Sentencia AP-840-16 — Registro 6812
Resumen
Sentencia confirmó resolución dictada por el juzgado de primera instancia en relación a la causa contra el imputado por suponerlo responsable del delito de tráfico ilícito de estupefacientes en perjuicio de la salud de la población del Estado de Honduras
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"...se aprecia que la Alzada fundamentó y motivó adecuadamente su decisión acorde a la ley, indicando que si bien se logra establecer la concurrencia de todos los elementos de la tipificación legal del tipo penal, no obstante con la prueba aportada no discurren los indicios racionales de que los acusados hayan tenido participación en el mismo, pero las pruebas presentadas dan margen para sospechar que si la tuvieron, dando la posibilidad de que en el futuro se incorporen nuevos elementos de prueba, extremos que se aprecian fueron incorporados en la motivación del razonamiento jurídico en que concluyó la Autoridad reclamada..."..."este alto Tribunal halla que con la emisión del acto reclamado se ha aplicado correctamente el ordenamiento jurídico vigente, garantizando la obtención de una respuesta judicial motivada, y sobre todo fundada en derecho congruente, por lo que no han sido quebrantadas las normas que relaciona la impetrante, y por tanto no se le deniega una garantía constitucional, al haberse dictado la resolución respetando todas las formalidades de derecho y garantías que la ley establece dentro del marco legal aplicable..."..."conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su Artículo 46 numeral primero, es procedente en esta etapa del procedimiento declarar inadmisible el recurso de merito y sobreseer, al apreciar esta Sala que la recurrente alega una violación de mera legalidad..."
Legislación citada
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 46, 1 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, M. D. C., tres de abril del año dos mil diecisiete.-VISTO: el recurso de amparo interpuesto por el Abogado RAFAEL TURCIOS BARAHONA, a favor del ESTADO DE HONDURAS; contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES PENAL DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha dos (02) de agosto de dos mil dieciséis, que confirma la resolución emitida por el JUZGADO DE LETRAS PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, de fecha diez (10) de junio del año dos mil dieciséis; en relación a la causa instruida contra el señor MERLIN SAUL VELASQUEZ NUÑEZ, por suponerlo responsable del delito de TRAFICO ILÍCITO DE ESTUPEFACIENTES, en perjuicio de la SALUD DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE HONDURAS.-CONSIDERANDO: Que del escrito de interposición del Recurso de Amparo se desprende que el impetrante es del parecer que la resolución de la Alzada es lesiva a los interés del ESTADO DE HONDURAS, toda vez que estima que acreditó la comisión del delito por el que se interpuso el requerimiento y la participación del imputado, señalando que el Ad-quem omitió valorar adecuadamente la prueba de cargo ofertada e inobservó el debido proceso al confirmar la resolución del A-quo.-CONSIDERANDO: Que del mismo escrito de interposición el recurrente señala que con el acto reclamado se vulnera el artículo 90 de la Constitución de la República.-CONSIDERANDO: Que del análisis de la resolución reclamada se aprecia que la Alzada fundamentó y motivó adecuadamente su decisión acorde a la ley, indicando que si bien se logra establecer la concurrencia de todos los elementos de la tipificación legal del tipo penal, no obstante con la prueba aportada no discurren los indicios racionales de que los acusados hayan tenido participación en el mismo, pero las pruebas presentadas dan margen para sospechar que si la tuvieron, dando la posibilidad de que en el futuro se incorporen nuevos elementos de prueba, extremos que se aprecian fueron incorporados en la motivación del razonamiento jurídico en que concluyó la Autoridad reclamada.-CONSIDERANDO: Que este alto Tribunal halla que con la emisión del acto reclamado se ha aplicado correctamente el ordenamiento jurídico vigente, garantizando la obtención de una respuesta judicial motivada, y sobre todo fundada en derecho congruente, por lo que no han sido quebrantadas las normas que relaciona la impetrante, y por tanto no se le deniega una garantía constitucional, al haberse dictado la resolución respetando todas las formalidades de derecho y garantías que la ley establece dentro del marco legal aplicable.-CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio.-CONSIDERANDO: Que conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su Artículo 46 numeral primero, es procedente en esta etapa del procedimiento declarar inadmisible el recurso de merito y sobreseer, al apreciar esta Sala que la recurrente alega una violación de mera legalidad.-POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5a. de la Constitución de la República; 1o. y 78 atribución 5a. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 41, 42, 43, 44, 45, 46 numeral 1), 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: SOBRESEER el recurso de amparo interpuesto por el Abogado RAFAEL TURCIOS BARAHONA, a favor del ESTADO DE HONDURAS; contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES PENAL DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha dos (02) de agosto de dos mil dieciséis; toda vez que la autoridad denunciada se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como ya ha sido relacionado; Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, con certificación de lo resuelto, para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los veintitrés (23) días del mes de mayo del año dos mil diecisiete (2017), Certificación de la resolución de fecha tres (3) de abril del año dos mil diecisiete (2017) recaída en el Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el numero 0840-2016.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
“CERTIFICACIÓN : El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, M. D. C., tres de abril del año dos mil diecisiete.-VISTO: el recurso de amparo interpuesto por el Abogado RAFAEL TURCIOS BARAHONA, a favor del ESTADO DE HONDURAS; contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES PENAL DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha dos (02) de agosto de dos mil dieciséis, que confirma la resolución emitida por el JUZGADO DE LETRAS PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, de fecha diez (10) de junio del año dos mil dieciséis; en relación a la causa instruida contra el señor MERLIN SAUL VELASQUEZ NUÑEZ, por suponerlo responsable del delito de TRAFICO ILÍCITO DE ESTUPEFACIENTES, en perjuicio de la SALUD DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE HONDURAS.-CONSIDERANDO: Que del escrito de interposición del Recurso de Amparo se desprende que el impetrante es del parecer que la resolución de la Alzada es lesiva a los interés del ESTADO DE HONDURAS, toda vez que estima que acreditó la comisión del delito por el que se interpuso el requerimiento y la participación del imputado, señalando que el Ad-quem omitió valorar adecuadamente la prueba de cargo ofertada e inobservó el debido proceso al confirmar la resolución del A-quo.-CONSIDERANDO: Que del mismo escrito de interposición el recurrente señala que con el acto reclamado se vulnera el artículo 90 de la Constitución de la República.-CONSIDERANDO: Que del análisis de la resolución reclamada se aprecia que la Alzada fundamentó y motivó adecuadamente su decisión acorde a la ley, indicando que si bien se logra establecer la concurrencia de todos los elementos de la tipificación legal del tipo penal, no obstante con la prueba aportada no discurren los indicios racionales de que los acusados hayan tenido participación en el mismo, pero las pruebas presentadas dan margen para sospechar que si la tuvieron, dando la posibilidad de que en el futuro se incorporen nuevos elementos de prueba, extremos que se aprecian fueron incorporados en la motivación del razonamiento jurídico en que concluyó la Autoridad reclamada.-CONSIDERANDO: Que este alto Tribunal halla que con la emisión del acto reclamado se ha aplicado correctamente el ordenamiento jurídico vigente, garantizando la obtención de una respuesta judicial motivada, y sobre todo fundada en derecho congruente, por lo que no han sido quebrantadas las normas que relaciona la impetrante, y por tanto no se le deniega una garantía constitucional, al haberse dictado la resolución respetando todas las formalidades de derecho y garantías que la ley establece dentro del marco legal aplicable.-CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio.-CONSIDERANDO: Que conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su Artículo 46 numeral primero, es procedente en esta etapa del procedimiento declarar inadmisible el recurso de merito y sobreseer, al apreciar esta Sala que la recurrente alega una violación de mera legalidad.-POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5a. de la Constitución de la República; 1o. y 78 atribución 5a. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 41, 42, 43, 44, 45, 46 numeral 1), 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: SOBRESEER el recurso de amparo interpuesto por el Abogado RAFAEL TURCIOS BARAHONA, a favor del ESTADO DE HONDURAS; contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES PENAL DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha dos (02) de agosto de dos mil dieciséis; toda vez que la autoridad denunciada se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como ya ha sido relacionado; Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, con certificación de lo resuelto, para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.-Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los veintitrés (23) días del mes de mayo del año dos mil diecisiete (2017), Certificación de la resolución de fecha tres (3) de abril del año dos mil diecisiete (2017) recaída en el Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el numero 0840-2016.- Firma y Sello
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL