Sentencia AP-858-16 — Registro 6611
Resumen
Resolución confirmó auto de formal procesamiento dictado por Juzgado de primera instancia de la Sección Judicial de Gracias, Lempira, contra imputado a quien se le supone responsable del delito de Portación Ilegal de arma de fuego en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras; La Corte de Apelaciones estimó que con la mínima actividad probatoria se aportó el indicio necesario para estimar como cierto el hecho por el que se le acusa al imputado, no determinando como lo indica la reclamante que el arma de fabricación casera decomisada al procesado, se enmarque en el artículo 332-A del Código Penal
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"ésta Sala ha dejado establecido que conforme a la jurisprudencia de la Sala Penal, la cual es consolidada, pacífica y consistente en el sentido que las armas artesanales son consideradas prohibidas, si bien la tipificación penal de los artículos 332-A y 332-B tampoco es taxativa respecto a cual de los dos tipos (2) asociados configura perfectamente el ilícito, emergiendo como un criterio diferenciador de orden objetivo y racional, el tipo de munición que empleé, en su caso, el arma artesanal objeto del delito. Por lo que, de la lectura de las referidas sentencias se desprende que, el uso de munición de calibre comercial, en una arma artesanal en condiciones funcionales, comporta un menor potencial de lesionar bienes jurídicos como la vida e integridad corporal a las armas automáticas de guerra o de combate, como lo es el fusil de asalto Marca Kalashnikov año 1947 (mas conocido como AK-47) y otras armas prohibidas en el ordenamiento.”..."..."al contener el auto reclamado la motivación y fundamentación en derecho, estableciendo la Alzada que es en base al análisis de los elementos de prueba aportados en audiencia correspondiente que logró establecer los indicios para estimar como ciertos los hechos por el que se le inició proceso al ya referido imputado, incorporando en su motivación el razonamiento jurídico que lo llevó a la determinación de confirmar el auto impugnado, misma que éste Alto Tribunal encuentra que no es arbitraria y mucho menos fundada en un error patente que incida directamente en la decisión del asunto, razón por la que no se configura la vulneración al debido proceso, puesto como ya se indicó, el Juzgador ha plasmado en su decisión la motivación necesaria que nos indica la trasgresión de la norma por parte del imputado y el tipo penal en que ha tenido participación..."..."del análisis de las alegaciones en que basa la recurrente su acción de amparo, puede apreciarse que las mismas son propias de instancia procesal ordinaria a la que ya ha sido sometido el asunto, apreciando que la Alzada ha expuesto con claridad los hechos y los fundamentos de Derecho en que basa su razonamiento, para lo cual estima esta Sala, fue resuelto respetando los procedimientos, principios y garantías que rigen el proceso...."..."esta Sala no advierte que con la resolución impugnada se violente, lesione o se atente contra la garantía del debido proceso o contra los demás derechos y garantías que reconoce la Constitución de la República..."..."las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales;a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio..."..."el Juez o Tribunal rechazará la demanda de amparo que fuere improcedente y sobreseerá las diligencias tan pronto como conste la causal de su improcedencia, como acontece en el caso de autos..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 183 (Rango Constitucional)
- Código Procesal Penal, art. 440, H (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 46, 1 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
.."Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales;a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio.-CONSIDERANDO: Que el Juez o Tribunal rechazará la demanda de amparo que fuere improcedente y sobreseerá las diligencias tan pronto como conste la causal de su improcedencia, como acontece en el caso de autos
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Resolución que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, once de enero del año dos mil diecisiete.-VISTO el recurso de amparo interpuesto por la Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE SANTA ROSA DE COPÁN, DEPARTAMENTO DE COPÁN, en fecha trece de junio del año dos mil dieciséis, que confirma el auto de formal procesamiento dictado por el JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE GRACIAS, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA, en fecha veintiocho de abril del año dos mil dieciséis; en relación a la causa instruida contra el señor JOSÉ ALEXIS ZOLA AGUILAR, por suponerlo responsable del delito de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMA DE FUEGO PROHIBIDA, en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS.-CONSIDERANDO: Que del examen de la demanda de amparo se desprende que la recurrente señala que la autoridad recurrida para emitir su resolución realizó una interpretación errónea al aplicar una norma penal inadecuada al caso, pues indica que el arma de fabricación casera decomisada al acusado, constituye arma prohibida conforme al artículo 8 de la Ley de Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Similares, pero a criterio de la reclamante le corresponde la aplicación del artículo 332-A del Código Penal concerniente a las armas de guerra prohibidas.-CONSIDERANDO: Que del estudio del escrito de formalización se aprecia que la recurrente invoca como vulnerados los derechos contenidos en los artículos 90 y 321 de la Constitución de la República, entre otros.-CONSIDERANDO: Que de la resolución reclamada se desprende que el parecer de la Alzada es que mediante la mínima actividad probatoria se aportó el indicio necesario para estimar como cierta la realización del hecho por el que se acusa al imputado, su relevancia jurídica penal y la participación del encausado en los hechos, razón por lo que procedió a confirmar el auto de formal procesamiento, no determinando como lo indica la reclamante que el arma de fabricación casera decomisada al procesado, se enmarque en el artículo 332-A del Código Penal.-CONSIDERANDO: Que ésta Sala ha dejado establecido que conforme a la jurisprudencia de la Sala Penal, la cual es consolidada, pacífica y consistente en el sentido que las armas artesanales son consideradas prohibidas, si bien la tipificación penal de los artículos 332-A y 332-B tampoco es taxativa respecto a cual de los dos tipos (2) asociados configura perfectamente el ilícito, emergiendo como un criterio diferenciador de orden objetivo y racional, el tipo de munición que empleé, en su caso, el arma artesanal objeto del delito. Por lo que, de la lectura de las referidas sentencias se desprende que, el uso de munición de calibre comercial, en una arma artesanal en condiciones funcionales, comporta un menor potencial de lesionar bienes jurídicos como la vida e integridad corporal a las armas automáticas de guerra o de combate, como lo es el fusil de asalto Marca Kalashnikov año 1947 (mas conocido como AK-47) y otras armas prohibidas en el ordenamiento.”-CONSIDERANDO: Que al contener el auto reclamado la motivación y fundamentación en derecho, estableciendo la Alzada que es en base al análisis de los elementos de prueba aportados en audiencia correspondiente que logró establecer los indicios para estimar como ciertos los hechos por el que se le inició proceso al ya referido imputado, incorporando en su motivación el razonamiento jurídico que lo llevó a la determinación de confirmar el auto impugnado, misma que éste Alto Tribunal encuentra que no es arbitraria y mucho menos fundada en un error patente que incida directamente en la decisión del asunto, razón por la que no se configura la vulneración al debido proceso, puesto como ya se indicó, el Juzgador ha plasmado en su decisión la motivación necesaria que nos indica la trasgresión de la norma por parte del imputado y el tipo penal en que ha tenido participación.-CONSIDERANDO: Que del análisis de las alegaciones en que basa la recurrente su acción de amparo, puede apreciarse que las mismas son propias de instancia procesal ordinaria a la que ya ha sido sometido el asunto, apreciando que la Alzada ha expuesto con claridad los hechos y los fundamentos de Derecho en que basa su razonamiento, para lo cual estima esta Sala, fue resuelto respetando los procedimientos, principios y garantías que rigen el proceso.- CONSIDERANDO: Que esta Sala no advierte que con la resolución impugnada se violente, lesione o se atente contra la garantía del debido proceso o contra los demás derechos y garantías que reconoce la Constitución de la República.-CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales;a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio.-CONSIDERANDO: Que el Juez o Tribunal rechazará la demanda de amparo que fuere improcedente y sobreseerá las diligencias tan pronto como conste la causal de su improcedencia, como acontece en el caso de autos.-POR TANTO: LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, por UNANIMIDAD DE VOTOS, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los Artículos 92, 183, 303, 304, 313 atribución 5ª., y 316 de la Constitución de la República; 440-H último párrafo del Código Procesal Penal; 5, 7, 46 numeral 1) y 119 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: SOBRESEER el Recurso de Amparo de que se ha hecho mérito, interpuesto por la Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE SANTA ROSA DE COPÁN, DEPARTAMENTO DE COPÁN, en fecha trece de junio del año dos mil dieciséis; al apreciar esta Sala que la autoridad recurrida se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como se ha relacionado ya. Y MANDA: Que una vez firme la presente resolución, se proceda a devolver los autos al Tribunal de su procedencia, con certificación de lo resuelto, para los efectos legales que en derecho correspondan. NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogada LIDIA ALVAREZ SAGASTUME .- MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.-Firma y Sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los tres (3) días del mes de mayo del año dos mil diecisiete (2017), Certificación de la resolución de fecha once (11) de enero del año dos mil diecisiete (2017) recaída en el Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 0858-2016”.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
“CERTIFICACIÓN : El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Resolución que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, once de enero del año dos mil diecisiete.-VISTO el recurso de amparo interpuesto por la Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE SANTA ROSA DE COPÁN, DEPARTAMENTO DE COPÁN, en fecha trece de junio del año dos mil dieciséis, que confirma el auto de formal procesamiento dictado por el JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE GRACIAS, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA, en fecha veintiocho de abril del año dos mil dieciséis; en relación a la causa instruida contra el señor JOSÉ ALEXIS ZOLA AGUILAR, por suponerlo responsable del delito de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMA DE FUEGO PROHIBIDA, en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS.-CONSIDERANDO: Que del examen de la demanda de amparo se desprende que la recurrente señala que la autoridad recurrida para emitir su resolución realizó una interpretación errónea al aplicar una norma penal inadecuada al caso, pues indica que el arma de fabricación casera decomisada al acusado, constituye arma prohibida conforme al artículo 8 de la Ley de Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Similares, pero a criterio de la reclamante le corresponde la aplicación del artículo 332-A del Código Penal concerniente a las armas de guerra prohibidas.-CONSIDERANDO: Que del estudio del escrito de formalización se aprecia que la recurrente invoca como vulnerados los derechos contenidos en los artículos 90 y 321 de la Constitución de la República, entre otros.-CONSIDERANDO: Que de la resolución reclamada se desprende que el parecer de la Alzada es que mediante la mínima actividad probatoria se aportó el indicio necesario para estimar como cierta la realización del hecho por el que se acusa al imputado, su relevancia jurídica penal y la participación del encausado en los hechos, razón por lo que procedió a confirmar el auto de formal procesamiento, no determinando como lo indica la reclamante que el arma de fabricación casera decomisada al procesado, se enmarque en el artículo 332-A del Código Penal.-CONSIDERANDO: Que ésta Sala ha dejado establecido que conforme a la jurisprudencia de la Sala Penal, la cual es consolidada, pacífica y consistente en el sentido que las armas artesanales son consideradas prohibidas, si bien la tipificación penal de los artículos 332-A y 332-B tampoco es taxativa respecto a cual de los dos tipos (2) asociados configura perfectamente el ilícito, emergiendo como un criterio diferenciador de orden objetivo y racional, el tipo de munición que empleé, en su caso, el arma artesanal objeto del delito. Por lo que, de la lectura de las referidas sentencias se desprende que, el uso de munición de calibre comercial, en una arma artesanal en condiciones funcionales, comporta un menor potencial de lesionar bienes jurídicos como la vida e integridad corporal a las armas automáticas de guerra o de combate, como lo es el fusil de asalto Marca Kalashnikov año 1947 (mas conocido como AK-47) y otras armas prohibidas en el ordenamiento.”-CONSIDERANDO: Que al contener el auto reclamado la motivación y fundamentación en derecho, estableciendo la Alzada que es en base al análisis de los elementos de prueba aportados en audiencia correspondiente que logró establecer los indicios para estimar como ciertos los hechos por el que se le inició proceso al ya referido imputado, incorporando en su motivación el razonamiento jurídico que lo llevó a la determinación de confirmar el auto impugnado, misma que éste Alto Tribunal encuentra que no es arbitraria y mucho menos fundada en un error patente que incida directamente en la decisión del asunto, razón por la que no se configura la vulneración al debido proceso, puesto como ya se indicó, el Juzgador ha plasmado en su decisión la motivación necesaria que nos indica la trasgresión de la norma por parte del imputado y el tipo penal en que ha tenido participación.-CONSIDERANDO: Que del análisis de las alegaciones en que basa la recurrente su acción de amparo, puede apreciarse que las mismas son propias de instancia procesal ordinaria a la que ya ha sido sometido el asunto, apreciando que la Alzada ha expuesto con claridad los hechos y los fundamentos de Derecho en que basa su razonamiento, para lo cual estima esta Sala, fue resuelto respetando los procedimientos, principios y garantías que rigen el proceso.- CONSIDERANDO: Que esta Sala no advierte que con la resolución impugnada se violente, lesione o se atente contra la garantía del debido proceso o contra los demás derechos y garantías que reconoce la Constitución de la República.-CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales;a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio.-CONSIDERANDO: Que el Juez o Tribunal rechazará la demanda de amparo que fuere improcedente y sobreseerá las diligencias tan pronto como conste la causal de su improcedencia, como acontece en el caso de autos.-POR TANTO: LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, por UNANIMIDAD DE VOTOS, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los Artículos 92, 183, 303, 304, 313 atribución 5ª., y 316 de la Constitución de la República; 440-H último párrafo del Código Procesal Penal; 5, 7, 46 numeral 1) y 119 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: SOBRESEER el Recurso de Amparo de que se ha hecho mérito, interpuesto por la Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE SANTA ROSA DE COPÁN, DEPARTAMENTO DE COPÁN, en fecha trece de junio del año dos mil dieciséis; al apreciar esta Sala que la autoridad recurrida se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como se ha relacionado ya. Y MANDA: Que una vez firme la presente resolución, se proceda a devolver los autos al Tribunal de su procedencia, con certificación de lo resuelto, para los efectos legales que en derecho correspondan. NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogada LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.-Firma y Sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.” Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los tres (3) días del mes de mayo del año dos mil diecisiete (2017), Certificación de la resolución de fecha once (11) de enero del año dos mil diecisiete (2017) recaída en el Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 0858-2016.- Firma y Sello.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL