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Sentencia AP-516-16 — Registro 6850

Resumen

Sentencia declaró sin lugar recurso de apelación contra resolución dictada por juzgado de primera instancia con relación a cuasa contra imputado por suponerlo responsable del delito de portación ilegal de armas en perjuicio de la seguridad interior del Estado de Honduras

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque la actora tuvo acceso a las audiencias sin traba alguna, en ellas alegó lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y al final se obtuvo una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley..."..."esta Sala de lo Constitucional aprecia que la resolución del Ad-quem contiene la motivación suficiente, cumpliendo éste con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material..."..."esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad-quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las garantías y requisitos que han de ser tomados en cuenta para adoptar una determinación trascendental en el proceso penal, como ser el sobreseimiento del imputado, motivando de manera razonada su decisión, cuando de los autos hasta ahora, no se ha adquirido la convicción de la comisión de los delitos precedentemente mencionados, por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, no cabe otorgar el amparo demandado..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintiocho de junio de dos mil diecisiete.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada YULIBETH GARAY HERNANDEZ a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la Sentencia dictada por la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE CEIBA, ATLÁNTIDA, en fecha veintisiete de abril de dos mil dieciséis, que declaró SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público, contra la resolución dictada en audiencia inicial celebrada por el JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE TOCOA, DEPARTAMENTO DE COLÓN, en fecha quince de diciembre de dos mil quince, con relación a la causa instruida contra el señor MAXIMO SEGOVIA RIVAS por suponerlo responsable del delito de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMA en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS. Estima la recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representado los artículos 304 y 321 de la Constitución de la República.- ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha catorce de diciembre de dos mil quince, compareció ante el JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE TOCOA, DEPARTAMENTO DE COLÓN, la Abogada ANGIE DESTEPHEN, actuando en su condición de Agente Fiscal del Ministerio Público, presentando Requerimiento Fiscal contra el señor MAXIMO SEGOVIA RIVAS por suponerlo responsable del delito de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMA en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS. (Folios 1-3 del expediente del A-quo)- 2) Que seguido el procedimiento de ley correspondiente, el referido Juzgado, en audiencia inicial celebrada en fecha quince de diciembre de dos mil quince, resolvió: “Declarar CON LUGAR la Excepción de Falta de Acción interpuesta por la Defensa; en consecuencia decrétese un SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO a favor del señor MAXIMO SEGOVIA RIVAS, en la causa que se le siguió por el delito de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMA COMERCIAL, en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS.-2.-…”. (Folios del 13-15 de la pieza del A-quo).- 3) Que conociendo del recurso de apelación interpuesto por la Abogada ANGIE MELISSA DESTEPHEN POSAS, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, contra la resolución relacionada el inciso que antecede, la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE LA CEIBA, ATLÁNTIDA, en fecha veintisiete de abril de dos mil dieciséis, dictó sentencia en la que resolvió: “PRIMERO: Declarar SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el Ministerio Público; SEGUNDO: CONFIRMAR la resolución de fecha quince (15) de diciembre de dos mi quince (2015), dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Tocoa, departamento de Colón, que contienen el Sobreseimiento Definitivo a favor del acusado Máximo Segovia Rivas, por suponerlo responsable a título de autor de un delito consumado de Posesión Ilegal de Armas de Fuego Comercial, en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras.”(Folios del 2-6 de la pieza del Ad-quem).- 4) Que la recurrente Abogada YULIBETH GARAY HERNANDEZ compareció ante este Tribunal en fecha veintisiete de mayo de dos mil dieciséis, interponiendo acción de amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, afirmando que la decisión del Ad-quem, de fecha veintisiete de abril de dos mil dieciséis, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 304 y 321 de la Constitución de la República.- 5) Que en fecha veinticuatro de octubre de dos mil dieciséis, la Sala tuvo por formalizada la acción de mérito, omitiéndose la vista de los autos al Fiscal del Despacho, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público.- CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación al Artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.- CONSIDERANDO DOS (2): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 constitucional concordado con el Artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley.- CONSIDERANDO TRES (3): Que se conoce en Amparo la resolución dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, en fecha veintisiete de abril de dos mil dieciséis, que resolvió un recurso de apelación y confirmo el sobreseimiento definitivo interpuesto contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Tocoa, Departamento de Colón, con relación a la causa instruida contra el señor MAXIMO SEGOVIA RIVAS por suponerlo responsable del delito de POSESION ILEGAL DE ARMA DE FUEGO COMERCIAL en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS.- CONSIDERANDO CUATRO (4): Que en la formalización del recurso por parte de la demandante de amparo, la Agente de Tribunales del Ministerio Público, YULIBETH GARAY HERNANDEZ, se expresa que el precepto constitucional que ha sido vulnerado con dicha resolución es el garantizado en los Artículos 304 y 321 de la Constitución de la República; bajo la consideración argumentativa que la materialización de este Derecho de rango constitucional, conlleva a la práctica el absoluto respeto a las formalidades legales cuando se lleva a cabo el juzgamiento de a quienes se les atribuya la comisión de un hecho delictivo, lo cual implica necesariamente respeto al principio de tutela judicial efectiva y al principio de legalidad. Que en tal sentido es claro que el Decreto Legislativo No 184-2013 cuya vigencia fue ampliada por seis meses más mediante Decretos No. 63-2014 y 60-2015, la intensión autentica dada por el Legislador no es la de despenalizar la acción constitutiva de delito por la que se ejerció la acción penal en contra del ahora encausado. La aplicación inadecuada de la norma penal constituye una flagrante violación al debido proceso, mismo que reclama que la conclusión por sentencia de todo proceso debe respetar al menos ciertos principios constitucionales vinculados a una verdadera administración de justicia, entre las cuales se encuentra el derecho a la debida motivación, sin embargo como se ha dicho la resolución emitida por el Ad-Quem, se basa en la apreciaciones erróneas referentes a la aplicación de una norma de manera equivocada, de ahí que se estime que una resolución que carece de las adecuadas motivaciones para adquirir la convicción en las partes respecto a la conclusión arribada en la cual se decide el fondo del asunto. Asimismo se incurre en la violación al principio de legalidad, al emitir una sentencia aplicando una norma inadecuada al caso sometido al conocimiento de la Corte de Apelaciones.- CONSIDERANDO CINCO (5): Que se tuvo por formalizado en tiempo y forma el amparo de mérito, omitiéndose la vista de los autos al Fiscal del Despacho, ordenándose continuar con el trámite de ley correspondiente; con fundamento en los Artículos 54, 56 y 119 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 37 de la Ley del Ministerio Público; 12 inciso c) del Reglamento interno de la Sala Constitucional.- CONSIDERANDO SEIS (6): Que la Constitución de la República al desarrollar el capítulo atinente al Poder Judicial establece tanto que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado.- CONSIDERANDO SIETE (7): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción penal, conforme lo establece el Artículo 141 del Código Procesal Penal la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al juez o tribunal que conoce concretamente del asunto.- CONSIDERANDO OCHO (8): Que al estudiarse la foliada y específicamente la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de La Ceiba, departamento de Atlántida, en fecha veintisiete de abril de dos mil dieciséis, que resolvió un recurso de apelación y confirmo el sobreseimiento definitivo interpuesto contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Tocoa, Departamento de Colón; se aprecia en la misma, que el Ad-quem concluye que el legislador ha establecido términos de gracia para la entrega de armas de guerra e inscripción de armas personales o comerciales, por lo tanto durante dichos plazos los tipos penales de que sancionan la tenencia y portación de armas perdieron positividad al no poderse sancionar a una persona por dichas conductas en el lapso de tiempo concedido por los decretos especiales que van encaminados precisamente a la entrega o regularización de dichas armas, por lo que solo es que hasta vencido el plazo de los tipos penales recobraran su positividad. Por lo que son inadmisibles las razones que la apelante ha expresado para sustentar su pretensión revocatoria del auto apelado.- CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre el las partes o entre una parte y el Estado mismo, siempre que sea ante el órgano jurisdiccional competente con imputación y tipificación correcta.- CONSIDERANDO DIEZ (10): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; no consiste en querer que el órgano jurisdiccional comparta el criterio, como lo desea la parte, como parece entenderlo la recurrente; sino que es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos.- CONSIDERANDO ONCE (11):Que la labor de valoración de la prueba no es mecánica o automatizada puesto que el Juez irá construyendo la convicción o certeza sobre los hechos controvertidos conforme analiza y evalúa las pruebas, lo que implica un examen total de los medios probatorios obrantes en autos, a fin de cumplir con el mandato legal de valoración conjunta. De esta manera las pretensiones de las partes se verán reforzadas o mediatizadas conforme el Juez vaya analizando y sopesando los medios probatorios hasta llegar al momento de la decisión final.- CONSIDERANDO DOCE (12): Que dicho lo anterior, ha de observarse también que la garantía de amparo no puede suplir todos y cada uno de los casos en que se alegue indefensión de parte, como resultado de una decisión jurisdiccional no compartida. La jurisprudencia nacional e internacional más consolidada como la proveniente del Tribunal Constitucional Español, son congruentes en admitir y sostener que el amparo “…no esta configurado como una última instancia ni tiene una función Casacional”; por tanto, únicamente pueden ser objeto de la tutela jurídica constitucional, aquellos supuesto de indefensión real, que impidan el ejercicio regular del derecho de defensa, o más allá aún, que proscriban; imposibilitando a las partes procesales interponer las acciones y recursos que el ordenamiento jurídico pone a su disposición.- CONSIDERANDO TRECE (13): Que el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque la actora tuvo acceso a las audiencias sin traba alguna, en ellas alegó lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y al final se obtuvo una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico - jurídica realizada por la Corte de Apelaciones en su Sentencia y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues con la disparidad de criterios que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este Alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales.- CONSIDERANDO CATORCE (14):Que esta Sala de lo Constitucional aprecia que la resolución del Ad-quem contiene la motivación suficiente, cumpliendo éste con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetándose durante la tramitación del proceso penal de mérito el derecho de defensa, debido proceso y la publicidad del acto jurisdiccional al que se someten las partes. Por tanto las alegaciones señaladas por la recurrente no podrían configurarse como una violación a la tutela judicial efectiva, puesto que el Juzgador ha plasmado en su decisión la motivación necesaria indicando razonadamente su decisión, fundamentándose en la norma adjetiva aplicable- CONSIDERANDO QUINCE (15):Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad-quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las garantías y requisitos que han de ser tomados en cuenta para adoptar una determinación trascendental en el proceso penal, como ser el sobreseimiento del imputado, motivando de manera razonada su decisión, cuando de los autos hasta ahora, no se ha adquirido la convicción de la comisión de los delitos precedentemente mencionados, por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, no cabe otorgar el amparo demandado.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, POR UNANIMIDAD DE VOTOS; haciendo aplicación de los Artículos 68, 69, 82, 86, 90, 92, 303, 304, 313 numeral 5, 316 y 319 atribución 8a. de la Constitución de la República; 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5ta. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, 63 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional.-FALLA: DENEGANDO el recurso de amparo de que se ha hecho mérito.-Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a su lugar de procedencia.- Redactó el Magistrado ORTEZ CRUZ. NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiún (21) días del mes de septiembre del año dos mil diecisiete (2017), certificación de la Sentencia de fecha veintiocho (28) de junio del año dos mil diecisiete (2017), recaída en el Recurso de Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 0516-2016.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintiocho de junio de dos mil diecisiete.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada YULIBETH GARAY HERNANDEZ a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la Sentencia dictada por la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE CEIBA, ATLÁNTIDA, en fecha veintisiete de abril de dos mil dieciséis, que declaró SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público, contra la resolución dictada en audiencia inicial celebrada por el JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE TOCOA, DEPARTAMENTO DE COLÓN, en fecha quince de diciembre de dos mil quince, con relación a la causa instruida contra el señor MAXIMO SEGOVIA RIVAS por suponerlo responsable del delito de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMA en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS. Estima la recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representado los artículos 304 y 321 de la Constitución de la República.- ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha catorce de diciembre de dos mil quince, compareció ante el JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE TOCOA, DEPARTAMENTO DE COLÓN, la Abogada ANGIE DESTEPHEN, actuando en su condición de Agente Fiscal del Ministerio Público, presentando Requerimiento Fiscal contra el señor MAXIMO SEGOVIA RIVAS por suponerlo responsable del delito de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMA en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS. (Folios 1-3 del expediente del A-quo)- 2) Que seguido el procedimiento de ley correspondiente, el referido Juzgado, en audiencia inicial celebrada en fecha quince de diciembre de dos mil quince, resolvió: “Declarar CON LUGAR la Excepción de Falta de Acción interpuesta por la Defensa; en consecuencia decrétese un SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO a favor del señor MAXIMO SEGOVIA RIVAS, en la causa que se le siguió por el delito de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMA COMERCIAL, en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS.-2.-…”. (Folios del 13-15 de la pieza del A-quo).- 3) Que conociendo del recurso de apelación interpuesto por la Abogada ANGIE MELISSA DESTEPHEN POSAS, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, contra la resolución relacionada el inciso que antecede, la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE LA CEIBA, ATLÁNTIDA, en fecha veintisiete de abril de dos mil dieciséis, dictó sentencia en la que resolvió: “PRIMERO: Declarar SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el Ministerio Público; SEGUNDO: CONFIRMAR la resolución de fecha quince (15) de diciembre de dos mi quince (2015), dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Tocoa, departamento de Colón, que contienen el Sobreseimiento Definitivo a favor del acusado Máximo Segovia Rivas, por suponerlo responsable a título de autor de un delito consumado de Posesión Ilegal de Armas de Fuego Comercial, en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras.”(Folios del 2-6 de la pieza del Ad-quem).- 4) Que la recurrente Abogada YULIBETH GARAY HERNANDEZ compareció ante este Tribunal en fecha veintisiete de mayo de dos mil dieciséis, interponiendo acción de amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, afirmando que la decisión del Ad-quem, de fecha veintisiete de abril de dos mil dieciséis, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 304 y 321 de la Constitución de la República.- 5) Que en fecha veinticuatro de octubre de dos mil dieciséis, la Sala tuvo por formalizada la acción de mérito, omitiéndose la vista de los autos al Fiscal del Despacho, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público.- CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación al Artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.- CONSIDERANDO DOS (2): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 constitucional concordado con el Artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley.- CONSIDERANDO TRES (3): Que se conoce en Amparo la resolución dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, en fecha veintisiete de abril de dos mil dieciséis, que resolvió un recurso de apelación y confirmo el sobreseimiento definitivo interpuesto contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Tocoa, Departamento de Colón, con relación a la causa instruida contra el señor MAXIMO SEGOVIA RIVAS por suponerlo responsable del delito de POSESION ILEGAL DE ARMA DE FUEGO COMERCIAL en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS.- CONSIDERANDO CUATRO (4): Que en la formalización del recurso por parte de la demandante de amparo, la Agente de Tribunales del Ministerio Público, YULIBETH GARAY HERNANDEZ, se expresa que el precepto constitucional que ha sido vulnerado con dicha resolución es el garantizado en los Artículos 304 y 321 de la Constitución de la República; bajo la consideración argumentativa que la materialización de este Derecho de rango constitucional, conlleva a la práctica el absoluto respeto a las formalidades legales cuando se lleva a cabo el juzgamiento de a quienes se les atribuya la comisión de un hecho delictivo, lo cual implica necesariamente respeto al principio de tutela judicial efectiva y al principio de legalidad. Que en tal sentido es claro que el Decreto Legislativo No 184-2013 cuya vigencia fue ampliada por seis meses más mediante Decretos No. 63-2014 y 60-2015, la intensión autentica dada por el Legislador no es la de despenalizar la acción constitutiva de delito por la que se ejerció la acción penal en contra del ahora encausado. La aplicación inadecuada de la norma penal constituye una flagrante violación al debido proceso, mismo que reclama que la conclusión por sentencia de todo proceso debe respetar al menos ciertos principios constitucionales vinculados a una verdadera administración de justicia, entre las cuales se encuentra el derecho a la debida motivación, sin embargo como se ha dicho la resolución emitida por el Ad-Quem, se basa en la apreciaciones erróneas referentes a la aplicación de una norma de manera equivocada, de ahí que se estime que una resolución que carece de las adecuadas motivaciones para adquirir la convicción en las partes respecto a la conclusión arribada en la cual se decide el fondo del asunto. Asimismo se incurre en la violación al principio de legalidad, al emitir una sentencia aplicando una norma inadecuada al caso sometido al conocimiento de la Corte de Apelaciones.- CONSIDERANDO CINCO (5): Que se tuvo por formalizado en tiempo y forma el amparo de mérito, omitiéndose la vista de los autos al Fiscal del Despacho, ordenándose continuar con el trámite de ley correspondiente; con fundamento en los Artículos 54, 56 y 119 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 37 de la Ley del Ministerio Público; 12 inciso c) del Reglamento interno de la Sala Constitucional.- CONSIDERANDO SEIS (6): Que la Constitución de la República al desarrollar el capítulo atinente al Poder Judicial establece tanto que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado.- CONSIDERANDO SIETE (7): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción penal, conforme lo establece el Artículo 141 del Código Procesal Penal la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al juez o tribunal que conoce concretamente del asunto.- CONSIDERANDO OCHO (8): Que al estudiarse la foliada y específicamente la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de La Ceiba, departamento de Atlántida, en fecha veintisiete de abril de dos mil dieciséis, que resolvió un recurso de apelación y confirmo el sobreseimiento definitivo interpuesto contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Tocoa, Departamento de Colón; se aprecia en la misma, que el Ad-quem concluye que el legislador ha establecido términos de gracia para la entrega de armas de guerra e inscripción de armas personales o comerciales, por lo tanto durante dichos plazos los tipos penales de que sancionan la tenencia y portación de armas perdieron positividad al no poderse sancionar a una persona por dichas conductas en el lapso de tiempo concedido por los decretos especiales que van encaminados precisamente a la entrega o regularización de dichas armas, por lo que solo es que hasta vencido el plazo de los tipos penales recobraran su positividad. Por lo que son inadmisibles las razones que la apelante ha expresado para sustentar su pretensión revocatoria del auto apelado.- CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre el las partes o entre una parte y el Estado mismo, siempre que sea ante el órgano jurisdiccional competente con imputación y tipificación correcta.- CONSIDERANDO DIEZ (10): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; no consiste en querer que el órgano jurisdiccional comparta el criterio, como lo desea la parte, como parece entenderlo la recurrente; sino que es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos.- CONSIDERANDO ONCE (11):Que la labor de valoración de la prueba no es mecánica o automatizada puesto que el Juez irá construyendo la convicción o certeza sobre los hechos controvertidos conforme analiza y evalúa las pruebas, lo que implica un examen total de los medios probatorios obrantes en autos, a fin de cumplir con el mandato legal de valoración conjunta. De esta manera las pretensiones de las partes se verán reforzadas o mediatizadas conforme el Juez vaya analizando y sopesando los medios probatorios hasta llegar al momento de la decisión final.- CONSIDERANDO DOCE (12): Que dicho lo anterior, ha de observarse también que la garantía de amparo no puede suplir todos y cada uno de los casos en que se alegue indefensión de parte, como resultado de una decisión jurisdiccional no compartida. La jurisprudencia nacional e internacional más consolidada como la proveniente del Tribunal Constitucional Español, son congruentes en admitir y sostener que el amparo “…no esta configurado como una última instancia ni tiene una función Casacional”; por tanto, únicamente pueden ser objeto de la tutela jurídica constitucional, aquellos supuesto de indefensión real, que impidan el ejercicio regular del derecho de defensa, o más allá aún, que proscriban; imposibilitando a las partes procesales interponer las acciones y recursos que el ordenamiento jurídico pone a su disposición.- CONSIDERANDO TRECE (13): Que el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque la actora tuvo acceso a las audiencias sin traba alguna, en ellas alegó lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y al final se obtuvo una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico - jurídica realizada por la Corte de Apelaciones en su Sentencia y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues con la disparidad de criterios que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este Alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales.- CONSIDERANDO CATORCE (14):Que esta Sala de lo Constitucional aprecia que la resolución del Ad-quem contiene la motivación suficiente, cumpliendo éste con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetándose durante la tramitación del proceso penal de mérito el derecho de defensa, debido proceso y la publicidad del acto jurisdiccional al que se someten las partes. Por tanto las alegaciones señaladas por la recurrente no podrían configurarse como una violación a la tutela judicial efectiva, puesto que el Juzgador ha plasmado en su decisión la motivación necesaria indicando razonadamente su decisión, fundamentándose en la norma adjetiva aplicable- CONSIDERANDO QUINCE (15):Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad-quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las garantías y requisitos que han de ser tomados en cuenta para adoptar una determinación trascendental en el proceso penal, como ser el sobreseimiento del imputado, motivando de manera razonada su decisión, cuando de los autos hasta ahora, no se ha adquirido la convicción de la comisión de los delitos precedentemente mencionados, por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, no cabe otorgar el amparo demandado.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, POR UNANIMIDAD DE VOTOS; haciendo aplicación de los Artículos 68, 69, 82, 86, 90, 92, 303, 304, 313 numeral 5, 316 y 319 atribución 8a. de la Constitución de la República; 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5ta. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, 63 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional.-FALLA: DENEGANDO el recurso de amparo de que se ha hecho mérito.-Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a su lugar de procedencia.- Redactó el Magistrado ORTEZ CRUZ. NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.- Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiún (21) días del mes de septiembre del año dos mil diecisiete (2017), certificación de la Sentencia de fecha veintiocho (28) de junio del año dos mil diecisiete (2017), recaída en el Recurso de Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 0516-2016.- Firma y Sello

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

Secretario Sala Constitucional