Sentencia AP-751-16 — Registro 10397
Resumen
Acto recurrido que otorgó el recurso de amparo presentado en contra de la del a-quo con relación a la causa instruida contra el señor Edwin Ramón Hernandez George por suponerlo responsable del delito de portación ilegal de arma de fuego comercial en perjuicio de la seguridad interior del Estado de Honduras
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…" Que el pronunciamiento proferido por la Corte de Apelaciones Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, ha observado los preceptos establecidos en la ley para la aplicación del procedimiento expedito en delitos de flagrancia, ajustándose a los requerimientos, procedimientos, y exigencias establecidas en la ley, necesarias para garantizar la efectividad del derecho material, así se desprende del estudio de los antecedentes y argumentos jurídicos, apreciando que la resolución dictada por el A-Quo ha vulnerado el debido Proceso invocado por el impetrante, debiendo restablecerse y mantenerse tales derechos, a fin de que l as partes obtengan una tutela judicial efectiva..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 316 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintidós de marzo de dos mil diecisiete.-VISTA: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia de fecha veintinueve de julio de dos mil dieciséis, dictada por la CORTE DE APELACIONES PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, que OTORGÓ el recurso de amparo presentado por el Abogado RENÉ RAÚL GARCÍA CHINCHILLA en su condición de Fiscal del Ministerio Público a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE YORO, DEPARTAMENTO DE YORO, en fecha veintinueve de noviembre de dos mil quince, con relación a la causa instruida contra el señor EDWIN RAMÓN HERNANDEZ GEORGE por suponerlo responsable del delito de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMA DE FUEGO COMERCIAL en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representado el artículo 90 de la Constitución de la República.- ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha diez de diciembre de dos mil quince, compareció ante la CORTE DE APELACIONES PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, el Abogado RENÉ RAÚL GARCÍA CHINCHILLA en su condición de Fiscal del Ministerio Público interponiendo recurso de amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE YORO, DEPARTAMENTO DE YORO, en fecha veintinueve de noviembre de dos mil quince, en audiencia de Procedimiento Expedito de Flagrancia la cual, el referido Juzgado se pronunció de la siguiente manera: “…siendo que la prueba pericial consistente en el dictamen balístico de la pieza de convicción objeto de la presente causa, es indispensable ya que la misma establecerá el estado de funcionamiento del arma decomisada así como otros elementos referidos a la misma y tomando en consideración que en la ciudad de Yoro, no existe un laboratorio forense de balística, mucho menos un perito balístico, dicha prueba se convierte en una prueba de difícil realización en cuanto al tiempo en la que se debe realizar por los plazos establecidos para el procedimiento expedito, ya que la audiencia preparatoria en todo caso debería celebrarse dentro de cuarenta y ocho horas en la cual el ente acusador debe ya proponer los medios de prueba y a los cinco días hábiles siguientes a dicha audiencia ya se debería ventilar el juicio expedito…por lo tanto se declara SIN LUGAR la Adecuación al Procedimiento Expedito y se ordena que la presente causa se ventile por el procedimiento ordinario para lo cual se debe proceder con la Declaración de Imputado conforme lo establecen los artículos 286-292 del Código Procesal Penal,…” argumentos éstos que considera el recurrente vulneran garantías constitucionales contenidas en el artículo 90 de la Constitución de la República. (Folios 1-5 de la pieza del Ad-Quem/14-17 de la pieza del A-Quo).- 2) Que seguido el procedimiento que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la CORTE DE APELACIONES PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS dictó sentencia en fecha veintinueve de julio de dos mil dieciséis, mediante la cual falló: “OTORGANDO LA PRESENTE ACCIÓN DE AMPARO interpuesto por el Abogado RENÉ RAÚL GARCÍA CHINCHILLA en su condición de Fiscal del Ministerio Público, contra la resolución de fecha veintinueve (29) de noviembre del dos mil quince (2015), dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Yoro, Yoro, en la causa instruida en contra del acusado EDWIN RAMÓN HERNANDEZ GEORGE, por suponerlo responsable del delito de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMA DE FUEGO COMERCIAL, en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS.- …” (Folios 26-29 de la pieza del A-Quem).- 3) Que en fecha cuatro de agosto de dos mil dieciséis, este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, de conformidad a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.-CONSIDERANDO (1): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada “para que se declare en casos concretos, que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable, por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución.-CONSIDERANDO (2): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer en Consulta los recursos de amparo conocidos por las Cortes de Apelaciones acorde a lo establecido en el artículo 68 párrafo segundo, relacionado con el artículo 10 de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.- CONSIDERANDO (3): Que se conoce en consulta la sentencia de fecha veintinueve de julio del año dos mil dieciséis, dictada por la Corte de Apelaciones de San Pedro Sula, departamento de Cortes, mediante la cual OTORGA el recurso interpuesto contra actuaciones del Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Yoro, departamento de Yoro, con relación a la causa instruida contra el señor EDWIN RAMON HERNÁNDEZ GEORGE, por suponerlo responsable del delito de PORTACION ILEGAL DE ARMA DE FUEGO COMERCIAL, en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS.-CONSIDERANDO (4): Que el recurrente en fecha dos de agosto del año dos mil dieciséis fue notificado del fallo emitido por el Ad-Quem mediante el cual se OTORGA el Recurso de amparo interpuesto.-CONSIDERANDO (5): Que el recurrente en la formalización de la acción de amparo señala que la resolución dictada por el Juzgado de Letras de la sección Judicial de Yoro, departamento de Yoro, violenta el debido Proceso, manifiesta en el numeral tercero que “el Juez durante la audiencia de Adecuación del procedimiento Expedito, donde el Fiscal le solicitó el sometimiento de la causa a un juicio expedito, fue del criterio que no procedía en virtud de que el caso requiere la práctica de pruebas de difícil realización, como ser el dictámenes para acusar o para eximir de responsabilidad al encausado y que como los juicios no pueden durar más de treinta días, esos medios de prueba no estarán listos para ilustrar a la señora Juez en el momento del juicio, lo cual considera no esta apegado a lo que manda la norma porque si bien es cierto se debe hacer pericia al arma para asegurar que está en buen funcionamiento, el ente acusador desde el mismo momento que tiene conocimiento de los hechos hace los arreglos necesarios para enviar esas evidencias a sus laboratorios y para el día de la proposición de medios de prueba ya se tiene listo el dictamen que se va a utilizar para acreditar este extremo, lo cual indica que esa prueba no es de compleja realización, porque se tiene los medios idóneos para que sea realizada dentro del término que manda la ley, por lo que el argumento utilizado por la Juez para denegar el procedimiento expedito está fuera del contexto del Debido Proceso, lo que indica que no está dando una debida aplicación de lo que manda el artículo 440-A del Código Procesal Penal, pues su decisión no esta enmarcada en ninguna de las excepciones establecidas en este artículo.-CONSIDERANDO (6): Que el Ad-Quem en su resolución hace una relación detallada de los motivos por los que se invoca la Justicia Constitucional, así como los argumentos por los que la A-Quo deniega el Procedimiento Expedito, dejando establecido en el considerando cuatro vuelto, en la parte conducente: “Al respecto para ilustrar a la señora Juez se le reseña que su decisión no está enmarcada en ninguna de las excepciones establecidas en el artículo 440-A, de esta forma trastoca lo que es el Debido Proceso dejando de cumplir lo que mandan los artículos 8 y 9 del Código Procesal Penal en lo relacionado a una pronta y eficaz aplicación de la justicia, resolución que por tanto esta alzada no comparte, dado que las diligencias consistentes en la pericia del arma, objeto de este delito, no es de las que se encuentran señaladas en el precitado artículo 440-A pues no se trata de un delito de investigación compleja, tampoco no hay en la causa multiplicidad de hechos relacionados o un número elevado de imputados o de víctimas; además no es de las investigaciones que requieren el cumplimiento de actuaciones en el exterior en fin que se requiera la práctica de pruebas de difícil realización, ya que dicho peritaje se puede obtener para el día en que se celebre el Juicio oral y Público en la presente causa desde el momento que el Ministerio Público es quien solicita la vía del procedimiento expedito, pues es a ese ente acusador a quien le corresponde la responsabilidad de tener a tiempo el dictamen respectivo, recurrente en la presente acción de Amparo”. Concluyendo que es procedente admitir a trámite el procedimiento expedito. Por lo que Otorga el amparo instruido por el ente acusador.-CONSIDERANDO (7): Que la finalidad del proceso es la realización pronta y efectiva de la justicia penal, así reza el artículo 8 del Código Procesal Penal, y así fue diseñado el Procedimiento Expedito para los delitos en flagrancia, evitando dilaciones innecesarias, volviendo más pronta la justicia en los casos en flagrancia; tal finalidad en el caso que nos ocupa obviamente no fue observada por el A-Quo, cuyo argumento se centra en que la defensa hará uso de una prueba en la cual se requiere de investigación compleja, sin embargo del estudio de los antecedentes, no se justifica tal decisión, puesto que la pretensión del Ministerio Público no requiere de gran complejidad ni tiene un alto grado de dificultad para la realización de la pericia que pretende, en consecuencia procede la aplicación del procedimiento expedito, en casos de flagrancia como el que nos ocupa.- CONSIDERANDO (8): Que el pronunciamiento proferido por la Corte de Apelaciones Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, ha observado los preceptos establecidos en la ley para la aplicación del procedimiento expedito en delitos de flagrancia, ajustándose a los requerimientos, procedimientos, y exigencias establecidas en la ley, necesarias para garantizar la efectividad del derecho material, así se desprende del estudio de los antecedentes y argumentos jurídicos, apreciando que la resolución dictada por el A-Quo ha vulnerado el debido Proceso invocado por el impetrante, debiendo restablecerse y mantenerse tales derechos, a fin de que l as partes obtengan una tutela judicial efectiva.-POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los Artículos Números 303, 304, 313 y 316 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 14 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 74, 78 atribución 5ª, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8,10, 41, 46 numeral 3 y 5, 68 párrafo 2do, de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: CONFIRMANDO la sentencia dictada en fecha veintinueve de julio del año dos mil dieciséis, por la Corte de Apelaciones de lo Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado RENE RAUL GARCIA CHINCHILLA. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales correspondientes. Redactó la Magistrada. ALVAREZ SAGASTUME. NOTIFÍQUESE.-Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los veintinueve (29) días del mes de mayo del año dos mil diecisiete (2017), Certificación de la Sentencia de fecha veintidós (22) de marzo del año dos mil diecisiete (2017) recaída en el Amparo Penal Venido en Consulta, registrado en este Tribunal bajo el número 0751-2016.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintidós de marzo de dos mil diecisiete.-VISTA: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia de fecha veintinueve de julio de dos mil dieciséis, dictada por la CORTE DE APELACIONES PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, que OTORGÓ el recurso de amparo presentado por el Abogado RENÉ RAÚL GARCÍA CHINCHILLA en su condición de Fiscal del Ministerio Público a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE YORO, DEPARTAMENTO DE YORO, en fecha veintinueve de noviembre de dos mil quince, con relación a la causa instruida contra el señor EDWIN RAMÓN HERNANDEZ GEORGE por suponerlo responsable del delito de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMA DE FUEGO COMERCIAL en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representado el artículo 90 de la Constitución de la República.- ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha diez de diciembre de dos mil quince, compareció ante la CORTE DE APELACIONES PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, el Abogado RENÉ RAÚL GARCÍA CHINCHILLA en su condición de Fiscal del Ministerio Público interponiendo recurso de amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE YORO, DEPARTAMENTO DE YORO, en fecha veintinueve de noviembre de dos mil quince, en audiencia de Procedimiento Expedito de Flagrancia la cual, el referido Juzgado se pronunció de la siguiente manera: “…siendo que la prueba pericial consistente en el dictamen balístico de la pieza de convicción objeto de la presente causa, es indispensable ya que la misma establecerá el estado de funcionamiento del arma decomisada así como otros elementos referidos a la misma y tomando en consideración que en la ciudad de Yoro, no existe un laboratorio forense de balística, mucho menos un perito balístico, dicha prueba se convierte en una prueba de difícil realización en cuanto al tiempo en la que se debe realizar por los plazos establecidos para el procedimiento expedito, ya que la audiencia preparatoria en todo caso debería celebrarse dentro de cuarenta y ocho horas en la cual el ente acusador debe ya proponer los medios de prueba y a los cinco días hábiles siguientes a dicha audiencia ya se debería ventilar el juicio expedito…por lo tanto se declara SIN LUGAR la Adecuación al Procedimiento Expedito y se ordena que la presente causa se ventile por el procedimiento ordinario para lo cual se debe proceder con la Declaración de Imputado conforme lo establecen los artículos 286-292 del Código Procesal Penal,…” argumentos éstos que considera el recurrente vulneran garantías constitucionales contenidas en el artículo 90 de la Constitución de la República. (Folios 1-5 de la pieza del Ad-Quem/14-17 de la pieza del A-Quo).- 2) Que seguido el procedimiento que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la CORTE DE APELACIONES PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS dictó sentencia en fecha veintinueve de julio de dos mil dieciséis, mediante la cual falló: “OTORGANDO LA PRESENTE ACCIÓN DE AMPARO interpuesto por el Abogado RENÉ RAÚL GARCÍA CHINCHILLA en su condición de Fiscal del Ministerio Público, contra la resolución de fecha veintinueve (29) de noviembre del dos mil quince (2015), dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Yoro, Yoro, en la causa instruida en contra del acusado EDWIN RAMÓN HERNANDEZ GEORGE, por suponerlo responsable del delito de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMA DE FUEGO COMERCIAL, en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS.- …” (Folios 26-29 de la pieza del A-Quem).- 3) Que en fecha cuatro de agosto de dos mil dieciséis, este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, de conformidad a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.-CONSIDERANDO (1): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada “para que se declare en casos concretos, que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable, por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución.-CONSIDERANDO (2): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer en Consulta los recursos de amparo conocidos por las Cortes de Apelaciones acorde a lo establecido en el artículo 68 párrafo segundo, relacionado con el artículo 10 de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.- CONSIDERANDO (3): Que se conoce en consulta la sentencia de fecha veintinueve de julio del año dos mil dieciséis, dictada por la Corte de Apelaciones de San Pedro Sula, departamento de Cortes, mediante la cual OTORGA el recurso interpuesto contra actuaciones del Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Yoro, departamento de Yoro, con relación a la causa instruida contra el señor EDWIN RAMON HERNÁNDEZ GEORGE, por suponerlo responsable del delito de PORTACION ILEGAL DE ARMA DE FUEGO COMERCIAL, en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS.-CONSIDERANDO (4): Que el recurrente en fecha dos de agosto del año dos mil dieciséis fue notificado del fallo emitido por el Ad-Quem mediante el cual se OTORGA el Recurso de amparo interpuesto.-CONSIDERANDO (5): Que el recurrente en la formalización de la acción de amparo señala que la resolución dictada por el Juzgado de Letras de la sección Judicial de Yoro, departamento de Yoro, violenta el debido Proceso, manifiesta en el numeral tercero que “el Juez durante la audiencia de Adecuación del procedimiento Expedito, donde el Fiscal le solicitó el sometimiento de la causa a un juicio expedito, fue del criterio que no procedía en virtud de que el caso requiere la práctica de pruebas de difícil realización, como ser el dictámenes para acusar o para eximir de responsabilidad al encausado y que como los juicios no pueden durar más de treinta días, esos medios de prueba no estarán listos para ilustrar a la señora Juez en el momento del juicio, lo cual considera no esta apegado a lo que manda la norma porque si bien es cierto se debe hacer pericia al arma para asegurar que está en buen funcionamiento, el ente acusador desde el mismo momento que tiene conocimiento de los hechos hace los arreglos necesarios para enviar esas evidencias a sus laboratorios y para el día de la proposición de medios de prueba ya se tiene listo el dictamen que se va a utilizar para acreditar este extremo, lo cual indica que esa prueba no es de compleja realización, porque se tiene los medios idóneos para que sea realizada dentro del término que manda la ley, por lo que el argumento utilizado por la Juez para denegar el procedimiento expedito está fuera del contexto del Debido Proceso, lo que indica que no está dando una debida aplicación de lo que manda el artículo 440-A del Código Procesal Penal, pues su decisión no esta enmarcada en ninguna de las excepciones establecidas en este artículo.-CONSIDERANDO (6): Que el Ad-Quem en su resolución hace una relación detallada de los motivos por los que se invoca la Justicia Constitucional, así como los argumentos por los que la A-Quo deniega el Procedimiento Expedito, dejando establecido en el considerando cuatro vuelto, en la parte conducente: “Al respecto para ilustrar a la señora Juez se le reseña que su decisión no está enmarcada en ninguna de las excepciones establecidas en el artículo 440-A, de esta forma trastoca lo que es el Debido Proceso dejando de cumplir lo que mandan los artículos 8 y 9 del Código Procesal Penal en lo relacionado a una pronta y eficaz aplicación de la justicia, resolución que por tanto esta alzada no comparte, dado que las diligencias consistentes en la pericia del arma, objeto de este delito, no es de las que se encuentran señaladas en el precitado artículo 440-A pues no se trata de un delito de investigación compleja, tampoco no hay en la causa multiplicidad de hechos relacionados o un número elevado de imputados o de víctimas; además no es de las investigaciones que requieren el cumplimiento de actuaciones en el exterior en fin que se requiera la práctica de pruebas de difícil realización, ya que dicho peritaje se puede obtener para el día en que se celebre el Juicio oral y Público en la presente causa desde el momento que el Ministerio Público es quien solicita la vía del procedimiento expedito, pues es a ese ente acusador a quien le corresponde la responsabilidad de tener a tiempo el dictamen respectivo, recurrente en la presente acción de Amparo”. Concluyendo que es procedente admitir a trámite el procedimiento expedito. Por lo que Otorga el amparo instruido por el ente acusador.-CONSIDERANDO (7): Que la finalidad del proceso es la realización pronta y efectiva de la justicia penal, así reza el artículo 8 del Código Procesal Penal, y así fue diseñado el Procedimiento Expedito para los delitos en flagrancia, evitando dilaciones innecesarias, volviendo más pronta la justicia en los casos en flagrancia; tal finalidad en el caso que nos ocupa obviamente no fue observada por el A-Quo, cuyo argumento se centra en que la defensa hará uso de una prueba en la cual se requiere de investigación compleja, sin embargo del estudio de los antecedentes, no se justifica tal decisión, puesto que la pretensión del Ministerio Público no requiere de gran complejidad ni tiene un alto grado de dificultad para la realización de la pericia que pretende, en consecuencia procede la aplicación del procedimiento expedito, en casos de flagrancia como el que nos ocupa.- CONSIDERANDO (8): Que el pronunciamiento proferido por la Corte de Apelaciones Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, ha observado los preceptos establecidos en la ley para la aplicación del procedimiento expedito en delitos de flagrancia, ajustándose a los requerimientos, procedimientos, y exigencias establecidas en la ley, necesarias para garantizar la efectividad del derecho material, así se desprende del estudio de los antecedentes y argumentos jurídicos, apreciando que la resolución dictada por el A-Quo ha vulnerado el debido Proceso invocado por el impetrante, debiendo restablecerse y mantenerse tales derechos, a fin de que l as partes obtengan una tutela judicial efectiva.-POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los Artículos Números 303, 304, 313 y 316 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 14 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 74, 78 atribución 5ª, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8,10, 41, 46 numeral 3 y 5, 68 párrafo 2do, de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: CONFIRMANDO la sentencia dictada en fecha veintinueve de julio del año dos mil dieciséis, por la Corte de Apelaciones de lo Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado RENE RAUL GARCIA CHINCHILLA. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales correspondientes. Redactó la Magistrada. ALVAREZ SAGASTUME. NOTIFÍQUESE.-Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los veintinueve (29) días del mes de mayo del año dos mil diecisiete (2017), Certificación de la Sentencia de fecha veintidós (22) de marzo del año dos mil diecisiete (2017) recaída en el Amparo Penal Venido en Consulta, registrado en este Tribunal bajo el número 0751-2016.- Firma y Sello
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL