Sentencia AP-763-15 — Registro 10333
Resumen
Sentencia declaró sin lugar recurso de apelación, confirmó resolución dictada por juzgado de primera instancia que declaró no ha lugar excepción de falta de acción presentada por recurrente, en causa por suponerlo responsable a título de autor directo de nueve delitos de malversación de caudales públicos en perjuicio de la Administración Pública; en apelación se consideró que el momento procesal oportuno para promover dicha excepción es la audiencia inicial y no en audiencia de declaración de imputado
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."esta Sala advierte que la resolución recurrida por vía de amparo, como ya se dijo, es la decisión de la Alzada de confirmar la declaratoria de no ha lugar de la excepción de falta de acción que hizo el A-Quo, en tanto que el recurrente ha fijado con claridad la resolución en contra de la cual se recurre por esta vía, es decir la resolución de fecha 17 de junio de 2015, emitida por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, referente a la excepción procesal que ya se ha citado, siendo el objeto de este recurso por ende, determinar si tal resolución es o no violatoria de los derechos y garantías señaladas por el quejoso en sus respectivos escritos de interposición y de formalización de la acción constitucional que nos ocupa..."..."esta Sala ha sostenido en reiteradas decisiones que las excepciones son medios de defensa dispuestos por la ley a favor del imputado para impedir (transitoria o definitivamente) la prosecución del proceso. Ahora bien, este Tribunal ha dejado establecido que las excepciones deben ser referidas a elementos procesales y no a los elementos constitutivos del delito o de tipo. De tal manera que no es viable oponer excepción, cuando el fundamento que sirve de defensa sea de fondo, porque éste deberá ser conocido, debatido y acreditado en el juicio mismo, con todas las garantías que esto ofrece a las partes..."..."del examen de las actuaciones destaca, que no obstante la argumentación planteada por la recurrente y el parecer del Ad-Quem en cuanto al momento procesal en el que pueden oponerse las excepciones en el ámbito procesal penal, logra observarse que en fecha nueve (09) de junio del año dos mil quince, se celebró la respectiva declaración de imputado en el proceso que nos ocupa, en la cual, se interpuso la excepción de falta de acción de conformidad como lo establece el artículo 46 numeral 2 y 47 del Código Procesal Penal, excepción procesal que fue declarada no ha lugar por la juez de instancia, en virtud de considerar que “Desde el momento en que se ha presentado un requerimiento ante esta Secretaría y es admitida la misma, el Juez quien conoce la causa examina el requerimiento a fin de establecer si se reúnen los requisitos de admisión de acuerdo al Código Procesal Penal, por lo que se procedió a estudiar el presente requerimiento, asimismo se procedió a leer cada uno de los medios de prueba documentales, considerando la suscrita de que efectivamente se reunían los requisitos del artículo 293 del Código Procesal Penal, si bien es cierto la defensa establece que el Ministerio Publico debió evacuar en sede administrativa los medios de prueba solicitados por estos, consta en el requerimiento de mérito que es el Tribunal Superior de Cuentas que presenta la denuncia ante el ente acusador, corre agregado a los medios de prueba tales documentos y los otros que tienen relación al caso, asimismo establece la defensa que la falta de motivación para presentar el mismo no aparece en la presente causa ya que fue debidamente sustentada en la misma, considero que el momento procesal oportuno para manifestarnos por los medios de prueba presentados por el Ministerio Publico ya que es en la audiencia inicial donde el juez procederá a evacuar los medios probatorios presentados por las partes, por lo que se considera que los motivos para presentar la excepción por alta de acción planteada en esta audiencia por parte de la defensa y establece la defensa del Señor Rafael Barahona de que no se ha identificado de forma plena y existen algunos errores en la presentación del escrito y del requerimiento en sí” asimismo, considera la Juez Penal que “es procedente seguir con el desarrollo de la presente audiencia en base al artículo 292 del Código Procesal Penal, ya que no se les tomado ni se tuve acceso a la información de sus generales de ley, por lo que considero que es pertinente seguir con la continuación de la audiencia, asimismo que estos den a conocer sus nombres, domicilios, a que se dedican, es decir sus generales de ley y posteriormente pronunciarse en relación a las medidas que se habrán de imponer, por lo que RESUELVE DECLARANDO NO A LUGAR LA EXCEPCION POR FALTA DE ACCION DE LA DEFENSA, seguidamente se ordena se siga desarrollando la audiencia.”..."..."esta Sala también ha dispuesto en el pasado, que para ejercitar la acción penal deben verificarse determinados requisitos, su ausencia o falta de observancia los convierte en obstáculos, que pueden ser planteados por la vía incidental de la excepción de falta de acción. Expresado de otra forma, la excepción de falta de acción procede cuando no concurre o se omite un requisito de procedibilidad previsto en la ley. En buena parte de los casos la satisfacción o subsanación del presupuesto procesal omitido o irregular, no impide que pueda reiniciarse la acción penal válidamente. Las condiciones de procedibilidad son aquellas causas que condicionan el ejercicio de la acción. En todos los casos la acción penal debe de cumplir ciertas reglas, tanto para su iniciación como para el desarrollo del proceso. Los requisitos de procedibilidad son presupuestos indispensables para la iniciativa del proceso penal, sin cuyo cumplimiento no es posible el legal ejercicio de la acción penal y por ende tampoco es posible la prosecución del proceso penal; entonces procede la excepción por falta de acción cuando se verifica el incumplimiento de los requisitos de procedibilidad, por lo tanto no se puede desarrollar válidamente el proceso penal...."..."la Sala de lo Constitucional ha observado que regularmente se tiende a confundir las excepciones de falta de acción y la falta de tipicidad y/o materia justiciable. Esta última, afecta de modo directo a la existencia del delito objeto del proceso penal y su confusión con la excepción de falta de acción es común. La falta de tipicidad o inexistencia del delito no es una excepción oponible, sino que es un extremo de fondo que deberá ser dilucidado en el juicio oral y público; en cambio la Falta de Acción se refiere a cuestiones procesales y no de fondo, como ya ha quedado explicado..."..."a criterio de esta Sala de lo Constitucional, el reclamo formulado mediante el Recurso, no se enmarca en las normas constitucionales que se citan como violentadas, toda vez que el mismo no gravita en la inexistencia de la posibilidad material para el recurrente de realizar actos procesales en defensa de los intereses generales de su representado, como la presentación de argumentos, contradicción, audiencia, presentación de peticiones y de Recursos, por el contrario, esta Sala de lo Constitucional no advierte que con el fallo recurrido se hayan quebrantado ni las formas esenciales del proceso, ni tampoco derechos y garantías reconocidas en la Constitución de la República, como lo ha sostenido el quejoso. La Sala observa además que la resolución impugnada ha tutelado en forma efectiva, tanto la garantía genérica del debido proceso, como la vigencia de los principios que lo rigen y al confirmar la denegatoria de la excepción planteada, no ha hecho sino ceñirse a las exigencias y formalidades que la ley prescribe, esencialmente al hacerle las observaciones de mérito a la A-quo, de ser cuidadosa con la aplicación de la norma penal adjetiva, y observar su cumplimiento con la debida diligencia es estricto respeto y adhesión al debido proceso. Consecuentemente, al no constar ni haber sido acreditada vulneración manifiesta o evidente por la que se hayan disminuido o quebrantado derechos o garantías constitucionales por parte del Tribunal de Alzada, este Alto Tribunal es del criterio porque se deniegue la acción de amparo interpuesta por el recurrente y así debe declararse..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 316 (Rango Constitucional)
- Código Procesal Penal, art. 42 (Jerarquía Ordinaria)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintisiete de Septiembre de dos mil diecisiete.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado JOSE GUILLERMO SILIEZAR ARITA a favor del señor RAFAEL EDGARDO BARAHONA OSORIO, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN en fecha diecisiete de junio de dos mil quince, que confirmó la resolución dictada en fecha nueve de junio de dos mil quince, con relación a la causa instruida contra el señor RAFAEL EDGARDO BARAHONA OSORIO, por suponerlo responsable del delito de MALVERSACIÓN DE CAUDALES PUBLICOS en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN PUBLICA. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representado los artículos 82y 90de la Constitución de la República.- ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha tres de junio de dos mil quince, compareció ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, la abogada KARLA MARIA MARTINEZ, actuando en su condición Agente de Tribunales del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal contra los señores ENRIQUE ALBERTO FLORES LANZA en su condición de Ex Ministro de la Secretaría de Estado en el Despacho Presidencial, por considerarlo responsable a título de autor directo de ONCE DELITOS DE MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN PUBLICA, y RAFAEL EDGARDO BARAHONA OSORIO, en su condición de Ex Gerente Administrativo de la Secretaría Estado en el Despacho Presidencial por suponerlo responsable a título de autor directo de NUEVE DELITOS DE MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN PUBLICA.- 2) Que en Audiencia de Declaración de Imputado celebrada fecha nueve de junio de dos mil quince, los Abogados TIRZA FLORES LANZA, en su condición de Apoderada Legal del señor ENRIQUE ALBERTO FLORES LANZA y RANDOLFO ANTONIO ZAMORA GALEAS, en su condición de Defensor Privado del señor RAFAEL EDGARDO BARAHONA OSORIO, interpusieron Excepción de Falta de Acción, en consecuencia el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, resolvió Declarando No ha Lugar la Excepción presentada por la Defensa (Folios 1026al1034, del Tomo III de la primera pieza de los antecedentes).- 3)Que conociendo del Recurso de Apelación interpuesto por los abogados TIRZA FLORES LANZA y RODOLFO ANTONIO ZAMORA GALEAS contra la resolución dictada por el A-quo de la que se hace referencia en el numeral que antecede, la Corte de Apelaciones de lo Penal del departamento de Francisco Morazán, dictó resolución en fecha diecisiete de junio de dos mil quince, mediante la cual resolvió: “…1.-DeclararNO HA LUGAR el recurso ordinario de apelación interpuesto por la Defensa de los acusados;y 2.- CONFIRMAR la resolución apelada.- …” (Folios 1045al1047del Tomo III de la primera pieza de los antecedentes).- 4)Que el Abogado JOSE GUILLERMO SILIEZAR ARITA, compareció ante la Sala de lo Constitucional en fecha siete de agosto de dos mil quince, reclamando amparo a favor del señor RAFAEL EDGARDO BARAHONA OSORIO, afirmando que la decisión del Ad-quem de fecha diecisiete de junio de dos mil quince, es violatoria delos artículos82 y 90 de la Constitución de la República.- 5) Que en fecha uno de diciembre de dos mil quince, la Sala tuvo por formalizada la acción de amparo de mérito, omitiéndose la vista al Fiscal del Despacho de conformidad a lo estipulado en el artículo 37 de la Ley Orgánica del Ministerio Público.- CONSIDERANDO (1):Que el Estado reconoce la garantía de amparo y en consecuencia toda persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta tiene derecho a interponer el recurso de amparo: 1. Para que le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; y, 2. Para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente, ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución de la República.- CONSIDERANDO (2):Que procede la acción de amparo contra las resoluciones, actos y hechos de los Poderes del Estado, incluyendo las entidades descentralizadas, desconcentradas, las sostenidas con fondos públicos y las que actúen por delegación de algún órgano del Estado en virtud de concesión, de contrato u otra resolución válida.- CONSIDERANDO (3): Que se conoce en esta vía, la acción constitucional de amparo interpuesta en contra de la resolución emitida por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha diecisiete de junio del año dos mil quince, mediante la cual, declaro no ha lugar el recurso ordinario de apelación y confirmo la resolución apelada de fecha nueve de junio dictada por el JUZGADO DE LETRAS PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE TEGUCIGALPA, indicando inter alia que el momento procesal oportuno para promover la excepción por falta de acción es en la audiencia inicial y no en la audiencia de declaración de imputado, criterio reiterado por parte del mencionado Tribunal de Alzada.- CONSIDERANDO (4): Que el reclamo del recurrente se contrae al hecho de que “hay una flagrante violación, muy particularmente al DERECHO DE DEFENSA Y DE UN DEBIDO PROCESO, toda vez que los hechos que motivan la causa penal en referencia no han sido resueltos en forma definitiva por el TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS, siendo precisamente, esa instancia Administrativa la que deviene obligada por disposición, de la Constitución de la República y de su Ley Orgánica, a determinar el origen, manejo, uso y destino de los Fondos Públicos contenidos en el Presupuesto General de la República, con la excepción, tal y como sucede en el presente caso y que fuera debidamente probado de aquellos recursos provenientes de una Donación Externa.” Asimismo señala el Recurrente que “la Juez de primera instancia en Materia Penal al declarar sin lugar la excepción alegada, establece en su resolución, misma que obra a Folio 1033 del expediente Judicial Penal, el hecho de que, según su criterio, es el Tribunal Superior de Cuentas el que presente la denuncia ante el ente acusador (SIC…), lo cierto Honorables Magistrados es que lo referido por el Ministerio Publico en su escrito de Requerimiento Fiscal que obra Folio 3 del expediente Penal, en el sentido de que en fecha 24 de septiembre del año 2010 el Tribunal Superior de Cuentas interpuso denuncia ante el Ministerio Publico entre otros, contra el Señor Rafael Edgardo Barahona Osorio para que se investigue por el Delito de Malversación de Caudales Públicos mediante el Oficio 230-2010-SG-TSC, lo cierto es que el referido oficio simple y sencillamente contiene la remisión al Ministerio Publico del Informe Especial No.011/2009-DASSJ-SDP-C en fecha 17 de agosto del mismo año 2010, tal y como consta en el Folio No. 311 del expediente respectivo. No constituye pues, una Denuncia Penal como pretende hacerlo ver la Fiscalía, sino simplemente el propósito de que se realicen investigaciones; pero aunque así hubiera sido, es decir, si se trata de una Denuncia, ni el Tribunal Superior de Cuentas , ni el Ministerio Público son Órganos que están por encima de la Constitución de la República y es por ello mismo que no pueden violentar los principios básicos que afirman las garantías individuales de la Ley Fundamental y de las Convenciones y Tratados sobre Derechos Humanos de los cuales Honduras es parte, principios estos que no son otros más que el del Derecho de Defensa y el de Debido Proceso, ambos, por cierto, íntimamente ligados entre sí.” Por lo que según el recurrente “no se puede iniciar un Juicio en Materia Penal por responsabilidades de índole Administrativo, es decir, derivadas del ejercicio de la función Pública, hasta tanto no se haya concluido con un informe definitivo del órgano competente cual es el Tribunal Superior de Cuentas y que además el mismo tenga el carácter de firme; o, que exista flagrancia, o sea, que el Funcionario haya sido encontrado en la plena Comisión del Delito, todo lo cual, evidentemente no ha ocurrido en el presente caso. Al no tener el carácter de firme el Informe 011/2009-DASSJ-SDP-C, del Tribunal Superior de Cuentas y no haberse encontrado en flagrancia al señor Rafael Edgardo Barahona Osorio, es claro que en base al sacrosanto derecho de defensa y al del debido proceso el señor Barahona Osorio tenía y tiene el derecho a presentar pruebas de descargo en su defensa en el ámbito Administrativo, es decir en el Tribunal Superior de Cuentas e incluso a interponer los recursos Administrativos y Judiciales que le permite la ley antes de que su caso sea juzgado en la Jurisdicción en Materia Penal, lo contrario ocurre en presente caso es violatorio de Derechos Constitucionales tantas veces referidos y vuelve procedente que el mismo sea amparado por esta Honorable Corte.”- CONSIDERANDO (5): Que esta Sala advierte que la resolución recurrida por vía de amparo, como ya se dijo, es la decisión de la Alzada de confirmar la declaratoria de no ha lugar de la excepción de falta de acción que hizo el A-Quo, en tanto que el recurrente ha fijado con claridad la resolución en contra de la cual se recurre por esta vía, es decir la resolución de fecha 17 de junio de 2015, emitida por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, referente a la excepción procesal que ya se ha citado, siendo el objeto de este recurso por ende, determinar si tal resolución es o no violatoria de los derechos y garantías señaladas por el quejoso en sus respectivos escritos de interposición y de formalización de la acción constitucional que nos ocupa.- CONSIDERANDO (6): Que con respecto a la naturaleza de las excepciones en el ámbito procesal penal, esta Sala ha sostenido en reiteradas decisiones que las excepciones son medios de defensa dispuestos por la ley a favor del imputado para impedir (transitoria o definitivamente) la prosecución del proceso. Ahora bien, este Tribunal ha dejado establecido que las excepciones deben ser referidas a elementos procesales y no a los elementos constitutivos del delito o de tipo. De tal manera que no es viable oponer excepción, cuando el fundamento que sirve de defensa sea de fondo, porque éste deberá ser conocido, debatido y acreditado en el juicio mismo, con todas las garantías que esto ofrece a las partes.- CONSIDERANDO (7): Que esta Sala de lo Constitucional también ha establecido en varios de sus fallos, que el artículo 46 del Código Procesal Penal, cita en numerus clausus las excepciones oponibles en el proceso penal; concretamente en el numeral 2, que contempla dos situaciones dentro de la excepción de falta de acción: 1) cuando ésta no haya debido promoverse, y 2) cuando no puede proseguirse. En el primer supuesto; es decir, cuando la acción no haya debido promoverse, quedan incluidos a manera de ejemplo, supuestos como los siguientes: a) En los delitos de acción pública cuando no hay requerimiento del Ministerio Público; b) En los delitos de acción pública perseguibles a instancia particular cuando el agraviado no ha dado su autorización al Fiscal para interponer el requerimiento; c) En los delitos de acción privada cuando no fue presentada la querella por el sujeto autorizado; d) Cuando por disposición de la ley un procedimiento extrapenal es requisito de admisibilidad para poder ejercer la acción penal. En el segundo supuesto; es decir, cuando la acción no puede proseguirse, se incluyen aquellos casos en que sobreviene un obstáculo con posterioridad al inicio del proceso que imposibilita la continuación de éste, así por ejemplo cuando en el transcurso del procedimiento sobreviene una enfermedad mental del imputado, que es el supuesto previsto por el artículo 105 del Código Procesal Penal, donde se establece que “…cuando por causa sobreviniente al hecho supuestamente delictivo, el imputado no se encuentra en condiciones de participar conscientemente en el proceso, por alteración de su capacidad de comprensión de los actos que en él hayan de realizarse, o de actuar conforme a ese entendimiento, se suspenderá la tramitación de aquél hasta que recupere su capacidad….”.- CONSIDERANDO (8): Que dicho lo anterior, del examen de las actuaciones destaca, que no obstante la argumentación planteada por la recurrente y el parecer del Ad-Quem en cuanto al momento procesal en el que pueden oponerse las excepciones en el ámbito procesal penal, logra observarse que en fecha nueve (09) de junio del año dos mil quince, se celebró la respectiva declaración de imputado en el proceso que nos ocupa, en la cual, se interpuso la excepción de falta de acción de conformidad como lo establece el artículo 46 numeral 2 y 47 del Código Procesal Penal, excepción procesal que fue declarada no ha lugar por la juez de instancia, en virtud de considerar que “Desde el momento en que se ha presentado un requerimiento ante esta Secretaría y es admitida la misma, el Juez quien conoce la causa examina el requerimiento a fin de establecer si se reúnen los requisitos de admisión de acuerdo al Código Procesal Penal, por lo que se procedió a estudiar el presente requerimiento, asimismo se procedió a leer cada uno de los medios de prueba documentales, considerando la suscrita de que efectivamente se reunían los requisitos del artículo 293 del Código Procesal Penal, si bien es cierto la defensa establece que el Ministerio Publico debió evacuar en sede administrativa los medios de prueba solicitados por estos, consta en el requerimiento de mérito que es el Tribunal Superior de Cuentas que presenta la denuncia ante el ente acusador, corre agregado a los medios de prueba tales documentos y los otros que tienen relación al caso, asimismo establece la defensa que la falta de motivación para presentar el mismo no aparece en la presente causa ya que fue debidamente sustentada en la misma, considero que el momento procesal oportuno para manifestarnos por los medios de prueba presentados por el Ministerio Publico ya que es en la audiencia inicial donde el juez procederá a evacuar los medios probatorios presentados por las partes, por lo que se considera que los motivos para presentar la excepción por alta de acción planteada en esta audiencia por parte de la defensa y establece la defensa del Señor Rafael Barahona de que no se ha identificado de forma plena y existen algunos errores en la presentación del escrito y del requerimiento en sí” asimismo, considera la Juez Penal que “es procedente seguir con el desarrollo de la presente audiencia en base al artículo 292 del Código Procesal Penal, ya que no se les tomado ni se tuve acceso a la información de sus generales de ley, por lo que considero que es pertinente seguir con la continuación de la audiencia, asimismo que estos den a conocer sus nombres, domicilios, a que se dedican, es decir sus generales de ley y posteriormente pronunciarse en relación a las medidas que se habrán de imponer, por lo que RESUELVE DECLARANDO NO A LUGAR LA EXCEPCION POR FALTA DE ACCION DE LA DEFENSA, seguidamente se ordena se siga desarrollando la audiencia.”- CONSIDERANDO (9):Que contra la decisión tomada por el A-quo el Abogado defensor del señor RAFAEL EDGARDO BARAHONA OSORIO, se adhirió a la posición de los defensores del señor ENRIQUE FLORES LANZA en cuanto a la interposición del recurso de apelación y los agravios expresados por los mismos, recurso de apelación que fue rechazado por el Ministerio Público llevando a cabo su respectiva contestación de agravios, dando el trámite correspondiente el A-quo a dicho recurso, señalando que siendo que la excepción planteada se basa en el fondo del asunto y no en la forma, decidió suspender la presente audiencia (Declaratoria de Imputado) y ordeno remitir las actuaciones en ambos efectos a la Corte de Apelaciones Penal de esta Sección Judicial.- CONSIDERANDO (10):Que la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, en la resolución hoy recurrida en amparo, señalo “Al revisar la causa de mérito fácilmente se colige que la excepción planteada por los Apoderados Legales Defensores, fue realizada fuera del momento procesal que la Ley otorga, tal como lo hemos referido anteriormente, por tanto la sustanciación de la declaración de imputado no debió suspenderse y tuvo que haberse concluido tal como en un principio lo había resuelto la A-Quo, y remitido la presente causa en apelación una vez finalizada dicha actuación judicial; tal como lo dispone el artículo 354 párrafo final del Código Procesal Penal, es decir, por la naturaleza del recurso y el momento procesal en que el mismo fue planteado en un solo efecto sin suspender la continuación del procedimiento, y no en ambos efectos como erróneamente lo hizo la Juez.”. Apuntando a lo anterior que la Honorable Corte de Apelaciones hace la observación al A-Quo, que en lo sucesivo deberá ser cuidadosa con la aplicación de la debida diligencia en estricto respeto y adhesión al debido proceso.- CONSIDERANDO (11): Que esta Sala también ha dispuesto en el pasado, que para ejercitar la acción penal deben verificarse determinados requisitos, su ausencia o falta de observancia los convierte en obstáculos, que pueden ser planteados por la vía incidental de la excepción de falta de acción. Expresado de otra forma, la excepción de falta de acción procede cuando no concurre o se omite un requisito de procedibilidad previsto en la ley. En buena parte de los casos la satisfacción o subsanación del presupuesto procesal omitido o irregular, no impide que pueda reiniciarse la acción penal válidamente. Las condiciones de procedibilidad son aquellas causas que condicionan el ejercicio de la acción. En todos los casos la acción penal debe de cumplir ciertas reglas, tanto para su iniciación como para el desarrollo del proceso. Los requisitos de procedibilidad son presupuestos indispensables para la iniciativa del proceso penal, sin cuyo cumplimiento no es posible el legal ejercicio de la acción penal y por ende tampoco es posible la prosecución del proceso penal; entonces procede la excepción por falta de acción cuando se verifica el incumplimiento de los requisitos de procedibilidad, por lo tanto no se puede desarrollar válidamente el proceso penal.- CONSIDERANDO (12): Que en forma reiterada la Sala de lo Constitucional ha observado que regularmente se tiende a confundir las excepciones de falta de acción y la falta de tipicidad y/o materia justiciable. Esta última, afecta de modo directo a la existencia del delito objeto del proceso penal y su confusión con la excepción de falta de acción es común. La falta de tipicidad o inexistencia del delito no es una excepción oponible, sino que es un extremo de fondo que deberá ser dilucidado en el juicio oral y público; en cambio la Falta de Acción se refiere a cuestiones procesales y no de fondo, como ya ha quedado explicado.- CONSIDERANDO (13): Que ya refiriéndonos en sí a las alegación del recurrente que pretende justificar las excepción planteada en el sentido que el proceso jamás debió iniciarse o continuarse por la trasgresión al derecho del debido proceso y el derecho de defensa, es necesario dejar establecido,que del análisis del Recurso interpuesto, el recurrente denuncia la violación de las garantías constitucionales contenidas en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República, Principio de Inviolabilidad de la Defensa y del Debido Proceso respectivamente. Esta Sala, considera importante recordar que la garantía genérica del debido proceso que consagra el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes en el proceso, dentro de tal garantía deben incluirse el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, el derecho a impugnar las resoluciones judiciales, entre otros, en fin el Principio del debido Proceso exige la materialización del Principio de Legalidad. Respecto al Derecho de Defensa esta Sala también ha señalado que: “...uno de los requisitos Constitucionales del Proceso Penal, lo constituye el derecho de defensa como presupuesto básico para todo pronunciamiento en materia penal, plasmado en principio como un instrumento de reacción del individuo frente a la acción punitiva del Estado, erigiéndose como el poder de oposición a la acción y por lo tanto, constituye uno de los elementos esenciales del moderno proceso penal, en ese sentido, al garantizar la carta magna que el derecho de defensa es inviolable, lleva implícito que la instancia penal deba permitir a toda persona que interviene en juicio, los medios efectivos y necesarios para la concreción de la defensa en juicio, de tal forma que la normativa procesal reguladora del debate público deba comprender la observación de tal derecho en cada una de las circunstancias o incidencias que se presenten durante el juicio, como una manifestación del denominado derecho al debido proceso que “supone un conjunto de auto limitaciones constitucionales y legales que el Estado se impone a sí mismo, para racionalizar dentro de los marcos infranqueables de la dignidad humana, el ejercicio del ius puniendi, que se logra con el establecimiento de una serie de garantías mínimas, que son el escudo protector del ciudadano frente a la arbitrariedad del funcionario o a la omnipotencia del Estado” (Véase Pavón Gómez German). De la Casación y la Revisión Penal. 2ª edición. Doctrina y Ley. 2003. Colombia. P 48 y 49.” además esta Sala, ha establecido que “…el derecho de defensa se lesiona, verbigracia, cuando se imposibilita al acusado la oportunidad durante la totalidad del proceso, de defenderse de los cargos, o para demostrar su versión de los hechos, el acceso irrestricto a las pruebas de cargo, el derecho a hacer uso de todos los recursos legales o razonables de defensa sin sanción o censura alguna…”.- CONSIDERANDO (14): Que a criterio de esta Sala de lo Constitucional, el reclamo formulado mediante el Recurso, no se enmarca en las normas constitucionales que se citan como violentadas, toda vez que el mismo no gravita en la inexistencia de la posibilidad material para el recurrente de realizar actos procesales en defensa de los intereses generales de su representado, como la presentación de argumentos, contradicción, audiencia, presentación de peticiones y de Recursos, por el contrario, esta Sala de lo Constitucional no advierte que con el fallo recurrido se hayan quebrantado ni las formas esenciales del proceso, ni tampoco derechos y garantías reconocidas en la Constitución de la República, como lo ha sostenido el quejoso. La Sala observa además que la resolución impugnada ha tutelado en forma efectiva, tanto la garantía genérica del debido proceso, como la vigencia de los principios que lo rigen y al confirmar la denegatoria de la excepción planteada, no ha hecho sino ceñirse a las exigencias y formalidades que la ley prescribe, esencialmente al hacerle las observaciones de mérito a la A-quo, de ser cuidadosa con la aplicación de la norma penal adjetiva, y observar su cumplimiento con la debida diligencia es estricto respeto y adhesión al debido proceso. Consecuentemente, al no constar ni haber sido acreditada vulneración manifiesta o evidente por la que se hayan disminuido o quebrantado derechos o garantías constitucionales por parte del Tribunal de Alzada, este Alto Tribunal es del criterio porque se deniegue la acción de amparo interpuesta por el recurrente y así debe declararse.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como interprete último y definitivo de la Constitución de la República e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, y en aplicación de los artículos: 71, 82, 90, párrafo primero, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1, 321, 323, de la Constitución de la República; 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1 y 78 No. 5 y 137 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 42 del Código del Código Procesal Penal; 1, 2, 3, numeral 2), 7, 8, 9 numeral 3), 41 No.2, 45, 48, 63 último párrafo, y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: DENEGANDO la Acción de Amparo interpuesta por el Abogado JOSE GUILLERMO SILIEZAR ARITA a favor del señor RAFAEL EDGARDO BARAHONA OSORIO, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN en fecha diecisiete de junio de dos mil quince, que confirmó la resolución dictada en fecha nueve de junio de dos mil quince, con relación a la causa instruida contra el señor RAFAEL EDGARDO BARAHONA OSORIO, por suponerlo responsable del delito de MALVERSACIÓN DE CAUDALES PUBLICOS en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN PUBLICA. Y MANDA: Que con certificación de esta sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes.Redactó el Magistrado ORTEZ CRUZ. NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintinueve (29) días del mes de septiembre del año dos mil diecisiete (2017), certificación de la Sentencia de fecha veintisiete (27) de septiembre del año dos mil diecisiete (2017), recaída en el Recurso de Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 0763-2015.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintisiete de Septiembre de dos mil diecisiete.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado JOSE GUILLERMO SILIEZAR ARITA a favor del señor RAFAEL EDGARDO BARAHONA OSORIO, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN en fecha diecisiete de junio de dos mil quince, que confirmó la resolución dictada en fecha nueve de junio de dos mil quince, con relación a la causa instruida contra el señor RAFAEL EDGARDO BARAHONA OSORIO, por suponerlo responsable del delito de MALVERSACIÓN DE CAUDALES PUBLICOS en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN PUBLICA. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representado los artículos 82y 90de la Constitución de la República.- ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha tres de junio de dos mil quince, compareció ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, la abogada KARLA MARIA MARTINEZ, actuando en su condición Agente de Tribunales del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal contra los señores ENRIQUE ALBERTO FLORES LANZA en su condición de Ex Ministro de la Secretaría de Estado en el Despacho Presidencial, por considerarlo responsable a título de autor directo de ONCE DELITOS DE MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN PUBLICA, y RAFAEL EDGARDO BARAHONA OSORIO, en su condición de Ex Gerente Administrativo de la Secretaría Estado en el Despacho Presidencial por suponerlo responsable a título de autor directo de NUEVE DELITOS DE MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN PUBLICA.- 2) Que en Audiencia de Declaración de Imputado celebrada fecha nueve de junio de dos mil quince, los Abogados TIRZA FLORES LANZA, en su condición de Apoderada Legal del señor ENRIQUE ALBERTO FLORES LANZA y RANDOLFO ANTONIO ZAMORA GALEAS, en su condición de Defensor Privado del señor RAFAEL EDGARDO BARAHONA OSORIO, interpusieron Excepción de Falta de Acción, en consecuencia el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, resolvió Declarando No ha Lugar la Excepción presentada por la Defensa (Folios 1026al1034, del Tomo III de la primera pieza de los antecedentes).- 3)Que conociendo del Recurso de Apelación interpuesto por los abogados TIRZA FLORES LANZA y RODOLFO ANTONIO ZAMORA GALEAS contra la resolución dictada por el A-quo de la que se hace referencia en el numeral que antecede, la Corte de Apelaciones de lo Penal del departamento de Francisco Morazán, dictó resolución en fecha diecisiete de junio de dos mil quince, mediante la cual resolvió: “…1.-DeclararNO HA LUGAR el recurso ordinario de apelación interpuesto por la Defensa de los acusados;y 2.- CONFIRMAR la resolución apelada.- …” (Folios 1045al1047del Tomo III de la primera pieza de los antecedentes).- 4)Que el Abogado JOSE GUILLERMO SILIEZAR ARITA, compareció ante la Sala de lo Constitucional en fecha siete de agosto de dos mil quince, reclamando amparo a favor del señor RAFAEL EDGARDO BARAHONA OSORIO, afirmando que la decisión del Ad-quem de fecha diecisiete de junio de dos mil quince, es violatoria delos artículos82 y 90 de la Constitución de la República.- 5) Que en fecha uno de diciembre de dos mil quince, la Sala tuvo por formalizada la acción de amparo de mérito, omitiéndose la vista al Fiscal del Despacho de conformidad a lo estipulado en el artículo 37 de la Ley Orgánica del Ministerio Público.- CONSIDERANDO (1):Que el Estado reconoce la garantía de amparo y en consecuencia toda persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta tiene derecho a interponer el recurso de amparo: 1. Para que le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; y, 2. Para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente, ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución de la República.- CONSIDERANDO (2):Que procede la acción de amparo contra las resoluciones, actos y hechos de los Poderes del Estado, incluyendo las entidades descentralizadas, desconcentradas, las sostenidas con fondos públicos y las que actúen por delegación de algún órgano del Estado en virtud de concesión, de contrato u otra resolución válida.- CONSIDERANDO (3): Que se conoce en esta vía, la acción constitucional de amparo interpuesta en contra de la resolución emitida por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha diecisiete de junio del año dos mil quince, mediante la cual, declaro no ha lugar el recurso ordinario de apelación y confirmo la resolución apelada de fecha nueve de junio dictada por el JUZGADO DE LETRAS PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE TEGUCIGALPA, indicando inter alia que el momento procesal oportuno para promover la excepción por falta de acción es en la audiencia inicial y no en la audiencia de declaración de imputado, criterio reiterado por parte del mencionado Tribunal de Alzada.- CONSIDERANDO (4): Que el reclamo del recurrente se contrae al hecho de que “hay una flagrante violación, muy particularmente al DERECHO DE DEFENSA Y DE UN DEBIDO PROCESO, toda vez que los hechos que motivan la causa penal en referencia no han sido resueltos en forma definitiva por el TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS, siendo precisamente, esa instancia Administrativa la que deviene obligada por disposición, de la Constitución de la República y de su Ley Orgánica, a determinar el origen, manejo, uso y destino de los Fondos Públicos contenidos en el Presupuesto General de la República, con la excepción, tal y como sucede en el presente caso y que fuera debidamente probado de aquellos recursos provenientes de una Donación Externa.” Asimismo señala el Recurrente que “la Juez de primera instancia en Materia Penal al declarar sin lugar la excepción alegada, establece en su resolución, misma que obra a Folio 1033 del expediente Judicial Penal, el hecho de que, según su criterio, es el Tribunal Superior de Cuentas el que presente la denuncia ante el ente acusador (SIC…), lo cierto Honorables Magistrados es que lo referido por el Ministerio Publico en su escrito de Requerimiento Fiscal que obra Folio 3 del expediente Penal, en el sentido de que en fecha 24 de septiembre del año 2010 el Tribunal Superior de Cuentas interpuso denuncia ante el Ministerio Publico entre otros, contra el Señor Rafael Edgardo Barahona Osorio para que se investigue por el Delito de Malversación de Caudales Públicos mediante el Oficio 230-2010-SG-TSC, lo cierto es que el referido oficio simple y sencillamente contiene la remisión al Ministerio Publico del Informe Especial No.011/2009-DASSJ-SDP-C en fecha 17 de agosto del mismo año 2010, tal y como consta en el Folio No. 311 del expediente respectivo. No constituye pues, una Denuncia Penal como pretende hacerlo ver la Fiscalía, sino simplemente el propósito de que se realicen investigaciones; pero aunque así hubiera sido, es decir, si se trata de una Denuncia, ni el Tribunal Superior de Cuentas , ni el Ministerio Público son Órganos que están por encima de la Constitución de la República y es por ello mismo que no pueden violentar los principios básicos que afirman las garantías individuales de la Ley Fundamental y de las Convenciones y Tratados sobre Derechos Humanos de los cuales Honduras es parte, principios estos que no son otros más que el del Derecho de Defensa y el de Debido Proceso, ambos, por cierto, íntimamente ligados entre sí.” Por lo que según el recurrente “no se puede iniciar un Juicio en Materia Penal por responsabilidades de índole Administrativo, es decir, derivadas del ejercicio de la función Pública, hasta tanto no se haya concluido con un informe definitivo del órgano competente cual es el Tribunal Superior de Cuentas y que además el mismo tenga el carácter de firme; o, que exista flagrancia, o sea, que el Funcionario haya sido encontrado en la plena Comisión del Delito, todo lo cual, evidentemente no ha ocurrido en el presente caso. Al no tener el carácter de firme el Informe 011/2009-DASSJ-SDP-C, del Tribunal Superior de Cuentas y no haberse encontrado en flagrancia al señor Rafael Edgardo Barahona Osorio, es claro que en base al sacrosanto derecho de defensa y al del debido proceso el señor Barahona Osorio tenía y tiene el derecho a presentar pruebas de descargo en su defensa en el ámbito Administrativo, es decir en el Tribunal Superior de Cuentas e incluso a interponer los recursos Administrativos y Judiciales que le permite la ley antes de que su caso sea juzgado en la Jurisdicción en Materia Penal, lo contrario ocurre en presente caso es violatorio de Derechos Constitucionales tantas veces referidos y vuelve procedente que el mismo sea amparado por esta Honorable Corte.”- CONSIDERANDO (5): Que esta Sala advierte que la resolución recurrida por vía de amparo, como ya se dijo, es la decisión de la Alzada de confirmar la declaratoria de no ha lugar de la excepción de falta de acción que hizo el A-Quo, en tanto que el recurrente ha fijado con claridad la resolución en contra de la cual se recurre por esta vía, es decir la resolución de fecha 17 de junio de 2015, emitida por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, referente a la excepción procesal que ya se ha citado, siendo el objeto de este recurso por ende, determinar si tal resolución es o no violatoria de los derechos y garantías señaladas por el quejoso en sus respectivos escritos de interposición y de formalización de la acción constitucional que nos ocupa.- CONSIDERANDO (6): Que con respecto a la naturaleza de las excepciones en el ámbito procesal penal, esta Sala ha sostenido en reiteradas decisiones que las excepciones son medios de defensa dispuestos por la ley a favor del imputado para impedir (transitoria o definitivamente) la prosecución del proceso. Ahora bien, este Tribunal ha dejado establecido que las excepciones deben ser referidas a elementos procesales y no a los elementos constitutivos del delito o de tipo. De tal manera que no es viable oponer excepción, cuando el fundamento que sirve de defensa sea de fondo, porque éste deberá ser conocido, debatido y acreditado en el juicio mismo, con todas las garantías que esto ofrece a las partes.- CONSIDERANDO (7): Que esta Sala de lo Constitucional también ha establecido en varios de sus fallos, que el artículo 46 del Código Procesal Penal, cita en numerus clausus las excepciones oponibles en el proceso penal; concretamente en el numeral 2, que contempla dos situaciones dentro de la excepción de falta de acción: 1) cuando ésta no haya debido promoverse, y 2) cuando no puede proseguirse. En el primer supuesto; es decir, cuando la acción no haya debido promoverse, quedan incluidos a manera de ejemplo, supuestos como los siguientes: a) En los delitos de acción pública cuando no hay requerimiento del Ministerio Público; b) En los delitos de acción pública perseguibles a instancia particular cuando el agraviado no ha dado su autorización al Fiscal para interponer el requerimiento; c) En los delitos de acción privada cuando no fue presentada la querella por el sujeto autorizado; d) Cuando por disposición de la ley un procedimiento extrapenal es requisito de admisibilidad para poder ejercer la acción penal. En el segundo supuesto; es decir, cuando la acción no puede proseguirse, se incluyen aquellos casos en que sobreviene un obstáculo con posterioridad al inicio del proceso que imposibilita la continuación de éste, así por ejemplo cuando en el transcurso del procedimiento sobreviene una enfermedad mental del imputado, que es el supuesto previsto por el artículo 105 del Código Procesal Penal, donde se establece que “…cuando por causa sobreviniente al hecho supuestamente delictivo, el imputado no se encuentra en condiciones de participar conscientemente en el proceso, por alteración de su capacidad de comprensión de los actos que en él hayan de realizarse, o de actuar conforme a ese entendimiento, se suspenderá la tramitación de aquél hasta que recupere su capacidad….”.- CONSIDERANDO (8): Que dicho lo anterior, del examen de las actuaciones destaca, que no obstante la argumentación planteada por la recurrente y el parecer del Ad-Quem en cuanto al momento procesal en el que pueden oponerse las excepciones en el ámbito procesal penal, logra observarse que en fecha nueve (09) de junio del año dos mil quince, se celebró la respectiva declaración de imputado en el proceso que nos ocupa, en la cual, se interpuso la excepción de falta de acción de conformidad como lo establece el artículo 46 numeral 2 y 47 del Código Procesal Penal, excepción procesal que fue declarada no ha lugar por la juez de instancia, en virtud de considerar que “Desde el momento en que se ha presentado un requerimiento ante esta Secretaría y es admitida la misma, el Juez quien conoce la causa examina el requerimiento a fin de establecer si se reúnen los requisitos de admisión de acuerdo al Código Procesal Penal, por lo que se procedió a estudiar el presente requerimiento, asimismo se procedió a leer cada uno de los medios de prueba documentales, considerando la suscrita de que efectivamente se reunían los requisitos del artículo 293 del Código Procesal Penal, si bien es cierto la defensa establece que el Ministerio Publico debió evacuar en sede administrativa los medios de prueba solicitados por estos, consta en el requerimiento de mérito que es el Tribunal Superior de Cuentas que presenta la denuncia ante el ente acusador, corre agregado a los medios de prueba tales documentos y los otros que tienen relación al caso, asimismo establece la defensa que la falta de motivación para presentar el mismo no aparece en la presente causa ya que fue debidamente sustentada en la misma, considero que el momento procesal oportuno para manifestarnos por los medios de prueba presentados por el Ministerio Publico ya que es en la audiencia inicial donde el juez procederá a evacuar los medios probatorios presentados por las partes, por lo que se considera que los motivos para presentar la excepción por alta de acción planteada en esta audiencia por parte de la defensa y establece la defensa del Señor Rafael Barahona de que no se ha identificado de forma plena y existen algunos errores en la presentación del escrito y del requerimiento en sí” asimismo, considera la Juez Penal que “es procedente seguir con el desarrollo de la presente audiencia en base al artículo 292 del Código Procesal Penal, ya que no se les tomado ni se tuve acceso a la información de sus generales de ley, por lo que considero que es pertinente seguir con la continuación de la audiencia, asimismo que estos den a conocer sus nombres, domicilios, a que se dedican, es decir sus generales de ley y posteriormente pronunciarse en relación a las medidas que se habrán de imponer, por lo que RESUELVE DECLARANDO NO A LUGAR LA EXCEPCION POR FALTA DE ACCION DE LA DEFENSA, seguidamente se ordena se siga desarrollando la audiencia.”- CONSIDERANDO (9):Que contra la decisión tomada por el A-quo el Abogado defensor del señor RAFAEL EDGARDO BARAHONA OSORIO, se adhirió a la posición de los defensores del señor ENRIQUE FLORES LANZA en cuanto a la interposición del recurso de apelación y los agravios expresados por los mismos, recurso de apelación que fue rechazado por el Ministerio Público llevando a cabo su respectiva contestación de agravios, dando el trámite correspondiente el A-quo a dicho recurso, señalando que siendo que la excepción planteada se basa en el fondo del asunto y no en la forma, decidió suspender la presente audiencia (Declaratoria de Imputado) y ordeno remitir las actuaciones en ambos efectos a la Corte de Apelaciones Penal de esta Sección Judicial.- CONSIDERANDO (10):Que la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, en la resolución hoy recurrida en amparo, señalo “Al revisar la causa de mérito fácilmente se colige que la excepción planteada por los Apoderados Legales Defensores, fue realizada fuera del momento procesal que la Ley otorga, tal como lo hemos referido anteriormente, por tanto la sustanciación de la declaración de imputado no debió suspenderse y tuvo que haberse concluido tal como en un principio lo había resuelto la A-Quo, y remitido la presente causa en apelación una vez finalizada dicha actuación judicial; tal como lo dispone el artículo 354 párrafo final del Código Procesal Penal, es decir, por la naturaleza del recurso y el momento procesal en que el mismo fue planteado en un solo efecto sin suspender la continuación del procedimiento, y no en ambos efectos como erróneamente lo hizo la Juez.”. Apuntando a lo anterior que la Honorable Corte de Apelaciones hace la observación al A-Quo, que en lo sucesivo deberá ser cuidadosa con la aplicación de la debida diligencia en estricto respeto y adhesión al debido proceso.- CONSIDERANDO (11): Que esta Sala también ha dispuesto en el pasado, que para ejercitar la acción penal deben verificarse determinados requisitos, su ausencia o falta de observancia los convierte en obstáculos, que pueden ser planteados por la vía incidental de la excepción de falta de acción. Expresado de otra forma, la excepción de falta de acción procede cuando no concurre o se omite un requisito de procedibilidad previsto en la ley. En buena parte de los casos la satisfacción o subsanación del presupuesto procesal omitido o irregular, no impide que pueda reiniciarse la acción penal válidamente. Las condiciones de procedibilidad son aquellas causas que condicionan el ejercicio de la acción. En todos los casos la acción penal debe de cumplir ciertas reglas, tanto para su iniciación como para el desarrollo del proceso. Los requisitos de procedibilidad son presupuestos indispensables para la iniciativa del proceso penal, sin cuyo cumplimiento no es posible el legal ejercicio de la acción penal y por ende tampoco es posible la prosecución del proceso penal; entonces procede la excepción por falta de acción cuando se verifica el incumplimiento de los requisitos de procedibilidad, por lo tanto no se puede desarrollar válidamente el proceso penal.- CONSIDERANDO (12): Que en forma reiterada la Sala de lo Constitucional ha observado que regularmente se tiende a confundir las excepciones de falta de acción y la falta de tipicidad y/o materia justiciable. Esta última, afecta de modo directo a la existencia del delito objeto del proceso penal y su confusión con la excepción de falta de acción es común. La falta de tipicidad o inexistencia del delito no es una excepción oponible, sino que es un extremo de fondo que deberá ser dilucidado en el juicio oral y público; en cambio la Falta de Acción se refiere a cuestiones procesales y no de fondo, como ya ha quedado explicado.- CONSIDERANDO (13): Que ya refiriéndonos en sí a las alegación del recurrente que pretende justificar las excepción planteada en el sentido que el proceso jamás debió iniciarse o continuarse por la trasgresión al derecho del debido proceso y el derecho de defensa, es necesario dejar establecido,que del análisis del Recurso interpuesto, el recurrente denuncia la violación de las garantías constitucionales contenidas en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República, Principio de Inviolabilidad de la Defensa y del Debido Proceso respectivamente. Esta Sala, considera importante recordar que la garantía genérica del debido proceso que consagra el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes en el proceso, dentro de tal garantía deben incluirse el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, el derecho a impugnar las resoluciones judiciales, entre otros, en fin el Principio del debido Proceso exige la materialización del Principio de Legalidad. Respecto al Derecho de Defensa esta Sala también ha señalado que: “...uno de los requisitos Constitucionales del Proceso Penal, lo constituye el derecho de defensa como presupuesto básico para todo pronunciamiento en materia penal, plasmado en principio como un instrumento de reacción del individuo frente a la acción punitiva del Estado, erigiéndose como el poder de oposición a la acción y por lo tanto, constituye uno de los elementos esenciales del moderno proceso penal, en ese sentido, al garantizar la carta magna que el derecho de defensa es inviolable, lleva implícito que la instancia penal deba permitir a toda persona que interviene en juicio, los medios efectivos y necesarios para la concreción de la defensa en juicio, de tal forma que la normativa procesal reguladora del debate público deba comprender la observación de tal derecho en cada una de las circunstancias o incidencias que se presenten durante el juicio, como una manifestación del denominado derecho al debido proceso que “supone un conjunto de auto limitaciones constitucionales y legales que el Estado se impone a sí mismo, para racionalizar dentro de los marcos infranqueables de la dignidad humana, el ejercicio del ius puniendi, que se logra con el establecimiento de una serie de garantías mínimas, que son el escudo protector del ciudadano frente a la arbitrariedad del funcionario o a la omnipotencia del Estado” (Véase Pavón Gómez German). De la Casación y la Revisión Penal. 2ª edición. Doctrina y Ley. 2003. Colombia. P 48 y 49.” además esta Sala, ha establecido que “…el derecho de defensa se lesiona, verbigracia, cuando se imposibilita al acusado la oportunidad durante la totalidad del proceso, de defenderse de los cargos, o para demostrar su versión de los hechos, el acceso irrestricto a las pruebas de cargo, el derecho a hacer uso de todos los recursos legales o razonables de defensa sin sanción o censura alguna…”.- CONSIDERANDO (14): Que a criterio de esta Sala de lo Constitucional, el reclamo formulado mediante el Recurso, no se enmarca en las normas constitucionales que se citan como violentadas, toda vez que el mismo no gravita en la inexistencia de la posibilidad material para el recurrente de realizar actos procesales en defensa de los intereses generales de su representado, como la presentación de argumentos, contradicción, audiencia, presentación de peticiones y de Recursos, por el contrario, esta Sala de lo Constitucional no advierte que con el fallo recurrido se hayan quebrantado ni las formas esenciales del proceso, ni tampoco derechos y garantías reconocidas en la Constitución de la República, como lo ha sostenido el quejoso. La Sala observa además que la resolución impugnada ha tutelado en forma efectiva, tanto la garantía genérica del debido proceso, como la vigencia de los principios que lo rigen y al confirmar la denegatoria de la excepción planteada, no ha hecho sino ceñirse a las exigencias y formalidades que la ley prescribe, esencialmente al hacerle las observaciones de mérito a la A-quo, de ser cuidadosa con la aplicación de la norma penal adjetiva, y observar su cumplimiento con la debida diligencia es estricto respeto y adhesión al debido proceso. Consecuentemente, al no constar ni haber sido acreditada vulneración manifiesta o evidente por la que se hayan disminuido o quebrantado derechos o garantías constitucionales por parte del Tribunal de Alzada, este Alto Tribunal es del criterio porque se deniegue la acción de amparo interpuesta por el recurrente y así debe declararse.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como interprete último y definitivo de la Constitución de la República e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, y en aplicación de los artículos: 71, 82, 90, párrafo primero, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1, 321, 323, de la Constitución de la República; 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1 y 78 No. 5 y 137 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 42 del Código del Código Procesal Penal; 1, 2, 3, numeral 2), 7, 8, 9 numeral 3), 41 No.2, 45, 48, 63 último párrafo, y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: DENEGANDO la Acción de Amparo interpuesta por el Abogado JOSE GUILLERMO SILIEZAR ARITA a favor del señor RAFAEL EDGARDO BARAHONA OSORIO, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN en fecha diecisiete de junio de dos mil quince, que confirmó la resolución dictada en fecha nueve de junio de dos mil quince, con relación a la causa instruida contra el señor RAFAEL EDGARDO BARAHONA OSORIO, por suponerlo responsable del delito de MALVERSACIÓN DE CAUDALES PUBLICOS en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN PUBLICA. Y MANDA: Que con certificación de esta sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes.Redactó el Magistrado ORTEZ CRUZ. NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.- Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintinueve (29) días del mes de septiembre del año dos mil diecisiete (2017), certificación de la Sentencia de fecha veintisiete (27) de septiembre del año dos mil diecisiete (2017), recaída en el Recurso de Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 0763-2015.- Firma y Sello
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
Secretario Sala Constitucional