Sentencia AP-921-16 — Registro 10498
Resumen
Resolución que declaró NO HA LUGAR recurso de apelación y confirmó el sobreseimiento definitivo por suponerlos responsables del delito de Portación Ilegal de Armas y Municiones de Guerra ,en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."8): Que del examen de los autos y en específico de la sentencia recurrida en amparo, dictada por la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA, se logra apreciar que el Ad-Quem concluyó que el tipo penal por el que se inició proceso en contra de los encartados perdió positividad y que durante estuvo en vigencia el Decreto 184-2013, quedó en suspenso la validez material de las normas que establecen sanciones administrativas contenidas en la Ley de Armas y de los delitos contenidos en los artículos 332-A y 332-B del Código Penal y como consecuencia de ello, la imputación de los encausados está amparada en el referido decreto, por lo que procedía el sobreseimiento definitivo de la causa.-CONSIDERANDO (9): Que esta Sala ha sostenido en forma reiterada que la garantía del debido proceso no se limita a la exigencia que una persona deba ser juzgada a través de un proceso previo y ante un juez con competencia natural, sino que también por imperativo constitucional, comporta que deben respetarse las formalidades, derechos y garantías que de conformidad a la ley correspondan. Esta Sala ha dejado establecido en amplia jurisprudencia que el párrafo primero del artículo 90, en tanto norma constitucional concernida, se traduce de un modo general en el deber que tienen los Tribunales de garantizar una tutela judicial efectiva, la cual se viene caracterizando como un ajustado sistema de garantías para las partes en el proceso, que permitan, a quien pretenda hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba.-CONSIDERANDO (10):Que esta Sala ha dejado establecido a su vez en reiteradas decisiones, que el derecho a la tutela judicial efectiva comporta como contenido esencial y primario, el derecho de obtener de los órganos jurisdiccionales integrantes del Poder Judicial, una resolución razonada y fundada en derecho que verse sobre las pretensiones planteadas en juicio, sea o no favorable a las pretensiones planteadas, lo cual crea en los jueces de manera ineludible, el deber de cumplir con las exigencias fundamentales del proceso. En este sentido, esta Sala concuerda en que el derecho a la tutela judicial no garantiza el éxito de la pretensión y tampoco puede ésta contener en su seno, el conjunto del ordenamiento jurídico, puesto que ello sería desproporcionado como contenido de un derecho fundamental. El derecho a la tutela judicial lo es a obtener una resolución sobre el fondo, sea favorable o adversa a los intereses de quien insta la actuación jurisdiccional. .-CONSIDERANDO (11): Que como también lo ha reiterado esta Sala , no compete a la acción constitucional de amparo la realización de la justicia penal en la forma de determinar la existencia o no de delito, ni el grado de participación en el mismo; éstas son valoraciones propias de instancia que corresponden a la justicia ordinaria. Así, la justicia constitucional interviene cuando la decisión del juzgador en torno a estos aspectos, ha resultado de arbitrariedad y/o desafuero a los principios que rigen el proceso, y por ende en menoscabo de las garantías judiciales y derechos fundamentales que el propio juez es llamado a asegurar y hacer efectivas. -CONSIDERANDO (12): Que dicho lo anterior, ha de observarse también que la garantía de amparo no puede suplir todos y cada uno de los casos en que se alegue indefensión de parte, como resultado de una decisión jurisdiccional no compartida. La jurisprudencia nacional e internacional, con la cual esta Sala asiente, es congruente en admitir y sostener que el recurso de amparo:“…no está configurado como una última instancia ni tiene una función Casacional”; por tanto, únicamente pueden ser objeto de la tutela jurídica constitucional, aquellos supuestos de indefensión real, que impidan el ejercicio regular del derecho de defensa, o más allá aún, que proscriban, imposibilitando a las partes procesales interponer las acciones y recursos que el ordenamiento jurídico pone a su disposición.-CONSIDERANDO (13): Que el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque el actor tuvo acceso a las audiencias sin traba alguna, en ellas alegó lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo y al final se obtuvo una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico-jurídica realizada por la Corte de Apelaciones en su sentencia y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de estricta legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues con la disparidad de criterios que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales.-CONSIDERANDO (14):Que esta Sala de lo Constitucional aprecia que la resolución del Ad-Quem contiene la motivación suficiente, cumpliendo éste con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetándose durante la tramitación del proceso penal de mérito el derecho de defensa, debido proceso y la publicidad del acto jurisdiccional al que se someten las partes. Por tanto las alegaciones señaladas por la recurrente no podrían configurarse como una violación a la tutela judicial efectiva, puesto que el Juzgador ha plasmado en su decisión la motivación necesaria indicando razonadamente su decisión, fundamentándose en la norma adjetiva aplicable.-CONSIDERANDO (15): Que por las razones anteriormente expuestas, esta Sala de lo Constitucional, al no advertir vulneración manifiesta o evidente por la que se hayan disminuido o quebrantado derechos o garantías constitucionales por parte del Tribunal de Alzada, es del criterio porque se deniegue la acción de amparo interpuesta por el recurrente y así debe declararse"
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 321 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintiocho de junio de dos mil diecisiete.- VISTO: Para dictar sentencia el recurso de amparo interpuesto por la abogada YULIBETH GARAY HERNÁNDEZ, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA, en fecha veintiocho (28) de julio del año dos mil dieciséis (2016), que declaró NO HA LUGAR un recurso de apelación y confirmó el sobreseimiento definitivo dictado por el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE COLON, en fecha siete (7) de abril del año dos mil dieciséis (2016); en la causa instruida contra los señores LUIS ALONSO OLIVERO LEONOR, NELSON NOÉ OLIVERO LEONOR, DELMER GONZALES MADRID MEDINA, JONY ZENÓN MEJÍA IRAETA e INSON ALEXANDER CASTELLANOS, por suponerlos responsables del delito de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS Y MUNICIÓN DE GUERRA, en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS. Estimando la recurrente que la decisión del Ad-Quem, es violatoria en perjuicio de su representada, de lo dispuesto en los artículos 304 y 321 de la Constitución de la República.-ANTECEDENTES : 1) Que en fecha veinticinco (25) de junio del año dos mil catorce (2014), compareció ante el JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE COLÓN, el Abogado JOSÉ ANTONIO MARADIAGA ESCOTO, actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal contra los señores LUIS ALONSO OLIVERO LEONOR, NELSON NOÉ OLIVERO LEONOR, DELMER GONZALES MADRID MEDINA, JONY ZENÓN MEJÍA IRAETA e INSON ALEXANDER CASTELLANOS, por el delito de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS DE GUERRA y MUNICIONES DE GUERRA O COMBATE, y USURPACIÓN, en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS.(Folios 1–5 de la pieza de antecedentes de Primera Instancia).-2) Que en fecha quince (15) de enero de dos mil dieciséis (2016), el JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE COLÓN, decretó Auto de Apertura a Juicio y remitió las presentes diligencias al TRIBUNAL DE SENTENCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE COLÓN; mismas que se tuvieron por recibidas por dicho Tribunal, en fecha once (11) de marzo de dos mil dieciséis (2016). (Folios 163–165 y 175 de la pieza de antecedentes de Primera Instancia).- 3) Que en fecha siete (7) de abril del año dos mil dieciséis (2016), mediante auto motivado el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE COLÓN, Resolvió: (SIC) “PRIMERO: Declarar con lugar la Excepción de Falta de Acción, porque no debió promoverse o porque no podía proseguirse; interpuesta por la defensa privada de los encausados LUIS ALONSO OLIVERO LEONOR, NELSON NOÉ OLIVERO LEONOR, DELMER GONZALES MADRID MEDINA, JONY ZENÓN MEJIA IRAETA e INSON ALEXANDER CASTELLANOS; por las razones fácticas y jurídicas antes expuestas.- SEGUNDO: Dictar Sobreseimiento Definitivo a favor de los encausados LUIS ALONSO OLIVERO LEONOR, NELSON NOÉ OLIVERO LEONOR, DELMER GONZALES MADRID MEDINA, JONY ZENÓN MEJÍA IRAETA e INSON ALEXANDER CASTELLANOS, en la causa seguida en su contra por el delito de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS DE GUERRA Y MUNICIONES DE GUERRA O COMBATE, en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS; por las razones fácticas y jurídicas antes expuestas, debiéndose archivar las presentes diligencias una vez que la resolución adquiera el carácter de firme. TERCERO: Librar atento oficio al Señor Director del Centro Penal de esta ciudad, ordenando la inmediata libertad de los encausados LUIS ALONSO OLIVERO LEONOR, NELSON NOÉ OLIVERO LEONOR, DELMER GONZALES MADRID MEDINA, JONY ZENÓN MEJÍA IRAETA e INSON ALEXANDER CASTELLANOS; y extenderles su carta de libertad correspondiente...” Al estar inconforme con dicha resolución, la Fiscalía interpuso recurso de apelación en fecha trece (13) de abril del año dos mil dieciséis (2016). (Folios 194–196 y 201–203 de la pieza de antecedentes de Primera Instancia).-4) Que conociendo del recurso de apelación, interpuesto por el Abogado JOSÉ ANTONIO MARADIAGA ESCOTO, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, a favor del ESTADO DE HONDURAS; en fecha veintiocho (28) de julio del año dos mil dieciséis (2016), la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA, Resolvió: (SIC) “PRIMERO: Declarar NO HA LUGAR el recurso de Apelación interpuesto por el Fiscal del Ministerio Publico, en su condición de apelante; SEGUNDO: Confirmar el Sobreseimiento Definitivo decretado a favor de los procesados LUIS ALONSO OLIVERO LEONOR, NELSON NOÉ OLIVERO LEONOR, DELMER GONZALES MADRID MEDINA, JONY ZENÓN MEJÍA IRAETA e INSON ALEXANDER CASTELLANOS…”.-(Folios 6–12 de la pieza de antecedentes de Segunda Instancia).-5) La recurrente Abogada YULIBETH GARAY HERNÁNDEZ, compareció ante este Tribunal, en fecha treinta (30) de septiembre del año dos mil dieciséis (2016), interponiendo acción amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, afirmando la recurrente que la decisión del Ad-Quem, de fecha veintiocho (28) de julio del año dos mil dieciséis (2016), es violatoria de lo dispuesto en los artículos 304 y 321 de la Constitución de la República. (Folio 1–7 del Presente Recurso).-6)Que en fecha veinte (20) de enero del año dos mil diecisiete (2017), este alto Tribunal tuvo por formalizado, en tiempo y forma, el recurso de amparo de mérito y a la vez omitió la vista de los antecedentes al fiscal del despacho, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público.- (Folio 28 del Presente Recurso).-CONSIDERANDO (1):Que conforme manda la Constitución de la República, la acción de amparo tiene como finalidad el mantenimiento y restitución de la persona agraviada, del goce de los derechos y/o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución.-CONSIDERANDO (2):Que procede la acción de amparo contra las resoluciones, actos y hechos de los Poderes del Estado, incluyendo las entidades descentralizadas, desconcentradas, las sostenidas con fondos públicos y las que actúen por delegación de algún órgano del Estado en virtud de concesión, de contrato u otra resolución válida.-CONSIDERANDO (3): Que en el ejercicio de la justicia constitucional los órganos jurisdiccionales solamente están sometidos a la Constitución de la República y a la ley.-CONSIDERANDO (4):Que se reclama como violatoria de derechos y garantías constitucionales en perjuicio del ESTADO DE HONDURAS, la referida sentencia dictada por la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA, en fecha veintiocho (28) de julio del año dos mil dieciséis (2016), que declaró NO HA LUGAR un recurso de apelación y confirmó el sobreseimiento definitivo dictado por el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE COLON, en fecha siete (7) de abril del año dos mil dieciséis (2016); en la causa instruida contra los señores LUIS ALONSO OLIVERO LEONOR, NELSON NOÉ OLIVERO LEONOR, DELMER GONZALES MADRID MEDINA, JONY ZENÓN MEJÍA IRAETA e INSON ALEXANDER CASTELLANOS, por suponerlos responsables del delito de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS Y MUNICIÓN DE GUERRA, en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS. En su sentencia el Tribunal de Alzada estableció que durante estuvo en vigencia el Decreto 184-2013, del 5 de octubre de 2013 al 5 de octubre de 2014, quedó en suspenso la validez material de las normas que establecen sanciones administrativas contenidas en la Ley de Armas y de los delitos contenidos en los artículos 332-A y 332-B del Código Penal, estimando que como consecuencia de ello, los hechos que originaron la imputación hecha a los referidos encausados está amparada en el referido decreto por lo que procedía el sobreseimiento definitivo de la causa, como fue estimado por el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE TRUJILLO, consecuentemente se determinó la confirmatoria de dicha resolución.-CONSIDERANDO (5): Que de acuerdo con los alegatos presentados por el Ministerio Público, de lo resuelto por la Alzada, emana vulneración al principio de legalidad, explicando que en el Estado de Derecho el poder tiene su fundamento y limite en el ordenamiento jurídico, que impone a los jueces la obligación de emitir sus resoluciones en estricto apego a derecho y no a su mera arbitrariedad e interpretación personal, sin tomar en cuenta la norma, el hecho, la prueba y el derecho que debe aplicar. Según manifestó la amparista, la interpretación de la ley debe ser orientada a la búsqueda del verdadero sentido de la norma que se debe aplicar al caso, considerando que en la aplicación del Decreto Legislativo 184-2013, la intención auténtica dada por el legislador no era la de despenalizar la acción constitutiva de delito de tenencia o portación ilegal de armas, sino más bien de no responsabilizarlo de la tenencia de un arma al momento de proceder al registro de la misma.-CONSIDERANDO (6): Que la Constitución de la República al desarrollar el capitulo atinente al Poder Judicial establece tanto que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado. -CONSIDERANDO (7): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción penal, conforme lo establece el Artículo 141 del Código Procesal Penal la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al juez o tribunal que conoce concretamente del asunto.-CONSIDERANDO (8): Que del examen de los autos y en específico de la sentencia recurrida en amparo, dictada por la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA, se logra apreciar que el Ad-Quem concluyó que el tipo penal por el que se inició proceso en contra de los encartados perdió positividad y que durante estuvo en vigencia el Decreto 184-2013, quedó en suspenso la validez material de las normas que establecen sanciones administrativas contenidas en la Ley de Armas y de los delitos contenidos en los artículos 332-A y 332-B del Código Penal y como consecuencia de ello, la imputación de los encausados está amparada en el referido decreto, por lo que procedía el sobreseimiento definitivo de la causa.-CONSIDERANDO (9): Que esta Sala ha sostenido en forma reiterada que la garantía del debido proceso no se limita a la exigencia que una persona deba ser juzgada a través de un proceso previo y ante un juez con competencia natural, sino que también por imperativo constitucional, comporta que deben respetarse las formalidades, derechos y garantías que de conformidad a la ley correspondan. Esta Sala ha dejado establecido en amplia jurisprudencia que el párrafo primero del artículo 90, en tanto norma constitucional concernida, se traduce de un modo general en el deber que tienen los Tribunales de garantizar una tutela judicial efectiva, la cual se viene caracterizando como un ajustado sistema de garantías para las partes en el proceso, que permitan, a quien pretenda hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba.-CONSIDERANDO (10):Que esta Sala ha dejado establecido a su vez en reiteradas decisiones, que el derecho a la tutela judicial efectiva comporta como contenido esencial y primario, el derecho de obtener de los órganos jurisdiccionales integrantes del Poder Judicial, una resolución razonada y fundada en derecho que verse sobre las pretensiones planteadas en juicio, sea o no favorable a las pretensiones planteadas, lo cual crea en los jueces de manera ineludible, el deber de cumplir con las exigencias fundamentales del proceso. En este sentido, esta Sala concuerda en que el derecho a la tutela judicial no garantiza el éxito de la pretensión y tampoco puede ésta contener en su seno, el conjunto del ordenamiento jurídico, puesto que ello sería desproporcionado como contenido de un derecho fundamental. El derecho a la tutela judicial lo es a obtener una resolución sobre el fondo, sea favorable o adversa a los intereses de quien insta la actuación jurisdiccional.[1].-CONSIDERANDO (11): Que como también lo ha reiterado esta Sala[2], no compete a la acción constitucional de amparo la realización de la justicia penal en la forma de determinar la existencia o no de delito, ni el grado de participación en el mismo; éstas son valoraciones propias de instancia que corresponden a la justicia ordinaria. Así, la justicia constitucional interviene cuando la decisión del juzgador en torno a estos aspectos, ha resultado de arbitrariedad y/o desafuero a los principios que rigen el proceso, y por ende en menoscabo de las garantías judiciales y derechos fundamentales que el propio juez es llamado a asegurar y hacer efectivas. -CONSIDERANDO (12): Que dicho lo anterior, ha de observarse también que la garantía de amparo no puede suplir todos y cada uno de los casos en que se alegue indefensión de parte, como resultado de una decisión jurisdiccional no compartida. La jurisprudencia nacional e internacional, con la cual esta Sala asiente, es congruente en admitir y sostener que el recurso de amparo:“…no está configurado como una última instancia ni tiene una función Casacional”; por tanto, únicamente pueden ser objeto de la tutela jurídica constitucional, aquellos supuestos de indefensión real, que impidan el ejercicio regular del derecho de defensa, o más allá aún, que proscriban, imposibilitando a las partes procesales interponer las acciones y recursos que el ordenamiento jurídico pone a su disposición.-CONSIDERANDO (13): Que el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque el actor tuvo acceso a las audiencias sin traba alguna, en ellas alegó lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo y al final se obtuvo una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico-jurídica realizada por la Corte de Apelaciones en su sentencia y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de estricta legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues con la disparidad de criterios que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales.-CONSIDERANDO (14):Que esta Sala de lo Constitucional aprecia que la resolución del Ad-Quem contiene la motivación suficiente, cumpliendo éste con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetándose durante la tramitación del proceso penal de mérito el derecho de defensa, debido proceso y la publicidad del acto jurisdiccional al que se someten las partes. Por tanto las alegaciones señaladas por la recurrente no podrían configurarse como una violación a la tutela judicial efectiva, puesto que el Juzgador ha plasmado en su decisión la motivación necesaria indicando razonadamente su decisión, fundamentándose en la norma adjetiva aplicable.-CONSIDERANDO (15): Que por las razones anteriormente expuestas, esta Sala de lo Constitucional, al no advertir vulneración manifiesta o evidente por la que se hayan disminuido o quebrantado derechos o garantías constitucionales por parte del Tribunal de Alzada, es del criterio porque se deniegue la acción de amparo interpuesta por el recurrente y así debe declararse.-POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, POR UNANIMIDAD DE VOTOS; haciendo aplicación de los Artículos 68, 69, 82, 86, 90, 92, 303, 304, 313 Numeral 5, 316 y 319 atribución 8a. de la Constitución de la República; 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5ª de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, 63 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- FALLA: DENEGANDO el recurso de amparo de que se ha hecho mérito.- YMANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a su lugar de procedencia. Redactó el Magistrado ORTÉZ CRUZ. NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los cinco (5) días del mes de septiembre del año dos mil diecisiete (2017), Certificación de la Sentencia de fecha veintiocho (28) de junio del año dos mil diecisiete (2017) recaída en el Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 0921-2016.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintiocho de junio de dos mil diecisiete.- VISTO: Para dictar sentencia el recurso de amparo interpuesto por la abogada YULIBETH GARAY HERNÁNDEZ, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA, en fecha veintiocho (28) de julio del año dos mil dieciséis (2016), que declaró NO HA LUGAR un recurso de apelación y confirmó el sobreseimiento definitivo dictado por el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE COLON, en fecha siete (7) de abril del año dos mil dieciséis (2016); en la causa instruida contra los señores LUIS ALONSO OLIVERO LEONOR, NELSON NOÉ OLIVERO LEONOR, DELMER GONZALES MADRID MEDINA, JONY ZENÓN MEJÍA IRAETA e INSON ALEXANDER CASTELLANOS, por suponerlos responsables del delito de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS Y MUNICIÓN DE GUERRA, en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS. Estimando la recurrente que la decisión del Ad-Quem, es violatoria en perjuicio de su representada, de lo dispuesto en los artículos 304 y 321 de la Constitución de la República.-ANTECEDENTES : 1) Que en fecha veinticinco (25) de junio del año dos mil catorce (2014), compareció ante el JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE COLÓN, el Abogado JOSÉ ANTONIO MARADIAGA ESCOTO, actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal contra los señores LUIS ALONSO OLIVERO LEONOR, NELSON NOÉ OLIVERO LEONOR, DELMER GONZALES MADRID MEDINA, JONY ZENÓN MEJÍA IRAETA e INSON ALEXANDER CASTELLANOS, por el delito de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS DE GUERRA y MUNICIONES DE GUERRA O COMBATE, y USURPACIÓN, en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS.(Folios 1–5 de la pieza de antecedentes de Primera Instancia).-2) Que en fecha quince (15) de enero de dos mil dieciséis (2016), el JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE COLÓN, decretó Auto de Apertura a Juicio y remitió las presentes diligencias al TRIBUNAL DE SENTENCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE COLÓN; mismas que se tuvieron por recibidas por dicho Tribunal, en fecha once (11) de marzo de dos mil dieciséis (2016). (Folios 163–165 y 175 de la pieza de antecedentes de Primera Instancia).- 3) Que en fecha siete (7) de abril del año dos mil dieciséis (2016), mediante auto motivado el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE COLÓN, Resolvió: (SIC) “PRIMERO: Declarar con lugar la Excepción de Falta de Acción, porque no debió promoverse o porque no podía proseguirse; interpuesta por la defensa privada de los encausados LUIS ALONSO OLIVERO LEONOR, NELSON NOÉ OLIVERO LEONOR, DELMER GONZALES MADRID MEDINA, JONY ZENÓN MEJIA IRAETA e INSON ALEXANDER CASTELLANOS; por las razones fácticas y jurídicas antes expuestas.- SEGUNDO: Dictar Sobreseimiento Definitivo a favor de los encausados LUIS ALONSO OLIVERO LEONOR, NELSON NOÉ OLIVERO LEONOR, DELMER GONZALES MADRID MEDINA, JONY ZENÓN MEJÍA IRAETA e INSON ALEXANDER CASTELLANOS, en la causa seguida en su contra por el delito de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS DE GUERRA Y MUNICIONES DE GUERRA O COMBATE, en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS; por las razones fácticas y jurídicas antes expuestas, debiéndose archivar las presentes diligencias una vez que la resolución adquiera el carácter de firme. TERCERO: Librar atento oficio al Señor Director del Centro Penal de esta ciudad, ordenando la inmediata libertad de los encausados LUIS ALONSO OLIVERO LEONOR, NELSON NOÉ OLIVERO LEONOR, DELMER GONZALES MADRID MEDINA, JONY ZENÓN MEJÍA IRAETA e INSON ALEXANDER CASTELLANOS; y extenderles su carta de libertad correspondiente...” Al estar inconforme con dicha resolución, la Fiscalía interpuso recurso de apelación en fecha trece (13) de abril del año dos mil dieciséis (2016). (Folios 194–196 y 201–203 de la pieza de antecedentes de Primera Instancia).-4) Que conociendo del recurso de apelación, interpuesto por el Abogado JOSÉ ANTONIO MARADIAGA ESCOTO, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, a favor del ESTADO DE HONDURAS; en fecha veintiocho (28) de julio del año dos mil dieciséis (2016), la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA, Resolvió: (SIC) “PRIMERO: Declarar NO HA LUGAR el recurso de Apelación interpuesto por el Fiscal del Ministerio Publico, en su condición de apelante; SEGUNDO: Confirmar el Sobreseimiento Definitivo decretado a favor de los procesados LUIS ALONSO OLIVERO LEONOR, NELSON NOÉ OLIVERO LEONOR, DELMER GONZALES MADRID MEDINA, JONY ZENÓN MEJÍA IRAETA e INSON ALEXANDER CASTELLANOS…”.-(Folios 6–12 de la pieza de antecedentes de Segunda Instancia).-5) La recurrente Abogada YULIBETH GARAY HERNÁNDEZ, compareció ante este Tribunal, en fecha treinta (30) de septiembre del año dos mil dieciséis (2016), interponiendo acción amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, afirmando la recurrente que la decisión del Ad-Quem, de fecha veintiocho (28) de julio del año dos mil dieciséis (2016), es violatoria de lo dispuesto en los artículos 304 y 321 de la Constitución de la República. (Folio 1–7 del Presente Recurso).-6)Que en fecha veinte (20) de enero del año dos mil diecisiete (2017), este alto Tribunal tuvo por formalizado, en tiempo y forma, el recurso de amparo de mérito y a la vez omitió la vista de los antecedentes al fiscal del despacho, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público.- (Folio 28 del Presente Recurso).-CONSIDERANDO (1):Que conforme manda la Constitución de la República, la acción de amparo tiene como finalidad el mantenimiento y restitución de la persona agraviada, del goce de los derechos y/o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución.-CONSIDERANDO (2):Que procede la acción de amparo contra las resoluciones, actos y hechos de los Poderes del Estado, incluyendo las entidades descentralizadas, desconcentradas, las sostenidas con fondos públicos y las que actúen por delegación de algún órgano del Estado en virtud de concesión, de contrato u otra resolución válida.-CONSIDERANDO (3): Que en el ejercicio de la justicia constitucional los órganos jurisdiccionales solamente están sometidos a la Constitución de la República y a la ley.-CONSIDERANDO (4):Que se reclama como violatoria de derechos y garantías constitucionales en perjuicio del ESTADO DE HONDURAS, la referida sentencia dictada por la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA, en fecha veintiocho (28) de julio del año dos mil dieciséis (2016), que declaró NO HA LUGAR un recurso de apelación y confirmó el sobreseimiento definitivo dictado por el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE COLON, en fecha siete (7) de abril del año dos mil dieciséis (2016); en la causa instruida contra los señores LUIS ALONSO OLIVERO LEONOR, NELSON NOÉ OLIVERO LEONOR, DELMER GONZALES MADRID MEDINA, JONY ZENÓN MEJÍA IRAETA e INSON ALEXANDER CASTELLANOS, por suponerlos responsables del delito de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS Y MUNICIÓN DE GUERRA, en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS. En su sentencia el Tribunal de Alzada estableció que durante estuvo en vigencia el Decreto 184-2013, del 5 de octubre de 2013 al 5 de octubre de 2014, quedó en suspenso la validez material de las normas que establecen sanciones administrativas contenidas en la Ley de Armas y de los delitos contenidos en los artículos 332-A y 332-B del Código Penal, estimando que como consecuencia de ello, los hechos que originaron la imputación hecha a los referidos encausados está amparada en el referido decreto por lo que procedía el sobreseimiento definitivo de la causa, como fue estimado por el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE TRUJILLO, consecuentemente se determinó la confirmatoria de dicha resolución.-CONSIDERANDO (5): Que de acuerdo con los alegatos presentados por el Ministerio Público, de lo resuelto por la Alzada, emana vulneración al principio de legalidad, explicando que en el Estado de Derecho el poder tiene su fundamento y limite en el ordenamiento jurídico, que impone a los jueces la obligación de emitir sus resoluciones en estricto apego a derecho y no a su mera arbitrariedad e interpretación personal, sin tomar en cuenta la norma, el hecho, la prueba y el derecho que debe aplicar. Según manifestó la amparista, la interpretación de la ley debe ser orientada a la búsqueda del verdadero sentido de la norma que se debe aplicar al caso, considerando que en la aplicación del Decreto Legislativo 184-2013, la intención auténtica dada por el legislador no era la de despenalizar la acción constitutiva de delito de tenencia o portación ilegal de armas, sino más bien de no responsabilizarlo de la tenencia de un arma al momento de proceder al registro de la misma.-CONSIDERANDO (6): Que la Constitución de la República al desarrollar el capitulo atinente al Poder Judicial establece tanto que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado. -CONSIDERANDO (7): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción penal, conforme lo establece el Artículo 141 del Código Procesal Penal la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al juez o tribunal que conoce concretamente del asunto.-CONSIDERANDO (8): Que del examen de los autos y en específico de la sentencia recurrida en amparo, dictada por la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA, se logra apreciar que el Ad-Quem concluyó que el tipo penal por el que se inició proceso en contra de los encartados perdió positividad y que durante estuvo en vigencia el Decreto 184-2013, quedó en suspenso la validez material de las normas que establecen sanciones administrativas contenidas en la Ley de Armas y de los delitos contenidos en los artículos 332-A y 332-B del Código Penal y como consecuencia de ello, la imputación de los encausados está amparada en el referido decreto, por lo que procedía el sobreseimiento definitivo de la causa.-CONSIDERANDO (9): Que esta Sala ha sostenido en forma reiterada que la garantía del debido proceso no se limita a la exigencia que una persona deba ser juzgada a través de un proceso previo y ante un juez con competencia natural, sino que también por imperativo constitucional, comporta que deben respetarse las formalidades, derechos y garantías que de conformidad a la ley correspondan. Esta Sala ha dejado establecido en amplia jurisprudencia que el párrafo primero del artículo 90, en tanto norma constitucional concernida, se traduce de un modo general en el deber que tienen los Tribunales de garantizar una tutela judicial efectiva, la cual se viene caracterizando como un ajustado sistema de garantías para las partes en el proceso, que permitan, a quien pretenda hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba.-CONSIDERANDO (10):Que esta Sala ha dejado establecido a su vez en reiteradas decisiones, que el derecho a la tutela judicial efectiva comporta como contenido esencial y primario, el derecho de obtener de los órganos jurisdiccionales integrantes del Poder Judicial, una resolución razonada y fundada en derecho que verse sobre las pretensiones planteadas en juicio, sea o no favorable a las pretensiones planteadas, lo cual crea en los jueces de manera ineludible, el deber de cumplir con las exigencias fundamentales del proceso. En este sentido, esta Sala concuerda en que el derecho a la tutela judicial no garantiza el éxito de la pretensión y tampoco puede ésta contener en su seno, el conjunto del ordenamiento jurídico, puesto que ello sería desproporcionado como contenido de un derecho fundamental. El derecho a la tutela judicial lo es a obtener una resolución sobre el fondo, sea favorable o adversa a los intereses de quien insta la actuación jurisdiccional.[3].-CONSIDERANDO (11): Que como también lo ha reiterado esta Sala[4], no compete a la acción constitucional de amparo la realización de la justicia penal en la forma de determinar la existencia o no de delito, ni el grado de participación en el mismo; éstas son valoraciones propias de instancia que corresponden a la justicia ordinaria. Así, la justicia constitucional interviene cuando la decisión del juzgador en torno a estos aspectos, ha resultado de arbitrariedad y/o desafuero a los principios que rigen el proceso, y por ende en menoscabo de las garantías judiciales y derechos fundamentales que el propio juez es llamado a asegurar y hacer efectivas. -CONSIDERANDO (12): Que dicho lo anterior, ha de observarse también que la garantía de amparo no puede suplir todos y cada uno de los casos en que se alegue indefensión de parte, como resultado de una decisión jurisdiccional no compartida. La jurisprudencia nacional e internacional, con la cual esta Sala asiente, es congruente en admitir y sostener que el recurso de amparo:“…no está configurado como una última instancia ni tiene una función Casacional”; por tanto, únicamente pueden ser objeto de la tutela jurídica constitucional, aquellos supuestos de indefensión real, que impidan el ejercicio regular del derecho de defensa, o más allá aún, que proscriban, imposibilitando a las partes procesales interponer las acciones y recursos que el ordenamiento jurídico pone a su disposición.-CONSIDERANDO (13): Que el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque el actor tuvo acceso a las audiencias sin traba alguna, en ellas alegó lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo y al final se obtuvo una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico-jurídica realizada por la Corte de Apelaciones en su sentencia y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de estricta legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues con la disparidad de criterios que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales.-CONSIDERANDO (14):Que esta Sala de lo Constitucional aprecia que la resolución del Ad-Quem contiene la motivación suficiente, cumpliendo éste con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetándose durante la tramitación del proceso penal de mérito el derecho de defensa, debido proceso y la publicidad del acto jurisdiccional al que se someten las partes. Por tanto las alegaciones señaladas por la recurrente no podrían configurarse como una violación a la tutela judicial efectiva, puesto que el Juzgador ha plasmado en su decisión la motivación necesaria indicando razonadamente su decisión, fundamentándose en la norma adjetiva aplicable.-CONSIDERANDO (15): Que por las razones anteriormente expuestas, esta Sala de lo Constitucional, al no advertir vulneración manifiesta o evidente por la que se hayan disminuido o quebrantado derechos o garantías constitucionales por parte del Tribunal de Alzada, es del criterio porque se deniegue la acción de amparo interpuesta por el recurrente y así debe declararse.-POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, POR UNANIMIDAD DE VOTOS; haciendo aplicación de los Artículos 68, 69, 82, 86, 90, 92, 303, 304, 313 Numeral 5, 316 y 319 atribución 8a. de la Constitución de la República; 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5ª de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, 63 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- FALLA: DENEGANDO el recurso de amparo de que se ha hecho mérito.- YMANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a su lugar de procedencia. Redactó el Magistrado ORTÉZ CRUZ. NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los cinco (5) días del mes de septiembre del año dos mil diecisiete (2017), Certificación de la Sentencia de fecha veintiocho (28) de junio del año dos mil diecisiete (2017) recaída en el Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 0921-2016.- Firma y Sello
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1]Alfredo Diego de Díez. EL DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA
[2]Vid recursos de amparo 259-12; 108-14; 804-14
[3]Alfredo Diego de Díez. EL DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA
[4]Vid recursos de amparo 259-12; 108-14; 804-14