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Sentencia AP-563-15 — Registro 9646

Resumen

Recurso de Amparo contra la sentencia dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, con relación al delito de transporte ilegal de arma prohibida, asociación ilícita y falsificación de moneda extrajera en perjuicio de la seguridad interior y la fe pública del estado de Honduras.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… ´´CONSIDERANDO:Que tal y como lo ha reiterado esta Sala en numerosos precedentes, la valoración de los elementos probatorios en orden a decretar ya sea un Auto de Formal Procesamiento, un Sobreseimiento Provisional o Definitivo; y con ello decidir sobre la probable o no atribución de un delito al o a los imputados en una causa criminal, es una tarea que en esencia corresponde ejercer a los Juzgados y Tribunales de instancia del orden Penal, de tal manera que el Juez Constitucional solamente ha de intervenir, cuando en tal valoración se han quebrantado las formas esenciales del Proceso Penal y con ello Derechos y Garantías fundamentales consagradas en la Constitución de la República.-CONSIDERANDO: Que sometida a estudio la sentencia cuya reposición se solicita, esta Sala encuentra que ha sido dictada conforme a derecho, con la debida motivación y fundamentación pertinente, en primer lugar haciendo el análisis respectivo de los derechos que la impetrante considera quebrantado, así como la naturaleza del delito por el que se acusa y los diferentes aspectos planteados por la recurrente. Por todo ello no es de recibo el recurso de reposición planteado por la AbogadaSAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ´´

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

… ´´CONSIDERANDO:Que tal y como lo ha reiterado esta Sala en numerosos precedentes, la valoración de los elementos probatorios en orden a decretar ya sea un Auto de Formal Procesamiento, un Sobreseimiento Provisional o Definitivo; y con ello decidir sobre la probable o no atribución de un delito al o a los imputados en una causa criminal, es una tarea que en esencia corresponde ejercer a los Juzgados y Tribunales de instancia del orden Penal, de tal manera que el Juez Constitucional solamente ha de intervenir, cuando en tal valoración se han quebrantado las formas esenciales del Proceso Penal y con ello Derechos y Garantías fundamentales consagradas en la Constitución de la República.-CONSIDERANDO: Que sometida a estudio la sentencia cuya reposición se solicita, esta Sala encuentra que ha sido dictada conforme a derecho, con la debida motivación y fundamentación pertinente, en primer lugar haciendo el análisis respectivo de los derechos que la impetrante considera quebrantado, así como la naturaleza del delito por el que se acusa y los diferentes aspectos planteados por la recurrente. Por todo ello no es de recibo el recurso de reposición planteado por la AbogadaSAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ´´

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia Y resolución que literalmente dicen: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, nueve de mayo de dos mil diecisiete.-VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado ROGER LUDOVICO MATUS ZELAYA a favor del ESTADO DE HONDURAS contra la sentencia dictada por la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LA SECCION JUDICIAL DE LA CEIBA, ATLANTIDA, en fecha quince de abril de dos mil quince, que resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS PENAL DEPARTAMENTAL DE ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA, el nueve de octubre de dos mil catorce, con relación a la causa instruida contra los señores WILSON YOVANY TROCHEZ MERLO, EDWARD NOEL AVILA MARTINEZ y CARLOS ALBERTO AVILA MARTINEZ, por suponerlo responsable de los delitos de TRANSPORTE ILEGAL DE ARMA PROHIBIDA, ASOCIACION ILICITA y FALSIFICACION DE MONEDA EXTRAJERA en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR y LA FE PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violentado en perjuicio de su representado lo dispuesto en los artículos 82,90 y 321 de la Constitución de la República.-ANTECEDENTES: 1) Que en fecha tres de octubre de dos mil catorce, compareció ante el JUZGADO DE LETRAS PENAL DEPARTAMENTAL DE ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA, la Abogada ELISENA ORTIZ GONZALEZ, en su condición de Agente de Tribunales del Ministerio Público, presentando Requerimiento Fiscal contra los señores WILSON YOVANY TROCHEZ MERLO, EDWARD NOEL AVILA MARTINEZ y CARLOS ALBERTO AVILA MARTINEZ, por suponerlos responsables de los delitos de TRANSPORTE ILEGAL DE ARMA PROHIBIDA, ASOCIACION ILICITA y FALSIFICACION DE MONEDA EXTRANJERA en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR y LA FE PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS. (Folios 01 al 04 de la primera pieza de los antecedentes).-2) Que en fecha nueve de octubre de dos mil catorce, el JUZGADO DE LETRAS PENAL DEPARTAMENTAL DE ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA, en continuación de audiencia inicial resolvió:”1) SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO a favor de los imputados WILSON YOVANY TROCHEZ MERLO, EDWARD NOEL AVILA MARTINEZ Y CARLOS ALBERTO AVILA MARTINEZ, por el delito de ASOCIACION ILICITA, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS.- 2) SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO a favor de los imputados WILSON YOVANY TROCHEZ MERLO Y CARLOS ALBERTO AVILA MARTINEZ por los delitos de TRANSPORTE ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO COMERCIAL y FALSIFICACION DE MONEDA EXTRANJERA, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS Y LA FE PUBLICA, para lo cual se ordena librar atento oficio a la Jefatura Departamental número 11 para que sirva dejar en inmediata libertad exclusivamente a los imputados WILSON YOVANY TROCHEZ MERLO Y CARLOS ALBERTO AVILA MARTINEZ, por haber sido sobreseídos definitivamente por los delitos ASOCIACION ILICITA, TRANSPORTE ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO COMERCIAL Y FALSIFICACION DE MONEDA EXTRANJERA, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS Y LA FE PUBLICA.-3) AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO en contra del imputado EDWARD NOEL AVILA MARTINEZ, por suponerlo responsable de los delitos de TRANSPORTE ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO COMERCIAL Y FALSIFICACION DE MONEDA EXTRANJERA, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS Y LA FE PUBLICA, con la medida cautelar de PRISION PREVENTIVA, la cual deberá cumplir en la Granja Penal del Porvenir, departamento de Atlántida…”(Folios 68 al 76 de la primera pieza de los antecedentes).-3) Que conociendo de los recursos de apelación interpuestos tanto por el Fiscal del Ministerio Público, como la Defensa Privada, contra la resolución relacionada en el inciso que antecede, en fecha quince de abril de dos mil quince, la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LA SECCION JUDICIAL DE LA CEIBA, ATLANTIDA, dictó sentencia mediante la cual FALLÓ:”…PRIMERO: Declarar SIN LUGAR el recurso de Apelación interpuesto por el Ministerio Público, contra del SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO dictado a favor de los Acusados Carlos Alberto Ávila Martínez, Edward Noel Ávila Martínez y Wilson Yovany Troches Merlo, por suponerlos responsables a titulo de autores de un delito de Asociación Ilícita, en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado; En consecuencia CONFIRMA el Sobreseimiento Definitivo en mención. SEGUNDO: Declarar SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el Ministerio Público en contra del SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO dictado a favor de los Acusados Carlos Alberto Ávila Martínez y Wilson Yovany Troches Merlo, por suponerlos responsables a titulo de autores de un delito consumado de Falsificación de Moneda Extrajera, en perjuicio de la Confianza en el Tráfico de Papel Moneda Extranjera y la Economía del Estado de Honduras.- TERCERO: .- Declarar CON LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado Alfred C.Hockersmith, Defensor Privado, en contra del AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO, dictado en contra del acusado Edward Noel Ávila Martínez, por suponerlo responsable a titulo de autor de un delito consumado de Falsificación de Moneda Extrajera, en perjuicio de la Confianza en el Tráfico de Papel Moneda Extranjera y la Economía del Estado de Honduras; En consecuencia se ordena al Juzgado de Letras Departamental de Islas de la Bahía, dictar a favor del acusado un Sobreseimiento Definitivo en base al artículo 296.1 del Código Procesal Penal…” (Folios 04 al 14 de la segunda pieza de los antecedentes).-4) Que el recurrente Abogado ROGER LUDOVICO MATUS ZELAYA en fecha quince de junio de dos mil quince, compareció ante este Tribunal, reclamando amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS afirmando que la decisión del Ad-quem de fecha quince de abril de dos mil quince, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 82,90 y 321 de la Constitución de la República. Teniendo por formalizado el recurso esta Sala el diez de septiembre de dos mil quince, fecha en la cual se omitió la vista de los autos al fiscal, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público.-CONSIDERANDO (1): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional con relación al artículo 41 de la Ley sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley.-CONSIDERANDO (2): Que se conoce en Amparo la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de la sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida, en fecha quince de abril del año dos mil quince, que DECLARÓ SIN LUGAR el recurso de apelaciones interpuesto por el Ministerio Público, contra la resolución de fecha nueve de octubre del año dos mil catorce, dictada por el Juzgado de Letras departamental de Islas de la Bahía, en la causa criminal instruida contra de los señores: WILSON YOVANY TROCHEZ MERLO, EDWARD NOEL AVILA MARTINEZ, Y CARLOS ALBERTO AVILA MARTÍNEZ, a quienes se les supone responsables de los delitos de TRANSPORTE ILEGAL DE ARMAS PROHIBIDA, ASOCIACIÓN ILÍCITA Y FALSIFICACIÓN DE MONEDA EXTRANJERA, en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR Y LA FE PÚBLICA DEL ESTADO DEHONDURAS.-CONSIDERANDO(3): Que el recurrente manifiesta que los derechos constitucionales que considera quebrantados son: El Derecho a la Tutela Judicial Efectiva, Debido Proceso, Derecho de Defensa y el Principio de Legalidad, contenidos en los artículos 82, 90, 321 de la Constitución de la República, exponiendo las siguientes razones fáctica jurídicas: “El debido proceso envuelve el desarrollo progresivo de prácticamente todas los derechos fundamentales de carácter procesal, como conjunto de garantías de los medios tendientes a asegurar la vigencia y eficacia del proceso, de lo que cabe asegurar que el derecho a una resolución fundada en derecho es un elemento esencial del debido proceso. Una sentencia de fondo, es decir razonable congruente y justa, que resuelva las pretensiones controvertidas y que se encuentre jurídicamente fundada, es una exigencia que deriva de la legitimación democrática del poder judicial y de la oposición a la indefensión y a la irracionalidad. Cuando este derecho es infringido por parte del juzgador, a quien le asiste la responsabilidad de garantizar a las partes el acceso a la justicia mediante la emisión de resoluciones ajustadas a derecho; esto se traduce en la violación al derecho de la tutela judicial efectiva y al mismo tiempo desencadena la violación a otros derechos igualmente relacionados. Es así que encontramos que además de lo expuesto anteriormente la resolución emitida también genera afectación al derecho a la defensa de los intereses generales de la sociedad materializada por el ente acusador, a favor del ejercicio de la acción penal”. En el numeral Sexto de la formalización del recurso expone: “La aplicación inadecuada de la norma penal constituye una flagrante violación al derecho del Debido Proceso, mismo que reclama que la conclusión por sentencia de todo proceso debe respetar al menos ciertos principios constitucionales vinculados a una verdadera administración de justicia, entre los cuales se encuentra el derecho a la debida motivación, sin embargo como arriba se ha dicho la resolución emitida por la Corte de Apelaciones de La Ceiba, Atlántida, se basa en apreciaciones erróneas referentes a la aplicación de una norma equivocada, igualmente hay una flagrante violación al derecho a la tutela judicial por no garantizarse el debido proceso, esto por la falta de motivación de la resolución emitida y la violación del derecho de acceso a la justicia, se deriva de la negación de justicia materializada en una resolución que carece de las adecuadas motivaciones para adquirir la convicción en las partes respecto a la conclusión arribada en la cual se decide el fondo del asunto, ya que se puso fin al proceso mediante la aplicación del decreto en mención a favor del imputado, cuando en realidad no procedía su aplicación” señalando que como consecuencia se afecta el principio de legalidad. En relación al principio de Legalidad señala que “en un Estado de Derecho el poder tiene su fundamento y límite en el ordenamiento jurídico, las que le imponen al Juez la obligación ineludible de emitir sus resoluciones en estricto apego a derecho y no a su mera arbitrariedad, interpretación personal sin tomar en cuenta la norma, el hecho, la prueba y como en el caso que hoy nos ocupa el derecho a aplicar, si bien es cierto, el Juez tiene una facultad dada por la misma norma de interpretación, esta debe ser orientada a la búsqueda del verdadero sentido de la norma que se debe aplicar y en el caso venido a estudio tal como se señaló con anterioridad a través del Decreto Legislativo 184-2013,la intención autentica dada por el legislador no es la de despenalizar la acción constitutiva de delito por la que se ejercicio la acción penal en contra de los encausados, tal como lo establece el Ad quem, sino más bien la responsabilidad de la tenencia de un arma al momento de proceder al registro o entrega de la misma.-CONSIDERANDO (4): Que el Ad quem en el auto impugnado, deja establecido los antecedentes procesales, en la fundamentación expone un razonamiento lógico y coherente del objeto del recurso de apelación, en el numeral SEGUNDO, hace un análisis de los elementos de los delitos por los que acusa el Ministerio Público, iniciando con el delito de Asociación Ilícita: señala que este tipo penal “constituye la criminalización de un tipo de conspiración, cuyo concepto es proporcionado por el Código penal en el artículo 17, reprochando cuando varias personas deciden asociarse con el propósito permanente de ejecutar actos delictivos. Si bien el tipo penal fue creado por el Legislador pensando en las maras o pandillas por su carácter independiente el mismo puede ser aplicado a cualquier grupo de personas que concierten cometer delitos de carácter permanente, como ser: Trata de Personas, Secuestro Extorsivo, Narcotráfico, Lavado de activos, delitos de Corrupción etc.”, protegiendo el bien jurídico penal de la Seguridad Interior del Estado de Honduras; delito tipificado en el artículo 332 del código Penal vigente, señalando los elementos objetivos del tipo penal, en cuanto a los sujetos activos, si bien el tipo no señala cuantas personas deberán integrar la asociación lo relaciona a la convención de Palermo en su artículo 2 debiendo entenderse como mínimo tres personas; además el tipo no requiere de cualidades particulares, por lo que podrá integrarse con cualquier persona sin importar edad, sexo, religión, nacionalidad, etc., así mismo el sujeto activo necesariamente no debe conocer la identidad de los todos los miembros del grupo, sucediendo que puede conocer a uno de ellos que se inicie en la agrupación y la de membrecía. No se necesita una estructura definida, jerarquizada con roles definidos, bastará que exista la agrupación bajo la visión consensuada de cometer delito. Señala además que la conducta criminosa tiene como verbo rector el asociarse y el acto relevante que el grupo de personas se concierte para la ejecución de actos delictivos, la idea de permanencia puede nacer después de haberse constituido el grupo. Como requisito de tiempo se exige que el grupo sea permanente, no una reunión de personas accidental para cometer un delito determinado, sino que cada persona se identifique como miembro del grupo que tiene constancia en el tiempo y cuyo único rol o como parte de sus roles, es cometer delitos. En relación al itercriminis no se requiere que los delitos propuestos por los integrantes del grupo lleguen a la fase de consumación, ni siquiera que se inicie la ejecución de esas conductas, ya que la consumación de este delito se produce con el acuerdo permanente de cometer delitos. En cuanto al sujeto Pasivo es el Estado de Honduras, no como Persona Jurídica, sino como entidad que agrupa a todos sus habitantes, es decir todos los que conforman la sociedad hondureña. En su numeral tercero la Corte de Apelaciones señala que concuerda con el criterio del A-quo, en virtud de la no concurrencia de los elementos mínimos para evidenciar el delito de Asociación Ilícita. Sustenta su criterio en la Sentencia dictada por la Sala de lo Penal en fecha 22 de enero del 2007 en el Expediente 2325-2004, que sigue lo estipulado por el artículo 2.a de la Convención de Palermo, que señala que el delito de Asociación Ilícita es de carácter plurisubjetivo, donde se requiere la participación de tres o más personas. Por todo ello el Ministerio Público debió acreditar indicio mínimo, que los tres conformaban un grupo, que de manera permanente, han dispuesto como propósito de existencia de dicha agrupación el planteamiento y ejecución de actos tipificados como delitos, señalando que en el requerimiento fiscal no se alega que los imputados cada uno de manera independiente pertenezcan a una asociación ilícita, sino que ellos tres conforman la asociación ilícita.-CONSIDERANDO (5):Que el Ad quem en cuanto a los medios de prueba presentados por el Ente Acusador en relación al delito de Asociación ilícita, realiza el siguiente análisis: 1. constancia de antecedentes policiales del señor Wilson Yovany Troches Merlo (f.16) de tener orden pendiente por un delito de Violación, que es un delito de propia mano y que no llega a acreditar que dicha acusación sea como producto de conductas realizadas con los otros dos co-imputados, sumado al hecho de que la Defensa presentó Carta de Libertad Definitiva a favor del acusado por dicho delito (F.51). 2. Copia del Memorándum de fecha 07 de octubre del 2014 (f.44) extendido por el Coordinador Regional del Ministerio Público de la ciudad de La Ceiba, en donde hace constar que los acusados Wilson Yovany Troches Merlo y Edward Noel Ávila Martínez, fueron detenidos en el departamento de Islas de la Bahía el 28 de mayo del 2013 por los delitos de Asociación Ilícita y Portación Ilegal de Armas, al respecto haciendo una valoración del mismo el Ad quem señala que dicho documento “no solo carece de valor probatorio, por que se trata de una copia, sino que además de ser verídica la información que se consigna en él, no constituye indicio mínimo de participación de los acusados en el delito de asociación Ilícita puesto que en dicho documento también se hace mención de que el acusado Carlos Alberto Ávila Martínez, no tiene ningún registro en su contra, con lo cual el elemento de plurisubjetividad que exige el artículo 2.a de la Convención de Palermo no se ve satisfecho. Señala además que obra como prueba de la Defensa de los imputados las Constancias de antecedentes Penales en las que se determina que éstos no han sido condenados por sentencia firme. 3.-Manifiesto de Pasajeros (F.41 donde se lee que en fecha 02 de noviembre del 2014, en el turno B y con puerto de salida La Ceiba con destino a Roatán, 119 personas abordaron, entre ellas los acusados Edward Noel Ávila Martínez (línea 8) y Wilson Yovany Troches Merlo (línea 112), con lo que se acredita que realizaban juntos dicho viaje el día de los hechos que se juzgan, sin que en el mismo se haga mención al acusado Carlos Alberto Ávila Martínez. Expone el Ad quem que no existe controversia en cuanto al hecho dela captura de los acusados cuando se conducían en un vehículo Nissan, Modelo Altima, tipo turismo, color gris, Placas PCE8577, en cuyo interior fueron encontradas dos armas de fuego y billetes falsos de denominación de 20 dólares estadounidenses; sin embargo este hecho por sí mismo no constituye elemento racional de la posible existencia de un delito de asociación ilícita. Señalando finalmente que la prueba aportada por el ministerio Público no fue suficiente, por cuanto el aspecto básico de pluriofensividad que exige el tipo penal no fue evidenciado.-CONSIDERANDO (6):Que el Ad quem respecto al delito de Falsificación de Moneda es exhaustivo en su análisis, señalando en número 3. Conducta Criminosa centrada en el verbo rector, el cual en el caso de estudio consiste en poner en circulación monedas falsificadas o alteradas. Explicando que el tipo penal exige que la moneda falsa sea puesta en circulación, dado que solo así el sujeto activo provoca un daño en el bien jurídico protegido (sujeto activo que es distinto al que falsificó o alteró la moneda. Señala que conforme “lo describe el tipo penal el autor del delito en un primer momento recibe la moneda falsa o alterada, lo cual implica una conducta: la de receptor, más esta conducta no es la que el legislador reprocha, de modo que si el sujeto activo limita su accionar a ésta, su conducta sería atípica; el Legislador además de recibir la moneda falsa o alterada, señala que el autor debe realizar conductas que sean efectivas para ponerla en circulación, de modo que la moneda se encause en el tráfico monetario, haciendo transacciones (lícitas o Ilícitas) con la misma”. Como “elemento subjetivo el tipo penal exige el sujeto activo realice la acción con dolo, es decir que se conduzca con el conocimiento de que está realizando el verbo rector descrito: poner en circulación la moneda falsa”. El referido delito se encuentra incluido en el Requerimiento Fiscal presentado contra los acusados, el Ad quem realiza un análisis de la prueba propuesta para la acreditación de dicha acción ilícita durante la audiencia inicial, 1.Acta de Registro de Vehículo (f.13) en la que se señala que en el interior del vehículo Nissan, Modelo Altima, tipo turismo, color gris, Placas PCE8577, atrás del asiento del conductor, en el piso fue encontrada una bolsa plástica color blanco y rosado conteniendo entre otras cosas diez paquetes de billetes de veinte dólares todos con serie número MA48173118A (f15).2. dictamen Documentológico en diez fajos de billetes de veinte dólares con 60 billetes cada fajo, (600 billetes), señalando como observaciones, que todos presentan el mismo número de serie MA48173118A; son de denominación de 20 dólares; el papel no corresponde al papel moneda; Ninguno de los billetes presenta cinta de seguridad; La impresión de los billetes es borrosa, lo cual denota que es una copia de un billete verdadero; Al exponer los billetes a la luz ultravioleta, no existe reflejo de cinta de seguridad. 3. Declaración de los testigos quienes realizaron un operativo en el que efectuaron el registro al vehículo antes mencionado. El Ad quem manifiesta que “la valoración hecha por el A quo da cuenta a éste Tribunal que los 600 billetes son en realidad una burda copia, dado que su impresión es borrosa, y que como señala el Juez, no podrían inducir en error para su adquisición a ninguna persona, de modo entonces que se trata de copias ilegítimas que no reúnen la condición de EXPENDIBILIDAD, y por tanto no existe riesgo de que entren en circulación por cuanto fácilmente cualquier persona se alertaría de estar frente a un billete de 20 dólares estadounidenses falso, por mucho que sea el deseo del autor (Delito Imposible). Como consecuencia de lo anterior los hechos objeto de requerimiento fiscal son atípicos.-CONSIDERANDO (7):Que el Ad quem en cuanto al delito de Transporte Ilícito de Armas de Fuego Comerciales, expone que “el A quo determinó pronunciar un auto de procesamiento contra el señor Edward Noel Ávila Martínez, que disintiendo el Magistrado Guzmán Valladares, estimando la mayoría de la Corte de Apelaciones que es procedente Revocar dicha Resolución por las siguientes consideraciones: 1.- Que revisados los argumentos de la primera instancia para dictar el referido auto, encontramos que invoca la aplicación del Decreto Ejecutivo POM 035-2014 que establece una prohibición de transportar armas de fuego en lugares turísticos del Departamento de Islas de la bahía, por lo cual el A quo determinó que esta norma de carácter administrativo es de carácter primario en el proceso penal a efecto de sancionar al procesal Ávila Martínez, porque además la acción de transportar es de cualquier tipo de arma. Criterio contradictorio en relación a la decisión pronunciada a favor de las otras personas (Carlos Alberto Ávila Martínez y Wilson YovanyTrochez Merlo), que acompañan al señor Ávila en el vehículo en que fueron detenidos, pues si por aplicación de dicho decreto, debió igualmente decretarles el auto de procesamiento por este delito, como lo argumenta en sus agravios el Ministerio Público.-Pues igual aplicación tendría para éstos el principio de temporalidad que argumenta (ante dos leyes especiales como el Decreto 035-2014 en relación al Decreto 63-2014 le da primacía y aplicabilidad al primero). 2. En cuanto al Decreto POM 035-2014 el Ad quem expone: que dicho Decreto “dispone en su Considerando Cuarto (no está enumerado pero para efectos de identificación lo hacemos), que en caso de la alteración de la tranquilidad pública, las autoridades a quienes les corresponda la aplicación de la Ley consignada en el considerando que antecede,(número tres de ese decreto, se refiere al artículo 2 de la Ley de Control de Armas de fuego, Municiones, Explosivos y otros similares contenido en el Decreto 30-2000 del 11 de abril del 2011), que corresponde la aplicación de esta Ley al Poder Ejecutivo por medio de la Secretaría de Seguridad…”. Sigue diciendo, “La misma norma está atribuyendo facultades exclusivas para su aplicación al Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Seguridad, por sus obligaciones en cuanto a mantener la paz y el orden social, este decreto se autoproclama de carácter administrativo y su única sanción de acuerdo al artículo 1 párrafo segundo es el de desarmar a quienes porten armas de fuego, municiones, explosivos, pero no limitar la libertad ambulatoria de la persona como lo ha determinado el A-Quo, aplicando erróneamente y dándole carácter penal a una norma que no la tiene.-CONSIDERANDO (8): Que el Ad quem en el número tres (3) de su análisis sobre el delito de Transporte Ilegal de Armas de fuego comercial, expone: “El Decreto 63-2014 prorroga la vigencia para todo el Territorio Nacional del decreto 184-2013,en cuanto al establecimiento de la veda por el término de un año para toda persona que tenga en su poder (el subrayado es nuestro) cualquier arma de fuego comercial para que proceda a realizar los trámites correspondientes, por un período de seis meses, contados a partir de la fecha de vencimiento del referido decreto, el cual venció el cinco de octubre del 2014, a las doce de la noche. Cuando este Decreto impone una veda es en cuanto a la persecución penal, dándole sentido al principio de última ratio del derecho penal, a efecto de que las personas que posean bajo cualquier circunstancia, es decir, transportando, guardando, ese tipo de armas procedan a registrarla. Por otra parte esta norma no aplica solamente a quienes tengan la condición de propietarios de arma de fuego, muy claramente establece el verbo rector de poseer, y donde la ley no hace distinciones los jueces no pueden hacerlas, y cuando se hagan interpretaciones de carácter analógico a una norma como lo es el Decreto Ejecutivo POM 035-2014 para su aplicabilidad en un procesado penal, esas interpretaciones tienen que realizarse en forma restrictiva, cuidando no afectar los derechos y garantías de la persona procesada o imputada, como es el derecho a la libertad, por ende los agravios del Ministerio Público no proceden a pretender darle aplicabilidad en el ámbito penal a una norma de carácter administrativo. Finalmente el Tribunal de Alzada por unanimidad de votos declara Primero: sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público contra el sobreseimiento Definitivo dictado a favor de los acusados Carlos Alberto Avila Martínez, Edward Noel Avila Martínez y Wilson Yovany Trochez Merlo, por suponerlos responsables a título de autores de un delito de Asociación Ilícita, en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras. Segundo: Sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público contra el Sobreseimiento Definitivo dictado a favor de los acusados Carlos Alberto Ávila Martínez y Wilson Yovany Trochez Merlo por suponerlos responsables a título de autores de un delito de Falsificación de Moneda Extranjera, en perjuicio de La Confianza en el Tráfico de Papel Moneda Extranjera y la Economía del Estado de Honduras. Tercero: Declara con lugar el Recurso de Apelación interpuesto por el Defensor Privado contra el auto de Formal Procesamiento, dictado contra el acusado Edward Noel Ávila Martínez por suponerlo responsable de un delito consumado de Falsificación de Moneda Extranjera, en perjuicio de La Confianza en el Tráfico de Papel Moneda Extranjera y la Economía del Estado de Honduras. Dejando claramente establecido porque el recurso de apelación intentado por el Ente Acusador no es de recibo.-CONSIDERANDO (09): Que el impetrante considera que la resolución impugnada le ha quebrantado Debido Proceso El Derecho a la Tutela Judicial Efectiva, Derecho de Defensa y el Principio de Legalidad. El Debido Proceso adjetivo o formal se entiende como un conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial[1]. Así, si bien es cierto que los fallos han de respetar los principios del debido proceso formal y sustancial, también existiría una forma por la cual este fallo llegue a concretarse, y tutelar efectivamente la pretensión o derecho amparado. Este es el momento en el cual hace su aparición la tutela jurisdiccional efectiva, dado que un fallo justo y acorde con el procedimiento debido, no puede quedarse como certeza jurídica ideal, sino que ha de satisfacer materialmente el derecho reconocido. El Estado tiene la obligación de reconocer un conjunto de garantías institucionales que permitan el ejercicio del debido proceso en toda persona [2]. Todos los ciudadanos tienen derecho a acudir a los tribunales para obtener protección de sus intereses o derechos, a través de un proceso que respete tanto los derechos del demandante como los del demandado,(acusados, imputados) y que además el resultado de éste se encuentre asegurado, garantizando la tutela judicial contenida en el derecho interno y en los Tratados y Convenciones Internacionales suscritos por el Estado para proteger los derechos y libertades del ciudadano contra actos u omisiones de las autoridades públicas, ejecutivas, judiciales o legislativas.-CONSIDERANDO (10):Que el Derecho a la Defensa contenido en el artículo 82 constitucional, presenta las características de inviolable, irrenunciable, postulado de un Estado de Derecho. El Derecho de Defensa es inherente a la persona humana, existe independientemente de las situaciones concretas, por ello la persona sospechosa como autora o participe de un hecho delictivo, desde el primer acto de persecución penal dirigido en su contra y hasta la finalización del proceso penal (incluida la etapa de ejecución) tiene los mismos derechos que el orden jurídico le atribuye al imputado o acusado. Derecho constitucional que se encuentra en armonía con lo establecido en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos que en su artículo 8 dispone las garantías judiciales “1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. 2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad…. h) derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.-CONSIDERANDO (11):Que tal y como se ha dejado establecido en ocasiones anteriores por esta Sala de lo Constitucional, tanto el derecho de Petición, derecho de Defensa, Principio de Legalidad son inherentes al Debido Proceso, ya que la existencia de éste produce una tutela judicial efectiva al tenor de lo dispuesto en el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República, garantía constitucional que al estar conformada por un número no definido de derechos, garantías o formalidades establecidos por la ley; trae como consecuencia directa; que para que se considere vulnerado el debido Proceso, es necesario que lo haya sido alguno o algunos de esos elementos.-CONSIDERANDO(12): Que esta Sala, comparte el criterio del Ad quem en la mayoría de la resolución impugnada, excepto en la apreciación concerniente al delito de FALSIFICACIÓN DE MONEDA EXTRANJERA, tomando en cuenta que los ahora imputados al momento de su detención se les encontró determinada cantidad de dinero en moneda extranjera (Dólares) falsificados, acción realizada a sabiendas de los acusados, Cantidad de billetes falsos encontrados en el vehículo en el que se conducían, en este sentido no puede pasar inadvertido el hecho de la falsificación de la moneda extranjera y la sospecha de probable participación de los acusados acorde al requerimiento fiscal. En ese orden de ideas esta Sala no se pronuncia sobre el fondo del Asunto, lo que es menester del órgano jurisdiccional competente quien dictará sentencia conforme la prueba sometida al contradictorio y el análisis del derecho aplicable al caso en estudio. Por todo ello esta Sala se pronuncia en cuanto a este delito que debe otorgarse la acción de Amparo interpuesta. Con excepción de lo antes expuesto los criterios emitidos por el Ad quem, debidamente razonados de acuerdo a los datos objetivos que proporciona el ordenamiento jurídico y los que se derivan de los hechos, expresando las razones que sustentan la resolución conforme a las alegaciones de las partes en conflicto, que lo han llevado a decidir la controversia sometida a su conocimiento. Apreciando la aplicación de las reglas de sana crítica, entendida de acuerdo a la doctrina, como aquella que nos conduce al descubrimiento de la verdad por los medios que aconseja la razón y el criterio racional, puesto en juicio. De acuerdo con su acepción gramatical puede decirse que es el analizar sinceramente y sin malicia las opiniones expuestas acerca de cualquier asunto[3]". la que ciertamente descansa sobre los pilares del razonamiento lógico, la congruencia, y motivación jurídica suficiente, para dar respuesta a las peticiones planteadas tanto por el Ministerio Público, como por la defensa de los acusados. Esta Sala observa que el Tribunal de alzada en el estudio exhaustivo de los antecedentes, deja establecido de manera clara, precisa, y sin lugar a dudas los elementos que estructuran los tipos penales por los que fueron requeridos los imputados ante el Juez de Instancia. De igual manera hace un extenso estudio de los medios de prueba evacuados en la audiencia inicial, aplicando de manera estricta las reglas de la Sana Crítica, es decir la operación intelectual que realiza el Juez con el objeto de apreciar de manera correcta las pruebas evacuadas y sometidas al contradictorio, apreciación objetiva y debidamente razonada.-CONSIDERANDO(13): Esta Sala como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico.-POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos, en aplicación de los artículos 15, 59,62, 90, 95 183, 303, 313 No.5, y 316, de la Constitución de la República; 1, 11, 78 No. 5, 132 y 145 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 9 No. 2, 41, 54, 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; Artículo 8.4 de La Convención Americana de Derechos Humanos; 8, y 10 de La Declaración Universal de los Derechos Humanos; 14.1, 14.7, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Artículo IV de La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; FALLA: 1.- OTORGA la acción de AMPARO en relación al Delito de FALSIFICACIÓN DE MONEDA EXTRANJERA, en consecuencia deberá dictarse lo que en derecho corresponde. 2.- En cuanto a los demás motivos invocados en la acción que se conoce. DENEGAR la Acción de AMPARO interpuesto por el Abogado ROGER LUDOVICO MATUS ZELAYA a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones De la sección Judicial de la Ceiba Departamento de Atlántida, en fecha quince de abril del año dos mil quince. YMANDA: que con la certificación de este fallo remita los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó el Magistrado Jorge Abilio Serrano Villanueva.-NOTIFIQUESE.-Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, M.D.C., veinte de junio de dos mil diecisiete.-VISTO: El recurso de reposición presentado en fecha trece (13) junio del año dos mil diecisiete (2017), interpuesto por la Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ, actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Publico; contra la sentencia dictada por esta Sala, en fecha nueve de mayo del año dos mil diecisiete, en la que se Deniega el recurso de amparo respecto al delito de TRANSPORTE ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO COMERCIAL, interpuesto por la impetrante contra la resolución de fecha quince (15) de abril del año dos mil quince (2015), dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, Atlántida, que declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Publico, en consecuencia confirma la resolución dictada por el Juzgado de Letras Departamental de Roatán, Islas de la Bahía, con relación a la causa instruida contra los señores WILSON YOVANY TROCHEZ MERLO, EDWARD NOEL AVILA MARTINEZ Y CARLOS ALBERTO AVILA MARTINEZ, por suponerlos responsables del delito de TRANSPORTE ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO COMERCIAL, en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS.-CONSIDERANDO: Que el Abogado ROGER LUDOVICO MATUS ZELAYA, interpuso acción de amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS. Una vez efectuado el trámite que determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, se dictó sentencia en fecha nueve (09) de mayo del año dos mil diecisiete (2017),mediante la cual SE DENIEGA el recurso de amparo del que se hizo mérito por ese delito- CONSIDERANDO: Que la recurrente AbogadaSAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ,expone en el recurso de Reposición relacionado, que no comparte el criterio jurídico de la Sala, manifestando la recurrente lo siguiente:“se aprecia que la resolución que hoy se impugna, carece de las debidas motivaciones en tanto que no señala de manera clara y precisa los argumentos que lo llevaron a compartir el criterio esbozado por el Ad quem en su resolución, señalando de manera general en el considerando doce (12). Lo siguiente:” Esta Sala observa que el Tribunal de alzada en el estudio exhaustivo de los antecedentes, deja establecido de manera clara, precisa y sin lugar a dudas los elementos que estructuran los tipos penales por los que fueron requeridos los imputados ante el juez de instancia.”Expone así mismo que ha solicitado a la Sala como interprete último y definitivo de la Constitución de la República, ajuste sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, en el sentido de establecer en el caso sub judice, cual es el alcance del Decreto 184-2013 y 60-2014, es decir, que la interpretación del Decreto se oriente a la búsqueda del verdadero sentido de la norma que se debe aplicar, y en caso venido a estudio a través del Decreto Legislativo 184-2013, la intención autentica dada por el Legislador no es la de despenalizar la acción, sino mas bien de no responsabilizarlo de la tenencia de un arma al momento de proceder al registro de la misma, razonamiento este que fue compartido por esa sala en los fallos emitidos y registrados en las acciones de Amparo.”.-Que con los argumentos esgrimidos por la honorable Sala Constitucional en el fallo que hoy se impugna, esta representación del Ministerio Público se encuentra en desacuerdo con ese alto Tribunal, en tanto que el Ministerio Público no ha alegado vulneración ni del debido proceso ni del derecho de defensa como lo hace ver la Sala en su resolución, ya que consideramos que la resolución emitida por la Honorable Corte Segunda de Apelaciones de la Ciudad de la Ceiba, Departamento de Atlántida vulnera el Principio de Legalidad, en tanto que la interpretación del Decreto, por parte del Juzgador debe de ser orientada a la búsqueda del verdadero sentido de la norma que se debe aplicar, y en el caso venido a estudio a través del Decreto Legislativo 184-2013, la intención auténtica dada por el Legislador no es la de despenalizar la acción, sino mas bien de no responsabilizarlo de la tenencia de un arma al momento de proceder al registro de la misma…;Haciendo alusión la recurrente que esta Sala se aparta de su criterio jurisprudencial plasmado en las sentencias registradas en la Secretaría de la Sala de lo Constitucional bajo los números de amparos siguientes: SCO 1104-2014; amparo acumulado AP-SCO-241,351, 365 Y 370-2015; 1124-2014; mediante los cuales establece: “… dicho Decreto no despenaliza bajo ningún concepto la Portación Ilegal, ni tiene por finalidad permitir de esa tipología de delito de peligro abstracto; sino que el fin expreso y tácito del mismo es obtener el registro de armas de fuego en poder de los particulares, para efectos de su control formal por parte del Estado….” Amparos que fueron otorgados a favor del ente acusador.- CONSIDERANDO: Sigue manifestando la recurrente que de lo anteriormente expuesto, se aprecia que el criterio esbozado en la sentencia que hoy se recurre, resulta contradictorio a lo previamente establecido por dicha Sala respecto al espíritu del Decreto en mención, donde señala claramente: “La Sala de lo Constitucional entiende que el espíritu de ley manifestado en el Decreto en mención, no es expresamente el de despenalizar los artículos correlativos del Código Penal, pues de haber sido esa la finalidad de la creación del Decreto 184-2013, así hubiese quedado plasmado”; razón por la cual solicita se declare con lugar el recurso de reposición interpuesto, reponiendo la sentencia en el sentido de otorgar el amparo siguiendo la línea de doctrina legal de los amparos señalados.-CONSIDERANDO:Que esta Sala NO encuentra estimable la argumentación hecha por el Ministerio Público con respecto a los precedentes vinculantes indicados; En virtud que el artículo 73 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, manda que tres sentencias conformes dictadas por la Corte Suprema de Justicia a través de la Sala de lo Constitucional en las demandas de amparo, constituyen doctrina legal, sin embargo el legislador legitima que la Sala pueda apartarse de su propia doctrina, razonando la innovación. En ese sentido es menester señalar, lo que esta Sala ya ha realizado en los diversos fallos posteriores a los que en este recurso invoca como doctrina legal. Entre los cuales destacan los siguientes amparos: AP0219-2015; AP1308-2104; AP 1279-2014; AP 0860-2015.-CONSIDERANDO:Que tal y como lo ha reiterado esta Sala en numerosos precedentes, la valoración de los elementos probatorios en orden a decretar ya sea un Auto de Formal Procesamiento, un Sobreseimiento Provisional o Definitivo; y con ello decidir sobre la probable o no atribución de un delito al o a los imputados en una causa criminal, es una tarea que en esencia corresponde ejercer a los Juzgados y Tribunales de instancia del orden Penal, de tal manera que el Juez Constitucional solamente ha de intervenir, cuando en tal valoración se han quebrantado las formas esenciales del Proceso Penal y con ello Derechos y Garantías fundamentales consagradas en la Constitución de la República.-CONSIDERANDO:Que sometida a estudio la sentencia cuya reposición se solicita, esta Sala encuentra que ha sido dictada conforme a derecho, con la debida motivación y fundamentación pertinente, en primer lugar haciendo el análisis respectivo de los derechos que la impetrante considera quebrantado, así como la naturaleza del delito por el que se acusa y los diferentes aspectos planteados por la recurrente. Por todo ello no es de recibo el recurso de reposición planteado por la AbogadaSAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ.-CONSIDERANDO: Que el Tribunal ante quien se pida la reposición deberá, sin más trámite, denegar o enmendar la providencia o sentencia.-POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos de la Sala de lo Constitucional y en aplicación de los artículos 183, 303, 304, 313 atribución 5ta. Y 316 de la Constitución de la República; 78 atribución 5ta., 187, 188 y 189 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 4 Nº 7 Y Nº 8, 119,120, 124 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: DECLARAR SIN LUGAR el recurso de reposición interpuesto por la AbogadaSAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ, por las razones que se dejan señaladas: Y MANDA: Que el Secretario del Despacho notifique lo resuelto al recurrente para los efectos legales que en derecho correspondan.- Redactó el Magistrado Jorge Abilio Serrano Villanueva.-NOTIFIQUESE.-Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los cinco (5) días del mes de septiembre del año dos mil diecisiete (2017), Certificación de la Sentencia de fecha nueve (9) de mayo del año dos mil diecisiete (2017) y Resolución de fecha veinte (20) de junio del año dos mil diecisiete (2017), recaídas en el Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 0563-2015.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia Y resolución que literalmente dicen: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, nueve de mayo de dos mil diecisiete.-VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado ROGER LUDOVICO MATUS ZELAYA a favor del ESTADO DE HONDURAS contra la sentencia dictada por la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LA SECCION JUDICIAL DE LA CEIBA, ATLANTIDA, en fecha quince de abril de dos mil quince, que resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS PENAL DEPARTAMENTAL DE ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA, el nueve de octubre de dos mil catorce, con relación a la causa instruida contra los señores WILSON YOVANY TROCHEZ MERLO, EDWARD NOEL AVILA MARTINEZ y CARLOS ALBERTO AVILA MARTINEZ, por suponerlo responsable de los delitos de TRANSPORTE ILEGAL DE ARMA PROHIBIDA, ASOCIACION ILICITA y FALSIFICACION DE MONEDA EXTRAJERA en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR y LA FE PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violentado en perjuicio de su representado lo dispuesto en los artículos 82,90 y 321 de la Constitución de la República.-ANTECEDENTES: 1) Que en fecha tres de octubre de dos mil catorce, compareció ante el JUZGADO DE LETRAS PENAL DEPARTAMENTAL DE ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA, la Abogada ELISENA ORTIZ GONZALEZ, en su condición de Agente de Tribunales del Ministerio Público, presentando Requerimiento Fiscal contra los señores WILSON YOVANY TROCHEZ MERLO, EDWARD NOEL AVILA MARTINEZ y CARLOS ALBERTO AVILA MARTINEZ, por suponerlos responsables de los delitos de TRANSPORTE ILEGAL DE ARMA PROHIBIDA, ASOCIACION ILICITA y FALSIFICACION DE MONEDA EXTRANJERA en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR y LA FE PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS. (Folios 01 al 04 de la primera pieza de los antecedentes).-2) Que en fecha nueve de octubre de dos mil catorce, el JUZGADO DE LETRAS PENAL DEPARTAMENTAL DE ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA, en continuación de audiencia inicial resolvió:”1) SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO a favor de los imputados WILSON YOVANY TROCHEZ MERLO, EDWARD NOEL AVILA MARTINEZ Y CARLOS ALBERTO AVILA MARTINEZ, por el delito de ASOCIACION ILICITA, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS.- 2) SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO a favor de los imputados WILSON YOVANY TROCHEZ MERLO Y CARLOS ALBERTO AVILA MARTINEZ por los delitos de TRANSPORTE ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO COMERCIAL y FALSIFICACION DE MONEDA EXTRANJERA, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS Y LA FE PUBLICA, para lo cual se ordena librar atento oficio a la Jefatura Departamental número 11 para que sirva dejar en inmediata libertad exclusivamente a los imputados WILSON YOVANY TROCHEZ MERLO Y CARLOS ALBERTO AVILA MARTINEZ, por haber sido sobreseídos definitivamente por los delitos ASOCIACION ILICITA, TRANSPORTE ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO COMERCIAL Y FALSIFICACION DE MONEDA EXTRANJERA, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS Y LA FE PUBLICA.-3) AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO en contra del imputado EDWARD NOEL AVILA MARTINEZ, por suponerlo responsable de los delitos de TRANSPORTE ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO COMERCIAL Y FALSIFICACION DE MONEDA EXTRANJERA, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS Y LA FE PUBLICA, con la medida cautelar de PRISION PREVENTIVA, la cual deberá cumplir en la Granja Penal del Porvenir, departamento de Atlántida…”(Folios 68 al 76 de la primera pieza de los antecedentes).-3) Que conociendo de los recursos de apelación interpuestos tanto por el Fiscal del Ministerio Público, como la Defensa Privada, contra la resolución relacionada en el inciso que antecede, en fecha quince de abril de dos mil quince, la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LA SECCION JUDICIAL DE LA CEIBA, ATLANTIDA, dictó sentencia mediante la cual FALLÓ:”…PRIMERO: Declarar SIN LUGAR el recurso de Apelación interpuesto por el Ministerio Público, contra del SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO dictado a favor de los Acusados Carlos Alberto Ávila Martínez, Edward Noel Ávila Martínez y Wilson Yovany Troches Merlo, por suponerlos responsables a titulo de autores de un delito de Asociación Ilícita, en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado; En consecuencia CONFIRMA el Sobreseimiento Definitivo en mención. SEGUNDO: Declarar SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el Ministerio Público en contra del SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO dictado a favor de los Acusados Carlos Alberto Ávila Martínez y Wilson Yovany Troches Merlo, por suponerlos responsables a titulo de autores de un delito consumado de Falsificación de Moneda Extrajera, en perjuicio de la Confianza en el Tráfico de Papel Moneda Extranjera y la Economía del Estado de Honduras.- TERCERO: .- Declarar CON LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado Alfred C.Hockersmith, Defensor Privado, en contra del AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO, dictado en contra del acusado Edward Noel Ávila Martínez, por suponerlo responsable a titulo de autor de un delito consumado de Falsificación de Moneda Extrajera, en perjuicio de la Confianza en el Tráfico de Papel Moneda Extranjera y la Economía del Estado de Honduras; En consecuencia se ordena al Juzgado de Letras Departamental de Islas de la Bahía, dictar a favor del acusado un Sobreseimiento Definitivo en base al artículo 296.1 del Código Procesal Penal…” (Folios 04 al 14 de la segunda pieza de los antecedentes).-4) Que el recurrente Abogado ROGER LUDOVICO MATUS ZELAYA en fecha quince de junio de dos mil quince, compareció ante este Tribunal, reclamando amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS afirmando que la decisión del Ad-quem de fecha quince de abril de dos mil quince, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 82,90 y 321 de la Constitución de la República. Teniendo por formalizado el recurso esta Sala el diez de septiembre de dos mil quince, fecha en la cual se omitió la vista de los autos al fiscal, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público.-CONSIDERANDO (1): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional con relación al artículo 41 de la Ley sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley.-CONSIDERANDO (2): Que se conoce en Amparo la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de la sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida, en fecha quince de abril del año dos mil quince, que DECLARÓ SIN LUGAR el recurso de apelaciones interpuesto por el Ministerio Público, contra la resolución de fecha nueve de octubre del año dos mil catorce, dictada por el Juzgado de Letras departamental de Islas de la Bahía, en la causa criminal instruida contra de los señores: WILSON YOVANY TROCHEZ MERLO, EDWARD NOEL AVILA MARTINEZ, Y CARLOS ALBERTO AVILA MARTÍNEZ, a quienes se les supone responsables de los delitos de TRANSPORTE ILEGAL DE ARMAS PROHIBIDA, ASOCIACIÓN ILÍCITA Y FALSIFICACIÓN DE MONEDA EXTRANJERA, en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR Y LA FE PÚBLICA DEL ESTADO DEHONDURAS.-CONSIDERANDO(3): Que el recurrente manifiesta que los derechos constitucionales que considera quebrantados son: El Derecho a la Tutela Judicial Efectiva, Debido Proceso, Derecho de Defensa y el Principio de Legalidad, contenidos en los artículos 82, 90, 321 de la Constitución de la República, exponiendo las siguientes razones fáctica jurídicas: “El debido proceso envuelve el desarrollo progresivo de prácticamente todas los derechos fundamentales de carácter procesal, como conjunto de garantías de los medios tendientes a asegurar la vigencia y eficacia del proceso, de lo que cabe asegurar que el derecho a una resolución fundada en derecho es un elemento esencial del debido proceso. Una sentencia de fondo, es decir razonable congruente y justa, que resuelva las pretensiones controvertidas y que se encuentre jurídicamente fundada, es una exigencia que deriva de la legitimación democrática del poder judicial y de la oposición a la indefensión y a la irracionalidad. Cuando este derecho es infringido por parte del juzgador, a quien le asiste la responsabilidad de garantizar a las partes el acceso a la justicia mediante la emisión de resoluciones ajustadas a derecho; esto se traduce en la violación al derecho de la tutela judicial efectiva y al mismo tiempo desencadena la violación a otros derechos igualmente relacionados. Es así que encontramos que además de lo expuesto anteriormente la resolución emitida también genera afectación al derecho a la defensa de los intereses generales de la sociedad materializada por el ente acusador, a favor del ejercicio de la acción penal”. En el numeral Sexto de la formalización del recurso expone: “La aplicación inadecuada de la norma penal constituye una flagrante violación al derecho del Debido Proceso, mismo que reclama que la conclusión por sentencia de todo proceso debe respetar al menos ciertos principios constitucionales vinculados a una verdadera administración de justicia, entre los cuales se encuentra el derecho a la debida motivación, sin embargo como arriba se ha dicho la resolución emitida por la Corte de Apelaciones de La Ceiba, Atlántida, se basa en apreciaciones erróneas referentes a la aplicación de una norma equivocada, igualmente hay una flagrante violación al derecho a la tutela judicial por no garantizarse el debido proceso, esto por la falta de motivación de la resolución emitida y la violación del derecho de acceso a la justicia, se deriva de la negación de justicia materializada en una resolución que carece de las adecuadas motivaciones para adquirir la convicción en las partes respecto a la conclusión arribada en la cual se decide el fondo del asunto, ya que se puso fin al proceso mediante la aplicación del decreto en mención a favor del imputado, cuando en realidad no procedía su aplicación” señalando que como consecuencia se afecta el principio de legalidad. En relación al principio de Legalidad señala que “en un Estado de Derecho el poder tiene su fundamento y límite en el ordenamiento jurídico, las que le imponen al Juez la obligación ineludible de emitir sus resoluciones en estricto apego a derecho y no a su mera arbitrariedad, interpretación personal sin tomar en cuenta la norma, el hecho, la prueba y como en el caso que hoy nos ocupa el derecho a aplicar, si bien es cierto, el Juez tiene una facultad dada por la misma norma de interpretación, esta debe ser orientada a la búsqueda del verdadero sentido de la norma que se debe aplicar y en el caso venido a estudio tal como se señaló con anterioridad a través del Decreto Legislativo 184-2013,la intención autentica dada por el legislador no es la de despenalizar la acción constitutiva de delito por la que se ejercicio la acción penal en contra de los encausados, tal como lo establece el Ad quem, sino más bien la responsabilidad de la tenencia de un arma al momento de proceder al registro o entrega de la misma.-CONSIDERANDO (4): Que el Ad quem en el auto impugnado, deja establecido los antecedentes procesales, en la fundamentación expone un razonamiento lógico y coherente del objeto del recurso de apelación, en el numeral SEGUNDO, hace un análisis de los elementos de los delitos por los que acusa el Ministerio Público, iniciando con el delito de Asociación Ilícita: señala que este tipo penal “constituye la criminalización de un tipo de conspiración, cuyo concepto es proporcionado por el Código penal en el artículo 17, reprochando cuando varias personas deciden asociarse con el propósito permanente de ejecutar actos delictivos. Si bien el tipo penal fue creado por el Legislador pensando en las maras o pandillas por su carácter independiente el mismo puede ser aplicado a cualquier grupo de personas que concierten cometer delitos de carácter permanente, como ser: Trata de Personas, Secuestro Extorsivo, Narcotráfico, Lavado de activos, delitos de Corrupción etc.”, protegiendo el bien jurídico penal de la Seguridad Interior del Estado de Honduras; delito tipificado en el artículo 332 del código Penal vigente, señalando los elementos objetivos del tipo penal, en cuanto a los sujetos activos, si bien el tipo no señala cuantas personas deberán integrar la asociación lo relaciona a la convención de Palermo en su artículo 2 debiendo entenderse como mínimo tres personas; además el tipo no requiere de cualidades particulares, por lo que podrá integrarse con cualquier persona sin importar edad, sexo, religión, nacionalidad, etc., así mismo el sujeto activo necesariamente no debe conocer la identidad de los todos los miembros del grupo, sucediendo que puede conocer a uno de ellos que se inicie en la agrupación y la de membrecía. No se necesita una estructura definida, jerarquizada con roles definidos, bastará que exista la agrupación bajo la visión consensuada de cometer delito. Señala además que la conducta criminosa tiene como verbo rector el asociarse y el acto relevante que el grupo de personas se concierte para la ejecución de actos delictivos, la idea de permanencia puede nacer después de haberse constituido el grupo. Como requisito de tiempo se exige que el grupo sea permanente, no una reunión de personas accidental para cometer un delito determinado, sino que cada persona se identifique como miembro del grupo que tiene constancia en el tiempo y cuyo único rol o como parte de sus roles, es cometer delitos. En relación al itercriminis no se requiere que los delitos propuestos por los integrantes del grupo lleguen a la fase de consumación, ni siquiera que se inicie la ejecución de esas conductas, ya que la consumación de este delito se produce con el acuerdo permanente de cometer delitos. En cuanto al sujeto Pasivo es el Estado de Honduras, no como Persona Jurídica, sino como entidad que agrupa a todos sus habitantes, es decir todos los que conforman la sociedad hondureña. En su numeral tercero la Corte de Apelaciones señala que concuerda con el criterio del A-quo, en virtud de la no concurrencia de los elementos mínimos para evidenciar el delito de Asociación Ilícita. Sustenta su criterio en la Sentencia dictada por la Sala de lo Penal en fecha 22 de enero del 2007 en el Expediente 2325-2004, que sigue lo estipulado por el artículo 2.a de la Convención de Palermo, que señala que el delito de Asociación Ilícita es de carácter plurisubjetivo, donde se requiere la participación de tres o más personas. Por todo ello el Ministerio Público debió acreditar indicio mínimo, que los tres conformaban un grupo, que de manera permanente, han dispuesto como propósito de existencia de dicha agrupación el planteamiento y ejecución de actos tipificados como delitos, señalando que en el requerimiento fiscal no se alega que los imputados cada uno de manera independiente pertenezcan a una asociación ilícita, sino que ellos tres conforman la asociación ilícita.-CONSIDERANDO (5):Que el Ad quem en cuanto a los medios de prueba presentados por el Ente Acusador en relación al delito de Asociación ilícita, realiza el siguiente análisis: 1. constancia de antecedentes policiales del señor Wilson Yovany Troches Merlo (f.16) de tener orden pendiente por un delito de Violación, que es un delito de propia mano y que no llega a acreditar que dicha acusación sea como producto de conductas realizadas con los otros dos co-imputados, sumado al hecho de que la Defensa presentó Carta de Libertad Definitiva a favor del acusado por dicho delito (F.51). 2. Copia del Memorándum de fecha 07 de octubre del 2014 (f.44) extendido por el Coordinador Regional del Ministerio Público de la ciudad de La Ceiba, en donde hace constar que los acusados Wilson Yovany Troches Merlo y Edward Noel Ávila Martínez, fueron detenidos en el departamento de Islas de la Bahía el 28 de mayo del 2013 por los delitos de Asociación Ilícita y Portación Ilegal de Armas, al respecto haciendo una valoración del mismo el Ad quem señala que dicho documento “no solo carece de valor probatorio, por que se trata de una copia, sino que además de ser verídica la información que se consigna en él, no constituye indicio mínimo de participación de los acusados en el delito de asociación Ilícita puesto que en dicho documento también se hace mención de que el acusado Carlos Alberto Ávila Martínez, no tiene ningún registro en su contra, con lo cual el elemento de plurisubjetividad que exige el artículo 2.a de la Convención de Palermo no se ve satisfecho. Señala además que obra como prueba de la Defensa de los imputados las Constancias de antecedentes Penales en las que se determina que éstos no han sido condenados por sentencia firme. 3.-Manifiesto de Pasajeros (F.41 donde se lee que en fecha 02 de noviembre del 2014, en el turno B y con puerto de salida La Ceiba con destino a Roatán, 119 personas abordaron, entre ellas los acusados Edward Noel Ávila Martínez (línea 8) y Wilson Yovany Troches Merlo (línea 112), con lo que se acredita que realizaban juntos dicho viaje el día de los hechos que se juzgan, sin que en el mismo se haga mención al acusado Carlos Alberto Ávila Martínez. Expone el Ad quem que no existe controversia en cuanto al hecho dela captura de los acusados cuando se conducían en un vehículo Nissan, Modelo Altima, tipo turismo, color gris, Placas PCE8577, en cuyo interior fueron encontradas dos armas de fuego y billetes falsos de denominación de 20 dólares estadounidenses; sin embargo este hecho por sí mismo no constituye elemento racional de la posible existencia de un delito de asociación ilícita. Señalando finalmente que la prueba aportada por el ministerio Público no fue suficiente, por cuanto el aspecto básico de pluriofensividad que exige el tipo penal no fue evidenciado.-CONSIDERANDO (6):Que el Ad quem respecto al delito de Falsificación de Moneda es exhaustivo en su análisis, señalando en número 3. Conducta Criminosa centrada en el verbo rector, el cual en el caso de estudio consiste en poner en circulación monedas falsificadas o alteradas. Explicando que el tipo penal exige que la moneda falsa sea puesta en circulación, dado que solo así el sujeto activo provoca un daño en el bien jurídico protegido (sujeto activo que es distinto al que falsificó o alteró la moneda. Señala que conforme “lo describe el tipo penal el autor del delito en un primer momento recibe la moneda falsa o alterada, lo cual implica una conducta: la de receptor, más esta conducta no es la que el legislador reprocha, de modo que si el sujeto activo limita su accionar a ésta, su conducta sería atípica; el Legislador además de recibir la moneda falsa o alterada, señala que el autor debe realizar conductas que sean efectivas para ponerla en circulación, de modo que la moneda se encause en el tráfico monetario, haciendo transacciones (lícitas o Ilícitas) con la misma”. Como “elemento subjetivo el tipo penal exige el sujeto activo realice la acción con dolo, es decir que se conduzca con el conocimiento de que está realizando el verbo rector descrito: poner en circulación la moneda falsa”. El referido delito se encuentra incluido en el Requerimiento Fiscal presentado contra los acusados, el Ad quem realiza un análisis de la prueba propuesta para la acreditación de dicha acción ilícita durante la audiencia inicial, 1.Acta de Registro de Vehículo (f.13) en la que se señala que en el interior del vehículo Nissan, Modelo Altima, tipo turismo, color gris, Placas PCE8577, atrás del asiento del conductor, en el piso fue encontrada una bolsa plástica color blanco y rosado conteniendo entre otras cosas diez paquetes de billetes de veinte dólares todos con serie número MA48173118A (f15).2. dictamen Documentológico en diez fajos de billetes de veinte dólares con 60 billetes cada fajo, (600 billetes), señalando como observaciones, que todos presentan el mismo número de serie MA48173118A; son de denominación de 20 dólares; el papel no corresponde al papel moneda; Ninguno de los billetes presenta cinta de seguridad; La impresión de los billetes es borrosa, lo cual denota que es una copia de un billete verdadero; Al exponer los billetes a la luz ultravioleta, no existe reflejo de cinta de seguridad. 3. Declaración de los testigos quienes realizaron un operativo en el que efectuaron el registro al vehículo antes mencionado. El Ad quem manifiesta que “la valoración hecha por el A quo da cuenta a éste Tribunal que los 600 billetes son en realidad una burda copia, dado que su impresión es borrosa, y que como señala el Juez, no podrían inducir en error para su adquisición a ninguna persona, de modo entonces que se trata de copias ilegítimas que no reúnen la condición de EXPENDIBILIDAD, y por tanto no existe riesgo de que entren en circulación por cuanto fácilmente cualquier persona se alertaría de estar frente a un billete de 20 dólares estadounidenses falso, por mucho que sea el deseo del autor (Delito Imposible). Como consecuencia de lo anterior los hechos objeto de requerimiento fiscal son atípicos.-CONSIDERANDO (7):Que el Ad quem en cuanto al delito de Transporte Ilícito de Armas de Fuego Comerciales, expone que “el A quo determinó pronunciar un auto de procesamiento contra el señor Edward Noel Ávila Martínez, que disintiendo el Magistrado Guzmán Valladares, estimando la mayoría de la Corte de Apelaciones que es procedente Revocar dicha Resolución por las siguientes consideraciones: 1.- Que revisados los argumentos de la primera instancia para dictar el referido auto, encontramos que invoca la aplicación del Decreto Ejecutivo POM 035-2014 que establece una prohibición de transportar armas de fuego en lugares turísticos del Departamento de Islas de la bahía, por lo cual el A quo determinó que esta norma de carácter administrativo es de carácter primario en el proceso penal a efecto de sancionar al procesal Ávila Martínez, porque además la acción de transportar es de cualquier tipo de arma. Criterio contradictorio en relación a la decisión pronunciada a favor de las otras personas (Carlos Alberto Ávila Martínez y Wilson YovanyTrochez Merlo), que acompañan al señor Ávila en el vehículo en que fueron detenidos, pues si por aplicación de dicho decreto, debió igualmente decretarles el auto de procesamiento por este delito, como lo argumenta en sus agravios el Ministerio Público.-Pues igual aplicación tendría para éstos el principio de temporalidad que argumenta (ante dos leyes especiales como el Decreto 035-2014 en relación al Decreto 63-2014 le da primacía y aplicabilidad al primero). 2. En cuanto al Decreto POM 035-2014 el Ad quem expone: que dicho Decreto “dispone en su Considerando Cuarto (no está enumerado pero para efectos de identificación lo hacemos), que en caso de la alteración de la tranquilidad pública, las autoridades a quienes les corresponda la aplicación de la Ley consignada en el considerando que antecede,(número tres de ese decreto, se refiere al artículo 2 de la Ley de Control de Armas de fuego, Municiones, Explosivos y otros similares contenido en el Decreto 30-2000 del 11 de abril del 2011), que corresponde la aplicación de esta Ley al Poder Ejecutivo por medio de la Secretaría de Seguridad…”. Sigue diciendo, “La misma norma está atribuyendo facultades exclusivas para su aplicación al Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Seguridad, por sus obligaciones en cuanto a mantener la paz y el orden social, este decreto se autoproclama de carácter administrativo y su única sanción de acuerdo al artículo 1 párrafo segundo es el de desarmar a quienes porten armas de fuego, municiones, explosivos, pero no limitar la libertad ambulatoria de la persona como lo ha determinado el A-Quo, aplicando erróneamente y dándole carácter penal a una norma que no la tiene.-CONSIDERANDO (8): Que el Ad quem en el número tres (3) de su análisis sobre el delito de Transporte Ilegal de Armas de fuego comercial, expone: “El Decreto 63-2014 prorroga la vigencia para todo el Territorio Nacional del decreto 184-2013,en cuanto al establecimiento de la veda por el término de un año para toda persona que tenga en su poder (el subrayado es nuestro) cualquier arma de fuego comercial para que proceda a realizar los trámites correspondientes, por un período de seis meses, contados a partir de la fecha de vencimiento del referido decreto, el cual venció el cinco de octubre del 2014, a las doce de la noche. Cuando este Decreto impone una veda es en cuanto a la persecución penal, dándole sentido al principio de última ratio del derecho penal, a efecto de que las personas que posean bajo cualquier circunstancia, es decir, transportando, guardando, ese tipo de armas procedan a registrarla. Por otra parte esta norma no aplica solamente a quienes tengan la condición de propietarios de arma de fuego, muy claramente establece el verbo rector de poseer, y donde la ley no hace distinciones los jueces no pueden hacerlas, y cuando se hagan interpretaciones de carácter analógico a una norma como lo es el Decreto Ejecutivo POM 035-2014 para su aplicabilidad en un procesado penal, esas interpretaciones tienen que realizarse en forma restrictiva, cuidando no afectar los derechos y garantías de la persona procesada o imputada, como es el derecho a la libertad, por ende los agravios del Ministerio Público no proceden a pretender darle aplicabilidad en el ámbito penal a una norma de carácter administrativo. Finalmente el Tribunal de Alzada por unanimidad de votos declara Primero: sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público contra el sobreseimiento Definitivo dictado a favor de los acusados Carlos Alberto Avila Martínez, Edward Noel Avila Martínez y Wilson Yovany Trochez Merlo, por suponerlos responsables a título de autores de un delito de Asociación Ilícita, en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras. Segundo: Sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público contra el Sobreseimiento Definitivo dictado a favor de los acusados Carlos Alberto Ávila Martínez y Wilson Yovany Trochez Merlo por suponerlos responsables a título de autores de un delito de Falsificación de Moneda Extranjera, en perjuicio de La Confianza en el Tráfico de Papel Moneda Extranjera y la Economía del Estado de Honduras. Tercero: Declara con lugar el Recurso de Apelación interpuesto por el Defensor Privado contra el auto de Formal Procesamiento, dictado contra el acusado Edward Noel Ávila Martínez por suponerlo responsable de un delito consumado de Falsificación de Moneda Extranjera, en perjuicio de La Confianza en el Tráfico de Papel Moneda Extranjera y la Economía del Estado de Honduras. Dejando claramente establecido porque el recurso de apelación intentado por el Ente Acusador no es de recibo.-CONSIDERANDO (09): Que el impetrante considera que la resolución impugnada le ha quebrantado Debido Proceso El Derecho a la Tutela Judicial Efectiva, Derecho de Defensa y el Principio de Legalidad. El Debido Proceso adjetivo o formal se entiende como un conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial[4]. Así, si bien es cierto que los fallos han de respetar los principios del debido proceso formal y sustancial, también existiría una forma por la cual este fallo llegue a concretarse, y tutelar efectivamente la pretensión o derecho amparado. Este es el momento en el cual hace su aparición la tutela jurisdiccional efectiva, dado que un fallo justo y acorde con el procedimiento debido, no puede quedarse como certeza jurídica ideal, sino que ha de satisfacer materialmente el derecho reconocido. El Estado tiene la obligación de reconocer un conjunto de garantías institucionales que permitan el ejercicio del debido proceso en toda persona [5]. Todos los ciudadanos tienen derecho a acudir a los tribunales para obtener protección de sus intereses o derechos, a través de un proceso que respete tanto los derechos del demandante como los del demandado,(acusados, imputados) y que además el resultado de éste se encuentre asegurado, garantizando la tutela judicial contenida en el derecho interno y en los Tratados y Convenciones Internacionales suscritos por el Estado para proteger los derechos y libertades del ciudadano contra actos u omisiones de las autoridades públicas, ejecutivas, judiciales o legislativas.-CONSIDERANDO (10):Que el Derecho a la Defensa contenido en el artículo 82 constitucional, presenta las características de inviolable, irrenunciable, postulado de un Estado de Derecho. El Derecho de Defensa es inherente a la persona humana, existe independientemente de las situaciones concretas, por ello la persona sospechosa como autora o participe de un hecho delictivo, desde el primer acto de persecución penal dirigido en su contra y hasta la finalización del proceso penal (incluida la etapa de ejecución) tiene los mismos derechos que el orden jurídico le atribuye al imputado o acusado. Derecho constitucional que se encuentra en armonía con lo establecido en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos que en su artículo 8 dispone las garantías judiciales “1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. 2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad…. h) derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.-CONSIDERANDO (11):Que tal y como se ha dejado establecido en ocasiones anteriores por esta Sala de lo Constitucional, tanto el derecho de Petición, derecho de Defensa, Principio de Legalidad son inherentes al Debido Proceso, ya que la existencia de éste produce una tutela judicial efectiva al tenor de lo dispuesto en el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República, garantía constitucional que al estar conformada por un número no definido de derechos, garantías o formalidades establecidos por la ley; trae como consecuencia directa; que para que se considere vulnerado el debido Proceso, es necesario que lo haya sido alguno o algunos de esos elementos.-CONSIDERANDO(12): Que esta Sala, comparte el criterio del Ad quem en la mayoría de la resolución impugnada, excepto en la apreciación concerniente al delito de FALSIFICACIÓN DE MONEDA EXTRANJERA, tomando en cuenta que los ahora imputados al momento de su detención se les encontró determinada cantidad de dinero en moneda extranjera (Dólares) falsificados, acción realizada a sabiendas de los acusados, Cantidad de billetes falsos encontrados en el vehículo en el que se conducían, en este sentido no puede pasar inadvertido el hecho de la falsificación de la moneda extranjera y la sospecha de probable participación de los acusados acorde al requerimiento fiscal. En ese orden de ideas esta Sala no se pronuncia sobre el fondo del Asunto, lo que es menester del órgano jurisdiccional competente quien dictará sentencia conforme la prueba sometida al contradictorio y el análisis del derecho aplicable al caso en estudio. Por todo ello esta Sala se pronuncia en cuanto a este delito que debe otorgarse la acción de Amparo interpuesta. Con excepción de lo antes expuesto los criterios emitidos por el Ad quem, debidamente razonados de acuerdo a los datos objetivos que proporciona el ordenamiento jurídico y los que se derivan de los hechos, expresando las razones que sustentan la resolución conforme a las alegaciones de las partes en conflicto, que lo han llevado a decidir la controversia sometida a su conocimiento. Apreciando la aplicación de las reglas de sana crítica, entendida de acuerdo a la doctrina, como aquella que nos conduce al descubrimiento de la verdad por los medios que aconseja la razón y el criterio racional, puesto en juicio. De acuerdo con su acepción gramatical puede decirse que es el analizar sinceramente y sin malicia las opiniones expuestas acerca de cualquier asunto[6]". la que ciertamente descansa sobre los pilares del razonamiento lógico, la congruencia, y motivación jurídica suficiente, para dar respuesta a las peticiones planteadas tanto por el Ministerio Público, como por la defensa de los acusados. Esta Sala observa que el Tribunal de alzada en el estudio exhaustivo de los antecedentes, deja establecido de manera clara, precisa, y sin lugar a dudas los elementos que estructuran los tipos penales por los que fueron requeridos los imputados ante el Juez de Instancia. De igual manera hace un extenso estudio de los medios de prueba evacuados en la audiencia inicial, aplicando de manera estricta las reglas de la Sana Crítica, es decir la operación intelectual que realiza el Juez con el objeto de apreciar de manera correcta las pruebas evacuadas y sometidas al contradictorio, apreciación objetiva y debidamente razonada.-CONSIDERANDO(13): Esta Sala como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico.-POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos, en aplicación de los artículos 15, 59,62, 90, 95 183, 303, 313 No.5, y 316, de la Constitución de la República; 1, 11, 78 No. 5, 132 y 145 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 9 No. 2, 41, 54, 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; Artículo 8.4 de La Convención Americana de Derechos Humanos; 8, y 10 de La Declaración Universal de los Derechos Humanos; 14.1, 14.7, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Artículo IV de La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; FALLA: 1.- OTORGA la acción de AMPARO en relación al Delito de FALSIFICACIÓN DE MONEDA EXTRANJERA, en consecuencia deberá dictarse lo que en derecho corresponde. 2.- En cuanto a los demás motivos invocados en la acción que se conoce. DENEGAR la Acción de AMPARO interpuesto por el Abogado ROGER LUDOVICO MATUS ZELAYA a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones De la sección Judicial de la Ceiba Departamento de Atlántida, en fecha quince de abril del año dos mil quince. YMANDA: que con la certificación de este fallo remita los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó el Magistrado Jorge Abilio Serrano Villanueva.-NOTIFIQUESE.-Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, M.D.C., veinte de junio de dos mil diecisiete.-VISTO: El recurso de reposición presentado en fecha trece (13) junio del año dos mil diecisiete (2017), interpuesto por la Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ, actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Publico; contra la sentencia dictada por esta Sala, en fecha nueve de mayo del año dos mil diecisiete, en la que se Deniega el recurso de amparo respecto al delito de TRANSPORTE ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO COMERCIAL, interpuesto por la impetrante contra la resolución de fecha quince (15) de abril del año dos mil quince (2015), dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, Atlántida, que declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Publico, en consecuencia confirma la resolución dictada por el Juzgado de Letras Departamental de Roatán, Islas de la Bahía, con relación a la causa instruida contra los señores WILSON YOVANY TROCHEZ MERLO, EDWARD NOEL AVILA MARTINEZ Y CARLOS ALBERTO AVILA MARTINEZ, por suponerlos responsables del delito de TRANSPORTE ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO COMERCIAL, en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS.-CONSIDERANDO: Que el Abogado ROGER LUDOVICO MATUS ZELAYA, interpuso acción de amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS. Una vez efectuado el trámite que determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, se dictó sentencia en fecha nueve (09) de mayo del año dos mil diecisiete (2017),mediante la cual SE DENIEGA el recurso de amparo del que se hizo mérito por ese delito- CONSIDERANDO: Que la recurrente AbogadaSAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ,expone en el recurso de Reposición relacionado, que no comparte el criterio jurídico de la Sala, manifestando la recurrente lo siguiente:“se aprecia que la resolución que hoy se impugna, carece de las debidas motivaciones en tanto que no señala de manera clara y precisa los argumentos que lo llevaron a compartir el criterio esbozado por el Ad quem en su resolución, señalando de manera general en el considerando doce (12). Lo siguiente:” Esta Sala observa que el Tribunal de alzada en el estudio exhaustivo de los antecedentes, deja establecido de manera clara, precisa y sin lugar a dudas los elementos que estructuran los tipos penales por los que fueron requeridos los imputados ante el juez de instancia.”Expone así mismo que ha solicitado a la Sala como interprete último y definitivo de la Constitución de la República, ajuste sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, en el sentido de establecer en el caso sub judice, cual es el alcance del Decreto 184-2013 y 60-2014, es decir, que la interpretación del Decreto se oriente a la búsqueda del verdadero sentido de la norma que se debe aplicar, y en caso venido a estudio a través del Decreto Legislativo 184-2013, la intención autentica dada por el Legislador no es la de despenalizar la acción, sino mas bien de no responsabilizarlo de la tenencia de un arma al momento de proceder al registro de la misma, razonamiento este que fue compartido por esa sala en los fallos emitidos y registrados en las acciones de Amparo.”.-Que con los argumentos esgrimidos por la honorable Sala Constitucional en el fallo que hoy se impugna, esta representación del Ministerio Público se encuentra en desacuerdo con ese alto Tribunal, en tanto que el Ministerio Público no ha alegado vulneración ni del debido proceso ni del derecho de defensa como lo hace ver la Sala en su resolución, ya que consideramos que la resolución emitida por la Honorable Corte Segunda de Apelaciones de la Ciudad de la Ceiba, Departamento de Atlántida vulnera el Principio de Legalidad, en tanto que la interpretación del Decreto, por parte del Juzgador debe de ser orientada a la búsqueda del verdadero sentido de la norma que se debe aplicar, y en el caso venido a estudio a través del Decreto Legislativo 184-2013, la intención auténtica dada por el Legislador no es la de despenalizar la acción, sino mas bien de no responsabilizarlo de la tenencia de un arma al momento de proceder al registro de la misma…;Haciendo alusión la recurrente que esta Sala se aparta de su criterio jurisprudencial plasmado en las sentencias registradas en la Secretaría de la Sala de lo Constitucional bajo los números de amparos siguientes: SCO 1104-2014; amparo acumulado AP-SCO-241,351, 365 Y 370-2015; 1124-2014; mediante los cuales establece: “… dicho Decreto no despenaliza bajo ningún concepto la Portación Ilegal, ni tiene por finalidad permitir de esa tipología de delito de peligro abstracto; sino que el fin expreso y tácito del mismo es obtener el registro de armas de fuego en poder de los particulares, para efectos de su control formal por parte del Estado….” Amparos que fueron otorgados a favor del ente acusador.- CONSIDERANDO: Sigue manifestando la recurrente que de lo anteriormente expuesto, se aprecia que el criterio esbozado en la sentencia que hoy se recurre, resulta contradictorio a lo previamente establecido por dicha Sala respecto al espíritu del Decreto en mención, donde señala claramente: “La Sala de lo Constitucional entiende que el espíritu de ley manifestado en el Decreto en mención, no es expresamente el de despenalizar los artículos correlativos del Código Penal, pues de haber sido esa la finalidad de la creación del Decreto 184-2013, así hubiese quedado plasmado”; razón por la cual solicita se declare con lugar el recurso de reposición interpuesto, reponiendo la sentencia en el sentido de otorgar el amparo siguiendo la línea de doctrina legal de los amparos señalados.-CONSIDERANDO:Que esta Sala NO encuentra estimable la argumentación hecha por el Ministerio Público con respecto a los precedentes vinculantes indicados; En virtud que el artículo 73 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, manda que tres sentencias conformes dictadas por la Corte Suprema de Justicia a través de la Sala de lo Constitucional en las demandas de amparo, constituyen doctrina legal, sin embargo el legislador legitima que la Sala pueda apartarse de su propia doctrina, razonando la innovación. En ese sentido es menester señalar, lo que esta Sala ya ha realizado en los diversos fallos posteriores a los que en este recurso invoca como doctrina legal. Entre los cuales destacan los siguientes amparos: AP0219-2015; AP1308-2104; AP 1279-2014; AP 0860-2015.-CONSIDERANDO:Que tal y como lo ha reiterado esta Sala en numerosos precedentes, la valoración de los elementos probatorios en orden a decretar ya sea un Auto de Formal Procesamiento, un Sobreseimiento Provisional o Definitivo; y con ello decidir sobre la probable o no atribución de un delito al o a los imputados en una causa criminal, es una tarea que en esencia corresponde ejercer a los Juzgados y Tribunales de instancia del orden Penal, de tal manera que el Juez Constitucional solamente ha de intervenir, cuando en tal valoración se han quebrantado las formas esenciales del Proceso Penal y con ello Derechos y Garantías fundamentales consagradas en la Constitución de la República.-CONSIDERANDO: Que sometida a estudio la sentencia cuya reposición se solicita, esta Sala encuentra que ha sido dictada conforme a derecho, con la debida motivación y fundamentación pertinente, en primer lugar haciendo el análisis respectivo de los derechos que la impetrante considera quebrantado, así como la naturaleza del delito por el que se acusa y los diferentes aspectos planteados por la recurrente. Por todo ello no es de recibo el recurso de reposición planteado por la AbogadaSAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ.-CONSIDERANDO: Que el Tribunal ante quien se pida la reposición deberá, sin más trámite, denegar o enmendar la providencia o sentencia.-POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos de la Sala de lo Constitucional y en aplicación de los artículos 183, 303, 304, 313 atribución 5ta. Y 316 de la Constitución de la República; 78 atribución 5ta., 187, 188 y 189 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 4 Nº 7 Y Nº 8, 119,120, 124 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: DECLARAR SIN LUGAR el recurso de reposición interpuesto por la AbogadaSAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ, por las razones que se dejan señaladas: Y MANDA: Que el Secretario del Despacho notifique lo resuelto al recurrente para los efectos legales que en derecho correspondan.- Redactó el Magistrado Jorge Abilio Serrano Villanueva.-NOTIFIQUESE.-Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los cinco (5) días del mes de septiembre del año dos mil diecisiete (2017), Certificación de la Sentencia de fecha nueve (9) de mayo del año dos mil diecisiete (2017) y Resolución de fecha veinte (20) de junio del año dos mil diecisiete (2017), recaídas en el Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 0563-2015.-

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1] Garantías Judiciales en el Estado de Emergencia, Opinión Consultiva OC-9/87, 6 de agosto de 1987.

[2] Gonzáles Pérez Jesús, El Derecho a la Tutela Jurisdiccional, tercera edición, Civitas, Madrid 2001, Pag 53.

[3]Rev. chil. derecho v.33 n.1 Santiago abr. 2006 ttp://dx.doi.org/10.4067/S0718-34372006000100006.

[4] Garantías Judiciales en el Estado de Emergencia, Opinión Consultiva OC-9/87, 6 de agosto de 1987.

[5] Gonzáles Pérez Jesús, El Derecho a la Tutela Jurisdiccional, tercera edición, Civitas, Madrid 2001, Pag 53.

[6]Rev. chil. derecho v.33 n.1 Santiago abr. 2006 ttp://dx.doi.org/10.4067/S0718-34372006000100006.