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Sentencia AP-879-16 — Registro 10402

Resumen

Acto recurrido que otorgó el recurso de amparo en contra de la dictada por el a-quo, en relación a la causa instruida contra los señores Jose Trinidad Hernandez, Gerardo Alberto Paredes Baide y otros, por suponerlo responsable del delito de Estafa Continuada, en perjuicio de impetrantes

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…" Que la resolución venida en consulta contiene la motivación suficiente, cumpliendo con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetando el derecho de defensa y el debido proceso, asegurando los derechos y garantías constitucionales de los impetrantes, existiendo violación al derecho del Debido Proceso, y el derecho de Defensa; por lo que procede confirmar la sentencia de amparo venida en consulta..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, nueve de agosto de dos mil diecisiete.- VISTA: En Consulta las diligencias que contiene la sentencia de fecha treinta (30) de agosto del año dos mil dieciséis (2016), dictada por la Corte de Apelaciones Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, que otorgó el recurso de amparo interpuesto por los Abogados HENRY YASIR PALMA EUCEDA, en su condición de Acusador Privado a favor de la señora ARCADIA ALICIA GONZALES y FREDY JOEL HENRIQUEZ PADILLA, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, contra la resolución de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil dieciséis (2016), dictada por la Sala Quinta del Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en relación a la causa instruida contra los señores JOSE TRINIDAD HERNANDEZ, GERARDO ALBERTO PAREDES BAIDE y OTROS, por suponerlo responsable del delito de ESTAFA CONTINUADA, en perjuicio de la señora ARCADIA ALICIA GONZALES.– Estima la recurrente que con el auto reclamado en amparo se le vulneró el derecho contenido en el Artículo 82 de la Constitución de la República.-ANTECEDENTES : 1) Que en fecha diez (10) de marzo del año dos mil dieciséis (2016), el Abogado HENRY YASIR PALMA EUCEDA, compareció ante la Corte de Apelaciones Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, interponiendo Recurso de Amparo a favor de la señora ARCADIA ALICIA GONZALES, contra la resolución de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil dieciséis (2016), dictada por la Sala Quinta del Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés; en la cual el referido Tribunal inadmitió unos medios de prueba propuestos por el recurrente en la audiencia de proposición de medios de prueba, en la causa instruida contra los señores JOSE TRINIDAD HERNANDEZ, GERARDO ALBERTO PAREDES BAIDE y OTROS, por suponerlos responsables del delito de ESTAFA CONTINUADA, en perjuicio de la señora ARCADIA ALICIA GONZALES, por considerar que la resolución recurrida es violatoria de lo dispuesto en los Artículos 82 y 90 de la Constitución de la República.-2) Que en fecha dieciocho de marzo de dos mil dieciséis, el Abogado FREDY JOEL HENRIQUEZ PADILLA, actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público, compareció ante la referida Corte de Apelaciones, interponiendo recurso de amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil dieciséis (2016), dictada por la Sala Quinta del Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés; por considerar que la misma atenta contra lo preceptuado en los Artículos 82 y 90 de la Constitución de la República.-3) Que en fecha veintiocho de marzo de dos mil dieciséis, la Corte de Apelaciones de lo Penal de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, al constatar que los recursos de amparos interpuestos por los Abogados HENRY YASIR PALMA EUCEDA y FREDY JOEL HENRIQUEZ PADILLA, iban dirigidas contra el mismo acto reclamado, y para efecto de la continencia de la causa, resolvió acumular ambos amparos y así dictar una sola sentencia. (Folio 30 de la pieza de amparo).- 4) Que en fecha treinta (30) de agosto del año dos mil dieciséis (2016), luego de seguido el trámite que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, dictó sentencia en la cual falló: “1) OTORGANDO la presente Acción de Amparo promovida por los Abogados HENRY YASIR PALMA EUCEDA, en su condición de Acusador Privado a favor la señora ARCADIA ALICIA GONZALES y FREDY JOEL HENRIQUEZ PADILLA, en su condición de Fiscal del Ministerio Público y en defensa de la Constitución de la República, los que consta en las demandas de amparos números 45-16, 47-16 respectivamente misma que fueron acumuladas para dar continuidad y terminar en una misma Sentencia. 2) Para restituir la vulneración a los derechos declarados en esta sentencia, que la Sala Quinta del Tribunal de Sentencia de esta Sección Judicial, proceda a emitir de nueva cuenta resolución debidamente motivada conforme lo manda el artículo 141 del Código Procesal Penal, dejando plasmadas las razones que fundamentan el rechazo de la prueba propuesta por las partes. …” (Folio 62 al 82 de la pieza de amparo).-5) Que en fecha dieciséis (16) de septiembre del año dos mil dieciséis (2016), este Alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, dando así estricto cumplimiento a lo previsto por el Artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.-CONSIDERANDO UNO (1): Que al tenor de lo que dispone el Artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de su Sala Constitucional, el conocimiento del trámite de consulta obligatoria de las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones; cuando, como en el presente caso, responda a una garantía de amparo interpuesta por supuesta violación de los derechos fundamentales que fueran cometidos por Jueces de Letras, contemplada en el Artículo 10 numeral 2 literal a) de la misma ley.-CONSIDERANDO DOS (2): Que se conoce en consulta obligatoria la sentencia de fecha treinta (30) de agosto del año dos mil dieciséis (2016), dictada por la Corte de Apelaciones Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, que otorgó el recurso de amparo interpuesto por los Abogados HENRY YASIR PALMA EUCEDA, en su condición de Acusador Privado a favor de la señora ARCADIA ALICIA GONZALES y FREDY JOEL HENRIQUEZ PADILLA, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, contra la resolución de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil dieciséis (2016), dictada por la Sala Quinta del Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en relación a la causa instruida contra los señores JOSE TRINIDAD HERNANDEZ, GERARDO ALBERTO PAREDES BAIDE y OTROS, por suponerlo responsable del delito de ESTAFA CONTINUADA, en perjuicio de la señora ARCADIA ALICIA GONZALES.-CONSIDERANDO TRES (3): Que los reclamantes sustentaron su recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, manifestando básicamente que la resolución de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil dieciséis (2016), dictada por la Sala Quinta del Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, es violatoria de lo dispuesto en el Artículo 82 de la Constitución de la República; en virtud del rechazo de los medios probatorios propuestos por el Acusador Privado y el Ministerio Público.-CONSIDERANDO CUATRO (4): Que del estudio del fallo venido en consulta, esta Sala de lo Constitucional aprecia y se une a lo expresado por la Corte de Apelaciones Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, que no comparte la decisión del Tribunal de Sentencia no menciona las causas del porque la prueba es inadmitida; evidentemente vulnera el derecho a la defensa.-CONSIDERANDO CINCO (5): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción penal, conforme lo establece el Artículo 141 del Código Procesal Penal la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al juez o tribunal que conoce concretamente del asunto.-CONSIDERANDO SEIS (6): Que la prueba es un instrumento dentro de un proceso penal, en el que las partes en el juicio oral y contradictorio, enfrentan hipótesis fácticas con clasificaciones jurídicas, sujetas a verificación y que constituyen elementos de sus teorías del caso. Los procedimientos legales para acreditar los hechos son los medios de prueba. Para el autor Jermias Bentham señala que se entiende por prueba un hecho que se da por supuesto verdadero y que se considera como tal, debiendo servir de motivo de credibilidad acerca de la existencia o no existencia de un hecho. Para el autor Levene ve a la prueba como el conjunto de actividades destinadas a obtener el cercioramiento judicial acerca de los elementos indispensables para la decisión del litigio sometido a proceso. Aquí se conceptúa la prueba en cuando a su finalidad, esto es que el juez decida sobre la controversia sometida a su conocimiento. Entonces tiene sentido la definición de probar, que según Roxin significa convencer al juez sobre la certeza de la existencia de un hecho de modo que la prueba es todo aquello que puede servir al descubrimiento de la verdad acerca de los hechos que en el proceso son investigados y respecto de los cuales se pretende actuar la ley sustantiva. En una definición más genérica e instrumental, se considera a la prueba penal como el conjunto de actos procesales, cumplidos con el auxilio de los medios previstos o implícitamente autorizados por la ley, y encaminados a generar la convicción judicial acerca de la existencia o inexistencia, la veracidad o la falsedad, de los hechos sobre los cuales versa la imputación, esto es, de las proposiciones fácticas que sustentan los cargos contra el imputado.-CONSIDERANDO SIETE (7): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la pretensión de la parte contraria; la necesaria correlación que debe existir entre las pretensiones de las partes y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre las partes o entre una parte y el Estado mismo.-CONSIDERANDO OCHO (8): Que la labor de valoración de la prueba no es mecánica o automatizada puesto que el Juez irá construyendo la convicción o certeza sobre los hechos controvertidos conforme analiza y evalúa las pruebas, lo que implica un examen total de los medios probatorios obrantes en autos, a fin de cumplir con el mandato legal de valoración conjunta. De esta manera las pretensiones de las partes se verán reforzadas o mediatizadas conforme el Juez vaya analizando y sopesando los medios probatorios hasta llegar al momento de la decisión final.-CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; no consiste en querer que el órgano jurisdiccional comparta el criterio, como lo desea la parte, como parece entenderlo la recurrente; sino que es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos.-CONSIDERANDO DIEZ (10): Que como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico.-CONSIDERANDO ONCE (11): Que la resolución venida en consulta contiene la motivación suficiente, cumpliendo con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetando el derecho de defensa y el debido proceso, asegurando los derechos y garantías constitucionales de los impetrantes, existiendo violación al derecho del Debido Proceso, y el derecho de Defensa; por lo que procede confirmar la sentencia de amparo venida en consulta.-POR TANTO: La Sala Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, en aplicación de los artículos: 1, 59, 82,90 párrafo primero, 119, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1, 321, 323, de la Constitución de la República; 1 y 78 No. 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, numeral 2, 5, 10 numeral 2 literal a), 41, 45, 46 numerales 1 y 5, 65, 68 y 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 8, 10 de la Declaración Universal sobre Derechos Humanos; 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 8.1 de La Convención Americana Sobre Derechos Humanos.- FALLA: CONFIRMANDO la sentencia dictada en fecha treinta de agosto de dos mil dieciséis, por la Corte de Apelaciones Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, por estimarse por parte de esta Sala que la sentencia venida en consulta es conforme a derecho.- Y MANDA: Que con la certificación de esta sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó el Magistrado ZELAYA ZALDAÑA. NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los seis (6) días del mes de septiembre del año dos mil diecisiete (2017), Certificación de la Sentencia de fecha nueve (9) de agosto del año dos mil diecisiete (2017) recaída en el Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 0879-2016 .

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, nueve de agosto de dos mil diecisiete.- VISTA: En Consulta las diligencias que contiene la sentencia de fecha treinta (30) de agosto del año dos mil dieciséis (2016), dictada por la Corte de Apelaciones Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, que otorgó el recurso de amparo interpuesto por los Abogados HENRY YASIR PALMA EUCEDA, en su condición de Acusador Privado a favor de la señora ARCADIA ALICIA GONZALES y FREDY JOEL HENRIQUEZ PADILLA, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, contra la resolución de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil dieciséis (2016), dictada por la Sala Quinta del Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en relación a la causa instruida contra los señores JOSE TRINIDAD HERNANDEZ, GERARDO ALBERTO PAREDES BAIDE y OTROS, por suponerlo responsable del delito de ESTAFA CONTINUADA, en perjuicio de la señora ARCADIA ALICIA GONZALES.– Estima la recurrente que con el auto reclamado en amparo se le vulneró el derecho contenido en el Artículo 82 de la Constitución de la República.-ANTECEDENTES : 1) Que en fecha diez (10) de marzo del año dos mil dieciséis (2016), el Abogado HENRY YASIR PALMA EUCEDA, compareció ante la Corte de Apelaciones Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, interponiendo Recurso de Amparo a favor de la señora ARCADIA ALICIA GONZALES, contra la resolución de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil dieciséis (2016), dictada por la Sala Quinta del Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés; en la cual el referido Tribunal inadmitió unos medios de prueba propuestos por el recurrente en la audiencia de proposición de medios de prueba, en la causa instruida contra los señores JOSE TRINIDAD HERNANDEZ, GERARDO ALBERTO PAREDES BAIDE y OTROS, por suponerlos responsables del delito de ESTAFA CONTINUADA, en perjuicio de la señora ARCADIA ALICIA GONZALES, por considerar que la resolución recurrida es violatoria de lo dispuesto en los Artículos 82 y 90 de la Constitución de la República.-2) Que en fecha dieciocho de marzo de dos mil dieciséis, el Abogado FREDY JOEL HENRIQUEZ PADILLA, actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público, compareció ante la referida Corte de Apelaciones, interponiendo recurso de amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil dieciséis (2016), dictada por la Sala Quinta del Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés; por considerar que la misma atenta contra lo preceptuado en los Artículos 82 y 90 de la Constitución de la República.-3) Que en fecha veintiocho de marzo de dos mil dieciséis, la Corte de Apelaciones de lo Penal de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, al constatar que los recursos de amparos interpuestos por los Abogados HENRY YASIR PALMA EUCEDA y FREDY JOEL HENRIQUEZ PADILLA, iban dirigidas contra el mismo acto reclamado, y para efecto de la continencia de la causa, resolvió acumular ambos amparos y así dictar una sola sentencia. (Folio 30 de la pieza de amparo).- 4) Que en fecha treinta (30) de agosto del año dos mil dieciséis (2016), luego de seguido el trámite que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, dictó sentencia en la cual falló: “1) OTORGANDO la presente Acción de Amparo promovida por los Abogados HENRY YASIR PALMA EUCEDA, en su condición de Acusador Privado a favor la señora ARCADIA ALICIA GONZALES y FREDY JOEL HENRIQUEZ PADILLA, en su condición de Fiscal del Ministerio Público y en defensa de la Constitución de la República, los que consta en las demandas de amparos números 45-16, 47-16 respectivamente misma que fueron acumuladas para dar continuidad y terminar en una misma Sentencia. 2) Para restituir la vulneración a los derechos declarados en esta sentencia, que la Sala Quinta del Tribunal de Sentencia de esta Sección Judicial, proceda a emitir de nueva cuenta resolución debidamente motivada conforme lo manda el artículo 141 del Código Procesal Penal, dejando plasmadas las razones que fundamentan el rechazo de la prueba propuesta por las partes. …” (Folio 62 al 82 de la pieza de amparo).-5) Que en fecha dieciséis (16) de septiembre del año dos mil dieciséis (2016), este Alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, dando así estricto cumplimiento a lo previsto por el Artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.-CONSIDERANDO UNO (1): Que al tenor de lo que dispone el Artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de su Sala Constitucional, el conocimiento del trámite de consulta obligatoria de las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones; cuando, como en el presente caso, responda a una garantía de amparo interpuesta por supuesta violación de los derechos fundamentales que fueran cometidos por Jueces de Letras, contemplada en el Artículo 10 numeral 2 literal a) de la misma ley.-CONSIDERANDO DOS (2): Que se conoce en consulta obligatoria la sentencia de fecha treinta (30) de agosto del año dos mil dieciséis (2016), dictada por la Corte de Apelaciones Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, que otorgó el recurso de amparo interpuesto por los Abogados HENRY YASIR PALMA EUCEDA, en su condición de Acusador Privado a favor de la señora ARCADIA ALICIA GONZALES y FREDY JOEL HENRIQUEZ PADILLA, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, contra la resolución de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil dieciséis (2016), dictada por la Sala Quinta del Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en relación a la causa instruida contra los señores JOSE TRINIDAD HERNANDEZ, GERARDO ALBERTO PAREDES BAIDE y OTROS, por suponerlo responsable del delito de ESTAFA CONTINUADA, en perjuicio de la señora ARCADIA ALICIA GONZALES.-CONSIDERANDO TRES (3): Que los reclamantes sustentaron su recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, manifestando básicamente que la resolución de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil dieciséis (2016), dictada por la Sala Quinta del Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, es violatoria de lo dispuesto en el Artículo 82 de la Constitución de la República; en virtud del rechazo de los medios probatorios propuestos por el Acusador Privado y el Ministerio Público.-CONSIDERANDO CUATRO (4): Que del estudio del fallo venido en consulta, esta Sala de lo Constitucional aprecia y se une a lo expresado por la Corte de Apelaciones Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, que no comparte la decisión del Tribunal de Sentencia no menciona las causas del porque la prueba es inadmitida; evidentemente vulnera el derecho a la defensa.-CONSIDERANDO CINCO (5): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción penal, conforme lo establece el Artículo 141 del Código Procesal Penal la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al juez o tribunal que conoce concretamente del asunto.-CONSIDERANDO SEIS (6): Que la prueba es un instrumento dentro de un proceso penal, en el que las partes en el juicio oral y contradictorio, enfrentan hipótesis fácticas con clasificaciones jurídicas, sujetas a verificación y que constituyen elementos de sus teorías del caso. Los procedimientos legales para acreditar los hechos son los medios de prueba. Para el autor Jermias Bentham señala que se entiende por prueba un hecho que se da por supuesto verdadero y que se considera como tal, debiendo servir de motivo de credibilidad acerca de la existencia o no existencia de un hecho. Para el autor Levene ve a la prueba como el conjunto de actividades destinadas a obtener el cercioramiento judicial acerca de los elementos indispensables para la decisión del litigio sometido a proceso. Aquí se conceptúa la prueba en cuando a su finalidad, esto es que el juez decida sobre la controversia sometida a su conocimiento. Entonces tiene sentido la definición de probar, que según Roxin significa convencer al juez sobre la certeza de la existencia de un hecho de modo que la prueba es todo aquello que puede servir al descubrimiento de la verdad acerca de los hechos que en el proceso son investigados y respecto de los cuales se pretende actuar la ley sustantiva. En una definición más genérica e instrumental, se considera a la prueba penal como el conjunto de actos procesales, cumplidos con el auxilio de los medios previstos o implícitamente autorizados por la ley, y encaminados a generar la convicción judicial acerca de la existencia o inexistencia, la veracidad o la falsedad, de los hechos sobre los cuales versa la imputación, esto es, de las proposiciones fácticas que sustentan los cargos contra el imputado.-CONSIDERANDO SIETE (7): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la pretensión de la parte contraria; la necesaria correlación que debe existir entre las pretensiones de las partes y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre las partes o entre una parte y el Estado mismo.-CONSIDERANDO OCHO (8): Que la labor de valoración de la prueba no es mecánica o automatizada puesto que el Juez irá construyendo la convicción o certeza sobre los hechos controvertidos conforme analiza y evalúa las pruebas, lo que implica un examen total de los medios probatorios obrantes en autos, a fin de cumplir con el mandato legal de valoración conjunta. De esta manera las pretensiones de las partes se verán reforzadas o mediatizadas conforme el Juez vaya analizando y sopesando los medios probatorios hasta llegar al momento de la decisión final.-CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; no consiste en querer que el órgano jurisdiccional comparta el criterio, como lo desea la parte, como parece entenderlo la recurrente; sino que es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos.-CONSIDERANDO DIEZ (10): Que como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico.-CONSIDERANDO ONCE (11): Que la resolución venida en consulta contiene la motivación suficiente, cumpliendo con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetando el derecho de defensa y el debido proceso, asegurando los derechos y garantías constitucionales de los impetrantes, existiendo violación al derecho del Debido Proceso, y el derecho de Defensa; por lo que procede confirmar la sentencia de amparo venida en consulta.-POR TANTO: La Sala Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, en aplicación de los artículos: 1, 59, 82,90 párrafo primero, 119, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1, 321, 323, de la Constitución de la República; 1 y 78 No. 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, numeral 2, 5, 10 numeral 2 literal a), 41, 45, 46 numerales 1 y 5, 65, 68 y 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 8, 10 de la Declaración Universal sobre Derechos Humanos; 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 8.1 de La Convención Americana Sobre Derechos Humanos.- FALLA: CONFIRMANDO la sentencia dictada en fecha treinta de agosto de dos mil dieciséis, por la Corte de Apelaciones Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, por estimarse por parte de esta Sala que la sentencia venida en consulta es conforme a derecho.- Y MANDA: Que con la certificación de esta sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó el Magistrado ZELAYA ZALDAÑA. NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.-Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los seis (6) días del mes de septiembre del año dos mil diecisiete (2017), Certificación de la Sentencia de fecha nueve (9) de agosto del año dos mil diecisiete (2017) recaída en el Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 0879-2016 .- Firma y Sello

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL