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Sentencia AP-814-16 — Registro 6810

Resumen

Sentencia declaró sin lugar recurso de apelación contra resolución que dictó sobreseimiento definitivo a favor del imputado en la causa contra el imputado por suponerlo responsable del delito de posesión ilícita de armas de fuego comercial en perjuicio de la seguridad interior del Estado de Honduras

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."del estudio de la resolución recurrida esta Sala aprecia que tanto el A quo como el Tribunal de alzada han cumplido con su función de administrar justicia sujetos al marco de la ley, por lo que no se aprecia ningún quebrantamiento de derechos fundamentales del recurrente..."..."esta Sala observa que el debido proceso No se ha vulnerado con la resolución recurrida, que contiene la motivación suficiente y fundamentos legales, así como que ha observado los requisitos, exigencias y solemnidades del debido proceso, por ende el principio de legalidad inherente al Debido Proceso tampoco resulta lesionado los que se han garantizado a lo largo del proceso..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dieciséis de mayo de dos mil diecisiete.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada SUSSY G. COELLO GARCIA, favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia de fecha diez de junio de dos mil dieciséis, emitida por la Corte Primera de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, que DECLARO NO HA LUGAR el recurso de apelación interpuesto contra la resolución de fecha veintitrés (23) de septiembre de dos mil quince (2015) por el Juzgado de Letras Seccional de La Ceiba, departamento de Atlántida, con relación a la causa instruida contra el señor ARIEL ARMANDO CASTELLON REYES por suponerlo responsable del delito POSESION ILICITA DE ARMAS DE FUEGO COMERCIAL en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS.-Estima la recurrente que se le han violentado los Derechos Constitucionales comprendido en los artículos 90 y 321 de la Constitución de la República.-ANTECEDENTES : 1)Que en fecha siete de septiembre del año dos mil quince, compareció ante el Juzgado de Letras de la sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, el Abogado HUMBERTO JOSE GONZALES FERRERA, actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público, presentando Requerimiento Fiscal contra el señor ARIEL ARMANDO CASTELLON REYES, por suponerlo responsable del delito de POSESION ILEGAL DE ARMA DE FUEGO DE USO COMERCIAL en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS.-2) Que en fecha veintitrés de septiembre del año dos mil quince, el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, resolvió: Decretar SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO al ciudadano ARIEL ARMANDO CASTELLON REYES, a quien se le supone responsable del delito de POSESION ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO DE USO COMERCIAL, en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS. (Folios 35 al 41 de la pieza del Juzgado).-3) Que en fecha diez(10) de junio de dos mil dieciséis (2016) la Corte Primera de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, dictó sentencia en la cual: FALLA: PRIMERO DECLARAR NO HA LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la Abogada ANGELA MARIA FIGUEROA MUÑOZ, en su condición de Agente de Tribunales de la Fiscalía del Ministerio Publico y parte apelante y personada en esta instancia la Abogada ADRIANA AMALIA MARTINEZ, igualmente Agente de Tribunales de la Fiscalía del Ministerio Público, contra la resolución de fecha veintitrés (23) de septiembre de dos mil quince, mediante la cual se dictó sobreseimiento definitivo a favor de ARIEL ARMANDO CASTELLON REYES, en la causa que se sigue por suponerlo responsable del delito de POSESION ILICITA DE ARMA DE FUEGO DE USO COMERCIAL, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS. SEGUNDO: CONFIRMAR la resolución judicial de fecha veintitrés (23) de septiembre de dos mil quince. (Folios 7 al 11 de la pieza de la Corte de Apelaciones).-4) Que en fecha veinticinco (25) de agosto del año dos mil dieciséis (2016) compareció ante este Tribunal la Abogada SUSSY G. COELLO GARCIA, interponiendo Recurso de Amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la decisión del Ad- quem de fecha diez (10) de junio de dos mil dieciséis (2016), por considerar que la misma es violatoria de lo dispuesto en los artículos 90 y 321 de la Constitución de la República.-5) Que en fecha ocho (08) de diciembre de dos mil dieciséis (2016), esta Sala tuvo por formalizada la acción de amparo y ordenó seguir con el procedimiento omitiendo la vista al Fiscal del Despacho de conformidad a lo estipulado en el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público.-CONSIDERANDO: (1) Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la Garantía de Amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.-CONSIDERANDO: (2) Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución.-CONSIDERANDO: (3) Que el acto contra el cual se reclama es la resolución de fecha diez de junio del año dos mil dieciséis, dictada por la Corte Primera de Apelaciones Seccional de la Ceiba, Departamento de Atlántida, que declara Sin lugar el Recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Seccional de La Ceiba, Atlántida, en fecha veintitrés de septiembre del dos mil quince, con relación a la causa instruida contra el imputado ARIELARMANDO CASTELLÓN REYES, por suponerlo responsable del delito de POSESION ILICITA DE ARMA DE FUEGO COMERCIAL, en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS.- CONSIDERANDO: (4) Que la recurrente en la formalización de la acción de amparo (F. 22 pieza de amparo), expone como quebrantado el derecho al Debido Proceso y el Principio de Legalidad, consagrados en el Artículo 90 de la Constitución de la República que establecen: “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece.”, y el 321 de la Constitución de la República, que manda:”Los servidores del Estado no tiene mas facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad.”Lo anterior relacionado con el artículo 304 Constitucional que establece “Corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a los casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado”.Expone la recurrente que se presentó Requerimiento fiscal contra el señor ARIELARMANDO CASTELLÓN REYES, sustentado en los hechos ocurridos el día 06 de septiembre del año 2016, cuando la Policía Militar y Orden Público realizaban operativos de saturación en la colonia Vista al Mar de la ciudad de La Ceiba, relata que recibieron denuncia verbal que en una casa de habitación ubicada en una invasión dentro de la referida colonia, residía una persona que mantenía un arma de fuego. En virtud de lo anterior los agentes policiales se dirigieron hasta dicha vivienda, donde fueron atendidos por su propietario, el señor ARIEL ARMANDO CASTELLÓN REYES, quien les dio autorización para registrar su casa de habitación, indicándoles que él poseía un arma de fuego, la cual colocó en su cama junto a seis cargadores y 36 proyectiles de 9mm., sin contar con el permiso de la autoridad correspondiente, por lo que se procedió al decomiso del arma.- CONSIDERANDO: (5) Que la recurrente expone que la autoridad impugnada consideró que los medios de prueba aportados por el Ministerio Público carecen de eficacia probatoria ya que provienen de actos o hechos que vulneran garantías procesales, en virtud que el Juez de instrucción declaró no ha lugar la solicitud de convalidación de allanamiento de morada, por no cumplirse los requisitos exigidos por la norma procesal, anulando todo lo actuado en dicho allanamiento. Consecuencia de lo anterior, no es posible valorar ninguno de los medios de prueba de cargo evacuados en la audiencia inicial, pues son el resultado de diligencias policiales realizadas en vulneración al derecho a la intimidad y la inviolabilidad del domicilio. Por lo que siendo declarados nulos no se acredita la existencia del delito.Al respecto el Ente fiscal considera que se ha inobservado el artículo 99 constitucional y el 212 del Código Procesal Penal, que permite el ingreso o registro al domicilio con el consentimiento de la persona que lo habita. Señala además la recurrente en su exposición que no se trata propiamente de un allanamiento de morada sino de un ingreso y registro consentido por la persona que habita la vivienda, por lo que no era necesario levantar un acta de allanamiento demorada, ni tampoco su convalidación por parte del Juez de garantías. Por todo ello la recurrente considera que se ha vulnerado el derecho al Debido Proceso lo que se traduce en la violación a la tutela judicial efectiva y al Principio de Legalidad que impone al Juez la obligación ineludible de emitir sus resoluciones con estricto apego a derecho y no a su mera arbitrariedad e interpretación personal, sin tomar en cuenta la norma, el hecho la prueba y el derecho aplicar.-CONSIDERANDO: (6) Que el Tribunal de alzada en el párrafo que corresponde a la MOTIVACIÓN PROBATORIA Y JURÍDICA, relaciona las diferentes normas jurídicas aplicables al allanamiento de morada, entre ellos invoca el artículo 212 del Código Procesal Penal que dispone, que el allanamiento de una casa o morada solo podrá efectuarse previa orden escrita del órgano jurisdiccional competente señalando las excepciones que impone la ley referidas a los casos de flagrancia, impedir la comisión de un delito, evitar la fuga de un delincuente, ola destrucción, pérdida u ocultamiento de las pruebas o evidencias con miras a lograr la impunidad de los responsables y no sea posible esperar el tiempo necesario para solicitar la autorización judicial, realizado el allanamiento el Fiscal debe ponerlo en conocimiento del juez competente al que explicará cuales fueron las razones que lo determinaron a realizar el allanamiento, el Juez por auto motivado convalidará o anulará total o parcialmente lo actuado. En los demás casos deberá cumplirse lo dispuesto en el artículo 99 constitucional refiriéndose a los casos: 1) cuando exista noticia fundada de que una persona extraña a las que habitan una morada, casa, o lugar en que viva una persona, fue vista en el momento en que se introducía a ésta en circunstancias inusuales; 2) Cuando la persona que es perseguida para su captura, entra a una casa habitada, sea propia o ajena;3) cuando de una morada se oyen voces o gritos de alarma que pongan de manifiesto que se está cometiendo un delito o que alguien pide auxilio; y 4) Cuando el allanamiento se haga necesario por causa de incendio, terremoto, inundación, epidemia u otro peligro semejante. Señalando que en estos casos especiales al momento de realizar el allanamiento la autoridad debe hacerse acompañar de dos testigos mayores de edad que no tengan vinculación alguna con los cuerpos de investigación, concluido el allanamiento se levantará acta que firmarán quienes hayan participado en el mismo y aquellos ante cuya presencia se efectuó, si se negaren hacerlo se hará constar esta circunstancia y las razones que expusieren para ello. Invoca además el Ad quem el artículo 169 del Código Procesal penal en relación a las nulidades cuando dispone: “Declarada la nulidad carecerán de valor y efecto alguno no solo el acto viciado, sino también todos los que se hayan realizado con posterioridad, siempre que dependan directamente de aquel y sean determinados por el órgano jurisdiccional (Principio de propagación de la ineficacia (Ineficacia a distancia o Fernwirkung), a los actos sucesivos posteriores dependientes del inicial viciado, haciendo alusión a la Doctrina norteamericana de los Frutos del Árbol Envenenado en materia de prueba ilícita. En el numeral cuarto trascribe el artículo 332-b del Código Procesal Penal referido a las personas que sin permiso de la autoridad competente posea un arma de fuego. Así como los casos en que debe dictarse sobreseimiento definitivo conforme lo dispone el artículo 296 del Código Procesal Penal, exponiendo que comparte el criterio del A quo al haber dictado sobreseimiento definitivo a favor del encausado, al no haber sido convalidado el allanamiento del cual derivan tanto el acta de inspección como el acta de decomiso del arma de fuego con sus proyectiles, siendo declarado nulos, es decir, no producen ningún efecto jurídico, por tanto no pueden ser valorados por el Juez. Por todo ello declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público.-CONSIDERANDO:(7)Que el Estado de Derecho consiste en la sujeción de la actividad estatal a la Constitución y a las normas aprobadas conforme a los procedimientos que ella establezca, que garantizan el funcionamiento responsable y controlado de los órganos del poder, el ejercicio de la autoridad conforme a disposiciones conocidas y no retroactivas en términos perjudiciales, y la observancia de los derechos individuales, colectivos, culturales y políticos. En ese orden de ideas toda institución, o autoridad estará sometida ala Constitución de la República como norma suprema, a la ley que surge de esa normativa superior y que no puede confrontarla y a los tratados internacionales ratificados por el Estado, que forman parte del Derecho Interno. La administración de justicia es uno de los pilares en que descansa el Estado de Derecho, lo que aplicado al caso en estudio esta Sala aprecia que el Ministerio Público en el folio tres (3) del Requerimiento Fiscal primera pieza de autos, presentado ante el A quo manifiesta: “SE SOLICITA CONVALIDACIÓN DE ALLANAMIENTO DE MORADA”, explicando que tuvo conocimiento de que en una casa se encontraba una persona que poseía un arma de fuego de manera ilegal y que podía tener otros objetos o sustancias ilícitas en su poder como ser drogas, por lo que contando con entrevistas de personas que afirmaban tales extremos y que por cuestiones meramente investigativas se obvia por los momentos su nombre; y siendo que la información brindada daba lugar a que los hechos se encontraban en ejecución, razón por la cual y al estar el suscrito Fiscal en el lugar acompañado de la PMOP, considerando en ese momento estar imposibilitado para solicitar la orden judicial de allanamiento (el resaltado es nuestro), ya que el tiempo para documentar y presentar al Juzgador dicha solicitud y esperar la correspondiente Autorización, era apremiante y, aunado a lo anterior se consideró que era necesario realizar allanamiento de manera expedita para impedir o evitar la fuga de un delincuente, así como la destrucción, pérdida u ocultamiento de las pruebas o evidencias, con miras a lograr la impunidad de los responsables, por lo que en ese momento se consideró que no era posible esperar el tiempo para solicitar una autorización judicial, ya que al ver la presencia de PMOP, el probable responsable del delito, se encontraba en alerta, y en consideración a la situación urgente de los hechos el Ministerio Público autorizó las diligencias pertinentes y el allanamiento respectivo, (el resaltado es nuestro) en respuesta a la seguridad de nuestra sociedad, por lo que era necesario realizar tal allanamiento,(el resaltado es nuestro), el cual dio como resultado el decomiso de un arma de fuego…. Se solicita se convalide por el juzgador dicho Allanamiento de Morada y que se tenga por bien hecha la acción de urgencia, a razón de no vulnerar las garantías constitucionales correspondientes”,(las negritas son nuestras). Con lo afirmado por el Ente Acusador en el Requerimiento fiscal, no existe lugar a dudas, de que ciertamente practicó un allanamiento en la casa del acusado, mismo que no fue convalidado, y es que lo afirmado por el Ente Fiscal es relevante al momento de garantizar los derechos fundamentales de un ciudadano, ya que no basta con que el Ministerio Público realice un cambio de palabras o el significado de sus actuaciones, o situaciones o hechos a su arbitrio, sino más bien de un acto concreto que el mismo Ministerio Público realizó y así lo afirma en su acusación. Al no llenar las exigencias establecidas en la ley, no se convalidó el allanamiento y pese a los alegatos de la recurrente, no significa que se haya quebrantado el Debido Proceso que descansa en el cumplimiento de los requisitos, exigencias o solemnidades previamente establecidas en la ley referido el principio de legalidad inherente al debido proceso.-CONSIDERANDO: (8) Que el Debido Proceso adjetivo o formal se entiende como un conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial. Así, si bien es cierto que los fallos han de respetar los principios del debido proceso formal y sustancial, también existiría una forma por la cual este fallo llegue a concretarse, y tutelar efectivamente la pretensión o derecho amparado. Este es el momento en el cual hace su aparición la tutela jurisdiccional efectiva, dado que un fallo justo y acorde con el procedimiento debido, no puede quedarse como certeza jurídica ideal, sino que ha de satisfacer materialmente el derecho reconocido. El Estado tiene la obligación de reconocer un conjunto de garantías institucionales que permitan el ejercicio del debido proceso en toda persona. Todos los ciudadanos tienen derecho a acudir a los tribunales para obtener protección de sus intereses o derechos, a través de un proceso que respete tanto los derechos del demandante como los del demandado y que además el resultado de éste se encuentre asegurado, garantizando la tutela judicial contenida en el derecho interno y en los tratados y convenciones internacionales suscritos por el Estado para proteger los derechos y libertades del ciudadano contra actos u omisiones de las autoridades públicas, ejecutivas, judiciales o legislativas.-CONSIDERANDO:(9) Que las resoluciones de los Jueces y Magistrados solo están sujetas ala Constitución, la Ley y los Tratados Internacionales Sobre Derechos Humanos ratificados por el Estado, del estudio de la resolución recurrida esta Sala aprecia que tanto el A quo como el Tribunal de alzada han cumplido con su función de administrar justicia sujetos al marco de la ley, por lo que no se aprecia ningún quebrantamiento de derechos fundamentales del recurrente.- CONSIDERANDO:(10) Que esta Sala observa que el debido proceso No se ha vulnerado con la resolución recurrida, que contiene la motivación suficiente y fundamentos legales, así como que ha observado los requisitos, exigencias y solemnidades del debido proceso, por ende el principio de legalidad inherente al Debido Proceso tampoco resulta lesionado los que se han garantizado a lo largo del proceso. De igual manera debemos pronunciarnos en cuanto a la lesión del artículo 321 constitucional de los Servidores del Estado, no se aprecia lesión alguno al derecho invocado por el recurrente, porque como ha quedado dicho tanto el A quo como el Ad quem han dictado una resolución conforme el procedimiento establecido en la ley mismo que los Jueces han respetado y garantizado.-CONSIDERANDO: (11) Que como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico.-POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y en aplicación de los Artículos 37 No.1, 40, 45, 58, 64, 82, 90, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1, de la Constitución de la República; 8 No. 1, 24 y 25 de La Convención Americana de Derechos Humanos; 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 1 y 78 No. 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales. FALLA: DENEGANDO el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada SUSSY G. COELLO GARCIA a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por la Corte Primera de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, Atlántida, en fecha diez de junio de dos mil dieciséis. Y MANDA: Que con la certificación de este fallo remita los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó Magistrado Jorge Abilio Serrano Villanueva.-NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los trece (13) días del mes de junio del año dos mil diecisiete (2017), Certificación de la Sentencia de fecha dieciséis (16) de mayo del año dos mil diecisiete (2017) recaída en el Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 0814-2016.


CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

“CERTIFICACIÓN : El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dieciséis de mayo de dos mil diecisiete.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada SUSSY G. COELLO GARCIA, favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia de fecha diez de junio de dos mil dieciséis, emitida por la Corte Primera de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, que DECLARO NO HA LUGAR el recurso de apelación interpuesto contra la resolución de fecha veintitrés (23) de septiembre de dos mil quince (2015) por el Juzgado de Letras Seccional de La Ceiba, departamento de Atlántida, con relación a la causa instruida contra el señor ARIEL ARMANDO CASTELLON REYES por suponerlo responsable del delito POSESION ILICITA DE ARMAS DE FUEGO COMERCIAL en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS.-Estima la recurrente que se le han violentado los Derechos Constitucionales comprendido en los artículos 90 y 321 de la Constitución de la República.-ANTECEDENTES : 1)Que en fecha siete de septiembre del año dos mil quince, compareció ante el Juzgado de Letras de la sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, el Abogado HUMBERTO JOSE GONZALES FERRERA, actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público, presentando Requerimiento Fiscal contra el señor ARIEL ARMANDO CASTELLON REYES, por suponerlo responsable del delito de POSESION ILEGAL DE ARMA DE FUEGO DE USO COMERCIAL en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS.-2) Que en fecha veintitrés de septiembre del año dos mil quince, el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, resolvió: Decretar SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO al ciudadano ARIEL ARMANDO CASTELLON REYES, a quien se le supone responsable del delito de POSESION ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO DE USO COMERCIAL, en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS. (Folios 35 al 41 de la pieza del Juzgado).-3) Que en fecha diez(10) de junio de dos mil dieciséis (2016) la Corte Primera de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, dictó sentencia en la cual: FALLA: PRIMERO DECLARAR NO HA LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la Abogada ANGELA MARIA FIGUEROA MUÑOZ, en su condición de Agente de Tribunales de la Fiscalía del Ministerio Publico y parte apelante y personada en esta instancia la Abogada ADRIANA AMALIA MARTINEZ, igualmente Agente de Tribunales de la Fiscalía del Ministerio Público, contra la resolución de fecha veintitrés (23) de septiembre de dos mil quince, mediante la cual se dictó sobreseimiento definitivo a favor de ARIEL ARMANDO CASTELLON REYES, en la causa que se sigue por suponerlo responsable del delito de POSESION ILICITA DE ARMA DE FUEGO DE USO COMERCIAL, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS. SEGUNDO: CONFIRMAR la resolución judicial de fecha veintitrés (23) de septiembre de dos mil quince. (Folios 7 al 11 de la pieza de la Corte de Apelaciones).-4) Que en fecha veinticinco (25) de agosto del año dos mil dieciséis (2016) compareció ante este Tribunal la Abogada SUSSY G. COELLO GARCIA, interponiendo Recurso de Amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la decisión del Ad- quem de fecha diez (10) de junio de dos mil dieciséis (2016), por considerar que la misma es violatoria de lo dispuesto en los artículos 90 y 321 de la Constitución de la República.-5) Que en fecha ocho (08) de diciembre de dos mil dieciséis (2016), esta Sala tuvo por formalizada la acción de amparo y ordenó seguir con el procedimiento omitiendo la vista al Fiscal del Despacho de conformidad a lo estipulado en el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público.-CONSIDERANDO: (1) Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la Garantía de Amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.-CONSIDERANDO: (2) Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución.-CONSIDERANDO: (3) Que el acto contra el cual se reclama es la resolución de fecha diez de junio del año dos mil dieciséis, dictada por la Corte Primera de Apelaciones Seccional de la Ceiba, Departamento de Atlántida, que declara Sin lugar el Recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Seccional de La Ceiba, Atlántida, en fecha veintitrés de septiembre del dos mil quince, con relación a la causa instruida contra el imputado ARIELARMANDO CASTELLÓN REYES, por suponerlo responsable del delito de POSESION ILICITA DE ARMA DE FUEGO COMERCIAL, en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS.- CONSIDERANDO: (4) Que la recurrente en la formalización de la acción de amparo (F. 22 pieza de amparo), expone como quebrantado el derecho al Debido Proceso y el Principio de Legalidad, consagrados en el Artículo 90 de la Constitución de la República que establecen: “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece.”, y el 321 de la Constitución de la República, que manda:”Los servidores del Estado no tiene mas facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad.”Lo anterior relacionado con el artículo 304 Constitucional que establece “Corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a los casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado”.Expone la recurrente que se presentó Requerimiento fiscal contra el señor ARIELARMANDO CASTELLÓN REYES, sustentado en los hechos ocurridos el día 06 de septiembre del año 2016, cuando la Policía Militar y Orden Público realizaban operativos de saturación en la colonia Vista al Mar de la ciudad de La Ceiba, relata que recibieron denuncia verbal que en una casa de habitación ubicada en una invasión dentro de la referida colonia, residía una persona que mantenía un arma de fuego. En virtud de lo anterior los agentes policiales se dirigieron hasta dicha vivienda, donde fueron atendidos por su propietario, el señor ARIEL ARMANDO CASTELLÓN REYES, quien les dio autorización para registrar su casa de habitación, indicándoles que él poseía un arma de fuego, la cual colocó en su cama junto a seis cargadores y 36 proyectiles de 9mm., sin contar con el permiso de la autoridad correspondiente, por lo que se procedió al decomiso del arma.- CONSIDERANDO: (5) Que la recurrente expone que la autoridad impugnada consideró que los medios de prueba aportados por el Ministerio Público carecen de eficacia probatoria ya que provienen de actos o hechos que vulneran garantías procesales, en virtud que el Juez de instrucción declaró no ha lugar la solicitud de convalidación de allanamiento de morada, por no cumplirse los requisitos exigidos por la norma procesal, anulando todo lo actuado en dicho allanamiento. Consecuencia de lo anterior, no es posible valorar ninguno de los medios de prueba de cargo evacuados en la audiencia inicial, pues son el resultado de diligencias policiales realizadas en vulneración al derecho a la intimidad y la inviolabilidad del domicilio. Por lo que siendo declarados nulos no se acredita la existencia del delito.Al respecto el Ente fiscal considera que se ha inobservado el artículo 99 constitucional y el 212 del Código Procesal Penal, que permite el ingreso o registro al domicilio con el consentimiento de la persona que lo habita. Señala además la recurrente en su exposición que no se trata propiamente de un allanamiento de morada sino de un ingreso y registro consentido por la persona que habita la vivienda, por lo que no era necesario levantar un acta de allanamiento demorada, ni tampoco su convalidación por parte del Juez de garantías. Por todo ello la recurrente considera que se ha vulnerado el derecho al Debido Proceso lo que se traduce en la violación a la tutela judicial efectiva y al Principio de Legalidad que impone al Juez la obligación ineludible de emitir sus resoluciones con estricto apego a derecho y no a su mera arbitrariedad e interpretación personal, sin tomar en cuenta la norma, el hecho la prueba y el derecho aplicar.-CONSIDERANDO: (6) Que el Tribunal de alzada en el párrafo que corresponde a la MOTIVACIÓN PROBATORIA Y JURÍDICA, relaciona las diferentes normas jurídicas aplicables al allanamiento de morada, entre ellos invoca el artículo 212 del Código Procesal Penal que dispone, que el allanamiento de una casa o morada solo podrá efectuarse previa orden escrita del órgano jurisdiccional competente señalando las excepciones que impone la ley referidas a los casos de flagrancia, impedir la comisión de un delito, evitar la fuga de un delincuente, ola destrucción, pérdida u ocultamiento de las pruebas o evidencias con miras a lograr la impunidad de los responsables y no sea posible esperar el tiempo necesario para solicitar la autorización judicial, realizado el allanamiento el Fiscal debe ponerlo en conocimiento del juez competente al que explicará cuales fueron las razones que lo determinaron a realizar el allanamiento, el Juez por auto motivado convalidará o anulará total o parcialmente lo actuado. En los demás casos deberá cumplirse lo dispuesto en el artículo 99 constitucional refiriéndose a los casos: 1) cuando exista noticia fundada de que una persona extraña a las que habitan una morada, casa, o lugar en que viva una persona, fue vista en el momento en que se introducía a ésta en circunstancias inusuales; 2) Cuando la persona que es perseguida para su captura, entra a una casa habitada, sea propia o ajena;3) cuando de una morada se oyen voces o gritos de alarma que pongan de manifiesto que se está cometiendo un delito o que alguien pide auxilio; y 4) Cuando el allanamiento se haga necesario por causa de incendio, terremoto, inundación, epidemia u otro peligro semejante. Señalando que en estos casos especiales al momento de realizar el allanamiento la autoridad debe hacerse acompañar de dos testigos mayores de edad que no tengan vinculación alguna con los cuerpos de investigación, concluido el allanamiento se levantará acta que firmarán quienes hayan participado en el mismo y aquellos ante cuya presencia se efectuó, si se negaren hacerlo se hará constar esta circunstancia y las razones que expusieren para ello. Invoca además el Ad quem el artículo 169 del Código Procesal penal en relación a las nulidades cuando dispone: “Declarada la nulidad carecerán de valor y efecto alguno no solo el acto viciado, sino también todos los que se hayan realizado con posterioridad, siempre que dependan directamente de aquel y sean determinados por el órgano jurisdiccional (Principio de propagación de la ineficacia (Ineficacia a distancia o Fernwirkung), a los actos sucesivos posteriores dependientes del inicial viciado, haciendo alusión a la Doctrina norteamericana de los Frutos del Árbol Envenenado en materia de prueba ilícita. En el numeral cuarto trascribe el artículo 332-b del Código Procesal Penal referido a las personas que sin permiso de la autoridad competente posea un arma de fuego. Así como los casos en que debe dictarse sobreseimiento definitivo conforme lo dispone el artículo 296 del Código Procesal Penal, exponiendo que comparte el criterio del A quo al haber dictado sobreseimiento definitivo a favor del encausado, al no haber sido convalidado el allanamiento del cual derivan tanto el acta de inspección como el acta de decomiso del arma de fuego con sus proyectiles, siendo declarado nulos, es decir, no producen ningún efecto jurídico, por tanto no pueden ser valorados por el Juez. Por todo ello declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público.-CONSIDERANDO:(7)Que el Estado de Derecho consiste en la sujeción de la actividad estatal a la Constitución y a las normas aprobadas conforme a los procedimientos que ella establezca, que garantizan el funcionamiento responsable y controlado de los órganos del poder, el ejercicio de la autoridad conforme a disposiciones conocidas y no retroactivas en términos perjudiciales, y la observancia de los derechos individuales, colectivos, culturales y políticos. En ese orden de ideas toda institución, o autoridad estará sometida ala Constitución de la República como norma suprema, a la ley que surge de esa normativa superior y que no puede confrontarla y a los tratados internacionales ratificados por el Estado, que forman parte del Derecho Interno. La administración de justicia es uno de los pilares en que descansa el Estado de Derecho, lo que aplicado al caso en estudio esta Sala aprecia que el Ministerio Público en el folio tres (3) del Requerimiento Fiscal primera pieza de autos, presentado ante el A quo manifiesta: “SE SOLICITA CONVALIDACIÓN DE ALLANAMIENTO DE MORADA”, explicando que tuvo conocimiento de que en una casa se encontraba una persona que poseía un arma de fuego de manera ilegal y que podía tener otros objetos o sustancias ilícitas en su poder como ser drogas, por lo que contando con entrevistas de personas que afirmaban tales extremos y que por cuestiones meramente investigativas se obvia por los momentos su nombre; y siendo que la información brindada daba lugar a que los hechos se encontraban en ejecución, razón por la cual y al estar el suscrito Fiscal en el lugar acompañado de la PMOP, considerando en ese momento estar imposibilitado para solicitar la orden judicial de allanamiento (el resaltado es nuestro), ya que el tiempo para documentar y presentar al Juzgador dicha solicitud y esperar la correspondiente Autorización, era apremiante y, aunado a lo anterior se consideró que era necesario realizar allanamiento de manera expedita para impedir o evitar la fuga de un delincuente, así como la destrucción, pérdida u ocultamiento de las pruebas o evidencias, con miras a lograr la impunidad de los responsables, por lo que en ese momento se consideró que no era posible esperar el tiempo para solicitar una autorización judicial, ya que al ver la presencia de PMOP, el probable responsable del delito, se encontraba en alerta, y en consideración a la situación urgente de los hechos el Ministerio Público autorizó las diligencias pertinentes y el allanamiento respectivo, (el resaltado es nuestro) en respuesta a la seguridad de nuestra sociedad, por lo que era necesario realizar tal allanamiento,(el resaltado es nuestro), el cual dio como resultado el decomiso de un arma de fuego…. Se solicita se convalide por el juzgador dicho Allanamiento de Morada y que se tenga por bien hecha la acción de urgencia, a razón de no vulnerar las garantías constitucionales correspondientes”,(las negritas son nuestras). Con lo afirmado por el Ente Acusador en el Requerimiento fiscal, no existe lugar a dudas, de que ciertamente practicó un allanamiento en la casa del acusado, mismo que no fue convalidado, y es que lo afirmado por el Ente Fiscal es relevante al momento de garantizar los derechos fundamentales de un ciudadano, ya que no basta con que el Ministerio Público realice un cambio de palabras o el significado de sus actuaciones, o situaciones o hechos a su arbitrio, sino más bien de un acto concreto que el mismo Ministerio Público realizó y así lo afirma en su acusación. Al no llenar las exigencias establecidas en la ley, no se convalidó el allanamiento y pese a los alegatos de la recurrente, no significa que se haya quebrantado el Debido Proceso que descansa en el cumplimiento de los requisitos, exigencias o solemnidades previamente establecidas en la ley referido el principio de legalidad inherente al debido proceso.-CONSIDERANDO: (8) Que el Debido Proceso adjetivo o formal se entiende como un conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial. Así, si bien es cierto que los fallos han de respetar los principios del debido proceso formal y sustancial, también existiría una forma por la cual este fallo llegue a concretarse, y tutelar efectivamente la pretensión o derecho amparado. Este es el momento en el cual hace su aparición la tutela jurisdiccional efectiva, dado que un fallo justo y acorde con el procedimiento debido, no puede quedarse como certeza jurídica ideal, sino que ha de satisfacer materialmente el derecho reconocido. El Estado tiene la obligación de reconocer un conjunto de garantías institucionales que permitan el ejercicio del debido proceso en toda persona. Todos los ciudadanos tienen derecho a acudir a los tribunales para obtener protección de sus intereses o derechos, a través de un proceso que respete tanto los derechos del demandante como los del demandado y que además el resultado de éste se encuentre asegurado, garantizando la tutela judicial contenida en el derecho interno y en los tratados y convenciones internacionales suscritos por el Estado para proteger los derechos y libertades del ciudadano contra actos u omisiones de las autoridades públicas, ejecutivas, judiciales o legislativas.-CONSIDERANDO:(9) Que las resoluciones de los Jueces y Magistrados solo están sujetas ala Constitución, la Ley y los Tratados Internacionales Sobre Derechos Humanos ratificados por el Estado, del estudio de la resolución recurrida esta Sala aprecia que tanto el A quo como el Tribunal de alzada han cumplido con su función de administrar justicia sujetos al marco de la ley, por lo que no se aprecia ningún quebrantamiento de derechos fundamentales del recurrente.- CONSIDERANDO:(10) Que esta Sala observa que el debido proceso No se ha vulnerado con la resolución recurrida, que contiene la motivación suficiente y fundamentos legales, así como que ha observado los requisitos, exigencias y solemnidades del debido proceso, por ende el principio de legalidad inherente al Debido Proceso tampoco resulta lesionado los que se han garantizado a lo largo del proceso. De igual manera debemos pronunciarnos en cuanto a la lesión del artículo 321 constitucional de los Servidores del Estado, no se aprecia lesión alguno al derecho invocado por el recurrente, porque como ha quedado dicho tanto el A quo como el Ad quem han dictado una resolución conforme el procedimiento establecido en la ley mismo que los Jueces han respetado y garantizado.-CONSIDERANDO: (11) Que como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico.-POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y en aplicación de los Artículos 37 No.1, 40, 45, 58, 64, 82, 90, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1, de la Constitución de la República; 8 No. 1, 24 y 25 de La Convención Americana de Derechos Humanos; 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 1 y 78 No. 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales. FALLA: DENEGANDO el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada SUSSY G. COELLO GARCIA a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por la Corte Primera de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, Atlántida, en fecha diez de junio de dos mil dieciséis. Y MANDA: Que con la certificación de este fallo remita los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó Magistrado Jorge Abilio Serrano Villanueva.-NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los trece (13) días del mes de junio del año dos mil diecisiete (2017), Certificación de la Sentencia de fecha dieciséis (16) de mayo del año dos mil diecisiete (2017) recaída en el Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 0814-2016.- Firma y sello

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL