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Sentencia AP-750-16 — Registro 6820

Resumen

Sentencia sobreseyó recurso de amparo a favor de recurrente en causa contra imputado por suponerlo responsable del delito de portación ilegal de arma comercial en perjuicio de la seguridad interior del Estado de Honduras

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."este Alto Tribunal no compártela misma por cuanto de entrada percibe que el juzgador se convierte en fiscal al realizar apreciaciones que no le competen ya que desde el momento que una de las partes-en este caso- el Fiscal le solicita ventilar el requerimiento por la vía del procedimiento expedito es porque como “parte” sabe que va a poder contar con los medios de prueba necesarios para acreditar el hecho dentro de los plazos que señala el procedimiento expedito que está solicitando, por tanto no corresponde al juez valorar lo que le pueda ser factible o no presentar a esa parte del proceso como elementos de prueba, pues como ya se dijo desde el momento que pide la vía del procedimiento expedito es porque sabe que tiene capacidad de presentarlos, ello por un lado, y por otro, los antecedentes de la causa no revelan en encuadre en las excepciones señaladas en el artículo 440-A del Código Procesal Penal, pues no se observa que sea un delito de investigación compleja, ya que como tal refiere la amparista desde que se presentó el requerimiento ya se contaba con buena parte de la prueba necesaria como ser las actas de registro y un acta de decomiso, además de que señala que para acreditar la participación ya se contaba desde el requerimiento fiscal con las declaraciones de los policías que aseguran haberlo encontrado en posesión de la supuesta arma, por lo que refiere que ello indica que no existe complejidad en la investigación de este caso por no ser el dictamen de una prueba de difícil obtención, como lo hace ver el Juez; por lo que se considera procedente la aplicación del juicio expedito..."..."se aprecia de los antecedentes de la causa que al momento de presentarse el presente amparo, en fecha veintiuno (21) de enero del dos mil dieciséis (2016) ya se había iniciado el procedimiento ordinario a partir del momento que se le tomó declaración al imputado en fecha trece (13) de enero del dos mil dieciséis (2016) en la audiencia que se denegó la adecuación al procedimiento expedito y acto seguido se realizó la audiencia inicial el dieciocho (18) de enero del mismo año, por lo tanto de acuerdo a lo establecido en el artículo 46 numeral 5 de la Ley sobre Justicia Constitucional establece como inadmisible el recurso de amparo contra los actos consumados de manera irreparable, al haberse realizado ya –inclusive- la audiencia inicial, por tanto no resulta posible volver las cosas a su estado anterior..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA ,SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cuatro días del mes de abril del año dos mil diecisiete.- VISTO: En Consulta las diligencias que contiene la sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES PENAL DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, en fecha veintisiete (27) de julio del año dos mil dieciséis (2016), que Sobresee el recurso de amparo interpuesto por la Abogada GLENDA DIOMARA RUBI RODRIGUEZ, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Yoro, departamento de Yoro, en fecha trece (13) de enero del año dos mil dieciséis (2016), en la causa instruida contra el señor MAURO DARIN CERRATO PALMA, por suponerlo responsable del delito de PORTACION ILEGAL DE ARMA COMERCIAL, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS. Estima el recurrente que se le ha violentado el artículo 90 comprendidos en la Constitución de la República.- ANTECEDENTES : 1)Que en fecha trece (13) de enero del año dos mil dieciséis (2016),compareció ante el Juzgado de Letras Seccional de Yoro, departamento de Yoro, la Abogada KARLA PATRICIA CANALES LOPEZ, Fiscal Auxiliar del Ministerio Público, presentando Requerimiento Fiscal contra el señor MAURO DARIN CERRATO PALMA, por el delito de PORTACION ILEGAL DE ARMAS, en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS. (Folio del 1 al 4 de la pieza del juzgado).- 2) Que en la misma fecha el referido Juzgado celebró Audiencia de Adecuación de procedimiento expedito de flagrancia en la cual: Resolvió declarando Sin Lugar la solicitud planteada por el Ministerio Público.