Sentencia AP-578-16 — Registro 10329
Resumen
Sentencia declaró sin lugar recurso de apelación, confirmó fallo dictado por juzgado de primera instancia que consideró que se acreditó el vínculo de parentesco entre imputado con la víctima aunque por circunstancias ajenas del sujeto activo del delito no se consumó el delito tipificado contra el ahora recurrente, en relación a causa contra recurrente por suponerlo responsable del delito de parricidio en grado de ejecución de tentativa en perjuicio de víctima, y de lesiones en perjuicio de otra víctima
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…”del análisis de las alegaciones que ha formulado el recurrente para fundar su acción de amparo, puede apreciarse que éstas son propias de la instancia procesal ordinaria a la que fue sometido el asunto, como lo es el caso de valorar la prueba que con arreglo a la sana critica se forma su convicción y razonamiento para emitir su fallo respectivo, para lo cual estima esta Sala, fue resuelto respetando el procedimiento regulado por la ley…”…”este Tribunal aprecia que la resolución del Ad Quem contiene la motivación suficiente, cumpliendo con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetando el derecho de defensa y la publicidad del acto jurisdiccional al que se someten las partes…”…”en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio…”…”es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el presente recurso, al apreciar esta Sala que el recurrente alega una violación de mera legalidad…”
Legislación citada
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 46, 1 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veinte de septiembre de dos mil diecisiete.- VISTO: el recurso de amparo interpuesto por el Abogado CAMILO ERNESTO ALVARADO MARTINEZ a favor del señor TONY MEJÍA BARDALES, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, en fecha seis de abril de dos mil dieciséis, que confirmó la sentencia emitida por el JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DE LA PAZ, el dieciséis de octubre de dos mil quince; en relación a la causa instruida mediante juicio expedito contra el señor TONY MEJÍA BARDALES, por suponerlo responsable de los delitos de PARRICIDIO EN SU GRADO DE EJECUCIÓN DE TENTATIVA en perjuicio de la señora ARGENTINA HERNÁNDEZ LÓPEZ; y LESIONES en perjuicio de la señora ZOILA ESPERANZA HERNÁNDEZ.- CONSIDERANDO: Que del examen de la demanda de amparo se desprende que el recurrente estima que la resolución confirmatoria dictada por el Tribunal de Alzada, no fue emitida de acuerdo a las formalidades, derechos y garantías que a ley establece, ya que no contiene una motivación y fundamentación que sirvan de base a la parte resolutiva o decisoria de la sentencia.- CONSIDERANDO: Que del estudio del escrito de interposición se aprecia que el recurrente invoca como violados entre otros, los derechos contenidos en los artículos 80, 90, 95, 303 y 323 de la Constitución de la República.- CONSIDERANDO: Que según se desprende del acto reclamado, el Ad-quem confirma la decisión del A-quo, a razón de que en el caso de mérito se acreditó el vínculo de parentesco entre el imputado con la víctima, y que si no se consumó el delito tipificado en el artículo 118 del Código Penal, fue por circunstancias ajenas del sujeto activo del delito.- CONSIDERANDO: Que la garantía genérica del debido proceso, consagrada en el articulo 90 de la Constitución de la Republica, se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad, a fin de promover la actividad jurisdiccional que conduce a una decisión judicial resolutoria sobre las pretensiones oportunamente deducidas; dentro de tal garantía, deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, y el de impugnar las resoluciones judiciales, los cuales se estima no han sido lesionados.- CONSIDERANDO: Que del análisis de las alegaciones que ha formulado el recurrente para fundar su acción de amparo, puede apreciarse que éstas son propias de la instancia procesal ordinaria a la que fue sometido el asunto, como lo es el caso de valorar la prueba que con arreglo a la sana critica se forma su convicción y razonamiento para emitir su fallo respectivo, para lo cual estima esta Sala, fue resuelto respetando el procedimiento regulado por la ley.- CONSIDERANDO: Que este Tribunal aprecia que la resolución del Ad Quem contiene la motivación suficiente, cumpliendo con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetando el derecho de defensa y la publicidad del acto jurisdiccional al que se someten las partes.- CONSIDERANDO: Que conforme lo dispone el Artículo 46 Numeral 1º. de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es improcedente el recurso de amparo, entre otros casos, cuando se aleguen violaciones de mera legalidad.- CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio.- CONSIDERANDO: Que conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su Artículo 46 numeral primero, es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el presente recurso, al apreciar esta Sala que el recurrente alega una violación de mera legalidad.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5a. de la Constitución de la República; 1o. y 78 atribución 5a. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 41, 42, 43, 44, 45, 46 numerales 1), 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: SOBRESEER el recurso de amparo interpuesto por el Abogado CAMILO ERNESTO ALVARADO MARTINEZ a favor del señor TONY MEJÍA BARDALES, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, en fecha seis de abril de dos mil dieciséis; al apreciar esta Sala que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo; Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, con certificación de lo resuelto, para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los siete (7) días del mes de noviembre del año dos mil diecisiete (2017), certificación de la Resolución de fecha veinte (20) de septiembre del año dos mil diecisiete (2017), recaída en el Recurso Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 0578-2016.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Resolución que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veinte de septiembre de dos mil diecisiete.- VISTO: el recurso de amparo interpuesto por el Abogado CAMILO ERNESTO ALVARADO MARTINEZ a favor del señor TONY MEJÍA BARDALES, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, en fecha seis de abril de dos mil dieciséis, que confirmó la sentencia emitida por el JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DE LA PAZ, el dieciséis de octubre de dos mil quince; en relación a la causa instruida mediante juicio expedito contra el señor TONY MEJÍA BARDALES, por suponerlo responsable de los delitos de PARRICIDIO EN SU GRADO DE EJECUCIÓN DE TENTATIVA en perjuicio de la señora ARGENTINA HERNÁNDEZ LÓPEZ; y LESIONES en perjuicio de la señora ZOILA ESPERANZA HERNÁNDEZ.- CONSIDERANDO: Que del examen de la demanda de amparo se desprende que el recurrente estima que la resolución confirmatoria dictada por el Tribunal de Alzada, no fue emitida de acuerdo a las formalidades, derechos y garantías que a ley establece, ya que no contiene una motivación y fundamentación que sirvan de base a la parte resolutiva o decisoria de la sentencia.- CONSIDERANDO: Que del estudio del escrito de interposición se aprecia que el recurrente invoca como violados entre otros, los derechos contenidos en los artículos 80, 90, 95, 303 y 323 de la Constitución de la República.- CONSIDERANDO: Que según se desprende del acto reclamado, el Ad-quem confirma la decisión del A-quo, a razón de que en el caso de mérito se acreditó el vínculo de parentesco entre el imputado con la víctima, y que si no se consumó el delito tipificado en el artículo 118 del Código Penal, fue por circunstancias ajenas del sujeto activo del delito.- CONSIDERANDO: Que la garantía genérica del debido proceso, consagrada en el articulo 90 de la Constitución de la Republica, se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad, a fin de promover la actividad jurisdiccional que conduce a una decisión judicial resolutoria sobre las pretensiones oportunamente deducidas; dentro de tal garantía, deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, y el de impugnar las resoluciones judiciales, los cuales se estima no han sido lesionados.- CONSIDERANDO: Que del análisis de las alegaciones que ha formulado el recurrente para fundar su acción de amparo, puede apreciarse que éstas son propias de la instancia procesal ordinaria a la que fue sometido el asunto, como lo es el caso de valorar la prueba que con arreglo a la sana critica se forma su convicción y razonamiento para emitir su fallo respectivo, para lo cual estima esta Sala, fue resuelto respetando el procedimiento regulado por la ley.- CONSIDERANDO: Que este Tribunal aprecia que la resolución del Ad Quem contiene la motivación suficiente, cumpliendo con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetando el derecho de defensa y la publicidad del acto jurisdiccional al que se someten las partes.- CONSIDERANDO: Que conforme lo dispone el Artículo 46 Numeral 1º. de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es improcedente el recurso de amparo, entre otros casos, cuando se aleguen violaciones de mera legalidad.- CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio.- CONSIDERANDO: Que conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su Artículo 46 numeral primero, es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el presente recurso, al apreciar esta Sala que el recurrente alega una violación de mera legalidad.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5a. de la Constitución de la República; 1o. y 78 atribución 5a. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 41, 42, 43, 44, 45, 46 numerales 1), 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: SOBRESEER el recurso de amparo interpuesto por el Abogado CAMILO ERNESTO ALVARADO MARTINEZ a favor del señor TONY MEJÍA BARDALES, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, en fecha seis de abril de dos mil dieciséis; al apreciar esta Sala que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo; Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, con certificación de lo resuelto, para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.- Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los siete (7) días del mes de noviembre del año dos mil diecisiete (2017), certificación de la Resolución de fecha veinte (20) de septiembre del año dos mil diecisiete (2017), recaída en el Recurso Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 0578-2016.- Firma y Sello
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
Secretario Sala Constitucional