Sentencia AP-869-16 — Registro 10494
Resumen
Resolución impugnada que declaró Ha Lugar recurso de apelación interpuesto por la defensa, contra la resolución dictada, en Audiencia Inicial, en la causa instruida contra imputado, por suponerlo responsable del delito de Tenencia Ilegal de Arma de Fuego Comercial, en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras, revocando auto de formal procesamiento y ordenando sobreseimiento definitivo por dicho delito
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."(5): Que del examen de los autos que conforman los antecedentes, esta Sala observa que la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, dictó la resolución que se impugna, respetando los requisitos esenciales de las mismas, pues en su contenido, se observa se han respetado las exigencias señaladas en el artículo 139 del Código Procesal Penal, pues del examen de la resolución impugnada, esta Sala observa que las misma se encuentra debidamente motivada; exteriorizando de manera congruente las razones por las cuales considera procedente revocar la resolución de fecha veinticinco de enero del año dos mil dieciséis, dictada por el A-quo en Audiencia Inicial. Asimismo se aprecia que la recurrente se limitó a realizar valoraciones en cuanto a que en Audiencia Inicial con la prueba aportada se acreditó la participación del imputado en el hecho acusado de Portación Ilegal de Arma de Fuego de uso comercial, sin desarrollar en forma específica, el por qué la resolución cuestionada ha vulnerado los derechos constitucionales invocados. La garantista sostiene que el Ad-quem no ha sido capaz de exteriorizar de manera congruente las razones por las cuales revoca el auto de formal procesamiento, sin considerar los hechos traídos a su conocimiento en todo su contexto, así como la prueba evacuada con la cual se acreditó la comisión del delito –lo subrayado es nuestro-; valoraciones que son cuestiones de mera legalidad que corresponde resolver a los órganos jurisdiccionales de instancia, en lo que se refiere a valoración de prueba aportada en una audiencia inicial a efecto de decretar o no un Auto de Formal Procesamiento, como lo ha plasmado esta Sala de lo Constitucional en diferentes sentencias, ello porque el proceso penal se rige por varios principios, entre otros a saber: inmediación, concentración, contradicción etc.; es así que nuestra norma constitucional preceptúa en su artículo 92 que solo podrá decretarse Auto de Formal Procesamiento cuando exista evidencia probatoria de la existencia de un delito e indicios racionales de que el imputado es autor o cómplice. Cuestión ésta que compete ser resuelta por los órganos jurisdiccionales de instancia como lo ha referido esta Sala de lo Constitucional en diferentes sentencias.-CONSIDERANDO (6): Que la Sala de lo Constitucional no tiene dentro de la esfera de sus atribuciones, potestad de pronunciarse sobre la forma en como un Juez o tribunal debe valorar los medios de prueba evacuados en una audiencia, a efecto de decretar un Auto de Formal Procesamiento, un Sobreseimiento Provisional o un Definitivo, ya que dicha función jurisdiccional es exclusiva de los Jueces de Instancia. Compete a la Sala, como se ha manifestado en otras sentencias, pronunciarse sobre cuestiones de mera constitucionalidad, lo que no sucede en el caso que nos ocupa.-CONSIDERANDO (7): Que al haberse detectado dentro del procedimiento una causal de improcedencia del recurso de amparo, el mismo debe ser sobreseído, con fundamento en lo establecido en el numeral 1 del artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional que señala: “…Es inadmisible el recurso de amparo: 1). Cuando se aleguen violaciones de mera legalidad;…”.-CONSIDERANDO (8): Que en virtud de ser patente la causal de improcedencia de la presente Acción de amparo, corresponde se sobresean las diligencias que conforman el mismo"
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46, NUMERAL 1 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve días del mes agosto del año dos mil diecisiete.-VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada KARLA PATRICIA GARCÍA ARITA, en su condición de Agente Fiscal del Ministerio Público, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, departamento de Atlántida, en fecha dieciocho (18) de agosto del año dos mil dieciséis (2016), que declaró Ha Lugar el recurso de apelación interpuesto por la defensa, contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de la Ceiba, departamento de Atlántida, en Audiencia Inicial celebrada en fecha veinticinco (25) de enero del año dos mil dieciséis (2016), en la causa instruida contra el señor HECTOR RAUL AMAYA SOLIS, por suponerlo responsable del delito de TENECIA ILEGAL DE ARMA DE FUEGO COMERCIAL, en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS.- Estima la recurrente que con el acto reclamado en amparo se han vulnerado a su representado los derechos constitucionales del debido proceso, la tutela judicial efectiva y el principio de legalidad, contenidos en los artículos 90 y 321 de la Constitución de la República.-ANTECEDENTES: 1) Que en fecha veintisiete (27) de diciembre del año dos mil quince (2015), compareció ante Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, el Abogado BLAS ARTURO DOMINGUEZ, actuando en su condición de Agente de Tribunales del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal, contra el señor HECTOR RAUL AMAYA SOLIS, por suponerlo responsable a titulo de autor del delito de TENENCIA ILEGAL DE ARMA DE FUEGO COMERCIAL, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS. (Folios del 1 al 3 de la pieza de antecedentes de primera instancia).-2) Que el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de la Ceiba, departamento de Atlántida, en audiencia Inicial celebrada en fecha veinticinco (25) de enero del año dos mil dieciséis (2016) resolvió: (Sic) “DECRETA AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO en contra del señor HECTOR RAUL AMAYA SOLIS por suponerlo responsable del delito de TENENCIA ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO COMERCIAL en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS…”. (Folios del 107 al 112 de la pieza de antecedentes de primera instancia).-3) Que en fecha dieciocho (18) de agosto del año dos mil dieciséis (2016), conociendo del recurso de apelación interpuesto por la Defensa, contra la resolución supra relacionada dictada en Audiencia Inicial, la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, departamento de Atlántida, dictó resolución mediante la cual falla: (Sic) “PRIMERO: Declarar HA LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por la Abogada JUSTA LASTENIA DIAZ VALLADARES en su condición de Defensora privada del encausado y parte Apelante, contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras de esta Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, en fecha veinticinco de enero de dos mil dieciséis mediante la cual dicto Auto de Formal Procesamiento contra el señor HECTOR RAUL AMAYA SOLIS, por suponerlo responsable del delito de TENENCIA ILEGAL DE ARMA DE FUEGO COMERCIAL, en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS. SEGUNDO: REVOCAR la resolución de fecha veinticinco de enero de dos mil dieciséis. TERCERO: ORDENAR a la Jueza A-quo que en Audiencia Ad-Hoc a la que convoque a las partes, provea el correspondiente SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO, a favor del señor HECTOR RAUL AMAYA SOLIS, por suponerlo responsable del delito de TENENCIA ILEGAL DE ARMA DE FUEGO COMERCIAL, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS…” (Folios del 7 al 11fv de la Pieza de Alzada).-4) Que la recurrente Abogada KARLA PATRICIA GARCÍA ARITA, compareció ante este Alto Tribunal, en fecha nueve (9) de septiembre del año dos mil dieciséis (2016), reclamando amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS; afirmando la recurrente que la resolución del Ad-quem, de fecha dieciocho (18) de agosto del año dos mil dieciséis (2016), vulnera los derechos constitucionales al debido proceso, tutela judicial efectiva y principio de legalidad contenidos en los artículos 90 y 321 de la Constitución de la República.-5) Que en fecha veintiuno (21) de noviembre del año dos mil dieciséis (2016), este Alto Tribunal tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de amparo de mérito y a la vez omitió la vista de los antecedentes al Fiscal del Despacho, de conformidad a lo establecido en el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público.-CONSIDERANDO (1): Que de la revisión de los antecedentes que conforman la acción constitucional impetrada, la Sala de lo Constitucional constata que en la Acción de Amparo interpuesta se están alegando violaciones de mera legalidad, al tenor de lo establecido en el artículo 46 numeral 1 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. El precepto apuntado señala que: “DE LA INADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN. Es inadmisible el recurso de amparo: 1). Cuando se aleguen violaciones de mera legalidad;…”. Aseveración a la que se concluye, pues del examen de la acción de amparo promovida, la recurrente señala la norma penal que considera aplicable al caso sub judice, específicamente el artículo 332-B del Código Penal; a continuación indica que los argumentos esgrimidos por la Corte de Apelaciones, inobserva el principio de legalidad y con ello la tutela judicial efectiva, al establecer en uno de los considerandos específicamente en el segundo, que con la prueba aportada, el arma encontrada en el vehículo que conducía el imputado es propiedad de la señora Digna Isabel Hernández Caballero quien es la esposa del imputado, extremo éste que no fue desvirtuado por el Ministerio Público, razones estas que a criterio de la Corte considera no es motivo suficiente para dictar auto de formal procesamiento.-CONSIDERANDO (2): Que sostiene la impetrante, al comparar los hechos, la motivación y la norma que se ha de aplicar al caso concreto, los verbos rectores del tipo penal supra señalado, en ningún momento exige que el autor sea el dueño, por lo que en apego al Principio de Legalidad y Debido Proceso y de acuerdo a lo que manda nuestra norma procesal en el artículo 297 numeral 2) manda que para decretar el Auto de Formal procesamiento considerara como plena prueba de haberse cometido el delito, la concurrencia de todos los elementos de su tipificación legal y tomara como indicio racional todo hecho, acto o circunstancia que sirva para adquirir la convicción que el imputado ha participado en la comisión del hecho delictivo, extremos estos que se ven cumplidos a cabalidad en el presente caso.-CONSIDERANDO (3): Que concluye diciendo la recurrente en Amparo que la resolución del Ad-quem vulnera el derecho al debido proceso contenido en el artículo 90 de la Constitución de la República, el cual requiere que el juzgador emita resoluciones razonables, congruentes, justas, que resuelvan las pretensiones controvertidas y que se encuentre jurídicamente fundada, cuando este derecho es infringido por parte del juzgador, esto se traduce en la violación al derecho de la tutela judicial efectiva, tal como sucede en el presente caso, cuando el Ad-quem no ha sido capaz de exteriorizar de manera congruente las razones por las cuales revoca el auto de formal procesamiento, sin considerar los hechos traídos a su conocimiento en todo su contexto, así como la prueba evacuada con la cual se acreditó la comisión del delito, de la cual se desprende sin lugar a dudas que el acusado era quien conducía el vehículo donde fue encontrada el arma decomisada, sin portar permiso para ello. -CONSIDERANDO (4): Que la Sala de lo Constitucional se ha pronunciado ya con respecto a que, la posibilidad de impugnar es un derecho prestacional que el Estado otorga en aras de garantizar los derechos y garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen, con el propósito que un superior enmiende los errores del inferior. Pero se ha aclarado que ese derecho al recurso no es absoluto, sino que esta condicionado a varias reglas de obligatorio cumplimiento, una de ellas es la observancia de lo dispuesto en el artículo 46 numeral 1 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- CONSIDERANDO (5): Que del examen de los autos que conforman los antecedentes, esta Sala observa que la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, dictó la resolución que se impugna, respetando los requisitos esenciales de las mismas, pues en su contenido, se observa se han respetado las exigencias señaladas en el artículo 139 del Código Procesal Penal, pues del examen de la resolución impugnada, esta Sala observa que las misma se encuentra debidamente motivada; exteriorizando de manera congruente las razones por las cuales considera procedente revocar la resolución de fecha veinticinco de enero del año dos mil dieciséis, dictada por el A-quo en Audiencia Inicial. Asimismo se aprecia que la recurrente se limitó a realizar valoraciones en cuanto a que en Audiencia Inicial con la prueba aportada se acreditó la participación del imputado en el hecho acusado de Portación Ilegal de Arma de Fuego de uso comercial, sin desarrollar en forma específica, el por qué la resolución cuestionada ha vulnerado los derechos constitucionales invocados. La garantista sostiene que el Ad-quem no ha sido capaz de exteriorizar de manera congruente las razones por las cuales revoca el auto de formal procesamiento, sin considerar los hechos traídos a su conocimiento en todo su contexto, así como la prueba evacuada con la cual se acreditó la comisión del delito –lo subrayado es nuestro-; valoraciones que son cuestiones de mera legalidad que corresponde resolver a los órganos jurisdiccionales de instancia, en lo que se refiere a valoración de prueba aportada en una audiencia inicial a efecto de decretar o no un Auto de Formal Procesamiento, como lo ha plasmado esta Sala de lo Constitucional en diferentes sentencias, ello porque el proceso penal se rige por varios principios, entre otros a saber: inmediación, concentración, contradicción etc.; es así que nuestra norma constitucional preceptúa en su artículo 92 que solo podrá decretarse Auto de Formal Procesamiento cuando exista evidencia probatoria de la existencia de un delito e indicios racionales de que el imputado es autor o cómplice. Cuestión ésta que compete ser resuelta por los órganos jurisdiccionales de instancia como lo ha referido esta Sala de lo Constitucional en diferentes sentencias.-CONSIDERANDO (6): Que la Sala de lo Constitucional no tiene dentro de la esfera de sus atribuciones, potestad de pronunciarse sobre la forma en como un Juez o tribunal debe valorar los medios de prueba evacuados en una audiencia, a efecto de decretar un Auto de Formal Procesamiento, un Sobreseimiento Provisional o un Definitivo, ya que dicha función jurisdiccional es exclusiva de los Jueces de Instancia. Compete a la Sala, como se ha manifestado en otras sentencias, pronunciarse sobre cuestiones de mera constitucionalidad, lo que no sucede en el caso que nos ocupa.-CONSIDERANDO (7): Que al haberse detectado dentro del procedimiento una causal de improcedencia del recurso de amparo, el mismo debe ser sobreseído, con fundamento en lo establecido en el numeral 1 del artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional que señala: “…Es inadmisible el recurso de amparo: 1). Cuando se aleguen violaciones de mera legalidad;…”.-CONSIDERANDO (8): Que en virtud de ser patente la causal de improcedencia de la presente Acción de amparo, corresponde se sobresean las diligencias que conforman el mismo.-POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los Artículos: 80, 82, 90, 303, 304, 313 No.5, 316 y 319 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 74, 78 atribución 5ª, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 2, 4, 8, 139, 198, 199 y 202 del Código Procesal Penal; 1, 2 y 46 numeral 1 y último párrafo de la Ley sobre Justicia Constitucional; 6 atribución 5ª, del Reglamento Interno de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: SOBRESEYENDO LAS PRESENTES DILIGENCIAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia para los efectos legales correspondientes. Redactó la Magistrada REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los dieciséis (16) días del mes de octubre del año dos mil diecisiete (2017), Certificación de la Sentencia de fecha nueve (9) de Agosto del año dos mil diecisiete (2017) recaída en el Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 0869-2016.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
“CERTIFICACIÓN: El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve días del mes agosto del año dos mil diecisiete.-VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada KARLA PATRICIA GARCÍA ARITA, en su condición de Agente Fiscal del Ministerio Público, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, departamento de Atlántida, en fecha dieciocho (18) de agosto del año dos mil dieciséis (2016), que declaró Ha Lugar el recurso de apelación interpuesto por la defensa, contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de la Ceiba, departamento de Atlántida, en Audiencia Inicial celebrada en fecha veinticinco (25) de enero del año dos mil dieciséis (2016), en la causa instruida contra el señor HECTOR RAUL AMAYA SOLIS, por suponerlo responsable del delito de TENECIA ILEGAL DE ARMA DE FUEGO COMERCIAL, en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS.- Estima la recurrente que con el acto reclamado en amparo se han vulnerado a su representado los derechos constitucionales del debido proceso, la tutela judicial efectiva y el principio de legalidad, contenidos en los artículos 90 y 321 de la Constitución de la República.-ANTECEDENTES: 1) Que en fecha veintisiete (27) de diciembre del año dos mil quince (2015), compareció ante Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, el Abogado BLAS ARTURO DOMINGUEZ, actuando en su condición de Agente de Tribunales del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal, contra el señor HECTOR RAUL AMAYA SOLIS, por suponerlo responsable a titulo de autor del delito de TENENCIA ILEGAL DE ARMA DE FUEGO COMERCIAL, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS. (Folios del 1 al 3 de la pieza de antecedentes de primera instancia).-2) Que el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de la Ceiba, departamento de Atlántida, en audiencia Inicial celebrada en fecha veinticinco (25) de enero del año dos mil dieciséis (2016) resolvió: (Sic) “DECRETA AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO en contra del señor HECTOR RAUL AMAYA SOLIS por suponerlo responsable del delito de TENENCIA ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO COMERCIAL en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS…”. (Folios del 107 al 112 de la pieza de antecedentes de primera instancia).-3) Que en fecha dieciocho (18) de agosto del año dos mil dieciséis (2016), conociendo del recurso de apelación interpuesto por la Defensa, contra la resolución supra relacionada dictada en Audiencia Inicial, la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, departamento de Atlántida, dictó resolución mediante la cual falla: (Sic) “PRIMERO: Declarar HA LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por la Abogada JUSTA LASTENIA DIAZ VALLADARES en su condición de Defensora privada del encausado y parte Apelante, contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras de esta Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, en fecha veinticinco de enero de dos mil dieciséis mediante la cual dicto Auto de Formal Procesamiento contra el señor HECTOR RAUL AMAYA SOLIS, por suponerlo responsable del delito de TENENCIA ILEGAL DE ARMA DE FUEGO COMERCIAL, en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS. SEGUNDO: REVOCAR la resolución de fecha veinticinco de enero de dos mil dieciséis. TERCERO: ORDENAR a la Jueza A-quo que en Audiencia Ad-Hoc a la que convoque a las partes, provea el correspondiente SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO, a favor del señor HECTOR RAUL AMAYA SOLIS, por suponerlo responsable del delito de TENENCIA ILEGAL DE ARMA DE FUEGO COMERCIAL, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS…” (Folios del 7 al 11fv de la Pieza de Alzada).-4) Que la recurrente Abogada KARLA PATRICIA GARCÍA ARITA, compareció ante este Alto Tribunal, en fecha nueve (9) de septiembre del año dos mil dieciséis (2016), reclamando amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS; afirmando la recurrente que la resolución del Ad-quem, de fecha dieciocho (18) de agosto del año dos mil dieciséis (2016), vulnera los derechos constitucionales al debido proceso, tutela judicial efectiva y principio de legalidad contenidos en los artículos 90 y 321 de la Constitución de la República.-5) Que en fecha veintiuno (21) de noviembre del año dos mil dieciséis (2016), este Alto Tribunal tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de amparo de mérito y a la vez omitió la vista de los antecedentes al Fiscal del Despacho, de conformidad a lo establecido en el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público.-CONSIDERANDO (1): Que de la revisión de los antecedentes que conforman la acción constitucional impetrada, la Sala de lo Constitucional constata que en la Acción de Amparo interpuesta se están alegando violaciones de mera legalidad, al tenor de lo establecido en el artículo 46 numeral 1 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. El precepto apuntado señala que: “DE LA INADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN. Es inadmisible el recurso de amparo: 1). Cuando se aleguen violaciones de mera legalidad;…”. Aseveración a la que se concluye, pues del examen de la acción de amparo promovida, la recurrente señala la norma penal que considera aplicable al caso sub judice, específicamente el artículo 332-B del Código Penal; a continuación indica que los argumentos esgrimidos por la Corte de Apelaciones, inobserva el principio de legalidad y con ello la tutela judicial efectiva, al establecer en uno de los considerandos específicamente en el segundo, que con la prueba aportada, el arma encontrada en el vehículo que conducía el imputado es propiedad de la señora Digna Isabel Hernández Caballero quien es la esposa del imputado, extremo éste que no fue desvirtuado por el Ministerio Público, razones estas que a criterio de la Corte considera no es motivo suficiente para dictar auto de formal procesamiento.-CONSIDERANDO (2): Que sostiene la impetrante, al comparar los hechos, la motivación y la norma que se ha de aplicar al caso concreto, los verbos rectores del tipo penal supra señalado, en ningún momento exige que el autor sea el dueño, por lo que en apego al Principio de Legalidad y Debido Proceso y de acuerdo a lo que manda nuestra norma procesal en el artículo 297 numeral 2) manda que para decretar el Auto de Formal procesamiento considerara como plena prueba de haberse cometido el delito, la concurrencia de todos los elementos de su tipificación legal y tomara como indicio racional todo hecho, acto o circunstancia que sirva para adquirir la convicción que el imputado ha participado en la comisión del hecho delictivo, extremos estos que se ven cumplidos a cabalidad en el presente caso.-CONSIDERANDO (3): Que concluye diciendo la recurrente en Amparo que la resolución del Ad-quem vulnera el derecho al debido proceso contenido en el artículo 90 de la Constitución de la República, el cual requiere que el juzgador emita resoluciones razonables, congruentes, justas, que resuelvan las pretensiones controvertidas y que se encuentre jurídicamente fundada, cuando este derecho es infringido por parte del juzgador, esto se traduce en la violación al derecho de la tutela judicial efectiva, tal como sucede en el presente caso, cuando el Ad-quem no ha sido capaz de exteriorizar de manera congruente las razones por las cuales revoca el auto de formal procesamiento, sin considerar los hechos traídos a su conocimiento en todo su contexto, así como la prueba evacuada con la cual se acreditó la comisión del delito, de la cual se desprende sin lugar a dudas que el acusado era quien conducía el vehículo donde fue encontrada el arma decomisada, sin portar permiso para ello. -CONSIDERANDO (4): Que la Sala de lo Constitucional se ha pronunciado ya con respecto a que, la posibilidad de impugnar es un derecho prestacional que el Estado otorga en aras de garantizar los derechos y garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen, con el propósito que un superior enmiende los errores del inferior. Pero se ha aclarado que ese derecho al recurso no es absoluto, sino que esta condicionado a varias reglas de obligatorio cumplimiento, una de ellas es la observancia de lo dispuesto en el artículo 46 numeral 1 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- CONSIDERANDO (5): Que del examen de los autos que conforman los antecedentes, esta Sala observa que la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, dictó la resolución que se impugna, respetando los requisitos esenciales de las mismas, pues en su contenido, se observa se han respetado las exigencias señaladas en el artículo 139 del Código Procesal Penal, pues del examen de la resolución impugnada, esta Sala observa que las misma se encuentra debidamente motivada; exteriorizando de manera congruente las razones por las cuales considera procedente revocar la resolución de fecha veinticinco de enero del año dos mil dieciséis, dictada por el A-quo en Audiencia Inicial. Asimismo se aprecia que la recurrente se limitó a realizar valoraciones en cuanto a que en Audiencia Inicial con la prueba aportada se acreditó la participación del imputado en el hecho acusado de Portación Ilegal de Arma de Fuego de uso comercial, sin desarrollar en forma específica, el por qué la resolución cuestionada ha vulnerado los derechos constitucionales invocados. La garantista sostiene que el Ad-quem no ha sido capaz de exteriorizar de manera congruente las razones por las cuales revoca el auto de formal procesamiento, sin considerar los hechos traídos a su conocimiento en todo su contexto, así como la prueba evacuada con la cual se acreditó la comisión del delito –lo subrayado es nuestro-; valoraciones que son cuestiones de mera legalidad que corresponde resolver a los órganos jurisdiccionales de instancia, en lo que se refiere a valoración de prueba aportada en una audiencia inicial a efecto de decretar o no un Auto de Formal Procesamiento, como lo ha plasmado esta Sala de lo Constitucional en diferentes sentencias, ello porque el proceso penal se rige por varios principios, entre otros a saber: inmediación, concentración, contradicción etc.; es así que nuestra norma constitucional preceptúa en su artículo 92 que solo podrá decretarse Auto de Formal Procesamiento cuando exista evidencia probatoria de la existencia de un delito e indicios racionales de que el imputado es autor o cómplice. Cuestión ésta que compete ser resuelta por los órganos jurisdiccionales de instancia como lo ha referido esta Sala de lo Constitucional en diferentes sentencias.-CONSIDERANDO (6): Que la Sala de lo Constitucional no tiene dentro de la esfera de sus atribuciones, potestad de pronunciarse sobre la forma en como un Juez o tribunal debe valorar los medios de prueba evacuados en una audiencia, a efecto de decretar un Auto de Formal Procesamiento, un Sobreseimiento Provisional o un Definitivo, ya que dicha función jurisdiccional es exclusiva de los Jueces de Instancia. Compete a la Sala, como se ha manifestado en otras sentencias, pronunciarse sobre cuestiones de mera constitucionalidad, lo que no sucede en el caso que nos ocupa.-CONSIDERANDO (7): Que al haberse detectado dentro del procedimiento una causal de improcedencia del recurso de amparo, el mismo debe ser sobreseído, con fundamento en lo establecido en el numeral 1 del artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional que señala: “…Es inadmisible el recurso de amparo: 1). Cuando se aleguen violaciones de mera legalidad;…”.-CONSIDERANDO (8): Que en virtud de ser patente la causal de improcedencia de la presente Acción de amparo, corresponde se sobresean las diligencias que conforman el mismo.-POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los Artículos: 80, 82, 90, 303, 304, 313 No.5, 316 y 319 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 74, 78 atribución 5ª, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 2, 4, 8, 139, 198, 199 y 202 del Código Procesal Penal; 1, 2 y 46 numeral 1 y último párrafo de la Ley sobre Justicia Constitucional; 6 atribución 5ª, del Reglamento Interno de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: SOBRESEYENDO LAS PRESENTES DILIGENCIAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia para los efectos legales correspondientes. Redactó la Magistrada REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.-Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los dieciséis (16) días del mes de octubre del año dos mil diecisiete (2017), Certificación de la Sentencia de fecha nueve (9) de Agosto del año dos mil diecisiete (2017) recaída en el Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 0869-2016.- Firma y Sello
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL