Sentencia AP-736-15 — Registro 9810
Resumen
Se interpuso Recurso de Amparo contra la resolución emitida por la Corte de Apelaciones que declaró parcialmente ha lugar el recurso de apelación interpuesto por la fiscalía y declarando no ha lugar el recurso de apelación interpuesto por la defensa, contra la resolución dictada en audiencia inicial celebrada por el Juzgado de Letras departamental de las Islas de la Bahía, Roatán. Estima la recurrente que con el acto reclamado se han violentado las garantías constitucionales señaladas en los artículos 90 y 321 de la Constitución de la República con relación al artículo 304 del mismo cuerpo legal.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
... "CONSIDERANDO NUEVE (9):Que señalado lo anterior esta Sala efectivamente constata que en el caso subexamine se comprueba, que la resolución impugnada en esta vía constitucional en donde el Ministerio Público haya imputado o impute a una persona las conductas de almacenar, trasportar y poseer un arma de fuego comercial, al amparo del artículo 332-B del Código Penal, realizadas durante la vigencia de los términos de gracia señalados en los Decretos Legislativos descritos, no constituirán delitos sino hasta el vencimiento de los plazos previstos, correspondiendo entonces en base a lo argumentado por el Ad Quem dictar en dicho proceso un sobreseimiento definitivo por cumplirse la condición del numeral 2 del artículo 296 del Código Procesal Penal. Que en base al artículo 46 numeral 1) de la Ley sobre Justicia Constitucional se encuentran enunciadas las causas de inadmisibilidad a los recursos de amparo, por lo que este alto Tribunal considera que se alegan violaciones de mera legalidad aunado al último párrafo que establece que el órgano jurisdiccional rechazará de plano la demanda de amparo que fuese inadmisible. Dentro del trámite sobreseerá las diligencias tan luego como consten en autos la causal de inadmisibilidad."
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cuatro días del mes de abril del año dos mil diecisiete.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada KARLA PATRICIA GARCIA ARITA, quien actúa en su condición de Fiscal Especial para la Defensa de la Constitución de la República del Ministerio Público, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución emitida por la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LA SECCION JUDICIAL DE LA CEIBA,DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, en fecha diez (10) de junio del dos mil quince (2015), que declaró Parcialmente Ha lugar el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía y declarando NO HA LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la Defensa, contra la resolución dictada en audiencia inicial celebrada por el Juzgado de Letras departamental de las Islas de la Bahía, Roatán, iniciada en fecha veintitrés (23) y finalizada en fecha veinticuatro (24) de diciembre del dos mil catorce (2014), con relación a la causa instruida contra los señores JOSE LUIS AMAYA, EDWIN GEOVANY RUIZ CUBAS Y FORDY FOSTER LAWRENCE PANDY por suponerlos responsables de los delitos de ROBO AGRAVADOY PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS en perjuicio de los señores DILCIA YADIRA GREENWOOD Y CLINT RICKIE BODDEN y la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, respectivamente. Estima la recurrente que con el acto reclamado se han violentado las garantías constitucionales señaladas en los artículos 90 y 321 de la Constitución de la República con relación al artículo 304 del mismo cuerpo legal.- ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha diecinueve (19) de diciembre del dos mil catorce (2014), compareció ante el Juzgado de Letras departamental de Roatán, Islas de la Bahía, la Abogada YENI LORENA VEGA actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal contra los señores FORDY FOSTER LAWRENCE PANDY, JORGE LUIS PANDY y EDWIN GEOVANY RUIZ CUBAS por suponerlos responsables a título de AUTOR de los delitos de ROBO AGRAVADOY PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO en perjuicio de los señores DILCIA YADIRA GREENWOOD, CLINNT RICKIE BODDEN y la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS.(Folios del 1 al 5 de la primera pieza de sus antecedentes).- 2) Que seguido el procedimiento de ley correspondiente, el referido Juzgado, en audiencia inicial iniciada en fecha veintitrés (23) y finalizada el veinticuatro (24) de diciembre del dos mil catorce (2014) resolvió (sic): “…DECRETA: Con fundamento en los artículos 294 y 297.1 del Código Procesal Penal, AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO en contra del señor FORDY FOSTER LAWRENCE PANDY por suponerlo responsable del delito de ROBO AGRAVADO en perjuicio de DILCIA YADIRA GREENWOOD MARTINEZ, consecuentemente se decreta MEDIDA CAUTELAR DE PRISION PREVENTIVA, establecida en el artículo 173 numeral 3 del Código Procesal Penal, misma que deberá cumplir en la Penitenciaría Nacional del Porvenir, Atlántida...-2.-Se ordena librar los oficios correspondientes a la Jefatura Departamental Número Once para que mantenga su guarda y custodia al acusado y remita al mismo a la Penitenciaría Nacional del Porvenir, Atlántida, asimismo líbrese atento oficio al Alcalde Municipal a fin de que proporcione los gastos de transporte del imputado y sus custodios, de igual forma se libren los oficios de estilo a la Penitenciaria Nacional del Porvenir, departamento de Atlántida para que se sirva a recibir al imputado FORDY FOSTER LAWRENCE PANDY en virtud de la resolución antes emitida.-3.-Con fundamento en el artículo 295 del Código Procesal Penal, se DECRETA SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL a favor de los señores JOSE LUIS AMAYA, también conocido como JOSE LUIS PANDY Y JORGE LUIS PANDY Y EDWIN GEOVANY RUIZ CUBAS por suponerlos responsables del delito de ROBO AGRAVADO en perjuicio de DILCIA YADIRA GREENWOOD MARTINEZ Y CLINT RICKIE BODDEN; se decreta SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL a favor del imputado EDWIN GEOVANY RUIZ CUBAS por el delito de PORTACION ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DEL ESTADO DE HONDURAS; SE DECRETA SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL a favor de FORDY FOSTER LAWRENCE PANDY por el delito de ROBO AGRAVADO en perjuicio de CLINT RICKIE BODDEN se ordena a la secretaría que libre oficio a la Jefatura Departamental Número Once, para que dejen en inmediata libertad únicamente a los señores JOSE LUIS AMAYA, también conocido como JOSE LUIS PANDY Y JORGE LUIS PANDY y EDWIN GEOVANY RUIZ CUBAS.-4…”.(Folios del 21 al 29 y del 35 al 40 de la primera pieza de sus antecedentes).-3) Que conociendo de los recursos de apelación interpuesto por los Abogados YENI LORENA VEGA NAJERA en su condición de Agente de Tribunal del Ministerio Público, ALFRED C. HOCKERSMITH, en su condición de Defensor del señor FORDY FOSTER LAWRENCE PANDY, contra la resolución relacionada en el inciso que antecede, la Corte Segunda de Apelaciones de la Sección Judicial de la Ceiba, departamento de Atlántida, en fecha diez (10) de junio de dos mil quince (2015) dictó el auto en el que resolvió(sic):“…Primero: Declarar PARCIALMENTE HA LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía; Segundo: NO HA LUGAR el recurso interpuesto por la Defensa; Tercero: Reformar la Resolución recurrida de la siguiente forma: a) Confirmando el Auto de Formal Procesamiento al imputado FORDY FOSTER LAWRENCE por el delito de ROBO AGRAVADO y reformándolo en cuanto que dicho delito debe ser CONTINUADO en perjuicio de los señores Dilcia Yadira Greenwood y Clint Rickie Bodden;b) Revocando los Sobreseimientos Provisionales a favor de los imputados JOSE LUIS AMAYA (también conocido como Jorge Luis Pandy) y EDWIN GEOVANY RUIZ CUBAS y en su defecto oportunamente se les dicte Auto de Formal Procesamiento por el delito de ROBO AGRAVADO CONTINUADO en perjuicio de Dilcia Yadira Greenwood y Clint Rickie Bodden. c)Reformando el Sobreseimiento Provisional a favor de EDWIN GEOVANY RUIZ CUBAS por el delito de Portación Ilegal de Armas y que se emita el correspondiente Sobreseimiento Definitivo; Cuarto:…” (Folios del 4 al 10 de la segunda pieza de sus antecedentes).-4) Que la recurrente Abogada KARLA PATRICIA GARCIAARITA, compareció ante este Tribunal en fecha tres (3) de agosto del dos mil quince (2015), interponiendo acción de amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, afirmando que la decisión del Ad Quem, de fecha diez (10) de junio del dos mil quince (2015), es violatoria de lo dispuesto en los artículos 90 y 321 de la Constitución de la República en relación al artículo 304 del mismo cuerpo legal.- 5) Que en fecha veintiséis (26) de octubre del dos mil quince (2015), la Sala tuvo por formalizada la acción de mérito, omitiéndose la vista de los autos al Fiscal del Despacho, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público.-CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la garantía de amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.-CONSIDERANDO DOS (2): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, la que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional en consonancia con el artículo 2 y 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concreto que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley.-CONSIDERANDO TRES (3):Que se conoce en amparo la resolución dictada por la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LA SECCION JUDICIAL DE LA CEIBA,DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, en fecha diez (10) de junio del dos mil quince (2015), que declaró Parcialmente Ha Lugar el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía y declarando NO HA LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la Defensa, contra la resolución dictada en audiencia inicial celebrada por el Juzgado de Letras departamental de las Islas de la Bahía, Roatán, iniciada en fecha veintitrés (23) y finalizada en fecha veinticuatro (24) de diciembre del dos mil catorce (2014), con relación a la causa instruida contra los señores JOSE LUIS AMAYA, EDWIN GEOVANY RUIZ CUBAS Y FORDY FOSTER LAWRENCE PANDY por suponerlos responsables de los delitos de ROBO AGRAVADOY PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS en perjuicio de los señores DILCIA YADIRA GREENWOOD Y CLINT RICKIE BODDEN y la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, respectivamente, por considerar la recurrente que la misma es violatoria a lo dispuesto en los artículos 90 y321con relación al artículo 304 de la Constitución de la República.-CONSIDERANDO CUATRO (4):Que analizado el expediente de mérito consta en autos que tanto el Ministerio Público, como la defensa interpusieron ante el Ad Quem el recurso de apelación contra la resolución emitida por el Juzgado de Letras Departamental de Roatán, Islas de la Bahía por considerarla violatoria al debido proceso, es así que el ente acusador del Estado expone en sus agravios que es de la opinión que se aprecie la prueba para lograr un Auto de Formal Procesamiento a todos los encausados y el defensor privado solicita un Sobreseimiento Definitivo ante la falta de prueba.-CONSIDERANDO CINCO (5):Que según la valoración de la prueba aportada por las partes en el proceso por el delito de Portación Ilegal de Armas imputado al señor EDWIN GEOVANY RUIZ CUBAS, este Tribunal es del criterio que para definir los alcances de un proceso penal tiene la vigencia el Decreto legislativo número 063-2014, por lo que es procedente tener en cuenta el principio conocido como nullum crimen, nula poena sine lege (no hay crimen sin pena, ni pena sin ley). En consecuencia no hay más delitos que los que consagra la ley, cuyo tipo penal debe especificar en qué consiste la conducta delictiva y por ello el legislador no delega en los jueces la facultad de declarar delito a lo que tenga un bien considerado como tal. De igual manera el legislador ha establecido términos de gracia para la entrega de armas de guerra e inscripción de armas personales o comerciales, por tanto durante dichos plazos los tipos penales sancionan la tenencia, trasporte, uso y portación de armas perdieron positividad al no poderse sancionar a una persona por dichas conductas en el lapso de tiempo concedido por Decretos especiales que van encaminados precisamente a la entrega o regularización de dichas armas, por lo que solo es que ha hasta vencido el plazo de los tipos penales recobran su positividad.-CONSIDERANDO SEIS (6): Que específicamente el artículo 1 del Decreto 063-2014 establece prorrogar la vigencia del Decreto 184-2013, por un periodo de seis (6) meses a partir del vencimiento de dicho decreto, con el objeto de que toda persona que tenga en su poder cualquier tipo de arma de fuego proceda a realizar los trámites de registro, debiendo presentar para tal fin toda la documentación pertinente a excepción de la factura de compra en La Armería, como excepción, por lo que el término de prórroga inició a correr al día siguiente al vencimiento del plazo señalado en el Decreto 184-2013es decir, el seis (6) de octubre del dos mil catorce (2014) venciéndose el seis (6) de abril del dos mil quince (2015), quedando en suspenso la positividad de las normas que establecen sanciones administrativas contenidas en la Ley de Armas y del delito contenido en el artículo 332-B del Código Penal, en relación a las conductas de almacenaje, transporte, posesión y uso de las armas de fabricación industrial susceptibles de registro, quedando por tanto excluidas las conductas (punibles) de fabricación, importación, exportación y venta de armas de fuego comercial y las armas de guerra, reservadas para uso exclusivo de los cuerpos de seguridad del Estado de Honduras y las armas de fabricación casera o artesanal.-CONSIDERANDO SIETE (7): En tal sentido en aplicación conjunta de las disposiciones constitucionales y al control de convencionalidad referente a la violación al debido proceso y al principio de legalidad señaladas como supremacía constitucional; es jurisprudencia constante de la Corte Interamericana en su artículo 8 de la Convención Americana contiene “las reglas del debido proceso legal” o que consagra los lineamientos del llamado “debido proceso legal” establecidos por el artículo 8.1 que abarca las condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquellos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial, en este sentido contempla los requisitos que sirven para proteger, asegurar o hacer valer la titularidad o el ejercicio de un derecho, tal como se ha establecido y como garante del debido proceso añade por primera vez el Caso Mohamed Vs. Argentina, que lo anterior contempla un sistema de garantías que condicionan el ejercicio del iuspuniendi del Estado y que buscan asegurar que el inculpado o imputado no sea sometido a decisiones arbitrarias.-CONSIDERANDO OCHO (8): Que la tutela judicial efectiva comprende el derecho a obtener una resolución fundada en Derecho, como garantía frente a la arbitrariedad e irracionabilidad en la actuación de los poderes públicos vulnerando de esta manera el Debido Proceso, el cual se ve materializado en aquellas garantías mínimas e ineludibles que permiten el resultado justo, equitativo e imparcial en un proceso, lo que se conoce como tutela judicial efectiva, es un reconocimiento al derecho a la igualdad que tienen las partes y el órgano jurisdiccional de utilizar la ley para su defensa y para el correcto juzgamiento. En aplicación al principio de legalidad señalado en el artículo 321 se deduce que si la Constitución y las leyes que de ella se derivan, no les otorgan claramente atribuciones a los funcionarios públicos, estos no tienen esa autoridad. En por lo que la relación entre el derecho nacional y la Convención Americana de los Derechos Humanos es una relación especial debido a que cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana los jueces, como parte del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de convención no se vean mermadas por la aplicación de las leyes contrarias a su objeto y fin, y que desde un inicio carecen de efectos jurídicos. En un Estado de derecho, toda persona puede hacer todo lo que no esté legalmente prohibido, pero al contrario, los servidores públicos solo pueden ejercer su cargo de conformidad con las facultades que le confiere previamente la ley, en caso contrario son responsables administrativamente, civil y penalmente.-CONSIDERANDO NUEVE (9):Que señalado lo anterior esta Sala efectivamente constata que en el caso subexamine se comprueba, que la resolución impugnada en esta vía constitucional en donde el Ministerio Público haya imputado o impute a una persona las conductas de almacenar, trasportar y poseer un arma de fuego comercial, al amparo del artículo 332-B del Código Penal, realizadas durante la vigencia de los términos de gracia señalados en los Decretos Legislativos descritos, no constituirán delitos sino hasta el vencimiento de los plazos previstos, correspondiendo entonces en base a lo argumentado por el Ad Quem dictar en dicho proceso un sobreseimiento definitivo por cumplirse la condición del numeral 2 del artículo 296 del Código Procesal Penal. Que en base al artículo 46 numeral 1) de la Ley sobre Justicia Constitucional se encuentran enunciadas las causas de inadmisibilidad a los recursos de amparo, por lo que este alto Tribunal considera que se alegan violaciones de mera legalidad aunado al último párrafo que establece que el órgano jurisdiccional rechazará de plano la demanda de amparo que fuese inadmisible. Dentro del trámite sobreseerá las diligencias tan luego como consten en autos la causal de inadmisibilidad.POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD DE VOTOS de la Sala de lo Constitucional, como intérprete último y definitivo de la Constitución, en aplicación de los artículos 90, 183, 321, 303, 304, 313 Atribución 5ta, 316 atribución 1, 321 de la Constitución de la República; 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 1, 2, 8.1 y 25.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 2, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 9, 41, 42, 44, 45, 46 numeral 1, párrafo último, 47, 49, 52 y 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 332-A, 332-B del Código Penal; 296 del Código Procesal Penal;Decreto 184-2013; 1del Decreto 063-2014; 37 Ley del Ministerio Público; FALLA: SOBRESEER la acción de AMPAROinterpuesta por la Abogada KARLA PATRICIA GARCIA ARITA, quien actúa en su condición de Fiscal Especial para la Defensa de la Constitución de la República del Ministerio Público, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución emitida por la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LA SECCION JUCIAL DE LA CEIBA,DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA en fecha diez (10) de junio del dos mil quince (2015).YMANDA: Que con la certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia, para los efectos legales consiguientes.-REDACTO LA MAGISTRADA REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA.NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los tres (3) días del mes de Agosto del año dos mil diecisiete (2017), Certificación de la Sentencia de fecha cuatro (4) de abril del año dos mil diecisiete (2017) recaída en el Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 0736-2015 .
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cuatro días del mes de abril del año dos mil diecisiete.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada KARLA PATRICIA GARCIA ARITA, quien actúa en su condición de Fiscal Especial para la Defensa de la Constitución de la República del Ministerio Público, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución emitida por la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LA SECCION JUDICIAL DE LA CEIBA,DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, en fecha diez (10) de junio del dos mil quince (2015), que declaró Parcialmente Ha lugar el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía y declarando NO HA LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la Defensa, contra la resolución dictada en audiencia inicial celebrada por el Juzgado de Letras departamental de las Islas de la Bahía, Roatán, iniciada en fecha veintitrés (23) y finalizada en fecha veinticuatro (24) de diciembre del dos mil catorce (2014), con relación a la causa instruida contra los señores JOSE LUIS AMAYA, EDWIN GEOVANY RUIZ CUBAS Y FORDY FOSTER LAWRENCE PANDY por suponerlos responsables de los delitos de ROBO AGRAVADOY PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS en perjuicio de los señores DILCIA YADIRA GREENWOOD Y CLINT RICKIE BODDEN y la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, respectivamente. Estima la recurrente que con el acto reclamado se han violentado las garantías constitucionales señaladas en los artículos 90 y 321 de la Constitución de la República con relación al artículo 304 del mismo cuerpo legal.- ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha diecinueve (19) de diciembre del dos mil catorce (2014), compareció ante el Juzgado de Letras departamental de Roatán, Islas de la Bahía, la Abogada YENI LORENA VEGA actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal contra los señores FORDY FOSTER LAWRENCE PANDY, JORGE LUIS PANDY y EDWIN GEOVANY RUIZ CUBAS por suponerlos responsables a título de AUTOR de los delitos de ROBO AGRAVADOY PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO en perjuicio de los señores DILCIA YADIRA GREENWOOD, CLINNT RICKIE BODDEN y la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS.(Folios del 1 al 5 de la primera pieza de sus antecedentes).- 2) Que seguido el procedimiento de ley correspondiente, el referido Juzgado, en audiencia inicial iniciada en fecha veintitrés (23) y finalizada el veinticuatro (24) de diciembre del dos mil catorce (2014) resolvió (sic): “…DECRETA: Con fundamento en los artículos 294 y 297.1 del Código Procesal Penal, AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO en contra del señor FORDY FOSTER LAWRENCE PANDY por suponerlo responsable del delito de ROBO AGRAVADO en perjuicio de DILCIA YADIRA GREENWOOD MARTINEZ, consecuentemente se decreta MEDIDA CAUTELAR DE PRISION PREVENTIVA, establecida en el artículo 173 numeral 3 del Código Procesal Penal, misma que deberá cumplir en la Penitenciaría Nacional del Porvenir, Atlántida...-2.-Se ordena librar los oficios correspondientes a la Jefatura Departamental Número Once para que mantenga su guarda y custodia al acusado y remita al mismo a la Penitenciaría Nacional del Porvenir, Atlántida, asimismo líbrese atento oficio al Alcalde Municipal a fin de que proporcione los gastos de transporte del imputado y sus custodios, de igual forma se libren los oficios de estilo a la Penitenciaria Nacional del Porvenir, departamento de Atlántida para que se sirva a recibir al imputado FORDY FOSTER LAWRENCE PANDY en virtud de la resolución antes emitida.-3.-Con fundamento en el artículo 295 del Código Procesal Penal, se DECRETA SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL a favor de los señores JOSE LUIS AMAYA, también conocido como JOSE LUIS PANDY Y JORGE LUIS PANDY Y EDWIN GEOVANY RUIZ CUBAS por suponerlos responsables del delito de ROBO AGRAVADO en perjuicio de DILCIA YADIRA GREENWOOD MARTINEZ Y CLINT RICKIE BODDEN; se decreta SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL a favor del imputado EDWIN GEOVANY RUIZ CUBAS por el delito de PORTACION ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DEL ESTADO DE HONDURAS; SE DECRETA SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL a favor de FORDY FOSTER LAWRENCE PANDY por el delito de ROBO AGRAVADO en perjuicio de CLINT RICKIE BODDEN se ordena a la secretaría que libre oficio a la Jefatura Departamental Número Once, para que dejen en inmediata libertad únicamente a los señores JOSE LUIS AMAYA, también conocido como JOSE LUIS PANDY Y JORGE LUIS PANDY y EDWIN GEOVANY RUIZ CUBAS.-4…”.(Folios del 21 al 29 y del 35 al 40 de la primera pieza de sus antecedentes).-3) Que conociendo de los recursos de apelación interpuesto por los Abogados YENI LORENA VEGA NAJERA en su condición de Agente de Tribunal del Ministerio Público, ALFRED C. HOCKERSMITH, en su condición de Defensor del señor FORDY FOSTER LAWRENCE PANDY, contra la resolución relacionada en el inciso que antecede, la Corte Segunda de Apelaciones de la Sección Judicial de la Ceiba, departamento de Atlántida, en fecha diez (10) de junio de dos mil quince (2015) dictó el auto en el que resolvió(sic):“…Primero: Declarar PARCIALMENTE HA LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía; Segundo: NO HA LUGAR el recurso interpuesto por la Defensa; Tercero: Reformar la Resolución recurrida de la siguiente forma: a) Confirmando el Auto de Formal Procesamiento al imputado FORDY FOSTER LAWRENCE por el delito de ROBO AGRAVADO y reformándolo en cuanto que dicho delito debe ser CONTINUADO en perjuicio de los señores Dilcia Yadira Greenwood y Clint Rickie Bodden;b) Revocando los Sobreseimientos Provisionales a favor de los imputados JOSE LUIS AMAYA (también conocido como Jorge Luis Pandy) y EDWIN GEOVANY RUIZ CUBAS y en su defecto oportunamente se les dicte Auto de Formal Procesamiento por el delito de ROBO AGRAVADO CONTINUADO en perjuicio de Dilcia Yadira Greenwood y Clint Rickie Bodden. c)Reformando el Sobreseimiento Provisional a favor de EDWIN GEOVANY RUIZ CUBAS por el delito de Portación Ilegal de Armas y que se emita el correspondiente Sobreseimiento Definitivo; Cuarto:…” (Folios del 4 al 10 de la segunda pieza de sus antecedentes).-4) Que la recurrente Abogada KARLA PATRICIA GARCIAARITA, compareció ante este Tribunal en fecha tres (3) de agosto del dos mil quince (2015), interponiendo acción de amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, afirmando que la decisión del Ad Quem, de fecha diez (10) de junio del dos mil quince (2015), es violatoria de lo dispuesto en los artículos 90 y 321 de la Constitución de la República en relación al artículo 304 del mismo cuerpo legal.- 5) Que en fecha veintiséis (26) de octubre del dos mil quince (2015), la Sala tuvo por formalizada la acción de mérito, omitiéndose la vista de los autos al Fiscal del Despacho, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público.-CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la garantía de amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.-CONSIDERANDO DOS (2): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, la que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional en consonancia con el artículo 2 y 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concreto que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley.-CONSIDERANDO TRES (3):Que se conoce en amparo la resolución dictada por la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LA SECCION JUDICIAL DE LA CEIBA,DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, en fecha diez (10) de junio del dos mil quince (2015), que declaró Parcialmente Ha Lugar el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía y declarando NO HA LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la Defensa, contra la resolución dictada en audiencia inicial celebrada por el Juzgado de Letras departamental de las Islas de la Bahía, Roatán, iniciada en fecha veintitrés (23) y finalizada en fecha veinticuatro (24) de diciembre del dos mil catorce (2014), con relación a la causa instruida contra los señores JOSE LUIS AMAYA, EDWIN GEOVANY RUIZ CUBAS Y FORDY FOSTER LAWRENCE PANDY por suponerlos responsables de los delitos de ROBO AGRAVADOY PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS en perjuicio de los señores DILCIA YADIRA GREENWOOD Y CLINT RICKIE BODDEN y la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, respectivamente, por considerar la recurrente que la misma es violatoria a lo dispuesto en los artículos 90 y321con relación al artículo 304 de la Constitución de la República.-CONSIDERANDO CUATRO (4):Que analizado el expediente de mérito consta en autos que tanto el Ministerio Público, como la defensa interpusieron ante el Ad Quem el recurso de apelación contra la resolución emitida por el Juzgado de Letras Departamental de Roatán, Islas de la Bahía por considerarla violatoria al debido proceso, es así que el ente acusador del Estado expone en sus agravios que es de la opinión que se aprecie la prueba para lograr un Auto de Formal Procesamiento a todos los encausados y el defensor privado solicita un Sobreseimiento Definitivo ante la falta de prueba.-CONSIDERANDO CINCO (5):Que según la valoración de la prueba aportada por las partes en el proceso por el delito de Portación Ilegal de Armas imputado al señor EDWIN GEOVANY RUIZ CUBAS, este Tribunal es del criterio que para definir los alcances de un proceso penal tiene la vigencia el Decreto legislativo número 063-2014, por lo que es procedente tener en cuenta el principio conocido como nullum crimen, nula poena sine lege (no hay crimen sin pena, ni pena sin ley). En consecuencia no hay más delitos que los que consagra la ley, cuyo tipo penal debe especificar en qué consiste la conducta delictiva y por ello el legislador no delega en los jueces la facultad de declarar delito a lo que tenga un bien considerado como tal. De igual manera el legislador ha establecido términos de gracia para la entrega de armas de guerra e inscripción de armas personales o comerciales, por tanto durante dichos plazos los tipos penales sancionan la tenencia, trasporte, uso y portación de armas perdieron positividad al no poderse sancionar a una persona por dichas conductas en el lapso de tiempo concedido por Decretos especiales que van encaminados precisamente a la entrega o regularización de dichas armas, por lo que solo es que ha hasta vencido el plazo de los tipos penales recobran su positividad.-CONSIDERANDO SEIS (6): Que específicamente el artículo 1 del Decreto 063-2014 establece prorrogar la vigencia del Decreto 184-2013, por un periodo de seis (6) meses a partir del vencimiento de dicho decreto, con el objeto de que toda persona que tenga en su poder cualquier tipo de arma de fuego proceda a realizar los trámites de registro, debiendo presentar para tal fin toda la documentación pertinente a excepción de la factura de compra en La Armería, como excepción, por lo que el término de prórroga inició a correr al día siguiente al vencimiento del plazo señalado en el Decreto 184-2013es decir, el seis (6) de octubre del dos mil catorce (2014) venciéndose el seis (6) de abril del dos mil quince (2015), quedando en suspenso la positividad de las normas que establecen sanciones administrativas contenidas en la Ley de Armas y del delito contenido en el artículo 332-B del Código Penal, en relación a las conductas de almacenaje, transporte, posesión y uso de las armas de fabricación industrial susceptibles de registro, quedando por tanto excluidas las conductas (punibles) de fabricación, importación, exportación y venta de armas de fuego comercial y las armas de guerra, reservadas para uso exclusivo de los cuerpos de seguridad del Estado de Honduras y las armas de fabricación casera o artesanal.-CONSIDERANDO SIETE (7): En tal sentido en aplicación conjunta de las disposiciones constitucionales y al control de convencionalidad referente a la violación al debido proceso y al principio de legalidad señaladas como supremacía constitucional; es jurisprudencia constante de la Corte Interamericana en su artículo 8 de la Convención Americana contiene “las reglas del debido proceso legal” o que consagra los lineamientos del llamado “debido proceso legal” establecidos por el artículo 8.1 que abarca las condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquellos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial, en este sentido contempla los requisitos que sirven para proteger, asegurar o hacer valer la titularidad o el ejercicio de un derecho, tal como se ha establecido y como garante del debido proceso añade por primera vez el Caso Mohamed Vs. Argentina, que lo anterior contempla un sistema de garantías que condicionan el ejercicio del iuspuniendi del Estado y que buscan asegurar que el inculpado o imputado no sea sometido a decisiones arbitrarias.-CONSIDERANDO OCHO (8): Que la tutela judicial efectiva comprende el derecho a obtener una resolución fundada en Derecho, como garantía frente a la arbitrariedad e irracionabilidad en la actuación de los poderes públicos vulnerando de esta manera el Debido Proceso, el cual se ve materializado en aquellas garantías mínimas e ineludibles que permiten el resultado justo, equitativo e imparcial en un proceso, lo que se conoce como tutela judicial efectiva, es un reconocimiento al derecho a la igualdad que tienen las partes y el órgano jurisdiccional de utilizar la ley para su defensa y para el correcto juzgamiento. En aplicación al principio de legalidad señalado en el artículo 321 se deduce que si la Constitución y las leyes que de ella se derivan, no les otorgan claramente atribuciones a los funcionarios públicos, estos no tienen esa autoridad. En por lo que la relación entre el derecho nacional y la Convención Americana de los Derechos Humanos es una relación especial debido a que cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana los jueces, como parte del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de convención no se vean mermadas por la aplicación de las leyes contrarias a su objeto y fin, y que desde un inicio carecen de efectos jurídicos. En un Estado de derecho, toda persona puede hacer todo lo que no esté legalmente prohibido, pero al contrario, los servidores públicos solo pueden ejercer su cargo de conformidad con las facultades que le confiere previamente la ley, en caso contrario son responsables administrativamente, civil y penalmente.-CONSIDERANDO NUEVE (9):Que señalado lo anterior esta Sala efectivamente constata que en el caso subexamine se comprueba, que la resolución impugnada en esta vía constitucional en donde el Ministerio Público haya imputado o impute a una persona las conductas de almacenar, trasportar y poseer un arma de fuego comercial, al amparo del artículo 332-B del Código Penal, realizadas durante la vigencia de los términos de gracia señalados en los Decretos Legislativos descritos, no constituirán delitos sino hasta el vencimiento de los plazos previstos, correspondiendo entonces en base a lo argumentado por el Ad Quem dictar en dicho proceso un sobreseimiento definitivo por cumplirse la condición del numeral 2 del artículo 296 del Código Procesal Penal. Que en base al artículo 46 numeral 1) de la Ley sobre Justicia Constitucional se encuentran enunciadas las causas de inadmisibilidad a los recursos de amparo, por lo que este alto Tribunal considera que se alegan violaciones de mera legalidad aunado al último párrafo que establece que el órgano jurisdiccional rechazará de plano la demanda de amparo que fuese inadmisible. Dentro del trámite sobreseerá las diligencias tan luego como consten en autos la causal de inadmisibilidad.POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD DE VOTOS de la Sala de lo Constitucional, como intérprete último y definitivo de la Constitución, en aplicación de los artículos 90, 183, 321, 303, 304, 313 Atribución 5ta, 316 atribución 1, 321 de la Constitución de la República; 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 1, 2, 8.1 y 25.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 2, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 9, 41, 42, 44, 45, 46 numeral 1, párrafo último, 47, 49, 52 y 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 332-A, 332-B del Código Penal; 296 del Código Procesal Penal;Decreto 184-2013; 1del Decreto 063-2014; 37 Ley del Ministerio Público; FALLA: SOBRESEER la acción de AMPAROinterpuesta por la Abogada KARLA PATRICIA GARCIA ARITA, quien actúa en su condición de Fiscal Especial para la Defensa de la Constitución de la República del Ministerio Público, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución emitida por la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LA SECCION JUCIAL DE LA CEIBA,DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA en fecha diez (10) de junio del dos mil quince (2015).YMANDA: Que con la certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia, para los efectos legales consiguientes.-REDACTO LA MAGISTRADA REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA.NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los tres (3) días del mes de Agosto del año dos mil diecisiete (2017), Certificación de la Sentencia de fecha cuatro (4) de abril del año dos mil diecisiete (2017) recaída en el Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 0736-2015 .-
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL