Sentencia AP-528-16 — Registro 6944
Resumen
Sentencia declaró ha lugar recurso de apelación interpuesto por recurrente y delcaró ha lugar parcialmente el interpuesto por el Estado de Honduras (demandado) confirmó L.872,502.15 por daño material, confirmó L.200,000.00 por daño psicológico pero reformó fallo y condenó al demandado a pagar a favor de la recurrente L.1,272,502.15 y no L.3,572,502.15 como lo había dictado el juzgado de primera instancia en relación a demanda civil por vía de apremio contra el Estado de Honduras en su condición de tercero civilmente responsable para indemnizar daños y perjuicios por la causa del homicidio simple en su grado de ejecución de tentativa cometido por el imputado en perjuicio de la recurrente
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."la Sala al apreciar las motivaciones fácticas del Ad-Quem en la sentencia recurrida, y que resuelve sobre el fallo emitido por el Juzgado de Ejecución de la Sección Judicial de Tegucigalpa en fecha 18 de enero del 2016, presta atención en el acápite motivación, específicamente en el numeral cuarto, sobre los daños morales y que son el punto toral en que ambas partes están en desacuerdo concerniente a la cuantía, el ejecutante propuso en representación de la victima que el valor a indemnizar por ese concepto debió ser la cantidad de CINCO MILLONES NOVIENTOS CINCUENTA Y UN CIENTO VEINTICINCO LEMPIRAS CON TRECE CENTAVOS (L.5,951,125.13) valor estimado de forma razonable a una relación del 50% de lo estimado en pérdidas económicas en el informe técnico, y que el valor recomendado por la parte demandada en el informe presentado No. GESDA-IN-239/015 estima Cuatrocientos mil lempiras (L.400,000.00), preciso es el punto, donde el Ad-Quem cuestiona la sentencia recurrida, aduciendo que si bien es cierto la ley faculta al juez a determinar prudencialmente (ley sustantiva) la indemnización pecuniaria por daños morales, en la resolución que era objeto del recurso no entendía que la sentencia recurrida se haya determinado por ese concepto (prudencialmente), culpándola de no haber atendido las recomendaciones del experto actuario de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), el que se apoya en tres casos similares conocidos por la legislación extranjera, (tres fallos de la Sala Penal de España) y que en el caso especifico, sugería una indemnización pecuniaria de CUATROCIENTOS MIL LEMPIRAS (L.400,000.00), cantidad que a juicio del Ad-Quem podía cumplir la función de resarcir las consecuencias del ilícito, que comprende el daño psicológico y el daño moral (daños inmateriales). Se aprecia, que el alcance de esta motivación, se aparta del espíritu de la ley tanto nacional como internacional, cuando dispone que la motivación en una resolución es una de las “debidas garantías” vinculadas con la correcta administración de justicia para salvaguardar el derecho a un debido proceso. En el caso sub-examine, se puede observar, que al Ad-Quem al reformar la sentencia supra mencionada, declarando no ha lugar por una parte y parcialmente a lugar por otra parte, el recurso; si bien es cierto en el fallo confirma el daño material, por considerar que la cuantía es acorde a las circunstancias del hecho; sin embargo, en lo concerniente a los daños inmateriales (psicológico y moral) genera una valoración sin ponderar entre los dos informes técnicos actuariales presentados por las partes, se decanta únicamente por el presentado por la parte demandada, exponiendo que el A-Quo se dejó llevar por el concepto de prudencialidad para determinar la indemnización y que no atendió las recomendaciones del experto actuario de la Comisión Nacional de Banca y Seguros quien apoya el informe en casos similares contenidos en legislación extranjera, esta valoración la Sala la aprecia jurídicamente incierta, desde dos puntos de vista: en primer lugar, de conformidad a nuestra normativa vigente la legislación extranjera per se no constituye jurisprudencia, sino aquella que se ha pronunciado por organismos de justicia internacional de Derechos Humanos, la cual si es vinculante pues forma parte de nuestro derecho interno, y que el Juez A-Quo haya dejado de observar legislación extrajera, la misma solamente es de carácter ilustrativa; en segundo lugar, al revisar la sentencia de primera instancia, el juzgador motiva el valor probatorio concedido al Informe Técnico actuarial No. GESDA-IN-239/2015 propuesto por la parte demandada, explicando de manera clara las razones por las cuales no fue de recibo la recomendación de la cuantía a indemnizar en concepto de “Daño Moral”, aunque en el informe técnico se recomendara el sustento en casos juzgados por legislación extranjera, sin explicar en qué consistían esos casos y la similitud de los mismos con el de estudio, se observa que la cuantía indemnizatoria se determinó por concepto de Daño Moral de forma ponderada, privando el criterio de la prudencia, que procede del Principio de Equidad y Justicia, se trata de justicia al caso concreto en consonancia con el principio de la Restitutio in integrum, contenido en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, es decir, la plena restitución, bajo el concepto de una indemnización como compensación por daños patrimoniales y extra-patrimoniales, incluyendo el daño moral, por lo que, en base a las consideraciones que preceden, la Sala estima, que la sentencia emitida por el Ad-Quem adolece de este principio, lo que la hace susceptible de vulneración al debido proceso, garantizado por la Constitución de la República, principio que tiene por objeto mantener o restituir a las personas, en el goce y disfrute de sus derechos fundamentales y que el Estado tiene la obligación de reconocer en toda persona que acude a los órganos jurisdiccionales..."..."la Sala concluye, que la indemnización por daños inmateriales es incuantificable, por cuanto no existe una fórmula matemática que permita estimar los daños psicológicos y morales, es así que los órganos jurisdiccionales en uso de las facultades que les otorga la ley sustantiva, de forma prudencial en base a las pruebas aportadas, estiman la cuantía para resarcir de forma compensatoria estos daños ocasionados a la víctima. Al reformarse la sentencia apelada, en lo inherente a la indemnización (compensación) por daños inmateriales, el Tribunal de Alzada le otorga valor probatorio al informe técnico actuarial presentado por la parte demandada, enervando el informe técnico actuarial aportado por la parte demandante, implica que al no apreciar de forma conjunta, sistemática e integral, los informes técnicos y toda la prueba aportada oportunamente, se aparta de las reglas de la sana critica, ocasionando consecuentemente que se vulnere el Debido Proceso, asimismo omitió valorar la circunstancia de peligro de muerte a que fue sometida la víctima como consecuencia del disparo que impactó en su humanidad, ilícito penal que le ha dejado una secuela postraumática a lo largo de su vida, como se desprende del Dictamen General sobre la historia médico legal de la victima emitido por la Dirección General de Medicina Forense, dependencia del Ministerio Público, que indican que como consecuencia del ilícito, se produjo en la victima una serie de lesiones físicas y psicológicas, donde hubo peligro de muerte y que requiere de atención medico quirúrgica a futuro, ultimando esta Sala en la falta de una ponderación justa a la hora de estimar la compensación o indemnización a la víctima, lo que conlleva un agravio en doble sentido contra la víctima, primero al ser objeto de un acto lícito en su integridad física por un servidor público encargado de la seguridad de los ciudadanos; y por otra parte, víctima de una violación al debido proceso en la que incurrió el órgano jurisdiccional, llamado para conocer del recurso de apelación, causa en la que la impetrante no obtuvo una respuesta jurisdiccional basada en una verdadera Tutela Judicial Efectiva, por lo que la Sala considera que es procedente, otorgar el Recurso de Amparo Interpuesto, lo que trae como consecuencia la ejecución de la sentencia pronunciado por el Juzgado de Ejecución Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán de fecha 18 de enero del 2016
Legislación citada
- Constitución de la República de Honduras, art. 90 (Decreto)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERT IFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintidós de noviembre de dos mil diecisiete. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el abogado CARLOS ALEXIS ARGUETA VIJIL, a favor de la señora FLOR IDANIA REYES CABRERA, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Penal del Departamento de Francisco Morazán, en fecha dieciocho (18) de marzo del año dos mil dieciséis (2016) que resuelve el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada por el Juzgado de Ejecución de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en fecha dieciocho (18) de enero del año dos mil dieciséis (2016); en relación a la demanda civil que por la vía de apremio se ha instruido contra EL ESTADO DE HONDURAS a través de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD, en su condición de Tercero civilmente responsable para que proceda a indemnizar por Daños y perjuicios, como consecuencia de la Comisión del ilícito Penal de HOMICIDIO SIMPLE EN SU GRADO DE EJECUCION DE TENTATIVA cometido por el señor MARQUEL JUAN TAYLOR WOOD en perjuicio de FLOR IDANIA REYES CABRERA.- Estima el recurrente que dicha sentencia es violatoria de los derechos estipulados en los artículos 80, 82 y 90 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha diez de octubre del año dos mil tres, compareció ante el Juzgado de Ejecución de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, el Abogado CARLOS ALEXIS ARGUETA VIJIL, actuando en su condición de apoderado legal de la señora FLOR IDANIA REYES CABRERA, presentando demanda por la vía de apremio que se ha instruido contra EL ESTADO DE HONDURAS a través de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD, en su condición de Tercero civilmente responsable para que proceda a indemnizar por Daños y perjuicios, como consecuencia de la Comisión del ilícito Penal de HOMICIDIO SIMPLE EN SU GRADO DE EJECUCION DE TENTATIVA cometido por el señor MARQUEL JUAN TAYLOR WOOD en perjuicio de FLOR IDANIA REYES CABRERA.- (Folios 1 al 6 de los antecedentes). 2) Que en fecha dieciocho (18) de enero del año dos mil dieciséis (2016), el Juzgado instructor, DISPONE: PRIMERO: Declarar la existencia por disposición de la Ley, la responsabilidad civil como tercero del ESTADO DE HONDURAS a través de la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE SEGURIDAD.- SEGUNDO: Como consecuencia de la declaración y reconocimiento de la responsabilidad civil como tercero del ESTADO DE HONDURAS, se le CONDENA al ESTADO DE HONDURAS a través de la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE SEGURIDAD, a pagar a la señora FLOR IDANIA REYES CABRERA, en su condición personal de Víctima directa, en concepto de INDEMNIZACION la cuantía de TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS DOS LEMPIRAS CON QUINCE CENTAVOS (L.3,572,502.15) distribuido de la siguiente manera: 1) DAÑO MATERIAL: OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS DOS LEMPIRAS CON QUINCE CENTAVOS (L. 872,502.15) como lo determina el informe técnico actuarial de la parte demandada.- 2) DAÑO INMATERIAL: a) DAÑOS PSICOLOGICO: doscientos mil lempiras exactos (l.200.000.00) como indemnización.- b).- DAÑO MORAL DOS MILLONES QUINIENTOS MIL LEMPIRAS EXACTOS (L. 2,500,000.00) considerado como una indemnización bajo los principios de equidad y justicia y no un pago por los daños sufridos por la víctima.- TERCERO: Sin Costas.- CUARTO: Que la Secretaria del despacho proceda a NOTIFICAR personalmente la Sentencia definitiva al Abogado CARLOS ALEXIS ARGUETA VIJIL en su condición de parte demandante y a los Licenciados en Ciencias Jurídicas y sociales JOSE FRANCISCO PEREZ BURGOS, ALEXANDRA VICTORIA AMADOR CACERES Y CARLOS ARTURO OLIVERA en su procuradores Judiciales en representación del ESTADO DE HONDURAS en su condición de parte demandada, para que en el caso de no estar conforme con lo aquí resuelto puedan interponer el Recurso de Apelación, dentro del término de tres (3) días; para que el superior jerárquico pueda revisarla, caso contrario, de no ser recurrido el mismo adquiera el carácter de firme y se procederá a ejercer conforme a lo dispuesto por la norma que para estos casos se encuentran regulados.- Redacto esta Sentencia definitiva la señora Jueza de Ejecución, Abogada MARTHA ALICIA CUELLAR…” (Folios 218 al 230 de los antecedentes). 3) Que en fecha dieciocho (18) de marzo de dos mil dieciséis (2016), la Corte de Apelaciones Penal del Departamento de Francisco Morazán resolvió: “1.- Declarar NO HA LUGAR el recurso de Apelación interpuesto por EL Abogado Carlos Alexis Argueta en su condición de Apoderado Legal de la señora FLOR IDANIA REYES CABRERA. 2.- Declarar HA LUGAR PARCIALMENTE el recurso interpuesto por Abogados Legales representantes de la Procuraduría General de la República. 3).- REFORMAR La Sentencia apelada en los alcances siguientes: CONDENA al ESTADO DE HONDURAS a través de la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE SEGURIDAD, a pagar a la señora FLOR IDANIA REYES CABRERA, en su condición personal de víctima directa, en concepto de INDEMNIZACIÓN la cuantía de UN MILLON DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS DOS LEMPIRAS CON QUINCE CENTAVOS (L 1,272,502.15) distribuido de la siguiente manera: 1)…. 2) DAÑO INMATERIAL: a) DAÑO INMATERIAL: a) DAÑO PSICOLOGICO DOSCIENTOS MIL LEMPIRAS EXACTOS (L200,000.00) , como indemnización, que se confirma de la sentencia dictada por el A-quo b) DAÑO MORAL: DOSCIENTOS MIL LEMPIRAS EXACTOS (L200,000.00): para un total de CUATROSCIENTOS MIL LEMPIRAS EXACTOS (L400,000.00) por DAÑOS INMATERIALES. 4). CONFIRMA: la cuantía por DAÑO MATERIAL por OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS DOS LEMPIRAS CON QUINCE CENTAVOS (872,502.15), que se describen en el numeral uno (1) de la Sentencia recurrida…”. (Folios 278 al 282 de los antecedentes). 4) El recurrente abogado CARLOS ALEXIS ARGUETA VIGIL, compareció ante este Tribunal, en fecha treinta y uno (31) de mayo del dos mil dieciséis (2016), reclamando amparo a favor de la señora FLOR IDANIA REYES CABRERA, afirmando que la decisión del Ad-Quem, de fecha dieciocho (18) de marzo de dos mil dieciséis, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 80, 82 y 90 de la Constitución de la República. 5) Que en fecha CATORCE (14) de septiembre del año dos mil dieciséis (2016), este alto Tribunal tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de amparo de mérito y a la vez omitió la vista de los antecedentes al fiscal del despacho, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la Garantía de Amparo acorde a lo establecido en el articulo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO (2): Que la Acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinaria que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución regula. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concertando con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser incoada para que se declare en caso concreto que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO (3): Que en fecha 16 de agosto del 2010, la Sala Cuarta del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, dictó sentencia condenatoria contra el señor MARQUEL JUAN TAYLOR WOOD como autor responsable penalmente del delito de HOMICIDIO SIMPLE EN SU GRADO DE EJECUCION DE TENTATIVA en perjuicio de FLOR IDANIA REYES CABRERA doce (12) años de reclusión y a las penas accesorias de INHABILITACION ABSOLUTA E INTERDICCION CIVIL y declarar la responsabilidad civil la restitución, la reparación de los daños materiales y morales y la indemnización de perjuicios por parte del condenado MARQUEL JUAN TAYLOR WOOD la cual deberá ser fijada en etapa de ejecución de la sentencia. CONSIDERANDO (4): Que una vez Presentada la Demanda Civil por la Vía de Apremio contra el Estado de Honduras, ante el Juzgado de Ejecución de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, para que se ordene la reparación de los daños materiales o morales y la indemnización de los perjuicios en los casos que proceda, mediante auto motivado el Juzgado admite la demanda y ordena provisionalmente la reparación de daños e indemnización de perjuicios por la cantidad de Lps.17,853.372.40, una vez emplazada la parte demanda, esta se persona y objeta en cuanto a la legitimización de la parte para accionar y con respecto a la cuantía reclamada, presentando los medios de prueba que se haría valer, admitido el personamiento y resuelto lo peticionado, mediante auto motivado el Juzgado señaló audiencia para el 8 de diciembre del 2015, celebrada la audiencia para procurar la conciliación y producir prueba, las partes fundamentaron sus pretensiones, se dio por fracasado el intento de conciliación, la parte demandante procedió a presentar todas las pruebas documentales e inspección judicial, entre ellos el informe técnico financiero (actuarial) elaborado por el licenciado NELSON A. SOLORZANO GONZALES donde se establecen la cuantificación financiera de los daños materiales y morales y psicológicos causados en ocasión del delito, pretendiendo la parte demandante una partida resarcitoria de indemnización por una cuantía de DIECISIETE MILLONES, OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS (L.17,853.372.42), la parte demandada no objeta ningún medio de prueba, únicamente objeta con respecto a la cuantía, presentó los medios de prueba consistentes en un informe técnico GESTA-IN-239-2015 elaborado por un técnico actuario de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros CARLOS FERNANDO MARTINEZ y otros documentos, medio de prueba pericial consistente en la deposición del perito actuario CARLOS FERNANDO MARTINEZ, quien elaboró el informe técnico pericial señalado, sin ser objetados por la parte demandante, admitidos y evacuados que fueron todos los medios de prueba presentados con asistencia de las partes se llego a las conclusiones del juicio.- CONSIDERANDO (5 ) : El Juzgado de Ejecución procedió a dictar la sentencia definitiva con fecha 18 de enero del año 2016, en la que el Juez A-Quo en aplicación de los principios procesales y de la sana critica, valorando todas las pruebas practicas en el acto de la audiencia, así como la evacuación de las mismas para determinar la veracidad de los hechos tanto de la parte ejecutante como ejecutada; FALLO: PRIMERO: Declara la existencia por disposición de la ley, la responsabilidad civil como tercero al ESTADO DE HONDURAS a través de la Secretaria de Estado en los Despachos de Seguridad. SEGUNDO: Condena a Través de la Secretaria de Estado en los Despachos de Seguridad a pagar a la señora FLOR IDANIA REYES CABRERA en su condición personal de victima directa, en concepto de INDEMNIZACION la cuantía de TRES MILLONES QUIENIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS DOS LEMPIRAS CON QUINCE CENTAVOS (L.3,572,502.15) distribuido así: 1) DAÑO MATERIAL: OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS DOS LEMPIRAS CON QUINCE CENTAVOS (L.872,502.15), como lo determina el informe técnico actuarial de la parte demandada.- 2) DAÑO INMATERIAL: a) DAÑO PSICOLOGICO: DOSCIENTOS MIL LEMPIRAS (L.200,000.00); b) DAÑO MORAL: DOS MILLONES QUINIENTOS MIL (L.2,500,000.00) considerado como una indemnización bajo los principios de equidad y justicia no un pago por los daños sufridos por la victima.- CONSIDERANDO (6): Que no estando conforme ambas partes con el fallo proferido, con el cual se condenó al Estado de Honduras, recurrieron en Apelación expresando sus agravios, la parte demandante expresó que la sabia decisión del Juez A-Quo al considerar el Informe Técnico financiero y actuarial presentado por ambas partes, le sirvieron para tener acreditada la existencia de los daños materiales e inmateriales que sufrió, sufre y sufrirá la demandante a consecuencia del disparo que le infirió el agente de Policía, cuestionando la determinación sobre la cuantificación del daño material e inmaterial, cuya pretensión del demandante era de L.11,902,248,26 como daños materiales; en el orden moral de L.5, 751.124.13 y daños inmateriales en el orden Psicológico L.200,000.00 para un total de L.17,853,372.42 y la parte demandada señaló en su informe Daños Materiales por el orden de L.872,502.15, daños inmateriales L.400,000.00, para un total de L.1,272,502.15; que si bien ambas partes aceptan la existencia de los daños tanto materiales como los inmateriales de la víctima, en lo que discrepan es en la cuantía, en donde la parte demandante señalo que el Juez A-Quo debió concederle a su representada la cuantía superior contenida en ambos informes, es decir debió concederle L.11,902,248,26 en concepto de daño material, caso contrario debió sumar ambas cantidades y otorgar un término medio, que el importe estimado en la sentencia ocasiona grave perjuicio a su representada, por lo que solicitó la reforma de la sentencia recurrida y que se condene al Estado de Honduras por concepto de daños materiales en la cantidad de ONCE MILLONES NOVIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON VENTISEIS CENTAVOS (L.11,902.248.26), invocando que la aceptación por ambas partes de la existencia del daño material e inmaterial y la no existencia de formula técnica, matemática o financiera que pueda servir para poder determinar la cuantía del daño moral, que pudo haberse cuantificado con una formula sencilla, disminuyendo el valor del daño material en un cincuenta por ciento del señalado en el informe técnico y determinarlo en CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO VEINTICUATRO LEMPIRAS CON TRECE CENTAVOS (L.5,951.124.13), considerando que la victima jamás podrá olvidar ese evento psíquico, físico traumático que llevará de por vida y no la dejará vivir en paz ya que el daño al nervio ciático no es posible su sanación total y tendrá que ser sometida a múltiples operaciones quirúrgicas para tratar de hacerle mejorar su estado de salud, sin cuestionar la aplicación del principio de equidad por ser de derecho y ser la principal base y el que utiliza la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para cuantificar un daño moral en casos de derechos humanos, pero si cuestiona el informe actuarial de la parte demandada por utilizar para el daño moral una cuantía de CUATROCIENTOS MIL LEMPIRAS (L.400,000.00), señalando que es la que se utiliza en casos similares en España (sin señalar que tipo de casos y la similitud de los casos con el fallado). CONSIDERANDO (7): Que la parte ejecutada (demandada) estima sus agravios en que el A-quo desestimó de pleno derecho el incidente de nulidad planteado, fundamentado en artículo 9 del Código Procesal Penal, relativo al saneamiento de irregularidades procesales, sin posibilidad de recurso alguno, atribuyendo al Estado de dilatar maliciosamente el proceso, por lo que solicita se desestime la demanda por haber ingreso al sistema judicial sin cumplir los requisitos legales necesarios. Igualmente que causa agravio al Estado la condena del daño material en la cantidad de OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS DOS LEMPIRAS CON QUINCE CENTAVOS (L.872,502.15), porque dicho monto correspondería en caso de una pérdida en el ingreso de la demandante, de al menos un 10%, sin embargo, a quien le corresponde acreditar esa pérdida es a la misma parte actora, que no acompañó documentación soporte en base a la cual solicita un daño material líquido, o sea, se desconoce o resulta inapreciable el daño emergente en que haya podido incurrir al momento de padecer las lesiones. Que la víctima fue atendida en el Instituto Hondureño de Seguridad Social por lo que es evidente que todas las atenciones médicas han sido cubiertas por el IHSS por lo que el Estado le sigue garantizando el derecho a la salud de rango constitucional y que el Estado no tendría porque pagar nuevamente este servicio. En lo referente al daño inmaterial subdividido en daño moral y psicológico, es especulativo basado en supuestos, en cambio, el daño material debe ser en datos líquidos detallados y fidedignos, gastos onerosos en los que habría incurrido la victima a causa de la lesión inferida por el reo. Concluyendo que no se acredito ninguna clase de pérdida en los ingresos de la demandante, que estuvo trabajando y las incapacidades le fueron pagadas y tampoco fue despedida para una perdida grave de sus ingresos, por lo que nada fue acreditado debidamente por la parte demandante, oponiéndose a la condena y solicitando se reforme en lo dispuesto en el primer escenario del informe, que prevé la cantidad de CUATROCIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON NOVENTA CENTAVOS (L.413,362.90), por no acreditar el supuesto que permitirá el computo del escenario segundo del informe técnico, en que se basa la contrapropuesta del Estado, solicitando que se considere el escenario primero del informe técnico pericial. Que dichas cantidades fijadas por el juzgado de primera instancia causan grave perjuicio al Estado en concepto de daños psicológicos y morales que fueron estimados en primer concepto por DOSCIENTOS MIL LEMPIRAS (L.200, 000.00) y el daño moral en DOS MILLONES QUINIENTOS MIL LEMPIRAS (L.2,500,000.00) cuando es sabido que el daño inmaterial por su naturaleza, es inestimable no puede ser apreciado acertadamente en dinero, solo puede apreciarse una cuantía simbólica en base a criterios y antecedentes jurisprudenciales como sentencias emitidas en tribunales internacionales, recopilación a modo de referencia, en el informe técnico pericial acreditado por el Estado, que incluye tres sentencias de casos resueltos en el extranjero, estimando que las cantidades determinadas por el Juzgado de primera instancia para los conceptos de daños morales y psicológicos resultan especialmente gravosas y onerosas para el Estado de Honduras, cuyas arcas se encuentran en situación crítica, las que se alimentan de los impuestos que pagan los contribuyentes solicitando al Tribunal de Alzada la reforma a estándares más cercanos a los criterios empleados por el perito actuario del Estado en su informe.- CONSIDERANDO (8): Que el Pleno de la Corte de Apelaciones Penal de Francisco Morazán dictó sentencia en fecha 18 de marzo del 2016, una vez estudiados y analizados los agravios presentados por las partes, fallo de la siguiente manera: por UNANIMIDAD DE VOTOS RESOLVIO: NO HA LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el abogado Carlos Alexis Argueta en su condición de Apoderado Legal de la señora FLOR IDANIA REYES CABRERA y Declaró HA LUGAR PARCIALMENTE el recurso interpuesto por los Apoderados Legales de la Procuraduría General de la República reformando la sentencia apelada en los alcances siguientes: Condena al ESTADO DE HONDURAS A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE SEGURIDAD, A PAGAR A LA SEÑORA FLOR IDANIA REYES CABRERA en su condición personal de víctima directa, en concepto de indemnización la cuantía de UN MILLON DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS DOS LEMPIRAS CON QUINCE CENTAVOS (L.1,272,502.15) distribuido de la siguiente manera 1…. 2) Daño Inmaterial : a) DAÑO PSICOLÓGICO, DOSCIENTOS MIL LEMPIRAS EXACTOS (L.200,000.00) como indemnización, que se confirma de la sentencia dictada por el A-Quo b) DAÑO MORAL: DOSCIENTOS MIL LEMPIRAS EXACTOS (L.200,000.00): para un total de CUATROCIENTOS MIL LEMPIRAS (L.400,000.00), por daños inmateriales. CONFIRMA La cuantía de DAÑO MATERIAL por OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS DOS LEMPIRAS CON QUINCE CENTAVOS (L.872, 502.15), que se describe en el numeral uno (1) de la sentencia recurrida. CONSIDERANDO (9): Que la Sala conoce el Recurso de Amparo interpuesto por el abogado CARLOS ALEXIS ARGUETA VIGIL a favor de la señora FLOR IDANIA REYES CABRERA manifestando el impetrante que la resolución dictada por el Pleno de la Corte de Apelación Penal del Departamento de Francisco Morazán de fecha dieciocho (18) de Marzo del Dos mil Dieciséis (2016) vulnera a su representada la garantía del debido proceso contenido en el artículo 90 constitucional, al reformar una Sentencia de primera instancia en la que no se garantizó a su representada el derecho de obtener una resolución debidamente motivada, mencionando únicamente en el fallo que la A-Quo no atendió la recomendación que le hizo el perito de la parte demandada, relativo a la cuantía que prudencialmente correspondía indemnizar por los daños inmateriales a la víctima, cuyo experto (el actuario) había sustentado la recomendación en casos similares conocidos por la legislación extranjera. CONSIDERANDO (10): Que la Sala al apreciar las motivaciones fácticas del Ad-Quem en la sentencia recurrida, y que resuelve sobre el fallo emitido por el Juzgado de Ejecución de la Sección Judicial de Tegucigalpa en fecha 18 de enero del 2016, presta atención en el acápite motivación, específicamente en el numeral cuarto, sobre los daños morales y que son el punto toral en que ambas partes están en desacuerdo concerniente a la cuantía, el ejecutante propuso en representación de la victima que el valor a indemnizar por ese concepto debió ser la cantidad de CINCO MILLONES NOVIENTOS CINCUENTA Y UN CIENTO VEINTICINCO LEMPIRAS CON TRECE CENTAVOS (L.5,951,125.13) valor estimado de forma razonable a una relación del 50% de lo estimado en pérdidas económicas en el informe técnico, y que el valor recomendado por la parte demandada en el informe presentado No. GESDA-IN-239/015 estima Cuatrocientos mil lempiras (L.400,000.00), preciso es el punto, donde el Ad-Quem cuestiona la sentencia recurrida, aduciendo que si bien es cierto la ley faculta al juez a determinar prudencialmente (ley sustantiva) la indemnización pecuniaria por daños morales, en la resolución que era objeto del recurso no entendía que la sentencia recurrida se haya determinado por ese concepto (prudencialmente), culpándola de no haber atendido las recomendaciones del experto actuario de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), el que se apoya en tres casos similares conocidos por la legislación extranjera, (tres fallos de la Sala Penal de España) y que en el caso especifico, sugería una indemnización pecuniaria de CUATROCIENTOS MIL LEMPIRAS (L.400,000.00), cantidad que a juicio del Ad-Quem podía cumplir la función de resarcir las consecuencias del ilícito, que comprende el daño psicológico y el daño moral (daños inmateriales). Se aprecia, que el alcance de esta motivación, se aparta del espíritu de la ley tanto nacional como internacional, cuando dispone que la motivación en una resolución es una de las “debidas garantías” vinculadas con la correcta administración de justicia para salvaguardar el derecho a un debido proceso. En el caso sub-examine, se puede observar, que al Ad-Quem al reformar la sentencia supra mencionada, declarando no ha lugar por una parte y parcialmente a lugar por otra parte, el recurso; si bien es cierto en el fallo confirma el daño material, por considerar que la cuantía es acorde a las circunstancias del hecho; sin embargo, en lo concerniente a los daños inmateriales (psicológico y moral) genera una valoración sin ponderar entre los dos informes técnicos actuariales presentados por las partes, se decanta únicamente por el presentado por la parte demandada, exponiendo que el A-Quo se dejó llevar por el concepto de prudencialidad para determinar la indemnización y que no atendió las recomendaciones del experto actuario de la Comisión Nacional de Banca y Seguros quien apoya el informe en casos similares contenidos en legislación extranjera, esta valoración la Sala la aprecia jurídicamente incierta, desde dos puntos de vista: en primer lugar, de conformidad a nuestra normativa vigente la legislación extranjera per se no constituye jurisprudencia, sino aquella que se ha pronunciado por organismos de justicia internacional de Derechos Humanos, la cual si es vinculante pues forma parte de nuestro derecho interno, y que el Juez A-Quo haya dejado de observar legislación extrajera, la misma solamente es de carácter ilustrativa; en segundo lugar, al revisar la sentencia de primera instancia, el juzgador motiva el valor probatorio concedido al Informe Técnico actuarial No. GESDA-IN-239/2015 propuesto por la parte demandada, explicando de manera clara las razones por las cuales no fue de recibo la recomendación de la cuantía a indemnizar en concepto de “Daño Moral”, aunque en el informe técnico se recomendara el sustento en casos juzgados por legislación extranjera, sin explicar en qué consistían esos casos y la similitud de los mismos con el de estudio, se observa que la cuantía indemnizatoria se determinó por concepto de Daño Moral de forma ponderada, privando el criterio de la prudencia, que procede del Principio de Equidad y Justicia, se trata de justicia al caso concreto en consonancia con el principio de la Restitutio in integrum, contenido en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, es decir, la plena restitución, bajo el concepto de una indemnización como compensación por daños patrimoniales y extra-patrimoniales, incluyendo el daño moral, por lo que, en base a las consideraciones que preceden, la Sala estima, que la sentencia emitida por el Ad-Quem adolece de este principio, lo que la hace susceptible de vulneración al debido proceso, garantizado por la Constitución de la República, principio que tiene por objeto mantener o restituir a las personas, en el goce y disfrute de sus derechos fundamentales y que el Estado tiene la obligación de reconocer en toda persona que acude a los órganos jurisdiccionales. CONSIDERANDO (11): Que la Sala concluye, que la indemnización por daños inmateriales es incuantificable, por cuanto no existe una fórmula matemática que permita estimar los daños psicológicos y morales, es así que los órganos jurisdiccionales en uso de las facultades que les otorga la ley sustantiva, de forma prudencial en base a las pruebas aportadas, estiman la cuantía para resarcir de forma compensatoria estos daños ocasionados a la víctima. Al reformarse la sentencia apelada, en lo inherente a la indemnización (compensación) por daños inmateriales, el Tribunal de Alzada le otorga valor probatorio al informe técnico actuarial presentado por la parte demandada, enervando el informe técnico actuarial aportado por la parte demandante, implica que al no apreciar de forma conjunta, sistemática e integral, los informes técnicos y toda la prueba aportada oportunamente, se aparta de las reglas de la sana critica, ocasionando consecuentemente que se vulnere el Debido Proceso, asimismo omitió valorar la circunstancia de peligro de muerte a que fue sometida la víctima como consecuencia del disparo que impactó en su humanidad, ilícito penal que le ha dejado una secuela postraumática a lo largo de su vida, como se desprende del Dictamen General sobre la historia médico legal de la victima emitido por la Dirección General de Medicina Forense, dependencia del Ministerio Público, que indican que como consecuencia del ilícito, se produjo en la victima una serie de lesiones físicas y psicológicas, donde hubo peligro de muerte y que requiere de atención medico quirúrgica a futuro, ultimando esta Sala en la falta de una ponderación justa a la hora de estimar la compensación o indemnización a la víctima, lo que conlleva un agravio en doble sentido contra la víctima, primero al ser objeto de un acto lícito en su integridad física por un servidor público encargado de la seguridad de los ciudadanos; y por otra parte, víctima de una violación al debido proceso en la que incurrió el órgano jurisdiccional, llamado para conocer del recurso de apelación, causa en la que la impetrante no obtuvo una respuesta jurisdiccional basada en una verdadera Tutela Judicial Efectiva, por lo que la Sala considera que es procedente, otorgar el Recurso de Amparo Interpuesto, lo que trae como consecuencia la ejecución de la sentencia pronunciado por el Juzgado de Ejecución Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán de fecha 18 de enero del 2016. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los Artículos 303 reformado, 304 reformado, 313 No.5 reformado, 316 reformado y 319 reformado de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 14 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 74, 78 Atribución 5ª. y 115 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3 numeral 2), 5, 9, 41, 45, 46, 48, 49, 54, 63 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 6 atribución 5ª., del Reglamento Interno de la Corte Suprema de Justicia, FALLA: 1) OTORGANDO EL RECURSO DE AMPARO INTERPUESTO por el abogado CARLOS ALEXIS ARGUETA VIJIL a favor de la señora FLOR IDANIA REYES CABRERA contra la Sentencia de fecha dieciocho (18) de Marzo del Dos mil Dieciséis (2016) dictada por el Pleno de la Corte de Apelaciones Penal de Francisco Morazán; 2) REVOCA la sentencia recurrida en amparo, y como consecuencia de ello, que se proceda a emitir nuevo fallo conforme a los considerados de la sentencia pronunciada por esta Sala de lo Constitucional; Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales correspondientes. Redactó el Magistrado SERRANO VILLANUEVA. NOTIFIQUESE. Firmas y sello. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. Firmas y sello. CRISTIAN RAMON BAQUIZ FLORES. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”
Se extiende en la cuidad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los doce días del mes de enero de dos mil dieciocho, certificación de la sentencia de fecha veintidós de noviembre de dos mil diecisiete, recaída en el recurso de amparo penal registrado en este Tribunal con el número 0528-2016.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.
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