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Sentencia AP-945-16 — Registro 19196

Resumen

Se recurre en amparo contra la sentencia que declaró sin lugar una solicitud de recusación contra los Jueces del Tribunal de Sentencia local, en relación a la causa instruida por supuesta responsabilidad en delito de Abuso de Autoridad en su función como Juez Titular de un Juzgado; dictándose un sobreseimiento al no apreciarse la violación alegada.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…" Que al alegarse violaciones de mera legalidad, en materia de Justicia Constitucional el pronunciamiento del Juez Constitucional debe versar exclusivamente con relación al caso concreto que sea sometido a la controversia constitucional planteada, garantizando como consecuencia su eficacia, material y formal, al punto que de existir la violación a la legalidad denunciada, ésta se convierta por virtud del principio, automáticamente en una violación al debido proceso, por ende de rango Constitucional, situación que no se aprecia del estudio de los autos, al no concretizarse la misma luego de revisados los antecedentes, por las razones expuestas en la motivación de esta resolución..." …" Que conforme lo establece Justicia Constitucional, en su artículo cuarenta y seis numerales primero y noveno, es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que el recurrente alega una violación de mera legalidad por las razones expuestas; razón por la cual esta Sala estima, que continuar con el conocimiento del presente asunto conllevaría únicamente a una dilación innecesaria en el trámite del juicio principal..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

…" Que al alegarse violaciones de mera legalidad, en materia de Justicia Constitucional el pronunciamiento del Juez Constitucional debe versar exclusivamente con relación al caso concreto que sea sometido a la controversia constitucional planteada, garantizando como consecuencia su eficacia, material y formal, al punto que de existir la violación a la legalidad denunciada, ésta se convierta por virtud del principio, automáticamente en una violación al debido proceso, por ende de rango Constitucional, situación que no se aprecia del estudio de los autos, al no concretizarse la misma luego de revisados los antecedentes, por las razones expuestas en la motivación de esta resolución..." …" Que conforme lo establece Justicia Constitucional, en su artículo cuarenta y seis numerales primero y noveno, es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que el recurrente alega una violación de mera legalidad por las razones expuestas; razón por la cual esta Sala estima, que continuar con el conocimiento del presente asunto conllevaría únicamente a una dilación innecesaria en el trámite del juicio principal..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

..." Que la finalidad de la institución de la recusación se encuentra, en la necesidad de asegurar un juicio con todas las garantías, que incluya la exigencia de imparcialidad de los agentes públicos que intervienen en el mismo, fundamentalmente del Juez. De este modo, y aunque no se cite de manera expresa en el artículo 90 de nuestra Constitución, entre las garantías que deben incluirse dentro del derecho constitucional a un debido proceso, se encuentra el derecho a un Juez imparcial que constituye un presupuesto fundamental para la recta administración de Justicia..." …" Que el derecho de petición es fundamental y encuentra su reconocimiento expreso en varios tratados internacionales suscritos por el Estado de Honduras, así tenemos que el artículo 8 No. 1) de de Derechos Humanos establece que “….toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un Juez o tribunal competente, independiente e imparcial….”, en tanto que en términos similares el artículo 14 No. 1) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, prevé que “toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial,…”..." Que el artículo 83 del Código Procesal Penal establece que los Magistrados, Jueces y los auxiliares de órganos jurisdiccionales, sólo podrán ser recusados por causa legitima..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El infrascrito Secretario de , de de Justicia CERTIFICA: La resolución que literalmente dice CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA CONSTITUCIONAL.-Tegucigalpa, M. D. C., diecisiete de febrero del año dos mil diecisiete. VISTOS: el recurso de amparo interpuesto en el recurso de amparo interpuesto por el abogado NOEL ANTONIO MENDOZA, a favor del señor BERNARDINO RODRIGUEZ MEJÍA, contra la resolución dictada por CORTE DE APELACIONES SECCIONAL DE SANTA BÁRBARA, DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA, en fecha once de agosto del año dos mil dieciséis, que declaró sin lugar la solicitud de reacusación contra los Jueces JOSÉ FRANCISCO PINEDA AYALA, ADNER FERNEL PAZ DEL CID y JOSÉ LUIS MEJÍA HERRERA, que integran el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE SANTA BÁRBARA, DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA, en relación a la causa instruida contra el señor BERNARDINO RODRIGUEZ MEJÍA, quien fungió como Juez Titular del Juzgado Tercero de Letras Departamental de Santa Bárbara, Departamento de Santa Bárbara, por suponerlo responsable del delito de ABUSO DE AUTORIDAD en perjuicio de DEL ESTADO DE HONDURAS.CONSIDERANDO: Que los alegatos del impetrante versan en que el Ad-quem, ha pronunciado su resolución en forma equivocada refiriendo que a su parecer corresponde declarar con lugar la recusación en virtud de basarse en justa causa como la amistad intima y haber conocido con anterioridad de la causa en sus funciones como Jueces. CONSIDERANDO: Que del escrito de interposición del presente recurso se desprende que el recurrente señala que con el acto reclamado se han vulnerado los derechos y garantías establecidas en los artículos 80, 82 90 entre otros contenidos en de : Que del acto reclamado se desprende que DE APELACIONES SECCIONAL DE SANTA BÁRBARA, DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA, determinó que no concurre la causal 3 del artículo 83 del Código Procesal Penal, en virtud de que la causa incoada contra el señor BERNARDINO RODRIGUEZ MEJÍA, si bien tienen conexión, no es la misma que fue del conocimiento previo de los Jueces recusados, asimismo en cuanto a la causal 11 del artículo ya citado referente a la amistad intima y manifiesta entre el acusado y los recusados, reclamada, estableció que el compañerismo que existió entre los recusados y el encausado no implica la parcialidad de estos al momento del fallo correspondiente, toda vez que de encontrarse comprendidos se hubieran excusados voluntariamente.CONSIDERANDO: Que la palabra recusación deriva del verbo latino recusare, que significa rehusar, y consiste en la facultad que compete a los litigantes o interesados, de rehusar, de oponerse, a que intervenga o intervengan en un asunto determinado, aquel o aquellos funcionarios de cuya imparcialidad pueda legítimamente dudarse. (vid. SANDOVAL, JOSE MARIA, Anotaciones a de Organización y Atribuciones de los Tribunales, Editorial Calderón, 1973, pág. 239).CONSIDERANDO: Que la finalidad de la institución de la recusación se encuentra, en la necesidad de asegurar un juicio con todas las garantías, que incluya la exigencia de imparcialidad de los agentes públicos que intervienen en el mismo, fundamentalmente del Juez. De este modo, y aunque no se cite de manera expresa en el artículo 90 de nuestra Constitución, entre las garantías que deben incluirse dentro del derecho constitucional a un debido proceso, se encuentra el derecho a un Juez imparcial que constituye un presupuesto fundamental para la recta administración de Justicia. CONSIDERANDO: Que el derecho de petición es fundamental y encuentra su reconocimiento expreso en varios tratados internacionales suscritos por el Estado de Honduras, así tenemos que el artículo 8 No. 1) de de Derechos Humanos establece que “….toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un Juez o tribunal competente, independiente e imparcial….”, en tanto que en términos similares el artículo 14 No. 1) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, prevé que “toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial,…”.CONSIDERANDO: Que el artículo 83 del Código Procesal Penal establece que los Magistrados, Jueces y los auxiliares de órganos jurisdiccionales, sólo podrán ser recusados por causa legitima. CONSIDERANDO: Que de la exposición hecha por el recurrente y del estudio del acto reclamado en amparo se constata que los alegatos planteados en la acción de amparo que se resuelve son propios de las instancias procesales ordinarias.CONSIDERANDO: Que al alegarse violaciones de mera legalidad, en materia de Justicia Constitucional el pronunciamiento del Juez Constitucional debe versar exclusivamente con relación al caso concreto que sea sometido a la controversia constitucional planteada, garantizando como consecuencia su eficacia, material y formal, al punto que de existir la violación a la legalidad denunciada, ésta se convierta por virtud del principio, automáticamente en una violación al debido proceso, por ende de rango Constitucional, situación que no se aprecia del estudio de los autos, al no concretizarse la misma luego de revisados los antecedentes, por las razones expuestas en la motivación de esta resolución. CONSIDERANDO: Que conforme lo establece Justicia Constitucional, en su artículo cuarenta y seis numerales primero y noveno, es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que el recurrente alega una violación de mera legalidad por las razones expuestas; razón por la cual esta Sala estima, que continuar con el conocimiento del presente asunto conllevaría únicamente a una dilación innecesaria en el trámite del juicio principal.POR TANTO: de lo Constitucional de esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5a. de de ; 8 No. 1) de de Derechos Humanos; 14 No. 1) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1o. y 78 atribución 5a. de de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 119 y demás aplicables de Justicia Constitucional; RESUELVE: SOBRESEER el recurso de amparo interpuesto por el abogado NOEL ANTONIO MENDOZA, a favor del señor BERNARDINO RODRIGUEZ MEJÍA, contra la resolución dictada por DE APELACIONES SECCIONAL DE SANTA BÁRBARA, DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA, en fecha once de agosto del año dos mil dieciséis, en vista ya que existe un pronunciamiento del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, estimando que continuar con el conocimiento del presente asunto conllevaría únicamente a una dilación innecesaria en el trámite del juicio principal; y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. NOTIFIQUESE. NOTIFÍQUESE. Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LO CONSTITUCIONAL.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. Firma y Sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario de Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta días del mes de marzo del año dos mil diecisiete, certificación de la resolución de fechas diecisiete de febrero del año dos mil diecisiete. Recaída en el Recurso de Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 0945=16.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX.-Secretario de C E R T I F I C A C I O NEl infrascrito Secretario de , de de Justicia CERTIFICA: la resolución que literalmente dice CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA CONSTITUCIONAL.-Tegucigalpa, M. D. C., diecisiete de febrero del año dos mil diecisiete. VISTOS: el recurso de amparo interpuesto en el recurso de amparo interpuesto por el abogado NOEL ANTONIO MENDOZA, a favor del señor BERNARDINO RODRIGUEZ MEJÍA, contra la resolución dictada por DE APELACIONES SECCIONAL DE SANTA BÁRBARA, DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA, en fecha once de agosto del año dos mil dieciséis, que declaró sin lugar la solicitud de reacusación contra los Jueces JOSÉ FRANCISCO PINEDA AYALA, ADNER FERNEL PAZ DEL CID y JOSÉ LUIS MEJÍA HERRERA, que integran el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE SANTA BÁRBARA, DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA, en relación a la causa instruida contra el señor BERNARDINO RODRIGUEZ MEJÍA, quien fungió como Juez Titular del Juzgado Tercero de Letras Departamental de Santa Bárbara, Departamento de Santa Bárbara, por suponerlo responsable del delito de ABUSO DE AUTORIDAD en perjuicio de DEL ESTADO DE HONDURAS.CONSIDERANDO: Que los alegatos del impetrante versan en que el Ad-quem, ha pronunciado su resolución en forma equivocada refiriendo que a su parecer corresponde declarar con lugar la recusación en virtud de basarse en justa causa como la amistad intima y haber conocido con anterioridad de la causa en sus funciones como Jueces. CONSIDERANDO: Que del escrito de interposición del presente recurso se desprende que el recurrente señala que con el acto reclamado se han vulnerado los derechos y garantías establecidas en los artículos 80, 82 90 entre otros contenidos en de : Que del acto reclamado se desprende que DE APELACIONES SECCIONAL DE SANTA BÁRBARA, DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA, determinó que no concurre la causal 3 del artículo 83 del Código Procesal Penal, en virtud de que la causa incoada contra el señor BERNARDINO RODRIGUEZ MEJÍA, si bien tienen conexión, no es la misma que fue del conocimiento previo de los Jueces recusados, asimismo en cuanto a la causal 11 del artículo ya citado referente a la amistad intima y manifiesta entre el acusado y los recusados, reclamada, estableció que el compañerismo que existió entre los recusados y el encausado no implica la parcialidad de estos al momento del fallo correspondiente, toda vez que de encontrarse comprendidos se hubieran excusados voluntariamente.CONSIDERANDO: Que la palabra recusación deriva del verbo latino recusare, que significa rehusar, y consiste en la facultad que compete a los litigantes o interesados, de rehusar, de oponerse, a que intervenga o intervengan en un asunto determinado, aquel o aquellos funcionarios de cuya imparcialidad pueda legítimamente dudarse. (vid. SANDOVAL, JOSE MARIA, Anotaciones a de Organización y Atribuciones de los Tribunales, Editorial Calderón, 1973, pág. 239).CONSIDERANDO: Que la finalidad de la institución de la recusación se encuentra, en la necesidad de asegurar un juicio con todas las garantías, que incluya la exigencia de imparcialidad de los agentes públicos que intervienen en el mismo, fundamentalmente del Juez. De este modo, y aunque no se cite de manera expresa en el artículo 90 de nuestra Constitución, entre las garantías que deben incluirse dentro del derecho constitucional a un debido proceso, se encuentra el derecho a un Juez imparcial que constituye un presupuesto fundamental para la recta administración de Justicia. CONSIDERANDO: Que el derecho de petición es fundamental y encuentra su reconocimiento expreso en varios tratados internacionales suscritos por el Estado de Honduras, así tenemos que el artículo 8 No. 1) de de Derechos Humanos establece que “….toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un Juez o tribunal competente, independiente e imparcial….”, en tanto que en términos similares el artículo 14 No. 1) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, prevé que “toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial,…”.CONSIDERANDO: Que el artículo 83 del Código Procesal Penal establece que los Magistrados, Jueces y los auxiliares de órganos jurisdiccionales, sólo podrán ser recusados por causa legitima. CONSIDERANDO: Que de la exposición hecha por el recurrente y del estudio del acto reclamado en amparo se constata que los alegatos planteados en la acción de amparo que se resuelve son propios de las instancias procesales ordinarias.CONSIDERANDO: Que al alegarse violaciones de mera legalidad, en materia de Justicia Constitucional el pronunciamiento del Juez Constitucional debe versar exclusivamente con relación al caso concreto que sea sometido a la controversia constitucional planteada, garantizando como consecuencia su eficacia, material y formal, al punto que de existir la violación a la legalidad denunciada, ésta se convierta por virtud del principio, automáticamente en una violación al debido proceso, por ende de rango Constitucional, situación que no se aprecia del estudio de los autos, al no concretizarse la misma luego de revisados los antecedentes, por las razones expuestas en la motivación de esta resolución. CONSIDERANDO: Que conforme lo establece Justicia Constitucional, en su artículo cuarenta y seis numerales primero y noveno, es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que el recurrente alega una violación de mera legalidad por las razones expuestas; razón por la cual esta Sala estima, que continuar con el conocimiento del presente asunto conllevaría únicamente a una dilación innecesaria en el trámite del juicio principal.POR TANTO: de lo Constitucional de esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5a. de de ; 8 No. 1) de de Derechos Humanos; 14 No. 1) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1o. y 78 atribución 5a. de de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 119 y demás aplicables de Justicia Constitucional; RESUELVE: SOBRESEER el recurso de amparo interpuesto por el abogado NOEL ANTONIO MENDOZA, a favor del señor BERNARDINO RODRIGUEZ MEJÍA, contra la resolución dictada por DE APELACIONES SECCIONAL DE SANTA BÁRBARA, DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA, en fecha once de agosto del año dos mil dieciséis, en vista ya que existe un pronunciamiento del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, estimando que continuar con el conocimiento del presente asunto conllevaría únicamente a una dilación innecesaria en el trámite del juicio principal; y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. NOTIFIQUESE. NOTIFÍQUESE. Firmas y Sello Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LO CONSTITUCIONAL.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME Firma y Sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario de Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta días del mes de marzo del año dos mil diecisiete, certificación de la resolución de fechas diecisiete de febrero del año dos mil diecisiete. Recaída en el Recurso de Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 0945=16.-

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

Secretario de la Sala Constitucional.