Sentencia AP-604-16 — Registro 6807
Resumen
Sentencia resolvió recurso de apelación contra la resolución dictada por el juzgado de letras de primera instancia en relación a la causa contra la imputada por suponerla responsable del delito de almacenamiento ilegal de arma de fuego prohibida (chimba) en perjuicio de la seguridad interior del Estado de Honduras
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."ésta Sala a su vez ha dejado establecido que conforme a la jurisprudencia de la Sala Penal de ese Tribunal Supremo, la cual es consolidada, pacífica y consistente en el sentido que las armas artesanales son consideradas prohibidas, si bien la tipificación penal de los artículos 332-A y 332-B tampoco es taxativa respecto a cuál de los dos tipos (2) asociados configura perfectamente el ilícito, emergiendo como un criterio diferenciador de orden objetivo y racional, el tipo de munición que empleé, en su caso, el arma artesanal objeto del delito. Por lo que, de la lectura de las referidas sentencias se desprende que, el uso de munición de calibre comercial, en una arma artesanal en condiciones funcionales, comporta un menor potencial de lesionar bienes jurídicos como la vida e integridad corporal a las armas automáticas de guerra o de combate, como lo es el fusil de asalto Marca Kalashnikov año 1947 (más conocido como AK-47) y otras armas prohibidas en el ordenamiento..."..."éste Alto Tribunal encuentra que no es arbitraria y mucho menos fundada en un error patente que incida directamente en la decisión del asunto, razón por la que no se configura la vulneración al debido proceso, puesto como ya se indicó, el Juzgador ha plasmado en su decisión la motivación necesaria que nos indica la trasgresión de la norma por parte de la imputada y el tipo penal en que ha tenido participación, siguiendo la jurisprudencia consolidada del Tribunal Supremo..."..."del análisis de las alegaciones en que basa la recurrente su acción de amparo, puede apreciarse que las mismas son propias de instancia procesal ordinaria a la que ya ha sido sometido el asunto, apreciando que la Alzada ha expuesto con claridad los hechos y los fundamentos de Derecho en que basa su razonamiento, para lo cual estima esta Sala, fue resuelto respetando los procedimientos, principios y garantías que rigen el proceso..."..."esta Sala no advierte que con la resolución impugnada se violente, lesione o se atente contra la garantía del debido proceso o contra los demás derechos y garantías que reconoce la Constitución de la República..."..."las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio..."
Legislación citada
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 46, 1 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, treinta de marzo del año dos mil diecisiete.-VISTO el recurso de amparo interpuesto por la Abogada KARLA PATRICIA GARCÍA ARITA a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES SECCIONAL DE COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, en fecha diecisiete de mayo de dos mil dieciséis, que resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE COMAYAGUA, COMAYAGUA, en fecha veinticuatro de febrero de dos mil dieciséis; en relación a la causa instruida contra la señora RUTELDA CATALINA ROMERO por suponerla responsable del delito de ALMACENAMIENTO ILEGAL DE ARMA DE FUEGO PROHIBIDA (CHIMBA), en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS.-CONSIDERANDO: Que del examen de la demanda de amparo se desprende que la recurrente señala que la autoridad recurrida para emitir su resolución realizó una interpretación errónea al aplicar una norma penal inadecuada al caso, pues indica que no existe una enumeración taxativa de las diferentes armas de fuego o de combate (prohibidas) y comerciales en los Artículos 332-A y 332-B del Código Penal, por los que es necesario recurrir a lo prescrito en los artículos 7 y 8 de la Ley de Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Similares, ya que según la impetrante el arma de fabricación casera constituye arma prohibida conforme al artículo 8 de la citada ley, correspondiendo la aplicación del artículo 332-A del Código Penal concerniente a las armas de guerra prohibidas, pues dicha arma no puede ser registrada ni legalizada.- CONSIDERANDO: Que del estudio del escrito de interposición se aprecia que la recurrente invoca como vulnerados los derechos contenidos en los artículos 90 y 321 de la Constitución de la República.-CONSIDERANDO: Que de la resolución reclamada se desprende que la Alzada ha concluido y tomado el criterio hecho por la Sala Penal, al referirse el articulo 332-B al término “armas prohibidas de uso personal” si pueden considerarse comprendidas las “chimbas” y sancionarse el caso concreto que corresponda con la sanción predeterminada en dicha norma. En consecuencia, no se encuentra sustento para sostener que la conducta de portación de armas caseras es impune por no encontrarse comprendida en tipo legal alguno… por lo visto, al no figurar las armas artesanales ya sea por sus características, efectos desflagrantes, o capas de producción de efectos múltiples en sus objetivos, e inclusive por el fin con la que se porta, entre otros argumentos, no encuadra cualquiera de las conductas que estén referidas a armas artesanales, bajo el tipo penal contenido en el articulo 332-A del Código Penal.-CONSIDERANDO: Que ésta Sala a su vez ha dejado establecido que conforme a la jurisprudencia de la Sala Penal de ese Tribunal Supremo, la cual es consolidada, pacífica y consistente en el sentido que las armas artesanales son consideradas prohibidas, si bien la tipificación penal de los artículos 332-A y 332-B tampoco es taxativa respecto a cuál de los dos tipos (2) asociados configura perfectamente el ilícito, emergiendo como un criterio diferenciador de orden objetivo y racional, el tipo de munición que empleé, en su caso, el arma artesanal objeto del delito. Por lo que, de la lectura de las referidas sentencias se desprende que, el uso de munición de calibre comercial, en una arma artesanal en condiciones funcionales, comporta un menor potencial de lesionar bienes jurídicos como la vida e integridad corporal a las armas automáticas de guerra o de combate, como lo es el fusil de asalto Marca Kalashnikov año 1947 (más conocido como AK-47) y otras armas prohibidas en el ordenamiento.”-CONSIDERANDO: Que al contener el auto reclamado la motivación y fundamentación en derecho, estableciendo la Alzada que es en base al análisis de los elementos de prueba aportados en audiencia correspondiente que logró establecer los indicios para estimar como ciertos los hechos por el que se le inició proceso a la ya referida imputada, incorporando en su motivación el razonamiento jurídico que lo llevó a la determinación de confirmar el auto impugnado, misma que éste Alto Tribunal encuentra que no es arbitraria y mucho menos fundada en un error patente que incida directamente en la decisión del asunto, razón por la que no se configura la vulneración al debido proceso, puesto como ya se indicó, el Juzgador ha plasmado en su decisión la motivación necesaria que nos indica la trasgresión de la norma por parte de la imputada y el tipo penal en que ha tenido participación, siguiendo la jurisprudencia consolidada del Tribunal Supremo.- CONSIDERANDO: Que del análisis de las alegaciones en que basa la recurrente su acción de amparo, puede apreciarse que las mismas son propias de instancia procesal ordinaria a la que ya ha sido sometido el asunto, apreciando que la Alzada ha expuesto con claridad los hechos y los fundamentos de Derecho en que basa su razonamiento, para lo cual estima esta Sala, fue resuelto respetando los procedimientos, principios y garantías que rigen el proceso.- CONSIDERANDO: Que esta Sala no advierte que con la resolución impugnada se violente, lesione o se atente contra la garantía del debido proceso o contra los demás derechos y garantías que reconoce la Constitución de la República.-CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio.-CONSIDERANDO: Que el Juez o Tribunal rechazará la demanda de amparo que fuere improcedente y sobreseerá las diligencias tan pronto como conste la causal de su improcedencia, como acontece en el caso de autos.-POR TANTO: LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, por UNANIMIDAD DE VOTOS, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los Artículos 90, 183, 303, 313 atribución 5ª., 316 y 321 de la Constitución de la República; 440-H último párrafo del Código Procesal Penal; 5, 7, 46 numeral 1) y 119 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: SOBRESEER el Recurso de Amparo de que se ha hecho mérito, interpuesto por la Abogada KARLA PATRICIA GARCÍA ARITA a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES SECCIONAL DE COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, en fecha diecisiete de mayo de dos mil dieciséis; al apreciar esta Sala que la autoridad recurrida se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como se ha relacionado ya. Y MANDA: Que una vez firme la presente resolución, se proceda a devolver los autos al Tribunal de su procedencia, con certificación de lo resuelto, para los efectos legales que en derecho correspondan. NOTIFÍQUESE.-Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los veintinueve (29) días del mes de mayo del año dos mil diecisiete (2017), Certificación de la Resolución de fecha treinta (30) de marzo del año dos mil diecisiete (2017) recaída en el Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 0604-2016.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
“CERTIFICACIÓN : El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, treinta de marzo del año dos mil diecisiete.-VISTO el recurso de amparo interpuesto por la Abogada KARLA PATRICIA GARCÍA ARITA a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES SECCIONAL DE COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, en fecha diecisiete de mayo de dos mil dieciséis, que resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE COMAYAGUA, COMAYAGUA, en fecha veinticuatro de febrero de dos mil dieciséis; en relación a la causa instruida contra la señora RUTELDA CATALINA ROMERO por suponerla responsable del delito de ALMACENAMIENTO ILEGAL DE ARMA DE FUEGO PROHIBIDA (CHIMBA), en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS.-CONSIDERANDO: Que del examen de la demanda de amparo se desprende que la recurrente señala que la autoridad recurrida para emitir su resolución realizó una interpretación errónea al aplicar una norma penal inadecuada al caso, pues indica que no existe una enumeración taxativa de las diferentes armas de fuego o de combate (prohibidas) y comerciales en los Artículos 332-A y 332-B del Código Penal, por los que es necesario recurrir a lo prescrito en los artículos 7 y 8 de la Ley de Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Similares, ya que según la impetrante el arma de fabricación casera constituye arma prohibida conforme al artículo 8 de la citada ley, correspondiendo la aplicación del artículo 332-A del Código Penal concerniente a las armas de guerra prohibidas, pues dicha arma no puede ser registrada ni legalizada.- CONSIDERANDO: Que del estudio del escrito de interposición se aprecia que la recurrente invoca como vulnerados los derechos contenidos en los artículos 90 y 321 de la Constitución de la República.-CONSIDERANDO: Que de la resolución reclamada se desprende que la Alzada ha concluido y tomado el criterio hecho por la Sala Penal, al referirse el articulo 332-B al término “armas prohibidas de uso personal” si pueden considerarse comprendidas las “chimbas” y sancionarse el caso concreto que corresponda con la sanción predeterminada en dicha norma. En consecuencia, no se encuentra sustento para sostener que la conducta de portación de armas caseras es impune por no encontrarse comprendida en tipo legal alguno… por lo visto, al no figurar las armas artesanales ya sea por sus características, efectos desflagrantes, o capas de producción de efectos múltiples en sus objetivos, e inclusive por el fin con la que se porta, entre otros argumentos, no encuadra cualquiera de las conductas que estén referidas a armas artesanales, bajo el tipo penal contenido en el articulo 332-A del Código Penal.-CONSIDERANDO: Que ésta Sala a su vez ha dejado establecido que conforme a la jurisprudencia de la Sala Penal de ese Tribunal Supremo, la cual es consolidada, pacífica y consistente en el sentido que las armas artesanales son consideradas prohibidas, si bien la tipificación penal de los artículos 332-A y 332-B tampoco es taxativa respecto a cuál de los dos tipos (2) asociados configura perfectamente el ilícito, emergiendo como un criterio diferenciador de orden objetivo y racional, el tipo de munición que empleé, en su caso, el arma artesanal objeto del delito. Por lo que, de la lectura de las referidas sentencias se desprende que, el uso de munición de calibre comercial, en una arma artesanal en condiciones funcionales, comporta un menor potencial de lesionar bienes jurídicos como la vida e integridad corporal a las armas automáticas de guerra o de combate, como lo es el fusil de asalto Marca Kalashnikov año 1947 (más conocido como AK-47) y otras armas prohibidas en el ordenamiento.”-CONSIDERANDO: Que al contener el auto reclamado la motivación y fundamentación en derecho, estableciendo la Alzada que es en base al análisis de los elementos de prueba aportados en audiencia correspondiente que logró establecer los indicios para estimar como ciertos los hechos por el que se le inició proceso a la ya referida imputada, incorporando en su motivación el razonamiento jurídico que lo llevó a la determinación de confirmar el auto impugnado, misma que éste Alto Tribunal encuentra que no es arbitraria y mucho menos fundada en un error patente que incida directamente en la decisión del asunto, razón por la que no se configura la vulneración al debido proceso, puesto como ya se indicó, el Juzgador ha plasmado en su decisión la motivación necesaria que nos indica la trasgresión de la norma por parte de la imputada y el tipo penal en que ha tenido participación, siguiendo la jurisprudencia consolidada del Tribunal Supremo.- CONSIDERANDO: Que del análisis de las alegaciones en que basa la recurrente su acción de amparo, puede apreciarse que las mismas son propias de instancia procesal ordinaria a la que ya ha sido sometido el asunto, apreciando que la Alzada ha expuesto con claridad los hechos y los fundamentos de Derecho en que basa su razonamiento, para lo cual estima esta Sala, fue resuelto respetando los procedimientos, principios y garantías que rigen el proceso.- CONSIDERANDO: Que esta Sala no advierte que con la resolución impugnada se violente, lesione o se atente contra la garantía del debido proceso o contra los demás derechos y garantías que reconoce la Constitución de la República.-CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio.-CONSIDERANDO: Que el Juez o Tribunal rechazará la demanda de amparo que fuere improcedente y sobreseerá las diligencias tan pronto como conste la causal de su improcedencia, como acontece en el caso de autos.-POR TANTO: LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, por UNANIMIDAD DE VOTOS, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los Artículos 90, 183, 303, 313 atribución 5ª., 316 y 321 de la Constitución de la República; 440-H último párrafo del Código Procesal Penal; 5, 7, 46 numeral 1) y 119 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: SOBRESEER el Recurso de Amparo de que se ha hecho mérito, interpuesto por la Abogada KARLA PATRICIA GARCÍA ARITA a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES SECCIONAL DE COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, en fecha diecisiete de mayo de dos mil dieciséis; al apreciar esta Sala que la autoridad recurrida se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como se ha relacionado ya. Y MANDA: Que una vez firme la presente resolución, se proceda a devolver los autos al Tribunal de su procedencia, con certificación de lo resuelto, para los efectos legales que en derecho correspondan. NOTIFÍQUESE.-Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los veintinueve (29) días del mes de mayo del año dos mil diecisiete (2017), Certificación de la Resolución de fecha treinta (30) de marzo del año dos mil diecisiete (2017) recaída en el Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 0604-2016.- Firma y Sello
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL