Sentencia AP-854-16 — Registro 6821
Resumen
Sentencia denegó acción de amparo contra resolución dictada por el juzgado de letras de primera instancia que declaró sin lugar por extemporáneo la solicitud de convalidación de allanamiento practicado en la residencia de la imputada por suponerla responsable del delito de tráfico ilícito de drogas en perjuicio de la salud de la población del Estado de Honduras
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."no observando esta Sala de lo Constitucional vulneración de los derechos fundamentales invocados por el recurrente, toda vez que al recurrente se le ha brindado la oportunidad de participar en forma activa en el proceso, accediendo a los recursos que la ley pone a disposición de los interesados en un proceso, al no estar éstos conforme con las resoluciones dictadas por lo órganos jurisdiccionales; el que la resoluciones dictadas no sean conforme a las pretensiones de las partes en el proceso, no supone la vulneración de derechos fundamentales constitucionalmente reconocidos..."..."por ello y en razón de lo antes expuesto es procedente CONFIRMAR la sentencia venida en trámite de Consulta obligatoria ante este Alto Tribunal..."
Legislación citada
- Constitución de la República de Honduras, art. 90 (Decreto)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cuatro dias del mes de abril del año dos mil diecisite.-VISTA: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, en fecha veinticuatro (24) de agosto del año dos mil dieciséis (2016), que denegó la acción de amparo interpuesta por el Abogado ALEX EDUARDO HERNANDEZ VENTURA, en su condición de Agente de Tribunales del Ministerio Público, a favor de LOS INTERESES DE LA SOCIEDAD DEL ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Departamental de Puerto Lempira, Departamento de Gracias a Dios, en fecha trece (13) de mayo del año dos mil dieciséis (2016), en la causa instruida contra la señora MARITZA COLOMER PINEDA, por suponerla responsable del delito de TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS, en perjuicio de LA SALUD DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE HONDURAS. Estima el recurrente que el acto impugnado, contraviene, disminuye y tergiversa los derechos a la salud, la seguridad de la población del Estado de Honduras, el principio del debido proceso, el derecho a la defensa y la lealtad para con la justicia, reconocidos en los artículos 82, 90 y 321 de la Constitución de la República, relacionados con los artículos 12 y 212 del Código Procesal Penal.- ANTECEDENTES: 1) Que en fecha doce (12) de mayo del año dos mil dieciséis (2016), compareció ante el Juzgado de Letras Departamental de Puerto Lempira, Departamento de Gracias a Dios, el Abogado FERNANDO ANTONIO CANALES RAUDALES, en su condición de Agente de Tribunales del MINISTERIO PÚBLICO, presentando Requerimiento Fiscal contra la señora MARITZA COLOMER PINEDA, por suponerla responsable del delito de TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS, en perjuicio de LA SALUD DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE HONDURAS. (Folios del 1 al 4 de la pieza de antecedentes de primera instancia).- 2) Que consta en autos que en fecha once de mayo del año dos mil dieciséis, el Abogado FERNANDO CANALES, actuando en su condición antes indicada, presentó escrito, ante el Juzgado de Letras Departamental de Puerto Lempira, Departamento de Gracias a Dios, poniendo en conocimiento la práctica de allanamiento de morada, solicitando la convalidación del mismo, vivienda en la que reside la señora MARITZA COLOMER PINEDA, resolviendo en la misma fecha el referido Juzgado lo siguiente: (Sic) “…, y en cuanto a lo solicitado Declárese el mismo Sin Lugar por extemporáneo, habiendo transcurrido más de 24 horas desde la hora en que se practicara dicho allanamiento hasta su presentación ante esta sede judicial,…”. (Folios 51 y 53 frente y vuelto de la pieza de antecedentes de primera instancia).-3) Que conociendo del recurso de reposición interpuesto por el Ministerio Público, contra la resolución relacionada en el acápite anterior, en fecha trece (13) de mayo del año dos mil dieciséis, (2016) el Juzgado de Letras Departamental de Puerto Lempira, Departamento de Gracias a Dios, resolvió declarar Sin Lugar el Recurso de Reposición interpuesto por el Agente de Tribunales del Ministerio Público Abogado FERNADO ANTONIO CANALES RAUDALES, y ordenando se esté a lo resuelto en el auto de fecha once (11) de mayo del año dos mil dieciséis (2016). (Folio 62 de la pieza de antecedentes de primera instancia).