Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia AP-507-15 — Registro 10177

Resumen

Acto recurrido que declaró sin lugar un recurso de apelación contra la sentencia de sobreseimiento del a-quo con relación a la causa instruida contra Jose Maria Santos Ramos y otros, en perjuicio del impetrante

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..." Que el Principio de subsidiariedad del derecho Penal, por otra parte, ha de utilizarse sin duda a modo de ultima ratio, es decir, del último recurso a utilizar a falta de otros menos lesivos para el fin de protección configurado por la norma penal. El llamado carácter fragmentario del Derecho Penal constituye también una exigencia relacionada con la anterior y ambos postulados conforman el Principio de Intervención mínima; y, en definitiva, que el Derecho Penal solo debe proteger bienes jurídicos, no significa que todo bien jurídico haya de ser, necesariamente protegido por la vía penal, ni tampoco que todo ataque a los bienes jurídicos penalmente tutelados deba determinar la intervención a ultranza del Derecho Penal material. En consecuencia el Derecho Penal debe utilizarse solo en casos extraordinariamente graves (carácter fragmentario) y cuando no haya más remedio por haber fracasado ya otros mecanismos de protección menos gravosos para la persona (naturaleza subsidiaria). - Por todo ello, resulta plausible desde vías constitucionales el saber jurídico aplicado al caso concreto por la Alzada, en cuanto a que no procedía dictar apertura a juicio a una conducta en el lapso de tiempo enmarcado en la denominada Veda del tipo penal de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS, resultando en definitiva fuera del contexto legal estricto, proceder a contrario sensu, precisamente por encontrarse en vigencia el Decreto No. 184-2013 de cinco (5) de octubre del año dos mil trece (2013) al momento de emitir el fallo la Alzada, bajo criterios que esta Sala estima garantistas y de procura a una aplicación igualitaria de la ley para todos los hondureños..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintitrés de junio del dos mil diecisiete.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el abogado ROGER LUDOVICO MATUS ZELAYA, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución emitida por la Corte Segunda de Apelaciones de La Ceiba, departamento de Atlántida, en fecha veintisiete de marzo de dos mil quince, que declaró sin lugar un recurso de apelación presentado contra la sentencia dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Tocoa Departamento de Colón, con relación a la causa instruida contra los señores JOSE MARIA SANTOS RAMOS, MOISES ARIAS AMAYA Y JOSE ELIAS ANDINO CASTILLO, por suponerlos responsables del delito de PORTACION ILEGAL DE ARMAS COMERCIALES en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS.- ANTECEDENTES: 1) Que en fecha nueve de octubre del año dos mil trece, compareció ante el Juzgado de Letras Seccional de Tocoa Departamento de Colón, la Abogada ANA IVETH AMADOR ANDINO, actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público, presentando Requerimiento Fiscal contra los señores JOSE MARIA SANTOS RAMOS, MOISES ARIAS AMAYA Y JOSE ELIAS ANDINO CASTILLO, por suponerlos responsables del delito de PORTACION ILEGAL DE ARMAS COMERCIALES en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS.-2) Que en fecha veinticuatro de noviembre del año dos mil catorce, en la continuación de la Audiencia Inicial el Juzgado de Letras citado: RESUELVE: 1.- Declarar CON LUGAR la Excepción de falta de Acción interpuesta por la Defensa; en consecuencia Decrétese un SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO a favor de los señores JOSE MARIA SANTOS RAMOS, MOISES ARIAS AMAYA Y JOSE ELIAS ANDINO CASTILLO, en la causa que se le siguió por el delito de PORTACION ILEGAL DE ARMAS, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS.- 2.- REVOCAR las medidas cautelares impuestas en la audiencia de declaración de imputado…”.- 3) Que en fecha veintisiete de marzo del año dos mil quince, la Corte Segunda de Apelaciones de La Ceiba, departamento de Atlántida, “RESUELVE: PRIMERO: Declarar sin lugar el recurso de apelación, y en consecuencia confirmando el sobreseimiento Definitivo.-4) El recurrente Abogado ROGER LUDOVICO MATUS ZELAYA, compareció ante este Tribunal, en fecha veintinueve de mayo del año dos mil quince, reclamando amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, afirmando que la decisión del Ad-Quem, de fecha veintisiete de marzo de dos mil quince, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 82, 90 y 321 de la Constitución de la República.-5) Que en fecha veintisiete de agosto del año dos mil quince, esta Sala se tuvo por formalizada la acción de amparo y ordenó seguir con el procedimiento omitiendo la vista al Fiscal del Despacho conforme lo prescrito por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público.-CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de Amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.-CONSIDERANDO (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución.-CONSIDERANDO (3): Que el acto contra el cual se reclama es la resolución de fecha veintisiete (27) de marzo del año dos mil quince (2015), dictada por la Corte Segunda de Apelaciones Seccional de la Ceiba, departamento de Atlántida, que Declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto y confirma el sobreseimiento Definitivo dictado en fecha veinticuatro (24) de noviembre del año dos mil catorce (2014), por el Juzgado de Letras Seccional de Tocoa, Colón. Con relación a la causa instruida contra los señores JOSE MARIA SANTOS RAMOS, MOISES ARIAS AMAYA Y JOSE ELIAS ANDINO CASTILLO, por suponerlos responsables del delito de PORTACION ILEGAL DE ARMAS COMERCIALES, en perjuicio de la SEGURIDAD INETERIO DEL ESTADO DE HONDURAS.-CONSIDERANDO (4): Que el recurrente en la formalización del recurso, expone una relación de hechos, que motivaron el requerimiento fiscal contra los señores JOSE MARIA SANTOS RAMOS, MOISES ARIAS AMAYA Y JOSE ELIAS ANDINO CASTILLO, por el delito de Portación ilegal de armas comerciales, así como las actuaciones realizadas durante el proceso, que finalmente concluyó con el sobreseimiento Definitivo dictado por el A-Quo y confirmado por el Ad-Quem, estimando el Ente Acusador que se ha quebrantado el Derecho a la Tutela Judicial Efectiva, Debido Proceso, Derecho a la Defensa, y el Principio de Legalidad contenidos en los artículos 82, 90 y 321 de la Constitución de la República. Expone que al analizar la sentencia impetrada, el A-Quo dictó Sobreseimiento Definitivo con fundamento en el Artículo 2 del decreto Legislativo 184-2013 vigente desde el 05 de octubre del 2013. Decreto que establece una veda de un año para que las personas que posean armas comerciales procedan a gestionar su registro y las que posean armas prohibidas procedan a su entrega; el Decreto en mención fue prorrogado por seis (06) meses mediante Decreto Legislativo 63-2014 de fecha 06 de noviembre del año 2014. Señala el recurrente que de acuerdo ala exposición de motivos el propósito del referido Decreto es: “Que es imperativo el Registro de Armas en poder de los particulares para efecto del control de armas por parte del Estado”, señalando que el espíritu de la norma no va encaminado a despenalizar la acción contemplada en el artículo 332-B del Código Penal, y así promover la tenencia ilegal de armas; para que el imputado se viera favorecido por la norma legal citada, debió haber estado realizando acciones encaminadas a la inscripción de la misma, sin embargo, en el caso de autos los acusados se transportaban a bordo de un vehículo Marca toyota, Placas PDB-3163. Siéndoles encontradas a los acusados las armas de fuego y no estaban realizando acciones tendientes a obtener la inscripción en la oficina estatal correspondiente, pues de la narración de los hechos se desprende que esa no era su intención, por lo tanto no están legitimados para tenerlas, señalando que se aplicó indebidamente el Decreto 184-2013, ya que se trata de la comisión de un hecho penalmente reprochable…. Manifestando además que la aplicación inadecuada de la norma penal constituye una flagrante violación al Derecho al Debido Proceso, que reclama que la conclusión por sentencia de todo proceso debe respetar al menos ciertos principios constitucionales vinculados a una verdadera administración de justicia, señalando que se vulnera la tutela judicial efectiva al no garantizarse el debido proceso por falta de motivación de la resolución emitida y violación del derecho de acceso ala justicia, incurriendo en violación al principio de legalidad.- CONSIDERANDO (5): Que el Debido Proceso adjetivo o formal se entiende como un conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial. Así, si bien es cierto que los fallos han de respetar los principios del debido proceso formal y sustancial, también existiría una forma por la cual este fallo llegue a concretarse, y tutelar efectivamente la pretensión o derecho amparado. Este es el momento en el cual hace su aparición la tutela jurisdiccional efectiva, dado que un fallo justo y acorde con el procedimiento debido, no puede quedarse como certeza jurídica ideal, sino que ha de satisfacer materialmente el derecho reconocido. El Estado tiene la obligación de reconocer un conjunto de garantías institucionales que permitan el ejercicio del debido proceso en toda persona. Todos los ciudadanos tienen derecho a acudir a los tribunales para obtener protección de sus intereses o derechos, a través de un proceso que respete tanto los derechos del demandante como los del demandado y que además el resultado de éste se encuentre asegurado, garantizando la tutela judicial contenida en el derecho interno y en los tratados y convenciones internacionales suscritos por el Estado para proteger los derechos y libertades del ciudadano contra actos u omisiones de las autoridades públicas, ejecutivas, judiciales o legislativas.[1]-CONSIDERANDO (6): Que en el caso venido en amparo, resulta plausible, desde una perspectiva constitucional, que el Estado, mediante la promulgación del Decreto transitorio 184-2013, del cinco (5) de octubre del año dos mil trece (2013) y su prórroga, ha permitido lo que comúnmente se conoce como Veda, a fin de que se ponga a disposición del poseedor de un arma de fuego sin permiso legal, un lapso de tiempo determinado (1 año), para que proceda a inscribirla en el Registro Público correspondiente y obtener así la autorización del Estado para la portación de tales armas. Lo anterior no deroga en forma expresa y definitiva lo prescrito en el artículo 332-B del Código Penal, pero sí que comporta, para todos los efectos, la suspensión temporal por el plazo de un año de la plena vigencia de la referida disposición penal, a efecto de lograr: “…el registro de armas en poder de los particulares, para efectos del control formal por parte del Estado”, tal y como reza el segundo considerando del referido Decreto y recoge, en su parte esencial, el escrito de amparo formulado por el Abogado garantista a favor de la Sociedad y el Estado. -CONSIDERANDO (7): Que en consecuencia y por lo antes expuesto, cuando el Estado ha concedido mediando vías legislativas la referida Veda, en el ejercicio de sus competencias y atribuciones constitucionales;[2] ha restringido a su vez, como consecuencia lógica implícita al enunciado de reforma, el ejercicio mismo del derecho subjetivo del Estado a punir (ius puniendi) en lo que concierne a aquellas conductas de portación ilícita de arma que recaigan en el ámbito de la permisión normativa determinada por el legislador del Decreto transitorio 184-2013, del cinco (5) de octubre del año dos mil trece (2013). Lo anterior conllevaría en forma tácita, pero concomitante, a la eventual inaplicación temporal del artículo 332-B del Código Penal, lo cual tiene a su vez corolario que, una vez concluida ésta, el supuesto de portación ilegal de armas volvería a ser generalmente imputable a todo ciudadano (a) no acogido (a) al beneficio en el plazo temporal preestablecido.-CONSIDERANDO (8): Que resulta claro a esta alta Sala de Justicia Constitucional, que la motivación concreta que ha quedado expresada, permitiría la APLICACIÓN RETROACTIVA DE LA NORMA PENAL MÁS FAVORABLE (en este caso, la implicancia del Decreto 184-2013), a hechos acaecidos previamente a la entrada en vigencia de la norma despenalizadora temporal de la portación ilícita de armas de fuego, si ésta fuere la norma vigente al momento del juzgamiento – lo cual es precisamente el caso -, todo ello en interpretación conforme del principio tempus regit actum y demás principios dogmáticos que rigen la solución de conflicto intertemporal de normas jurídicas; tal y como ha procedido la Instancia, sobre bases de razonabilidad y compatibilidad con el tenor expreso del artículo 96 de la Constitución de la República, que reza: “Las Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado”.-CONSIDERANDO (9): Que el derecho penal acepta la plena vigencia del principio de mínima intervención o última ratio, y es que si el Derecho Penal en su concepto tradicional se concibe como una forma de control social, acaso el mas violento de los métodos utilizados para la consecución de sus fines, el hablar de Derecho Penal Mínimo es llevar a la esfera de aplicación del Derecho Penal el mínimo de conductas transgresoras. Vistas así las cosas, si el Derecho Penal no es el único medio de control social ¿porque hacer un uso extensivo o irrestricto de éste? Dada la gravedad del control penal no es posible utilizarlo frente a todas las situaciones, ya que el Estado dejaría de ser de Derecho para convertirse en un Estado Policía. Según el Principio de Intervención Mínima, el derecho Penal debe ser la ultima ratio de la política del Estado para la protección de los bienes jurídicos más importantes, frente a los ataques más graves que puedan sufrir. La intervención del derecho Penal en la vida social debe reducirse a lo mínimo posible (minimización de la respuesta jurídica violenta frente al delito), lo cual orienta a la constitucionalidad de la solución jurídico penal que ha motivado la Alzada al conocer y resolver el caso concreto.-CONSIDERANDO (10): Que el Principio de subsidiariedad del derecho Penal, por otra parte, ha de utilizarse sin duda a modo de ultima ratio, es decir, del último recurso a utilizar a falta de otros menos lesivos para el fin de protección configurado por la norma penal. El llamado carácter fragmentario del Derecho Penal constituye también una exigencia relacionada con la anterior y ambos postulados conforman el Principio de Intervención mínima; y, en definitiva, que el Derecho Penal solo debe proteger bienes jurídicos, no significa que todo bien jurídico haya de ser, necesariamente protegido por la vía penal, ni tampoco que todo ataque a los bienes jurídicos penalmente tutelados deba determinar la intervención a ultranza del Derecho Penal material. En consecuencia el Derecho Penal debe utilizarse solo en casos extraordinariamente graves (carácter fragmentario) y cuando no haya más remedio por haber fracasado ya otros mecanismos de protección menos gravosos para la persona (naturaleza subsidiaria).[3] - Por todo ello, resulta plausible desde vías constitucionales el saber jurídico aplicado al caso concreto por la Alzada, en cuanto a que no procedía dictar apertura a juicio a una conducta en el lapso de tiempo enmarcado en la denominada Veda del tipo penal de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS, resultando en definitiva fuera del contexto legal estricto, proceder a contrario sensu, precisamente por encontrarse en vigencia el Decreto No. 184-2013 de cinco (5) de octubre del año dos mil trece (2013) al momento de emitir el fallo la Alzada, bajo criterios que esta Sala estima garantistas y de procura a una aplicación igualitaria de la ley para todos los hondureños.-CONSIDERANDO (11): Que como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico; lo cual, a la luz del caso concreto, da lugar a que se dicte sentencia denegatoria del recurso de amparo promovido a instancias de la fiscalía del Ministerio Público.- POR TANTO: La Sala Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, en aplicación de los artículos 15, 59, 60, 69, 82, 89, 90, 92, 96, 183, 303, 313 No.5, 316 y 321 de la Constitución de la República; 1, 11, 78 No. 5, 132 y 145 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 4, 15, 101 No. 10, 177, 200 y 212; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 9 No. 2, 41, 54, 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, Decreto 184-2013, del 5 de octubre del 2013; Artículos 7 inciso 2, 8.2.d de La Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1.1, 8, y 10 de La Declaración Universal de Los Derechos Humanos; 9, 14.3.d del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Artículo IV de La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. FALLA: DENEGANDO el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado ROGER LUDOVICO MATUS ZELAYA a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por la Corte Segunda de Apelaciones Seccional de La Ceiba, Atlántida, en fecha veintisiete de marzo del año dos mil quince, que ha quedado expresada. Y MANDA: Que con la certificación de este fallo remita los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó la Magistrada ÁLVAREZ SAGASTUME. NOTIFIQUESE. -Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los diez (10) días del mes de Agosto del año dos mil diecisiete (2017), Certificación de la Sentencia de fecha veintitrés (23) de junio del año dos mil diecisiete (2017) recaída en el Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 0507-2015.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintitrés de junio del dos mil diecisiete.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el abogado ROGER LUDOVICO MATUS ZELAYA, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución emitida por la Corte Segunda de Apelaciones de La Ceiba, departamento de Atlántida, en fecha veintisiete de marzo de dos mil quince, que declaró sin lugar un recurso de apelación presentado contra la sentencia dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Tocoa Departamento de Colón, con relación a la causa instruida contra los señores JOSE MARIA SANTOS RAMOS, MOISES ARIAS AMAYA Y JOSE ELIAS ANDINO CASTILLO, por suponerlos responsables del delito de PORTACION ILEGAL DE ARMAS COMERCIALES en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS.- ANTECEDENTES: 1) Que en fecha nueve de octubre del año dos mil trece, compareció ante el Juzgado de Letras Seccional de Tocoa Departamento de Colón, la Abogada ANA IVETH AMADOR ANDINO, actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público, presentando Requerimiento Fiscal contra los señores JOSE MARIA SANTOS RAMOS, MOISES ARIAS AMAYA Y JOSE ELIAS ANDINO CASTILLO, por suponerlos responsables del delito de PORTACION ILEGAL DE ARMAS COMERCIALES en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS.-2) Que en fecha veinticuatro de noviembre del año dos mil catorce, en la continuación de la Audiencia Inicial el Juzgado de Letras citado: RESUELVE: 1.- Declarar CON LUGAR la Excepción de falta de Acción interpuesta por la Defensa; en consecuencia Decrétese un SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO a favor de los señores JOSE MARIA SANTOS RAMOS, MOISES ARIAS AMAYA Y JOSE ELIAS ANDINO CASTILLO, en la causa que se le siguió por el delito de PORTACION ILEGAL DE ARMAS, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS.- 2.- REVOCAR las medidas cautelares impuestas en la audiencia de declaración de imputado…”.- 3) Que en fecha veintisiete de marzo del año dos mil quince, la Corte Segunda de Apelaciones de La Ceiba, departamento de Atlántida, “RESUELVE: PRIMERO: Declarar sin lugar el recurso de apelación, y en consecuencia confirmando el sobreseimiento Definitivo.-4) El recurrente Abogado ROGER LUDOVICO MATUS ZELAYA, compareció ante este Tribunal, en fecha veintinueve de mayo del año dos mil quince, reclamando amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, afirmando que la decisión del Ad-Quem, de fecha veintisiete de marzo de dos mil quince, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 82, 90 y 321 de la Constitución de la República.-5) Que en fecha veintisiete de agosto del año dos mil quince, esta Sala se tuvo por formalizada la acción de amparo y ordenó seguir con el procedimiento omitiendo la vista al Fiscal del Despacho conforme lo prescrito por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público.-CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de Amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.-CONSIDERANDO (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución.-CONSIDERANDO (3): Que el acto contra el cual se reclama es la resolución de fecha veintisiete (27) de marzo del año dos mil quince (2015), dictada por la Corte Segunda de Apelaciones Seccional de la Ceiba, departamento de Atlántida, que Declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto y confirma el sobreseimiento Definitivo dictado en fecha veinticuatro (24) de noviembre del año dos mil catorce (2014), por el Juzgado de Letras Seccional de Tocoa, Colón. Con relación a la causa instruida contra los señores JOSE MARIA SANTOS RAMOS, MOISES ARIAS AMAYA Y JOSE ELIAS ANDINO CASTILLO, por suponerlos responsables del delito de PORTACION ILEGAL DE ARMAS COMERCIALES, en perjuicio de la SEGURIDAD INETERIO DEL ESTADO DE HONDURAS.-CONSIDERANDO (4): Que el recurrente en la formalización del recurso, expone una relación de hechos, que motivaron el requerimiento fiscal contra los señores JOSE MARIA SANTOS RAMOS, MOISES ARIAS AMAYA Y JOSE ELIAS ANDINO CASTILLO, por el delito de Portación ilegal de armas comerciales, así como las actuaciones realizadas durante el proceso, que finalmente concluyó con el sobreseimiento Definitivo dictado por el A-Quo y confirmado por el Ad-Quem, estimando el Ente Acusador que se ha quebrantado el Derecho a la Tutela Judicial Efectiva, Debido Proceso, Derecho a la Defensa, y el Principio de Legalidad contenidos en los artículos 82, 90 y 321 de la Constitución de la República. Expone que al analizar la sentencia impetrada, el A-Quo dictó Sobreseimiento Definitivo con fundamento en el Artículo 2 del decreto Legislativo 184-2013 vigente desde el 05 de octubre del 2013. Decreto que establece una veda de un año para que las personas que posean armas comerciales procedan a gestionar su registro y las que posean armas prohibidas procedan a su entrega; el Decreto en mención fue prorrogado por seis (06) meses mediante Decreto Legislativo 63-2014 de fecha 06 de noviembre del año 2014. Señala el recurrente que de acuerdo ala exposición de motivos el propósito del referido Decreto es: “Que es imperativo el Registro de Armas en poder de los particulares para efecto del control de armas por parte del Estado”, señalando que el espíritu de la norma no va encaminado a despenalizar la acción contemplada en el artículo 332-B del Código Penal, y así promover la tenencia ilegal de armas; para que el imputado se viera favorecido por la norma legal citada, debió haber estado realizando acciones encaminadas a la inscripción de la misma, sin embargo, en el caso de autos los acusados se transportaban a bordo de un vehículo Marca toyota, Placas PDB-3163. Siéndoles encontradas a los acusados las armas de fuego y no estaban realizando acciones tendientes a obtener la inscripción en la oficina estatal correspondiente, pues de la narración de los hechos se desprende que esa no era su intención, por lo tanto no están legitimados para tenerlas, señalando que se aplicó indebidamente el Decreto 184-2013, ya que se trata de la comisión de un hecho penalmente reprochable…. Manifestando además que la aplicación inadecuada de la norma penal constituye una flagrante violación al Derecho al Debido Proceso, que reclama que la conclusión por sentencia de todo proceso debe respetar al menos ciertos principios constitucionales vinculados a una verdadera administración de justicia, señalando que se vulnera la tutela judicial efectiva al no garantizarse el debido proceso por falta de motivación de la resolución emitida y violación del derecho de acceso ala justicia, incurriendo en violación al principio de legalidad.- CONSIDERANDO (5): Que el Debido Proceso adjetivo o formal se entiende como un conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial. Así, si bien es cierto que los fallos han de respetar los principios del debido proceso formal y sustancial, también existiría una forma por la cual este fallo llegue a concretarse, y tutelar efectivamente la pretensión o derecho amparado. Este es el momento en el cual hace su aparición la tutela jurisdiccional efectiva, dado que un fallo justo y acorde con el procedimiento debido, no puede quedarse como certeza jurídica ideal, sino que ha de satisfacer materialmente el derecho reconocido. El Estado tiene la obligación de reconocer un conjunto de garantías institucionales que permitan el ejercicio del debido proceso en toda persona. Todos los ciudadanos tienen derecho a acudir a los tribunales para obtener protección de sus intereses o derechos, a través de un proceso que respete tanto los derechos del demandante como los del demandado y que además el resultado de éste se encuentre asegurado, garantizando la tutela judicial contenida en el derecho interno y en los tratados y convenciones internacionales suscritos por el Estado para proteger los derechos y libertades del ciudadano contra actos u omisiones de las autoridades públicas, ejecutivas, judiciales o legislativas.[4]-CONSIDERANDO (6): Que en el caso venido en amparo, resulta plausible, desde una perspectiva constitucional, que el Estado, mediante la promulgación del Decreto transitorio 184-2013, del cinco (5) de octubre del año dos mil trece (2013) y su prórroga, ha permitido lo que comúnmente se conoce como Veda, a fin de que se ponga a disposición del poseedor de un arma de fuego sin permiso legal, un lapso de tiempo determinado (1 año), para que proceda a inscribirla en el Registro Público correspondiente y obtener así la autorización del Estado para la portación de tales armas. Lo anterior no deroga en forma expresa y definitiva lo prescrito en el artículo 332-B del Código Penal, pero sí que comporta, para todos los efectos, la suspensión temporal por el plazo de un año de la plena vigencia de la referida disposición penal, a efecto de lograr: “…el registro de armas en poder de los particulares, para efectos del control formal por parte del Estado”, tal y como reza el segundo considerando del referido Decreto y recoge, en su parte esencial, el escrito de amparo formulado por el Abogado garantista a favor de la Sociedad y el Estado. -CONSIDERANDO (7): Que en consecuencia y por lo antes expuesto, cuando el Estado ha concedido mediando vías legislativas la referida Veda, en el ejercicio de sus competencias y atribuciones constitucionales;[5] ha restringido a su vez, como consecuencia lógica implícita al enunciado de reforma, el ejercicio mismo del derecho subjetivo del Estado a punir (ius puniendi) en lo que concierne a aquellas conductas de portación ilícita de arma que recaigan en el ámbito de la permisión normativa determinada por el legislador del Decreto transitorio 184-2013, del cinco (5) de octubre del año dos mil trece (2013). Lo anterior conllevaría en forma tácita, pero concomitante, a la eventual inaplicación temporal del artículo 332-B del Código Penal, lo cual tiene a su vez corolario que, una vez concluida ésta, el supuesto de portación ilegal de armas volvería a ser generalmente imputable a todo ciudadano (a) no acogido (a) al beneficio en el plazo temporal preestablecido.-CONSIDERANDO (8): Que resulta claro a esta alta Sala de Justicia Constitucional, que la motivación concreta que ha quedado expresada, permitiría la APLICACIÓN RETROACTIVA DE LA NORMA PENAL MÁS FAVORABLE (en este caso, la implicancia del Decreto 184-2013), a hechos acaecidos previamente a la entrada en vigencia de la norma despenalizadora temporal de la portación ilícita de armas de fuego, si ésta fuere la norma vigente al momento del juzgamiento – lo cual es precisamente el caso -, todo ello en interpretación conforme del principio tempus regit actum y demás principios dogmáticos que rigen la solución de conflicto intertemporal de normas jurídicas; tal y como ha procedido la Instancia, sobre bases de razonabilidad y compatibilidad con el tenor expreso del artículo 96 de la Constitución de la República, que reza: “Las Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado”.-CONSIDERANDO (9): Que el derecho penal acepta la plena vigencia del principio de mínima intervención o última ratio, y es que si el Derecho Penal en su concepto tradicional se concibe como una forma de control social, acaso el mas violento de los métodos utilizados para la consecución de sus fines, el hablar de Derecho Penal Mínimo es llevar a la esfera de aplicación del Derecho Penal el mínimo de conductas transgresoras. Vistas así las cosas, si el Derecho Penal no es el único medio de control social ¿porque hacer un uso extensivo o irrestricto de éste? Dada la gravedad del control penal no es posible utilizarlo frente a todas las situaciones, ya que el Estado dejaría de ser de Derecho para convertirse en un Estado Policía. Según el Principio de Intervención Mínima, el derecho Penal debe ser la ultima ratio de la política del Estado para la protección de los bienes jurídicos más importantes, frente a los ataques más graves que puedan sufrir. La intervención del derecho Penal en la vida social debe reducirse a lo mínimo posible (minimización de la respuesta jurídica violenta frente al delito), lo cual orienta a la constitucionalidad de la solución jurídico penal que ha motivado la Alzada al conocer y resolver el caso concreto.-CONSIDERANDO (10): Que el Principio de subsidiariedad del derecho Penal, por otra parte, ha de utilizarse sin duda a modo de ultima ratio, es decir, del último recurso a utilizar a falta de otros menos lesivos para el fin de protección configurado por la norma penal. El llamado carácter fragmentario del Derecho Penal constituye también una exigencia relacionada con la anterior y ambos postulados conforman el Principio de Intervención mínima; y, en definitiva, que el Derecho Penal solo debe proteger bienes jurídicos, no significa que todo bien jurídico haya de ser, necesariamente protegido por la vía penal, ni tampoco que todo ataque a los bienes jurídicos penalmente tutelados deba determinar la intervención a ultranza del Derecho Penal material. En consecuencia el Derecho Penal debe utilizarse solo en casos extraordinariamente graves (carácter fragmentario) y cuando no haya más remedio por haber fracasado ya otros mecanismos de protección menos gravosos para la persona (naturaleza subsidiaria).[6] - Por todo ello, resulta plausible desde vías constitucionales el saber jurídico aplicado al caso concreto por la Alzada, en cuanto a que no procedía dictar apertura a juicio a una conducta en el lapso de tiempo enmarcado en la denominada Veda del tipo penal de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS, resultando en definitiva fuera del contexto legal estricto, proceder a contrario sensu, precisamente por encontrarse en vigencia el Decreto No. 184-2013 de cinco (5) de octubre del año dos mil trece (2013) al momento de emitir el fallo la Alzada, bajo criterios que esta Sala estima garantistas y de procura a una aplicación igualitaria de la ley para todos los hondureños.-CONSIDERANDO (11): Que como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico; lo cual, a la luz del caso concreto, da lugar a que se dicte sentencia denegatoria del recurso de amparo promovido a instancias de la fiscalía del Ministerio Público.- POR TANTO: La Sala Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, en aplicación de los artículos 15, 59, 60, 69, 82, 89, 90, 92, 96, 183, 303, 313 No.5, 316 y 321 de la Constitución de la República; 1, 11, 78 No. 5, 132 y 145 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 4, 15, 101 No. 10, 177, 200 y 212; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 9 No. 2, 41, 54, 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, Decreto 184-2013, del 5 de octubre del 2013; Artículos 7 inciso 2, 8.2.d de La Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1.1, 8, y 10 de La Declaración Universal de Los Derechos Humanos; 9, 14.3.d del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Artículo IV de La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. FALLA: DENEGANDO el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado ROGER LUDOVICO MATUS ZELAYA a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por la Corte Segunda de Apelaciones Seccional de La Ceiba, Atlántida, en fecha veintisiete de marzo del año dos mil quince, que ha quedado expresada. Y MANDA: Que con la certificación de este fallo remita los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó la Magistrada ÁLVAREZ SAGASTUME. NOTIFIQUESE. -Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los diez (10) días del mes de Agosto del año dos mil diecisiete (2017), Certificación de la Sentencia de fecha veintitrés (23) de junio del año dos mil diecisiete (2017) recaída en el Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 0507-2015.- Firma y Sello

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1] A modo de ilustración, lo señalado por la sentencia T-426=92 (FJ 21) de la Corte de Constitucionalidad Colombiana, respecto a que doctrina y la jurisprudencia han diseñado la teoría del núcleo o del contenido esencial de los derechos fundamentales como una garantía constitucional contra su vulneración, acorde al cual: “El núcleo esencial de un derecho fundamental puede definirse como el ámbito intangible del derecho cuyo respeto se impone a las autoridades y a los particulares”.

[2] Ver, en lo conducente: Artículo 8. Garantías Judiciales, en: Convención Americana sobre Derechos Humanos. Comentario. Christian Steiner y Patricia Uribe (Editores), Konrad Adenauer Stiftung /Magna Terra Editores, Guatemala, 2014. p. 218 y ss.

[3] En tal sentido, a su vez: Santiago Mir Puig en: Introducción a las bases del derecho penal, 2ª edición, B de F Editores, Montevideo – Buenos Aires, 2007. p. 109 y ss.

[4] A modo de ilustración, lo señalado por la sentencia T-426=92 (FJ 21) de la Corte de Constitucionalidad Colombiana, respecto a que doctrina y la jurisprudencia han diseñado la teoría del núcleo o del contenido esencial de los derechos fundamentales como una garantía constitucional contra su vulneración, acorde al cual: “El núcleo esencial de un derecho fundamental puede definirse como el ámbito intangible del derecho cuyo respeto se impone a las autoridades y a los particulares”.

[5] Ver, en lo conducente: Artículo 8. Garantías Judiciales, en: Convención Americana sobre Derechos Humanos. Comentario. Christian Steiner y Patricia Uribe (Editores), Konrad Adenauer Stiftung /Magna Terra Editores, Guatemala, 2014. p. 218 y ss.

[6] En tal sentido, a su vez: Santiago Mir Puig en: Introducción a las bases del derecho penal, 2ª edición, B de F Editores, Montevideo – Buenos Aires, 2007. p. 109 y ss.