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Sentencia AP-721-16 — Registro 6815

Resumen

Sentencia sobreseyó recurso de amparo contra resolución dictada por el juzgado de primera instancia que declaró sin lugar la solicitud presentada por el recurrente de adecuación de la causa al procedimiento expedito y ordenó que el proceso se desarrolle por el trámite del proceso ordinario instruido en contra de los imputados

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"…esta Sala observa que la misma se encuentra dictada conforme a derecho, ello porque la Alzada ha procedido a sobreseer el Recurso de Amparo promovido, al detectar que el mismo se esta promoviendo contra un acto consumado de modo irreparable, como lo ha dejado establecido en el considerando número seis de la sentencia emitida, al indicar que al presentarse el recurso de amparo, en fecha uno de marzo del año dos mil dieciséis, ya se había iniciado el procedimiento ordinario desde que se le tomó declaración al imputado en fecha veintiuno de febrero en la audiencia de adecuación al procedimiento expedito y acto seguido se realizó la audiencia inicial el veinticinco de febrero del mismo año, por tanto de acuerdo a lo establecido en el artículo 46 numeral 5 de la Ley de justicia constitucional, es el caso que en la acción de amparo se aprecia que el acto reclamado (resolución de fecha 21 de febrero del 2016), ya se consumó, por cuanto esta iniciado ya el procedimiento ordinario, al haberse realizado ya la audiencia inicial, por tanto no resulta posible volver las cosas a su estado anterior, es por ello que la causal de inadmisibilidad del amparo relativa a aquellos actos consumados de modo irreparable, se refiere a aquellos actos cuyos efectos fueron completamente realizados sin posibilidad jurídica o material vía Acción de Amparo de volver las cosas a su estado anterior; entendiendo la Alzada, que el concepto de “acto consumado de modo irreparable”, consiste en una situación que impida volver el acto realizado al estado que tenía antes de la violación...""...Que conforme lo preceptuado en el artículo 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, el órgano jurisdiccional competente que conozca de la consulta, fallará con sólo la vista de los autos, reformando, confirmando o revocando la sentencia consultada; por ello y en razón de lo antes expuesto es procedente CONFIRMAR la sentencia venida en trámite de Consulta obligatoria ante este Alto Tribunal..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dos días del mes de mayo del año dos mil diecisiete.- VISTA: En Consulta las diligencias que contiene la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha uno (1) de julio del año dos mil dieciséis (2016), que Sobresee el recurso de amparo interpuesto por la Abogada GLENDA DIOMARA RUBÍ RODRÍGUEZ, contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Yoro, departamento de Yoro, en fecha veintiuno (21) de febrero del año dos mil dieciséis (2016), en la causa instruida contra de la señora ERIN YAMILEC ALMENDAREZ ORTEGA, por suponerla responsable del delito de FACILITACIÓN DE LOCAL PARA EL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGA, en perjuicio de LA SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS y contra el señor DENIS OMAR ROSALES RODRIGUEZ, por suponerlo responsable de la comisión de los delitos de FACILITACIÓN DE LOCAL PARA EL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGA y POSESIÓN ILEGAL DE ARMA COMERCIAL en perjuicio de LA SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS y LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, respectivamente. Estima la recurrente que la resolución que se impugna, violenta el Principio Derecho constitucional al Debido Proceso que asiste al Ministerio Público, que a su vez representa los intereses generales de la sociedad, consignado en el artículo 90 de la Constitución de la República, en relación con los artículos 8 y 9 del Código Procesal Penal.- ANTECEDENTES : 1)Que en fecha veintiuno (21) de febrero del año dos mil dieciséis (2016), compareció ante el Juzgado de Letras Seccional de Yoro, departamento de Yoro, la Abogada SYNTHIA DENISSE MARTÍNEZ MENÉNDEZ, en su condición de FISCAL DEL MINISTERIO PÚBLICO, presentando Requerimiento Fiscal contra la señora ERIN YAMILEC ALMENDAREZ ORTEGA, por suponerla responsable del delito de FACILITACIÓN DE LOCAL PARA EL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGA, en perjuicio de LA SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS y contra el señor DENIS OMAR ROSALES RODRIGUEZ, por suponerlo responsable de la comisión de los delitos de FACILITACIÓN DE LOCAL PARA EL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGA y POSESIÓN ILEGAL DE ARMA COMERCIAL en perjuicio de LA SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS y LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, respectivamente. (Folios del 12 al 15 de la pieza de antecedentes de primera instancia).- 2) Que en la misma fecha el referido Juzgado celebró Audiencia de Adecuación al Procedimiento Expedito en la cual Resolvió declarando Sin Lugar la solicitud planteada por el Ministerio Público de la Adecuación del proceso al Procedimiento Expedito y ordenando que la causa se ventile por los tramites establecidos para el procedimiento ordinario. (Folios del 25 al 29 de la pieza de antecedentes de primera instancia).- 3) Que en fecha uno (1) de marzo del año dos mil dieciséis (2016), la Abogada GLENDA DIOMARA RUBÍ RODRÍGUEZ, en su condición de Fiscal del Ministerio Publico, compareció ante la Corte de Apelaciones de lo Penal de San Pedro Sula, departamento de Cortés, interponiendo Acción de Amparo contra la resolución de fecha veintiuno (21) de febrero del año dos mil dieciséis (2016), dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Yoro, departamento de Yoro, que declara sin lugar la adecuación al Procedimiento Expedito; Por considerar que la misma violenta el Principio Derecho al Debido Proceso, contenido en el artículo 90 de la Constitución de la República, en relación con los artículos 8 y 9 del Código procesal Penal.- 4) Que en fecha uno (1) de julio del año dos mil dieciséis (2016), luego de seguido el trámite que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, departamento de Cortés, dicto sentencia mediante la cual resuelve (Sic) “SOBRESEER dentro del trámite el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada Glenda Diomara Rubí Rodríguez, en su condición de Fiscal del Ministerio Publico, contra la resolución de fecha veintiuno de febrero del año dos mil dieciséis, dictada por el Juez del Juzgado de Letras Seccional de Yoro, Yoro, Landon Arnold Gough Ducker en la causa instruida contra ERIN YAMILEC ALMENDAREZ ORTEGA, por suponerla responsable del delito de FACILITACION DE LOCAL PARA EL TRAFICO ILICITO DE DROGA en perjuicio de LA SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS y contra DENIS OMAR ROSALES RODRIGUEZ por suponerlo responsable del delito de FACILITACION DE LOCAL PARA EL TRAFICO ILICITO DE DROGA Y PORTACION ILEGAL DE ARMA COMERCIAL en perjuicio de LA SALUD PUBLICA Y LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS…” (Folios del 21 al 25 de la pieza de antecedentes de Amparo) .- 5) Que en fecha veintisiete (27) de julio del año dos mil dieciséis (2016), este Alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, dando así estricto cumplimiento a lo previsto por el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- CONSIDERANDO 1: Que se conoce el Recurso de Amparo Penal venido en consulta, resuelta por la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, interpuesto por la Abogada GLENDA DIOMARA RUBÍ ROIDRÍGUEZ, contra actuaciones realizadas por el JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE YORO, DEPARTAMENTO DE YORO, que declara sin lugar la adecuación al Procedimiento Expedito y ordena que la causa se ventile por los trámites establecidos para el procedimiento ordinario, en el proceso penal instruido en contra de la señora ERIN YAMILEC ALMENDAREZ ORTEGA, por suponerla responsable del delito de FACILITACIÓN DE LOCAL PARA EL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGA en perjuicio de LA SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS y en contra del señor DENIS OMAR ROSALES RODRIGUEZ, por suponerlo responsable del delito de FACILITACIÓN DE LOCAL PARA EL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGA y POSESIÓN ILEGAL DE ARMA COMERCIAL, en perjuicio de LA SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS y LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS respectivamente.- CONSIDERANDO 2: Que la recurrente ha expuesto en el Recurso de Amparo promovido, que el acto contra el cual se reclama es contra la resolución de fecha veintiuno (21) de febrero del año dos mil dieciséis (2016), emitida por el Juzgado de Letras Seccional de Yoro, Departamento de Yoro, que declara sin lugar la solicitud presentada por el Ministerio Público de adecuación de la causa al Procedimiento Expedito y por consiguiente ordena que el proceso se desarrolle por el trámite del proceso ordinario, en el proceso penal instruido en contra de la señora ERIN YAMILEC ALMENDAREZ ORTEGA, por suponerla responsable del delito de FACILITACIÓN DE LOCAL PARA EL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGA en perjuicio de LA SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS y en contra del señor DENIS OMAR ROSALES RODRIGUEZ, por suponerlo responsable del delito de FACILITACIÓN DE LOCAL PARA EL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGA y POSESIÓN ILEGAL DE ARMA COMERCIAL, en perjuicio de LA SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS y LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS respectivamente; aduce la imperante en Amparo que se ha violentado el Principio Derecho al Debido Proceso, cuya consignación legal la encontramos en el artículo 90 constitucional; expresa la recurrente que del precepto constitucional citado puede colegirse varias situaciones: 1.- Que el juzgamiento de una persona debe efectuarse con respeto absoluto a las formalidades legalmente establecidas; 2.- Que ese juzgamiento al que hacemos referencia debe respetar los derechos que le asisten al procesado.-CONSIDERANDO 3: Que el acto que se conoce en consulta es la sentencia de fecha uno (1) de julio del año dos mil dieciséis (2016), proferida por la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, mediante la cual resuelve Sobreseer el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada GLENDA DIOMARA RUBÍ RODRÍGUEZ, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, contra actuaciones del Juzgado de Letras Seccional de Yoro, Departamento de Yoro, al estimar la recurrente que la resolución impetrada vía Amparo vulnera la norma constitucional contenida en el artículo 90 de la Constitución de la República; en relación con los artículos 8 y 9 del Código Procesal Penal.-CONSIDERANDO 4 Que al tenor de lo que dispone el artículo 68 párrafo segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de su Sala de lo Constitucional, el conocimiento del trámite de consulta obligatoria de las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones; cuando, como en el presente caso, responda a una garantía de amparo interpuesta por supuesta violación de los derechos fundamentales que fuera cometida por Jueces de Letras Departamentales o seccionales, Jueces de Sentencia, Jueces de Ejecución y Jueces de Paz, en los casos de jurisdicción preventiva, contemplada en el artículo 10 numeral 2 literal a) de la ley antes referida.-CONSIDERANDO 5: Que la recurrente relaciona en lo referente a la vulneración del derecho al debido proceso el artículo 90 de la Constitución de la República mismo que en su párrafo primero señala: “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece...”; la impetrante muestra su inconformidad con la decisión adoptada por el A-quo, al declarar sin lugar la adecuación del proceso al Procedimiento Expedito y ordenar la continuación del proceso por el trámite del proceso ordinario, en el proceso penal instruido en contra de la señora ERIN YAMILEC ALMENDAREZ ORTEGA, por suponerla responsable del delito de FACILITACIÓN DE LOCAL PARA EL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGA en perjuicio de LA SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS y en contra del señor DENIS OMAR ROSALES RODRIGUEZ, por suponerlo responsable del delito de FACILITACIÓN DE LOCAL PARA EL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGA y POSESIÓN ILEGAL DE ARMA COMERCIAL, en perjuicio de LA SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS y LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS respectivamente, al estimar la recurrente que se han violentado el Principio Derecho al Debido Proceso, al no contrastar la resolución impugnada con la formalidad legal establecida en el artículo 440-A del Código Procesal Penal, mismo que señala varias excepciones en los casos que no puede aplicarse el Procedimiento Expedito.-CONSIDERANDO 6: Que del examen de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, conociendo de la acción constitucional de Amparo invocada, esta Sala observa que la misma se encuentra dictada conforme a derecho, ello porque la Alzada ha procedido a sobreseer el Recurso de Amparo promovido, al detectar que el mismo se esta promoviendo contra un acto consumado de modo irreparable, como lo ha dejado establecido en el considerando número seis de la sentencia emitida, al indicar que al presentarse el recurso de amparo, en fecha uno de marzo del año dos mil dieciséis, ya se había iniciado el procedimiento ordinario desde que se le tomó declaración al imputado en fecha veintiuno de febrero en la audiencia de adecuación al procedimiento expedito y acto seguido se realizó la audiencia inicial el veinticinco de febrero del mismo año, por tanto de acuerdo a lo establecido en el artículo 46 numeral 5 de la Ley de justicia constitucional, es el caso que en la acción de amparo se aprecia que el acto reclamado (resolución de fecha 21 de febrero del 2016), ya se consumó, por cuanto esta iniciado ya el procedimiento ordinario, al haberse realizado ya la audiencia inicial, por tanto no resulta posible volver las cosas a su estado anterior, es por ello que la causal de inadmisibilidad del amparo relativa a aquellos actos consumados de modo irreparable, se refiere a aquellos actos cuyos efectos fueron completamente realizados sin posibilidad jurídica o material vía Acción de Amparo de volver las cosas a su estado anterior; entendiendo la Alzada, que el concepto de “acto consumado de modo irreparable”, consiste en una situación que impida volver el acto realizado al estado que tenía antes de la violación.-CONSIDERANDO 7: Que conforme lo preceptuado en el artículo 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, el órgano jurisdiccional competente que conozca de la consulta, fallará con sólo la vista de los autos, reformando, confirmando o revocando la sentencia consultada; por ello y en razón de lo antes expuesto es procedente CONFIRMAR la sentencia venida en trámite de Consulta obligatoria ante este Alto Tribunal.-POR TANTO: Que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos y con fundamento en los artículos 80, 82, 90, 303, 304, 313 numeral 5, 316 numeral 1 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3 numeral 2, 4, 5, 7, 8, 10 numeral 2, literal a), 46 numeral 5), 68 y 69 de la Ley sobre Justicia Constitucional. FALLA: CONFIRMANDO la sentencia venida en consulta, dictada por la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, Departamento de Cortés en fecha uno (1) de julio del año dos mil dieciséis (2016). Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales correspondientes. Redactó la Magistrada Reina Auxiliadora Hercules Rosa.-NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los catorce (14) días del mes de junio del año dos mil diecisiete (2017), Certificación de la Sentencia de fecha dos (2) de mayo del año dos mil diecisiete (2017) recaída en el Amparo Penal Venido en Consulta registrado en este Tribunal bajo el número 0721-2016


CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

C E R T I F I C A C I Ó N

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dos días del mes de mayo del año dos mil diecisiete.- VISTA: En Consulta las diligencias que contiene la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha uno (1) de julio del año dos mil dieciséis (2016), que Sobresee el recurso de amparo interpuesto por la Abogada GLENDA DIOMARA RUBÍ RODRÍGUEZ, contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Yoro, departamento de Yoro, en fecha veintiuno (21) de febrero del año dos mil dieciséis (2016), en la causa instruida contra de la señora ERIN YAMILEC ALMENDAREZ ORTEGA, por suponerla responsable del delito de FACILITACIÓN DE LOCAL PARA EL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGA, en perjuicio de LA SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS y contra el señor DENIS OMAR ROSALES RODRIGUEZ, por suponerlo responsable de la comisión de los delitos de FACILITACIÓN DE LOCAL PARA EL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGA y POSESIÓN ILEGAL DE ARMA COMERCIAL en perjuicio de LA SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS y LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, respectivamente. Estima la recurrente que la resolución que se impugna, violenta el Principio Derecho constitucional al Debido Proceso que asiste al Ministerio Público, que a su vez representa los intereses generales de la sociedad, consignado en el artículo 90 de la Constitución de la República, en relación con los artículos 8 y 9 del Código Procesal Penal.- ANTECEDENTES : 1)Que en fecha veintiuno (21) de febrero del año dos mil dieciséis (2016), compareció ante el Juzgado de Letras Seccional de Yoro, departamento de Yoro, la Abogada SYNTHIA DENISSE MARTÍNEZ MENÉNDEZ, en su condición de FISCAL DEL MINISTERIO PÚBLICO, presentando Requerimiento Fiscal contra la señora ERIN YAMILEC ALMENDAREZ ORTEGA, por suponerla responsable del delito de FACILITACIÓN DE LOCAL PARA EL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGA, en perjuicio de LA SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS y contra el señor DENIS OMAR ROSALES RODRIGUEZ, por suponerlo responsable de la comisión de los delitos de FACILITACIÓN DE LOCAL PARA EL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGA y POSESIÓN ILEGAL DE ARMA COMERCIAL en perjuicio de LA SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS y LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, respectivamente. (Folios del 12 al 15 de la pieza de antecedentes de primera instancia).- 2) Que en la misma fecha el referido Juzgado celebró Audiencia de Adecuación al Procedimiento Expedito en la cual Resolvió declarando Sin Lugar la solicitud planteada por el Ministerio Público de la Adecuación del proceso al Procedimiento Expedito y ordenando que la causa se ventile por los tramites establecidos para el procedimiento ordinario. (Folios del 25 al 29 de la pieza de antecedentes de primera instancia).- 3) Que en fecha uno (1) de marzo del año dos mil dieciséis (2016), la Abogada GLENDA DIOMARA RUBÍ RODRÍGUEZ, en su condición de Fiscal del Ministerio Publico, compareció ante la Corte de Apelaciones de lo Penal de San Pedro Sula, departamento de Cortés, interponiendo Acción de Amparo contra la resolución de fecha veintiuno (21) de febrero del año dos mil dieciséis (2016), dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Yoro, departamento de Yoro, que declara sin lugar la adecuación al Procedimiento Expedito; Por considerar que la misma violenta el Principio Derecho al Debido Proceso, contenido en el artículo 90 de la Constitución de la República, en relación con los artículos 8 y 9 del Código procesal Penal.- 4) Que en fecha uno (1) de julio del año dos mil dieciséis (2016), luego de seguido el trámite que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, departamento de Cortés, dicto sentencia mediante la cual resuelve (Sic) “SOBRESEER dentro del trámite el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada Glenda Diomara Rubí Rodríguez, en su condición de Fiscal del Ministerio Publico, contra la resolución de fecha veintiuno de febrero del año dos mil dieciséis, dictada por el Juez del Juzgado de Letras Seccional de Yoro, Yoro, Landon Arnold Gough Ducker en la causa instruida contra ERIN YAMILEC ALMENDAREZ ORTEGA, por suponerla responsable del delito de FACILITACION DE LOCAL PARA EL TRAFICO ILICITO DE DROGA en perjuicio de LA SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS y contra DENIS OMAR ROSALES RODRIGUEZ por suponerlo responsable del delito de FACILITACION DE LOCAL PARA EL TRAFICO ILICITO DE DROGA Y PORTACION ILEGAL DE ARMA COMERCIAL en perjuicio de LA SALUD PUBLICA Y LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS…” (Folios del 21 al 25 de la pieza de antecedentes de Amparo) .- 5) Que en fecha veintisiete (27) de julio del año dos mil dieciséis (2016), este Alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, dando así estricto cumplimiento a lo previsto por el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- CONSIDERANDO 1: Que se conoce el Recurso de Amparo Penal venido en consulta, resuelta por la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, interpuesto por la Abogada GLENDA DIOMARA RUBÍ ROIDRÍGUEZ, contra actuaciones realizadas por el JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE YORO, DEPARTAMENTO DE YORO, que declara sin lugar la adecuación al Procedimiento Expedito y ordena que la causa se ventile por los trámites establecidos para el procedimiento ordinario, en el proceso penal instruido en contra de la señora ERIN YAMILEC ALMENDAREZ ORTEGA, por suponerla responsable del delito de FACILITACIÓN DE LOCAL PARA EL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGA en perjuicio de LA SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS y en contra del señor DENIS OMAR ROSALES RODRIGUEZ, por suponerlo responsable del delito de FACILITACIÓN DE LOCAL PARA EL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGA y POSESIÓN ILEGAL DE ARMA COMERCIAL, en perjuicio de LA SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS y LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS respectivamente.- CONSIDERANDO 2: Que la recurrente ha expuesto en el Recurso de Amparo promovido, que el acto contra el cual se reclama es contra la resolución de fecha veintiuno (21) de febrero del año dos mil dieciséis (2016), emitida por el Juzgado de Letras Seccional de Yoro, Departamento de Yoro, que declara sin lugar la solicitud presentada por el Ministerio Público de adecuación de la causa al Procedimiento Expedito y por consiguiente ordena que el proceso se desarrolle por el trámite del proceso ordinario, en el proceso penal instruido en contra de la señora ERIN YAMILEC ALMENDAREZ ORTEGA, por suponerla responsable del delito de FACILITACIÓN DE LOCAL PARA EL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGA en perjuicio de LA SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS y en contra del señor DENIS OMAR ROSALES RODRIGUEZ, por suponerlo responsable del delito de FACILITACIÓN DE LOCAL PARA EL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGA y POSESIÓN ILEGAL DE ARMA COMERCIAL, en perjuicio de LA SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS y LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS respectivamente; aduce la imperante en Amparo que se ha violentado el Principio Derecho al Debido Proceso, cuya consignación legal la encontramos en el artículo 90 constitucional; expresa la recurrente que del precepto constitucional citado puede colegirse varias situaciones: 1.- Que el juzgamiento de una persona debe efectuarse con respeto absoluto a las formalidades legalmente establecidas; 2.- Que ese juzgamiento al que hacemos referencia debe respetar los derechos que le asisten al procesado.-CONSIDERANDO 3: Que el acto que se conoce en consulta es la sentencia de fecha uno (1) de julio del año dos mil dieciséis (2016), proferida por la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, mediante la cual resuelve Sobreseer el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada GLENDA DIOMARA RUBÍ RODRÍGUEZ, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, contra actuaciones del Juzgado de Letras Seccional de Yoro, Departamento de Yoro, al estimar la recurrente que la resolución impetrada vía Amparo vulnera la norma constitucional contenida en el artículo 90 de la Constitución de la República; en relación con los artículos 8 y 9 del Código Procesal Penal.-CONSIDERANDO 4 Que al tenor de lo que dispone el artículo 68 párrafo segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de su Sala de lo Constitucional, el conocimiento del trámite de consulta obligatoria de las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones; cuando, como en el presente caso, responda a una garantía de amparo interpuesta por supuesta violación de los derechos fundamentales que fuera cometida por Jueces de Letras Departamentales o seccionales, Jueces de Sentencia, Jueces de Ejecución y Jueces de Paz, en los casos de jurisdicción preventiva, contemplada en el artículo 10 numeral 2 literal a) de la ley antes referida.-CONSIDERANDO 5: Que la recurrente relaciona en lo referente a la vulneración del derecho al debido proceso el artículo 90 de la Constitución de la República mismo que en su párrafo primero señala: “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece...”; la impetrante muestra su inconformidad con la decisión adoptada por el A-quo, al declarar sin lugar la adecuación del proceso al Procedimiento Expedito y ordenar la continuación del proceso por el trámite del proceso ordinario, en el proceso penal instruido en contra de la señora ERIN YAMILEC ALMENDAREZ ORTEGA, por suponerla responsable del delito de FACILITACIÓN DE LOCAL PARA EL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGA en perjuicio de LA SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS y en contra del señor DENIS OMAR ROSALES RODRIGUEZ, por suponerlo responsable del delito de FACILITACIÓN DE LOCAL PARA EL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGA y POSESIÓN ILEGAL DE ARMA COMERCIAL, en perjuicio de LA SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS y LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS respectivamente, al estimar la recurrente que se han violentado el Principio Derecho al Debido Proceso, al no contrastar la resolución impugnada con la formalidad legal establecida en el artículo 440-A del Código Procesal Penal, mismo que señala varias excepciones en los casos que no puede aplicarse el Procedimiento Expedito.-CONSIDERANDO 6: Que del examen de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, conociendo de la acción constitucional de Amparo invocada, esta Sala observa que la misma se encuentra dictada conforme a derecho, ello porque la Alzada ha procedido a sobreseer el Recurso de Amparo promovido, al detectar que el mismo se esta promoviendo contra un acto consumado de modo irreparable, como lo ha dejado establecido en el considerando número seis de la sentencia emitida, al indicar que al presentarse el recurso de amparo, en fecha uno de marzo del año dos mil dieciséis, ya se había iniciado el procedimiento ordinario desde que se le tomó declaración al imputado en fecha veintiuno de febrero en la audiencia de adecuación al procedimiento expedito y acto seguido se realizó la audiencia inicial el veinticinco de febrero del mismo año, por tanto de acuerdo a lo establecido en el artículo 46 numeral 5 de la Ley de justicia constitucional, es el caso que en la acción de amparo se aprecia que el acto reclamado (resolución de fecha 21 de febrero del 2016), ya se consumó, por cuanto esta iniciado ya el procedimiento ordinario, al haberse realizado ya la audiencia inicial, por tanto no resulta posible volver las cosas a su estado anterior, es por ello que la causal de inadmisibilidad del amparo relativa a aquellos actos consumados de modo irreparable, se refiere a aquellos actos cuyos efectos fueron completamente realizados sin posibilidad jurídica o material vía Acción de Amparo de volver las cosas a su estado anterior; entendiendo la Alzada, que el concepto de “acto consumado de modo irreparable”, consiste en una situación que impida volver el acto realizado al estado que tenía antes de la violación.-CONSIDERANDO 7: Que conforme lo preceptuado en el artículo 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, el órgano jurisdiccional competente que conozca de la consulta, fallará con sólo la vista de los autos, reformando, confirmando o revocando la sentencia consultada; por ello y en razón de lo antes expuesto es procedente CONFIRMAR la sentencia venida en trámite de Consulta obligatoria ante este Alto Tribunal.-POR TANTO: Que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos y con fundamento en los artículos 80, 82, 90, 303, 304, 313 numeral 5, 316 numeral 1 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3 numeral 2, 4, 5, 7, 8, 10 numeral 2, literal a), 46 numeral 5), 68 y 69 de la Ley sobre Justicia Constitucional. FALLA: CONFIRMANDO la sentencia venida en consulta, dictada por la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, Departamento de Cortés en fecha uno (1) de julio del año dos mil dieciséis (2016). Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales correspondientes. Redactó la Magistrada Reina Auxiliadora Hercules Rosa.-NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los catorce (14) días del mes de junio del año dos mil diecisiete (2017), Certificación de la Sentencia de fecha dos (2) de mayo del año dos mil diecisiete (2017) recaída en el Amparo Penal Venido en Consulta registrado en este Tribunal bajo el número 0721-2016


CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

“CERTIFICACIÓN : El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dos días del mes de mayo del año dos mil diecisiete.- VISTA: En Consulta las diligencias que contiene la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha uno (1) de julio del año dos mil dieciséis (2016), que Sobresee el recurso de amparo interpuesto por la Abogada GLENDA DIOMARA RUBÍ RODRÍGUEZ, contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Yoro, departamento de Yoro, en fecha veintiuno (21) de febrero del año dos mil dieciséis (2016), en la causa instruida contra de la señora ERIN YAMILEC ALMENDAREZ ORTEGA, por suponerla responsable del delito de FACILITACIÓN DE LOCAL PARA EL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGA, en perjuicio de LA SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS y contra el señor DENIS OMAR ROSALES RODRIGUEZ, por suponerlo responsable de la comisión de los delitos de FACILITACIÓN DE LOCAL PARA EL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGA y POSESIÓN ILEGAL DE ARMA COMERCIAL en perjuicio de LA SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS y LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, respectivamente. Estima la recurrente que la resolución que se impugna, violenta el Principio Derecho constitucional al Debido Proceso que asiste al Ministerio Público, que a su vez representa los intereses generales de la sociedad, consignado en el artículo 90 de la Constitución de la República, en relación con los artículos 8 y 9 del Código Procesal Penal.- ANTECEDENTES : 1)Que en fecha veintiuno (21) de febrero del año dos mil dieciséis (2016), compareció ante el Juzgado de Letras Seccional de Yoro, departamento de Yoro, la Abogada SYNTHIA DENISSE MARTÍNEZ MENÉNDEZ, en su condición de FISCAL DEL MINISTERIO PÚBLICO, presentando Requerimiento Fiscal contra la señora ERIN YAMILEC ALMENDAREZ ORTEGA, por suponerla responsable del delito de FACILITACIÓN DE LOCAL PARA EL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGA, en perjuicio de LA SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS y contra el señor DENIS OMAR ROSALES RODRIGUEZ, por suponerlo responsable de la comisión de los delitos de FACILITACIÓN DE LOCAL PARA EL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGA y POSESIÓN ILEGAL DE ARMA COMERCIAL en perjuicio de LA SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS y LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, respectivamente. (Folios del 12 al 15 de la pieza de antecedentes de primera instancia).- 2) Que en la misma fecha el referido Juzgado celebró Audiencia de Adecuación al Procedimiento Expedito en la cual Resolvió declarando Sin Lugar la solicitud planteada por el Ministerio Público de la Adecuación del proceso al Procedimiento Expedito y ordenando que la causa se ventile por los tramites establecidos para el procedimiento ordinario. (Folios del 25 al 29 de la pieza de antecedentes de primera instancia).- 3) Que en fecha uno (1) de marzo del año dos mil dieciséis (2016), la Abogada GLENDA DIOMARA RUBÍ RODRÍGUEZ, en su condición de Fiscal del Ministerio Publico, compareció ante la Corte de Apelaciones de lo Penal de San Pedro Sula, departamento de Cortés, interponiendo Acción de Amparo contra la resolución de fecha veintiuno (21) de febrero del año dos mil dieciséis (2016), dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Yoro, departamento de Yoro, que declara sin lugar la adecuación al Procedimiento Expedito; Por considerar que la misma violenta el Principio Derecho al Debido Proceso, contenido en el artículo 90 de la Constitución de la República, en relación con los artículos 8 y 9 del Código procesal Penal.- 4) Que en fecha uno (1) de julio del año dos mil dieciséis (2016), luego de seguido el trámite que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, departamento de Cortés, dicto sentencia mediante la cual resuelve (Sic) “SOBRESEER dentro del trámite el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada Glenda Diomara Rubí Rodríguez, en su condición de Fiscal del Ministerio Publico, contra la resolución de fecha veintiuno de febrero del año dos mil dieciséis, dictada por el Juez del Juzgado de Letras Seccional de Yoro, Yoro, Landon Arnold Gough Ducker en la causa instruida contra ERIN YAMILEC ALMENDAREZ ORTEGA, por suponerla responsable del delito de FACILITACION DE LOCAL PARA EL TRAFICO ILICITO DE DROGA en perjuicio de LA SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS y contra DENIS OMAR ROSALES RODRIGUEZ por suponerlo responsable del delito de FACILITACION DE LOCAL PARA EL TRAFICO ILICITO DE DROGA Y PORTACION ILEGAL DE ARMA COMERCIAL en perjuicio de LA SALUD PUBLICA Y LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS…” (Folios del 21 al 25 de la pieza de antecedentes de Amparo) .- 5) Que en fecha veintisiete (27) de julio del año dos mil dieciséis (2016), este Alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, dando así estricto cumplimiento a lo previsto por el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- CONSIDERANDO 1: Que se conoce el Recurso de Amparo Penal venido en consulta, resuelta por la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, interpuesto por la Abogada GLENDA DIOMARA RUBÍ ROIDRÍGUEZ, contra actuaciones realizadas por el JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE YORO, DEPARTAMENTO DE YORO, que declara sin lugar la adecuación al Procedimiento Expedito y ordena que la causa se ventile por los trámites establecidos para el procedimiento ordinario, en el proceso penal instruido en contra de la señora ERIN YAMILEC ALMENDAREZ ORTEGA, por suponerla responsable del delito de FACILITACIÓN DE LOCAL PARA EL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGA en perjuicio de LA SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS y en contra del señor DENIS OMAR ROSALES RODRIGUEZ, por suponerlo responsable del delito de FACILITACIÓN DE LOCAL PARA EL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGA y POSESIÓN ILEGAL DE ARMA COMERCIAL, en perjuicio de LA SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS y LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS respectivamente.- CONSIDERANDO 2: Que la recurrente ha expuesto en el Recurso de Amparo promovido, que el acto contra el cual se reclama es contra la resolución de fecha veintiuno (21) de febrero del año dos mil dieciséis (2016), emitida por el Juzgado de Letras Seccional de Yoro, Departamento de Yoro, que declara sin lugar la solicitud presentada por el Ministerio Público de adecuación de la causa al Procedimiento Expedito y por consiguiente ordena que el proceso se desarrolle por el trámite del proceso ordinario, en el proceso penal instruido en contra de la señora ERIN YAMILEC ALMENDAREZ ORTEGA, por suponerla responsable del delito de FACILITACIÓN DE LOCAL PARA EL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGA en perjuicio de LA SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS y en contra del señor DENIS OMAR ROSALES RODRIGUEZ, por suponerlo responsable del delito de FACILITACIÓN DE LOCAL PARA EL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGA y POSESIÓN ILEGAL DE ARMA COMERCIAL, en perjuicio de LA SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS y LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS respectivamente; aduce la imperante en Amparo que se ha violentado el Principio Derecho al Debido Proceso, cuya consignación legal la encontramos en el artículo 90 constitucional; expresa la recurrente que del precepto constitucional citado puede colegirse varias situaciones: 1.- Que el juzgamiento de una persona debe efectuarse con respeto absoluto a las formalidades legalmente establecidas; 2.- Que ese juzgamiento al que hacemos referencia debe respetar los derechos que le asisten al procesado.-CONSIDERANDO 3: Que el acto que se conoce en consulta es la sentencia de fecha uno (1) de julio del año dos mil dieciséis (2016), proferida por la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, mediante la cual resuelve Sobreseer el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada GLENDA DIOMARA RUBÍ RODRÍGUEZ, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, contra actuaciones del Juzgado de Letras Seccional de Yoro, Departamento de Yoro, al estimar la recurrente que la resolución impetrada vía Amparo vulnera la norma constitucional contenida en el artículo 90 de la Constitución de la República; en relación con los artículos 8 y 9 del Código Procesal Penal.-CONSIDERANDO 4 Que al tenor de lo que dispone el artículo 68 párrafo segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de su Sala de lo Constitucional, el conocimiento del trámite de consulta obligatoria de las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones; cuando, como en el presente caso, responda a una garantía de amparo interpuesta por supuesta violación de los derechos fundamentales que fuera cometida por Jueces de Letras Departamentales o seccionales, Jueces de Sentencia, Jueces de Ejecución y Jueces de Paz, en los casos de jurisdicción preventiva, contemplada en el artículo 10 numeral 2 literal a) de la ley antes referida.-CONSIDERANDO 5: Que la recurrente relaciona en lo referente a la vulneración del derecho al debido proceso el artículo 90 de la Constitución de la República mismo que en su párrafo primero señala: “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece...”; la impetrante muestra su inconformidad con la decisión adoptada por el A-quo, al declarar sin lugar la adecuación del proceso al Procedimiento Expedito y ordenar la continuación del proceso por el trámite del proceso ordinario, en el proceso penal instruido en contra de la señora ERIN YAMILEC ALMENDAREZ ORTEGA, por suponerla responsable del delito de FACILITACIÓN DE LOCAL PARA EL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGA en perjuicio de LA SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS y en contra del señor DENIS OMAR ROSALES RODRIGUEZ, por suponerlo responsable del delito de FACILITACIÓN DE LOCAL PARA EL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGA y POSESIÓN ILEGAL DE ARMA COMERCIAL, en perjuicio de LA SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS y LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS respectivamente, al estimar la recurrente que se han violentado el Principio Derecho al Debido Proceso, al no contrastar la resolución impugnada con la formalidad legal establecida en el artículo 440-A del Código Procesal Penal, mismo que señala varias excepciones en los casos que no puede aplicarse el Procedimiento Expedito.-CONSIDERANDO 6: Que del examen de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, conociendo de la acción constitucional de Amparo invocada, esta Sala observa que la misma se encuentra dictada conforme a derecho, ello porque la Alzada ha procedido a sobreseer el Recurso de Amparo promovido, al detectar que el mismo se esta promoviendo contra un acto consumado de modo irreparable, como lo ha dejado establecido en el considerando número seis de la sentencia emitida, al indicar que al presentarse el recurso de amparo, en fecha uno de marzo del año dos mil dieciséis, ya se había iniciado el procedimiento ordinario desde que se le tomó declaración al imputado en fecha veintiuno de febrero en la audiencia de adecuación al procedimiento expedito y acto seguido se realizó la audiencia inicial el veinticinco de febrero del mismo año, por tanto de acuerdo a lo establecido en el artículo 46 numeral 5 de la Ley de justicia constitucional, es el caso que en la acción de amparo se aprecia que el acto reclamado (resolución de fecha 21 de febrero del 2016), ya se consumó, por cuanto esta iniciado ya el procedimiento ordinario, al haberse realizado ya la audiencia inicial, por tanto no resulta posible volver las cosas a su estado anterior, es por ello que la causal de inadmisibilidad del amparo relativa a aquellos actos consumados de modo irreparable, se refiere a aquellos actos cuyos efectos fueron completamente realizados sin posibilidad jurídica o material vía Acción de Amparo de volver las cosas a su estado anterior; entendiendo la Alzada, que el concepto de “acto consumado de modo irreparable”, consiste en una situación que impida volver el acto realizado al estado que tenía antes de la violación.-CONSIDERANDO 7: Que conforme lo preceptuado en el artículo 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, el órgano jurisdiccional competente que conozca de la consulta, fallará con sólo la vista de los autos, reformando, confirmando o revocando la sentencia consultada; por ello y en razón de lo antes expuesto es procedente CONFIRMAR la sentencia venida en trámite de Consulta obligatoria ante este Alto Tribunal.-POR TANTO: Que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos y con fundamento en los artículos 80, 82, 90, 303, 304, 313 numeral 5, 316 numeral 1 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3 numeral 2, 4, 5, 7, 8, 10 numeral 2, literal a), 46 numeral 5), 68 y 69 de la Ley sobre Justicia Constitucional. FALLA: CONFIRMANDO la sentencia venida en consulta, dictada por la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, Departamento de Cortés en fecha uno (1) de julio del año dos mil dieciséis (2016). Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales correspondientes. Redactó la Magistrada Reina Auxiliadora Hercules Rosa.-NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los catorce (14) días del mes de junio del año dos mil diecisiete (2017), Certificación de la Sentencia de fecha dos (2) de mayo del año dos mil diecisiete (2017) recaída en el Amparo Penal Venido en Consulta registrado en este Tribunal bajo el número 0721-2016 .- Firma y Sello

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONA.

JML