Sentencia AP-749-14 — Registro 6585
Resumen
Resolución que revocó sobreseimiento provisional y ordenó el auto de formal procesamiento contra recurrente por los delitos de usurpación y estafa
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."“En el caso sub judice el Ad quem inobserva la disposición contenida en el artículo 88.3, que literalmente dice: “Solo hará prueba la declaración rendida ante Juez competente”. “Toda declaración obtenida con la infracción de cualesquiera de estas disposiciones, es nula y los responsables incurren en las penas que establezca la ley”. (las negritas son nuestras), destruyendo el procedimiento, al excluir la persona del Juez competente como aquel ante quien debe rendirse una declaración para que tenga validez en el proceso, y yendo más allá, sustituyendo la figura del Juez competente por la de, una persona que toma declaración administrativa, ya sea un representante del Ministerio Público, un investigador u cualquier otra, lo cual es inaceptable en el Estado de Derecho, respetuoso de la ley, de los derechos de las partes en el proceso y los principios en los que descansa el proceso penal amparado constitucionalmente. De acuerdo a este orden de ideas, Incluir en el acervo probatorio las declaraciones rendidas en sede administrativa como prueba testifical, es un motivo para quebrantar el debido proceso, y una tutela judicial efectiva que debe garantizarse a las partes en conflicto...”.
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 88, numeral 3 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dieciséis de enero del dos mil diecisiete.- VISTO: Para dictar Sentencia del Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado JOSE ELISANDRO SALGADO a favor del señor JUAN FRANCISCO ALEMAN contra la resolución dictada por la CORTE TERCERA DE APELACIONES DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN en fecha once de febrero del año dos mil catorce, que declaró SIN LUGAR un recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de fecha dos de octubre de dos mil trece, dictada por el JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE YUSCARAN, DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, con relación a la causa instruida contra el señor JUAN FRANCISCO ALEMAN por suponerlo responsable del delito de USURPACION en perjuicio del señor JOSE SANTOS TOMAS PLATA MARTINEZ y por el delito de ESTAFA en perjuicio de ISIDRO RUBEN LANZA SOSA.- Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violentado en perjuicio de su representado los artículos 90 y 92 de la Constitución de la República.-ANTECEDENTES: 1) Que en fecha catorce de enero del año dos mil trece, la Abogada NIDIA MARISOL SEVILLA FLORES, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, compareció ante el JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE YUSCARAN, DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, presentando Requerimiento Fiscal contra el señor JUAN FRANCISCO ALEMAN ANDRADE por suponerlo responsable del delito de USURPACION en perjuicio del señor SANTOS TOMAS PLATA por el delito de ESTAFA en perjuicio de ISIDRO RUBEN LANZA SOSA.-2) Que seguido el trámite de ley correspondiente, el JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE YUSCARAN, DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, celebró la continuación de Audiencia Inicial en fecha dos de octubre del año dos mil trece, en la cual resolvió: “1.-Dejar sin valor y efecto el sobreseimiento provisional decretado en fecha 21 de marzo del presente año, a favor del señor JUAN FRANCISCO ALEMAN, en perjuicio de JOSE SANTOS TOMAS PLATA MARTINEZ e ISIDRO RUBEN LANZA SOSA, así como también sus respectiva carta de libertad provisional. 2.-Decretar AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO, contra el señor JUAN FRANCISCO ALEMAN, por considerarlo responsable del delito de ESTAFA, en perjuicio de ISIDRO RUBEN LANZA SOSA, con las medidas sustitutivas, contemplada en el articulo 173 numeral 6 y 7 de código procesal penal, consistente en: a) presentarse cada quince días al juzgado de paz del municipio de moroceli, el paraíso, a partir del próximo viernes once de octubre del año dos mil trece, para lo cual líbrese atento oficio al juzgado de paz del municipio de moroceli, departamento de el paraíso a efecto de darle cumplimiento a esta disposición, b)Prohibirle al imputado salir del país sin autorización de este juzgado, para tal efecto líbrese atento oficio a la dirección General de migración y extranjería. 3.-DECRETAR SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL, a favor del señor JUAN FRANCISCO ALEMAN, a quien se le a considerado responsable del delito de USURPACION, en perjuicio de JOSE SANTOS TOMAS PLATA MARTINEZ, para lo cual que a través de la Secretaria del despacho se proceda a extender la carta de Libertad provisional respectiva al señor JUAN FRANCISCO ALEMAN y también a las partes la copia del acta de esta audiencia.- …” (Folios 195 vuelto al 200 de la primera pieza) .-3) Que conociendo de los Recursos de Apelación interpuestos por los Abogados JOSE ELISANDRO SALGADO, en su condición de Apoderado Legal Defensor del señor JUAN FRANCISCO ALEMAN, y AMILCAR DANILO CRUZ, en representación de los señores JOSE SANTOS TOMAS PLATA MARTINEZ E ISIDRO RUBEN LANZA SOSA, la Corte de Tercera Apelaciones del Departamento de Francisco Morazán, en fecha once de febrero del año dos mil catorce, dictó Sentencia mediante la cual resolvió: “1.- DECLARANDO SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado JOSE ELISANDRO SALGADO, Defensor Privado. 2.- DECLARANDO CON LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado AMILCAR DANILO CRUZ, Acusador Privado y la Adhesión al recurso de Apelación, presentado por la Abogada NIDIA MARISOL SEVILLA FLORES, en su condición de Fiscal del Ministerio Público. 3.-REVOCANDO el Sobreseimiento Provisional a favor del señor JUAN FRANCISCO ALEMAN por el delito de USURPACION en perjuicio del señor JOSE SANTOS TOMAS PLATA MARTINEZ. 4.-ORDENAR Auto de Formal Procesamiento en contra del señor JUAN FRANCISCO ALEMAN por el delito de USURPACION en perjuicio del señor JOSE SANTOS TOMAS PLATA MARTINEZ. 5.-CONFIRMAR en todo lo demás. …” (Folios 235 al 242 de la primera pieza).-4) Que el recurrente el Abogado JOSE ELISANDRO SALGADO, en su condición de Apoderado Legal Defensor del señor JUAN FRANCISCO ALEMAN compareció ante este Alto Tribunal, en fecha diez de junio del año dos mil catorce, interponiendo Acción de Amparo a favor del señor JUAN FRANCISCO ALEMAN, por considerar que la decisión de la Corte Tercera de Apelaciones del Departamento de Francisco Morazán de fecha once (11)de febrero del año dos mil catorce (2014), de que se ha hecho referencia en el numeral que antecede, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 90 y 92 de la Constitución de la República. Se tuvo por formalizado en tiempo y forma su acción constitucional en fecha veintinueve de septiembre del año dos mil catorce, y omitiéndose la emisión de dictamen fiscal por ser el Ministerio Público por ser parte de la controversia de instancia.-CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de Amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.-CONSIDERANDO (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución.-CONSIDERANDO (3): Que el acto contra el cual se reclama es la resolución dictada en fecha once de febrero del año dos mil catorce, por la Corte de Apelaciones del departamento de Francisco Morazán, mediante la cual Declara Sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra el auto de formal procesamiento de fecha doce de septiembre del año dos mil trece, dictado por el delito de Estafa en perjuicio de ISIDRO RUBEN LANZA SOSA y decreta Sobreseimiento Provisional por el delito de usurpación en perjuicio de SANTOS TOMAS PLATA. El recurrente expone haber interpuesto una excepción de incompetencia de Tribunal a fin de que la vía penal dejara de conocer de la controversia y fuera dirimido a la justicia civil, todo ello de acuerdo a lo que establece el artículo 46, 47, y 54 último párrafo del código Procesal Penal, excepción que fue declarada sin lugar, dictando el auto de formal procesamiento solamente por el delito de Estafa y dictando sobreseimiento provisional por el delito de usurpación. Manifiesta el impetrante que para acredita los extremos de lo solicitado presentó una serie de medios de prueba entre ellos: 1.- Constancia extendida por el director de Catastro y Geografía del Instituto de la propiedad donde establece que la naturaleza jurídica del predio es “Nacional”, con lo que se acredita que su representando no ha usurpado bien inmueble alguno al señor JOSE SANTOS TOMAS PLATA MARTINEZ. 2.- Además presentó recibos extendidos por la Tesorería de la Municipalidad de Morocelí, con lo que acredita que su representado ha pagado impuesto de bienes inmuebles desde hace más de veinte (20) años. 3.- Constancia extendida por el Instituto Nacional Agrario de Danlí, del Plano topográfico y Cartográfico y hoja de cálculo de área, de fecha 14 de septiembre del año 2007, en los cuales se tiene registrado al señor JUAN FRANCISCO ALEMAN como poseedor de dicho predio (F43 al 46 primera pieza). Además señala el decreto legislativo No. 205-2012 de fecha 23 de marzo del 2013, en vigencia desde esa misma fecha (de publicación), que reforma los artículos 75,77,y 126 de la Ley de Propiedad, cuyo texto dice: Art.75 Las personas naturales que se encuentren en propiedad siempre y cuando no esté en comprendido en espacios de dominio público ocupando predios rurales o urbanos ubicados en tierras nacionales o fiscales, por un periodo continuo no menor de 10 años, le serán titulados los mismos por el instituto o de otras afectaciones de beneficio común o por causa de utilidad pública, con estas disposiciones la ley es más que clara, lo que ha quedado acreditado con el Documento extendido por el Instituto de la propiedad y demás documentos extendidos por el INA, señalando que con los documentos extendidos por el Instituto de la propiedad, se acredita que la conducta de su representado no se subsume en el tipo penal de Usurpación.-CONSIDERANDO (4): Que el recurrente manifiesta que en cuanto al delito de estafa se falsificó la Huella dactilar de su poderdante en documento privado que se denomina DOCUMENTO PRIVADO DE VENTA DE UN TERRENO POR L.90.000.00, donde el señor JUAN FRANCISCO ALEMAN ANDRADE (imputado) vende un terreno a favor del señor ISIDRO RUBEN LANZA SOSA, explicando que dicho documento es falsificado, además de que el apellido ANDRADE no corresponde a su representado quien se llama JUAN FRANCISCO ALEMAN, (en dicho documento se describe el bien inmueble ahora en litigio), así como que en el mismo documento aparecen la firmas ilegibles de los testigos que corresponde a los señores JUSTO RUFINO SALGADO Y NELSON MANUEL MENDOZA GRADIS, quienes elaboraron dicho documento, llegando al extremo de inventar la huella dactilar de su representado. Manifiesta que dicha acción fue denunciada ante el Ministerio Público y en las oficinas de la Dirección Nacional de Investigación Criminal de Yuscarán, departamento de El Paraíso, teniendo conocimiento de tal situación los órganos jurisdiccionales, quienes han omitido la observancia y valoración de estos documentos sin embargo. Sigue exponiendo el recurrente que el señor ISIDRO RUBEN LANZA, haciendo uso del documento antes señalado (supuestamente falso en tanto la autoridad competente declara su falsedad o veracidad), procedió a venderle al señor APARICIO RAMIREZ OSORTO, la misma propiedad que dice la hubo por compra que hizo al señor JUAN FRANCISCO ALEMAN, por la misma cantidad, medidas y superficie.-CONSIDERANDO (5): Que de acuerdo a la formalización del recurso el impetrante hace una exposición detallada de todas las incidencias en el proceso, señalando que en el primero de los documentos (se entiende el considerado falso por el recurrente) no calza la firma del señor Rubén Lanza, el segundo si lleva su firma (Folios 33 y 34). El impetrante señala otro aspecto importante en su argumentación relacionada con el documento privado del cual se alega su falsedad en la huella de su representado de fecha 04 de diciembre del año 2006; el señor ISIDRO RUBEN LANZA SOSA, no se encontraba en el país, siendo Carlos García el mediador de la venta que realizaría el ahora recurrente a favor del señor Isidro Rubén Lanza, en la cual nunca ha negado que recibió de parte de la señora Calixto Sofía Colindres compañera de hogar de Rubén lanza, según certificación del punto de Acta extendida por el Juzgado de Paz de Morocelí, el Paraíso, en la audiencia realizada donde estuvieron presentes los señores JUAN FRANCISCO ALEMAN, RUFINO SALGADO, CARLOS GARCÍA E ISIDRO RUBEN LANZA, “en resumen, el señor Juan Francisco Alemán, pide que le cancelen la cantidad de L.40,000.00, Rufino Salgado que es testigo de Compra-venta, la cual fue hecho a por el señor Isidro Rubén Lanza; el recurrente hace las siguientes observaciones: 1.- El documento que supuestamente otorga su representado no lleva firma de Isidro Rubén Lanza, porque dicho señor no se encontraba presente (se encontraba en Estados Unidos de Norte América). 2.- El señor Carlos García dice: que el señor Rubén Lanza le comentó que cuando saliera la venta de una propiedad le hiciera el trámite; 3.- No se acreditó que el señor Lanza Sosa haya otorgado poder a su compañera de hogar la señora CALIXTA SOFIA GARCIA COLINDRES a fin de realizar actos de rigurosos dominio.- 4.-El señor Lanza Sosa se compromete a devolver el terreno en disputa a su representado, pero que le devuelva la cantidad, alegando su representado haber recibido de parte de la señora CALIXTA SOFIA COLINDRES la suma de CINCUENTA MIL LEMPIRAS (L. 50.000.00) por intermedio de CARLOS GARCIA, manifestando la señora Calixto Sofía colindres que el señor Juan Francisco Alemán le entrego documento de compra-venta,(pero en esa documentación aportada no aparece documento alguno a su favor), reiterando que cuando una persona esta fuera del país, por legalidad en los actos que realice, necesariamente debe actuar por medio de poder para que un tercero lo represente…. Es del criterio que se han quebrantado las siguientes normas constitucionales: artículo 90 del debido proceso y como consecuencia de este ultraje se vulnera el artículo 92 concerniente a los requisitos del auto de formal procesamiento y el artículo 82 del Derecho a la Defensa todos de la Constitución de la República.-CONSIDERANDO (6): Que el Ad-Quem en la resolución impugnada expresa detalladamente el origen de la controversia y todas las incidencias en el proceso. Señalando de acuerdo que durante la audiencia inicial el representante de la defensa del imputado, rechazó el requerimiento fiscal y propuso la excepción de incompetencia de Tribunal para el conocimiento de los delitos de USURPACIÓN Y ESTAFA, en base a los artículos 46,47, y 54 último párrafo del código Procesal Penal, sin embargo el representante de la defensa no conforme con la resolución del A-Quo interpuso el recurso de apelación del cual hizo mérito, invocando en su Motivación Probatoria Jurídica, “el artículo 92 constitucional reformado por decreto legislativo 106-2011 y 88-2012, que se refiere a los requisitos para decretar el auto de formal procesamiento. Señala el Ad-Quem en el numeral 2 de la motivación en estudio, que la reforma citada, por su rango constitucional, prevalece sobre el segundo párrafo del artículo 297 del Código Procesal Penal, incluyéndose en la evidencia probatoria como presupuesto que legítima el auto de formal procesamiento, la actividad investigativa previa, es decir abarca o comprende las declaraciones obtenidas en sede administrativa”. En su numeral 3 señala lo que establece el artículo 227 del código Penal en cuanto al delito de usurpación, transcribiendo además lo que dice el Diccionario de Guillermo Cabanellas, y transcribiendo el artículo 240 del delito de Estafa contenido en el mismo código Penal, y una exposición de los medios de prueba de las partes. En el numeral siete (7) señala que la resolución de fecha dos de octubre del año dos mil trece no es conforme a derecho, (mediante esta resolución se decretó auto de formal procesamiento contra el señor JUAN FRANCISCO ALEMAN por considerarlo responsable del delito de ESTAFA, señala medidas sustitutivas de la prisión preventiva y Decreta sobreseimiento provisional por el delito de USURPACIÓN), en consecuencia declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el representante de la defensa del imputado y declaró con lugar el recurso de apelación interpuesto por el abogado Acusador privado, al que se adhirió el recurso de apelación instruido por la representante del Ministerio Público. Y Revocó el sobreseimiento provisional a favor del acusado por el delito de Usurpación.-CONSIDERANDO (7): Que del estudio de los antecedentes y de la resolución recurrida esta sala aprecia que la controversia tiene su origen en relación a un bien inmueble del que el acusado dice ser su propietario, sin embargo el ofendido también manifiesta ser el legítimo dueño de dicho bien inmueble, para tal efecto ambas personas aportan documentación relativa a dichos predios. Así el recurrente señala una serie de documentos con los que pretende acreditar que su representado ha estado en posesión pacifica e ininterrumpida por más de veinte (20) años, entre ellos constancia extendida por el director General de Catastro y Geografía del instituto de la propiedad donde se establece que el predio la naturaleza jurídica del predio es Nacional, además acompaña recibos extendidos por la Tesorería de la Municipalidad de Moroceli, con los que acredita que su representado ha pagado impuesto de bienes inmuebles desde hace más de 20 años, por su parte el Instituto Nacional agrario le extendió una constancia, plano topográfico y cartográfico y, hoja de cálculo de área de fecha 14 de septiembre del año 2007,en los cuales tiene registrado al señor JUAN FRANCISCO ALEMÁN ahora recurrente como poseedor de dicho predio (folios 43 al 46 primera pieza de autos).-CONSIDERANDO (8): Que el Decreto legislativo No. 205.2012 de fecha 23 de marzo del 2013 que reformó los artículos 75, 76 y 126 de la Ley de Propiedad dispone en su artículo 75 que las personas naturales que se encuentren ocupando predios rurales o urbanos ubicados en tierras nacionales o fiscales, por un período continuo no menores de diez años, les serán titulados los mismos por el Instituto de la Propiedad (IP) siempre y cuando no estén comprendidos en espacios de dominio público o de otras afectaciones de beneficio común o por causa de utilidad pública, Decreto que ha sido invocado por el recurrente, como aplicable al derecho de propiedad de su representando. Se constata además que el acusado realizó la venta de un terreno de la propiedad de la cual se considera propietario, ahora en controversia, derivándose de ésta transacción, de acuerdo al requerimiento fiscal la imputación del delito de Estafa.-CONSIDERANDO (9): Que del estudio de la foliada esta Sala aprecia que el Tribunal de alzada en su Motivación Probatoria Jurídica, “el artículo 92 constitucional reformado por Decreto Legislativo 106-2011 y 88-2012, que se refiere a los requisitos para decretar el auto de formal procesamiento, numeral 2 de la motivación en estudio, dice: “que la reforma citada, por su rango constitucional, prevalece sobre el segundo párrafo del artículo 297 del Código Procesal Penal, incluyéndose en la evidencia probatoria como presupuesto que legítima el auto de formal procesamiento, la actividad investigativa previa, es decir abarca o comprende las declaraciones obtenidas en sede administrativa”. -CONSIDERANDO (10): Que Honduras es un Estado de Derecho, sujeto a la Constitución de la República, como norma suprema, “norma básica del ordenamiento jurídico que obliga a todos los ciudadanos y a todos los poderes públicos. Asegura de un lado la primacía de la ley como expresión de voluntad popular y, de otro somete al Estado al Ordenamiento Jurídico en garantía de la seguridad jurídica de los ciudadanos que forman parte de él[1]. Las Leyes como actos unilaterales del poder público interno y los Tratados Internacionales como un acto emanado de un acuerdo de voluntades entre los Estados que una vez ratificados son normas directamente aplicables en el derecho Interno. “…. Al aprobar los Tratados Sobre Derechos Humanos, los Estados se someten a un orden legal dentro del cual ellos por el bien común, asumen varias obligaciones, no en relación con otros Estados, sino hacia los individuos bajo su jurisdicción”[2]. Citando la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, ratificada por el Estado de Honduras, entre los deberes generales asumidos por los Estados – Partes de la Convención, para cada uno de los Derechos Consagrados en la misma son, por una parte el de “… respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y… garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona sujeta a su jurisdicción sin discriminación alguna (Artículo 1.1 de la Convención), y por la otra adoptar, con arreglo a los procedimientos constitucionales y a las disposiciones de la Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades (art. De la Convención). Para tal efecto tales derechos tendrán el amparo jurisdiccional y gubernativo necesario para exigir su cumplimiento frente a las autoridades públicas.-CONSIDERANDO (11): Que el artículo 8.2 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos se refiere a las “Garantías” es decir medidas destinadas a la protección o aseguramiento de la titularidad o ejercicio de los derechos, otorgando los medios idóneos para que los derechos y libertades reconocidos sean efectivos en toda situación incluso la creada por el proceso penal, creando los elementos necesarios para la regularidad del proceso y factores necesarios para el legítimo ejercicio de la jurisdicción (las negritas son nuestras). El ejercicio de estas garantías se otorga en condiciones de “plena igualdad concretizando de esta manera el derecho a la igualdad ante la ley”, contenido en el artículo 60 Y 61 constitucional, en consecuencia no puede haber duda en cuanto a su operatividad inmediata en el denominado proceso penal, plenario debate o juicio oral y público.-CONSIDERANDO (12): Que el Estado de Honduras acorde con los fundamentos de la Constitución de la República y los Tratados Internacionales Sobre Derechos Humanos, a través del poder legislativo ha creado los instrumentos jurídicos que han de aplicarse en los casos concretos dirigidos a la aplicación de la ley tanto sustantiva como adjetiva en materia penal, conforme los postulados constitucionales, cuya inaplicabilidad socava los pilares del Estado de Derecho y la administración de justicia, desconociendo la supremacía constitucional. En el caso sub judice el Ad quem inobserva la disposición contenida en el artículo 88.3, que literalmente dice: “Solo hará prueba la declaración rendida ante Juez competente”. “Toda declaración obtenida con la infracción de cualesquiera de estas disposiciones, es nula y los responsables incurren en las penas que establezca la ley”. (las negritas son nuestras), destruyendo el procedimiento, al excluir la persona del Juez competente como aquel ante quien debe rendirse una declaración para que tenga validez en el proceso, y yendo más allá, sustituyendo la figura del Juez competente por la de, una persona que toma declaración administrativa, ya sea un representante del Ministerio Público, un investigador u cualquier otra, lo cual es inaceptable en el Estado de Derecho, respetuoso de la ley, de los derechos de las partes en el proceso y los principios en los que descansa el proceso penal amparado constitucionalmente. De acuerdo a este orden de ideas, Incluir en el acervo probatorio las declaraciones rendidas en sede administrativa como prueba testifical, es un motivo para quebrantar el debido proceso, y una tutela judicial efectiva que debe garantizarse a las partes en conflicto.-CONSIDERANDO (13): Que el principio del Derecho Penal denominado la Última Ratio Legis” (última razón de la ley) se operativiza en la práctica jurídica y forense, cuando han fracasado los otros sectores del Derecho en la solución de las litis, entonces se pone en movimiento la potestad punitiva del Estado, a través del ente encargado de la persecución penal y conminatoria de las penas, para garantizar la seguridad jurídica, la paz social y la tranquilidad pública. Por otra parte el principio de maximización de la libertad ciudadana, representa la menor intromisión del poder estatal y del control penal, en la vida privada y social de la ciudadanía, en la medida que la libertad ciudadana con protección constitucional, limita el poder punitivo del Estado, con la vigencia del Derecho penal garantista, democrático y proporcional de la pena justa.- CONSIDERANDO (14): Que del estudio de los antecedentes y de la resolución recurrida esta Sala estima que ambas partes señalan ser los propietarios del terreno en litigio, específicamente el recurrente dice estar en posesión por mas de veinte años de dicho terreno, de los que ha pagado impuesto de bienes inmuebles y se encuentra inscrito a su nombre, de igual manera la contraparte señala la legítima propiedad del inmueble. Siendo así es obvio que la controversia no debe dirimirse por la jurisdicción penal, todo tiene su origen en la pretensión de ser dueños de un bien inmueble, que solo la justicia civil podrá dirimir a quien corresponde el mismo. Por otra parte es evidente que el delito de Estafa surge como consecuencia de una transacción en la que el recurrente ha intervenido y en la que no ha negado haber recibido una parte de la cantidad de dinero por lo que se valoró la venta de la propiedad. Al respecto ésta Sala concluye que la validez de dicho contrato de compra venta así como el pago parcial también deberá dirimir a través de la justicia civil; toda vez que cuando se hace tal transacción, el actuar del acusado no se subsumen en los verbos rectores de la estafa, porque como queda dicho y así aparece en la documentación el imputado ha vendido una propiedad que considera ha sido suya por mas de veinte años, por lo que al no existir dolo en dicha conducta el tipo penal de estafa desaparece, de igual manera al no concurrir los elementos del delito de usurpación, éste desaparece, por lo menos del ámbito del derecho penal, por lo que debe ser la vía de lo civil la que dirima la controversia.-CONSIDERANDO (15): Que el Debido Proceso adjetivo o formal se entiende como un conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial. Así, si bien es cierto que los fallos han de respetar los principios del debido proceso formal y sustancial, también existiría una forma por la cual este fallo llegue a concretarse, y tutelar efectivamente la pretensión o derecho amparado. Este es el momento en el cual hace su aparición la tutela jurisdiccional efectiva, dado que un fallo justo y acorde con el procedimiento debido, no puede quedarse como certeza jurídica ideal, sino que ha de satisfacer materialmente el derecho reconocido. El Estado tiene la obligación de reconocer un conjunto de garantías institucionales que permitan el ejercicio del debido proceso en toda persona. Todos los ciudadanos tienen derecho a acudir a los tribunales para obtener protección de sus intereses o derechos, a través de un proceso que respete tanto los derechos del demandante como los del demandado y que además el resultado de éste se encuentre asegurado, garantizando la tutela judicial contenida en el derecho interno y en los tratados y convenciones internacionales suscritos por el Estado para proteger los derechos y libertades del ciudadano contra actos u omisiones de las autoridades públicas, ejecutivas, judiciales o legislativas. Siguiendo este orden de ideas y considerado el principio de legalidad como inherente al Debido Proceso debe entenderse que la potestad de administrar justicia no puede ni debe ir mas allá de lo que Constitucional y legalmente está conferido, por lo que no podrá actuar por autoridad propia sino que ejecutando el contenido de la ley. Por lo que la apreciación errónea del Ad quem en su argumentación jurídica quebranta el debido proceso y por ende la tutela judicial efectiva, desde el momento que inobserva el artículo 88.3 constitucional, seguidamente en la apreciación errónea de los hechos y circunstancias en que se desarrolla el caso objeto de estudio. En consecuencia esta Sala después del examen de la foliada encuentra conforme a derecho que el litigio debe dirimirse por la vía de la justicia civil.-CONSIDERANDO (16): Que como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico.-POR TANTO: La Sala Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, en aplicación de los artículos 15, 59, 62, 90, 183, 303, 313 No.5, y 316, de la Constitución de la República; 1, 11, 78 No. 5, 132 y 145 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 9 No. 2, 41, 54, 63 de la ley Sobre Justicia Constitucional, la Declaración Universal sobre Derechos Humanos, que lo consagra en sus artículos: 8 y 10, El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 14. 1. La Convención Americana Sobre Derechos Humanos Art. 8. Artículo IV de La declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. FALLA: OTORGANDO el Recurso de Amparo, interpuesto por el Abogado JOSE ELISANDRO SALGADO, a favor del señor JUAN FRANCISCO ALEMAN, contra la sentencia de fecha once de febrero del año dos mil catorce, dictada por la Corte de Apelaciones Del departamento de Francisco Morazán. Y MANDA: Que se dirima la controversia a la Justicia Civil, con la certificación de este fallo se remita los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó la Magistrada ALVAREZ SAGASTUME.- NOTIFIQUESE. -Firmas y Sello. Abogada LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- MAGISTRADA PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA .- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los diecinueve (19) días del mes de abril del año dos mil diecisiete (2017), Certificación de la sentencia de fecha dieciséis (16) de enero del año dos mil diecisiete (2017) recaída en el Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el numero 0749-2014.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
“CERTIFICACIÓN : El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dieciséis de enero del dos mil diecisiete.- VISTO: Para dictar Sentencia del Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado JOSE ELISANDRO SALGADO a favor del señor JUAN FRANCISCO ALEMAN contra la resolución dictada por la CORTE TERCERA DE APELACIONES DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN en fecha once de febrero del año dos mil catorce, que declaró SIN LUGAR un recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de fecha dos de octubre de dos mil trece, dictada por el JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE YUSCARAN, DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, con relación a la causa instruida contra el señor JUAN FRANCISCO ALEMAN por suponerlo responsable del delito de USURPACION en perjuicio del señor JOSE SANTOS TOMAS PLATA MARTINEZ y por el delito de ESTAFA en perjuicio de ISIDRO RUBEN LANZA SOSA.- Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violentado en perjuicio de su representado los artículos 90 y 92 de la Constitución de la República.-ANTECEDENTES: 1) Que en fecha catorce de enero del año dos mil trece, la Abogada NIDIA MARISOL SEVILLA FLORES, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, compareció ante el JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE YUSCARAN, DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, presentando Requerimiento Fiscal contra el señor JUAN FRANCISCO ALEMAN ANDRADE por suponerlo responsable del delito de USURPACION en perjuicio del señor SANTOS TOMAS PLATA por el delito de ESTAFA en perjuicio de ISIDRO RUBEN LANZA SOSA.-2) Que seguido el trámite de ley correspondiente, el JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE YUSCARAN, DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, celebró la continuación de Audiencia Inicial en fecha dos de octubre del año dos mil trece, en la cual resolvió: “1.-Dejar sin valor y efecto el sobreseimiento provisional decretado en fecha 21 de marzo del presente año, a favor del señor JUAN FRANCISCO ALEMAN, en perjuicio de JOSE SANTOS TOMAS PLATA MARTINEZ e ISIDRO RUBEN LANZA SOSA, así como también sus respectiva carta de libertad provisional. 2.-Decretar AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO, contra el señor JUAN FRANCISCO ALEMAN, por considerarlo responsable del delito de ESTAFA, en perjuicio de ISIDRO RUBEN LANZA SOSA, con las medidas sustitutivas, contemplada en el articulo 173 numeral 6 y 7 de código procesal penal, consistente en: a) presentarse cada quince días al juzgado de paz del municipio de moroceli, el paraíso, a partir del próximo viernes once de octubre del año dos mil trece, para lo cual líbrese atento oficio al juzgado de paz del municipio de moroceli, departamento de el paraíso a efecto de darle cumplimiento a esta disposición, b)Prohibirle al imputado salir del país sin autorización de este juzgado, para tal efecto líbrese atento oficio a la dirección General de migración y extranjería. 3.-DECRETAR SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL, a favor del señor JUAN FRANCISCO ALEMAN, a quien se le a considerado responsable del delito de USURPACION, en perjuicio de JOSE SANTOS TOMAS PLATA MARTINEZ, para lo cual que a través de la Secretaria del despacho se proceda a extender la carta de Libertad provisional respectiva al señor JUAN FRANCISCO ALEMAN y también a las partes la copia del acta de esta audiencia.- …” (Folios 195 vuelto al 200 de la primera pieza) .-3) Que conociendo de los Recursos de Apelación interpuestos por los Abogados JOSE ELISANDRO SALGADO, en su condición de Apoderado Legal Defensor del señor JUAN FRANCISCO ALEMAN, y AMILCAR DANILO CRUZ, en representación de los señores JOSE SANTOS TOMAS PLATA MARTINEZ E ISIDRO RUBEN LANZA SOSA, la Corte de Tercera Apelaciones del Departamento de Francisco Morazán, en fecha once de febrero del año dos mil catorce, dictó Sentencia mediante la cual resolvió: “1.- DECLARANDO SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado JOSE ELISANDRO SALGADO, Defensor Privado. 2.- DECLARANDO CON LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado AMILCAR DANILO CRUZ, Acusador Privado y la Adhesión al recurso de Apelación, presentado por la Abogada NIDIA MARISOL SEVILLA FLORES, en su condición de Fiscal del Ministerio Público. 3.-REVOCANDO el Sobreseimiento Provisional a favor del señor JUAN FRANCISCO ALEMAN por el delito de USURPACION en perjuicio del señor JOSE SANTOS TOMAS PLATA MARTINEZ. 4.-ORDENAR Auto de Formal Procesamiento en contra del señor JUAN FRANCISCO ALEMAN por el delito de USURPACION en perjuicio del señor JOSE SANTOS TOMAS PLATA MARTINEZ. 5.-CONFIRMAR en todo lo demás. …” (Folios 235 al 242 de la primera pieza).-4) Que el recurrente el Abogado JOSE ELISANDRO SALGADO, en su condición de Apoderado Legal Defensor del señor JUAN FRANCISCO ALEMAN compareció ante este Alto Tribunal, en fecha diez de junio del año dos mil catorce, interponiendo Acción de Amparo a favor del señor JUAN FRANCISCO ALEMAN, por considerar que la decisión de la Corte Tercera de Apelaciones del Departamento de Francisco Morazán de fecha once (11)de febrero del año dos mil catorce (2014), de que se ha hecho referencia en el numeral que antecede, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 90 y 92 de la Constitución de la República. Se tuvo por formalizado en tiempo y forma su acción constitucional en fecha veintinueve de septiembre del año dos mil catorce, y omitiéndose la emisión de dictamen fiscal por ser el Ministerio Público por ser parte de la controversia de instancia.-CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de Amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.-CONSIDERANDO (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución.-CONSIDERANDO (3): Que el acto contra el cual se reclama es la resolución dictada en fecha once de febrero del año dos mil catorce, por la Corte de Apelaciones del departamento de Francisco Morazán, mediante la cual Declara Sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra el auto de formal procesamiento de fecha doce de septiembre del año dos mil trece, dictado por el delito de Estafa en perjuicio de ISIDRO RUBEN LANZA SOSA y decreta Sobreseimiento Provisional por el delito de usurpación en perjuicio de SANTOS TOMAS PLATA. El recurrente expone haber interpuesto una excepción de incompetencia de Tribunal a fin de que la vía penal dejara de conocer de la controversia y fuera dirimido a la justicia civil, todo ello de acuerdo a lo que establece el artículo 46, 47, y 54 último párrafo del código Procesal Penal, excepción que fue declarada sin lugar, dictando el auto de formal procesamiento solamente por el delito de Estafa y dictando sobreseimiento provisional por el delito de usurpación. Manifiesta el impetrante que para acredita los extremos de lo solicitado presentó una serie de medios de prueba entre ellos: 1.- Constancia extendida por el director de Catastro y Geografía del Instituto de la propiedad donde establece que la naturaleza jurídica del predio es “Nacional”, con lo que se acredita que su representando no ha usurpado bien inmueble alguno al señor JOSE SANTOS TOMAS PLATA MARTINEZ. 2.- Además presentó recibos extendidos por la Tesorería de la Municipalidad de Morocelí, con lo que acredita que su representado ha pagado impuesto de bienes inmuebles desde hace más de veinte (20) años. 3.- Constancia extendida por el Instituto Nacional Agrario de Danlí, del Plano topográfico y Cartográfico y hoja de cálculo de área, de fecha 14 de septiembre del año 2007, en los cuales se tiene registrado al señor JUAN FRANCISCO ALEMAN como poseedor de dicho predio (F43 al 46 primera pieza). Además señala el decreto legislativo No. 205-2012 de fecha 23 de marzo del 2013, en vigencia desde esa misma fecha (de publicación), que reforma los artículos 75,77,y 126 de la Ley de Propiedad, cuyo texto dice: Art.75 Las personas naturales que se encuentren en propiedad siempre y cuando no esté en comprendido en espacios de dominio público ocupando predios rurales o urbanos ubicados en tierras nacionales o fiscales, por un periodo continuo no menor de 10 años, le serán titulados los mismos por el instituto o de otras afectaciones de beneficio común o por causa de utilidad pública, con estas disposiciones la ley es más que clara, lo que ha quedado acreditado con el Documento extendido por el Instituto de la propiedad y demás documentos extendidos por el INA, señalando que con los documentos extendidos por el Instituto de la propiedad, se acredita que la conducta de su representado no se subsume en el tipo penal de Usurpación.-CONSIDERANDO (4): Que el recurrente manifiesta que en cuanto al delito de estafa se falsificó la Huella dactilar de su poderdante en documento privado que se denomina DOCUMENTO PRIVADO DE VENTA DE UN TERRENO POR L.90.000.00, donde el señor JUAN FRANCISCO ALEMAN ANDRADE (imputado) vende un terreno a favor del señor ISIDRO RUBEN LANZA SOSA, explicando que dicho documento es falsificado, además de que el apellido ANDRADE no corresponde a su representado quien se llama JUAN FRANCISCO ALEMAN, (en dicho documento se describe el bien inmueble ahora en litigio), así como que en el mismo documento aparecen la firmas ilegibles de los testigos que corresponde a los señores JUSTO RUFINO SALGADO Y NELSON MANUEL MENDOZA GRADIS, quienes elaboraron dicho documento, llegando al extremo de inventar la huella dactilar de su representado. Manifiesta que dicha acción fue denunciada ante el Ministerio Público y en las oficinas de la Dirección Nacional de Investigación Criminal de Yuscarán, departamento de El Paraíso, teniendo conocimiento de tal situación los órganos jurisdiccionales, quienes han omitido la observancia y valoración de estos documentos sin embargo. Sigue exponiendo el recurrente que el señor ISIDRO RUBEN LANZA, haciendo uso del documento antes señalado (supuestamente falso en tanto la autoridad competente declara su falsedad o veracidad), procedió a venderle al señor APARICIO RAMIREZ OSORTO, la misma propiedad que dice la hubo por compra que hizo al señor JUAN FRANCISCO ALEMAN, por la misma cantidad, medidas y superficie.-CONSIDERANDO (5): Que de acuerdo a la formalización del recurso el impetrante hace una exposición detallada de todas las incidencias en el proceso, señalando que en el primero de los documentos (se entiende el considerado falso por el recurrente) no calza la firma del señor Rubén Lanza, el segundo si lleva su firma (Folios 33 y 34). El impetrante señala otro aspecto importante en su argumentación relacionada con el documento privado del cual se alega su falsedad en la huella de su representado de fecha 04 de diciembre del año 2006; el señor ISIDRO RUBEN LANZA SOSA, no se encontraba en el país, siendo Carlos García el mediador de la venta que realizaría el ahora recurrente a favor del señor Isidro Rubén Lanza, en la cual nunca ha negado que recibió de parte de la señora Calixto Sofía Colindres compañera de hogar de Rubén lanza, según certificación del punto de Acta extendida por el Juzgado de Paz de Morocelí, el Paraíso, en la audiencia realizada donde estuvieron presentes los señores JUAN FRANCISCO ALEMAN, RUFINO SALGADO, CARLOS GARCÍA E ISIDRO RUBEN LANZA, “en resumen, el señor Juan Francisco Alemán, pide que le cancelen la cantidad de L.40,000.00, Rufino Salgado que es testigo de Compra-venta, la cual fue hecho a por el señor Isidro Rubén Lanza; el recurrente hace las siguientes observaciones: 1.- El documento que supuestamente otorga su representado no lleva firma de Isidro Rubén Lanza, porque dicho señor no se encontraba presente (se encontraba en Estados Unidos de Norte América). 2.- El señor Carlos García dice: que el señor Rubén Lanza le comentó que cuando saliera la venta de una propiedad le hiciera el trámite; 3.- No se acreditó que el señor Lanza Sosa haya otorgado poder a su compañera de hogar la señora CALIXTA SOFIA GARCIA COLINDRES a fin de realizar actos de rigurosos dominio.- 4.-El señor Lanza Sosa se compromete a devolver el terreno en disputa a su representado, pero que le devuelva la cantidad, alegando su representado haber recibido de parte de la señora CALIXTA SOFIA COLINDRES la suma de CINCUENTA MIL LEMPIRAS (L. 50.000.00) por intermedio de CARLOS GARCIA, manifestando la señora Calixto Sofía colindres que el señor Juan Francisco Alemán le entrego documento de compra-venta,(pero en esa documentación aportada no aparece documento alguno a su favor), reiterando que cuando una persona esta fuera del país, por legalidad en los actos que realice, necesariamente debe actuar por medio de poder para que un tercero lo represente…. Es del criterio que se han quebrantado las siguientes normas constitucionales: artículo 90 del debido proceso y como consecuencia de este ultraje se vulnera el artículo 92 concerniente a los requisitos del auto de formal procesamiento y el artículo 82 del Derecho a la Defensa todos de la Constitución de la República.-CONSIDERANDO (6): Que el Ad-Quem en la resolución impugnada expresa detalladamente el origen de la controversia y todas las incidencias en el proceso. Señalando de acuerdo que durante la audiencia inicial el representante de la defensa del imputado, rechazó el requerimiento fiscal y propuso la excepción de incompetencia de Tribunal para el conocimiento de los delitos de USURPACIÓN Y ESTAFA, en base a los artículos 46,47, y 54 último párrafo del código Procesal Penal, sin embargo el representante de la defensa no conforme con la resolución del A-Quo interpuso el recurso de apelación del cual hizo mérito, invocando en su Motivación Probatoria Jurídica, “el artículo 92 constitucional reformado por decreto legislativo 106-2011 y 88-2012, que se refiere a los requisitos para decretar el auto de formal procesamiento. Señala el Ad-Quem en el numeral 2 de la motivación en estudio, que la reforma citada, por su rango constitucional, prevalece sobre el segundo párrafo del artículo 297 del Código Procesal Penal, incluyéndose en la evidencia probatoria como presupuesto que legítima el auto de formal procesamiento, la actividad investigativa previa, es decir abarca o comprende las declaraciones obtenidas en sede administrativa”. En su numeral 3 señala lo que establece el artículo 227 del código Penal en cuanto al delito de usurpación, transcribiendo además lo que dice el Diccionario de Guillermo Cabanellas, y transcribiendo el artículo 240 del delito de Estafa contenido en el mismo código Penal, y una exposición de los medios de prueba de las partes. En el numeral siete (7) señala que la resolución de fecha dos de octubre del año dos mil trece no es conforme a derecho, (mediante esta resolución se decretó auto de formal procesamiento contra el señor JUAN FRANCISCO ALEMAN por considerarlo responsable del delito de ESTAFA, señala medidas sustitutivas de la prisión preventiva y Decreta sobreseimiento provisional por el delito de USURPACIÓN), en consecuencia declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el representante de la defensa del imputado y declaró con lugar el recurso de apelación interpuesto por el abogado Acusador privado, al que se adhirió el recurso de apelación instruido por la representante del Ministerio Público. Y Revocó el sobreseimiento provisional a favor del acusado por el delito de Usurpación.-CONSIDERANDO (7): Que del estudio de los antecedentes y de la resolución recurrida esta sala aprecia que la controversia tiene su origen en relación a un bien inmueble del que el acusado dice ser su propietario, sin embargo el ofendido también manifiesta ser el legítimo dueño de dicho bien inmueble, para tal efecto ambas personas aportan documentación relativa a dichos predios. Así el recurrente señala una serie de documentos con los que pretende acreditar que su representado ha estado en posesión pacifica e ininterrumpida por más de veinte (20) años, entre ellos constancia extendida por el director General de Catastro y Geografía del instituto de la propiedad donde se establece que el predio la naturaleza jurídica del predio es Nacional, además acompaña recibos extendidos por la Tesorería de la Municipalidad de Moroceli, con los que acredita que su representado ha pagado impuesto de bienes inmuebles desde hace más de 20 años, por su parte el Instituto Nacional agrario le extendió una constancia, plano topográfico y cartográfico y, hoja de cálculo de área de fecha 14 de septiembre del año 2007,en los cuales tiene registrado al señor JUAN FRANCISCO ALEMÁN ahora recurrente como poseedor de dicho predio (folios 43 al 46 primera pieza de autos).-CONSIDERANDO (8): Que el Decreto legislativo No. 205.2012 de fecha 23 de marzo del 2013 que reformó los artículos 75, 76 y 126 de la Ley de Propiedad dispone en su artículo 75 que las personas naturales que se encuentren ocupando predios rurales o urbanos ubicados en tierras nacionales o fiscales, por un período continuo no menores de diez años, les serán titulados los mismos por el Instituto de la Propiedad (IP) siempre y cuando no estén comprendidos en espacios de dominio público o de otras afectaciones de beneficio común o por causa de utilidad pública, Decreto que ha sido invocado por el recurrente, como aplicable al derecho de propiedad de su representando. Se constata además que el acusado realizó la venta de un terreno de la propiedad de la cual se considera propietario, ahora en controversia, derivándose de ésta transacción, de acuerdo al requerimiento fiscal la imputación del delito de Estafa.-CONSIDERANDO (9): Que del estudio de la foliada esta Sala aprecia que el Tribunal de alzada en su Motivación Probatoria Jurídica, “el artículo 92 constitucional reformado por Decreto Legislativo 106-2011 y 88-2012, que se refiere a los requisitos para decretar el auto de formal procesamiento, numeral 2 de la motivación en estudio, dice: “que la reforma citada, por su rango constitucional, prevalece sobre el segundo párrafo del artículo 297 del Código Procesal Penal, incluyéndose en la evidencia probatoria como presupuesto que legítima el auto de formal procesamiento, la actividad investigativa previa, es decir abarca o comprende las declaraciones obtenidas en sede administrativa”. -CONSIDERANDO (10): Que Honduras es un Estado de Derecho, sujeto a la Constitución de la República, como norma suprema, “norma básica del ordenamiento jurídico que obliga a todos los ciudadanos y a todos los poderes públicos. Asegura de un lado la primacía de la ley como expresión de voluntad popular y, de otro somete al Estado al Ordenamiento Jurídico en garantía de la seguridad jurídica de los ciudadanos que forman parte de él[3]. Las Leyes como actos unilaterales del poder público interno y los Tratados Internacionales como un acto emanado de un acuerdo de voluntades entre los Estados que una vez ratificados son normas directamente aplicables en el derecho Interno. “…. Al aprobar los Tratados Sobre Derechos Humanos, los Estados se someten a un orden legal dentro del cual ellos por el bien común, asumen varias obligaciones, no en relación con otros Estados, sino hacia los individuos bajo su jurisdicción”[4]. Citando la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, ratificada por el Estado de Honduras, entre los deberes generales asumidos por los Estados – Partes de la Convención, para cada uno de los Derechos Consagrados en la misma son, por una parte el de “… respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y… garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona sujeta a su jurisdicción sin discriminación alguna (Artículo 1.1 de la Convención), y por la otra adoptar, con arreglo a los procedimientos constitucionales y a las disposiciones de la Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades (art. De la Convención). Para tal efecto tales derechos tendrán el amparo jurisdiccional y gubernativo necesario para exigir su cumplimiento frente a las autoridades públicas.-CONSIDERANDO (11): Que el artículo 8.2 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos se refiere a las “Garantías” es decir medidas destinadas a la protección o aseguramiento de la titularidad o ejercicio de los derechos, otorgando los medios idóneos para que los derechos y libertades reconocidos sean efectivos en toda situación incluso la creada por el proceso penal, creando los elementos necesarios para la regularidad del proceso y factores necesarios para el legítimo ejercicio de la jurisdicción (las negritas son nuestras). El ejercicio de estas garantías se otorga en condiciones de “plena igualdad concretizando de esta manera el derecho a la igualdad ante la ley”, contenido en el artículo 60 Y 61 constitucional, en consecuencia no puede haber duda en cuanto a su operatividad inmediata en el denominado proceso penal, plenario debate o juicio oral y público.-CONSIDERANDO (12): Que el Estado de Honduras acorde con los fundamentos de la Constitución de la República y los Tratados Internacionales Sobre Derechos Humanos, a través del poder legislativo ha creado los instrumentos jurídicos que han de aplicarse en los casos concretos dirigidos a la aplicación de la ley tanto sustantiva como adjetiva en materia penal, conforme los postulados constitucionales, cuya inaplicabilidad socava los pilares del Estado de Derecho y la administración de justicia, desconociendo la supremacía constitucional. En el caso sub judice el Ad quem inobserva la disposición contenida en el artículo 88.3, que literalmente dice: “Solo hará prueba la declaración rendida ante Juez competente”. “Toda declaración obtenida con la infracción de cualesquiera de estas disposiciones, es nula y los responsables incurren en las penas que establezca la ley”. (las negritas son nuestras), destruyendo el procedimiento, al excluir la persona del Juez competente como aquel ante quien debe rendirse una declaración para que tenga validez en el proceso, y yendo más allá, sustituyendo la figura del Juez competente por la de, una persona que toma declaración administrativa, ya sea un representante del Ministerio Público, un investigador u cualquier otra, lo cual es inaceptable en el Estado de Derecho, respetuoso de la ley, de los derechos de las partes en el proceso y los principios en los que descansa el proceso penal amparado constitucionalmente. De acuerdo a este orden de ideas, Incluir en el acervo probatorio las declaraciones rendidas en sede administrativa como prueba testifical, es un motivo para quebrantar el debido proceso, y una tutela judicial efectiva que debe garantizarse a las partes en conflicto.-CONSIDERANDO (13): Que el principio del Derecho Penal denominado la Última Ratio Legis” (última razón de la ley) se operativiza en la práctica jurídica y forense, cuando han fracasado los otros sectores del Derecho en la solución de las litis, entonces se pone en movimiento la potestad punitiva del Estado, a través del ente encargado de la persecución penal y conminatoria de las penas, para garantizar la seguridad jurídica, la paz social y la tranquilidad pública. Por otra parte el principio de maximización de la libertad ciudadana, representa la menor intromisión del poder estatal y del control penal, en la vida privada y social de la ciudadanía, en la medida que la libertad ciudadana con protección constitucional, limita el poder punitivo del Estado, con la vigencia del Derecho penal garantista, democrático y proporcional de la pena justa.- CONSIDERANDO (14): Que del estudio de los antecedentes y de la resolución recurrida esta Sala estima que ambas partes señalan ser los propietarios del terreno en litigio, específicamente el recurrente dice estar en posesión por mas de veinte años de dicho terreno, de los que ha pagado impuesto de bienes inmuebles y se encuentra inscrito a su nombre, de igual manera la contraparte señala la legítima propiedad del inmueble. Siendo así es obvio que la controversia no debe dirimirse por la jurisdicción penal, todo tiene su origen en la pretensión de ser dueños de un bien inmueble, que solo la justicia civil podrá dirimir a quien corresponde el mismo. Por otra parte es evidente que el delito de Estafa surge como consecuencia de una transacción en la que el recurrente ha intervenido y en la que no ha negado haber recibido una parte de la cantidad de dinero por lo que se valoró la venta de la propiedad. Al respecto ésta Sala concluye que la validez de dicho contrato de compra venta así como el pago parcial también deberá dirimir a través de la justicia civil; toda vez que cuando se hace tal transacción, el actuar del acusado no se subsumen en los verbos rectores de la estafa, porque como queda dicho y así aparece en la documentación el imputado ha vendido una propiedad que considera ha sido suya por mas de veinte años, por lo que al no existir dolo en dicha conducta el tipo penal de estafa desaparece, de igual manera al no concurrir los elementos del delito de usurpación, éste desaparece, por lo menos del ámbito del derecho penal, por lo que debe ser la vía de lo civil la que dirima la controversia.-CONSIDERANDO (15): Que el Debido Proceso adjetivo o formal se entiende como un conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial. Así, si bien es cierto que los fallos han de respetar los principios del debido proceso formal y sustancial, también existiría una forma por la cual este fallo llegue a concretarse, y tutelar efectivamente la pretensión o derecho amparado. Este es el momento en el cual hace su aparición la tutela jurisdiccional efectiva, dado que un fallo justo y acorde con el procedimiento debido, no puede quedarse como certeza jurídica ideal, sino que ha de satisfacer materialmente el derecho reconocido. El Estado tiene la obligación de reconocer un conjunto de garantías institucionales que permitan el ejercicio del debido proceso en toda persona. Todos los ciudadanos tienen derecho a acudir a los tribunales para obtener protección de sus intereses o derechos, a través de un proceso que respete tanto los derechos del demandante como los del demandado y que además el resultado de éste se encuentre asegurado, garantizando la tutela judicial contenida en el derecho interno y en los tratados y convenciones internacionales suscritos por el Estado para proteger los derechos y libertades del ciudadano contra actos u omisiones de las autoridades públicas, ejecutivas, judiciales o legislativas. Siguiendo este orden de ideas y considerado el principio de legalidad como inherente al Debido Proceso debe entenderse que la potestad de administrar justicia no puede ni debe ir mas allá de lo que Constitucional y legalmente está conferido, por lo que no podrá actuar por autoridad propia sino que ejecutando el contenido de la ley. Por lo que la apreciación errónea del Ad quem en su argumentación jurídica quebranta el debido proceso y por ende la tutela judicial efectiva, desde el momento que inobserva el artículo 88.3 constitucional, seguidamente en la apreciación errónea de los hechos y circunstancias en que se desarrolla el caso objeto de estudio. En consecuencia esta Sala después del examen de la foliada encuentra conforme a derecho que el litigio debe dirimirse por la vía de la justicia civil.-CONSIDERANDO (16): Que como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico.-POR TANTO: La Sala Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, en aplicación de los artículos 15, 59, 62, 90, 183, 303, 313 No.5, y 316, de la Constitución de la República; 1, 11, 78 No. 5, 132 y 145 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 9 No. 2, 41, 54, 63 de la ley Sobre Justicia Constitucional, la Declaración Universal sobre Derechos Humanos, que lo consagra en sus artículos: 8 y 10, El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 14. 1. La Convención Americana Sobre Derechos Humanos Art. 8. Artículo IV de La declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. FALLA: OTORGANDO el Recurso de Amparo, interpuesto por el Abogado JOSE ELISANDRO SALGADO, a favor del señor JUAN FRANCISCO ALEMAN, contra la sentencia de fecha once de febrero del año dos mil catorce, dictada por la Corte de Apelaciones Del departamento de Francisco Morazán. Y MANDA: Que se dirima la controversia a la Justicia Civil, con la certificación de este fallo se remita los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó la Magistrada ALVAREZ SAGASTUME.- NOTIFIQUESE. -Firmas y Sello. Abogada LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- MAGISTRADA PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA .- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.-Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los diecinueve (19) días del mes de abril del año dos mil diecisiete (2017), Certificación de la sentencia de fecha dieciséis (16) de enero del año dos mil diecisiete (2017) recaída en el Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el numero 0749-2014.- Firma y sello
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1] Derecho Procesal Penal de Honduras. Manual Teórico – Práctico. Proyecto del Fortalecimiento del Poder Judicial de Honduras. Cooperación Española.
[2] Opinión Consultiva OC-2/82 de24.9.982
[3] Derecho Procesal Penal de Honduras. Manual Teórico – Práctico. Proyecto del Fortalecimiento del Poder Judicial de Honduras. Cooperación Española.
[4] Opinión Consultiva OC-2/82 de24.9.982