Sentencia AP-688-15 — Registro 9593
Resumen
Se interpuso recurso de amparo contra la resolución dictada la Corte de que declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra actuaciones por el delito de portación ilegal de armas, en perjuicio de la seguridad interior del estado de Honduras. - Afirmando el amparista que la decisión del ad quem, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 82, 90 y 321 de la Constitución de la República.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… ¨CONSIDERANDO NUMERO SEIS (6): Resumen de la jurisprudencia de la Sala Constitucional con relación al tema de la aplicación de los decretos legislativos 184-2013 y 63-2014.-Al examinar la jurisprudencia de este alto tribunal de justicia que involucra los decretos 184-2013 y 63-2014; se establece que ésta no ha sido pacífica. Por una parte ha atendido y aceptado las razones del Ministerio Público, permitiendo la continuación del proceso penal; sin embargo también ha estimado la posición contraria, permitiendo el sobreseimiento de las causas, ya sea en forma provisional o definitiva. -Con posterioridad la posición de la Sala fue que dicha controversia no le compete dirimirla, debido a que es un asunto de instancia por mera legalidad, apartándose del conocimiento mediante el acto del sobreseimiento de la garantía de amparo. No obstante al final y poniendo orden con relación a sus diferentes posiciones, esta Sala ha puesto fin a las diversas líneas jurisprudenciales, asumiendo una sola, siendo la denegatoria la última palabra de la Sala, por las razones expuestas en la presente resolución. -Cabe adicionar que las garantías de amparo presentadas por el Ministerio Público en casos relacionados con los decretos legislativos números 184-2013 y 63-2014, se sustentan en el principio de legalidad contenido en el artículo 321 constitucional; bajo el argumento que sendos decretos constituyen cláusulas o normas que no despenalizan los delitos señalados en los artículos 332-A y B del Código Penal, sino que tienen como objeto establecer una veda temporal para permitirle a la ciudadanía la inscripción de sus armas comerciales y la entrega a las autoridades aquellas armas que son ilícitas.-En el presente caso se da la misma situación, la argumentación es la misma que en los otros casos, en virtud de que siempre se recae en la alegación de que no debió dictarse sobreseimiento definitivo en virtud de que los decretos ya mencionados, no constituyen una despenalización de las conductas establecidas en el artículo 132 A y B del Código Penal.-Los anteriores casos como el presente, en el fondo tienen como pretensión que en sede constitucional se defina la controversia existente entre dos posiciones antagónicas; por una parte los fiscales del Ministerio Público que estiman, como ya se expresó, que los decretos legislativos números 184-2013 y 63-2014 no despenalizan las conductas tipificadas en el artículo 332-A y B del Código Penal; y por otra la de los defensores que estiman suspendida la potestad del Ministerio Público para ejercitar la acción penal contra las personas que sean sorprendidas en posesión, tenencia o portación de armas comerciales no registradas o armas de uso ilegal; esto durante el tiempo de veda o gracia que establecen dichos decretos legislativos.-Dicho de otra manera la disputa judicial se relaciona con el sentido y alcance de la normativa contenida en los decretos legislativos números 184-2013 y 63-2014; para lo cual, tanto las partes procesales como los juzgadores, han vertido opinio iuris, haciendo uso de diversos métodos de interpretación legal.-Ahora bien dilucidar dicho asunto hermenéutico, no corresponde a la jurisdicción constitucional. Aclarar si las conductas tipificadas como delitos por el artículo 332 A y B del Código Penal son derecho sustantivo vigente y que existe ius puniendi del Estado para su juzgamiento no le corresponde a la Sala de lo Constitucional. -La jurisdicción de este alto tribunal de justicia, conociendo un asunto por la vía de la garantía del amparo, se limita únicamente al ámbito que le reserva el artículo 183 constitucional; en cuanto establece que ésta es una garantía de restitución o mantenimiento de un derecho fundamental que esté contenido en la Constitución o instrumento internacional de derechos humanos adoptado como parte del derecho interno.-Por otro lado, es un hecho verificado que todas las garantías de amparo presentadas por fiscales, tienen en común que abordan el tema desde el punto de vista de la cuestión jurídica (quaestio iuris) referida a establecer, si la veda o gracia concedida por el Estado debe considerarse o no, una despenalización transitoria de las conductas delictivas previstas en la ley.-Tomando en cuenta lo arriba apuntado, el hecho de que este alto tribunal de justicia admita o rechace el argumento del Ministerio Público, en cuanto a la no despenalización de los delitos contenidos en el artículo 332 A y B del Código Penal, tiene como efecto inmediato pronunciarse sobre el sentido y alcance de los decretos legislativos números 184-2013 y 63-2014, lo cual como se ha explicado sería un pronunciamiento de instancia, y por ende ajeno al objeto del amparo.-Es por ello que la Sala estima procedente apartarse de sus decisiones o líneas jurisprudenciales anteriores para adoptar de ahora en adelante una decisión que se ajuste más adecuadamente al mandato que le concede la Constitución de la República en el numeral 1 del artículo 316, en relación con el artículo 183, también constitucional.-La nueva línea jurisprudencial que adopta la Sala, tiene como principal fundamento el hecho concreto de que, precisamente no es de recibo el motivo de amparo sustentado en el principio de legalidad o alegaciones encaminadas a establecer el sentido y alcance de normas penales de carácter sustantivo.-Es por ello que en el caso de mérito, estima procedente denegar la garantía constitucional de amparo de que se ha hecho mérito, fijando ésta posición como la línea jurisprudencial correcta.´´
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, nueve de agosto de dos mil diecisiete.-VISTO: Para dictar sentencia en la garantía constitucional de amparo interpuesta por el abogado ROGER LUDOVICO MATUS ZELAYA, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada en fecha veintisiete de mayo del año dos mil quince, por la Corte Segunda de Apelaciones de la Sección Judicial de la Ceiba, Atlántida, que declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra actuaciones dictadas por el Juzgado de Letras Seccional de Colón, en fecha quince de febrero del año dos mil quince; en la causa instruida contra KEVIN MARTÍNEZ y ANTONIO VÁSQUEZ, por suponerlos responsables del delito de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS, en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS.- Afirmando el amparista que la decisión del ad quem, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 82, 90 y 321 de la Constitución de la República. -ANTECEDENTES PROCESALES.-1) En fecha quince de febrero del dos mil quince, compareció ante el Juzgado de Letras Seccional de Tocoa Colón, la abogada ANGIE MELISSA DESTEPHEN POSAS, actuando en su condición de fiscal del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal contra KEVIN ANTONIO MARTÍNEZ VÁSQUEZ, por suponerlo responsable del delito de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS. (Folios 1 al 3 de la pieza del juzgado).-2) En fecha quince de febrero del año del año dos mil quince, el juzgado instructor, resuelve: “Declarar CON LUGAR la excepción de falta de acción interpuesta por la defensa; en consecuencia decrétese un SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO, a favor del señor KEVIN ANTONIO MARTÍNEZ VÁSQUEZ, en la causa que se le siguió por el delito de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS. 2…” (Folios 9 al 12 de la pieza del juzgado). -3) En fecha veintisiete de mayo del año dos mil quince, la Corte Segunda de Apelaciones de la Sección Judicial de la Ceiba, departamento de Atlántida, RESOLVIÓ:”PRIMERO: Declarar SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público. SEGUNDO: CONFIRMAR el sobreseimiento definitivo de fecha quince de febrero del año dos mil quince dictado por el Juzgado de Letras Seccional del departamento de Colón, a favor del acusado KEVIN ANTONIO MARTÍNEZ VÁSQUEZ, por suponerlo responsable, a título de autor, de un delito consumado de portaciòn ilegal de armas de fuego comercial, en perjuicio de la seguridad interior del Estado de Honduras…” (Folios 4 al 13 de la pieza de corte de apelaciones).-4) El abogado ROGER LUDOVICO MATUS ZELAYA, compareció ante este tribunal, en fecha veintitrés de julio del año dos mil quince, reclamando amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, afirmando que la decisión del ad quem, de fecha veintisiete de mayo del año dos mil quince, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 82, 90 y 321 de la Constitución de la República. -5) En fecha cinco de octubre del año dos mil quince, este alto tribunal tuvo por formalizado en tiempo y forma la garantía constitucional de amparo y a la vez omitió la vista de los antecedentes al fiscal del despacho, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público.-FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA.- CONSIDERANDO NÚMERO UNO (1). Sobre la garantía constitucional de amparo. Que de conformidad con el artículo 183 de la Constitución, la acción de amparo es una garantía constitucional, por lo que cualquier persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponerla, para los siguientes supuestos: a) que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute, de los derechos o garantías que la Constitución establece; o b) para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la constitución. -Es decir constituye una garantía de restitución o mantenimiento de un derecho fundamental que esté contenido en la Constitución o instrumento internacional de derechos humanos adoptado como parte del derecho interno. Sea la vulneración actual o inminente, como producto de una omisión, acto o actuación del Estado o con su aquiescencia .-CONSIDERANDO NÚMERO DOS (2). Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales. Que la garantía de amparo constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[1], en relación con el artículo 25 de la misma convención[2] y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos humanos[3].-CONSIDERANDO NÚMERO TRES (3). Resumen de los alegatos de la fiscal Sagrario Rosibel Gutiérrez Maldonado denunciando violación de los artículos 82, 90, 304 y 321 de la Constitución de la República. La censora al formalizar la presente garantía constitucional de amparo, expresa que fueron quebrantados los artículos 82, 90, 304 y 321 de la Constitución de la República. -Con relación al debido proceso la amparista menciona que éste comprende el derecho a una resolución fundada en derecho, lo que abarca además el derecho a obtener una sentencia de fondo razonable, congruente y justa que resuelva las pretensiones controvertidas y que se encuentre jurídicamente fundada. Señala que esto se traduce en el derecho a la tutela judicial efectiva mediante la emisión de resoluciones ajustadas a derecho.-Menciona que la violación antes apuntada genera afectación al derecho de defensa en este caso a los intereses generales de la sociedad.-La petente indica que el a quo dictó un sobreseimiento definitivo en aplicación del artículo 2 del decreto legislativo número 184-2013, que decreta una veda por el término de un año para que toda persona que tenga un arma comercial sin comprobante de compra de La armería, proceda a su registro y de igual manera toda persona que tuviere un arma prohibida proceda a su entrega con el fin de que la autoridad proceda a su destrucción; asimismo del decreto número 63-2014 el cual contiene una ampliación de dicha veda por seis meses más.-No obstante manifiesta la fiscal que el encartado fue denunciado ante la autoridad policial por estar realizando disparos en vía pública en horas de la madrugada, por lo que no realizaba acciones tendientes a obtener la inscripción del arma en la oficina correspondiente, por lo tanto no se encuentra legitimado para tenerla.-En virtud de ello la fiscal estima que se invocó indebidamente la aplicación del artículo 184-2013, en consecuencia no existe ninguna excepción legal para que estuviera en posesión del arma.-Agrega que dicha aplicación es contraria al debido proceso porque la sentencia debe respetar al menos ciertos principios constitucionales vinculados a una verdadera administración de justicia entre los cuales destaca el derecho a la debida motivación, mismo que no se encuentra observado por la resolución que se impugna. Explica que además se ha negado la tutela judicial porque falta motivación al aplicarse una norma improcedente.-La fiscal es del criterio que la resolución impugnada es violatoria del principio de legalidad porque no se le dio el sentido y alcance correcto al decreto 184-2013, en virtud de que la interpretación autentica del legislador no es la de despenalizar el delito por el cual se acusó al encartado, por lo que no procedía dictar un sobreseimiento definitivo.-CONSIDERANDO NÚMERO CUATRO (4). Resumen de la fundamentación jurídica de la resolución dictada por la honorable Corte Segunda de Apelaciones de la sección judicial de la Ceiba, departamento de Atlántida que constituye el acto impugnado. El ad quem por unanimidad de votos dispuso mediante resolución de fecha veintisiete de mayo de dos mil quince, confirmar el sobreseimiento definitivo de fecha quince de febrero de dos mil quince dictado por el Juzgado de Letras Seccional de Tocoa, departamento de Colón.-El tribunal de alzada manifiesta que procede la excepción de falta de acción opuesta por la defensa del encartado, sustentada en el artículo 2 del decreto legislativo número 184-2013, según el cual los tipos penales que sancionan la tenencia y portación de armas perdieron positividad al no poderse sancionar a personas que en el lapso concedido por decretos especiales[4] se encaminan precisamente a la entrega o regularización de dichas armas; por lo que sólo vencidos dichos plazos es que los tipos recobran su positividad.-CONSIDERANDO NÚMERO CINCO (5). Examen practicado por la Sala de lo Constitucional para verificar la procedencia de la garantía de amparo de la que se hace mérito. La Sala de lo Constitucional al analizar los argumentos de la garantista en contraposición a lo establecido por la corte de apelaciones, arriba a la decisión de denegar la garantía constitucional de amparo de la que se hace mérito, en virtud de las siguientes consideraciones.-En relación con los motivos de amparo en virtud de la violación de los derechos de defensa, debido proceso, tutela judicial efectiva, todos ellos prácticamente sustentados en que no le era aplicable al encartado el decreto legislativo número 183-2014; cabe señalar que en el presente caso, los órganos jurisdiccionales dictaron su decisión brindando alegatos o argumentaciones suficientes, por lo que no se puede seguir a la fiscalía en cuanto a que no hubo una resolución fundada en derecho, congruente y razonable, al menos desde el punto de vista de la forma.-Lo anteriormente señalado de ninguna manera se ha de tomar como una ratificación de fondo del sentido y alcance que le han dado los órganos jurisdiccionales de instancia al decreto número 184-2014. Lo que se está enfatizando es que desde la óptica del debido proceso y de la tutela judicial efectiva la respuesta de dichos órganos, cumple con todos los elementos de forma.- Básicamente la Sala observa que durante el proceso fueron observados todos los elementos necesarios para que las partes tuvieran garantizado el derecho de defensa. Este derecho no se conculca por obtener una resolución que contraría el criterio de una de las partes. De igual manera ocurre con el derecho al debido proceso y de tutela judicial efectiva. -Este alto tribunal de justicia observa que la pretensión de la fiscal para alegar el quebrantamiento del principio de legalidad se basa en que el ad quem dictó sobreseimiento definitivo a favor del ciudadano Kevin Antonio Martínez Vásquez, quien había sido inculpado por el Ministerio Público por el delito de portación ilegal de arma comercial, en aplicación del decreto legislativo número 184-2013 de fecha uno de septiembre de dos mil trece, ampliado mediante el decreto legislativo número 63-2014.[5]-De acuerdo al alegato que presenta la amparista, se colige que su pretensión no es tanto que se le garantice un derecho contenido en la Constitución o instrumentos internacionales de derechos humanos que son parte del derecho interno hondureño, sino que se establezca si en el caso concreto le es aplicable el decreto que amplia a los ciudadanos el tiempo para que pueda inscribir su arma comercial,-A juicio de este alto tribunal de justicia, el examen que pretende la garantista no corresponde a la jurisdicción constitucional, porque no se circunscribe dentro del ámbito de aplicación del artículo 183 constitucional ut supra citado. Dicha norma determina los supuestos en los que se encausan los motivos de amparo, teniendo ambas en común la protección de los derechos fundamentales contenidos en la Constitución de la República y los instrumentos internacionales de derechos humanos suscritos por el Estado hondureño. -El principio de legalidad establecido en el artículo 321 constitucional es básico para la sostenibilidad del Estado de derecho, porque constituye el sometimiento de la autoridad a la ley; siendo por tanto un valladar que no permite la arbitrariedad y el abuso del poder público, de manera que protege a cada habitante o persona que se encuentra en el país.-Dicho esto, se explica lo siguiente. La trasgresión del artículo 321 constitucional puede provocar la violación de un derecho fundamental, a la sazón: la libertad, la libre asociación, la educación, el debido proceso, etc. -Estos derechos fundamentales, si pueden ser objeto de amparo, de conformidad a las vías ya expuestas del artículo 183 constitucional; pero la garantía de amparo no está prevista para defender la ley en sí.-La pretensión de la fiscal con la presente garantía de amparo, es conforme a su desarrollo un alegato de instancia, que no tiene cabida en el ámbito de la justicia constitucional. Corresponde al juez de justicia ordinaria penal, determinar la existencia del delito de conformidad a los elementos de tipo contenidos en la ley.- Por todas las razones que se han apuntado, cabe señalar que no es de recibo la garantía constitucional de amparo, debiendo ser ésta denegada.- CONSIDERANDO NUMERO SEIS (6): Resumen de la jurisprudencia de la Sala Constitucional con relación al tema de la aplicación de los decretos legislativos 184-2013 y 63-2014.-Al examinar la jurisprudencia de este alto tribunal de justicia que involucra los decretos 184-2013 y 63-2014; se establece que ésta no ha sido pacífica. Por una parte ha atendido y aceptado las razones del Ministerio Público, permitiendo la continuación del proceso penal; sin embargo también ha estimado la posición contraria, permitiendo el sobreseimiento de las causas, ya sea en forma provisional o definitiva. -Con posterioridad la posición de la Sala fue que dicha controversia no le compete dirimirla, debido a que es un asunto de instancia por mera legalidad, apartándose del conocimiento mediante el acto del sobreseimiento de la garantía de amparo. No obstante al final y poniendo orden con relación a sus diferentes posiciones, esta Sala ha puesto fin a las diversas líneas jurisprudenciales, asumiendo una sola, siendo la denegatoria la última palabra de la Sala, por las razones expuestas en la presente resolución. -Cabe adicionar que las garantías de amparo presentadas por el Ministerio Público en casos relacionados con los decretos legislativos números 184-2013 y 63-2014, se sustentan en el principio de legalidad contenido en el artículo 321 constitucional; bajo el argumento que sendos decretos constituyen cláusulas o normas que no despenalizan los delitos señalados en los artículos 332-A y B del Código Penal, sino que tienen como objeto establecer una veda temporal para permitirle a la ciudadanía la inscripción de sus armas comerciales y la entrega a las autoridades aquellas armas que son ilícitas.-En el presente caso se da la misma situación, la argumentación es la misma que en los otros casos, en virtud de que siempre se recae en la alegación de que no debió dictarse sobreseimiento definitivo en virtud de que los decretos ya mencionados, no constituyen una despenalización de las conductas establecidas en el artículo 132 A y B del Código Penal.-Los anteriores casos como el presente, en el fondo tienen como pretensión que en sede constitucional se defina la controversia existente entre dos posiciones antagónicas; por una parte los fiscales del Ministerio Público que estiman, como ya se expresó, que los decretos legislativos números 184-2013 y 63-2014 no despenalizan las conductas tipificadas en el artículo 332-A y B del Código Penal; y por otra la de los defensores que estiman suspendida la potestad del Ministerio Público para ejercitar la acción penal contra las personas que sean sorprendidas en posesión, tenencia o portación de armas comerciales no registradas o armas de uso ilegal; esto durante el tiempo de veda o gracia que establecen dichos decretos legislativos.-Dicho de otra manera la disputa judicial se relaciona con el sentido y alcance de la normativa contenida en los decretos legislativos números 184-2013 y 63-2014; para lo cual, tanto las partes procesales como los juzgadores, han vertido opinio iuris, haciendo uso de diversos métodos de interpretación legal.-Ahora bien dilucidar dicho asunto hermenéutico, no corresponde a la jurisdicción constitucional. Aclarar si las conductas tipificadas como delitos por el artículo 332 A y B del Código Penal son derecho sustantivo vigente y que existe ius puniendi del Estado para su juzgamiento no le corresponde a la Sala de lo Constitucional.[6]-La jurisdicción de este alto tribunal de justicia, conociendo un asunto por la vía de la garantía del amparo, se limita únicamente al ámbito que le reserva el artículo 183 constitucional; en cuanto establece que ésta es una garantía de restitución o mantenimiento de un derecho fundamental que esté contenido en la Constitución o instrumento internacional de derechos humanos adoptado como parte del derecho interno.-Por otro lado, es un hecho verificado que todas las garantías de amparo presentadas por fiscales, tienen en común que abordan el tema desde el punto de vista de la cuestión jurídica (quaestio iuris) referida a establecer, si la veda o gracia concedida por el Estado debe considerarse o no, una despenalización transitoria de las conductas delictivas previstas en la ley.-Tomando en cuenta lo arriba apuntado, el hecho de que este alto tribunal de justicia admita o rechace el argumento del Ministerio Público, en cuanto a la no despenalización de los delitos contenidos en el artículo 332 A y B del Código Penal, tiene como efecto inmediato pronunciarse sobre el sentido y alcance de los decretos legislativos números 184-2013 y 63-2014, lo cual como se ha explicado sería un pronunciamiento de instancia, y por ende ajeno al objeto del amparo.-Es por ello que la Sala estima procedente apartarse de sus decisiones o líneas jurisprudenciales anteriores[7] para adoptar de ahora en adelante una decisión que se ajuste más adecuadamente al mandato que le concede la Constitución de la República en el numeral 1 del artículo 316, en relación con el artículo 183, también constitucional.-La nueva línea jurisprudencial que adopta la Sala, tiene como principal fundamento el hecho concreto de que, precisamente no es de recibo el motivo de amparo sustentado en el principio de legalidad o alegaciones encaminadas a establecer el sentido y alcance de normas penales de carácter sustantivo.-Es por ello que en el caso de mérito, estima procedente denegar la garantía constitucional de amparo de que se ha hecho mérito, fijando ésta posición como la línea jurisprudencial correcta.-PARTE DISPOSITIVA O FALLO.-POR TANTO: La Sala de lo Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, y en aplicación de los artículos 90, 183, 301, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1, 321 y 323 de la Constitución de la República; 1 y 78 No. 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3 No.2, 4 No.5, 41, 63, y 114 de la Ley sobre Justicia Constitucional; FALLA: DENEGANDO la garantía constitucional de amparo interpuesta por el fiscal, abogado Roger Ludovico Matus Zelaya, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución de fecha veintisiete de mayo de dos mil quince dictada por la honorable Corte Segunda de Apelaciones de la sección judicial de la Ceiba, departamento de Atlántida, mediante la cual declaró sin lugar el recurso de apelación, confirmando la resolución dictada en fecha quince de febrero de dos mil quince por el honorable Juzgado de Letras Seccional de Tocoa, departamento de Colón. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se remitan los antecedentes al tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado Edwin Francisco Ortez Cruz. NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los dieciocho (18) días del mes de septiembre del año dos mil diecisiete (2017), Certificación de la Sentencia de fecha nueve (9) de agosto del año dos mil diecisiete (2017) recaída en el Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 0688-2015.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, nueve de agosto de dos mil diecisiete.-VISTO: Para dictar sentencia en la garantía constitucional de amparo interpuesta por el abogado ROGER LUDOVICO MATUS ZELAYA, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada en fecha veintisiete de mayo del año dos mil quince, por la Corte Segunda de Apelaciones de la Sección Judicial de la Ceiba, Atlántida, que declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra actuaciones dictadas por el Juzgado de Letras Seccional de Colón, en fecha quince de febrero del año dos mil quince; en la causa instruida contra KEVIN MARTÍNEZ y ANTONIO VÁSQUEZ, por suponerlos responsables del delito de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS, en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS.- Afirmando el amparista que la decisión del ad quem, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 82, 90 y 321 de la Constitución de la República. -ANTECEDENTES PROCESALES.-1) En fecha quince de febrero del dos mil quince, compareció ante el Juzgado de Letras Seccional de Tocoa Colón, la abogada ANGIE MELISSA DESTEPHEN POSAS, actuando en su condición de fiscal del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal contra KEVIN ANTONIO MARTÍNEZ VÁSQUEZ, por suponerlo responsable del delito de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS. (Folios 1 al 3 de la pieza del juzgado).-2) En fecha quince de febrero del año del año dos mil quince, el juzgado instructor, resuelve: “Declarar CON LUGAR la excepción de falta de acción interpuesta por la defensa; en consecuencia decrétese un SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO, a favor del señor KEVIN ANTONIO MARTÍNEZ VÁSQUEZ, en la causa que se le siguió por el delito de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS. 2…” (Folios 9 al 12 de la pieza del juzgado). -3) En fecha veintisiete de mayo del año dos mil quince, la Corte Segunda de Apelaciones de la Sección Judicial de la Ceiba, departamento de Atlántida, RESOLVIÓ:”PRIMERO: Declarar SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público. SEGUNDO: CONFIRMAR el sobreseimiento definitivo de fecha quince de febrero del año dos mil quince dictado por el Juzgado de Letras Seccional del departamento de Colón, a favor del acusado KEVIN ANTONIO MARTÍNEZ VÁSQUEZ, por suponerlo responsable, a título de autor, de un delito consumado de portaciòn ilegal de armas de fuego comercial, en perjuicio de la seguridad interior del Estado de Honduras…” (Folios 4 al 13 de la pieza de corte de apelaciones).-4) El abogado ROGER LUDOVICO MATUS ZELAYA, compareció ante este tribunal, en fecha veintitrés de julio del año dos mil quince, reclamando amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, afirmando que la decisión del ad quem, de fecha veintisiete de mayo del año dos mil quince, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 82, 90 y 321 de la Constitución de la República. -5) En fecha cinco de octubre del año dos mil quince, este alto tribunal tuvo por formalizado en tiempo y forma la garantía constitucional de amparo y a la vez omitió la vista de los antecedentes al fiscal del despacho, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público.-FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA.- CONSIDERANDO NÚMERO UNO (1). Sobre la garantía constitucional de amparo. Que de conformidad con el artículo 183 de la Constitución, la acción de amparo es una garantía constitucional, por lo que cualquier persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponerla, para los siguientes supuestos: a) que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute, de los derechos o garantías que la Constitución establece; o b) para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la constitución. -Es decir constituye una garantía de restitución o mantenimiento de un derecho fundamental que esté contenido en la Constitución o instrumento internacional de derechos humanos adoptado como parte del derecho interno. Sea la vulneración actual o inminente, como producto de una omisión, acto o actuación del Estado o con su aquiescencia .-CONSIDERANDO NÚMERO DOS (2). Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales. Que la garantía de amparo constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[8], en relación con el artículo 25 de la misma convención[9] y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos humanos[10].-CONSIDERANDO NÚMERO TRES (3). Resumen de los alegatos de la fiscal Sagrario Rosibel Gutiérrez Maldonado denunciando violación de los artículos 82, 90, 304 y 321 de la Constitución de la República. La censora al formalizar la presente garantía constitucional de amparo, expresa que fueron quebrantados los artículos 82, 90, 304 y 321 de la Constitución de la República. -Con relación al debido proceso la amparista menciona que éste comprende el derecho a una resolución fundada en derecho, lo que abarca además el derecho a obtener una sentencia de fondo razonable, congruente y justa que resuelva las pretensiones controvertidas y que se encuentre jurídicamente fundada. Señala que esto se traduce en el derecho a la tutela judicial efectiva mediante la emisión de resoluciones ajustadas a derecho.-Menciona que la violación antes apuntada genera afectación al derecho de defensa en este caso a los intereses generales de la sociedad.-La petente indica que el a quo dictó un sobreseimiento definitivo en aplicación del artículo 2 del decreto legislativo número 184-2013, que decreta una veda por el término de un año para que toda persona que tenga un arma comercial sin comprobante de compra de La armería, proceda a su registro y de igual manera toda persona que tuviere un arma prohibida proceda a su entrega con el fin de que la autoridad proceda a su destrucción; asimismo del decreto número 63-2014 el cual contiene una ampliación de dicha veda por seis meses más.-No obstante manifiesta la fiscal que el encartado fue denunciado ante la autoridad policial por estar realizando disparos en vía pública en horas de la madrugada, por lo que no realizaba acciones tendientes a obtener la inscripción del arma en la oficina correspondiente, por lo tanto no se encuentra legitimado para tenerla.-En virtud de ello la fiscal estima que se invocó indebidamente la aplicación del artículo 184-2013, en consecuencia no existe ninguna excepción legal para que estuviera en posesión del arma.-Agrega que dicha aplicación es contraria al debido proceso porque la sentencia debe respetar al menos ciertos principios constitucionales vinculados a una verdadera administración de justicia entre los cuales destaca el derecho a la debida motivación, mismo que no se encuentra observado por la resolución que se impugna. Explica que además se ha negado la tutela judicial porque falta motivación al aplicarse una norma improcedente.-La fiscal es del criterio que la resolución impugnada es violatoria del principio de legalidad porque no se le dio el sentido y alcance correcto al decreto 184-2013, en virtud de que la interpretación autentica del legislador no es la de despenalizar el delito por el cual se acusó al encartado, por lo que no procedía dictar un sobreseimiento definitivo.-CONSIDERANDO NÚMERO CUATRO (4). Resumen de la fundamentación jurídica de la resolución dictada por la honorable Corte Segunda de Apelaciones de la sección judicial de la Ceiba, departamento de Atlántida que constituye el acto impugnado. El ad quem por unanimidad de votos dispuso mediante resolución de fecha veintisiete de mayo de dos mil quince, confirmar el sobreseimiento definitivo de fecha quince de febrero de dos mil quince dictado por el Juzgado de Letras Seccional de Tocoa, departamento de Colón.-El tribunal de alzada manifiesta que procede la excepción de falta de acción opuesta por la defensa del encartado, sustentada en el artículo 2 del decreto legislativo número 184-2013, según el cual los tipos penales que sancionan la tenencia y portación de armas perdieron positividad al no poderse sancionar a personas que en el lapso concedido por decretos especiales[11] se encaminan precisamente a la entrega o regularización de dichas armas; por lo que sólo vencidos dichos plazos es que los tipos recobran su positividad.-CONSIDERANDO NÚMERO CINCO (5). Examen practicado por la Sala de lo Constitucional para verificar la procedencia de la garantía de amparo de la que se hace mérito. La Sala de lo Constitucional al analizar los argumentos de la garantista en contraposición a lo establecido por la corte de apelaciones, arriba a la decisión de denegar la garantía constitucional de amparo de la que se hace mérito, en virtud de las siguientes consideraciones.-En relación con los motivos de amparo en virtud de la violación de los derechos de defensa, debido proceso, tutela judicial efectiva, todos ellos prácticamente sustentados en que no le era aplicable al encartado el decreto legislativo número 183-2014; cabe señalar que en el presente caso, los órganos jurisdiccionales dictaron su decisión brindando alegatos o argumentaciones suficientes, por lo que no se puede seguir a la fiscalía en cuanto a que no hubo una resolución fundada en derecho, congruente y razonable, al menos desde el punto de vista de la forma.-Lo anteriormente señalado de ninguna manera se ha de tomar como una ratificación de fondo del sentido y alcance que le han dado los órganos jurisdiccionales de instancia al decreto número 184-2014. Lo que se está enfatizando es que desde la óptica del debido proceso y de la tutela judicial efectiva la respuesta de dichos órganos, cumple con todos los elementos de forma.- Básicamente la Sala observa que durante el proceso fueron observados todos los elementos necesarios para que las partes tuvieran garantizado el derecho de defensa. Este derecho no se conculca por obtener una resolución que contraría el criterio de una de las partes. De igual manera ocurre con el derecho al debido proceso y de tutela judicial efectiva. -Este alto tribunal de justicia observa que la pretensión de la fiscal para alegar el quebrantamiento del principio de legalidad se basa en que el ad quem dictó sobreseimiento definitivo a favor del ciudadano Kevin Antonio Martínez Vásquez, quien había sido inculpado por el Ministerio Público por el delito de portación ilegal de arma comercial, en aplicación del decreto legislativo número 184-2013 de fecha uno de septiembre de dos mil trece, ampliado mediante el decreto legislativo número 63-2014.[12]-De acuerdo al alegato que presenta la amparista, se colige que su pretensión no es tanto que se le garantice un derecho contenido en la Constitución o instrumentos internacionales de derechos humanos que son parte del derecho interno hondureño, sino que se establezca si en el caso concreto le es aplicable el decreto que amplia a los ciudadanos el tiempo para que pueda inscribir su arma comercial,-A juicio de este alto tribunal de justicia, el examen que pretende la garantista no corresponde a la jurisdicción constitucional, porque no se circunscribe dentro del ámbito de aplicación del artículo 183 constitucional ut supra citado. Dicha norma determina los supuestos en los que se encausan los motivos de amparo, teniendo ambas en común la protección de los derechos fundamentales contenidos en la Constitución de la República y los instrumentos internacionales de derechos humanos suscritos por el Estado hondureño. -El principio de legalidad establecido en el artículo 321 constitucional es básico para la sostenibilidad del Estado de derecho, porque constituye el sometimiento de la autoridad a la ley; siendo por tanto un valladar que no permite la arbitrariedad y el abuso del poder público, de manera que protege a cada habitante o persona que se encuentra en el país.-Dicho esto, se explica lo siguiente. La trasgresión del artículo 321 constitucional puede provocar la violación de un derecho fundamental, a la sazón: la libertad, la libre asociación, la educación, el debido proceso, etc. -Estos derechos fundamentales, si pueden ser objeto de amparo, de conformidad a las vías ya expuestas del artículo 183 constitucional; pero la garantía de amparo no está prevista para defender la ley en sí.-La pretensión de la fiscal con la presente garantía de amparo, es conforme a su desarrollo un alegato de instancia, que no tiene cabida en el ámbito de la justicia constitucional. Corresponde al juez de justicia ordinaria penal, determinar la existencia del delito de conformidad a los elementos de tipo contenidos en la ley.- Por todas las razones que se han apuntado, cabe señalar que no es de recibo la garantía constitucional de amparo, debiendo ser ésta denegada.- CONSIDERANDO NUMERO SEIS (6): Resumen de la jurisprudencia de la Sala Constitucional con relación al tema de la aplicación de los decretos legislativos 184-2013 y 63-2014.-Al examinar la jurisprudencia de este alto tribunal de justicia que involucra los decretos 184-2013 y 63-2014; se establece que ésta no ha sido pacífica. Por una parte ha atendido y aceptado las razones del Ministerio Público, permitiendo la continuación del proceso penal; sin embargo también ha estimado la posición contraria, permitiendo el sobreseimiento de las causas, ya sea en forma provisional o definitiva. -Con posterioridad la posición de la Sala fue que dicha controversia no le compete dirimirla, debido a que es un asunto de instancia por mera legalidad, apartándose del conocimiento mediante el acto del sobreseimiento de la garantía de amparo. No obstante al final y poniendo orden con relación a sus diferentes posiciones, esta Sala ha puesto fin a las diversas líneas jurisprudenciales, asumiendo una sola, siendo la denegatoria la última palabra de la Sala, por las razones expuestas en la presente resolución. -Cabe adicionar que las garantías de amparo presentadas por el Ministerio Público en casos relacionados con los decretos legislativos números 184-2013 y 63-2014, se sustentan en el principio de legalidad contenido en el artículo 321 constitucional; bajo el argumento que sendos decretos constituyen cláusulas o normas que no despenalizan los delitos señalados en los artículos 332-A y B del Código Penal, sino que tienen como objeto establecer una veda temporal para permitirle a la ciudadanía la inscripción de sus armas comerciales y la entrega a las autoridades aquellas armas que son ilícitas.-En el presente caso se da la misma situación, la argumentación es la misma que en los otros casos, en virtud de que siempre se recae en la alegación de que no debió dictarse sobreseimiento definitivo en virtud de que los decretos ya mencionados, no constituyen una despenalización de las conductas establecidas en el artículo 132 A y B del Código Penal.-Los anteriores casos como el presente, en el fondo tienen como pretensión que en sede constitucional se defina la controversia existente entre dos posiciones antagónicas; por una parte los fiscales del Ministerio Público que estiman, como ya se expresó, que los decretos legislativos números 184-2013 y 63-2014 no despenalizan las conductas tipificadas en el artículo 332-A y B del Código Penal; y por otra la de los defensores que estiman suspendida la potestad del Ministerio Público para ejercitar la acción penal contra las personas que sean sorprendidas en posesión, tenencia o portación de armas comerciales no registradas o armas de uso ilegal; esto durante el tiempo de veda o gracia que establecen dichos decretos legislativos.-Dicho de otra manera la disputa judicial se relaciona con el sentido y alcance de la normativa contenida en los decretos legislativos números 184-2013 y 63-2014; para lo cual, tanto las partes procesales como los juzgadores, han vertido opinio iuris, haciendo uso de diversos métodos de interpretación legal.-Ahora bien dilucidar dicho asunto hermenéutico, no corresponde a la jurisdicción constitucional. Aclarar si las conductas tipificadas como delitos por el artículo 332 A y B del Código Penal son derecho sustantivo vigente y que existe ius puniendi del Estado para su juzgamiento no le corresponde a la Sala de lo Constitucional.[13]-La jurisdicción de este alto tribunal de justicia, conociendo un asunto por la vía de la garantía del amparo, se limita únicamente al ámbito que le reserva el artículo 183 constitucional; en cuanto establece que ésta es una garantía de restitución o mantenimiento de un derecho fundamental que esté contenido en la Constitución o instrumento internacional de derechos humanos adoptado como parte del derecho interno.-Por otro lado, es un hecho verificado que todas las garantías de amparo presentadas por fiscales, tienen en común que abordan el tema desde el punto de vista de la cuestión jurídica (quaestio iuris) referida a establecer, si la veda o gracia concedida por el Estado debe considerarse o no, una despenalización transitoria de las conductas delictivas previstas en la ley.-Tomando en cuenta lo arriba apuntado, el hecho de que este alto tribunal de justicia admita o rechace el argumento del Ministerio Público, en cuanto a la no despenalización de los delitos contenidos en el artículo 332 A y B del Código Penal, tiene como efecto inmediato pronunciarse sobre el sentido y alcance de los decretos legislativos números 184-2013 y 63-2014, lo cual como se ha explicado sería un pronunciamiento de instancia, y por ende ajeno al objeto del amparo.-Es por ello que la Sala estima procedente apartarse de sus decisiones o líneas jurisprudenciales anteriores[14] para adoptar de ahora en adelante una decisión que se ajuste más adecuadamente al mandato que le concede la Constitución de la República en el numeral 1 del artículo 316, en relación con el artículo 183, también constitucional.-La nueva línea jurisprudencial que adopta la Sala, tiene como principal fundamento el hecho concreto de que, precisamente no es de recibo el motivo de amparo sustentado en el principio de legalidad o alegaciones encaminadas a establecer el sentido y alcance de normas penales de carácter sustantivo.-Es por ello que en el caso de mérito, estima procedente denegar la garantía constitucional de amparo de que se ha hecho mérito, fijando ésta posición como la línea jurisprudencial correcta.-PARTE DISPOSITIVA O FALLO.-POR TANTO: La Sala de lo Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, y en aplicación de los artículos 90, 183, 301, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1, 321 y 323 de la Constitución de la República; 1 y 78 No. 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3 No.2, 4 No.5, 41, 63, y 114 de la Ley sobre Justicia Constitucional; FALLA: DENEGANDO la garantía constitucional de amparo interpuesta por el fiscal, abogado Roger Ludovico Matus Zelaya, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución de fecha veintisiete de mayo de dos mil quince dictada por la honorable Corte Segunda de Apelaciones de la sección judicial de la Ceiba, departamento de Atlántida, mediante la cual declaró sin lugar el recurso de apelación, confirmando la resolución dictada en fecha quince de febrero de dos mil quince por el honorable Juzgado de Letras Seccional de Tocoa, departamento de Colón. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se remitan los antecedentes al tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado Edwin Francisco Ortez Cruz. NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los dieciocho (18) días del mes de septiembre del año dos mil diecisiete (2017), Certificación de la Sentencia de fecha nueve (9) de agosto del año dos mil diecisiete (2017) recaída en el Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 0688-2015.- Firma y Sello
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1] Artículo 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”
[2]
Artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces y tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales.”
[3] Artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley”
[4] Cita el artículo 62 de la Ley de Armas; el decreto 257-2002; el decreto 101-2003; el decreto 274-2005; el decreto 69-2007; el decreto 184-2013 y el decreto 63-2014.
[5] Ambos decretos establecen un período de veda para que toda persona que tenga en su poder cualquier tipo de arma de fuego comercial pero sin poseer la correspondiente factura de venta de la Armería, proceda a realizar los trámites correspondientes para dicho registro ante la Secretaría de Estado en el despacho de Seguridad.
[6] Esta es una cuestión que de manera exclusiva sólo puede ser esclarecida por la jurisdicción penal por medio de los órganos jurisdiccionales competentes en esa materia; incluyendo a la Corte Suprema de Justicia (Sala de lo Penal), por medio de la casación. Este recurso es el idóneo por su naturaleza nomofiláctica para determinar el verdadero sentido y alcance de las normas; y nunca la garantía constitucional de amparo.
[7] Se hace referencia a la línea jurisprudencial de denegatorias iniciada con la sentencia AP-0398-2014 de fecha 20 de abril de 2016, seguida de estas otras: la sentencia AP-1279-2014 de fecha doce de diciembre de dos mil dieciséis; la sentencia AP-1308-2014 de fecha doce de diciembre de dos mil dieciséis; sentencia AP-0219-2015 de fecha veintidós de noviembre de dos mil dieciséis; sentencia AP-0860-2015 de fecha veintidós de noviembre de dos mil dieciséis. Como a la línea jurisprudencial de otorgamientos iniciada con la sentencia AP-1104-2014 de fecha treinta de septiembre de dos mil dieciséis y que continuó con estas: sentencia AP-1124-2014 de fecha doce de diciembre de dos mil dieciséis; sentencia AP-0222-2015 de fecha diecinueve de octubre de dos mil dieciséis; sentencia AP-0241-2015 y otras de fecha veintiséis de octubre de dos mil dieciséis.
[8] Artículo 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”
[9]
Artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces y tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales.”
[10] Artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley”
[11] Cita el artículo 62 de la Ley de Armas; el decreto 257-2002; el decreto 101-2003; el decreto 274-2005; el decreto 69-2007; el decreto 184-2013 y el decreto 63-2014.
[12] Ambos decretos establecen un período de veda para que toda persona que tenga en su poder cualquier tipo de arma de fuego comercial pero sin poseer la correspondiente factura de venta de la Armería, proceda a realizar los trámites correspondientes para dicho registro ante la Secretaría de Estado en el despacho de Seguridad.
[13] Esta es una cuestión que de manera exclusiva sólo puede ser esclarecida por la jurisdicción penal por medio de los órganos jurisdiccionales competentes en esa materia; incluyendo a la Corte Suprema de Justicia (Sala de lo Penal), por medio de la casación. Este recurso es el idóneo por su naturaleza nomofiláctica para determinar el verdadero sentido y alcance de las normas; y nunca la garantía constitucional de amparo.
[14] Se hace referencia a la línea jurisprudencial de denegatorias iniciada con la sentencia AP-0398-2014 de fecha 20 de abril de 2016, seguida de estas otras: la sentencia AP-1279-2014 de fecha doce de diciembre de dos mil dieciséis; la sentencia AP-1308-2014 de fecha doce de diciembre de dos mil dieciséis; sentencia AP-0219-2015 de fecha veintidós de noviembre de dos mil dieciséis; sentencia AP-0860-2015 de fecha veintidós de noviembre de dos mil dieciséis. Como a la línea jurisprudencial de otorgamientos iniciada con la sentencia AP-1104-2014 de fecha treinta de septiembre de dos mil dieciséis y que continuó con estas: sentencia AP-1124-2014 de fecha doce de diciembre de dos mil dieciséis; sentencia AP-0222-2015 de fecha diecinueve de octubre de dos mil dieciséis; sentencia AP-0241-2015 y otras de fecha veintiséis de octubre de dos mil dieciséis.