- 3) Que en fecha veintiuno (21) de enero del año dos mil dieciséis (2016), la Abogada GLENDA DIOMARA RUBI RODRIGUEZ, interpuso ante la Corte de Apelaciones de lo Penal de San Pedro Sula, departamento de Cortés, recurso de amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución de fecha trece (13) de enero del año dos mil dieciséis (2016), dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Yoro, departamento de Yoro, Por considerar que la misma atenta contra lo preceptuado en el artículo 90 de la Constitución de la República.- 4) Que en fecha veintisiete (27) de julio del año dos mil dieciséis (2016), luego de seguido el trámite que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, departamento de Cortés, RESUELVE: SOBRESEER dentro del trámite el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada GLENDA DIOMARA RUBI RODRÍGUEZ, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, contra la resolución de fecha trece de enero del año dos mil dieciséis, dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Yoro, Yoro en la causa instruida contra MAURO DARIN CERRATO PALMA, por suponerlo responsable del delito de PORTACION ILEGAL DE ARMA COMERCIAL, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS.(Folios del 27 al 30 de la pieza de Corte de Apelaciones).- 5) Que en fecha cuatro (04) de agosto del año dos mil dieciséis (2016), este Alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, dando así estricto cumplimiento a lo previsto por el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la garantía de amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.- CONSIDERANDO DOS (2): Que de acuerdo a lo determinado en el artículo 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, el órgano jurisdiccional competente que conozca en consulta, conforme a lo dispuesto en el artículo 68 del mismo cuerpo legal, irá en trámite de consulta obligatoria, a solicitud de parte de la Corte de Apelaciones elevará petición de estudio de la sentencia emitida para ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, quien discrecionalmente resolverá sobre su admisión.- CONSIDERANDO TRES (3):Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, la que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional en consonancia con el artículo 2 y 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concreto que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley.- CONSIDERANDO CUATRO (4): Que se conoce en consulta la sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES PENAL DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, en fecha veintisiete (27) de julio del año dos mil dieciséis (2016), que Sobresee el recurso de amparo interpuesto por la Abogada GLENDA DIOMARA RUBI RODRIGUEZ, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Yoro, departamento de Yoro, en fecha trece (13) de enero del año dos mil dieciséis (2016), en la causa instruida contra el señor MAURO DARIN CERRATO PALMA, por suponerlo responsable del delito de PORTACION ILEGAL DE ARMA COMERCIAL, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS. Estima el recurrente que se le ha violentado el artículo 90 comprendidos en la Constitución de la República.-CONSIDERANDO CINCO (5):Que del estudio de los antecedentes del caso se aprecia que en la causa de mérito que el Ministerio Público solicitó al A Quo se siguiera por la vía del procedimiento expedito la causa que se instruyó contra el señor MAURO DARIN CERRATO PALMA por el delito de PORTACION ILEGAL DE ARMA COMERCIAL, en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS denegando tal solicitud el juez de letras, resolviendo que se lleve a cabo el proceso por la vía ordinaria en virtud que a su criterio en esa ciudad de Yoro, no hay laboratorio forense en donde se pueda realizar el dictamen de balística, por lo cual debe de realizarse en el laboratorio forense de San Pedro Sula, lo cual no da tiempo para realizarlas dentro de los treinta (30) días que señala el procedimiento expedito para su judialización y emisión de la sentencia, por lo que atendiendo estas y otras consideraciones con respecto al personamiento de la Procuraduría General de la República y de falta de personal en esa judicatura finalmente concluye declarar sin lugar la adecuación del procedimiento “expedito” y ordena se siga la causa por los trámites establecidos para el procedimiento “ordinario” contemplados en los artículos 286 al 292 del Código Procesal Penal.-CONSIDERANDO SEIS (6):Que en relación a la resolución reseñada este Alto Tribunal no compártela misma por cuanto de entrada percibe que el juzgador se convierte en fiscal al realizar apreciaciones que no le competen ya que desde el momento que una de las partes-en este caso- el Fiscal le solicita ventilar el requerimiento por la vía del procedimiento expedito es porque como “parte” sabe que va a poder contar con los medios de prueba necesarios para acreditar el hecho dentro de los plazos que señala el procedimiento expedito que está solicitando, por tanto no corresponde al juez valorar lo que le pueda ser factible o no presentar a esa parte del proceso como elementos de prueba, pues como ya se dijo desde el momento que pide la vía del procedimiento expedito es porque sabe que tiene capacidad de presentarlos, ello por un lado, y por otro, los antecedentes de la causa no revelan en encuadre en las excepciones señaladas en el artículo 440-A del Código Procesal Penal, pues no se observa que sea un delito de investigación compleja, ya que como tal refiere la amparista desde que se presentó el requerimiento ya se contaba con buena parte de la prueba necesaria como ser las actas de registro y un acta de decomiso, además de que señala que para acreditar la participación ya se contaba desde el requerimiento fiscal con las declaraciones de los policías que aseguran haberlo encontrado en posesión de la supuesta arma, por lo que refiere que ello indica que no existe complejidad en la investigación de este caso por no ser el dictamen de una prueba de difícil obtención, como lo hace ver el Juez; por lo que se considera procedente la aplicación del juicio expedito.-CONSIDERANDO SIETE (7): No obstante lo relacionado en el apartado anterior, se aprecia de los antecedentes de la causa que al momento de presentarse el presente amparo, en fecha veintiuno (21) de enero del dos mil dieciséis (2016) ya se había iniciado el procedimiento ordinario a partir del momento que se le tomó declaración al imputado en fecha trece (13) de enero del dos mil dieciséis (2016) en la audiencia que se denegó la adecuación al procedimiento expedito y acto seguido se realizó la audiencia inicial el dieciocho (18) de enero del mismo año, por lo tanto de acuerdo a lo establecido en el artículo 46 numeral 5de la Ley sobre Justicia Constitucional establece como inadmisible el recurso de amparo contra los actos consumados de manera irreparable, al haberse realizado ya –inclusive- la audiencia inicial, por tanto no resulta posible volver las cosas a su estado anterior, dado que además no podría ser reparable vía recurso de apelación la denegatoria de procedimiento expedito si no solo su admisión, es por ello que la causal de inadmisibilidad del amparo relativa a los actos consumados de modo irreparable, se refiere a aquellos actos cuyos efectos fueron completamente realizados sin posibilidad jurídica o material vía acción de amparo de volver las cosas a su estado anterior, de modo que las violaciones que señala la agraviada no pueden ser reparadas a través de la acción de amparo.POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD DE VOTOS de la Sala de lo Constitucional, como intérprete último y definitivo de la Constitución, en aplicación de los artículos90, 103, 106, 183, 303, 304, 313 Atribución 5ta, 316 atribución 1, 321 de la Constitución de la República; 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 9, 41, 44, 45, 46 numeral 5), 47, 48, 49, 52, 63, 68 y 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: CONFIRMANDOla sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES PENAL DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, en fecha veintisiete (27) de julio del año dos mil dieciséis (2016).YMANDA: Que con certificación de esta sentencia se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia, para los efectos legales consiguientes.- REDACTÓ MAGISTRADA REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA.NOTIFÍQUESE.-Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los dos (2) días del mes de junio del año dos mil diecisiete (2017), Certificación de la Sentencia de fecha cuatro (4) de abril del año dos mil diecisiete (2017) recaída en el Amparo Penal Venido en Consulta, registrado en este Tribunal bajo el número 0750-2016.


CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

“CERTIFICACIÓN : El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA ,SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cuatro días del mes de abril del año dos mil diecisiete.- VISTO: En Consulta las diligencias que contiene la sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES PENAL DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, en fecha veintisiete (27) de julio del año dos mil dieciséis (2016), que Sobresee el recurso de amparo interpuesto por la Abogada GLENDA DIOMARA RUBI RODRIGUEZ, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Yoro, departamento de Yoro, en fecha trece (13) de enero del año dos mil dieciséis (2016), en la causa instruida contra el señor MAURO DARIN CERRATO PALMA, por suponerlo responsable del delito de PORTACION ILEGAL DE ARMA COMERCIAL, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS. Estima el recurrente que se le ha violentado el artículo 90 comprendidos en la Constitución de la República.- ANTECEDENTES : 1)Que en fecha trece (13) de enero del año dos mil dieciséis (2016),compareció ante el Juzgado de Letras Seccional de Yoro, departamento de Yoro, la Abogada KARLA PATRICIA CANALES LOPEZ, Fiscal Auxiliar del Ministerio Público, presentando Requerimiento Fiscal contra el señor MAURO DARIN CERRATO PALMA, por el delito de PORTACION ILEGAL DE ARMAS, en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS. (Folio del 1 al 4 de la pieza del juzgado).- 2) Que en la misma fecha el referido Juzgado celebró Audiencia de Adecuación de procedimiento expedito de flagrancia en la cual: Resolvió declarando Sin Lugar la solicitud planteada por el Ministerio Público.- 3) Que en fecha veintiuno (21) de enero del año dos mil dieciséis (2016), la Abogada GLENDA DIOMARA RUBI RODRIGUEZ, interpuso ante la Corte de Apelaciones de lo Penal de San Pedro Sula, departamento de Cortés, recurso de amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución de fecha trece (13) de enero del año dos mil dieciséis (2016), dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Yoro, departamento de Yoro, Por considerar que la misma atenta contra lo preceptuado en el artículo 90 de la Constitución de la República.- 4) Que en fecha veintisiete (27) de julio del año dos mil dieciséis (2016), luego de seguido el trámite que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, departamento de Cortés, RESUELVE: SOBRESEER dentro del trámite el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada GLENDA DIOMARA RUBI RODRÍGUEZ, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, contra la resolución de fecha trece de enero del año dos mil dieciséis, dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Yoro, Yoro en la causa instruida contra MAURO DARIN CERRATO PALMA, por suponerlo responsable del delito de PORTACION ILEGAL DE ARMA COMERCIAL, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS.(Folios del 27 al 30 de la pieza de Corte de Apelaciones).- 5) Que en fecha cuatro (04) de agosto del año dos mil dieciséis (2016), este Alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, dando así estricto cumplimiento a lo previsto por el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la garantía de amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.- CONSIDERANDO DOS (2): Que de acuerdo a lo determinado en el artículo 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, el órgano jurisdiccional competente que conozca en consulta, conforme a lo dispuesto en el artículo 68 del mismo cuerpo legal, irá en trámite de consulta obligatoria, a solicitud de parte de la Corte de Apelaciones elevará petición de estudio de la sentencia emitida para ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, quien discrecionalmente resolverá sobre su admisión.- CONSIDERANDO TRES (3):Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, la que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional en consonancia con el artículo 2 y 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concreto que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley.- CONSIDERANDO CUATRO (4): Que se conoce en consulta la sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES PENAL DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, en fecha veintisiete (27) de julio del año dos mil dieciséis (2016), que Sobresee el recurso de amparo interpuesto por la Abogada GLENDA DIOMARA RUBI RODRIGUEZ, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Yoro, departamento de Yoro, en fecha trece (13) de enero del año dos mil dieciséis (2016), en la causa instruida contra el señor MAURO DARIN CERRATO PALMA, por suponerlo responsable del delito de PORTACION ILEGAL DE ARMA COMERCIAL, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS. Estima el recurrente que se le ha violentado el artículo 90 comprendidos en la Constitución de la República.-CONSIDERANDO CINCO (5):Que del estudio de los antecedentes del caso se aprecia que en la causa de mérito que el Ministerio Público solicitó al A Quo se siguiera por la vía del procedimiento expedito la causa que se instruyó contra el señor MAURO DARIN CERRATO PALMA por el delito de PORTACION ILEGAL DE ARMA COMERCIAL, en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS denegando tal solicitud el juez de letras, resolviendo que se lleve a cabo el proceso por la vía ordinaria en virtud que a su criterio en esa ciudad de Yoro, no hay laboratorio forense en donde se pueda realizar el dictamen de balística, por lo cual debe de realizarse en el laboratorio forense de San Pedro Sula, lo cual no da tiempo para realizarlas dentro de los treinta (30) días que señala el procedimiento expedito para su judialización y emisión de la sentencia, por lo que atendiendo estas y otras consideraciones con respecto al personamiento de la Procuraduría General de la República y de falta de personal en esa judicatura finalmente concluye declarar sin lugar la adecuación del procedimiento “expedito” y ordena se siga la causa por los trámites establecidos para el procedimiento “ordinario” contemplados en los artículos 286 al 292 del Código Procesal Penal.-CONSIDERANDO SEIS (6):Que en relación a la resolución reseñada este Alto Tribunal no compártela misma por cuanto de entrada percibe que el juzgador se convierte en fiscal al realizar apreciaciones que no le competen ya que desde el momento que una de las partes-en este caso- el Fiscal le solicita ventilar el requerimiento por la vía del procedimiento expedito es porque como “parte” sabe que va a poder contar con los medios de prueba necesarios para acreditar el hecho dentro de los plazos que señala el procedimiento expedito que está solicitando, por tanto no corresponde al juez valorar lo que le pueda ser factible o no presentar a esa parte del proceso como elementos de prueba, pues como ya se dijo desde el momento que pide la vía del procedimiento expedito es porque sabe que tiene capacidad de presentarlos, ello por un lado, y por otro, los antecedentes de la causa no revelan en encuadre en las excepciones señaladas en el artículo 440-A del Código Procesal Penal, pues no se observa que sea un delito de investigación compleja, ya que como tal refiere la amparista desde que se presentó el requerimiento ya se contaba con buena parte de la prueba necesaria como ser las actas de registro y un acta de decomiso, además de que señala que para acreditar la participación ya se contaba desde el requerimiento fiscal con las declaraciones de los policías que aseguran haberlo encontrado en posesión de la supuesta arma, por lo que refiere que ello indica que no existe complejidad en la investigación de este caso por no ser el dictamen de una prueba de difícil obtención, como lo hace ver el Juez; por lo que se considera procedente la aplicación del juicio expedito.-CONSIDERANDO SIETE (7): No obstante lo relacionado en el apartado anterior, se aprecia de los antecedentes de la causa que al momento de presentarse el presente amparo, en fecha veintiuno (21) de enero del dos mil dieciséis (2016) ya se había iniciado el procedimiento ordinario a partir del momento que se le tomó declaración al imputado en fecha trece (13) de enero del dos mil dieciséis (2016) en la audiencia que se denegó la adecuación al procedimiento expedito y acto seguido se realizó la audiencia inicial el dieciocho (18) de enero del mismo año, por lo tanto de acuerdo a lo establecido en el artículo 46 numeral 5de la Ley sobre Justicia Constitucional establece como inadmisible el recurso de amparo contra los actos consumados de manera irreparable, al haberse realizado ya –inclusive- la audiencia inicial, por tanto no resulta posible volver las cosas a su estado anterior, dado que además no podría ser reparable vía recurso de apelación la denegatoria de procedimiento expedito si no solo su admisión, es por ello que la causal de inadmisibilidad del amparo relativa a los actos consumados de modo irreparable, se refiere a aquellos actos cuyos efectos fueron completamente realizados sin posibilidad jurídica o material vía acción de amparo de volver las cosas a su estado anterior, de modo que las violaciones que señala la agraviada no pueden ser reparadas a través de la acción de amparo.POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD DE VOTOS de la Sala de lo Constitucional, como intérprete último y definitivo de la Constitución, en aplicación de los artículos90, 103, 106, 183, 303, 304, 313 Atribución 5ta, 316 atribución 1, 321 de la Constitución de la República; 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 9, 41, 44, 45, 46 numeral 5), 47, 48, 49, 52, 63, 68 y 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: CONFIRMANDOla sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES PENAL DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, en fecha veintisiete (27) de julio del año dos mil dieciséis (2016).YMANDA: Que con certificación de esta sentencia se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia, para los efectos legales consiguientes.- REDACTÓ MAGISTRADA REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA.NOTIFÍQUESE.-Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los dos (2) días del mes de junio del año dos mil diecisiete (2017), Certificación de la Sentencia de fecha cuatro (4) de abril del año dos mil diecisiete (2017) recaída en el Amparo Penal Venido en Consulta, registrado en este Tribunal bajo el número 0750-2016.- Firma y sello

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCION

JM.L