Sentencia AP-937-15 — Registro 6878
Resumen
Sentencia declaró parcialmente ha lugar recurso de apelación y revocó auto de prisión dictado por el juzgado de primera instancia con relación a la causa contra imputados por suponerlos responsables de los delitos de abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios, uso de documento falso y usurpación de funciones en perjuicio de la administración pública
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."ya lo ha dicho también esta Sala[4],que no compete a la acción constitucional de amparo la realización de la justicia penal en la forma de determinar la existencia o no de delito, ni el grado de participación de los acusados en el mismo; éstas son valoraciones propias de instancia y corresponden a la justicia ordinaria, tal y como se ha llevado a efecto en el presente caso, en donde se ha instado el curso legal correspondiente, en el cual tales estimaciones ya han sido determinadas conforme a ley..."..."La Sala observa además que la resolución impugnada ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, destacando los elementos probatorios que fueron aportados en el trámite y el valor que confirió a los mismos en sus razonamientos, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio..."..."la Alzada estimó la revocatoria del auto de formal procesamiento dictado por el juez de instancia al considerar la no concurrencia de los elementos de tipificación legal delos delitos de ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOLACIÓN DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS, incorporando en la respectiva motivación, el razonamiento jurídico que le llevó a arribar a esa determinación, haciendo acopio, como ya se dijo, de los elementos de prueba que fueron propuestos y evacuados en audiencia inicial, haciendo una evaluación de los mismos, respetando los principios rectores del proceso. La Alzada explicó con meridiana claridad que la decisión de revocar el auto de formal procesamiento por estos delitos se fundó en el hecho que de acuerdo con la prueba allegada al proceso se estableció que el cuestionado Instrumento 369, se incorporó al asiento número 9 del tomo 5104 de manera fraudulenta entre el 28 de diciembre de 2010 y el 22 de febrero de 2011, atendiendo a las fechas de circulación del papel sellado utilizado para la elaboración del testimonio del mencionado instrumento, fechas en las que el imputado EFRAÍN ADALBERTO LUJÁN OSEGUERA no fungía en el cargo de Registrador Adjunto de Francisco Morazán, que ocupó del 1 de febrero de 2007 al 7 de mayo de 2009. La Alzada concluyó entonces que esta inscripción sólo pudo firmarse por el imputado en el mismo espacio de tiempo en que se elaboró el Instrumento es decir entre el 28 de diciembre de 2010 al 22 de febrero de 2011, cuando el referido imputado no ostentaba ya la condición de funcionario público, según quedó establecido en la motivación del fallo..."..."esta Sala aprecia que la Alzada, no ha hecho sino aplicar el ordenamiento jurídico vigente y ajustable al asunto que resolvió, en estricto apego a las garantías que la ley reconoce, correspondiendo su decisión al ejercicio de su competencia y a la ley, sin que haya mediado arbitrariedad, desafuero o trasgresión alguna a derechos constitucionales por parte del referido órgano jurisdiccional, no advirtiéndose que con la resolución impugnada se violente, lesione o se atente contra la garantía del debido proceso o contra los demás derechos y garantías que reconoce la Constitución de la República y será en todo caso durante la secuela del juicio en donde se decidirá lo pertinente en cuanto a la responsabilidad penal atribuida a los imputados en el proceso, teniendo las partes plena libertad para presentar sus alegaciones y los fundamentos en los que basan sus pretensiones..."..."esta Sala de lo Constitucional, al no advertir vulneración manifiesta o evidente por la que se hayan disminuido o quebrantado derechos o garantías constitucionales por parte del Tribunal de Alzada, es del criterio porque se deniegue la acción de amparo interpuesta por la recurrente y así debe declararse..."
Legislación citada
- Constitución de la República de Honduras, art. 90 (Decreto)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, “CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA; SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintiocho de febrero de dos mil diecisiete. VISTO: Para dictar sentencia el recurso de amparo interpuesto por la Abogada KARLA MARIA MARTÍNEZ, a favor del ESTADO DE HONDURAS, y por adhesión por el Abogado HÉCTOR EFRAÍN FORTÍNPAVÓN, a favor de la Sociedad Mercantil INMOBILIARIA ISULA, S. A., contra la resolución emitida por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha once de junio de dos mil quince, que declara parcialmente ha lugar un recurso de apelación y revoca el auto de formal procesamiento, dictado por el JUZGADO DE LETRAS PENAL DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha diez de marzo de dos mil quince; con relación a la causa instruida contra los señores LILIAM MARLENE GUZMÁN CRUZ, por suponerla responsable de los delitos de ABUSO DE AUTORIDAD, VIOLACIÓN DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS, USO DE DOCUMENTO FALSO Y USURPACIÓN DE FUNCIONES en perjuicio de LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA, contra EFRAÍN ADALBERTO LUJÁN OSEGUERA por suponerlo responsable de los delitos de ABUSO DE AUTORIDAD, VIOLACIÓN DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS Y USO DE DOCUMENTO FALSO en perjuicio de LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA. Estiman los recurrentes que con el acto reclamado se han violentado en perjuicio de sus representados, lo dispuesto en los artículos 82, 90 y 321 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha cinco de marzo del año dos mil quince, compareció ante el JUZGADO DE LETRAS PENAL DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, la Abogada MARINA AUDELY VARELA FIGUEROA, actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público, presentando Requerimiento Fiscal contra los señores LILIAN MARLENE GUZMÁN CRUZ, por suponerla responsable de los delitos de ABUSO DE AUTORIDAD, VIOLACIÓN DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS, USO DE DOCUMENTO FALSO Y USURPACIÓN DE FUNCIONES en perjuicio de LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA; contra EFRAÍN ADALBERTO LUJAN OSEGUERA por suponerlo responsable de los delitos de ABUSO DE AUTORIDAD, VIOLACIÓN DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS y USO DE DOCUMENTO FALSO en perjuicio de LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA y contra JOSÉ REYNALDO ANDINO MARTÍNEZ, por suponerlo responsable de la comisión del delito de FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTO PÚBLICO, en perjuicio de la FE PÚBLICA. 2) Que en fecha diez de marzo de dos mil quince, en la celebración de la audiencia inicial,el Juzgado de Letras citado resolvió: “ 1)Decretar AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO en contra de los señores LILIAM MARLEN GUZMÁN CRUZ, por suponerla responsable de los delitos deABUSO DE AUTORIDAD, VIOLACIÓN DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS, USO DE DOCUMENTO FALSO Y USURPACIÓN DE FUNCIONES,contra el señor EFRAÍN ADALBERTO LUJAN OSEGUERA, por suponerlo responsable de los delitos de ABUSO DE AUTORIDAD, VIOLACIÓN DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOSyUSO DE DOCUMENTO FALSO….”. (Folios del 232 al 241 de la primera pieza de los antecedentes). 3) Que en fecha once de junio del año dos mil quince, la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, conociendo en apelación del auto antes reseñado, RESOLVIÓ: “1. Declarar PARCIALMENTE HA LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la abogada DEXA ESTELA ANTÚNEZ FLORES en su condición de apoderada legal defensora del imputado EFRAÍN ADALBERTO LUJAN OSEGUERA y por el AbogadoPERCY FERNANDO ELVIR LANDA en su condición de Apoderado Legal Defensor de la imputada LILIAM MARLEN GUZMÁN CRUZ. 2. Revoca el auto de formal procesamiento dictado contra EFRAÍN ADALBERTO LUJAN OSEGUERA por los delitos de VIOLACIÓN A LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS y ABUSO DE AUTORIDAD;3. Revoca el auto de formal procesamiento dictado contra LILIAM MARLENE GUZMÁN CRUZ por el delito de USURPACIÓN DE FUNCIONES;4. CONFIRMAR los demás extremos de la resoluciónapelada. (Folios 859 al 867 de la segunda pieza de los antecedentes). 4) Que la recurrente Abogada KARLA MARIA MARTÍNEZ, compareció ante este Tribunal, en fecha seis de octubre del año dos mil quince, reclamando amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, afirmando que la decisión del Ad-quem, de fecha once de junio del año dos mil quince, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 82, 90 y 321 de la Constitución de la República; adhiriéndose al mismo en fecha quince de octubre de dos mil quince, el Abogado HÉCTOR EFRAÍN FORTÍN PAVÓN, en su condición de apoderado legal de la sociedad mercantil INMOBILIARIA ISULA, S.A. 5) En fecha ocho de febrero de dos mil dieciséis, a petición de la Abogada ANA LUCIA POHL GARCÍA, representante del Ministerio Público, se tuvo por DESISTIDOen forma parcial el recurso de amparo interpuesto inicialmente por la Fiscal KARLA MARÍA MARTÍNEZ, en cuanto a la causa instruida contra la señora LILIAM MARLENE GUZMÁN CRUZ, continuando con el conocimiento de la acción de amparo interpuesto por el MINISTERIO PÚBLICO, a favor del ESTADO DE HONDURAS y por adhesión a favor de la sociedad mercantil INMOBILIARIA ISULA, S.A., en lo que respecta al señor EFRAÍN ADALBERTO LUJÁN OSEGUERA. 6) Que en fecha veintiséis de julio del año dos mil dieciséis, se tuvo por formalizada la acción de amparo por parte de los recurrentes y en consecuencia se ordenó seguir con el procedimiento de conformidad a lo prescrito por el artículo 54 de la Ley sobre Justicia Constitucional, omitiendo la vista al Fiscal del despacho conforme lo prescrito por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Publico. CONSIDERANDO (1): Que conforme manda la Constitución de la República, la acción de amparo tiene como finalidad el mantenimiento y restitución de la persona agraviada, del goce de los derechos y/o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. CONSIDERANDO (2): Que procede la acción de amparo contra las resoluciones, actos y hechos de los Poderes del Estado, incluyendo las entidades descentralizadas, desconcentradas, las sostenidas con fondos públicos y las que actúen por delegación de algún órgano del Estado en virtud de concesión, de contrato u otra resolución válida. CONSIDERANDO (3): Que en el ejercicio de la justicia constitucional los órganos jurisdiccionales solamente están sometidos a la Constitución de la República y a la ley. CONSIDERANDO (4): Que se reclama como violatoria de derechos y garantías constitucionales en perjuicio del ESTADO DE HONDURAS, la referidasentenciadictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, de fecha once de junio de dos mil quince, mediante la cual, resolviendo un recurso de apelación interpuesto por la defensa de los encartados, dispuso revocar el auto de formal procesamiento dictado por el juez de instancia contra el señor EFRAÍN ADALBERTO LUJÁN OSEGUERA por los delitos de VIOLACIÓN DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS Y ABUSO DE AUTORIDAD, confirmándolo por el delito de FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOSPOR ELUSO DE UN DOCUMENTO FALSO, estableciendo entre sus razonamientos que: “…El auto de formal procesamiento contra el imputado JOSÉ EFRAÍN LUJÁN ORELLANA[1] se ha decretado por FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS que por las razones antes apuntadas a nuestro juicio debe ser confirmado. Ahora bien, en relación de los delitos de ABUSO DE AUTORIDAD y DE VIOLACIÓN A LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS, ysiendo que en los mismos el sujeto activo debe reunir la condición de ser empleado o funcionario público, al momento de la realización del hecho, cierto es como se ha dicho reiteradamente que si bien la inscripción es del 2008, no pudo haberse hecho en esa fecha en la que si el imputado reunía la condición del sujeto activo de estos ilícitos, pero ubicándonos en el tiempo en que debió hacerse la mencionada inscripción, él ya no era funcionario, aunque aparezca su firma en la inscripción como supuesto Registrador de la Propiedad, pues a la fecha de la elaboración del registro que hemos dejado sentado, es falso, el imputado no reúne la condición del sujeto activo antes aludida en consecuencia no puede aplicarse a él las figuras típicas contenidas en los artículos 349 numeral 2 y 3 del Código Penal de VIOLACIÓN A LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS y ABUSO DE AUTORIDAD, por lo que debe a nuestro juicio revocarse el auto de formal procesamiento por estos delitos pues el hecho no reúne todos los elementos de su tipificación legal especialmente el de la condición del sujeto activo como funcionario o empleado público...” CONSIDERANDO (5): Que en la formalización de su recurso, el Ministerio Público sostuvo que la resolución del Tribunal de Alzada transgrede el derecho de defensa, la garantía del debido proceso y el principio de legalidad, en tanto que corresponde corresponde al Juez conocedor de la causa el deber de ejercer su potestad jurisdiccional sometido únicamente al imperio de la Ley. La Fiscalía argumentó haber acreditado la participación del imputado en el tipo penal establecido en el artículo 349 numeral 2 del Código Penal, siendo que el señor EFRAÍN LUJAN en su (sic) “actuar como funcionario público en el Instituto de la Propiedad” procedió a inscribir el disputado asiento número 9 tomo 5104 del Registro de la Propiedad basándose(sic) “en una opinión de carácter personal dejando a un lado los procedimientos ya establecidos por la Ley del Instituto de la Propiedad y otros..”.De acuerdo con su exposición el Ministerio Público establece que probó la condición de funcionario con la certificación de acuerdo de nombramiento extendida por el Instituto de la Propiedad y que el imputado omitió cumplir con los deberes de su cargo al dejar de cumplir los procedimientos ya establecidos en la normativa vigente. La impetrante estima que la garantía del debido proceso exige que(sic)“busquemos la verdad y castigar ese actuar”, indicando que la norma procesal penal y la doctrina establecen que debemos seguir procedimientos y parámetros ya establecidos para valorar la prueba en su conjunto,cuestionando que el Ad-quem no valoró la prueba presentada por el Ministerio Público dejando de esta forma en indefensión a la SOCIEDAD, toda vez que se exonera de toda responsabilidad penal al señor EFRAÍN LUJAN de los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios. CONSIDERANDO (6): Que el Ministerio Público a su vez manifestó en su escrito de formalización que la resolución impugnada nogarantiza la tutela judicial efectiva puesto que no se está (sic) “otorgandoseguridad jurídica” y (sic) “no se reconoce ni se protegen los derechos de propiedad privada y otros demás aplicables al caso concreto”. El Ministerio Público concluyó que la (sic) “…falta de aplicación de norma penal sustantiva contenida en el Artículo 349 numeral 2 y 3, articulo 289 del Código Penal, y 200 del Código Procesal Penal, pues la lesión al principio de legalidad, se ve reflejada cuando el Tribunal de segunda instancia sin hacer una relación lógica, coherente, congruente de los hechos y de los medios de prueba aportados por el Ministerio Público, los cuales fueron agregadas e incorporadas al juicio, les resta toda credibilidad y arguye que no existe plena prueba de la comisión del delito, ni tampoco indicio racional de la participación de los imputados, resolución que no comparte el Ministerio Público en virtud de considerar que con apreciaciones como esta lo único que se genera es impunidad en el juzgamiento de los delitos y violación a lo que establece el artículo 8 de nuestra normativa Procesal Penal..”.Estableciendo el ente fiscal que: “…el fallo dictado por el Ad-quem se sustenta en que no existen delito ni indicios suficientes de participación de los acusados en los hechos investigados; sin embargo, con la prueba de cargo ofrecida por el Ministerio Fiscal no queda duda que este argumento esbozado por el sentenciador es totalmente equivocado si analizamos que indicio racional es todo hecho, acto, o circunstancia que sirve para adquirir la convicción de que una persona ha participado en la comisión del delito, es por ello que el Ministerio Público se opone rotundamente a la resolución emitida el Ad-quem al decretar un sobreseimiento definitivo, resolución que a nuestro criterio es violatoria del derecho de defensa y debido proceso que como garante de los intereses de la sociedad y como parte de ésta la víctima, tienen derecho, prueba que se ha incorporado al proceso y que ha acreditado la comisión de los ilícitos penales antes mencionados y la participación de cada uno de los encausados a titulo de autores directos en la comisión de los mismos, por lo que a nuestro criterio el juzgador en aras de una verdadera tutela judicial efectiva debe o debió en su momento valorar cada uno de los medios probatorios incorporados confirmar la resolución de juez A-quo, lo anterior en virtud de que los hechos anteriores no queden en la impunidad. Asimismo se considera que se violenta la finalidad del proceso que es un pronta y efectiva justicia, haciendo una resolución que vulnera el principio de Legalidad ya que nuestra normativa procesal penal establece que las resoluciones deberán ser motivadas y la prueba incorporada al proceso debe valorarse en base a la sana crítica prueba que en ningún momento fue valorada por el juez Ad-Quem de acuerdo a lo que establece la norma Procesal Penal articulo 198 y 202 y de esta manera revictimizando a la victima que es el Estado. En este orden de ideas, que podemos apreciar la vulneración que la resolución de fecha once de junio del dos mil quince, implica tanto al Derecho de Defensa el cual el Ministerio Público también lo tiene, siendo violentado al no haberse valorado la prueba de acuerdo a las reglas que establece nuestra normativa Procesal Penal (sana crítica, lógica etc.), con el fin de exigir al Estado su tutela jurisdiccional por intermedio de su órgano judicial competente; al Debido Proceso, por haber confirmado una resolución, por ende vulnera los principios antes enunciados ya que deja en total indefensión al Ministerio Público cerrando el acceso para acreditar los hechos denunciados de su derecho a seguir investigando y aportar los medios de prueba idóneos que deberán ser cuestionados con todas las formalidades y garantías exigidas por la ley, así como al Principio de Legalidad, ya que corresponde al Juez conocedor de la causa el deber de ejercer su potestad jurisdiccional sometido únicamente al imperio de la Ley, quedando de manifiesto que el Tribunal Ad Quem al haber emitido una sentencia mediante la cual declaró sin lugar el recurso interpuesto por el Ministerio Público y además no confirmar la resolución dictada por el Juzgado de Letras de lo Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, lo hizo en un claro ultraje a los artículos 82, 90 y 321 de nuestra Constitución y demás artículos aplicables, violentando abiertamente el derecho de defensa del Ministerio Publico al no permitirle rebatir la prueba admitida a la parte contraria y que sirve como base fundamental para reponer la sentencia en contra de las pretensiones del Ministerio Público…”. CONSIDERANDO (7): Que por su parte el acusador privado y recurrente por adhesión, estableció entre sus alegaciones de formalización de su recurso de amparo que el Tribunal de Apelaciónal(sic) “…afirmar en su sentencia que el acusado Efraín Adalberto Lujan Oseguera, no es sujeto activo del delito de abuso de autoridad, por no ser funcionario público, contrario a lo afirmado en el requerimiento fiscal , reconoce que el imputado puede ser sujeto activo del delito de USURPACIÓN DE FUNCIONES, DADO QUE ADEMÁS DE INSERTAR EN EL TOMO 5104 DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD EL INSTRUMENTO 369, firmó la inscripción sin ser registrador de la propiedad , cometiendo el tipo penal descrito en el artículo 292 del Código Penal que literalmente dice: :“Quien sin título o causa legítima ejerciere actos propios de una autoridad o funcionario atribuyéndose carácter oficial, será sancionado con dos (2) a tres (3) años de reclusión.”. El cuadro factico del requerimiento fiscal en lo referente a EFRAÍN ADALBERTO LUJAN OSEGUERA, en donde se le atribuye la calidad de registrador adjunto es cambiado por la Honorable Corte al decir que no tenía la calidad de Registrador cuando realizo la acción de inscribir intercalando indebidamente un documento y firmar la inscripción, enmarcándose entonces su conducta también en el tipo penal contenido en el art 292 Y 280 del Código Penal. DÁNDOSE UN CONCURSO IDEAL DE DELITOS, establecido en el artículo36 del Código Penal.Por otra parte, el impetrante señaló que (sic): “…Con la sentencia en la que se declara con lugar parcialmente el recurso de apelación, se violan los principios de Legalidad Procesal y Penal, el primero al dejar la Corte prácticamente impune el delito de USURPACIÓN DE FUNCIONES, al cambiar el cuadro factico del requerimiento fiscal, dejando sin sustrato la imputación del Ministerio Público por el delito de abuso de autoridad, pero describiendo los presupuestos para que se subsuma la conducta juzgado en el de USURPACIÓN DE FUNCIONES, IGUAL QUE EL DE FALSIFICACIÓN DE SELLOS. Y el de Legalidad Penal, al no subsumir las conductas que se están juzgando en los tipos penales legalmente aplicables, articulo 35, 36, 280 y 292 del Código Penal.ASÍ COMO EL DELITO DE FALSIFICACIÓN DE SELLOS, PUES EL IMPUTADO ADEMÁS DE FIRMAR LA INSCRIPCIÓN UTILIZO LOS SELLOS DEL REGISTRO SIN ESTAR AUTORIZADO PARA ELLO, CONDUCTA TIPIFICADA EN EL ARTICULO 280 DEL CÓDIGO PENAL, EN DONDE SE CONSIDERA FALSIFICACIÓN DE SELLOS, EL USO INDEBIDO DE LOS SELLOS VERDADERO, TAL COMO ACONTECE EN EL PRESENTE CASO, EN DONDE EL SELLO LEGITIMA ILEGALMENTE UNA FIRMA REALIZADA POR EL IMPUTADO CUANDO YA NO ESTABA AUTORIZADA PARA HACERLO, POR NO SER REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD.- Debiendo aplicarse también el artículo 36 del Código Penal en cuanto al concurso de delitos. 7.) Por todo lo expuesto respecto a los agravios manifestados por la Defensa del imputado EFRAÍN ADALBERTO LUJAN ORELLANA es el parecer de este Tribunal que debe la apelación declararse Parcialmente Ha Lugar, revocar los delitos de ABUSO DE AUTORIDAD y VIOLACIÓN DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS y confirmar la FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS.” CONSIDERANDO (8): Que la garantía al debido proceso comporta que toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas, tendientes a asegurar un resultado justo y equitativo dentro del proceso, a permitirle tener oportunidad de ser oído y a hacer valer sus pretensiones legitimas frente al juez. CONSIDERANDO (9): Que esta Sala ha sostenidoen forma reiterada que la garantía del debido proceso no se limita a la exigencia que una persona deba ser juzgada a través de un proceso previo y ante un juez con competencia natural, sino que también por imperativo constitucional, comporta que deben respetarse las formalidades, derechos y garantías que de conformidad a la ley correspondan. Esta Sala ha dejado establecido en amplia jurisprudencia que el párrafo primero del artículo 90, en tanto norma constitucional concernida, se traduce de un modo general en el deber que tienen los Tribunales de garantizar una tutela judicial efectiva, la cual se viene caracterizando como un ajustado sistema de garantías para las partes en el proceso, que permitan, a quien pretenda hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba y esencialmente, obtener una resolución fundada en derecho, que verse sobre las pretensiones planteadas en juicio; lo cual genera en los jueces el deber de cumplir con las exigencias fundamentales del proceso. CONSIDERANDO (10): Que esta Sala comparte lo que al respecto ha declarado el Tribunal Constitucional Español en cuanto a que el derecho a la tutela judicial efectiva comporta como contenido esencial y primario, el de obtener de los órganos jurisdiccionales integrantes del Poder Judicial, una resolución razonada y fundada en derecho. Esta Sala a su vez ha puntualizado en varios de sus fallos[2], que el derecho a la tutela judicial efectiva no puede ser concebido como el derecho a obtener una resolución favorable, pero sí conlleva el derecho a una resolución motivada y fundada en derecho, con relación al fondo del asunto, sea o no favorable a las pretensiones planteadas. En este sentido, esta Sala concuerda en que el derecho a la tutela judicial no garantiza el éxito de la pretensión, es decir, no es el derecho a obtener una sentencia favorable y tampoco puede ésta contener en su seno el conjunto del ordenamiento jurídico, lo cual sería desproporcionado como contenido de un derecho fundamental. El derecho a la tutela judicial lo es a obtener una resolución sobre el fondo, sea favorable o adversa a los intereses de quien insta la actuación jurisdiccional.[3] CONSIDERANDO (11): Que como también lo ha reiterado esta Sala en numerosos precedentes, la valoración de los elementos probatorios para efectos de decretar, ya sea un auto de formal procesamiento, un sobreseimiento provisional o definitivo y con ello decidir sobre la probable o no atribución de un delito al o a los imputados en una causa criminal, es una tarea que en esencia corresponde a los Juzgados y Tribunales de instancia del orden penal, de tal manera que el Juez Constitucional solamente ha de intervenir, cuando en tal valoración se han quebrantado las formas esenciales del proceso y con ello derechos y garantías fundamentales consagradas en la Constitución de la República. CONSIDERANDO (12): Que en línea con lo anterior, es necesario dejar establecido, como ya lo ha dicho también esta Sala[4],que no compete a la acción constitucional de amparo la realización de la justicia penal en la forma de determinar la existencia o no de delito, ni el grado de participación de los acusados en el mismo; éstas son valoraciones propias de instancia y corresponden a la justicia ordinaria, tal y como se ha llevado a efecto en el presente caso, en donde se ha instado el curso legal correspondiente, en el cual tales estimaciones ya han sido determinadas conforme a ley. Como ya se dijo anteriormente, la justicia constitucional interviene cuando la decisión del juzgador en torno a estos aspectos, ha resultado de arbitrariedad y/o desafuero a los principios que rigen el proceso,y por ende en menoscabo de las garantías judiciales y derechos fundamentales que el propio juez es llamado a asegurar y hacer efectivas. CONSIDERANDO (13): Que esta Sala de lo Constitucional observa que el fallo que se conoce por vía del presente recurso ha recogido adecuadamente estas consideraciones y normas, haciendo aplicación de las mismas sin desatender su deber de establecer la vigencia del derecho al caso que fue llamado a fallar y resolver. La Sala observa además que la resolución impugnada ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, destacando los elementos probatorios que fueron aportados en el trámite y el valor que confirió a los mismos en sus razonamientos, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio. CONSIDERANDO (14):Que la Alzada estimó la revocatoria del auto de formal procesamiento dictado por el juez de instancia al considerar la no concurrencia de los elementos de tipificación legal delos delitos de ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOLACIÓN DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS, incorporando en la respectiva motivación, el razonamiento jurídico que le llevó a arribar a esa determinación, haciendo acopio, como ya se dijo, de los elementos de prueba que fueron propuestos y evacuados en audiencia inicial, haciendo una evaluación de los mismos, respetando los principios rectores del proceso. La Alzada explicó con meridiana claridad que la decisión de revocar el auto de formal procesamiento por estos delitos se fundó en el hecho que de acuerdo con la prueba allegada al proceso se estableció que el cuestionado Instrumento 369, se incorporó al asiento número 9 del tomo 5104 de manera fraudulenta entre el 28 de diciembre de 2010 y el 22 de febrero de 2011, atendiendo a las fechas de circulación del papel sellado utilizado para la elaboración del testimonio del mencionado instrumento, fechas en las que el imputado EFRAÍN ADALBERTO LUJÁN OSEGUERA no fungía en el cargo de Registrador Adjunto de Francisco Morazán, que ocupó del 1 de febrero de 2007 al 7 de mayo de 2009. La Alzada concluyó entonces que esta inscripción sólo pudo firmarse por el imputado en el mismo espacio de tiempo en que se elaboró el Instrumento es decir entre el 28 de diciembre de 2010 al 22 de febrero de 2011, cuando el referido imputado no ostentaba ya la condición de funcionario público, según quedó establecido en la motivación del fallo. CONSIDERANDO (15): Que no obstante que la recurrente ha señalado en forma reiterada que el Tribunal del Alzada no ha valorado la prueba incorporada al proceso por parte del Ministerio Público, tal aseveración contrasta con el examen de las consideraciones del fallo en disputa, siendo además que la impetrante omite señalar en susintervenciones qué elementos probatorios son los que no han sido considerados por la autoridad recurrida.De igual manera, tampoco ha cuestionado con argumentaciones precisas cómo las conclusionesa las que arribó el Tribunal de Alzada, representan arbitrariedad o desafuero, puesto que ni siquiera hace mención de ellas en su exposición, omitiendo con ello abordar el fundamento central de la decisión del Ad-Quem de concluir el porqué estimó la revocatoria del auto de formal procesamiento del A-Quo en su fallo. Esta Sala advierte que el Ministerio Público, en su calidad de recurrente se ha limitado a hacer una exposición retórica de los elementos que configuran los derechos fundamentales que estima violentados, reiterando a lo largo de su exposición que la acciones del encartado se enmarcan dentro de los tipos penales en los que se basa la imputación, cuestionando abiertamente la decisión del Ad-Quem, pero sin presentar argumentaciones jurídicas consistentes que demuestren a esta Sala que la conclusión arribada por el Tribunal de Apelación se funda en arbitrariedad, abuso, iniquidado error. CONSIDERANDO (16): Que las argumentaciones del recurrente por adhesión, en su condición de acusador privado en la causa que se sigue al imputado EFRAÍN ADALBERTO LUJÁN OSEGUERA, se han hecho de manera más ordenada y consecuente que las que ha presentado la representante del Ministerio Público, sin embargo la pretensión manifestada por éste en cuanto a que el Ad-Quempudo o debió estimar un concurso ideal de delitos al encuadrar la participación del imputado dentro de los tipos penales de USURPACIÓN DE FUNCIONES y FALSIFICACIÓN DE SELLOS o que el Tribunal de Alzada ha desfigurado el cuadro fáctico referido en el requerimiento fiscal, resulta impropia, atendiendo al hecho que los delitos imputados al señor EFRAÍN ADALBERTO LUJÁN OSEGUERA, conforme al requerimiento fiscal presentado en su contra, taxativamente se determinan como: 1) ABUSO DE AUTORIDAD; 2) VIOLACIÓN DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS; Y, 3) USO DE DOCUMENTO FALSO. A su vez, el auto de formal procesamiento dictado en su contra por el JUZGADO DE INSTANCIA, que fue revocado en apelación fue impuesto por esos mismos tres delitos. En este respecto debemos recordar que de acuerdo con el principio acusatorio[5], principio rector del proceso penal, son las partes las que definen el objeto del proceso, tanto en el aspecto objetivo como en el subjetivo.Así, la calificación del hecho por la acusación condiciona la actividad calificadora del órgano judicial[6]. En tal virtud es importante acotar además que la posibilidad de una reforma peyorativa oficiosa por parte del órgano jurisdiccional resulta proscrita por el ordenamiento legal, prohibición que resulta igualmente de observancia ineludible en materia recursiva, tal y como lo dispone el artículo 350 del Código Procesal Penalal establecer que: “…La sentencia que resuelva un recurso sólo podrá recaer sobre las cuestiones que hayan sido objeto de impugnación, y solo podrá modificar la resolución impugnada en perjuicio de la persona imputada, cuando lo impetre alguna otra parte recurrente, y siempre que no agrave lo ya pretendido por ésta, ante el órgano judicial que dictó la resolución recurrida…”. En el caso que nos ocupa, como se puede verificar de las actuaciones de las respectivas instancias, la imputación del señor EFRAÍN ADALBERTO LUJÁN OSEGUERA fue claramente definida por el Ministerio Público; la calificación que realizó el A-Quo con relación a éste fue vinculada a la del ente acusador, no siendo objetada orecurrida por el ente fiscal y tampoco por el acusador privado, por ende, la violación constitucional invocada en este respecto resulta infundada, toda vez que la desvinculación oficiosa de la imputación que ha fijado el propio ente acusador estaría proscrita para el Tribunal Ad-Quem en el trámite del recurso que conoció. CONSIDERANDO (17): Que del examen de los antecedentes esta Sala aprecia que la Alzada, no ha hecho sino aplicar el ordenamiento jurídico vigente y ajustable al asunto que resolvió, en estricto apego a las garantías que la ley reconoce, correspondiendo su decisión al ejercicio de su competencia y a la ley, sin que haya mediado arbitrariedad, desafuero o trasgresión alguna a derechos constitucionales por parte del referido órgano jurisdiccional, no advirtiéndose que con la resolución impugnada se violente, lesione o se atente contra la garantía del debido proceso o contra los demás derechos y garantías que reconoce la Constitución de la República y será en todo caso durante la secuela del juicio en donde se decidirá lo pertinente en cuanto a la responsabilidad penal atribuida a los imputados en el proceso, teniendo las partes plena libertad para presentar sus alegaciones y los fundamentos en los que basan sus pretensiones. CONSIDERANDO (18): Que por las razones anteriormente expuestas, esta Sala de lo Constitucional, al no advertir vulneración manifiesta o evidente por la que se hayan disminuido o quebrantado derechos o garantías constitucionales por parte del Tribunal de Alzada, es del criterio porque se deniegue la acción de amparo interpuesta por la recurrente y así debe declararse. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, y en aplicación de los artículos: 79, 82, 90, párrafo primero, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1, 321, 323, de la Constitución de la República; 8, 10 y 20 de la Declaración Universal Sobre Derechos Humanos; 14.1, 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; XXI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8.1 y 15 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1 y 78 No. 5 y 137 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 333del Código Penal; 294 del Código Procesal Penal; 1, 2, 3, numeral 2), 7, 8, 9 numeral 3), 41 No.2, 45, 48, 63 último párrafo, y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: DENEGANDO la acción de amparo interpuesta por la Abogada KARLA MARIA MARTÍNEZ, a favor del ESTADO DE HONDURAS y por adhesión por el Abogado HÉCTOR EFRAÍN FORTÍN PAVÓN, a favor de la Sociedad Mercantil INMOBILIARIA ISULA, S. A., contra la resolución emitida por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha once de junio de dos mil quince, de la cual se ha hecho mérito; Y MANDA: Que con certificación de ésta sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes.Redactó el Magistrado ORTEZ CRUZ. NOTIFÍQUESE. ABOGADO JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX.- Secretario Sala Constitucional. Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintinueve días del mes de marzo del año dos mil diecisiete, certificación del fallo de fecha veintiocho de febrero del año dos mil diecisiete, recaída en el Recurso de Amparo Penal bajo el número SCO-0937-2015.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1]Un evidente error de redacción del Ad-Quem siendo que en el proceso consta que el nombre completo del imputado es EFRAÍN ADALBERTO LUJÁN OSEGUERA.
[2] APC 631-12; AP 21-11; APC 91-11; AC 94-11
[3]Alfredo Diego de Díez. EL DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA
[4]Vid recursos de amparo 259-12; 108-14; 804-14
[5]Artículo 337. Congruencia de la sentencia con la acusación. La sentencia no podrá dar por acreditados otros hechos u otras circunstancias, que no sean descritas en la formalización de la acusación, en la contestación de cargos y en el auto de apertura a juicio o, en su caso, en la ampliación de la acusación y en la contestación de ésta o en las conclusiones expuestas por las partes en la audiencia de debate, ni calificar los hechos, en perjuicio del acusado en forma distinta de la que resulte de las actuaciones antes indicadas.
Si el tribunal considera que el hecho enjuiciado es constitutivo de falta, podrá apreciarlo así en su sentencia sin perder su competencia para el enjuiciamiento del caso.
[6]Derecho Procesal Penal de Honduras. Cuellar Cruz/Fernández Entralgo. Principios del Proceso Penal.