-4) Que en fecha veinte (20) de julio del año dos mil dieciséis (2016), el Abogado ALEX EDUARDO HERNANDEZ VENTURA, compareció ante la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, departamento de Atlántida, interponiendo Acción Constitucional de amparo a favor de LOS INTERESES DE LA SOCIEDAD DEL ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución de fecha trece (13) de mayo del año dos mil dieciséis (2016), dictada por el Juzgado de Letras Departamental de Puerto Lempira, departamento de Gracias a Dios; por considerar que la misma contraviene, disminuye y tergiversa los derechos a la salud, la seguridad de la población del Estado de Honduras, el principio del debido proceso, el derecho a la defensa y la lealtad para con la justicia, reconocidos en los artículos 82, 90 y 321 de la Constitución de la República, relacionados con los artículos 12 y 212 del Código Procesal Penal.-5) Que a folio número cinco de la pieza de antecedentes de Amparo, se observa Constancia de fecha veinte de julio del año dos mil dieciséis, emitida por la Secretaria de la Corte Primera de Apelaciones de la Ceiba, haciendo constar que por un error involuntario se recibió el Recurso de Amparo antes relacionado, ordenando el envío de las diligencias a la Corte Segunda de Apelaciones, por ser de su jurisdicción.-6) Que luego de seguido el trámite que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, en fecha veinticuatro (24) de Agosto del año dos mil dieciséis (2016), la Corte Segunda de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba departamento de Atlántida, dictó sentencia mediante la cual falla: (Sic) “Denegar la Acción de Amparo interpuesta por el Ministerio Publico a favor de los Intereses de la Sociedad, contra la Resolución de fecha Trece de Mayo del Dos Mil Dieciséis dictada por el Juez de Letras Departamental de Puerto Lempira, Gracias a Dios, Abogado Pedro Mejia Oyuela, en el proceso penal que se sigue contra la señora Maritza Colomer Pineda.- …” (Folios del 24 al 28 de la pieza de antecedentes de amparo).-7) Que en fecha dos (02) de septiembre del año dos mil dieciséis (2016), este Alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, dando así estricto cumplimiento a lo previsto por el segundo párrafo del artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.-CONSIDERANDO 1: Que se conoce la acción de amparo penal venido trámite de consulta, conocido por la Corte Segunda de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida, interpuesto por el Abogado ALEX EDUARDO HERNANDEZ VENTURA, contra la resolución de fecha trece de mayo del año dos mil dieciséis, dictada por el Juzgado de Letras Departamental de Puerto Lempira, departamento de Gracias a Dios, que declara Sin Lugar el Recurso de Reposición interpuesto por el Ministerio Público, contra el auto de fecha once de mayo del año dos mil dieciséis, que declara sin lugar por extemporáneo, la solicitud de convalidación de allanamiento practicado en la vivienda donde reside la señora MARITZA COLOMER PINEDA; en relación al proceso penal incoado en contra de la señora MARITZA COLOMER PINEDA, por suponerla responsable del delito de TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS, en perjuicio de LA SALUD DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE HONDURAS.-CONSIDERANDO 2: Que el recurrente ha expuesto en la acción de amparo presentada, que el acto contra el cual se reclama de fecha trece de mayo del año dos mil dieciséis, contraviene, disminuye y tergiversa los derechos a la salud, la seguridad de la población del Estado de Honduras, el principio del debido proceso, el derecho a la defensa y la lealtad para con la justicia, reconocidos en los artículos 82, 90 y 321 de la Constitución de la República, relacionados con los artículos 12 y 212 del Código Procesal Penal. Arguye el recurrente que en fecha nueve de mayo del año dos mil dieciséis, miembros de las Fuerzas Armadas de Honduras se encontraban en la comunidad de Clupky, municipio de Juan Francisco Bulnes, acudiendo inicialmente para ejecutar una orden de captura en contra de un ciudadano de dicha localidad, recibiendo en esos momentos información que en la casa de habitación de la señora Maritza Colomer Pineda, se encontraban varios paquetes de supuesta droga (marihuana), por lo cual pusieron esto en conocimiento del señor Comandante de la Fuerza de tarea “Policarpo Paz García” de dicha información, procediendo de inmediato a asegurar el área, observando en horas de la madrugada aproximadamente a las 2:30 horas del día 10 de mayo que de dicha vivienda había salido una persona del sexo femenino, en compañía de dos menores, posteriormente saliera también un joven montado a caballo, no dando detención a ninguna de estas personas, ya que solo se encontraban asegurando el lugar y posteriormente a las 6:00 horas de la mañana se ingresó, ya que la premura de la información, las condiciones del lugar y la distancia, hacían imposible que se pudiera realizar el trámite correspondiente para la solicitud de allanamiento de morada, mediante orden judicial.-CONSIDERANDO 3: Que el impetrante aduce que la resolución que impugna, es atentatoria al debido proceso y al derecho de defensa establecidos en la Constitución de la República, la lealtad para con la justicia entre otros principios que rigen el proceso penal en Honduras, ya que el artículo 99 constitucional establece que exceptuándose los casos de urgencia o necesidad se podrá una restricción al derecho a la inviolabilidad del domicilio, como lo es el caso concreto, ya que se realizó allanamiento de morada en la vivienda de la señora Maritza Colomer Pineda, ello en virtud de la gravedad del delito investigado y que la medida adoptada era idónea y proporcional para lograr la finalidad que se buscaba, que no era mas que otra que lo establecido en el artículo 212 del Código Procesal penal, lograr la no ocultación, destrucción o perdida de los elementos para la tipificación del ilícito investigado.-CONSIDERANDO 4: Que además sostiene el recurrente en amparo, la resolución que se impugna es atentatoria al derecho de defensa que tiene la víctima, la lealtad para con la justicia, el debido proceso; ya que al no convalidar el allanamiento realizado y con ello posteriormente decretar en audiencia inicial que las pruebas obtenidas fueren ilícitas, resolviendo decretar un sobreseimiento provisional a favor de la ofendida, no se puede soslayar el derecho de la víctima a la justicia, por un mero procedimiento judicial, ya que la normativa procesal en el caso concreto faculta para la realización de dicho allanamiento, ya que con tal fin se logró el objetivo perseguido, el cual fue y es la no destrucción u ocultamiento de los objetos del ilícito.-CONSIDERANDO 5: Que el acto que se conoce en consulta es la sentencia proferida por la Corte Segunda de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida, mediante la cual resuelve Denegar la Acción de Amparo interpuesta por el MINISTERIO PÚBLICO a favor de LOS INTERESES DE LA SOCIEDAD, contra la Resolución de fecha trece de mayo del año dos mil dieciséis, dictada por el Juzgado de Letras Departamental de Puerto Lempira, Departamento de Gracias a Dios. Sostiene la Alzada en la sentencia que se consulta, que efectivamente el Ministerio Público materializando el derecho de defensa, no actúa en un carácter personal, sino Institucional, representando los intereses de la sociedad, de esa manera ha promovido una acusación pública, dentro de la cual ha planteado una petición, es decir desde el punto de vista formal, por escrito se ha hecho escuchar por la autoridad jurisdiccional y ésta le ha dado una lacónica respuesta a su planteamiento, y desde el punto de vista material al no estar de acuerdo con esa decisión impugna en tiempo lo resuelto por la instancia, al interponer el recurso de reposición y después acudir a la acción constitucional de amparo, en el ejercicio de ese derecho, el cual puede seguir ejercitando en dicho proceso que aun no ha concluido. En cuanto al derecho al debido proceso en el marco de un proceso penal, el Ministerio Público ha tenido las oportunidades procesales de ser oído, de hacer alegaciones en el proceso penal en si, es parte activa del mismo, un Juez imparcial desde un punto de vista formal le ha dado respuesta a su planteamiento en cumplimiento de lo que manda la normativa procesal tanto el artículo 212, como las demás disposiciones procesales que regulan la diligencia de allanamiento y registro de un domicilio, que están en consonancia con lo que dispone la Constitución de la República.-CONSIDERANDO 6: Que al tenor de lo que dispone el artículo 68 párrafo segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de su Sala Constitucional, el conocimiento del trámite de consulta obligatoria de las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones; cuando, como en el presente caso, responda a una garantía de amparo interpuesta por supuesta violación de los derechos fundamentales que fuera cometida por Jueces de Letras Departamentales o seccionales, Jueces de Sentencia, Jueces de Ejecución y Jueces de Paz, en los casos de jurisdicción preventiva, contemplada en el artículo 10 numeral 2 literal a) de la ley antes referida.-CONSIDERANDO 7: Que además de lo que ha expresado el ad quem, en su resolución sobre el recurso de amparo interpuesto por el Abogado ALEX EDUARDO HERNANDEZ VENTURA, la Acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la constitución establece; es decir, es un remedio procesal instituido para tutelar con preferencia y sumariedad, las libertades y derechos reconocidos por la Constitución de la República; no observando esta Sala de lo Constitucional vulneración de los derechos fundamentales invocados por el recurrente, toda vez que al recurrente se le ha brindado la oportunidad de participar en forma activa en el proceso, accediendo a los recursos que la ley pone a disposición de los interesados en un proceso, al no estar éstos conforme con las resoluciones dictadas por lo órganos jurisdiccionales; el que la resoluciones dictadas no sean conforme a las pretensiones de las partes en el proceso, no supone la vulneración de derechos fundamentales constitucionalmente reconocidos.-CONSIDERANDO 8: Que conforme lo preceptuado en el artículo 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, el órgano jurisdiccional competente que conozca de la consulta, fallará con sólo la vista de los autos, reformando, confirmando o revocando la sentencia consultada; por ello y en razón de lo antes expuesto es procedente CONFIRMAR la sentencia venida en trámite de Consulta obligatoria ante este Alto Tribunal.-POR TANTO: Que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos y con fundamento en los artículos 82, 90, 303, 304, 313 numeral 5, 316 numeral 1 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3 numeral 2, 4, 5, 7, 8, 10 numeral 2, literal a), 68 y 69 de la Ley sobre Justicia Constitucional. FALLA: CONFIRMANDO la sentencia venida en consulta, dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida en fecha veinticuatro de agosto del año dos mil dieciséis. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales correspondientes.- Redactó la Magistrada REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.-
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los veintidós (22) días del mes de mayo del año dos mil diecisiete (2017), Certificación de la Sentencia de fecha cuatro (4) de abril del año dos mil diecisiete (2017), recaída en el Amparo Penal Venido en Consulta, registrado en este Tribunal bajo el numero 0854-2016.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
“C E R T I F I C A C I Ó N.- El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cuatro dias del mes de abril del año dos mil diecisite.-VISTA: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, en fecha veinticuatro (24) de agosto del año dos mil dieciséis (2016), que denegó la acción de amparo interpuesta por el Abogado ALEX EDUARDO HERNANDEZ VENTURA, en su condición de Agente de Tribunales del Ministerio Público, a favor de LOS INTERESES DE LA SOCIEDAD DEL ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Departamental de Puerto Lempira, Departamento de Gracias a Dios, en fecha trece (13) de mayo del año dos mil dieciséis (2016), en la causa instruida contra la señora MARITZA COLOMER PINEDA, por suponerla responsable del delito de TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS, en perjuicio de LA SALUD DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE HONDURAS. Estima el recurrente que el acto impugnado, contraviene, disminuye y tergiversa los derechos a la salud, la seguridad de la población del Estado de Honduras, el principio del debido proceso, el derecho a la defensa y la lealtad para con la justicia, reconocidos en los artículos 82, 90 y 321 de la Constitución de la República, relacionados con los artículos 12 y 212 del Código Procesal Penal.- ANTECEDENTES: 1) Que en fecha doce (12) de mayo del año dos mil dieciséis (2016), compareció ante el Juzgado de Letras Departamental de Puerto Lempira, Departamento de Gracias a Dios, el Abogado FERNANDO ANTONIO CANALES RAUDALES, en su condición de Agente de Tribunales del MINISTERIO PÚBLICO, presentando Requerimiento Fiscal contra la señora MARITZA COLOMER PINEDA, por suponerla responsable del delito de TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS, en perjuicio de LA SALUD DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE HONDURAS. (Folios del 1 al 4 de la pieza de antecedentes de primera instancia).- 2) Que consta en autos que en fecha once de mayo del año dos mil dieciséis, el Abogado FERNANDO CANALES, actuando en su condición antes indicada, presentó escrito, ante el Juzgado de Letras Departamental de Puerto Lempira, Departamento de Gracias a Dios, poniendo en conocimiento la práctica de allanamiento de morada, solicitando la convalidación del mismo, vivienda en la que reside la señora MARITZA COLOMER PINEDA, resolviendo en la misma fecha el referido Juzgado lo siguiente: (Sic) “…, y en cuanto a lo solicitado Declárese el mismo Sin Lugar por extemporáneo, habiendo transcurrido más de 24 horas desde la hora en que se practicara dicho allanamiento hasta su presentación ante esta sede judicial,…”. (Folios 51 y 53 frente y vuelto de la pieza de antecedentes de primera instancia).-3) Que conociendo del recurso de reposición interpuesto por el Ministerio Público, contra la resolución relacionada en el acápite anterior, en fecha trece (13) de mayo del año dos mil dieciséis, (2016) el Juzgado de Letras Departamental de Puerto Lempira, Departamento de Gracias a Dios, resolvió declarar Sin Lugar el Recurso de Reposición interpuesto por el Agente de Tribunales del Ministerio Público Abogado FERNADO ANTONIO CANALES RAUDALES, y ordenando se esté a lo resuelto en el auto de fecha once (11) de mayo del año dos mil dieciséis (2016). (Folio 62 de la pieza de antecedentes de primera instancia).-4) Que en fecha veinte (20) de julio del año dos mil dieciséis (2016), el Abogado ALEX EDUARDO HERNANDEZ VENTURA, compareció ante la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, departamento de Atlántida, interponiendo Acción Constitucional de amparo a favor de LOS INTERESES DE LA SOCIEDAD DEL ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución de fecha trece (13) de mayo del año dos mil dieciséis (2016), dictada por el Juzgado de Letras Departamental de Puerto Lempira, departamento de Gracias a Dios; por considerar que la misma contraviene, disminuye y tergiversa los derechos a la salud, la seguridad de la población del Estado de Honduras, el principio del debido proceso, el derecho a la defensa y la lealtad para con la justicia, reconocidos en los artículos 82, 90 y 321 de la Constitución de la República, relacionados con los artículos 12 y 212 del Código Procesal Penal.-5) Que a folio número cinco de la pieza de antecedentes de Amparo, se observa Constancia de fecha veinte de julio del año dos mil dieciséis, emitida por la Secretaria de la Corte Primera de Apelaciones de la Ceiba, haciendo constar que por un error involuntario se recibió el Recurso de Amparo antes relacionado, ordenando el envío de las diligencias a la Corte Segunda de Apelaciones, por ser de su jurisdicción.-6) Que luego de seguido el trámite que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, en fecha veinticuatro (24) de Agosto del año dos mil dieciséis (2016), la Corte Segunda de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba departamento de Atlántida, dictó sentencia mediante la cual falla: (Sic) “Denegar la Acción de Amparo interpuesta por el Ministerio Publico a favor de los Intereses de la Sociedad, contra la Resolución de fecha Trece de Mayo del Dos Mil Dieciséis dictada por el Juez de Letras Departamental de Puerto Lempira, Gracias a Dios, Abogado Pedro Mejia Oyuela, en el proceso penal que se sigue contra la señora Maritza Colomer Pineda.- …” (Folios del 24 al 28 de la pieza de antecedentes de amparo).-7) Que en fecha dos (02) de septiembre del año dos mil dieciséis (2016), este Alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, dando así estricto cumplimiento a lo previsto por el segundo párrafo del artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.-CONSIDERANDO 1: Que se conoce la acción de amparo penal venido trámite de consulta, conocido por la Corte Segunda de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida, interpuesto por el Abogado ALEX EDUARDO HERNANDEZ VENTURA, contra la resolución de fecha trece de mayo del año dos mil dieciséis, dictada por el Juzgado de Letras Departamental de Puerto Lempira, departamento de Gracias a Dios, que declara Sin Lugar el Recurso de Reposición interpuesto por el Ministerio Público, contra el auto de fecha once de mayo del año dos mil dieciséis, que declara sin lugar por extemporáneo, la solicitud de convalidación de allanamiento practicado en la vivienda donde reside la señora MARITZA COLOMER PINEDA; en relación al proceso penal incoado en contra de la señora MARITZA COLOMER PINEDA, por suponerla responsable del delito de TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS, en perjuicio de LA SALUD DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE HONDURAS.-CONSIDERANDO 2: Que el recurrente ha expuesto en la acción de amparo presentada, que el acto contra el cual se reclama de fecha trece de mayo del año dos mil dieciséis, contraviene, disminuye y tergiversa los derechos a la salud, la seguridad de la población del Estado de Honduras, el principio del debido proceso, el derecho a la defensa y la lealtad para con la justicia, reconocidos en los artículos 82, 90 y 321 de la Constitución de la República, relacionados con los artículos 12 y 212 del Código Procesal Penal. Arguye el recurrente que en fecha nueve de mayo del año dos mil dieciséis, miembros de las Fuerzas Armadas de Honduras se encontraban en la comunidad de Clupky, municipio de Juan Francisco Bulnes, acudiendo inicialmente para ejecutar una orden de captura en contra de un ciudadano de dicha localidad, recibiendo en esos momentos información que en la casa de habitación de la señora Maritza Colomer Pineda, se encontraban varios paquetes de supuesta droga (marihuana), por lo cual pusieron esto en conocimiento del señor Comandante de la Fuerza de tarea “Policarpo Paz García” de dicha información, procediendo de inmediato a asegurar el área, observando en horas de la madrugada aproximadamente a las 2:30 horas del día 10 de mayo que de dicha vivienda había salido una persona del sexo femenino, en compañía de dos menores, posteriormente saliera también un joven montado a caballo, no dando detención a ninguna de estas personas, ya que solo se encontraban asegurando el lugar y posteriormente a las 6:00 horas de la mañana se ingresó, ya que la premura de la información, las condiciones del lugar y la distancia, hacían imposible que se pudiera realizar el trámite correspondiente para la solicitud de allanamiento de morada, mediante orden judicial.-CONSIDERANDO 3: Que el impetrante aduce que la resolución que impugna, es atentatoria al debido proceso y al derecho de defensa establecidos en la Constitución de la República, la lealtad para con la justicia entre otros principios que rigen el proceso penal en Honduras, ya que el artículo 99 constitucional establece que exceptuándose los casos de urgencia o necesidad se podrá una restricción al derecho a la inviolabilidad del domicilio, como lo es el caso concreto, ya que se realizó allanamiento de morada en la vivienda de la señora Maritza Colomer Pineda, ello en virtud de la gravedad del delito investigado y que la medida adoptada era idónea y proporcional para lograr la finalidad que se buscaba, que no era mas que otra que lo establecido en el artículo 212 del Código Procesal penal, lograr la no ocultación, destrucción o perdida de los elementos para la tipificación del ilícito investigado.-CONSIDERANDO 4: Que además sostiene el recurrente en amparo, la resolución que se impugna es atentatoria al derecho de defensa que tiene la víctima, la lealtad para con la justicia, el debido proceso; ya que al no convalidar el allanamiento realizado y con ello posteriormente decretar en audiencia inicial que las pruebas obtenidas fueren ilícitas, resolviendo decretar un sobreseimiento provisional a favor de la ofendida, no se puede soslayar el derecho de la víctima a la justicia, por un mero procedimiento judicial, ya que la normativa procesal en el caso concreto faculta para la realización de dicho allanamiento, ya que con tal fin se logró el objetivo perseguido, el cual fue y es la no destrucción u ocultamiento de los objetos del ilícito.-CONSIDERANDO 5: Que el acto que se conoce en consulta es la sentencia proferida por la Corte Segunda de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida, mediante la cual resuelve Denegar la Acción de Amparo interpuesta por el MINISTERIO PÚBLICO a favor de LOS INTERESES DE LA SOCIEDAD, contra la Resolución de fecha trece de mayo del año dos mil dieciséis, dictada por el Juzgado de Letras Departamental de Puerto Lempira, Departamento de Gracias a Dios. Sostiene la Alzada en la sentencia que se consulta, que efectivamente el Ministerio Público materializando el derecho de defensa, no actúa en un carácter personal, sino Institucional, representando los intereses de la sociedad, de esa manera ha promovido una acusación pública, dentro de la cual ha planteado una petición, es decir desde el punto de vista formal, por escrito se ha hecho escuchar por la autoridad jurisdiccional y ésta le ha dado una lacónica respuesta a su planteamiento, y desde el punto de vista material al no estar de acuerdo con esa decisión impugna en tiempo lo resuelto por la instancia, al interponer el recurso de reposición y después acudir a la acción constitucional de amparo, en el ejercicio de ese derecho, el cual puede seguir ejercitando en dicho proceso que aun no ha concluido. En cuanto al derecho al debido proceso en el marco de un proceso penal, el Ministerio Público ha tenido las oportunidades procesales de ser oído, de hacer alegaciones en el proceso penal en si, es parte activa del mismo, un Juez imparcial desde un punto de vista formal le ha dado respuesta a su planteamiento en cumplimiento de lo que manda la normativa procesal tanto el artículo 212, como las demás disposiciones procesales que regulan la diligencia de allanamiento y registro de un domicilio, que están en consonancia con lo que dispone la Constitución de la República.-CONSIDERANDO 6: Que al tenor de lo que dispone el artículo 68 párrafo segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de su Sala Constitucional, el conocimiento del trámite de consulta obligatoria de las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones; cuando, como en el presente caso, responda a una garantía de amparo interpuesta por supuesta violación de los derechos fundamentales que fuera cometida por Jueces de Letras Departamentales o seccionales, Jueces de Sentencia, Jueces de Ejecución y Jueces de Paz, en los casos de jurisdicción preventiva, contemplada en el artículo 10 numeral 2 literal a) de la ley antes referida.-CONSIDERANDO 7: Que además de lo que ha expresado el ad quem, en su resolución sobre el recurso de amparo interpuesto por el Abogado ALEX EDUARDO HERNANDEZ VENTURA, la Acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la constitución establece; es decir, es un remedio procesal instituido para tutelar con preferencia y sumariedad, las libertades y derechos reconocidos por la Constitución de la República; no observando esta Sala de lo Constitucional vulneración de los derechos fundamentales invocados por el recurrente, toda vez que al recurrente se le ha brindado la oportunidad de participar en forma activa en el proceso, accediendo a los recursos que la ley pone a disposición de los interesados en un proceso, al no estar éstos conforme con las resoluciones dictadas por lo órganos jurisdiccionales; el que la resoluciones dictadas no sean conforme a las pretensiones de las partes en el proceso, no supone la vulneración de derechos fundamentales constitucionalmente reconocidos.-CONSIDERANDO 8: Que conforme lo preceptuado en el artículo 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, el órgano jurisdiccional competente que conozca de la consulta, fallará con sólo la vista de los autos, reformando, confirmando o revocando la sentencia consultada; por ello y en razón de lo antes expuesto es procedente CONFIRMAR la sentencia venida en trámite de Consulta obligatoria ante este Alto Tribunal.-POR TANTO: Que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos y con fundamento en los artículos 82, 90, 303, 304, 313 numeral 5, 316 numeral 1 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3 numeral 2, 4, 5, 7, 8, 10 numeral 2, literal a), 68 y 69 de la Ley sobre Justicia Constitucional. FALLA: CONFIRMANDO la sentencia venida en consulta, dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida en fecha veinticuatro de agosto del año dos mil dieciséis. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales correspondientes.- Redactó la Magistrada REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los veintidós (22) días del mes de mayo del año dos mil diecisiete (2017), Certificación de la Sentencia de fecha cuatro (4) de abril del año dos mil diecisiete (2017), recaída en el Amparo Penal Venido en Consulta, registrado en este Tribunal bajo el numero 0854-2016.- Firma y Sello
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL