por cuanto la prueba relevante llevada a esa audiencia se encuentra en la declaración del testigo Rafael Cáceres Oseguera, policía que atendiendo denuncia se hizo presente a los apartamentos de alquiler donde habita el imputado y quien con autorización del dueño de tales apartamentos ingresó encontrando al señor Martínez Carranza (SIC)”… acostado en una hamaca al frente del cuarto, posteriormente el nos observó nos dimos a conocer con él que éramos la policías, y él se para de la hamaca y ahí observé que portaba un arma en la cintura del lado derecho, le pedimos un registro, él lo permitió y procedimos hacerle un registro cuando le preguntamos por los documentos del arma él dijo que no tenía…” señala además que aunado a ello no representaron testigos que le conste que el imputado realizó disparos con su arma de fuego, tampoco acreditan que el imputado les permitió el ingreso violentando así el domicilio como derecho fundamental garantizado en la Constitución de la República y Tratados Internacionales.- CONSIDERANDO:(8)Que el Ad quem expone que estudiados los agravios expuestos por el apelante no encuentra el perjuicio que ha señalado. Invoca el artículo 99 constitucional en relación a la inviolabilidad del domicilio y las excepciones referidas a los casos de urgencia, para impedir la comisión de un delito o evitar daños graves a la persona o a la propiedad”. Disposición por la cual el Ad quem comparte la decisión judicial recurrida al haber dictado sobreseimiento definitivo puesto que el ingreso al domicilio del encausado se realizó violentando derechos y garantías constitucionales y aunque el acusado resida en un apartamento no implica que el propietario de tales apartamentos esté facultado para autorizar el ingreso de los miembros de la policía ni estos tampoco están autorizados para ello.-CONSIDERANDO: (9) Que de acuerdo a lo expuesto por el impetrante esta Sala aprecia que el recurrente señala dos situaciones diferentes por una parte referida al allanamiento de morada del acusado y por la otra la aplicación del Decreto 184-13, mismo que fue prorrogado mediante Decreto 60-2015, referido a la veda otorgada a fin de que las personas que estuvieran en posesión de armas comerciales procedieran a su inscripción a fin de tener la autorización de autoridad competente para su portación y los que estuvieran en posesión de armas prohibidas pudieran hacer entrega de las mismas sin consecuencias de ninguna clase para ellos.-CONSIDERANDO:(10)Que el Estado de Derecho consiste en la sujeción de la actividad estatal a la Constitución y a las normas aprobadas conforme a los procedimientos que ella establezca, que garantizan el funcionamiento responsable y controlado de los órganos del poder, el ejercicio de la autoridad conforme a disposiciones conocidas y no retroactivas en términos perjudiciales, y la observancia de los derechos individuales, colectivos, culturales y políticos. En ese orden de ideas toda institución, o autoridad estará sometida a la Constitución de la República como norma suprema, a la ley que surge de esa normativa superior y que no puede confrontarla y a los tratados internacionales ratificados por el Estado, que forman parte del Derecho Interno. La administración de justicia es uno de los pilares en que descansa el Estado de Derecho, lo que aplicado al caso en estudio esta Sala aprecia que se realizó un allanamiento, al lugar donde vive el acusado, ello con la voluntad del dueño de los apartamentos, No del inquilino del apartamento (el acusado) según lo dice el testigo presentado al efecto. Al respecto esta Sala se pronuncia por el respeto, garantía de los derechos fundamentales de los ciudadanos, entre esos derechos, se encuentra el derecho al domicilio, morada donde solamente el acusado podía permitir el ingreso, bajo las condiciones que no vicien el consentimiento, por lo que si el dueño de los apartamentos dio el consentimiento para ingresar al apartamento del acusado, tal acción atenta contra el derecho de éste por ende se quebranta su derecho al domicilio, todo ello conforme lo determina la Constitución de la República que solo con arreglo a la ley podrá allanarse el domicilio, tomando en consideración los casos excepcionales previamente establecidos en la ley, lo que conduce al respeto del Principio de Legalidad, porque solo en tales casos podrá ser allanada una morada, el allanamiento arbitrario de una morada conduce al quebrantamiento de derechos fundamentales tales como el domicilio, la intimidad, en que el ciudadano queda expuesto y desamparado de la ley.- CONSIDERANDO: (11) Que tal y como lo ha reiterado esta Sala en numerosos precedentes, la valoración de los elementos probatorios en orden a decretar ya sea un Auto de Formal Procesamiento, un Sobreseimiento Provisional o Definitivo; y con ello decidir sobre la probable o no atribución de un delito al o a los imputados en una causa criminal, es una tarea que en esencia corresponde ejercer a los Juzgados y Tribunales de instancia del orden Penal, de tal manera que el Juez Constitucional solamente ha de intervenir, cuando en tal valoración se han quebrantado las formas esenciales del Proceso Penal y con ello Derechos y Garantías fundamentales consagradas en la Constitución de la República. En ese orden de ideas esta Sala se pronuncia en cuanto a la aplicación del Decreto 184-13, mismo que fue prorrogado mediante Decreto 60-2015, el Estado mediante la creación del Decreto transitorio 184-2013, del cinco de octubre del 2013, permite lo que comúnmente conocemos como Veda a fin de que en un tiempo determinado (1 año, más su prórroga), el poseedor de un arma de fuego de las antes descritas, disponga de ese tiempo (1 año) para inscribir en el Registro correspondiente y obtener la autorización para la portación de tales armas, ciertamente que tal Decreto, no esta revocando o reformando lo dispuesto en los artículo 332-A y 332-A, sino que está regulando temporalmente dicha disposición con el fin de lograr “el registro de armas en poder de los particulares, para efectos del control formal por parte del Estado”(así reza el segundo considerando de dicho decreto).En consecuencia cuando el Estado mismo ha concedido esta VEDA para la inscripción de tales armas, ha restringido su jus puniendi temporalmente en cuanto a la aplicación del artículo 332-A, 332-B, lo que implica que una vez concluido el término de un año, dicho decreto perderá su vigencia y todo ciudadano que no se ha acogido a este beneficio, deberá afrontar las sanciones establecidas en la ley.-CONSIDERANDO: (12)Que el Debido Proceso adjetivo o formal se entiende como un conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial. Así, si bien es cierto que los fallos han de respetar los principios del debido proceso formal y sustancial, también existiría una forma por la cual este fallo llegue a concretarse, y tutelar efectivamente la pretensión o derecho amparado. Este es el momento en el cual hace su aparición la tutela jurisdiccional efectiva, dado que un fallo justo y acorde con el procedimiento debido, no puede quedarse como certeza jurídica ideal, sino que ha de satisfacer materialmente el derecho reconocido. El Estado tiene la obligación de reconocer un conjunto de garantías institucionales que permitan el ejercicio del debido proceso en toda persona. Todos los ciudadanos tienen derecho a acudir a los tribunales para obtener protección de sus intereses o derechos, a través de un proceso que respete tanto los derechos del demandante como los del demandado y que además el resultado de éste se encuentre asegurado, garantizando la tutela judicial contenida en el derecho interno y en los tratados y convenciones internacionales suscritos por el Estado para proteger los derechos y libertades del ciudadano contra actos u omisiones de las autoridades públicas, ejecutivas, judiciales o legislativas.-CONSIDERANDO: (13) Que las resoluciones de los Jueces y Magistrados solo están sujetas ala Constitución, la Ley y los Tratados Internacionales Sobre Derechos Humanos ratificados por el Estado, del estudio de la resolución recurrida esta Sala aprecia que tanto el A quo como el Tribunal de alzada han cumplido con su función de administrar justicia sujetos al marco de la ley, por lo que no se aprecia ningún quebrantamiento de derechos fundamentales del recurrente.-CONSIDERANDO: (14) Que esta Sala observa que el debido proceso No se ha vulnerado con la resolución recurrida, que contiene la motivación suficiente y fundamentos legales, así como que ha observado los requisitos, exigencias y solemnidades del debido proceso, por ende el principio de legalidad inherente al Debido Proceso tampoco resulta lesionado los que se han garantizado a lo largo del proceso. De igual manera debemos pronunciarnos en cuanto a la lesión del artículo 321 constitucional de los Servidores del Estado, no se aprecia lesión alguno al derecho invocado por el recurrente, porque como ha quedado dicho tanto el A quo como el Ad quem han dictado una resolución conforme el procedimiento establecido en la ley mismo que los Jueces han respetado y garantizado.- CONSIDERANDO: (15) Que como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico.-POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y en aplicación de los Artículos 37 No.1, 40, 45, 58, 64, 82, 90, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1, de la Constitución de la República; 8 No. 1, 24 y 25 de La Convención Americana de Derechos Humanos; 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 1 y 78 No. 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales. FALLA: DENEGANDO el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada SUSSY G. COELLO GARCIA a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada en fecha diecinueve de agosto del dos mil dieciséis, dictada por la Corte Primera de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, Atlántida. Y MANDA: Que con la certificación de este fallo remita los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó Magistrado Jorge Abilio Serrano Villanueva.-NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los dieciséis (16) días del mes de junio del año dos mil diecisiete (2017), Certificación de la Sentencia de fecha dieciséis (16) de mayo del año dos mil diecisiete (2017) recaída en el Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 0963-2016.- Firma Y sello

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL