Sentencia AP-606-16 — Registro 9647
Resumen
Resolución dictada por la corte que declaró ha lugar el recurso de apelación,reforma el auto de formal procesamiento y califica los hechos únicamente como constitutivos del delito de tenencia ilegal de arma de fuego comercial afirmando el recurrente que la decisión del ad-quem, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 90 y 321 de la Constitución de la República.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… ¨CONSIDERANDO CATORCE (14): Que esta Sala de lo Constitucional aprecia que la resolución del Ad-quem contiene la motivación suficiente, cumpliendo éste con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetándose durante la tramitación del proceso penal de mérito el derecho de defensa, debido proceso y la publicidad del acto jurisdiccional al que se someten las partes. Por tanto las alegaciones señaladas por la recurrente no podrían configurarse como una violación a la tutela judicial efectiva, puesto que el Juzgador ha plasmado en su decisión la motivación necesaria indicando razonadamente su decisión, fundamentándose en la norma adjetiva aplicable.-CONSIDERANDO QUINCE (15): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad-quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las garantías y requisitos que han de ser tomados en cuenta para adoptar una determinación trascendental en el proceso penal, como ser el Auto de Formal Procesamiento del imputado, motivando de manera razonada su decisión, cuando de los autos hasta ahora, no se ha adquirido la convicción de su participación en la comisión de los delitos precedentemente mencionados, por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, no cabe otorgar el amparo demandado.´´
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintidós de noviembre de dos mil diecisiete.-VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones Seccional de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán, en fecha dos de mayo del año dos mil dieciséis (2016), que declaró Ha Lugar el recurso de Apelación interpuesto contra la resolución de fecha cuatro (4) de marzo del año dos mil dieciséis (2016), dictada por el Juzgado de Letras Seccional de La Entrada Nueva Arcadia, Departamento de Copán, en la causa instruida contra el señor JAIME ARTURO SANTOS CANALES, por suponerlo responsable del delito de ALMACENAMIENTO DE MUNICIONES PARA EL USO DE ARMAS PROHIBIDAS Y TENENCIA ILEGAL DE ARMA DE FUEGO DE USO COMERCIAL, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, afirmando el recurrente que la decisión del Ad-Quem, es violatoria de lo dispuesto en los Artículos 90 y 321 de la Constitución de la República. –ANTECEDENTES: 1) Que en fecha veintiocho (28) de febrero del año dos mil dieciséis (2016), compareció ante el Juzgado de Letras Seccional de La Entrada Nueva Arcadia, Departamento de Copán, el Abogado JESUS SAMUEL PAZ DEL CID, actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público, solicitando autorización para realizar Allanamiento de Morada, registro y decomiso de evidencias relacionadas con trafico de drogas almacenamiento de armas prohibidas y comerciales, lavado de activos y contrabando de mercadería.-2) Que en fecha veintiocho (28) de febrero del año dos mil dieciséis (2016), el Juzgado de Letras Seccional de La Entrada Nueva Arcadia Departamento de Copán, Resolvió: Conceder autorización judicial al Ministerio Público para practicar allanamiento registro de decomiso de evidencias relacionadas al delito de homicidio y asesinato.- 3) Que en fecha veintinueve (29) de febrero del año dos mil dieciséis (2016), compareció ante el Juzgado de Letras Seccional de La Entrada Nueva Arcadia Departamento de Copán, el Abogado JESUS SAMUEL PAZ DEL CID, actuando en su condición de FISCAL DEL MINISTERIO PÚBLICO, presentando requerimiento fiscal, contra el señor JAIME ARTURO SANTOS CANALES, por el delito de ALMACENAMIENTO DE MUNICIONES DE ARMAS PROHIBIDAS Y ALMACENAMIENTO DE ARMA COMERCIAL, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS y ROSABEL SANTOS CANALES, por el delito de Almacenamiento de arma comercial, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS. (Folios 39 al 41 de la pieza del Juzgado).- 4) Que en fecha cuatro (4) de marzo del año dos mil dieciséis (2016), el Juzgado de Letras Seccional de La Entrada Departamento de Copán RESUELVE: (SIC) 1.- Decretar Auto de formal procesamiento contra EL SEÑOR JAIME ARTURO SANTOS CANALES, por el supuesto delito de TENENCIA ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO DE TIPO COMERCIAL Y ALMACENAMIENTO DE MUNICIONES PARA EL USO DE ARMAS PROHIBIDAS, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, por lo que se Decreta la medida cautelar de prisión preventiva, misma que deberá cumplir en el Centro Penal de Santa Rosa de Copán debiéndose librar los oficios correspondientes.- 2.- Decretar Auto de Formal Procesamiento contra EL SEÑOR ROSEBEL SANTOS CANALES, por el supuesto delito de TENENCIA ILEGAL DE ARMA DE FUEGO DE TIPO COMERCIAL, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, se mantiene la medida cautelar impuesta en audiencia de imputado.- Consecuentemente sin lugar lo solicitado por parte del Abogado defensor que se decrete un Sobreseimiento a favor de su representado…”. (Folios 86 al 91 de la pieza del Juzgado).-5) Que en fecha dos (2) de mayo del año dos mil dieciséis (2016), la Corte de Apelaciones Penal del Departamento de Francisco Morazán, RESUELVE: “1) “PRIMERO: ESTIMA el recurso de apelación; SEGUNDO: REFORMA EL AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO y califica los hechos únicamente como constitutivos del delito de TENENCIA ILEGAL DE ARMA DE FUEGO COMERCIAL, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS.”. (Folio 3 al 7 de la Pieza de Corte de Apelaciones).- 6) La recurrente Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ, compareció ante este Tribunal, en fecha dieciséis (16) de junio del año dos mil dieciséis (2016), reclamando amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, afirmando la recurrente que la decisión del Ad-quem, de fecha dos (2) de mayo del año dos mil dieciséis (2016), es violatoria de lo dispuesto en los Artículos 90 y 321 de la Constitución de la República. (Folio 1 al 7 de la pieza de amparo).-7) Que en fecha cinco (5) de mayo del año dos mil diecisiete (2017), este Alto Tribunal tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de amparo de mérito y a la vez omitió la vista de los antecedentes al fiscal del despacho, de conformidad a lo establecido por el Artículo 37 de la Ley del Ministerio Público.-CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación al Artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.-CONSIDERANDO DOS (2): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 constitucional concordado con el Artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley.-CONSIDERANDO TRES (3): Que se conoce en Amparo la resolución dictada por la Corte de Apelaciones Seccional de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán, en fecha dos de mayo del año dos mil dieciséis (2016), que declaró Ha Lugar el recurso de Apelación interpuesto contra la resolución de fecha cuatro (4) de marzo del año dos mil dieciséis (2016), dictada por el Juzgado de Letras Seccional de La Entrada Nueva Arcadia, Departamento de Copán, en la causa instruida contra el señor JAIME ARTURO SANTOS CANALES, por suponerlo responsable del delito de ALMACENAMIENTO DE MUNICIONES PARA EL USO DE ARMAS PROHIBIDAS Y TENENCIA ILEGAL DE ARMA DE FUEGO DE USO COMERCIAL, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS.- Estimando la recurrente que la decisión del Ad-Quem, es violatoria de lo dispuesto en los Artículos 90 y 321 de la Constitución de la República.-CONSIDERANDO CUATRO (4): Que en la formalización del recurso por parte de la demandante de amparo, la Agente de Tribunales del Ministerio Público, la Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, se expresa que el precepto constitucional que ha sido vulnerado con dicha resolución es el garantizado en los Artículos 90 y 321 de la Constitución de la República, considerando que la resolución emitida por la Honorable Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula Cortés vulnera el Debido Proceso, por no haberse valorado la prueba de manera conjunta y armónica conforme a las reglas de la sana critica, obligación que tiene el juzgador conforme lo establece el Artículo 202 del Código Procesal Penal; así como el Principio de Legalidad, pues en un Estado de Derecho el Poder tiene su fundamento y limite en las normas jurídicas, que impone al Juez emitir sus resoluciones en estricto apego a derecho y no a su mera arbitrariedad, o interpretación personal sin tomar en cuenta la norma, la prueba y el derecho que debe aplicar; si bien el Juez tiene la facultad de interpretar la ley, esta debe ser orientada a la del verdadero sentido de la norma que se debe aplicar y que las resoluciones judiciales no deben ser un mero acto de voluntad, ni la exposición de una inspiración, sino una expresión razonada de la situación de la norma jurídica.-CONSIDERANDO CINCO (5): Que se tuvo por formalizado en tiempo y forma el amparo de mérito, omitiéndose la vista de los autos al Fiscal del Despacho, ordenándose continuar con el trámite de ley correspondiente; con fundamento en los Artículos 54, 56 y 119 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 37 de la Ley del Ministerio Público; 12 inciso c) del Reglamento interno de la Sala Constitucional.-CONSIDERANDO SEIS (6): Que la Constitución de la República al desarrollar el capitulo atinente al Poder Judicial establece tanto que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado.-CONSIDERANDO SIETE (7): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción penal, conforme lo establece el Artículo 141 del Código Procesal Penal la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al juez o tribunal que conoce concretamente del asunto.-CONSIDERANDO OCHO (8): Que al estudiarse la foliada y específicamente la resolución dictada por la Corte de Apelaciones Seccional de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán, en fecha dos de mayo del año dos mil dieciséis (2016), que declaró Ha Lugar el recurso de Apelación interpuesto contra la resolución de fecha cuatro (4) de marzo del año dos mil dieciséis (2016), dictada por el Juzgado de Letras Seccional de La Entrada Nueva Arcadia, Departamento de Copán; se aprecia en la misma, que el Ad-quem concluye que la calificación jurídica del hecho es desproporcionada con el efectivo peligro que tan escaso número de municiones representa para el bien jurídico protegido por lo que procede reformar el Auto de Formal Procesamiento.-CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre las partes o entre una parte y el Estado mismo, siempre que sea ante el órgano jurisdiccional competente con imputación y tipificación correcta.-CONSIDERANDO DIEZ (10): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; no consiste en querer que el órgano jurisdiccional comparta el criterio, como lo desea la parte, como parece entenderlo la recurrente; sino que es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos.-CONSIDERANDO ONCE (11): Que la labor de valoración de la prueba no es mecánica o automatizada puesto que el Juez irá construyendo la convicción o certeza sobre los hechos controvertidos conforme analiza y evalúa las pruebas, lo que implica un examen total de los medios probatorios obrantes en autos, a fin de cumplir con el mandato legal de valoración conjunta. De esta manera las pretensiones de las partes se verán reforzadas o mediatizadas conforme el Juez vaya analizando y sopesando los medios probatorios hasta llegar al momento de la decisión final.-CONSIDERANDO DOCE (12): Que dicho lo anterior, ha de observarse también que la garantía de amparo no puede suplir todos y cada uno de los casos en que se alegue indefensión de parte, como resultado de una decisión jurisdiccional no compartida. La jurisprudencia nacional e internacional más consolidada como la proveniente del Tribunal Constitucional Español, son congruentes en admitir y sostener que el amparo “…no esta configurado como una última instancia ni tiene una función Casacional”; por tanto, únicamente pueden ser objeto de la tutela jurídica constitucional, aquellos supuestos de indefensión real, que impidan el ejercicio regular del derecho de defensa, o más allá aún, que proscriban; imposibilitando a las partes procesales interponer las acciones y recursos que el ordenamiento jurídico pone a su disposición.-CONSIDERANDO TRECE (13): Que el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque la actora tuvo acceso a las audiencias sin traba alguna, en ellas alegó lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y al final se obtuvo una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico - jurídica realizada por la Corte de Apelaciones en su Sentencia y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues con la disparidad de criterios que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este Alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales.-CONSIDERANDO CATORCE (14): Que esta Sala de lo Constitucional aprecia que la resolución del Ad-quem contiene la motivación suficiente, cumpliendo éste con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetándose durante la tramitación del proceso penal de mérito el derecho de defensa, debido proceso y la publicidad del acto jurisdiccional al que se someten las partes. Por tanto las alegaciones señaladas por la recurrente no podrían configurarse como una violación a la tutela judicial efectiva, puesto que el Juzgador ha plasmado en su decisión la motivación necesaria indicando razonadamente su decisión, fundamentándose en la norma adjetiva aplicable.-CONSIDERANDO QUINCE (15): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad-quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las garantías y requisitos que han de ser tomados en cuenta para adoptar una determinación trascendental en el proceso penal, como ser el Auto de Formal Procesamiento del imputado, motivando de manera razonada su decisión, cuando de los autos hasta ahora, no se ha adquirido la convicción de su participación en la comisión de los delitos precedentemente mencionados, por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, no cabe otorgar el amparo demandado.-POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, POR UNANIMIDAD DE VOTOS; haciendo aplicación de los Artículos 68, 69, 82, 86, 90, 92, 303, 304, 313 numeral 5, 316 y 319 atribución 8a. de la Constitución de la República; 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5ta. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, 63 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- FALLA: DENEGANDO el recurso de amparo de que se ha hecho mérito.- Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a su lugar de procedencia.- Redactó el Magistrado ZELAYA ZALDAÑA. NOTIFIQUESE.-Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME Firma y Sello CRISTIAN RAMON BAQUIZ FLORES, Receptor Adscrito a la Sala Constitucional.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los doce (12) días del mes de febrero del año dos mil dieciocho (2018), Certificación de la Sentencia de fecha veintidós (22) de noviembre del año dos mil diecisiete (2017) recaída en el Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 0606-2016.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintidós de noviembre de dos mil diecisiete.-VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones Seccional de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán, en fecha dos de mayo del año dos mil dieciséis (2016), que declaró Ha Lugar el recurso de Apelación interpuesto contra la resolución de fecha cuatro (4) de marzo del año dos mil dieciséis (2016), dictada por el Juzgado de Letras Seccional de La Entrada Nueva Arcadia, Departamento de Copán, en la causa instruida contra el señor JAIME ARTURO SANTOS CANALES, por suponerlo responsable del delito de ALMACENAMIENTO DE MUNICIONES PARA EL USO DE ARMAS PROHIBIDAS Y TENENCIA ILEGAL DE ARMA DE FUEGO DE USO COMERCIAL, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, afirmando el recurrente que la decisión del Ad-Quem, es violatoria de lo dispuesto en los Artículos 90 y 321 de la Constitución de la República. –ANTECEDENTES: 1) Que en fecha veintiocho (28) de febrero del año dos mil dieciséis (2016), compareció ante el Juzgado de Letras Seccional de La Entrada Nueva Arcadia, Departamento de Copán, el Abogado JESUS SAMUEL PAZ DEL CID, actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público, solicitando autorización para realizar Allanamiento de Morada, registro y decomiso de evidencias relacionadas con trafico de drogas almacenamiento de armas prohibidas y comerciales, lavado de activos y contrabando de mercadería.-2) Que en fecha veintiocho (28) de febrero del año dos mil dieciséis (2016), el Juzgado de Letras Seccional de La Entrada Nueva Arcadia Departamento de Copán, Resolvió: Conceder autorización judicial al Ministerio Público para practicar allanamiento registro de decomiso de evidencias relacionadas al delito de homicidio y asesinato.- 3) Que en fecha veintinueve (29) de febrero del año dos mil dieciséis (2016), compareció ante el Juzgado de Letras Seccional de La Entrada Nueva Arcadia Departamento de Copán, el Abogado JESUS SAMUEL PAZ DEL CID, actuando en su condición de FISCAL DEL MINISTERIO PÚBLICO, presentando requerimiento fiscal, contra el señor JAIME ARTURO SANTOS CANALES, por el delito de ALMACENAMIENTO DE MUNICIONES DE ARMAS PROHIBIDAS Y ALMACENAMIENTO DE ARMA COMERCIAL, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS y ROSABEL SANTOS CANALES, por el delito de Almacenamiento de arma comercial, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS. (Folios 39 al 41 de la pieza del Juzgado).- 4) Que en fecha cuatro (4) de marzo del año dos mil dieciséis (2016), el Juzgado de Letras Seccional de La Entrada Departamento de Copán RESUELVE: (SIC) 1.- Decretar Auto de formal procesamiento contra EL SEÑOR JAIME ARTURO SANTOS CANALES, por el supuesto delito de TENENCIA ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO DE TIPO COMERCIAL Y ALMACENAMIENTO DE MUNICIONES PARA EL USO DE ARMAS PROHIBIDAS, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, por lo que se Decreta la medida cautelar de prisión preventiva, misma que deberá cumplir en el Centro Penal de Santa Rosa de Copán debiéndose librar los oficios correspondientes.- 2.- Decretar Auto de Formal Procesamiento contra EL SEÑOR ROSEBEL SANTOS CANALES, por el supuesto delito de TENENCIA ILEGAL DE ARMA DE FUEGO DE TIPO COMERCIAL, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, se mantiene la medida cautelar impuesta en audiencia de imputado.- Consecuentemente sin lugar lo solicitado por parte del Abogado defensor que se decrete un Sobreseimiento a favor de su representado…”. (Folios 86 al 91 de la pieza del Juzgado).-5) Que en fecha dos (2) de mayo del año dos mil dieciséis (2016), la Corte de Apelaciones Penal del Departamento de Francisco Morazán, RESUELVE: “1) “PRIMERO: ESTIMA el recurso de apelación; SEGUNDO: REFORMA EL AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO y califica los hechos únicamente como constitutivos del delito de TENENCIA ILEGAL DE ARMA DE FUEGO COMERCIAL, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS.”. (Folio 3 al 7 de la Pieza de Corte de Apelaciones).- 6) La recurrente Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ, compareció ante este Tribunal, en fecha dieciséis (16) de junio del año dos mil dieciséis (2016), reclamando amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, afirmando la recurrente que la decisión del Ad-quem, de fecha dos (2) de mayo del año dos mil dieciséis (2016), es violatoria de lo dispuesto en los Artículos 90 y 321 de la Constitución de la República. (Folio 1 al 7 de la pieza de amparo).-7) Que en fecha cinco (5) de mayo del año dos mil diecisiete (2017), este Alto Tribunal tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de amparo de mérito y a la vez omitió la vista de los antecedentes al fiscal del despacho, de conformidad a lo establecido por el Artículo 37 de la Ley del Ministerio Público.-CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación al Artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.-CONSIDERANDO DOS (2): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 constitucional concordado con el Artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley.-CONSIDERANDO TRES (3): Que se conoce en Amparo la resolución dictada por la Corte de Apelaciones Seccional de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán, en fecha dos de mayo del año dos mil dieciséis (2016), que declaró Ha Lugar el recurso de Apelación interpuesto contra la resolución de fecha cuatro (4) de marzo del año dos mil dieciséis (2016), dictada por el Juzgado de Letras Seccional de La Entrada Nueva Arcadia, Departamento de Copán, en la causa instruida contra el señor JAIME ARTURO SANTOS CANALES, por suponerlo responsable del delito de ALMACENAMIENTO DE MUNICIONES PARA EL USO DE ARMAS PROHIBIDAS Y TENENCIA ILEGAL DE ARMA DE FUEGO DE USO COMERCIAL, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS.- Estimando la recurrente que la decisión del Ad-Quem, es violatoria de lo dispuesto en los Artículos 90 y 321 de la Constitución de la República.-CONSIDERANDO CUATRO (4): Que en la formalización del recurso por parte de la demandante de amparo, la Agente de Tribunales del Ministerio Público, la Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, se expresa que el precepto constitucional que ha sido vulnerado con dicha resolución es el garantizado en los Artículos 90 y 321 de la Constitución de la República, considerando que la resolución emitida por la Honorable Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula Cortés vulnera el Debido Proceso, por no haberse valorado la prueba de manera conjunta y armónica conforme a las reglas de la sana critica, obligación que tiene el juzgador conforme lo establece el Artículo 202 del Código Procesal Penal; así como el Principio de Legalidad, pues en un Estado de Derecho el Poder tiene su fundamento y limite en las normas jurídicas, que impone al Juez emitir sus resoluciones en estricto apego a derecho y no a su mera arbitrariedad, o interpretación personal sin tomar en cuenta la norma, la prueba y el derecho que debe aplicar; si bien el Juez tiene la facultad de interpretar la ley, esta debe ser orientada a la del verdadero sentido de la norma que se debe aplicar y que las resoluciones judiciales no deben ser un mero acto de voluntad, ni la exposición de una inspiración, sino una expresión razonada de la situación de la norma jurídica.-CONSIDERANDO CINCO (5): Que se tuvo por formalizado en tiempo y forma el amparo de mérito, omitiéndose la vista de los autos al Fiscal del Despacho, ordenándose continuar con el trámite de ley correspondiente; con fundamento en los Artículos 54, 56 y 119 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 37 de la Ley del Ministerio Público; 12 inciso c) del Reglamento interno de la Sala Constitucional.-CONSIDERANDO SEIS (6): Que la Constitución de la República al desarrollar el capitulo atinente al Poder Judicial establece tanto que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado.-CONSIDERANDO SIETE (7): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción penal, conforme lo establece el Artículo 141 del Código Procesal Penal la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al juez o tribunal que conoce concretamente del asunto.-CONSIDERANDO OCHO (8): Que al estudiarse la foliada y específicamente la resolución dictada por la Corte de Apelaciones Seccional de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán, en fecha dos de mayo del año dos mil dieciséis (2016), que declaró Ha Lugar el recurso de Apelación interpuesto contra la resolución de fecha cuatro (4) de marzo del año dos mil dieciséis (2016), dictada por el Juzgado de Letras Seccional de La Entrada Nueva Arcadia, Departamento de Copán; se aprecia en la misma, que el Ad-quem concluye que la calificación jurídica del hecho es desproporcionada con el efectivo peligro que tan escaso número de municiones representa para el bien jurídico protegido por lo que procede reformar el Auto de Formal Procesamiento.-CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre las partes o entre una parte y el Estado mismo, siempre que sea ante el órgano jurisdiccional competente con imputación y tipificación correcta.-CONSIDERANDO DIEZ (10): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; no consiste en querer que el órgano jurisdiccional comparta el criterio, como lo desea la parte, como parece entenderlo la recurrente; sino que es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos.-CONSIDERANDO ONCE (11): Que la labor de valoración de la prueba no es mecánica o automatizada puesto que el Juez irá construyendo la convicción o certeza sobre los hechos controvertidos conforme analiza y evalúa las pruebas, lo que implica un examen total de los medios probatorios obrantes en autos, a fin de cumplir con el mandato legal de valoración conjunta. De esta manera las pretensiones de las partes se verán reforzadas o mediatizadas conforme el Juez vaya analizando y sopesando los medios probatorios hasta llegar al momento de la decisión final.-CONSIDERANDO DOCE (12): Que dicho lo anterior, ha de observarse también que la garantía de amparo no puede suplir todos y cada uno de los casos en que se alegue indefensión de parte, como resultado de una decisión jurisdiccional no compartida. La jurisprudencia nacional e internacional más consolidada como la proveniente del Tribunal Constitucional Español, son congruentes en admitir y sostener que el amparo “…no esta configurado como una última instancia ni tiene una función Casacional”; por tanto, únicamente pueden ser objeto de la tutela jurídica constitucional, aquellos supuestos de indefensión real, que impidan el ejercicio regular del derecho de defensa, o más allá aún, que proscriban; imposibilitando a las partes procesales interponer las acciones y recursos que el ordenamiento jurídico pone a su disposición.-CONSIDERANDO TRECE (13): Que el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque la actora tuvo acceso a las audiencias sin traba alguna, en ellas alegó lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y al final se obtuvo una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico - jurídica realizada por la Corte de Apelaciones en su Sentencia y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues con la disparidad de criterios que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este Alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales.-CONSIDERANDO CATORCE (14): Que esta Sala de lo Constitucional aprecia que la resolución del Ad-quem contiene la motivación suficiente, cumpliendo éste con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetándose durante la tramitación del proceso penal de mérito el derecho de defensa, debido proceso y la publicidad del acto jurisdiccional al que se someten las partes. Por tanto las alegaciones señaladas por la recurrente no podrían configurarse como una violación a la tutela judicial efectiva, puesto que el Juzgador ha plasmado en su decisión la motivación necesaria indicando razonadamente su decisión, fundamentándose en la norma adjetiva aplicable.-CONSIDERANDO QUINCE (15): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad-quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las garantías y requisitos que han de ser tomados en cuenta para adoptar una determinación trascendental en el proceso penal, como ser el Auto de Formal Procesamiento del imputado, motivando de manera razonada su decisión, cuando de los autos hasta ahora, no se ha adquirido la convicción de su participación en la comisión de los delitos precedentemente mencionados, por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, no cabe otorgar el amparo demandado.-POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, POR UNANIMIDAD DE VOTOS; haciendo aplicación de los Artículos 68, 69, 82, 86, 90, 92, 303, 304, 313 numeral 5, 316 y 319 atribución 8a. de la Constitución de la República; 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5ta. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, 63 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- FALLA: DENEGANDO el recurso de amparo de que se ha hecho mérito.- Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a su lugar de procedencia.- Redactó el Magistrado ZELAYA ZALDAÑA. NOTIFIQUESE.-Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME Firma y Sello CRISTIAN RAMON BAQUIZ FLORES, Receptor Adscrito a la Sala Constitucional.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los doce (12) días del mes de febrero del año dos mil dieciocho (2018), Certificación de la Sentencia de fecha veintidós (22) de noviembre del año dos mil diecisiete (2017) recaída en elAmparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 0606-2016.- Firma y Sello
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL