Sentencia AP-621-16 — Registro 9648
Resumen
En segunda instancia se declaro Ha Lugar Parcialmente el recurso de apelación interpuesto en consecuencia se revoca el auto de formal procesamiento y que se dicte Sobreseimiento Provisional a favor de dicho imputado.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… ´´CONSIDERANDO: (9) Que el Debido Proceso adjetivo o formal se entiende como un conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial. Así, si bien es cierto que los fallos han de respetar los principios del debido proceso formal y sustancial, también existiría una forma por la cual este fallo llegue a concretarse, y tutelar efectivamente la pretensión o derecho amparado. Este es el momento en el cual hace su aparición la tutela jurisdiccional efectiva, dado que un fallo justo y acorde con el procedimiento debido, no puede quedarse como certeza jurídica ideal, sino que ha de satisfacer materialmente el derecho reconocido. El Estado tiene la obligación de reconocer un conjunto de garantías institucionales que permitan el ejercicio del debido proceso en toda persona. Todos los ciudadanos tienen derecho a acudir a los tribunales para obtener protección de sus intereses o derechos, a través de un proceso que respete tanto los derechos del demandante como los del demandado y que además el resultado de éste se encuentre asegurado, garantizando la tutela judicial contenida en el derecho interno y en los tratados y convenciones internacionales suscritos por el Estado para proteger los derechos y libertades del ciudadano contra actos u omisiones de las autoridades públicas, ejecutivas, judiciales o legislativas. De acuerdo a este orden de ideas y al estudio del caso en concreto, esta sala aprecia que existe vulneración al Debido Proceso invocado por el Ente Acusador, por lo que procede Otorgar la Acción de amparo interpuesta.- CONSIDERANDO: (10) Que como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico.´´
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, treinta de noviembre de dos mil diecisiete.-VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por la abogada SUSSY G. COELLO GARCIA, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán en fecha cinco (5) de noviembre del año dos mil quince (2015), que declaró Ha Lugar Parcialmente un recurso de apelación y Revocó el Auto de Formal Procesamiento dictado por el Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, en fecha veintinueve (29) de junio del año dos mil quince (2015); en la causa instruida contra el señor KEVIN EDGARDO VARGAS MEZA, por suponerlo responsable del delito ASOCIACION ILICITA, en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS .- Afirmando el recurrente que la decisión del Ad-quem, es violatoria de lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución de la República. –ANTECEDENTES: 1)Que en fecha veintidós (22) de junio del dos mil quince (2015), compareció ante el Juzgado de Letras con competencia Territorial Nacional en Materia Penal, los Abogados CLAUDIA FERRUFINO y KEILA AGUIRRE, actuando en su condición de fiscal del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal, contra HUGO FRANKLIN CALIX AVILA, JAVIER ANTONIO PINEDA, KAREN VANESSA ALFARO MEJIA, RONY EDGARDO TORRES PEREZ, JESUS ARMANDO CHEVEZ CRUZ, FRANKLIN JOEL CAMPOS ROMERO, RAFAEL EDGARDO LOPEZ RAMOS, BRAYAN ALBERTO ROMERO, BREAYAN LEONEL ORDOÑEZ CENTENO, WALTER ALEXANDER BETANCOURTH CRUZ, SANTOS JESUS ORELLANA QUINTERO, MAYNOR ANTONIO VASQUEZ HERNANDEZ, LORYN SIRENE BACA MEDINA, JOAQUIN ERNESTO GARCIA ORELLANA, NELSON JESUS RAUDALES CASTRO, OLVIN FRANCISCO PINEDA, HECTOR MANUEL PINEDA AVILA , DENIS AUGUSTO RODAS ZERON, LUIS ALFREDO RAMIREZ CACERES, JAIME ALEXANDER RAMIREZ CACERES, OBED ISAI ALEMAN ISCOA, JUAN JOSE CHAVEZ AL VAREZ, SERGIO ROLANDO MURCIA, KEVIN EDGARDO VARGAS MEZA, por suponerlos responsables de los delitos de ASESINATO, OCULTAMIENTO DE VEHICULO ROBADO Y ASOCIACION ILICITA en perjuicio de VARIAS PERSONAS Y LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS.-2) Que en Audiencia Inicial celebrada en fecha veintinueve (29) de junio del año dos mil quince (2015), el Juzgado instructor, resolvió: “... 1.-… 2.- AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO contra 1) HECTOR MANUEL BONILLA PINEDA,… 2) DENIS AUGUSTO RODAS ZERON,… 3) LUIS ALFREDO RAMIREZ CACERES,… 4) JAIME ALEXANDER AGUILAR,… 5) OBED ISAI ALEMAN ISCOA,… 6) JUAN JOSE CHAVEZ ALVAREZ,.. 7) SERGIO ROLANDO MURCIA,… 8) KEVIN EDGARDO VARGAS MEZA ALIAS “CORONEL”, por suponerlo responsable de la comisión del Delito de ASOCIACION ILICITA, en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS.- 3.- Se le impone a los acusados arriba mencionados la medida cautelar de PRISIÓN PREVENTIVA,…” (Folios 156 al 205 de la pieza de los antecedentes).-3) Que conociendo de los recursos de apelación interpuestos por los Abogados JOSE REYNALDO BARAHONA, BELKIS RAMIREZ, JACQUELINE ANDREA MULLER SAMAYOA, ROMEO ERNESTO NUÑEZ BANEGAS, RENAN OSWALDO VINDEL CASTELLON, Y ERVIN BETANCOURT MARADIAGA, en su condición de Defensores Privados, la Corte de Apelaciones Penal del Departamento de Francisco Morazán, dictó sentencia en fecha cinco (5) de noviembre del año dos mil quince (2015), en la cual resolvió: “…1.- Declarar NO HA LUGAR los Recursos de Apelación interpuestos por los Abogados Jose Reinaldo Barahona y Belkis Ramírez como Apoderados defensores de Obed Isahi Iscoa Alemán; Abogados Jacqueline Andrea Muller Samayoa y Romero Ernesto Nuñez Banegas Apoderados Defensores de Dennis Augusto Rodas Zerón, Karen Vanesa Alfaro Mejía y Juan Jose Chávez Álvarez; Abogado Ervin Betancourth Maradiaga Apoderado Defensor de los señores Brayan Leonel Ordóñez Centeno, Santos Jesús Orellana Quintero y Joaquín Ernesto García Orellana; 2.- HA LUGAR PARCIALMENTE el recurso de apelación interpuesto por el Abogado Renán Oswaldo Vinel Apoderado Legal de Kevin Edgardo Meza; en consecuencia se REVOCA el Auto de formal procesamiento y que se dicte Sobreseimiento Provisional a favor de dicho imputado.- 3.- CONFIRMAR las demás disposiciones de la resolución apelada. …” (Folios 596 al 603 de la Pieza de los antecedentes).-4) La recurrente Abogada SUSSY G. COELLO GARCIA, compareció ante este Tribunal, en fecha veintiuno (21) de junio del año dos mil dieciséis (2016), reclamando amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS afirmando que la decisión del Ad-quem, de fecha cinco (5) de noviembre del año dos mil dieciséis (2016), es violatoria de lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución de la República. -5) Que en fecha catorce (14) de septiembre del año dos mil diecisiete (2017), este alto Tribunal tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de amparo de mérito y a la vez omitió la vista de los antecedentes al Fiscal del Despacho, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. -CONSIDERANDO: (1) Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la Garantía de Amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.-CONSIDERANDO: (2) Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución.-CONSIDERANDO: (3) Que el acto contra el cual se reclama es la resolución dictada en fecha cinco de noviembre del año dos mil quince, que Declara Ha lugar parcialmente el recurso de apelación interpuesto por el Abogado Renán Oswaldo Vindel apoderado legal de KEVIN EDGARDO MEZA que revoca el auto de Formal Procesamiento y dicta Sobreseimiento Provisional a favor de dicho imputado, en relación a la causa que se instruye al referido imputado por suponerlo responsable del delito de ASOCIACIÓN ILÍCITA en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS.-CONSIDERANDO: (4) Que la recurrente en la formalización del recurso, señala en la Relación de Hechos, que el ente acusador presentó requerimiento fiscal contra varias personas entre ellas el señor KEVIN EDGARDO VARGAS MEZA por el delito de Asociación Ilícita a quien se le decretó auto de formal procesamiento por dicho delito, resolución que la defensa del Acusado apela por considerar que no es conforme a derecho y en fecha cinco de noviembre del 2015 la Corte de Apelaciones, resolvió declarar con lugar parcialmente el recurso interpuesto dictando Sobreseimiento Provisional a su favor. Por lo que el Ministerio Público busca justicia constitucional al considerar que se ha quebrantado el principio derecho del Debido Proceso establecido en el artículo 90 Constitucional, relacionado con la Sana Crítica en la valoración de la prueba y la Debida Motivación. Expone la recurrente que en fecha 15 de mayo del año 2014 funcionarios de la Dirección Nacional de Investigación Criminal, adscritos a Delitos contra la Vida recibieron información vía telefónica, por parte de una persona que no quiso identificarse por motivos de seguridad, quien les proporcionó varios números de teléfono que son utilizados por integrantes de la organización criminal denominada Pandilla 18.Consecuencia de ello el Ministerio Público solicitó la intervención telefónica para escuchas y grabación de 16 número celulares inicialmente y a medida que se fueron desarrollando las investigaciones, en base al artículo 27 de la Ley Especial de Intervención de las comunicaciones Privadas, se solicitó la ampliación de la intervención con respecto a otros números telefónicos que en total sumaban 59 números principales. Estas Investigaciones arrojan como resultado el determinar la estructura y forma de operación de esta organización criminal, entre cuyos miembros se logró identificar la participación directa del señor Kevin Edgardo Vargas Meza en una serie de actos ilícitos que culminaron con las muertes violentas de varios ciudadanos hondureños, entre los que se pudieron enlazar 27 asesinatos acaecidos en diferentes puntos del país los cuales fueron ordenados, planificados y ejecutados por los miembros de esa organización criminal, entre quienes se encuentra el sub teniente del ejercito Kevin Edgardo Vargas Meza alias “CORONEL”, encargado de proporcionar la logística necesaria como ser armas, vehículos robados, uniformes militares o policiales y que en su conjunto forman parte de una asociación organizada con el fin de ejecutar actos constitutivos de delitos. Manifiesta el recurrente haber aportado los medios de prueba que sirvieron de soporte a su pretensión, señalando entre ella la declaración rendida en audiencia inicial por el Testigo Protegido con clave 14-05-11 que manifestó haber formado parte del equipo investigativo que recepcionó la investigación acerca de varios asesinatos ocurridos en Tegucigalpa, de lo cual se rindió un informe al Ministerio Público, para que a su vez solicitara al órgano jurisdiccional la intervención de varios números de teléfonos a nombre de los sospechosos. Manifestando que como resultado del análisis de esas escuchas se logró determinar ciertos acápites de esa estructura criminal denominada Pandilla 18, tales como financiamiento, modus operando, códigos de conducta y estructura , dentro de la cual funcionan los colaboradores que son los que facilitan cualquier actividad que sirva de ayuda para los fines que se proponga la organización tal es el caso de Kevin Vargas Meza, quien ha facilitado uniformes militares, armas de fuego, chalecos antibalas, entre otros, pero ratificando que todos forma parte directa de la Mara 18 de manera voluntaria, para lograr un lucro económico de sus actividades ilícitas. Además manifiesta que presentó como medio de prueba el Dictamen Preliminar del caso 140-2014, referente al análisis de intervención de las escuchas, mismo que fue ratificado en audiencia inicial por el perito, quien explicó que se intervinieron alrededor de 59 números principales ,los cuales fueron identificados por la unidad de intervención de las comunicaciones con un indicativo astro y con su alias o nombres, tal es el caso de una línea a nombre del acusado (las negritas son nuestras) Kevin Vargas Meza, quien desde el primer audio se identificó con dicho nombre y es la misma vos que se escuchó con el resto de los audios. Además presentó audio, sinopsis y escuchas de la UIC, de las cuales se acreditó que el número intervenido 9936-6819 era utilizado por el señor Kevin Vargas Meza, quien mantuvo comunicación con MAS8767, Jesús Armando Cheves, alias CHUY, FEM8854,MAS9680, Brayan Alberto Romero García o Jorge Ovideo Escoto Sandoval, alias Siniestro, ofreciéndoles vender uniformes militares, armas de fuego prohibidas, miras telescópicas y de Laser, hacerles viaje en su carro ya que con uniformado era más fácil, siendo que él es Subteniente de artillería e incluso ayudarles a capturar algunos especiales de la MS, todo lo cual a cambio de un pago por su colaboración, además de un Informe de Asociación Ilícita emitido por la Dirección Nacional de investigación Criminal de fecha 13 de marzo del año 2015, junto con su documentación soporte mediante el cual se establece la individualización plena de cada uno de los integrantes de la pandilla 18,organización, financiamiento, modus operandi, canales de comunicación, códigos de conducta, reuniones, jurisdicción. señalando que con esta prueba de acuerdo al artículo 294 del código Procesal Penal se efectuó la mínima actividad probatoria, acreditando la plena prueba de la comisión de los ilícitos penales, exponiendo que de acuerdo a la resolución impugnada el Ad quem no aplicó el sistema de valoración de las pruebas que manda el artículo 202 del Código Procesal Penal. Finalmente plasma un resumen de las sinopsis en la que constan las conversaciones sostenidas por el señor Kevin Vargas Meza con los cabecillas de la pandilla 18.-CONSIDERANDO: (5) Que el Proceso Penal esta formado por las etapas de investigación y juzgamientos, iniciando con la etapa preparatoria que se desarrolla mediante los siguientes actos: El conocimiento que tiene la autoridad sobre la existencia de un hecho delictivo, ya sea por denuncia u otro medio, que da lugar a la investigación preliminar, con los resultados de la misma, el ente acusador podrá interponer Requerimiento Fiscal, encontrándose habido el imputado deberá comparecer ante Juez competente respetando las disposiciones del artículo 101 del mismo cuerpo legal, en relación a sus derechos constitucionales, siguiendo el procedimiento evacuada la audiencia de declaración de imputado procede señalar y evacuar la audiencia inicial de acuerdo a lo previamente establecido en el artículo 292 del mismo Código Procesal Penal. La audiencia inicial es la última fase de la etapa preparatoria, que tienen “varios objetivos entre ellos: que el Juez se pronuncie sobre la existencia o no del hecho, si los hechos son penalmente relevantes, y, de existir mérito suficiente, se decrete el auto de prisión…, así mismo y como finalidad prioritaria se defina la situación jurídica del imputado”[1].durante la audiencia inicial, la parte acusadora precisa los términos de la imputación, en relación con el requerimiento fiscal. Discierne si esta justificada la continuación del procedimiento, por existir razones fundadas en la imputación formulada por el Ministerio Público o el Acusador Privado o procede la conclusión mediante sobreseimiento provisional o definitivo. Depura la concurrencia de los presupuestos de procedibilidad discerniendo si puede oponerse alguna excepción al ejercicio de la acción penal y, valorando los indicios de culpabilidad del imputado y los de su peligrosidad procesal, dispone cual ha de ser la situación personal de aquél en espera de juicio, en caso de que éste llegue a tener lugar[2]. Sin embargo el auto de formal procesamiento no causa Estado en consecuencia en el transcurso del proceso la situación del acusado puede ser modificada.-CONSIDERANDO: (6) Que el artículo 294 del Código Procesal Penal en su último párrafo establece que en la audiencia inicial se debe efectuar una mínima actividad probatoria con la finalidad de aportar materia indiciaria para resolver sobre la probable realización del hecho que se imputa, sobre su relevancia jurídico penal y la probabilidad de participación del imputado en el, así como la concurrencia de los presupuestos legitimadores para la imposición de una medida cautelar determinada. Por su parte el artículo 92 constitucional dispone: “Solo podrá decretarse Auto de formal Procesamiento, cuando exista evidencia probatoria de la existencia de un delito e indicios racionales de que imputado es autor o cómplice”.-CONSIDERANDO: (7) Que de acuerdo al orden previamente establecido para el proceso penal y la finalidad de sus etapas, las partes procesales deben gozar de igualdad de condiciones, amparados en los principios que sustentan el proceso penal, requisitos, exigencias y formalidades previamente señaladas en la ley, de acuerdo al artículo 294 del Código Procesal Penal, es en la audiencia inicial en que las partes pueden practicar las pruebas que les interesen y de intervenir en la práctica de las propuestas por las demás partes. Así mismo en esta audiencia el Juez de Garantías se pronunciará acerca de la suficiencia o no de los medios de prueba del sustento probatorio presentado por el Ministerio Público. -CONSIDERANDO: (8) Que estudiados los antecedentes del proceso desde su origen, esta Sala aprecia que el Ad quem no consideró el minimun probatorio que el Ministerio Público sometió al contradictorio inobservando las reglas de la Sana Critica. El razonamiento judicial es el procedimiento de valoración de la prueba propiamente dicho y con ello se responde al porqué se dicta una resolución y no otra, por qué se consideran determinados elementos de prueba y por qué se les concede credibilidad o no, valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba de acuerdo a dichas reglas, es decir de la lógica, psicología y experiencia común, que están constituidas por las leyes fundamentales de la coherencia, la derivación y por los principios lógicos de identidad, contradicción, tercero excluido y razón suficiente. Lo anterior esta previsto en el artículo 141 párrafo 3ero, relacionado con los artículos 202 y 338 del Código Procesal Penal. Todo lo cual se practica dentro de la Etapa Preparatoria tal como lo señala el artículo 4 del mismo código, “…, en cualquier etapa del proceso”. Por todo ello esta Sala estima que la resolución del Ad quem NO ha garantizado el Debido Proceso relacionado con la valoración de la prueba aportada por el ente Acusador y la motivación de la resolución, ello como resultado de la inobservancia de las reglas de la sana crítica, tal como lo establece el artículo 202 del Código Procesal penal, debiendo expresar las pruebas tenidas en cuenta, las reglas que ha seguido de acuerdo a la sana crítica así como el razonamiento lógico y coherente de lo expuesto en la audiencia, tomando en consideración que en esta audiencia (inicial), basta con que se efectúe la mínima actividad probatoria”. Dejando para la Audiencia de juicio oral y público el pronunciamiento mediante sentencia de la culpabilidad o inocencia del acusado.-CONSIDERANDO: (9) Que el Debido Proceso adjetivo o formal se entiende como un conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial. Así, si bien es cierto que los fallos han de respetar los principios del debido proceso formal y sustancial, también existiría una forma por la cual este fallo llegue a concretarse, y tutelar efectivamente la pretensión o derecho amparado. Este es el momento en el cual hace su aparición la tutela jurisdiccional efectiva, dado que un fallo justo y acorde con el procedimiento debido, no puede quedarse como certeza jurídica ideal, sino que ha de satisfacer materialmente el derecho reconocido. El Estado tiene la obligación de reconocer un conjunto de garantías institucionales que permitan el ejercicio del debido proceso en toda persona. Todos los ciudadanos tienen derecho a acudir a los tribunales para obtener protección de sus intereses o derechos, a través de un proceso que respete tanto los derechos del demandante como los del demandado y que además el resultado de éste se encuentre asegurado, garantizando la tutela judicial contenida en el derecho interno y en los tratados y convenciones internacionales suscritos por el Estado para proteger los derechos y libertades del ciudadano contra actos u omisiones de las autoridades públicas, ejecutivas, judiciales o legislativas. De acuerdo a este orden de ideas y al estudio del caso en concreto, esta sala aprecia que existe vulneración al Debido Proceso invocado por el Ente Acusador, por lo que procede Otorgar la Acción de amparo interpuesta.- CONSIDERANDO: (10) Que como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico.-POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos, en aplicación de los artículos 15, 59,62, 90, 183, 303, 313 No.5, y 316, de la Constitución de la República; 1, 11, 78 No. 5, 132 y 145 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; Artículos 4, 141, 202, 294 del Código Procesal Penal; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 9 No. 2, 41, 54, 63 de la ley Sobre Justicia Constitucional, Artículo 8 de La Convención Americana de Derechos Humanos; 8, y 10de La Declaración Universal de los Derechos Humanos; 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Artículo IV de La declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; FALLA: OTORGANDO el Recurso de Amparo, interpuesto por la Abogada SUSSY G. COELLO GARCIA, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia de fecha cinco de noviembre del año dos mil quince, dictada por Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán. Y MANDA: que con la certificación de este fallo remita los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes.- NOTIFIQUESE. - Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los doce (12) días del mes de febrero del año dos mil dieciocho (2018), Certificación de la Sentencia de fecha treinta (30) de noviembre del año dos mil diecisiete (201 7), recaída en el Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 0621-2016.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, treinta de noviembre de dos mil diecisiete.-VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por la abogada SUSSY G. COELLO GARCIA, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán en fecha cinco (5) de noviembre del año dos mil quince (2015), que declaró Ha Lugar Parcialmente un recurso de apelación y Revocó el Auto de Formal Procesamiento dictado por el Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, en fecha veintinueve (29) de junio del año dos mil quince (2015); en la causa instruida contra el señor KEVIN EDGARDO VARGAS MEZA, por suponerlo responsable del delito ASOCIACION ILICITA, en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS .- Afirmando el recurrente que la decisión del Ad-quem, es violatoria de lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución de la República. –ANTECEDENTES: 1)Que en fecha veintidós (22) de junio del dos mil quince (2015), compareció ante el Juzgado de Letras con competencia Territorial Nacional en Materia Penal, los Abogados CLAUDIA FERRUFINO y KEILA AGUIRRE, actuando en su condición de fiscal del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal, contra HUGO FRANKLIN CALIX AVILA, JAVIER ANTONIO PINEDA, KAREN VANESSA ALFARO MEJIA, RONY EDGARDO TORRES PEREZ, JESUS ARMANDO CHEVEZ CRUZ, FRANKLIN JOEL CAMPOS ROMERO, RAFAEL EDGARDO LOPEZ RAMOS, BRAYAN ALBERTO ROMERO, BREAYAN LEONEL ORDOÑEZ CENTENO, WALTER ALEXANDER BETANCOURTH CRUZ, SANTOS JESUS ORELLANA QUINTERO, MAYNOR ANTONIO VASQUEZ HERNANDEZ, LORYN SIRENE BACA MEDINA, JOAQUIN ERNESTO GARCIA ORELLANA, NELSON JESUS RAUDALES CASTRO, OLVIN FRANCISCO PINEDA, HECTOR MANUEL PINEDA AVILA , DENIS AUGUSTO RODAS ZERON, LUIS ALFREDO RAMIREZ CACERES, JAIME ALEXANDER RAMIREZ CACERES, OBED ISAI ALEMAN ISCOA, JUAN JOSE CHAVEZ AL VAREZ, SERGIO ROLANDO MURCIA, KEVIN EDGARDO VARGAS MEZA, por suponerlos responsables de los delitos de ASESINATO, OCULTAMIENTO DE VEHICULO ROBADO Y ASOCIACION ILICITA en perjuicio de VARIAS PERSONAS Y LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS.-2) Que en Audiencia Inicial celebrada en fecha veintinueve (29) de junio del año dos mil quince (2015), el Juzgado instructor, resolvió: “... 1.-… 2.- AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO contra 1) HECTOR MANUEL BONILLA PINEDA,… 2) DENIS AUGUSTO RODAS ZERON,… 3) LUIS ALFREDO RAMIREZ CACERES,… 4) JAIME ALEXANDER AGUILAR,… 5) OBED ISAI ALEMAN ISCOA,… 6) JUAN JOSE CHAVEZ ALVAREZ,.. 7) SERGIO ROLANDO MURCIA,… 8) KEVIN EDGARDO VARGAS MEZA ALIAS “CORONEL”, por suponerlo responsable de la comisión del Delito de ASOCIACION ILICITA, en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS.- 3.- Se le impone a los acusados arriba mencionados la medida cautelar de PRISIÓN PREVENTIVA,…” (Folios 156 al 205 de la pieza de los antecedentes).-3) Que conociendo de los recursos de apelación interpuestos por los Abogados JOSE REYNALDO BARAHONA, BELKIS RAMIREZ, JACQUELINE ANDREA MULLER SAMAYOA, ROMEO ERNESTO NUÑEZ BANEGAS, RENAN OSWALDO VINDEL CASTELLON, Y ERVIN BETANCOURT MARADIAGA, en su condición de Defensores Privados, la Corte de Apelaciones Penal del Departamento de Francisco Morazán, dictó sentencia en fecha cinco (5) de noviembre del año dos mil quince (2015), en la cual resolvió: “…1.- Declarar NO HA LUGAR los Recursos de Apelación interpuestos por los Abogados Jose Reinaldo Barahona y Belkis Ramírez como Apoderados defensores de Obed Isahi Iscoa Alemán; Abogados Jacqueline Andrea Muller Samayoa y Romero Ernesto Nuñez Banegas Apoderados Defensores de Dennis Augusto Rodas Zerón, Karen Vanesa Alfaro Mejía y Juan Jose Chávez Álvarez; Abogado Ervin Betancourth Maradiaga Apoderado Defensor de los señores Brayan Leonel Ordóñez Centeno, Santos Jesús Orellana Quintero y Joaquín Ernesto García Orellana; 2.- HA LUGAR PARCIALMENTE el recurso de apelación interpuesto por el Abogado Renán Oswaldo Vinel Apoderado Legal de Kevin Edgardo Meza; en consecuencia se REVOCA el Auto de formal procesamiento y que se dicte Sobreseimiento Provisional a favor de dicho imputado.- 3.- CONFIRMAR las demás disposiciones de la resolución apelada. …” (Folios 596 al 603 de la Pieza de los antecedentes).-4) La recurrente Abogada SUSSY G. COELLO GARCIA, compareció ante este Tribunal, en fecha veintiuno (21) de junio del año dos mil dieciséis (2016), reclamando amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS afirmando que la decisión del Ad-quem, de fecha cinco (5) de noviembre del año dos mil dieciséis (2016), es violatoria de lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución de la República. -5) Que en fecha catorce (14) de septiembre del año dos mil diecisiete (2017), este alto Tribunal tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de amparo de mérito y a la vez omitió la vista de los antecedentes al Fiscal del Despacho, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. -CONSIDERANDO: (1) Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la Garantía de Amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.-CONSIDERANDO: (2) Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución.-CONSIDERANDO: (3) Que el acto contra el cual se reclama es la resolución dictada en fecha cinco de noviembre del año dos mil quince, que Declara Ha lugar parcialmente el recurso de apelación interpuesto por el Abogado Renán Oswaldo Vindel apoderado legal de KEVIN EDGARDO MEZA que revoca el auto de Formal Procesamiento y dicta Sobreseimiento Provisional a favor de dicho imputado, en relación a la causa que se instruye al referido imputado por suponerlo responsable del delito de ASOCIACIÓN ILÍCITA en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS.-CONSIDERANDO: (4) Que la recurrente en la formalización del recurso, señala en la Relación de Hechos, que el ente acusador presentó requerimiento fiscal contra varias personas entre ellas el señor KEVIN EDGARDO VARGAS MEZA por el delito de Asociación Ilícita a quien se le decretó auto de formal procesamiento por dicho delito, resolución que la defensa del Acusado apela por considerar que no es conforme a derecho y en fecha cinco de noviembre del 2015 la Corte de Apelaciones, resolvió declarar con lugar parcialmente el recurso interpuesto dictando Sobreseimiento Provisional a su favor. Por lo que el Ministerio Público busca justicia constitucional al considerar que se ha quebrantado el principio derecho del Debido Proceso establecido en el artículo 90 Constitucional, relacionado con la Sana Crítica en la valoración de la prueba y la Debida Motivación. Expone la recurrente que en fecha 15 de mayo del año 2014 funcionarios de la Dirección Nacional de Investigación Criminal, adscritos a Delitos contra la Vida recibieron información vía telefónica, por parte de una persona que no quiso identificarse por motivos de seguridad, quien les proporcionó varios números de teléfono que son utilizados por integrantes de la organización criminal denominada Pandilla 18.Consecuencia de ello el Ministerio Público solicitó la intervención telefónica para escuchas y grabación de 16 número celulares inicialmente y a medida que se fueron desarrollando las investigaciones, en base al artículo 27 de la Ley Especial de Intervención de las comunicaciones Privadas, se solicitó la ampliación de la intervención con respecto a otros números telefónicos que en total sumaban 59 números principales. Estas Investigaciones arrojan como resultado el determinar la estructura y forma de operación de esta organización criminal, entre cuyos miembros se logró identificar la participación directa del señor Kevin Edgardo Vargas Meza en una serie de actos ilícitos que culminaron con las muertes violentas de varios ciudadanos hondureños, entre los que se pudieron enlazar 27 asesinatos acaecidos en diferentes puntos del país los cuales fueron ordenados, planificados y ejecutados por los miembros de esa organización criminal, entre quienes se encuentra el sub teniente del ejercito Kevin Edgardo Vargas Meza alias “CORONEL”, encargado de proporcionar la logística necesaria como ser armas, vehículos robados, uniformes militares o policiales y que en su conjunto forman parte de una asociación organizada con el fin de ejecutar actos constitutivos de delitos. Manifiesta el recurrente haber aportado los medios de prueba que sirvieron de soporte a su pretensión, señalando entre ella la declaración rendida en audiencia inicial por el Testigo Protegido con clave 14-05-11 que manifestó haber formado parte del equipo investigativo que recepcionó la investigación acerca de varios asesinatos ocurridos en Tegucigalpa, de lo cual se rindió un informe al Ministerio Público, para que a su vez solicitara al órgano jurisdiccional la intervención de varios números de teléfonos a nombre de los sospechosos. Manifestando que como resultado del análisis de esas escuchas se logró determinar ciertos acápites de esa estructura criminal denominada Pandilla 18, tales como financiamiento, modus operando, códigos de conducta y estructura , dentro de la cual funcionan los colaboradores que son los que facilitan cualquier actividad que sirva de ayuda para los fines que se proponga la organización tal es el caso de Kevin Vargas Meza, quien ha facilitado uniformes militares, armas de fuego, chalecos antibalas, entre otros, pero ratificando que todos forma parte directa de la Mara 18 de manera voluntaria, para lograr un lucro económico de sus actividades ilícitas. Además manifiesta que presentó como medio de prueba el Dictamen Preliminar del caso 140-2014, referente al análisis de intervención de las escuchas, mismo que fue ratificado en audiencia inicial por el perito, quien explicó que se intervinieron alrededor de 59 números principales ,los cuales fueron identificados por la unidad de intervención de las comunicaciones con un indicativo astro y con su alias o nombres, tal es el caso de una línea a nombre del acusado (las negritas son nuestras) Kevin Vargas Meza, quien desde el primer audio se identificó con dicho nombre y es la misma vos que se escuchó con el resto de los audios. Además presentó audio, sinopsis y escuchas de la UIC, de las cuales se acreditó que el número intervenido 9936-6819 era utilizado por el señor Kevin Vargas Meza, quien mantuvo comunicación con MAS8767, Jesús Armando Cheves, alias CHUY, FEM8854,MAS9680, Brayan Alberto Romero García o Jorge Ovideo Escoto Sandoval, alias Siniestro, ofreciéndoles vender uniformes militares, armas de fuego prohibidas, miras telescópicas y de Laser, hacerles viaje en su carro ya que con uniformado era más fácil, siendo que él es Subteniente de artillería e incluso ayudarles a capturar algunos especiales de la MS, todo lo cual a cambio de un pago por su colaboración, además de un Informe de Asociación Ilícita emitido por la Dirección Nacional de investigación Criminal de fecha 13 de marzo del año 2015, junto con su documentación soporte mediante el cual se establece la individualización plena de cada uno de los integrantes de la pandilla 18,organización, financiamiento, modus operandi, canales de comunicación, códigos de conducta, reuniones, jurisdicción. señalando que con esta prueba de acuerdo al artículo 294 del código Procesal Penal se efectuó la mínima actividad probatoria, acreditando la plena prueba de la comisión de los ilícitos penales, exponiendo que de acuerdo a la resolución impugnada el Ad quem no aplicó el sistema de valoración de las pruebas que manda el artículo 202 del Código Procesal Penal. Finalmente plasma un resumen de las sinopsis en la que constan las conversaciones sostenidas por el señor Kevin Vargas Meza con los cabecillas de la pandilla 18.-CONSIDERANDO: (5) Que el Proceso Penal esta formado por las etapas de investigación y juzgamientos, iniciando con la etapa preparatoria que se desarrolla mediante los siguientes actos: El conocimiento que tiene la autoridad sobre la existencia de un hecho delictivo, ya sea por denuncia u otro medio, que da lugar a la investigación preliminar, con los resultados de la misma, el ente acusador podrá interponer Requerimiento Fiscal, encontrándose habido el imputado deberá comparecer ante Juez competente respetando las disposiciones del artículo 101 del mismo cuerpo legal, en relación a sus derechos constitucionales, siguiendo el procedimiento evacuada la audiencia de declaración de imputado procede señalar y evacuar la audiencia inicial de acuerdo a lo previamente establecido en el artículo 292 del mismo Código Procesal Penal. La audiencia inicial es la última fase de la etapa preparatoria, que tienen “varios objetivos entre ellos: que el Juez se pronuncie sobre la existencia o no del hecho, si los hechos son penalmente relevantes, y, de existir mérito suficiente, se decrete el auto de prisión…, así mismo y como finalidad prioritaria se defina la situación jurídica del imputado”[3].durante la audiencia inicial, la parte acusadora precisa los términos de la imputación, en relación con el requerimiento fiscal. Discierne si esta justificada la continuación del procedimiento, por existir razones fundadas en la imputación formulada por el Ministerio Público o el Acusador Privado o procede la conclusión mediante sobreseimiento provisional o definitivo. Depura la concurrencia de los presupuestos de procedibilidad discerniendo si puede oponerse alguna excepción al ejercicio de la acción penal y, valorando los indicios de culpabilidad del imputado y los de su peligrosidad procesal, dispone cual ha de ser la situación personal de aquél en espera de juicio, en caso de que éste llegue a tener lugar[4]. Sin embargo el auto de formal procesamiento no causa Estado en consecuencia en el transcurso del proceso la situación del acusado puede ser modificada.-CONSIDERANDO: (6) Que el artículo 294 del Código Procesal Penal en su último párrafo establece que en la audiencia inicial se debe efectuar una mínima actividad probatoria con la finalidad de aportar materia indiciaria para resolver sobre la probable realización del hecho que se imputa, sobre su relevancia jurídico penal y la probabilidad de participación del imputado en el, así como la concurrencia de los presupuestos legitimadores para la imposición de una medida cautelar determinada. Por su parte el artículo 92 constitucional dispone: “Solo podrá decretarse Auto de formal Procesamiento, cuando exista evidencia probatoria de la existencia de un delito e indicios racionales de que imputado es autor o cómplice”.-CONSIDERANDO: (7) Que de acuerdo al orden previamente establecido para el proceso penal y la finalidad de sus etapas, las partes procesales deben gozar de igualdad de condiciones, amparados en los principios que sustentan el proceso penal, requisitos, exigencias y formalidades previamente señaladas en la ley, de acuerdo al artículo 294 del Código Procesal Penal, es en la audiencia inicial en que las partes pueden practicar las pruebas que les interesen y de intervenir en la práctica de las propuestas por las demás partes. Así mismo en esta audiencia el Juez de Garantías se pronunciará acerca de la suficiencia o no de los medios de prueba del sustento probatorio presentado por el Ministerio Público. -CONSIDERANDO: (8) Que estudiados los antecedentes del proceso desde su origen, esta Sala aprecia que el Ad quem no consideró el minimun probatorio que el Ministerio Público sometió al contradictorio inobservando las reglas de la Sana Critica. El razonamiento judicial es el procedimiento de valoración de la prueba propiamente dicho y con ello se responde al porqué se dicta una resolución y no otra, por qué se consideran determinados elementos de prueba y por qué se les concede credibilidad o no, valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba de acuerdo a dichas reglas, es decir de la lógica, psicología y experiencia común, que están constituidas por las leyes fundamentales de la coherencia, la derivación y por los principios lógicos de identidad, contradicción, tercero excluido y razón suficiente. Lo anterior esta previsto en el artículo 141 párrafo 3ero, relacionado con los artículos 202 y 338 del Código Procesal Penal. Todo lo cual se practica dentro de la Etapa Preparatoria tal como lo señala el artículo 4 del mismo código, “…, en cualquier etapa del proceso”. Por todo ello esta Sala estima que la resolución del Ad quem NO ha garantizado el Debido Proceso relacionado con la valoración de la prueba aportada por el ente Acusador y la motivación de la resolución, ello como resultado de la inobservancia de las reglas de la sana crítica, tal como lo establece el artículo 202 del Código Procesal penal, debiendo expresar las pruebas tenidas en cuenta, las reglas que ha seguido de acuerdo a la sana crítica así como el razonamiento lógico y coherente de lo expuesto en la audiencia, tomando en consideración que en esta audiencia (inicial), basta con que se efectúe la mínima actividad probatoria”. Dejando para la Audiencia de juicio oral y público el pronunciamiento mediante sentencia de la culpabilidad o inocencia del acusado.-CONSIDERANDO: (9) Que el Debido Proceso adjetivo o formal se entiende como un conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial. Así, si bien es cierto que los fallos han de respetar los principios del debido proceso formal y sustancial, también existiría una forma por la cual este fallo llegue a concretarse, y tutelar efectivamente la pretensión o derecho amparado. Este es el momento en el cual hace su aparición la tutela jurisdiccional efectiva, dado que un fallo justo y acorde con el procedimiento debido, no puede quedarse como certeza jurídica ideal, sino que ha de satisfacer materialmente el derecho reconocido. El Estado tiene la obligación de reconocer un conjunto de garantías institucionales que permitan el ejercicio del debido proceso en toda persona. Todos los ciudadanos tienen derecho a acudir a los tribunales para obtener protección de sus intereses o derechos, a través de un proceso que respete tanto los derechos del demandante como los del demandado y que además el resultado de éste se encuentre asegurado, garantizando la tutela judicial contenida en el derecho interno y en los tratados y convenciones internacionales suscritos por el Estado para proteger los derechos y libertades del ciudadano contra actos u omisiones de las autoridades públicas, ejecutivas, judiciales o legislativas. De acuerdo a este orden de ideas y al estudio del caso en concreto, esta sala aprecia que existe vulneración al Debido Proceso invocado por el Ente Acusador, por lo que procede Otorgar la Acción de amparo interpuesta.- CONSIDERANDO: (10) Que como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico.-POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos, en aplicación de los artículos 15, 59,62, 90, 183, 303, 313 No.5, y 316, de la Constitución de la República; 1, 11, 78 No. 5, 132 y 145 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; Artículos 4, 141, 202, 294 del Código Procesal Penal; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 9 No. 2, 41, 54, 63 de la ley Sobre Justicia Constitucional, Artículo 8 de La Convención Americana de Derechos Humanos; 8, y 10de La Declaración Universal de los Derechos Humanos; 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Artículo IV de La declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; FALLA: OTORGANDO el Recurso de Amparo, interpuesto por la Abogada SUSSY G. COELLO GARCIA, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia de fecha cinco de noviembre del año dos mil quince, dictada por Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán. Y MANDA: que con la certificación de este fallo remita los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes.- NOTIFIQUESE. - Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional._ Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los doce (12) días del mes de febrero del año dos mil dieciocho (2018), Certificación de la Sentencia de fecha treinta (30) de noviembre del año dos mil diecisiete (201 7), recaída en el Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 0621-2016.- Firma y Sello
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1] Rigoberto Cuellar Cruz, Jesús Fernández Entralgo. Derecho Procesal Penal de Honduras. Manual Teórico Práctico. Tegucigalpa, Honduras,. Litocom, S.de R.L. de C.V. Sep. 2004. Pág. 371
[2] Idem.
[3] Rigoberto Cuellar Cruz, Jesús Fernández Entralgo. Derecho Procesal Penal de Honduras. Manual Teórico Práctico. Tegucigalpa, Honduras,. Litocom, S.de R.L. de C.V. Sep. 2004. Pág. 371
[4] Idem.