Sentencia AP-632-16 — Registro 9592
Resumen
Se interpuso recurso de amparo contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal del departamento donde se revoca el auto de formal procesamiento, Estiman los recurrentes que con el acto reclamado se han violentado en perjuicio de sus representadas lo dispuesto en los artículos 64, 69, 89 90, 92 y 303 de la Constitución de la República; 8 y 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; y 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO (4): Que es menester mencionar que la decisión emitida por esta Sala de lo Constitucional, no vulnera ningún derecho fundamental al recurrente, en tanto: 1.- Que analizada que ha sido la resolución proferida por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, en fecha dieciséis de de marzo del año dos mil dieciséis, se observa que se ha realizado en forma conjunta y armónica la valoración de la prueba producida en Audiencia Inicial, que se han observado y respetado las reglas de la sana crítica que aduce el recurrente vulnerado, asimismo la resolución impugnada se encuentra debidamente motivada y razonada de una manera lógica y coherente, a efecto de producir en las partes la convicción respecto a la decisión de fondo adoptada, asimismo la declaración que ha tenido a bien ilustrar en la motivación de su resolución el Tribunal Ad-quem, es la rendida por la señora María Antonieta Mejía Sánchez ante el Juez A-quo y no la rendida en sede administrativa como indica el recurrente, declaración que se observa a folios doscientos sesenta y dos (F-262V) y doscientos sesenta y tres frente y vuelto (F-263fv) de la pieza de antecedentes, en tal sentido luego de la valoración de la prueba, el Tribunal de Alzada ha formado su convicción y ha procedido a revocar en consecuencia la resolución emitida por el A-quo; 2.- Que la Sala de lo Constitucional no tiene dentro de la esfera de sus atribuciones, potestad de pronunciarse sobre la valoración de medios de prueba evacuados en una audiencia, ya que dicha función jurisdiccional es exclusiva de los Jueces de Instancia. Compete a la Sala, como se ha manifestado en otras sentencias, pronunciarse sobre cuestiones de mera constitucionalidad, lo que no sucede en el caso que nos ocupa. Se debe señalar que los recurrentes en amparo exponen la vulneración del derecho al debido proceso, trasgresión que no se observa, ya que tanto en el Juzgado de Instrucción y en el Tribunal de Alzada, se escucho a los recurrentes en sus pretensiones, se les dio la oportunidad de proponer y evacuar medios de pruebas, recibiendo las respuestas jurisdiccionales en el tiempo establecido, todo ello haciendo prevalecer el debido proceso y consecuentemente en respeto al imperio de la ley, haciendo efectiva la tutela de los derechos y garantías reconocidos en la Constitución de la República, que arguyen vulnerados, concluyendo esta Sala que el obtener respuestas jurisdiccionales contrarias a las pretensiones de las partes, no es indicativo de vulneración de derechos fundamentales.”
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 120 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia Y Resolución que literalmente dicen: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA,SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintisiete días del mes de enero del dos mil diecisiete. VISTO: Para dictar sentencia en los Recursos de Amparo interpuestos por los Abogados I. NELSON OMAR RODEZNO CRUZ a favor de la señora REYNA GLORIA CARBAJAL MOLINA, (Reg. No 632-2016) y II. GERMAN SALOMON AMADOR BERRIOS favor de la señora MIRIAN NINOZKA RAUDALES URBINA, ambos contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal del departamento de Francisco Morazán, en fecha dieciséis de marzo del año dos mil dieciséis, que resolvió los recursos de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en fecha doce de enero del año dos mil dieciséis, con relación a la causa instruida contra las señoras SANDRA MARGARITA RUBIO RAMIREZ y MIRIAM NINOSKA RAUDALES URBINA, por suponerlas responsables a título de autores directos de los delitos de ESTAFA, FRAUDE Y DELITO CONTRA LA ADMINISTRACIÓN DE FONDOS PÚBLICOS Y PRIVADOS DE JUBILACIONES Y PENSIONES, en perjuicio de la señora MARIA ANTONIETA MEJÍA SÁNCHEZ y el INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP) POR ENDE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA y contra la señora REYNA GLORIA CARBAJAL MOLINA en calidad de cómplice por los delitos de ESTAFA, FRAUDE Y DELITO CONTRA LA ADMINISTRACIÓN DE FONDOS PÚBLICOS Y PRIVADOS DE JUBILICIONES Y PENSIONADOS, en perjuicio de la señora MARIA ANTONIETA MEJÍA SÁNCHEZ y el INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), POR ENDE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. Estiman los recurrentes que con el acto reclamado se han violentado en perjuicio de sus representadas lo dispuesto en los artículos 64, 69, 89 90, 92 y 303 de la Constitución de la República; 8 y 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; y 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.-ANTECEDENTES:1) Que en fecha siete de noviembre del año dos mil quince, compareció ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, la Abogada JEIMY CAROLINA CACERES WATSON, actuando en su condición de Agente de Tribunales del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal, contra las señoras SANDRA MARGARITA RUBIO RAMIREZ y MIRIAM NINOSKA RAUDALES URBINA, por suponerlas responsables a titulo de autores directos de los delitos de ESTAFA, FRAUDE Y DELITO CONTRA LA ADMINISTRACIÓN DE FONDOS PÚBLICOS Y PRIVADOS DE JUBILACIONES Y PENSIONES, en perjuicio de la señora MARIA ANTONIETA MEJÍA SÁNCHEZ y el INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP) POR ENDE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA y contra la señora REYNA GLORIA CARBAJAL MOLINA en calidad de cómplice por los delitos de ESTAFA, FRAUDE Y DELITO CONTRA LA ADMINISTRACIÓN DE FONDOS PÚBLICOS Y PRIVADOS DE JUBILICIONES Y PENSIONADOS, en perjuicio de la señora MARIA ANTONIETA MEJÍA SÁNCHEZ y el INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), POR ENDE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. (Folios del número dos (F-2) al folio número diez (F-10) de la pieza de antecedentes).-2) Que seguido el trámite correspondiente, en fecha doce de enero del año dos mil dieciséis, el referido Juzgado, en celebración de la Audiencia Inicial resolvió: (Sic) “DECRETA: 1) AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO en contra de SANDRA MARGARITA RUBIO RAMÍREZ por suponerla responsable del delito de ESTAFA en perjuicio de la señora MARIA ANTONIETA MEJIA SANCHEZ.- 2) AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO en contra de SANDRA MARGARITA RUBIO RAMIREZ por suponerla responsable del delito de FRAUDE en perjuicio de LA ADMINSTRACION DE FONDOS PUBLICOS Y PRIVADOS DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DE FUNCINARIOS DEL PODER EJECUTIVO, por ende LA ADMINIISTRACION PUBLICA.- 3) Imponiéndole como medida cautelar la PRISIÓN PREVENTIVA establecida en el artículo 173 en su numeral 3, misma que cumplirá en la Penitenciaría Nacional de Tamara Departamento de Francisco Morazán, por lo que esta medida se mantendrá hasta la celebración del juicio oral y público si es que llegaste a esta etapa procesal.- 4) SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO a favor de la señora REYNA GLORIA CARBAJAL MOLINA a quien se le instruyó proceso en su calidad de COMPLICE por el delito de ESTAFA en perjuicio de MARIA ANTONIETA MEJIA SANCHEZ.- 5) SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO a favor de la señora REYNA GLORIA CARBAJAL MOLINA a quien se le instruyó proceso en su calidad de COMPLICE por el delito de FRAUDE en perjuicio de LA ADMINSTRACION DE FONDOS PUBLICOS Y PRIVADOS DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO, por ende la ADMINISTRACION PUBLICA.- 6) SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO a favor de la señora MIRIAM NINOSKA RAUDALES URBINA a quien se le instruyó proceso por el delito de ESTAFA en perjuicio de MARIA ANTONIETA MEJIA SANCHEZ.- 7) SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO a favor de la señora MIRIAM NISNOSKA RAUDALES URBINA a quien se le instruyó proceso por el delito de FRAUDE en perjuicio de LA ADMINSTRACION DE FONDOS PUBLICOS Y PRIVADOS DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO, por ende la ADMINIISTRACION PUBLICA…” (Folios del número doscientos cincuenta y siete (F-257) al folio número doscientos ochenta (F-280) de la pieza de los antecedentes).-3) Que en fecha dieciséis de marzo del año dos mil dieciséis, la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, resolviendo los Recurso de Apelación interpuestos por el Apoderado Legal del INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP) y por las Abogadas Karla María Martínez y Jeimy Carolina Cáceres Watson, en su condición de Agentes de Tribunales del Ministerio Público, dictó auto que en su parte dispositiva resuelve: (Sic) “1.-“Declarar HA LUGAR los recursos de apelación interpuestos. 2.- REVOCAR la resolución apelada, a fin de que el A-Quo dicte los correspondientes Autos de Formal Procesamiento…” (Folios del cuatrocientos seis (F-406) al cuatrocientos trece (F-413) de la Pieza de antecedentes).-4) Que en fecha veinticuatro de junio del año dos mil dieciséis, compareció ante este Alto Tribunal el Abogado NELSON OMAR RODEZNO CRUZ, interponiendo Recurso de Amparo a favor de la señora REYNA GLORIA CARBAJAL MOLINA, (Reg. No 632-2016), afirmando que la decisión del Ad-quem de fecha dieciséis de marzo del año dos mil dieciséis, es violatoria de los derechos y garantías contenidos en los artículos 69, 89, 90, 92 y 303 de la Constitución de la República; 8, 10 y 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; y 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Admitiéndose la relacionada acción constitucional con suspensión provisional del acto reclamado y bajo la responsabilidad del recurrente, ello mediante providencia de fecha veintisiete de julio del año dos mil dieciséis y teniendo por formalizado el recurso esta Sala de lo Constitucional en fecha veinticuatro de octubre del año dos mil dieciséis. (Folios número diez (F-10) y ochenta y tres (F-83) de la pieza de Amparo).-5) Que en fecha veintiocho de junio del año dos mi dieciséis, compareció ante este Alto Tribunal el Abogado GERMAN SALOMON AMADOR BERRIOS, interponiendo acción constitucional de amparo a favor de la señora MIRIAN NINOZKA RAUDALES URBINA, afirmando que la decisión del Ad-quem de fecha dieciséis de marzo del año dos mil dieciséis, es violatoria de las garantías contenidas en los artículos 64, 82, 89 y 90 de la Constitución de la República. Teniendo por formalizado el recurso esta Sala en fecha veinticuatro de octubre del año dos mil dieciséis.-6) Que en fecha cinco de septiembre del año dos mil dieciséis, esta Sala de lo Constitucional resolvió acumular los amparos antes descritos al apreciar que las acciones constitucionales intentadas se dirigen contra el mismo acto, siendo lo procedente para efectos de mantener la unidad y continencia de la causa y que las mismas produzcan una sola sentencia. (Folio número sesenta y tres (F-63) de la pieza de Amparo).-CONSIDERANDO (1): Que el Estado reconoce la garantía de amparo, por ello y conforme a lo establecido en el artículo 183 de la Constitución de la República, en relación al artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, toda persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta, puede interponer recurso de amparo, para que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen y para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución.-CONSIDERANDO (2): Que del examen de las diligencias, que forman los antecedentes, se observa, que el caso traído a esta Sala y por el cual se está solicitando garantía constitucional de Amparo, tiene su origen en fecha siete de noviembre del año dos mil quince, fecha en la que compareció ante el Juzgado de Letras de lo Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, la Abogada JEIMY CAROLINA CÁCERES WATSON, en su condición de Agente de Tribunales del Ministerio Público, presentando Requerimiento Fiscal en contra de las señora SANDRA MARGARITA RUBIO RAMIREZ y MIRIAM NINOSKA RAUDALES URBINA, por suponerlas responsables a título de autores directos de los delitos de ESTAFA, FRAUDE Y DELITO CONTRA LA ADMINISTRACIÓN DE FONDOS PÚBLICOS Y PRIVADOS DE JUBILACIONES Y PENSIONE, en perjuicio de la señora MARIA ANTONIETA MEJÍA SÁNCHEZ y el INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP) POR ENDE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA y contra la señora REYNA GLORIA CARBAJAL MOLINA en calidad de cómplice por los delitos de ESTAFA, FRAUDE Y DELITO CONTRA LA ADMINISTRACIÓN DE FONDOS PÚBLICOS Y PRIVADOS DE JUBILICIONES Y PENSIONADOS, en perjuicio de la señora MARIA ANTONIETA MEJÍA SÁNCHEZ y el INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), POR ENDE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.-CONSIDERANDO (3): Que en fechas veinticuatro y veintiocho de junio del año dos mil dieciséis, comparecieron ante este Alto Tribunal, los Abogados NELSON OMAR RODEZNO CRUZ y GERMAN SALOMON AMADOR BERRIOS, interponiendo Acción de Amparo a favor de las señoras REYNA GLORIA CARBAJAL MOLINA y MIRIAN NINOZKA RAUDALES URBINA, respectivamente, contra la resolución de fecha dieciséis de marzo del año dos mil dieciséis, emitida por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, que resuelve el Recurso de Apelación interpuesto por al Apoderado Legal del INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP) y las Agentes de Tribunales del Ministerio Público, contra la resolución de fecha doce de enero del año dos mil dieciséis, dictada en Audiencia Inicial, por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en el proceso iniciado en contra de las señoras REYNA GLORIA CARBAJAL MOLINA y MIRIAN NINOZKA RAUDALES URBINA; resolución que declara por unanimidad de votos Ha Lugar los recursos de Apelación interpuesto y revoca la resolución apelada, a fin que el A-quo dicte los correspondientes Autos de Formal Procesamiento; consideran los recurrentes en amparo que la resolución antes referida violenta las garantías y derechos contenidos en los artículos 64, 69, 89 90, 92 y 303 de la Constitución de la República; 8 y 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; y 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.- CONSIDERANDO (4): Que en la formalización de la acción constitucional impetrada, la Abogada Defensora Privada de la señora Reyna Gloria Carbajal Molina, sostiene que la resolución impugnada violenta principios básicos y preceptos constitucionales, pues en su hecho primero al décimo y su tercera motivación de dicha resolución no valoraron el único medio de prueba que fue proporcionado por la víctima, en donde se descarta totalmente que la señora Carbajal Molina haya participado en dicho asunto, en tal sentido el fallo proferido por el juez de primera instancia es un sobreseimiento definitivo a favor de su representada, mismo que se ha mantenido incólume su estado de inocencia. Arguye la recurrente que la plena prueba es la certeza de que el hecho histórico que se alega esta exento de toda duda o probabilidad conforme al análisis jurídico en base a la sana critica, utilizando como instrumento el correcto entendimiento humano, que se fundamenta en la lógica, las normas del derecho y la experiencia común. Dice la impetrante que la resolución impugnada violenta el debido proceso porque transgrede el procedimiento nominal en materia penal en lo relativo al Título VII de los medios de prueba, disposiciones generales artículo 198 ya que establece que la finalidad de los medios de prueba es el establecimiento de la verdad de los hechos y circunstancias mediante el estricto cumplimiento disposiciones del Código Procesal Penal, así mismo el artículo 199 adicionalmente establece que serán admitidos solamente aquellos medios de prueba que sean objetivamente confiables y pertinentes y el medio de prueba invocado por la Corte de Apelaciones había sido inadmitido por el juez competente, ya que la ofendida declararía en esa audiencia, ya que era testigo presencial y el juzgador tomo en cuenta ese extremo. Reafirma la impetrante que el Ministerio Público debió agotar la etapa investigativa y no apresurarse a presentar un requerimiento fiscal que no ha podido sustentar, ya que no tenia un tan solo medio de prueba y pretendiendo que la Juez A-quo aceptara un medio de prueba consistente en una declaración tomada en sede administrativa y no ante Juez competente y que fue hasta que la señora María Antonieta Mejía Sánchez en la audiencia inicial en su declaración que manifiesta cual fue la participación de la señora Reyna Gloria Carbajal.-CONSIDERANDO (5): Que en la formalización de la acción constitucional impetrada, el Abogado Defensor de la señora Mirian Ninoska Raudales Urbina, expresa que la resolución proferida por el A-quo mediante la abrumadora violación al debido proceso ya que el Ad-quem finca su resolución en situaciones y argumentación ajena a los motivos que sirvieron de fundamentos jurídicos al Tribunal A-quo, para fallar decretando un sobreseimiento definitivo, de allí que se puede apreciar que el fallo cuya asunción motiva la presente acción constitucional de amparo, motivando su resolución en hechos materiales que no constituyen el mínimo indicio racional de participación en la comisión de un delito. Reafirma el impetrante que el tribunal Ad-quem subsume las acciones realizadas por su representada en tipos penales sin cumplir los requisitos exigidos para su tipificación, disminuyendo, restringiendo y tergiversando derechos y garantías establecidas en la Constitución de la República y Tratados Internacionales.- CONSIDERANDO (6): Que del examen de las diligencias esta Sala observa que la cuestión que se recurre en amparo, es la resolución de fecha dieciséis de marzo del año dos mil dieciséis, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, mediante la cual resuelve:(Sic)“1.-“Declarar HA LUGAR los recursos de apelación interpuestos. 2.- REVOCAR la resolución apelada, a fin de que el A-Quo dicte los correspondientes Autos de Formal Procesamiento…” (Folios del cuatrocientos seis (F-406) al cuatrocientos trece (F-413) de la Pieza de antecedentes). CONSIDERANDO (7): Que como ya lo ha reiterado esta Sala de lo Constitucional en diferentes sentencias, el Debido Proceso supone una serie de derechos que deben ser respetados en todo proceso, ello para garantizar la tutela judicial efectiva de cada uno de los interesados que concurren a los órganos jurisdiccionales en amparo de sus pretensiones, es así que el artículo 90 constitucional párrafo primero define: “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece”; entendiendo los recurrentes que el debido proceso constituye una garantía infranqueable para todo acto en el que se pretenda –legítimamente- imponer sanciones, cargas o castigos, que el mismo constituye un límite al abuso del poder de sancionar y con mayor razón, se considera un principio rector de la actuación administrativa del Estado y la obligación exigida a los juicios criminales; asimismo los recurrentes exponen que conforme al debido proceso el ejercicio del poder público debe estar sometido a la voluntad de la ley y de su jurisdicción y no a la voluntad de una persona o a la voluntad del ente acusador; en ese orden de ideas los recurrentes estiman vulnerado el debido proceso al no realizarse a su criterio una valoración adecuada por parte del Ad-quem, a la prueba evacuada en la Audiencia Inicial celebrada, que culminó con una resolución en fecha doce de enero del año dos mil dieciséis, resolución que fue revocada por el Tribunal de Alzada, acto éste último que es recurrido en amparo; es menester entonces señalar lo que dispone el artículo 202 del Código Procesal Penal: “Valoración de las pruebas. La sana crítica. Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica. El órgano jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida”.-CONSIDERANDO (8): Que conforme lo manda el artículo 202 citado en el acápite anterior, la prueba será valorada con arreglo a la sana crítica, conforme a ello, el juez al valorar la prueba debe sujetarse a criterios de pensamiento racionales y lógicos, que haya adquirido a lo largo de su formación humana e íntimamente relacionado con el devenir en la resolución de conflictos que se presentan a diario en los tribunales y sometidos a su conocimiento, en palabras de Diego Diez[1] “Lo que viene a consagrar en este precepto es el principio de libre valoración de la prueba; libertad de valoración cuyo norte han de ser las reglas de la sana crítica que en definitiva nos ponen en el terreno del sentido común guiado por la experiencia profesional. No significa, por tanto libre arbitrio, ni posibilidad de dar entrada a la “ciencia privada”,…”.-CONSIDERANDO (9): Que la valoración de la prueba debe realizarse libremente por el Juez decisor y conforme a ello no puede pronunciarse la Sala en establecer como se hará la valoración de la prueba evacuada en una audiencia, pues ello es una cuestión de instancia, que corresponde resolverse ante los órganos jurisdiccionales correspondientes; en ese sentido analizada que ha sido la resolución proferida por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, en fecha dieciséis de de marzo del año dos mil dieciséis, se observa que se ha realizado en forma conjunta y armónica la valoración de la prueba producida en Audiencia Inicial, que se han observado y respetado las reglas de la sana crítica que aduce el recurrente vulnerado, asimismo la resolución impugnada se encuentra debidamente motivada y razonada de una manera lógica y coherente, a efecto de producir en las partes la convicción respecto a la decisión de fondo adoptada, asimismo la declaración que ha tenido a bien ilustrar en la motivación de su resolución el Tribunal Ad-quem, es la rendida por la señora María Antonieta Mejía Sánchez ante el Juez A-quo y no la rendida en sede administrativa como indica el recurrente, declaración que se observa a folios doscientos sesenta y dos (F-262V) y doscientos sesenta y tres frente y vuelto (F-263fv) de la pieza de antecedentes, en tal sentido luego de la valoración de la prueba, el Tribunal de Alzada ha formado su convicción y ha procedido a revocar en consecuencia la resolución emitida por el A-quo.-CONSIDERANDO (10): Que la Sala de lo Constitucional no tiene dentro de la esfera de sus atribuciones, potestad de pronunciarse sobre la valoración de medios de prueba evacuados en una audiencia, ya que dicha función jurisdiccional es exclusiva de los Jueces de Instancia. Compete a la Sala, como se ha manifestado en otras sentencias, pronunciarse sobre cuestiones de mera constitucionalidad, lo que no sucede en el caso que nos ocupa. Se debe señalar que los recurrentes en amparo exponen la vulneración del derecho al debido proceso, trasgresión que no se observa, ya que tanto en el Juzgado de Instrucción y en el Tribunal de Alzada, se escucho a los recurrentes en sus pretensiones, se les dio la oportunidad de proponer y evacuar medios de pruebas, recibiendo las respuestas jurisdiccionales en el tiempo establecido, todo ello haciendo prevalecer el debido proceso y consecuentemente en respeto al imperio de la ley, haciendo efectiva la tutela de los derechos y garantías reconocidos en la Constitución de la República, que arguyen vulnerados, concluyendo esta Sala que el obtener respuestas jurisdiccionales contrarias a las pretensiones de las partes, no es indicativo de vulneración de derechos fundamentales.-CONSIDERANDO (11): Que a modo de conclusión podemos afirmar, que en la motivación externada por el Tribunal ad-quem al declarar ha Lugar los recursos de apelación interpuestos y a su vez revocar la resolución apelada y que fuera dictada por el A-quo, no ha vulnerado en perjuicio de las encausadas los derechos constitucionales invocados. Conclusión a la que arriba esta Sala, ya que siendo el auto de formal procesamiento una valoración o juicio de carácter hipotético y esencialmente provisional, el mismo es susceptible de que en otra etapa ulterior del proceso puede ser revocado o modificado de acuerdo a las reglas establecidas por el Código Procesal Penal, en ese sentido la evidencia probatoria a la que alude el artículo 92 de la Constitución de la República, como presupuesto para dictar el auto de formal procesamiento, debe ser interpretada, no como equivalente a la ausencia de toda duda razonable acerca de la existencia de un hecho típicamente antijurídico, sino la existencia de buenas razones para concluir provisionalmente que la afirmación del Ministerio Público tiene grandes probabilidades de ser cierta; en ese orden de ideas el ad-quem ha considerado que los elementos probatorios hasta ahora aportados en el proceso son suficientes para sustentar la resolución recurrida, y por ello ha revocado la resolución dictada por el A-quo, ordenando a este ultimo dicte los correspondientes Autos de Formal Procesamiento.-CONSIDERANDO (12): Que al haberse determinado la no vulneración de los derechos fundamentales señalados, se estima procedente denegar el recurso de amparo que ahora se conoce. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos, en nombre del Estado de Honduras, y con fundamento en los artículos 1, 80, 88, 90 párrafo primero, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1), 321 de la Constitución de la República; 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 y 25 de Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3 No. 2), 5, 9 No. 3) literal b), 56, 63, 67, 71 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1, 2, 4, 8, 13 y 202 del Código Procesal Penal; FALLA: 1.-Denegando las acciones constitucionales de amparo interpuestas por los Abogados NILIA RAQUEL RAMOS G., a favor de la señora REYNA GLORIA CARBAJAL MOLINA y GERMAN SALOMON AMADOR BERRIOS, a favor de la señora MIRIAN NINOZKA RAUDALES URBINA, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha dieciséis de marzo del año dos mil dieciséis. 2.-Dejese sin valor ni efecto la medida cautelar de SUSPENSIÓN PROVISIONAL DEL ACTO RECLAMADO, decretada por esta Sala de lo Constitucional, en providencia de fecha veintisiete de julio del año dos mil dieciséis, en la acción constitucional de amparo interpuesta a favor de la señora REYNA GLORIA CARBAJAL MOLINA. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes.- Redactó la Magistrada Reina Auxiliadora Hércules Rosa.- NOTÍFIQUESE.-Firmas y Sello. Abogada LIDIA ALVAREZ SAGASTUME, MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL .- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, M.D.C., a los nueve días del mes de agosto del año dos mil diecisiete.-VISTO: el recurso de reposición interpuesto por la Abogada NILIA RAQUEL RAMOS E.; en su condición de Apoderada Legal de la señora REYNA GLORIA CARBAJAL MOLINA, contra la sentencia dictada por esta Sala de lo Constitucional en fecha, veintisiete (27) de enero del presente año dos mil diecisiete (2017), y por la cual se falla Denegando las acciones constitucionales de Amparo interpuestas por los Abogados NILIA RAQUEL RAMOS a favor de la señora REYNA GLORIA CARBAJAL MOLINA y GERMAN SALOMON AMADOR BERIIOS a favor de la señora MIRIAN NINOSKA RAUDALES URBINA, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, en fecha dieciséis (16) de marzo del año dos mil dieciséis (2016).-CONSIDERANDO (1): Que conforme lo establece el párrafo final del artículo 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, contra los fallos proferidos por unanimidad de la Sala de lo Constitucional, sólo cabra el recurso de reposición, mismo que podrá ser interpuesto en el acto de la notificación o al día siguiente al de su notificación por la tabla de avisos del despacho.-CONSIDERANDO (2): Que vista la petición de la recurrente, se aprecia de el mismo que ésta fundamenta su recurso arguyendo que: 1.- La pretensión planteada en la acción de amparo es y ha sido sostener que la decisión del Juez Ad-quem de fecha dieciséis de marzo del año dos mil dieciséis es violatoria de los derechos y garantías contenidas en los artículos 69, 89, 90, 92 y 303 de la Constitucion de la República, así como el artículo 9, 10 y 11 de la (Sic) Convención Universal de Derechos Humanos y 18 de la (Sic) Convención Americana de Derechos y Deberes del Hombre, es decir que la resolución impugnada violenta principios básicos y preceptos constitucionales porque no valoraron el único medio de prueba que fue proporcionado por la victima en audiencia inicial de fecha doce de enero del año dos mil dieciséis, la declaración de la señora Maria Antonieta Mejía Sánchez; 2.- Que como se observa con la declaración ante Juez competente la señora Maria Antonieta Mejía Sánchez en la declaración en audiencia inicial dice cual es la participación de la señora Gloria Reyna Carbajal Molina, misma que el tribunal de primera instancia tomo en cuenta y fue por ello que Sobreseyó a mi representada, ya que no encontró ningún indicio racional de que hubiese participado en una acción tipificada como delito ni como autor, tampoco como cómplice ya que lo que ella hizo fue dirigir a la señora Maria Antonieta hacia donde se encontraba Sandra Zerón que era la persona a quien buscaba ella y a quien le habían dicho en ventanilla que buscara; 2.- Sostiene la impetrante que si se violento el debido proceso en virtud de no haber tomado en cuenta lo que específica el artículo 202 del Código Procesal Penal con relación a la valoración de las pruebas, las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica, el órgano jurisdiccional formara su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida y definitivamente la Corte de Apelaciones no valoró la prueba producida en audiencia inicial como fue la declaración rendida ante ese tribunal, mas sin embargo, sostiene la recurrente, esta clara que el tribunal de primera instancia si lo hizo ya que no encontró ninguna responsabilidad de que su representada hubiese cometido delito o falta alguna.-CONSIDERANDO (3): Que quien se sienta agraviado por una resolución o sentencia, emitida por un juez o tribunal puede impugnarlas, a efecto de subsanar los errores de fondo o los vicios de forma en que se haya incurrido al dictarla; dicho así el recurso de reposición es un medio procesal para la impugnación de las sentencias emitidas por la Sala de lo Constitucional, ello con el propósito de hacer valer el derecho a la tutela judicial efectiva, enunciado por la Constitución de la República y por los tratados internacionales suscritos por Honduras, definido como el derecho de poder acudir a los órganos jurisdiccionales del estado a fin de obtener una respuesta en tutela a las pretensiones de los interesados, en el sentido de obtener una resolución de fondo jurídicamente razonada, siempre que se den los presupuestos procesales para tal conocimiento y que sea congruente con los postulados de las partes al caso concreto.-CONSIDERANDO (4): Que es menester mencionar que la decisión emitida por esta Sala de lo Constitucional, no vulnera ningún derecho fundamental al recurrente, en tanto: 1.- Que analizada que ha sido la resolución proferida por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, en fecha dieciséis de de marzo del año dos mil dieciséis, se observa que se ha realizado en forma conjunta y armónica la valoración de la prueba producida en Audiencia Inicial, que se han observado y respetado las reglas de la sana crítica que aduce el recurrente vulnerado, asimismo la resolución impugnada se encuentra debidamente motivada y razonada de una manera lógica y coherente, a efecto de producir en las partes la convicción respecto a la decisión de fondo adoptada, asimismo la declaración que ha tenido a bien ilustrar en la motivación de su resolución el Tribunal Ad-quem, es la rendida por la señora María Antonieta Mejía Sánchez ante el Juez A-quo y no la rendida en sede administrativa como indica el recurrente, declaración que se observa a folios doscientos sesenta y dos (F-262V) y doscientos sesenta y tres frente y vuelto (F-263fv) de la pieza de antecedentes, en tal sentido luego de la valoración de la prueba, el Tribunal de Alzada ha formado su convicción y ha procedido a revocar en consecuencia la resolución emitida por el A-quo; 2.- Que la Sala de lo Constitucional no tiene dentro de la esfera de sus atribuciones, potestad de pronunciarse sobre la valoración de medios de prueba evacuados en una audiencia, ya que dicha función jurisdiccional es exclusiva de los Jueces de Instancia. Compete a la Sala, como se ha manifestado en otras sentencias, pronunciarse sobre cuestiones de mera constitucionalidad, lo que no sucede en el caso que nos ocupa. Se debe señalar que los recurrentes en amparo exponen la vulneración del derecho al debido proceso, trasgresión que no se observa, ya que tanto en el Juzgado de Instrucción y en el Tribunal de Alzada, se escucho a los recurrentes en sus pretensiones, se les dio la oportunidad de proponer y evacuar medios de pruebas, recibiendo las respuestas jurisdiccionales en el tiempo establecido, todo ello haciendo prevalecer el debido proceso y consecuentemente en respeto al imperio de la ley, haciendo efectiva la tutela de los derechos y garantías reconocidos en la Constitución de la República, que arguyen vulnerados, concluyendo esta Sala que el obtener respuestas jurisdiccionales contrarias a las pretensiones de las partes, no es indicativo de vulneración de derechos fundamentales.-CONSIDERANDO (5): Que las pretensiones expuestas por la recurrente Abogada NILIA RAQUEL RAMOS G., en el recurso de reposición no son de recibo, ya que en la Sentencia emitida por este Alto Tribunal en fecha veintisiete (27) de enero del presente año dos mil diecisiete (2017), que corre agregada en autos se establece claramente las razones que esta Sala ha estimado para denegar el recurso de amparo impetrado, y con ello se explican los motivos legales que conllevan a la denegatoria de la acción constitucional de amparo de mérito. En ese orden de idea se estima que la resolución recurrida, esta dictada de acuerdo a derecho congruente, en virtud de no existir razones de fondo o forma para proceder a su enmienda.-CONSIDERANDO (6): Que el Tribunal ante quien se pida la reposición deberá, sin más trámite, denegar o enmendar la providencia o sentencia, según lo creyere de derecho. POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Constitucional y en aplicación de los artículos 82, 90, 183, 303, 304, 313 atribución 5ta., y 316 de la Constitución de la República; 78 atribución 5ta., de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 4 Nº 7 y Nº 8, 119, 120 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: DECLARAR NO HA LUGAR el recurso de reposición interpuesto por la Abogada NILIA RAQUEL RAMOS G., por las razones que se dejan ya señaladas. Y MANDA: Que el Secretario del Despacho notifique lo resuelto a la recurrente para los efectos legales que en derecho correspondan.- Redactó la Magistrada Reina Auxiliadora Hércules Rosa.- NOTIFÍQUESE. Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA , MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL .- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME, Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los nueve (9) días del mes de febrero del año dos mil dieciocho (2018), Certificación de la Sentencia de fecha veintisiete (27) de enero y Resolución de fecha nueve (9) de agosto del año dos mil diecisiete (2017) recaídas en el Amparo Penal (acumulado), registrado en este Tribunal bajo el número 632 y 646-2016.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia Y Resolución que literalmente dicen: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA,SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintisiete días del mes de enero del dos mil diecisiete. VISTO: Para dictar sentencia en los Recursos de Amparo interpuestos por los Abogados I. NELSON OMAR RODEZNO CRUZ a favor de la señora REYNA GLORIA CARBAJAL MOLINA, (Reg. No 632-2016) y II. GERMAN SALOMON AMADOR BERRIOS favor de la señora MIRIAN NINOZKA RAUDALES URBINA, ambos contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal del departamento de Francisco Morazán, en fecha dieciséis de marzo del año dos mil dieciséis, que resolvió los recursos de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en fecha doce de enero del año dos mil dieciséis, con relación a la causa instruida contra las señoras SANDRA MARGARITA RUBIO RAMIREZ y MIRIAM NINOSKA RAUDALES URBINA, por suponerlas responsables a título de autores directos de los delitos de ESTAFA, FRAUDE Y DELITO CONTRA LA ADMINISTRACIÓN DE FONDOS PÚBLICOS Y PRIVADOS DE JUBILACIONES Y PENSIONES, en perjuicio de la señora MARIA ANTONIETA MEJÍA SÁNCHEZ y el INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP) POR ENDE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA y contra la señora REYNA GLORIA CARBAJAL MOLINA en calidad de cómplice por los delitos de ESTAFA, FRAUDE Y DELITO CONTRA LA ADMINISTRACIÓN DE FONDOS PÚBLICOS Y PRIVADOS DE JUBILICIONES Y PENSIONADOS, en perjuicio de la señora MARIA ANTONIETA MEJÍA SÁNCHEZ y el INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), POR ENDE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. Estiman los recurrentes que con el acto reclamado se han violentado en perjuicio de sus representadas lo dispuesto en los artículos 64, 69, 89 90, 92 y 303 de la Constitución de la República; 8 y 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; y 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.-ANTECEDENTES:1) Que en fecha siete de noviembre del año dos mil quince, compareció ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, la Abogada JEIMY CAROLINA CACERES WATSON, actuando en su condición de Agente de Tribunales del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal, contra las señoras SANDRA MARGARITA RUBIO RAMIREZ y MIRIAM NINOSKA RAUDALES URBINA, por suponerlas responsables a titulo de autores directos de los delitos de ESTAFA, FRAUDE Y DELITO CONTRA LA ADMINISTRACIÓN DE FONDOS PÚBLICOS Y PRIVADOS DE JUBILACIONES Y PENSIONES, en perjuicio de la señora MARIA ANTONIETA MEJÍA SÁNCHEZ y el INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP) POR ENDE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA y contra la señora REYNA GLORIA CARBAJAL MOLINA en calidad de cómplice por los delitos de ESTAFA, FRAUDE Y DELITO CONTRA LA ADMINISTRACIÓN DE FONDOS PÚBLICOS Y PRIVADOS DE JUBILICIONES Y PENSIONADOS, en perjuicio de la señora MARIA ANTONIETA MEJÍA SÁNCHEZ y el INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), POR ENDE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. (Folios del número dos (F-2) al folio número diez (F-10) de la pieza de antecedentes).-2) Que seguido el trámite correspondiente, en fecha doce de enero del año dos mil dieciséis, el referido Juzgado, en celebración de la Audiencia Inicial resolvió: (Sic) “DECRETA: 1) AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO en contra de SANDRA MARGARITA RUBIO RAMÍREZ por suponerla responsable del delito de ESTAFA en perjuicio de la señora MARIA ANTONIETA MEJIA SANCHEZ.- 2) AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO en contra de SANDRA MARGARITA RUBIO RAMIREZ por suponerla responsable del delito de FRAUDE en perjuicio de LA ADMINSTRACION DE FONDOS PUBLICOS Y PRIVADOS DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DE FUNCINARIOS DEL PODER EJECUTIVO, por ende LA ADMINIISTRACION PUBLICA.- 3) Imponiéndole como medida cautelar la PRISIÓN PREVENTIVA establecida en el artículo 173 en su numeral 3, misma que cumplirá en la Penitenciaría Nacional de Tamara Departamento de Francisco Morazán, por lo que esta medida se mantendrá hasta la celebración del juicio oral y público si es que llegaste a esta etapa procesal.- 4) SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO a favor de la señora REYNA GLORIA CARBAJAL MOLINA a quien se le instruyó proceso en su calidad de COMPLICE por el delito de ESTAFA en perjuicio de MARIA ANTONIETA MEJIA SANCHEZ.- 5) SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO a favor de la señora REYNA GLORIA CARBAJAL MOLINA a quien se le instruyó proceso en su calidad de COMPLICE por el delito de FRAUDE en perjuicio de LA ADMINSTRACION DE FONDOS PUBLICOS Y PRIVADOS DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO, por ende la ADMINISTRACION PUBLICA.- 6) SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO a favor de la señora MIRIAM NINOSKA RAUDALES URBINA a quien se le instruyó proceso por el delito de ESTAFA en perjuicio de MARIA ANTONIETA MEJIA SANCHEZ.- 7) SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO a favor de la señora MIRIAM NISNOSKA RAUDALES URBINA a quien se le instruyó proceso por el delito de FRAUDE en perjuicio de LA ADMINSTRACION DE FONDOS PUBLICOS Y PRIVADOS DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO, por ende la ADMINIISTRACION PUBLICA…” (Folios del número doscientos cincuenta y siete (F-257) al folio número doscientos ochenta (F-280) de la pieza de los antecedentes).-3) Que en fecha dieciséis de marzo del año dos mil dieciséis, la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, resolviendo los Recurso de Apelación interpuestos por el Apoderado Legal del INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP) y por las Abogadas Karla María Martínez y Jeimy Carolina Cáceres Watson, en su condición de Agentes de Tribunales del Ministerio Público, dictó auto que en su parte dispositiva resuelve: (Sic) “1.-“Declarar HA LUGAR los recursos de apelación interpuestos. 2.- REVOCAR la resolución apelada, a fin de que el A-Quo dicte los correspondientes Autos de Formal Procesamiento…” (Folios del cuatrocientos seis (F-406) al cuatrocientos trece (F-413) de la Pieza de antecedentes).-4) Que en fecha veinticuatro de junio del año dos mil dieciséis, compareció ante este Alto Tribunal el Abogado NELSON OMAR RODEZNO CRUZ, interponiendo Recurso de Amparo a favor de la señora REYNA GLORIA CARBAJAL MOLINA, (Reg. No 632-2016), afirmando que la decisión del Ad-quem de fecha dieciséis de marzo del año dos mil dieciséis, es violatoria de los derechos y garantías contenidos en los artículos 69, 89, 90, 92 y 303 de la Constitución de la República; 8, 10 y 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; y 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Admitiéndose la relacionada acción constitucional con suspensión provisional del acto reclamado y bajo la responsabilidad del recurrente, ello mediante providencia de fecha veintisiete de julio del año dos mil dieciséis y teniendo por formalizado el recurso esta Sala de lo Constitucional en fecha veinticuatro de octubre del año dos mil dieciséis. (Folios número diez (F-10) y ochenta y tres (F-83) de la pieza de Amparo).-5) Que en fecha veintiocho de junio del año dos mi dieciséis, compareció ante este Alto Tribunal el Abogado GERMAN SALOMON AMADOR BERRIOS, interponiendo acción constitucional de amparo a favor de la señora MIRIAN NINOZKA RAUDALES URBINA, afirmando que la decisión del Ad-quem de fecha dieciséis de marzo del año dos mil dieciséis, es violatoria de las garantías contenidas en los artículos 64, 82, 89 y 90 de la Constitución de la República. Teniendo por formalizado el recurso esta Sala en fecha veinticuatro de octubre del año dos mil dieciséis.-6) Que en fecha cinco de septiembre del año dos mil dieciséis, esta Sala de lo Constitucional resolvió acumular los amparos antes descritos al apreciar que las acciones constitucionales intentadas se dirigen contra el mismo acto, siendo lo procedente para efectos de mantener la unidad y continencia de la causa y que las mismas produzcan una sola sentencia. (Folio número sesenta y tres (F-63) de la pieza de Amparo).-CONSIDERANDO (1): Que el Estado reconoce la garantía de amparo, por ello y conforme a lo establecido en el artículo 183 de la Constitución de la República, en relación al artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, toda persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta, puede interponer recurso de amparo, para que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen y para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución.-CONSIDERANDO (2): Que del examen de las diligencias, que forman los antecedentes, se observa, que el caso traído a esta Sala y por el cual se está solicitando garantía constitucional de Amparo, tiene su origen en fecha siete de noviembre del año dos mil quince, fecha en la que compareció ante el Juzgado de Letras de lo Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, la Abogada JEIMY CAROLINA CÁCERES WATSON, en su condición de Agente de Tribunales del Ministerio Público, presentando Requerimiento Fiscal en contra de las señora SANDRA MARGARITA RUBIO RAMIREZ y MIRIAM NINOSKA RAUDALES URBINA, por suponerlas responsables a título de autores directos de los delitos de ESTAFA, FRAUDE Y DELITO CONTRA LA ADMINISTRACIÓN DE FONDOS PÚBLICOS Y PRIVADOS DE JUBILACIONES Y PENSIONE, en perjuicio de la señora MARIA ANTONIETA MEJÍA SÁNCHEZ y el INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP) POR ENDE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA y contra la señora REYNA GLORIA CARBAJAL MOLINA en calidad de cómplice por los delitos de ESTAFA, FRAUDE Y DELITO CONTRA LA ADMINISTRACIÓN DE FONDOS PÚBLICOS Y PRIVADOS DE JUBILICIONES Y PENSIONADOS, en perjuicio de la señora MARIA ANTONIETA MEJÍA SÁNCHEZ y el INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), POR ENDE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.-CONSIDERANDO (3): Que en fechas veinticuatro y veintiocho de junio del año dos mil dieciséis, comparecieron ante este Alto Tribunal, los Abogados NELSON OMAR RODEZNO CRUZ y GERMAN SALOMON AMADOR BERRIOS, interponiendo Acción de Amparo a favor de las señoras REYNA GLORIA CARBAJAL MOLINA y MIRIAN NINOZKA RAUDALES URBINA, respectivamente, contra la resolución de fecha dieciséis de marzo del año dos mil dieciséis, emitida por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, que resuelve el Recurso de Apelación interpuesto por al Apoderado Legal del INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP) y las Agentes de Tribunales del Ministerio Público, contra la resolución de fecha doce de enero del año dos mil dieciséis, dictada en Audiencia Inicial, por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en el proceso iniciado en contra de las señoras REYNA GLORIA CARBAJAL MOLINA y MIRIAN NINOZKA RAUDALES URBINA; resolución que declara por unanimidad de votos Ha Lugar los recursos de Apelación interpuesto y revoca la resolución apelada, a fin que el A-quo dicte los correspondientes Autos de Formal Procesamiento; consideran los recurrentes en amparo que la resolución antes referida violenta las garantías y derechos contenidos en los artículos 64, 69, 89 90, 92 y 303 de la Constitución de la República; 8 y 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; y 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.- CONSIDERANDO (4): Que en la formalización de la acción constitucional impetrada, la Abogada Defensora Privada de la señora Reyna Gloria Carbajal Molina, sostiene que la resolución impugnada violenta principios básicos y preceptos constitucionales, pues en su hecho primero al décimo y su tercera motivación de dicha resolución no valoraron el único medio de prueba que fue proporcionado por la víctima, en donde se descarta totalmente que la señora Carbajal Molina haya participado en dicho asunto, en tal sentido el fallo proferido por el juez de primera instancia es un sobreseimiento definitivo a favor de su representada, mismo que se ha mantenido incólume su estado de inocencia. Arguye la recurrente que la plena prueba es la certeza de que el hecho histórico que se alega esta exento de toda duda o probabilidad conforme al análisis jurídico en base a la sana critica, utilizando como instrumento el correcto entendimiento humano, que se fundamenta en la lógica, las normas del derecho y la experiencia común. Dice la impetrante que la resolución impugnada violenta el debido proceso porque transgrede el procedimiento nominal en materia penal en lo relativo al Título VII de los medios de prueba, disposiciones generales artículo 198 ya que establece que la finalidad de los medios de prueba es el establecimiento de la verdad de los hechos y circunstancias mediante el estricto cumplimiento disposiciones del Código Procesal Penal, así mismo el artículo 199 adicionalmente establece que serán admitidos solamente aquellos medios de prueba que sean objetivamente confiables y pertinentes y el medio de prueba invocado por la Corte de Apelaciones había sido inadmitido por el juez competente, ya que la ofendida declararía en esa audiencia, ya que era testigo presencial y el juzgador tomo en cuenta ese extremo. Reafirma la impetrante que el Ministerio Público debió agotar la etapa investigativa y no apresurarse a presentar un requerimiento fiscal que no ha podido sustentar, ya que no tenia un tan solo medio de prueba y pretendiendo que la Juez A-quo aceptara un medio de prueba consistente en una declaración tomada en sede administrativa y no ante Juez competente y que fue hasta que la señora María Antonieta Mejía Sánchez en la audiencia inicial en su declaración que manifiesta cual fue la participación de la señora Reyna Gloria Carbajal.-CONSIDERANDO (5): Que en la formalización de la acción constitucional impetrada, el Abogado Defensor de la señora Mirian Ninoska Raudales Urbina, expresa que la resolución proferida por el A-quo mediante la abrumadora violación al debido proceso ya que el Ad-quem finca su resolución en situaciones y argumentación ajena a los motivos que sirvieron de fundamentos jurídicos al Tribunal A-quo, para fallar decretando un sobreseimiento definitivo, de allí que se puede apreciar que el fallo cuya asunción motiva la presente acción constitucional de amparo, motivando su resolución en hechos materiales que no constituyen el mínimo indicio racional de participación en la comisión de un delito. Reafirma el impetrante que el tribunal Ad-quem subsume las acciones realizadas por su representada en tipos penales sin cumplir los requisitos exigidos para su tipificación, disminuyendo, restringiendo y tergiversando derechos y garantías establecidas en la Constitución de la República y Tratados Internacionales.- CONSIDERANDO (6): Que del examen de las diligencias esta Sala observa que la cuestión que se recurre en amparo, es la resolución de fecha dieciséis de marzo del año dos mil dieciséis, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, mediante la cual resuelve:(Sic)“1.-“Declarar HA LUGAR los recursos de apelación interpuestos. 2.- REVOCAR la resolución apelada, a fin de que el A-Quo dicte los correspondientes Autos de Formal Procesamiento…” (Folios del cuatrocientos seis (F-406) al cuatrocientos trece (F-413) de la Pieza de antecedentes). CONSIDERANDO (7): Que como ya lo ha reiterado esta Sala de lo Constitucional en diferentes sentencias, el Debido Proceso supone una serie de derechos que deben ser respetados en todo proceso, ello para garantizar la tutela judicial efectiva de cada uno de los interesados que concurren a los órganos jurisdiccionales en amparo de sus pretensiones, es así que el artículo 90 constitucional párrafo primero define: “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece”; entendiendo los recurrentes que el debido proceso constituye una garantía infranqueable para todo acto en el que se pretenda –legítimamente- imponer sanciones, cargas o castigos, que el mismo constituye un límite al abuso del poder de sancionar y con mayor razón, se considera un principio rector de la actuación administrativa del Estado y la obligación exigida a los juicios criminales; asimismo los recurrentes exponen que conforme al debido proceso el ejercicio del poder público debe estar sometido a la voluntad de la ley y de su jurisdicción y no a la voluntad de una persona o a la voluntad del ente acusador; en ese orden de ideas los recurrentes estiman vulnerado el debido proceso al no realizarse a su criterio una valoración adecuada por parte del Ad-quem, a la prueba evacuada en la Audiencia Inicial celebrada, que culminó con una resolución en fecha doce de enero del año dos mil dieciséis, resolución que fue revocada por el Tribunal de Alzada, acto éste último que es recurrido en amparo; es menester entonces señalar lo que dispone el artículo 202 del Código Procesal Penal: “Valoración de las pruebas. La sana crítica. Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica. El órgano jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida”.-CONSIDERANDO (8): Que conforme lo manda el artículo 202 citado en el acápite anterior, la prueba será valorada con arreglo a la sana crítica, conforme a ello, el juez al valorar la prueba debe sujetarse a criterios de pensamiento racionales y lógicos, que haya adquirido a lo largo de su formación humana e íntimamente relacionado con el devenir en la resolución de conflictos que se presentan a diario en los tribunales y sometidos a su conocimiento, en palabras de Diego Diez[2] “Lo que viene a consagrar en este precepto es el principio de libre valoración de la prueba; libertad de valoración cuyo norte han de ser las reglas de la sana crítica que en definitiva nos ponen en el terreno del sentido común guiado por la experiencia profesional. No significa, por tanto libre arbitrio, ni posibilidad de dar entrada a la “ciencia privada”,…”.-CONSIDERANDO (9): Que la valoración de la prueba debe realizarse libremente por el Juez decisor y conforme a ello no puede pronunciarse la Sala en establecer como se hará la valoración de la prueba evacuada en una audiencia, pues ello es una cuestión de instancia, que corresponde resolverse ante los órganos jurisdiccionales correspondientes; en ese sentido analizada que ha sido la resolución proferida por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, en fecha dieciséis de de marzo del año dos mil dieciséis, se observa que se ha realizado en forma conjunta y armónica la valoración de la prueba producida en Audiencia Inicial, que se han observado y respetado las reglas de la sana crítica que aduce el recurrente vulnerado, asimismo la resolución impugnada se encuentra debidamente motivada y razonada de una manera lógica y coherente, a efecto de producir en las partes la convicción respecto a la decisión de fondo adoptada, asimismo la declaración que ha tenido a bien ilustrar en la motivación de su resolución el Tribunal Ad-quem, es la rendida por la señora María Antonieta Mejía Sánchez ante el Juez A-quo y no la rendida en sede administrativa como indica el recurrente, declaración que se observa a folios doscientos sesenta y dos (F-262V) y doscientos sesenta y tres frente y vuelto (F-263fv) de la pieza de antecedentes, en tal sentido luego de la valoración de la prueba, el Tribunal de Alzada ha formado su convicción y ha procedido a revocar en consecuencia la resolución emitida por el A-quo.-CONSIDERANDO (10): Que la Sala de lo Constitucional no tiene dentro de la esfera de sus atribuciones, potestad de pronunciarse sobre la valoración de medios de prueba evacuados en una audiencia, ya que dicha función jurisdiccional es exclusiva de los Jueces de Instancia. Compete a la Sala, como se ha manifestado en otras sentencias, pronunciarse sobre cuestiones de mera constitucionalidad, lo que no sucede en el caso que nos ocupa. Se debe señalar que los recurrentes en amparo exponen la vulneración del derecho al debido proceso, trasgresión que no se observa, ya que tanto en el Juzgado de Instrucción y en el Tribunal de Alzada, se escucho a los recurrentes en sus pretensiones, se les dio la oportunidad de proponer y evacuar medios de pruebas, recibiendo las respuestas jurisdiccionales en el tiempo establecido, todo ello haciendo prevalecer el debido proceso y consecuentemente en respeto al imperio de la ley, haciendo efectiva la tutela de los derechos y garantías reconocidos en la Constitución de la República, que arguyen vulnerados, concluyendo esta Sala que el obtener respuestas jurisdiccionales contrarias a las pretensiones de las partes, no es indicativo de vulneración de derechos fundamentales.-CONSIDERANDO (11): Que a modo de conclusión podemos afirmar, que en la motivación externada por el Tribunal ad-quem al declarar ha Lugar los recursos de apelación interpuestos y a su vez revocar la resolución apelada y que fuera dictada por el A-quo, no ha vulnerado en perjuicio de las encausadas los derechos constitucionales invocados. Conclusión a la que arriba esta Sala, ya que siendo el auto de formal procesamiento una valoración o juicio de carácter hipotético y esencialmente provisional, el mismo es susceptible de que en otra etapa ulterior del proceso puede ser revocado o modificado de acuerdo a las reglas establecidas por el Código Procesal Penal, en ese sentido la evidencia probatoria a la que alude el artículo 92 de la Constitución de la República, como presupuesto para dictar el auto de formal procesamiento, debe ser interpretada, no como equivalente a la ausencia de toda duda razonable acerca de la existencia de un hecho típicamente antijurídico, sino la existencia de buenas razones para concluir provisionalmente que la afirmación del Ministerio Público tiene grandes probabilidades de ser cierta; en ese orden de ideas el ad-quem ha considerado que los elementos probatorios hasta ahora aportados en el proceso son suficientes para sustentar la resolución recurrida, y por ello ha revocado la resolución dictada por el A-quo, ordenando a este ultimo dicte los correspondientes Autos de Formal Procesamiento.-CONSIDERANDO (12): Que al haberse determinado la no vulneración de los derechos fundamentales señalados, se estima procedente denegar el recurso de amparo que ahora se conoce. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos, en nombre del Estado de Honduras, y con fundamento en los artículos 1, 80, 88, 90 párrafo primero, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1), 321 de la Constitución de la República; 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 y 25 de Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3 No. 2), 5, 9 No. 3) literal b), 56, 63, 67, 71 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1, 2, 4, 8, 13 y 202 del Código Procesal Penal; FALLA: 1.-Denegando las acciones constitucionales de amparo interpuestas por los Abogados NILIA RAQUEL RAMOS G., a favor de la señora REYNA GLORIA CARBAJAL MOLINA y GERMAN SALOMON AMADOR BERRIOS, a favor de la señora MIRIAN NINOZKA RAUDALES URBINA, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha dieciséis de marzo del año dos mil dieciséis. 2.-Dejese sin valor ni efecto la medida cautelar de SUSPENSIÓN PROVISIONAL DEL ACTO RECLAMADO, decretada por esta Sala de lo Constitucional, en providencia de fecha veintisiete de julio del año dos mil dieciséis, en la acción constitucional de amparo interpuesta a favor de la señora REYNA GLORIA CARBAJAL MOLINA. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes.- Redactó la Magistrada Reina Auxiliadora Hércules Rosa.- NOTÍFIQUESE.-Firmas y Sello. Abogada LIDIA ALVAREZ SAGASTUME, MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL .- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, M.D.C., a los nueve días del mes de agosto del año dos mil diecisiete.-VISTO: el recurso de reposición interpuesto por la Abogada NILIA RAQUEL RAMOS E.; en su condición de Apoderada Legal de la señora REYNA GLORIA CARBAJAL MOLINA, contra la sentencia dictada por esta Sala de lo Constitucional en fecha, veintisiete (27) de enero del presente año dos mil diecisiete (2017), y por la cual se falla Denegando las acciones constitucionales de Amparo interpuestas por los Abogados NILIA RAQUEL RAMOS a favor de la señora REYNA GLORIA CARBAJAL MOLINA y GERMAN SALOMON AMADOR BERIIOS a favor de la señora MIRIAN NINOSKA RAUDALES URBINA, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, en fecha dieciséis (16) de marzo del año dos mil dieciséis (2016).-CONSIDERANDO (1): Que conforme lo establece el párrafo final del artículo 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, contra los fallos proferidos por unanimidad de la Sala de lo Constitucional, sólo cabra el recurso de reposición, mismo que podrá ser interpuesto en el acto de la notificación o al día siguiente al de su notificación por la tabla de avisos del despacho.-CONSIDERANDO (2): Que vista la petición de la recurrente, se aprecia de el mismo que ésta fundamenta su recurso arguyendo que: 1.- La pretensión planteada en la acción de amparo es y ha sido sostener que la decisión del Juez Ad-quem de fecha dieciséis de marzo del año dos mil dieciséis es violatoria de los derechos y garantías contenidas en los artículos 69, 89, 90, 92 y 303 de la Constitucion de la República, así como el artículo 9, 10 y 11 de la (Sic) Convención Universal de Derechos Humanos y 18 de la (Sic) Convención Americana de Derechos y Deberes del Hombre, es decir que la resolución impugnada violenta principios básicos y preceptos constitucionales porque no valoraron el único medio de prueba que fue proporcionado por la victima en audiencia inicial de fecha doce de enero del año dos mil dieciséis, la declaración de la señora Maria Antonieta Mejía Sánchez; 2.- Que como se observa con la declaración ante Juez competente la señora Maria Antonieta Mejía Sánchez en la declaración en audiencia inicial dice cual es la participación de la señora Gloria Reyna Carbajal Molina, misma que el tribunal de primera instancia tomo en cuenta y fue por ello que Sobreseyó a mi representada, ya que no encontró ningún indicio racional de que hubiese participado en una acción tipificada como delito ni como autor, tampoco como cómplice ya que lo que ella hizo fue dirigir a la señora Maria Antonieta hacia donde se encontraba Sandra Zerón que era la persona a quien buscaba ella y a quien le habían dicho en ventanilla que buscara; 2.- Sostiene la impetrante que si se violento el debido proceso en virtud de no haber tomado en cuenta lo que específica el artículo 202 del Código Procesal Penal con relación a la valoración de las pruebas, las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica, el órgano jurisdiccional formara su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida y definitivamente la Corte de Apelaciones no valoró la prueba producida en audiencia inicial como fue la declaración rendida ante ese tribunal, mas sin embargo, sostiene la recurrente, esta clara que el tribunal de primera instancia si lo hizo ya que no encontró ninguna responsabilidad de que su representada hubiese cometido delito o falta alguna.-CONSIDERANDO (3): Que quien se sienta agraviado por una resolución o sentencia, emitida por un juez o tribunal puede impugnarlas, a efecto de subsanar los errores de fondo o los vicios de forma en que se haya incurrido al dictarla; dicho así el recurso de reposición es un medio procesal para la impugnación de las sentencias emitidas por la Sala de lo Constitucional, ello con el propósito de hacer valer el derecho a la tutela judicial efectiva, enunciado por la Constitución de la República y por los tratados internacionales suscritos por Honduras, definido como el derecho de poder acudir a los órganos jurisdiccionales del estado a fin de obtener una respuesta en tutela a las pretensiones de los interesados, en el sentido de obtener una resolución de fondo jurídicamente razonada, siempre que se den los presupuestos procesales para tal conocimiento y que sea congruente con los postulados de las partes al caso concreto.-CONSIDERANDO (4): Que es menester mencionar que la decisión emitida por esta Sala de lo Constitucional, no vulnera ningún derecho fundamental al recurrente, en tanto: 1.- Que analizada que ha sido la resolución proferida por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, en fecha dieciséis de de marzo del año dos mil dieciséis, se observa que se ha realizado en forma conjunta y armónica la valoración de la prueba producida en Audiencia Inicial, que se han observado y respetado las reglas de la sana crítica que aduce el recurrente vulnerado, asimismo la resolución impugnada se encuentra debidamente motivada y razonada de una manera lógica y coherente, a efecto de producir en las partes la convicción respecto a la decisión de fondo adoptada, asimismo la declaración que ha tenido a bien ilustrar en la motivación de su resolución el Tribunal Ad-quem, es la rendida por la señora María Antonieta Mejía Sánchez ante el Juez A-quo y no la rendida en sede administrativa como indica el recurrente, declaración que se observa a folios doscientos sesenta y dos (F-262V) y doscientos sesenta y tres frente y vuelto (F-263fv) de la pieza de antecedentes, en tal sentido luego de la valoración de la prueba, el Tribunal de Alzada ha formado su convicción y ha procedido a revocar en consecuencia la resolución emitida por el A-quo; 2.- Que la Sala de lo Constitucional no tiene dentro de la esfera de sus atribuciones, potestad de pronunciarse sobre la valoración de medios de prueba evacuados en una audiencia, ya que dicha función jurisdiccional es exclusiva de los Jueces de Instancia. Compete a la Sala, como se ha manifestado en otras sentencias, pronunciarse sobre cuestiones de mera constitucionalidad, lo que no sucede en el caso que nos ocupa. Se debe señalar que los recurrentes en amparo exponen la vulneración del derecho al debido proceso, trasgresión que no se observa, ya que tanto en el Juzgado de Instrucción y en el Tribunal de Alzada, se escucho a los recurrentes en sus pretensiones, se les dio la oportunidad de proponer y evacuar medios de pruebas, recibiendo las respuestas jurisdiccionales en el tiempo establecido, todo ello haciendo prevalecer el debido proceso y consecuentemente en respeto al imperio de la ley, haciendo efectiva la tutela de los derechos y garantías reconocidos en la Constitución de la República, que arguyen vulnerados, concluyendo esta Sala que el obtener respuestas jurisdiccionales contrarias a las pretensiones de las partes, no es indicativo de vulneración de derechos fundamentales.-CONSIDERANDO (5): Que las pretensiones expuestas por la recurrente Abogada NILIA RAQUEL RAMOS G., en el recurso de reposición no son de recibo, ya que en la Sentencia emitida por este Alto Tribunal en fecha veintisiete (27) de enero del presente año dos mil diecisiete (2017), que corre agregada en autos se establece claramente las razones que esta Sala ha estimado para denegar el recurso de amparo impetrado, y con ello se explican los motivos legales que conllevan a la denegatoria de la acción constitucional de amparo de mérito. En ese orden de idea se estima que la resolución recurrida, esta dictada de acuerdo a derecho congruente, en virtud de no existir razones de fondo o forma para proceder a su enmienda.-CONSIDERANDO (6): Que el Tribunal ante quien se pida la reposición deberá, sin más trámite, denegar o enmendar la providencia o sentencia, según lo creyere de derecho. POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Constitucional y en aplicación de los artículos 82, 90, 183, 303, 304, 313 atribución 5ta., y 316 de la Constitución de la República; 78 atribución 5ta., de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 4 Nº 7 y Nº 8, 119, 120 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: DECLARAR NO HA LUGAR el recurso de reposición interpuesto por la Abogada NILIA RAQUEL RAMOS G., por las razones que se dejan ya señaladas. Y MANDA: Que el Secretario del Despacho notifique lo resuelto a la recurrente para los efectos legales que en derecho correspondan.- Redactó la Magistrada Reina Auxiliadora Hércules Rosa.- NOTIFÍQUESE. Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA , MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL .- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME, Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los nueve (9) días del mes de febrero del año dos mil dieciocho (2018), Certificación de la Sentencia de fecha veintisiete (27) de enero y Resolución de fecha nueve (9) de agosto del año dos mil diecisiete (2017) recaídas en el Amparo Penal (acumulado), registrado en este Tribunal bajo el número 632 y 646-2016.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1] de Diego Diez, Luis Alfredo. Cuadernos de Estudios Judiciales “Rafael Alvarado Manzano”, Los medios de prueba. LITOCOM, S de RL de CV, Tegucigalpa, Honduras. Agosto de 2001. Pág. 25.
[2] de Diego Diez, Luis Alfredo. Cuadernos de Estudios Judiciales “Rafael Alvarado Manzano”, Los medios de prueba. LITOCOM, S de RL de CV, Tegucigalpa, Honduras. Agosto de 2001. Pág. 25.