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Sentencia AP-652-15 — Registro 6809

Resumen

Recurso de amparo interpuesto contra resolución que confirma sobreseimiento definitivo dictado a favor de imputado por suponerlo responsable de los delitos de Robo en su grado de Ejecición de Tentativa y Portación Ilegal de Arma Comercial en perjuicio del testigo protegido B y la Seguridad Interior del Estado de Honduras

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."CONSIDERANDO: Que esta Sala aprecia consecuentemente, que el Ad-Quem, no ha hecho sino aplicar el ordenamiento jurídico vigente y ajustable al asunto que resolvió, en estricto apego a las garantías que la ley reconoce.-CONSIDERANDO: Que este Tribunal estima que la resolución del Ad-Quem contiene la motivación suficiente, cumpliendo ésta con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetándose durante la tramitación del proceso penal de mérito, el derecho de petición, defensa y el debido proceso al que se someten las partes.-CONSIDERANDO: Que esta Sala no advierte que con la resolución impugnada se violente, lesione o se atente contra la garantía del debido proceso o contra los demás derechos y garantías que reconoce la Constitución de la República.-CONSIDERANDO: Que conforme lo dispone el Artículo 46 Numeral 1º. de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es improcedente el recurso de amparo, cuando se aleguen violaciones de mera legalidad.-CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos. El conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, resulta oportuno cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones, propias de instancia, corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio.-CONSIDERANDO: Que el Juez o Tribunal rechazará la demanda de amparo que fuere improcedente y sobreseerá las diligencias tan pronto como conste la causal de su improcedencia, como acontece en el caso de autos.-CONSIDERANDO: Que este alto Tribunal advierte, de las cuestiones planteadas por la recurrente, que éstas resultan ser alegaciones de mera legalidad, propias de la instancia procesal ordinaria que resolvió el asunto que nos ocupa, no pudiendo discernirse de sus planteamientos que se haya vulnerado garantía constitucional alguna y siendo que el presente asunto correspondía ser conocido y resuelto por la justicia ordinaria como queda dicho, lo cual ha hecho sin que haya mediado arbitrariedad, desafuero o trasgresión alguna a derechos constitucionales corresponde, conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo 46 numeral 1), procede sobreseer el recurso de mérito, toda vez que el órgano jurisdiccional recurrido se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como se ha relacionado ya, sin que preceda disminución alguna de los derechos y garantías constitucionales que amparan al quejoso.-

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintiuno de febrero del dos mil diecisiete.-VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por la Fiscal Especial para la Defensa de la Constitución Abogada KARLA PATRICIA GARCÍA ARITA a favor del ESTADO DE HONDURAS contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, CORTÉS, en audiencia ad-hoc iniciada en fecha dos de marzo y concluida en fecha quince de mayo de dos mil quince, respectivamente, en la que se resolvió un recurso de apelación interpuesto contra las resoluciones dictadas por el JUZGADO DE LETRAS PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, CORTÉS, en fecha dieciocho y veintiuno de noviembre de dos mil catorce, respectivamente, con relación a la causa instruida contra la señora ADA ESPERANZA MUÑOZ TORRES, por suponerla responsable de los delitos de ABUSO DE AUTORIDAD, MALVERSACIÓN DE CAUDALES PUBLICOS Y DEFRAUDACIÓN FISCAL en perjuicio de la ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS. Estima la recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representado los artículos 82,90 y 321 de la Constitución de la República, en concordancia con los artículos 32, 33, 392 D del Código Penal.-ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha treinta de enero de dos mil catorce, compareció ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Cortés, la Abogada KENIA DAYANA CERNA, actuando en su condición de Agente Fiscal del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal contra la señora ADA ESPERANZA MUÑOZ TORRES por suponerla responsable de los delitos de ABUSO DE AUTORIDAD, MALVERSACIÓN DE CAUDALES PUBLICOS Y DEFRAUDACIÓN FISCAL, en perjuicio de LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS.(Folios 01-05 del tomo I de los antecedentes).-2) Que seguido el procedimiento que al efecto determina la Ley, el referido Juzgado, en audiencia inicial comenzada en fecha diecisiete y finalizada el dieciocho de noviembre de dos mil catorce, respectivamente, resolvió: “1) DECRETAR AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO en contra de la señora ADA ESPERANZA MUÑOZ TORRES por suponerla responsable de los delitos de ABUSO DE AUTORIDAD Y FRAUDE en perjuicio de LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA.-2)Imponer la Medida Cautelar de Prisión Preventiva… 3)DECRETAR SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO a favor de la señora ADA ESPERANZA MUÑOZ TORRES por el delito de DEFRAUDACIÓN FISCAL…4…5)…”. Asimismo, en fecha veintiuno de noviembre de dos mil catorce declaró sin lugar la revisión de medida solicitada. (Folios del 367-391 del tomo II y el folio 1063 del Tomo IV de los antecedentes.-3) Que conociendo del recurso de apelación interpuesto por la Abogada DIGNA HERNANDEZ en su condición de Agente Fiscal y por la Abogada RITZA YOLANDA ANTUNEZ REYES en su condición de Apoderada Defensora en la causa que se instruye contra la señora ADA ESPERANZA MUÑOZ TORRES por suponerla responsable de los delitos de ABUSO DE AUTORIDAD, FRAUDE Y DEFRAUDACIÓN FISCAL en perjuicio de LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución relacionada el inciso que antecede, en la cual la Corte de Apelaciones Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en audiencia Ad-hoc iniciada en fecha dos de marzo y finalizada en fecha quince de mayo de dos mil quince, respectivamente, resolvió:(Sic)“PRIMERO: DECLARAR SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por la Defensa contra la resolución de fecha 18 de noviembre de 2014 dictada por el Juzgado Penal Unificado de esta sección judicial. SEGUNDO: Se CONFIRMA el auto de prisión dictado contra la encausada ADA ESPERANZA MUÑOZ TORRES por el delito de FRAUDE Y ABUSO DE AUTORIDAD en perjuicio de LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA. TERCERO: Declara SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el Ministerio Publico contra la resolución de fecha 18 de noviembre de 2014, dictada por el Juzgado Penal Unificado de esta sección judicial.- CUARTO: CONFIRMA EL SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO dictado a favor de la encausada ADA ESPERANZA MUÑOZ TORRES por el delito de DEFRAUDACIÓN FISCAL en perjuicio de LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA.-QUINTO: Se declara CON LUGAR el recurso de apelación de la Defensa contra la resolución de fecha 21 de noviembre del 2014, y al efecto se REVOCA la misma en lo concerniente a la negación de la audiencia de revisión de medida cautelar solicitada por la Defensa, a efecto que se ordene la realización de la misma…” (Folios del 17-29 de la pieza del Ad-quem).-4) Que la recurrente la Abogada KARLA PATRICIA GARCÍA ARITA compareció ante este Tribunal en fecha dos de julio de dos mil quince, interponiendo acción de amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, afirmando que la decisión del Ad-Quem, de fecha quince de mayo de dos mil quince, es violatoria de lo dispuesto en los 82,90 y 321 de la Constitución de la República, con relación a los artículos 32, 33, 392 D del Código Penal.-5) Que en fecha quince de febrero de dos mil dieciséis la Sala tuvo por formalizada la acción de mérito, omitiéndose la vista de los autos al Fiscal del Despacho, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público.-CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de Amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.-CONSIDERANDO (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución.-CONSIDERANDO (3): Que el acto contra el cual se reclama parcialmente es la resolución dictadas por la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, Cortés, en fecha quince de mayo del año dos mil quince, resolución que confirma el Auto de formal procesamiento por los delitos de FRAUDE Y ABUSO DE AUTORIDAD decretado contra la imputada ADA ESPERANZA MUÑOZ TORRES y que a la vez confirma el Sobreseimiento Definitivo por el delito de defraudación fiscal contra la misma imputada, resolución dictada por el Juzgado de Letras Penal Unificado de aquella Sección Judicial.-CONSIDERANDO (4): Que el recurrente manifiesta que la resolución emitida por la Corte de Apelaciones impugnada violenta el Derecho de Defensa consagrado en el artículo82, el Derecho al debido Proceso plasmado en el artículo 90, de igual manera considera que se vulnera el Principio de legalidad contenido en el artículo 321 todos de la Constitución de la República. Dice el recurrente que se “presentó Requerimiento fiscal contra de la señora ADA ESPERANZA MUÑOZ LICONA por los delitos de ABUSO DE AUTORIDAD, MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS Y DEFRAUDACIÓN FISCAL en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, llevándose a cabo la audiencia inicial en donde el A quo tuvo a bien decretar auto de formal procesamiento por los delitos de Abuso de Autoridad y Fraude en perjuicio de la Administración Pública, no así por el delito de Defraudación Fiscal, decretando sobreseimiento Definitivo, por estimar que en base al principio de Especialidad el Fraude se subsume al delito de Defraudación Fiscal y que no se logró acreditar que la encausada a título personal evadiera el pago de impuestos municipales. En tanto que la Corte de Apelaciones confirma la resolución en comento en cuanto a que la señora Ada Muñoz fue imputada como Coautora, por lo tanto esta tendría que tener la misma entidad que el sujeto que describe el tipo penal (contribuyente evasor, la acusada no tiene la condición de contribuyente), que la doctrina señala que en este delito no puede haber coautores por delitos de mera actividad o de propia mano, que solo la persona obligada a pagar los impuestos y no lo hace entra en el tipo penal descrito, y en este caso no es ella (la imputada) quien dejó de pagar los impuestos pecuarios. Señalando que esta resolución causa perjuicios a los intereses de la sociedad, señala que el Ministerio Público en ningún momento ha basado su tesis acusatoria en enmarcar a la señora Ada Muñoz como contribuyente, sino que la tesis acusatoria que se ha mantenido es que ella contribuyó, colaboró que tuvo parte en el hecho funcional, en que éste ilícito se cometería por parte de la empresa Empacadora Continental, y así mismo en la resolución emitida, lo reconoce la alzada, cuando dice que la señora Ada Esperanza Muñoz tuvo participación en el delito como cómplice, inducción o cooperante, señalando que sobre el particular ya está establecido en nuestra normativa que estos son considerados como autores y en este caso específico siempre se sostuvo que sin la ayuda de la señora Ada Esperanza Muñoz esta empresa no hubiera podido evadir y cometer el delito de defraudación fiscal.- CONSIDERANDO (5): Que el impetrante considera que el razonamiento del Ad-Quem es contrario a derecho al hacer una mala interpretación de los hechos delictivos cometidos por la imputada, ya que el ente acusador en ningún momento basó su tesis acusatoria en que la imputada haya evadido el pago de impuestos municipales a título personal; al respecto el artículo 392-D dispone: "constituye delito de defraudación fiscal toda acción u omisión por medio de la cual se evade el pago de los impuestos, contribuciones o tasas utilizando procedimientos, medios o documentos que originen un beneficio indebido con perjuicio del Fisco, considerando como tales los siguientes: 3) La disminución total o parcial de cualquier impuesto, contribución o tasa análoga a la que originan con motivo de cualquier operación o transacción fraudulenta", señalando el Ministerio Público que el actuar de la encausada se enmarca en este tipo penal, "ya que sin la ayuda de ella al emitir recibos de pago de manera engañosa e irregular disminuyendo antojadizamente y deliberadamente el pago que debía realizar la Empacadora Continental por el impuesto pecuario y enmarcado en el artículo 54 del Plan de Arbitrios", señalando que no haber habido esta actuación dicha empresa no hubiera evadido el pago correcto del impuesto pecuario, ni obtenido un beneficio indebido" (F. 23 pieza de amparo). El impetrante manifiesta en el numeral tercero de su exposición el quebrantamiento del Debido Proceso, que se produce cuando el Tribunal de alzada emite una resolución basada en apreciaciones erróneas referente a la participación de la acusada en los hechos controvertidos, igualmente dice que existe una flagrante violación al derecho de la tutela judicial efectiva, esto por falta de motivación en la resolución emitida y la violación del derecho de acceso a la justicia. Señala además el principio de legalidad o primacía de la ley como principio fundamental conforme al cual todo ejercicio del poder público debería estar sometido a la voluntad de la ley y su jurisdicción y no a la voluntad de las personas (F.25 pieza de amparo).-CONSIDERANDO (6): Que en fecha diecisiete de noviembre del año dos mil catorce, el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, dictó resolución mediante la cual dicta auto de formal procesamiento contra la señora ADA ESPERANZA MUÑOZ TORRES por los delitos de ABUSO DE AUTORIDAD Y FRAUDE. En el párrafo de la MOTIVACIÓN (f. 51 vuelto pieza de amparo) en el numeral CUARTO señala que el Ministerio Público ha probado plenamente el cargo que la imputada ostentaba y cuales eran sus funciones como responsabilidades generales. En el numeral quinto deja establecido que el Ente Acusador recalificó el delito de MALVERSACIÓN DE CAUDALES PUBLICOS y FRAUDE, considerando el Ad-Quem "para que se integre la conducta al delito antes referido en primer lugar el agente tiene que ser FUNCIONARIO O EMPLEADO PÚBLICO y por razón de su cargo participe en cualquier acto jurídico en que tenga interés el Estado, y que se PONGA DE ACUERDO con cualquiera de los interesados a efecto de DEFRAUDAR AL FISCO, o con ese mismo propósito se valga de su condición para favorecer a un tercero, al respecto, el A-Quo considera acreditado la existencia del delito con la constancia laboral donde se acreditó que la señora Ada Muñoz, fungía como Directora Ejecutiva de Control de Ingresos Municipales, por ende su condición era de FUNCIONARIA" señala además que con los medios de prueba aportados por el ente acusador, se acredita que del año dos mil once (2011) hasta abril del dos mil trece (2013), benefició a un contribuyente en el sentido de extenderle recibos de pagos, por un monto inferior al correspondiente a razón de reses sacrificadas por año , además se establece que en el período de enero a marzo del dos mil diez (2010) pospagos realizados por el contribuyente no contemplaban los intereses en mora, pese a que el pago se realizaba vencido el plazo, por lo que en efecto ha existido fraude; de acuerdo a los cheques emitidos por el contribuyente se evidencia que dicha empresa no canceló la suma de Lps.13,429,678.18 por el mal cálculo de impuestos pecuarios".-CONSIDERANDO (7): Que el A-Quo respecto al delito de DEFRAUDACIÓN FISCAL se pronunció: "en base a los verbos rectores establecidos en el artículo 392-D numeral3 del código penal vigente, considera que si bien es cierto se defraudó al fisco por las conductas irregulares efectuadas por Ada Muñoz, acciones ilícitas que se subsumen en el delito de Fraude, ya que además de subsumirse dicha conducta, no se acreditó durante la audiencia que la encausada a título personal evadiera el pago de los impuestos municipales, a razón de ello considera la A-Quo que el delito de Defraudación Fiscal se subsume en el delito de fraude, por lo que decretó sobreseimiento definitivo en cuanto a este delito.-CONSIDERANDO: (8) Que el A-Quo respecto al delito de ABUSO DE AUTORIDAD, contenido en el artículo 349 numeral 3 del código Penal, deja establecido que el Ministerio Público acreditó que la encausada en el uso de sus funciones omitió actos que debió ejecutar de conformidad con los deberes de su cargo, como ser el caso de extender recibos de pagos de tasas de impuestos pecuarios por cantidades inferiores a las que debió cancelar el contribuyente" (F.52 frente y vuelto de la pieza de amparo). En consecuencia dicta auto de formal procesamiento por los delitos de ABUSO DE AUTORIDAD Y FRAUDE en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, decretando sobreseimiento definitivo a la encausada por el delito Defraudación Fiscal.-CONSIDERANDO (9): Que el Ad-Quem, conociendo el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público y la defensa de la imputada, contra la resolución referida en el considerando que antecede, deja establecida una relación circunstanciada de los hechos que motivan el requerimiento, las actuaciones procesales de mérito y la resolución impugnada. Dejando establecido que del accionar descrito de la acusada se aprecian indicios racionales del ilícito de ABUSO DE AUTORIDAD y FRAUDE. En cuanto al delito de DEFRAUDACION FISCAL contenido en el artículo 292-D inciso 3 señala que "tal como se puede apreciar en los verbos rectores de la descripción normativa de este ilícito, el mismo sanciona a quien "evada" el pago de impuestos, es decir de entrada se está refiriendo a la persona que ostente las calidades exigidas en el tipo, es decir "quien evada" y quien evade es el obligado tributariamente o "contribuyente" que no paga impuesto o los paga incompletos; en ese sentido el sujeto activo de este delito es -como ya se dijo- el obligado tributariamente y el sujeto pasivo es el Estado. En esta causa la fiscalía señala a la encausada ADA MUÑOZ, como COAUTORA, por lo tanto ésta tendría que tener la misma entidad del sujeto activo que describe el tipo penal (contribuyente evasor).La referida encausada no tiene la condición de "contribuyente". La doctrina señala que en este tipo de delitos no puede haber COAUTORES porque es un delito de mera actividad o de propia mano, que solo la persona obligada a pagar impuestos y no lo hace, entra en el tipo penal descrito, y en este caso no es ella quien evadió o dejó de pagar impuestos pecuarios. Señala además que "la acción de defraudar consiste en "incumplir" las relaciones jurídico tributarias en las que se está obligado y se puede llevar a cabo, bien eludiendo el pago de tributos, reteniendo cantidades, obteniendo indebidamente devoluciones o disfrutando beneficios fiscales de la misma forma (indebidamente); el resultado exige la producción de un perjuicio que se consuma desde el momento que se elude el pago de tributos o se realiza cualquiera de las otras acciones antes señaladas. Señala además que el Ministerio Público acusó a la imputada a título de coautora y si bien caben otras formas de participación no fueron invocadas por el Ministerio Público por lo que el Ad-Quem considera que conforme a la prohibición peyorativa para el juzgador no debe ir más allá de lo que establece la acusación, pronunciándose solamente en relación a lo que el Ministerio Público ha acusado (coautoría) y siendo que la encausada no reúne los atributos de contribuyente que es a quien se dirige la sanción este ilícito penal de defraudación fiscal, ha resultado procedente confirmar el sobreseimiento definitivo dictado por el A-Quo por el delito de defraudación fiscal. Finalmente el Ad-Quem declaró sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto por la defensa de la acusada, y confirma el auto de formal procesamiento dictado contra la encausada ADA ESPERANZA MUÑOZ TORRES por el delito de FRAUDE Y ABUSO DE AUTORIDAD, en perjuicio de la Administración Pública. Declara sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto por el Ministerio Público y confirma el sobreseimiento Definitivo dictado a favor de la encausada por el delito de Defraudación fiscal en perjuicio de la administración pública.-CONSIDERANDO (10): Que el Delito de Fraude consiste en el engaño lo que “significa dar apariencia de verdad a lo que es mentira; provocar una falsa concepción de algo. Implica fraude mediante el engaño, un mecanismo psicológico por parte del sujeto activo para inducir al sujeto pasivo a caer en una situación incierta. El Fraude en perjuicio de la Administración Pública, es un delito que señala la falta de probidad del funcionario público, infringe un deber específico de lealtad, corrección y eficiencia que recae sobre ellos por encontrarse ligados con la autoridad pública por un vínculo especial, mediante las operaciones que interviene por razón de su cargo, existiendo una Defraudación directa cuando el funcionario público interviene directamente Defraudando al Estado, es decir realiza operaciones engañosas con apariencia de legalidad y por ende causa un perjuicio al patrimonio del Estado o a cualquiera de sus instituciones y, es precisamente ese medio o modo de obrar que constituye el delito de Fraude. Que la conducta descrita se enmarca en los supuestos hechos por los que ha sido traída a juicio a la señora MUÑOZ TORRES, en cuanto al no pago de los tributos pecuarios que dejó de percibir el Estado. El Ente Acusador ha traído al estrado del Juez de garantías probanza necesaria para sostener la probabilidad de participación de la imputada en tales hechos, que a la vez son el indicio racional para considerar que también con tales actuaciones cometió el delito de abuso de autoridad.-CONSIDERANDO (11): Que de acuerdo a lo expresado en el considerando que antecede se aprecia la probabilidad de participación de la acusada en los delitos de Fraude y Abuso de autoridad sin embargo en cuanto al delito de Defraudación fiscal, considerando lo expuesto por el Tribunal de Alzada en cuanto a que no existe coautoría de la imputada con la empresa Empacadora Continental, S.A, de C.V., porque no existe la misma identidad del sujeto activo que describe el tipo penal, que se refiere al contribuyente o Evasor de impuestos, en el caso sub judice la imputada no es la contribuyente, la obligada a pagar los Impuestos pecuarios, sino la Empacadora Continental; lo que así resulta ser y siendo que los hechos por los que se juzga a la acusada se enmarcan dentro del tipo penal de FRAUDE porque es evidente que mediante las supuestas operaciones engañosas realizadas a título personal provocó un perjuicio al patrimonio del Estado. Criterio que sostiene el Tribunal de alzada y que resulta razonable conforme la normativa penal aplicable al caso concreto, desestimando el delito de Defraudación Fiscal.-CONSIDERANDO (12): Que el artículo 90 de la Constitución de la República implica el cumplimiento de todos los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley, para garantizar la efectividad del derecho material, la inobservancia en cualquiera de sus formas en el proceso, produciría el atropello de éste; por lo que de acuerdo a las disposiciones constitucionales del Debido Proceso por ende el cumplimiento del principio de legalidad que responden a una tutela judicial efectiva. Siguiendo ese orden de ideas, habiendo analizado la resolución jurídica del Ad-Quem, esta Sala Aprecia que ha respetado el principio de legalidad ciñéndose estrictamente a lo prescrito en la ley procesal penal, de tal manera que hizo un análisis conforme a las reglas de la sana crítica; razonamiento que comparte esta Sala, mediante la cual explica de manera lógica, coherente y razonada porque ha declarado parcialmente con lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el A-Quo, en fecha catorce de marzo del año dos mil catorce. Siendo así no son de recibo los motivos invocados por la impetrante en el recurso intentado, por todo ello la resolución objeto de impugnación ha sido dictado apegada al debido proceso, observando las exigencias, requisitos, solemnidades y análisis del caso concreto conforme lo señala la Constitución de la República, la Ley y las normas de derecho interno contenidas en los Tratados internacionales, por lo que debemos concluir que no han sido quebrantados los derechos invocados por la impetrante.-CONSIDERANDO (13): Que la recurrente manifiesta que se ha vulnerado el Derecho a la Defensa dispuesto en el artículo 82 de la Constitución de la República, que establece como un derecho inviolable, que los habitantes de la República tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes, este derecho no admite excepción alguna, de esta manera se garantiza la igualdad procesal, reconocido y protegido dentro del marco de las garantías Constitucionales, en los instrumentos internacionales que forman parte del derecho interno de Honduras, entre ellos la Declaración Universal sobre Derechos Humanos, que lo consagra en sus artículos: 8 y 10, El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 14. 1. La Convención Americana Sobre Derechos Humanos Art. 8. Esta sala observa que el Derecho de Defensa se le ha garantizado a la recurrente, lo cual se observa de las actuaciones realizadas a lo largo del proceso, de tal manera que ha hecho uso de los recursos que la ley le franquea para hacer valer sus pretensiones.-CONSIDERANDO (14): Que como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico.-POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y haciendo aplicación de los artículos números 1, 59, 80, 90, 95, 183, 303, 304, 313 atribución 5ta., 316 numeral 1, 321, 323, 324, 325 y 326 de la Constitución de la República; 1, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 294, 300, 356, 357 del Código Procesal Penal y, 1, 2, 3 numeral segundo, 7, 8, 9 numeral tercero, 41, 45, 63 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, FALLA: DENEGANDO la Garantía Constitucional de AMPARO interpuesta por la Abogada KARLA PATRICIA GARCIA ARITA, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra las resolución dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal del departamento de Francisco Morazán, en fecha quince de mayo del año dos mil quince. Y MANDA: Que con certificación de esta Sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada ALVAREZ SAGASTUME. NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los once (11) días del mes de mayo del año dos mil diecisiete (2017), Certificación de la Sentencia de fecha veintiuno (21) de febrero del año dos mil diecisiete (2017) recaída en el Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el numero 0652-2015.


CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

“CERTIFICACIÓN: El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintiuno de febrero del dos mil diecisiete.-VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por la Fiscal Especial para la Defensa de la Constitución Abogada KARLA PATRICIA GARCÍA ARITA a favor del ESTADO DE HONDURAS contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, CORTÉS, en audiencia ad-hoc iniciada en fecha dos de marzo y concluida en fecha quince de mayo de dos mil quince, respectivamente, en la que se resolvió un recurso de apelación interpuesto contra las resoluciones dictadas por el JUZGADO DE LETRAS PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, CORTÉS, en fecha dieciocho y veintiuno de noviembre de dos mil catorce, respectivamente, con relación a la causa instruida contra la señora ADA ESPERANZA MUÑOZ TORRES, por suponerla responsable de los delitos de ABUSO DE AUTORIDAD, MALVERSACIÓN DE CAUDALES PUBLICOS Y DEFRAUDACIÓN FISCAL en perjuicio de la ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS. Estima la recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representado los artículos 82,90 y 321 de la Constitución de la República, en concordancia con los artículos 32, 33, 392 D del Código Penal.-ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha treinta de enero de dos mil catorce, compareció ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Cortés, la Abogada KENIA DAYANA CERNA, actuando en su condición de Agente Fiscal del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal contra la señora ADA ESPERANZA MUÑOZ TORRES por suponerla responsable de los delitos de ABUSO DE AUTORIDAD, MALVERSACIÓN DE CAUDALES PUBLICOS Y DEFRAUDACIÓN FISCAL, en perjuicio de LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS.(Folios 01-05 del tomo I de los antecedentes).-2) Que seguido el procedimiento que al efecto determina la Ley, el referido Juzgado, en audiencia inicial comenzada en fecha diecisiete y finalizada el dieciocho de noviembre de dos mil catorce, respectivamente, resolvió: “1) DECRETAR AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO en contra de la señora ADA ESPERANZA MUÑOZ TORRES por suponerla responsable de los delitos de ABUSO DE AUTORIDAD Y FRAUDE en perjuicio de LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA.-2)Imponer la Medida Cautelar de Prisión Preventiva… 3)DECRETAR SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO a favor de la señora ADA ESPERANZA MUÑOZ TORRES por el delito de DEFRAUDACIÓN FISCAL…4…5)…”. Asimismo, en fecha veintiuno de noviembre de dos mil catorce declaró sin lugar la revisión de medida solicitada. (Folios del 367-391 del tomo II y el folio 1063 del Tomo IV de los antecedentes.-3) Que conociendo del recurso de apelación interpuesto por la Abogada DIGNA HERNANDEZ en su condición de Agente Fiscal y por la Abogada RITZA YOLANDA ANTUNEZ REYES en su condición de Apoderada Defensora en la causa que se instruye contra la señora ADA ESPERANZA MUÑOZ TORRES por suponerla responsable de los delitos de ABUSO DE AUTORIDAD, FRAUDE Y DEFRAUDACIÓN FISCAL en perjuicio de LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución relacionada el inciso que antecede, en la cual la Corte de Apelaciones Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en audiencia Ad-hoc iniciada en fecha dos de marzo y finalizada en fecha quince de mayo de dos mil quince, respectivamente, resolvió:(Sic)“PRIMERO: DECLARAR SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por la Defensa contra la resolución de fecha 18 de noviembre de 2014 dictada por el Juzgado Penal Unificado de esta sección judicial. SEGUNDO: Se CONFIRMA el auto de prisión dictado contra la encausada ADA ESPERANZA MUÑOZ TORRES por el delito de FRAUDE Y ABUSO DE AUTORIDAD en perjuicio de LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA. TERCERO: Declara SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el Ministerio Publico contra la resolución de fecha 18 de noviembre de 2014, dictada por el Juzgado Penal Unificado de esta sección judicial.- CUARTO: CONFIRMA EL SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO dictado a favor de la encausada ADA ESPERANZA MUÑOZ TORRES por el delito de DEFRAUDACIÓN FISCAL en perjuicio de LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA.-QUINTO: Se declara CON LUGAR el recurso de apelación de la Defensa contra la resolución de fecha 21 de noviembre del 2014, y al efecto se REVOCA la misma en lo concerniente a la negación de la audiencia de revisión de medida cautelar solicitada por la Defensa, a efecto que se ordene la realización de la misma…” (Folios del 17-29 de la pieza del Ad-quem).-4) Que la recurrente la Abogada KARLA PATRICIA GARCÍA ARITA compareció ante este Tribunal en fecha dos de julio de dos mil quince, interponiendo acción de amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, afirmando que la decisión del Ad-Quem, de fecha quince de mayo de dos mil quince, es violatoria de lo dispuesto en los 82,90 y 321 de la Constitución de la República, con relación a los artículos 32, 33, 392 D del Código Penal.-5) Que en fecha quince de febrero de dos mil dieciséis la Sala tuvo por formalizada la acción de mérito, omitiéndose la vista de los autos al Fiscal del Despacho, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público.-CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de Amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.-CONSIDERANDO (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución.-CONSIDERANDO (3): Que el acto contra el cual se reclama parcialmente es la resolución dictadas por la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, Cortés, en fecha quince de mayo del año dos mil quince, resolución que confirma el Auto de formal procesamiento por los delitos de FRAUDE Y ABUSO DE AUTORIDAD decretado contra la imputada ADA ESPERANZA MUÑOZ TORRES y que a la vez confirma el Sobreseimiento Definitivo por el delito de defraudación fiscal contra la misma imputada, resolución dictada por el Juzgado de Letras Penal Unificado de aquella Sección Judicial.-CONSIDERANDO (4): Que el recurrente manifiesta que la resolución emitida por la Corte de Apelaciones impugnada violenta el Derecho de Defensa consagrado en el artículo82, el Derecho al debido Proceso plasmado en el artículo 90, de igual manera considera que se vulnera el Principio de legalidad contenido en el artículo 321 todos de la Constitución de la República. Dice el recurrente que se “presentó Requerimiento fiscal contra de la señora ADA ESPERANZA MUÑOZ LICONA por los delitos de ABUSO DE AUTORIDAD, MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS Y DEFRAUDACIÓN FISCAL en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, llevándose a cabo la audiencia inicial en donde el A quo tuvo a bien decretar auto de formal procesamiento por los delitos de Abuso de Autoridad y Fraude en perjuicio de la Administración Pública, no así por el delito de Defraudación Fiscal, decretando sobreseimiento Definitivo, por estimar que en base al principio de Especialidad el Fraude se subsume al delito de Defraudación Fiscal y que no se logró acreditar que la encausada a título personal evadiera el pago de impuestos municipales. En tanto que la Corte de Apelaciones confirma la resolución en comento en cuanto a que la señora Ada Muñoz fue imputada como Coautora, por lo tanto esta tendría que tener la misma entidad que el sujeto que describe el tipo penal (contribuyente evasor, la acusada no tiene la condición de contribuyente), que la doctrina señala que en este delito no puede haber coautores por delitos de mera actividad o de propia mano, que solo la persona obligada a pagar los impuestos y no lo hace entra en el tipo penal descrito, y en este caso no es ella (la imputada) quien dejó de pagar los impuestos pecuarios. Señalando que esta resolución causa perjuicios a los intereses de la sociedad, señala que el Ministerio Público en ningún momento ha basado su tesis acusatoria en enmarcar a la señora Ada Muñoz como contribuyente, sino que la tesis acusatoria que se ha mantenido es que ella contribuyó, colaboró que tuvo parte en el hecho funcional, en que éste ilícito se cometería por parte de la empresa Empacadora Continental, y así mismo en la resolución emitida, lo reconoce la alzada, cuando dice que la señora Ada Esperanza Muñoz tuvo participación en el delito como cómplice, inducción o cooperante, señalando que sobre el particular ya está establecido en nuestra normativa que estos son considerados como autores y en este caso específico siempre se sostuvo que sin la ayuda de la señora Ada Esperanza Muñoz esta empresa no hubiera podido evadir y cometer el delito de defraudación fiscal.- CONSIDERANDO (5): Que el impetrante considera que el razonamiento del Ad-Quem es contrario a derecho al hacer una mala interpretación de los hechos delictivos cometidos por la imputada, ya que el ente acusador en ningún momento basó su tesis acusatoria en que la imputada haya evadido el pago de impuestos municipales a título personal; al respecto el artículo 392-D dispone: "constituye delito de defraudación fiscal toda acción u omisión por medio de la cual se evade el pago de los impuestos, contribuciones o tasas utilizando procedimientos, medios o documentos que originen un beneficio indebido con perjuicio del Fisco, considerando como tales los siguientes: 3) La disminución total o parcial de cualquier impuesto, contribución o tasa análoga a la que originan con motivo de cualquier operación o transacción fraudulenta", señalando el Ministerio Público que el actuar de la encausada se enmarca en este tipo penal, "ya que sin la ayuda de ella al emitir recibos de pago de manera engañosa e irregular disminuyendo antojadizamente y deliberadamente el pago que debía realizar la Empacadora Continental por el impuesto pecuario y enmarcado en el artículo 54 del Plan de Arbitrios", señalando que no haber habido esta actuación dicha empresa no hubiera evadido el pago correcto del impuesto pecuario, ni obtenido un beneficio indebido" (F. 23 pieza de amparo). El impetrante manifiesta en el numeral tercero de su exposición el quebrantamiento del Debido Proceso, que se produce cuando el Tribunal de alzada emite una resolución basada en apreciaciones erróneas referente a la participación de la acusada en los hechos controvertidos, igualmente dice que existe una flagrante violación al derecho de la tutela judicial efectiva, esto por falta de motivación en la resolución emitida y la violación del derecho de acceso a la justicia. Señala además el principio de legalidad o primacía de la ley como principio fundamental conforme al cual todo ejercicio del poder público debería estar sometido a la voluntad de la ley y su jurisdicción y no a la voluntad de las personas (F.25 pieza de amparo).-CONSIDERANDO (6): Que en fecha diecisiete de noviembre del año dos mil catorce, el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, dictó resolución mediante la cual dicta auto de formal procesamiento contra la señora ADA ESPERANZA MUÑOZ TORRES por los delitos de ABUSO DE AUTORIDAD Y FRAUDE. En el párrafo de la MOTIVACIÓN (f. 51 vuelto pieza de amparo) en el numeral CUARTO señala que el Ministerio Público ha probado plenamente el cargo que la imputada ostentaba y cuales eran sus funciones como responsabilidades generales. En el numeral quinto deja establecido que el Ente Acusador recalificó el delito de MALVERSACIÓN DE CAUDALES PUBLICOS y FRAUDE, considerando el Ad-Quem "para que se integre la conducta al delito antes referido en primer lugar el agente tiene que ser FUNCIONARIO O EMPLEADO PÚBLICO y por razón de su cargo participe en cualquier acto jurídico en que tenga interés el Estado, y que se PONGA DE ACUERDO con cualquiera de los interesados a efecto de DEFRAUDAR AL FISCO, o con ese mismo propósito se valga de su condición para favorecer a un tercero, al respecto, el A-Quo considera acreditado la existencia del delito con la constancia laboral donde se acreditó que la señora Ada Muñoz, fungía como Directora Ejecutiva de Control de Ingresos Municipales, por ende su condición era de FUNCIONARIA" señala además que con los medios de prueba aportados por el ente acusador, se acredita que del año dos mil once (2011) hasta abril del dos mil trece (2013), benefició a un contribuyente en el sentido de extenderle recibos de pagos, por un monto inferior al correspondiente a razón de reses sacrificadas por año , además se establece que en el período de enero a marzo del dos mil diez (2010) pospagos realizados por el contribuyente no contemplaban los intereses en mora, pese a que el pago se realizaba vencido el plazo, por lo que en efecto ha existido fraude; de acuerdo a los cheques emitidos por el contribuyente se evidencia que dicha empresa no canceló la suma de Lps.13,429,678.18 por el mal cálculo de impuestos pecuarios".-CONSIDERANDO (7): Que el A-Quo respecto al delito de DEFRAUDACIÓN FISCAL se pronunció: "en base a los verbos rectores establecidos en el artículo 392-D numeral3 del código penal vigente, considera que si bien es cierto se defraudó al fisco por las conductas irregulares efectuadas por Ada Muñoz, acciones ilícitas que se subsumen en el delito de Fraude, ya que además de subsumirse dicha conducta, no se acreditó durante la audiencia que la encausada a título personal evadiera el pago de los impuestos municipales, a razón de ello considera la A-Quo que el delito de Defraudación Fiscal se subsume en el delito de fraude, por lo que decretó sobreseimiento definitivo en cuanto a este delito.-CONSIDERANDO: (8) Que el A-Quo respecto al delito de ABUSO DE AUTORIDAD, contenido en el artículo 349 numeral 3 del código Penal, deja establecido que el Ministerio Público acreditó que la encausada en el uso de sus funciones omitió actos que debió ejecutar de conformidad con los deberes de su cargo, como ser el caso de extender recibos de pagos de tasas de impuestos pecuarios por cantidades inferiores a las que debió cancelar el contribuyente" (F.52 frente y vuelto de la pieza de amparo). En consecuencia dicta auto de formal procesamiento por los delitos de ABUSO DE AUTORIDAD Y FRAUDE en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, decretando sobreseimiento definitivo a la encausada por el delito Defraudación Fiscal.-CONSIDERANDO (9): Que el Ad-Quem, conociendo el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público y la defensa de la imputada, contra la resolución referida en el considerando que antecede, deja establecida una relación circunstanciada de los hechos que motivan el requerimiento, las actuaciones procesales de mérito y la resolución impugnada. Dejando establecido que del accionar descrito de la acusada se aprecian indicios racionales del ilícito de ABUSO DE AUTORIDAD y FRAUDE. En cuanto al delito de DEFRAUDACION FISCAL contenido en el artículo 292-D inciso 3 señala que "tal como se puede apreciar en los verbos rectores de la descripción normativa de este ilícito, el mismo sanciona a quien "evada" el pago de impuestos, es decir de entrada se está refiriendo a la persona que ostente las calidades exigidas en el tipo, es decir "quien evada" y quien evade es el obligado tributariamente o "contribuyente" que no paga impuesto o los paga incompletos; en ese sentido el sujeto activo de este delito es -como ya se dijo- el obligado tributariamente y el sujeto pasivo es el Estado. En esta causa la fiscalía señala a la encausada ADA MUÑOZ, como COAUTORA, por lo tanto ésta tendría que tener la misma entidad del sujeto activo que describe el tipo penal (contribuyente evasor).La referida encausada no tiene la condición de "contribuyente". La doctrina señala que en este tipo de delitos no puede haber COAUTORES porque es un delito de mera actividad o de propia mano, que solo la persona obligada a pagar impuestos y no lo hace, entra en el tipo penal descrito, y en este caso no es ella quien evadió o dejó de pagar impuestos pecuarios. Señala además que "la acción de defraudar consiste en "incumplir" las relaciones jurídico tributarias en las que se está obligado y se puede llevar a cabo, bien eludiendo el pago de tributos, reteniendo cantidades, obteniendo indebidamente devoluciones o disfrutando beneficios fiscales de la misma forma (indebidamente); el resultado exige la producción de un perjuicio que se consuma desde el momento que se elude el pago de tributos o se realiza cualquiera de las otras acciones antes señaladas. Señala además que el Ministerio Público acusó a la imputada a título de coautora y si bien caben otras formas de participación no fueron invocadas por el Ministerio Público por lo que el Ad-Quem considera que conforme a la prohibición peyorativa para el juzgador no debe ir más allá de lo que establece la acusación, pronunciándose solamente en relación a lo que el Ministerio Público ha acusado (coautoría) y siendo que la encausada no reúne los atributos de contribuyente que es a quien se dirige la sanción este ilícito penal de defraudación fiscal, ha resultado procedente confirmar el sobreseimiento definitivo dictado por el A-Quo por el delito de defraudación fiscal. Finalmente el Ad-Quem declaró sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto por la defensa de la acusada, y confirma el auto de formal procesamiento dictado contra la encausada ADA ESPERANZA MUÑOZ TORRES por el delito de FRAUDE Y ABUSO DE AUTORIDAD, en perjuicio de la Administración Pública. Declara sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto por el Ministerio Público y confirma el sobreseimiento Definitivo dictado a favor de la encausada por el delito de Defraudación fiscal en perjuicio de la administración pública.-CONSIDERANDO (10): Que el Delito de Fraude consiste en el engaño lo que “significa dar apariencia de verdad a lo que es mentira; provocar una falsa concepción de algo. Implica fraude mediante el engaño, un mecanismo psicológico por parte del sujeto activo para inducir al sujeto pasivo a caer en una situación incierta. El Fraude en perjuicio de la Administración Pública, es un delito que señala la falta de probidad del funcionario público, infringe un deber específico de lealtad, corrección y eficiencia que recae sobre ellos por encontrarse ligados con la autoridad pública por un vínculo especial, mediante las operaciones que interviene por razón de su cargo, existiendo una Defraudación directa cuando el funcionario público interviene directamente Defraudando al Estado, es decir realiza operaciones engañosas con apariencia de legalidad y por ende causa un perjuicio al patrimonio del Estado o a cualquiera de sus instituciones y, es precisamente ese medio o modo de obrar que constituye el delito de Fraude. Que la conducta descrita se enmarca en los supuestos hechos por los que ha sido traída a juicio a la señora MUÑOZ TORRES, en cuanto al no pago de los tributos pecuarios que dejó de percibir el Estado. El Ente Acusador ha traído al estrado del Juez de garantías probanza necesaria para sostener la probabilidad de participación de la imputada en tales hechos, que a la vez son el indicio racional para considerar que también con tales actuaciones cometió el delito de abuso de autoridad.-CONSIDERANDO (11): Que de acuerdo a lo expresado en el considerando que antecede se aprecia la probabilidad de participación de la acusada en los delitos de Fraude y Abuso de autoridad sin embargo en cuanto al delito de Defraudación fiscal, considerando lo expuesto por el Tribunal de Alzada en cuanto a que no existe coautoría de la imputada con la empresa Empacadora Continental, S.A, de C.V., porque no existe la misma identidad del sujeto activo que describe el tipo penal, que se refiere al contribuyente o Evasor de impuestos, en el caso sub judice la imputada no es la contribuyente, la obligada a pagar los Impuestos pecuarios, sino la Empacadora Continental; lo que así resulta ser y siendo que los hechos por los que se juzga a la acusada se enmarcan dentro del tipo penal de FRAUDE porque es evidente que mediante las supuestas operaciones engañosas realizadas a título personal provocó un perjuicio al patrimonio del Estado. Criterio que sostiene el Tribunal de alzada y que resulta razonable conforme la normativa penal aplicable al caso concreto, desestimando el delito de Defraudación Fiscal.-CONSIDERANDO (12): Que el artículo 90 de la Constitución de la República implica el cumplimiento de todos los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley, para garantizar la efectividad del derecho material, la inobservancia en cualquiera de sus formas en el proceso, produciría el atropello de éste; por lo que de acuerdo a las disposiciones constitucionales del Debido Proceso por ende el cumplimiento del principio de legalidad que responden a una tutela judicial efectiva. Siguiendo ese orden de ideas, habiendo analizado la resolución jurídica del Ad-Quem, esta Sala Aprecia que ha respetado el principio de legalidad ciñéndose estrictamente a lo prescrito en la ley procesal penal, de tal manera que hizo un análisis conforme a las reglas de la sana crítica; razonamiento que comparte esta Sala, mediante la cual explica de manera lógica, coherente y razonada porque ha declarado parcialmente con lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el A-Quo, en fecha catorce de marzo del año dos mil catorce. Siendo así no son de recibo los motivos invocados por la impetrante en el recurso intentado, por todo ello la resolución objeto de impugnación ha sido dictado apegada al debido proceso, observando las exigencias, requisitos, solemnidades y análisis del caso concreto conforme lo señala la Constitución de la República, la Ley y las normas de derecho interno contenidas en los Tratados internacionales, por lo que debemos concluir que no han sido quebrantados los derechos invocados por la impetrante.-CONSIDERANDO (13): Que la recurrente manifiesta que se ha vulnerado el Derecho a la Defensa dispuesto en el artículo 82 de la Constitución de la República, que establece como un derecho inviolable, que los habitantes de la República tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes, este derecho no admite excepción alguna, de esta manera se garantiza la igualdad procesal, reconocido y protegido dentro del marco de las garantías Constitucionales, en los instrumentos internacionales que forman parte del derecho interno de Honduras, entre ellos la Declaración Universal sobre Derechos Humanos, que lo consagra en sus artículos: 8 y 10, El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 14. 1. La Convención Americana Sobre Derechos Humanos Art. 8. Esta sala observa que el Derecho de Defensa se le ha garantizado a la recurrente, lo cual se observa de las actuaciones realizadas a lo largo del proceso, de tal manera que ha hecho uso de los recursos que la ley le franquea para hacer valer sus pretensiones.-CONSIDERANDO (14): Que como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico.-POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y haciendo aplicación de los artículos números 1, 59, 80, 90, 95, 183, 303, 304, 313 atribución 5ta., 316 numeral 1, 321, 323, 324, 325 y 326 de la Constitución de la República; 1, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 294, 300, 356, 357 del Código Procesal Penal y, 1, 2, 3 numeral segundo, 7, 8, 9 numeral tercero, 41, 45, 63 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, FALLA: DENEGANDO la Garantía Constitucional de AMPARO interpuesta por la Abogada KARLA PATRICIA GARCIA ARITA, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra las resolución dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal del departamento de Francisco Morazán, en fecha quince de mayo del año dos mil quince. Y MANDA: Que con certificación de esta Sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada ALVAREZ SAGASTUME. NOTIFIQUESE.-Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.-MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los once (11) días del mes de mayo del año dos mil diecisiete (2017), Certificación de la Sentencia de fecha veintiuno (21) de febrero del año dos mil diecisiete (2017) recaída en el Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el numero 0652-2015.- Firma y Sello

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL