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Sentencia AP-503-16 — Registro 6818

Resumen

Sentencia otorgó recurso de amparo a favor del Estado de Honduras contra actuaciones del juzgado de primera instancia que declaró sin lugar solicitud de adecuación del procedimiento expedito de flagrancia en causa contra imputado por suponerlo responsable del delito de portación ilegal de arma prohibida y facilitación de medios de transporte para el tráfico ilícito de drogas en perjuicio de la Seguridad interior y la salud de la población del Estado de Honduras

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."esta Sala observa que la misma se encuentra dictada conforme a derecho, conclusión a la que se arriba, pues a través de la misma se ha procedido a enmendar la resolución emitida por el A-quo, quien a inobservado el debido proceso, pues como bien lo señala la impetrante en Amparo, el debido proceso supone el respeto en forma absoluta de las formalidades legalmente establecidas, al tenor de lo que manda el párrafo primero del artículo 90 constitucional, en relación a lo que dispone el artículo 440-A del Código Procesal Penal en relación a la procedencia del Juicio Expedito en los casos de flagrancia..."..."esta sala comparte el fundamento y la motivación plasmada por la alzada al resolver con lugar la acción constitucional de Amparo impetrada, ello porque la resolución del A-quo no encuentra fundamento legal en el artículo 440-A invocado, pues de la lectura del Requerimiento Fiscal presentado se advierte que el caso no se encuentra enmarcado en ninguna de las excepciones que señala la norma procesal indicada a efecto de denegar la solicitud presentada por el ente acusador..."..."por ello y en razón de lo antes expuesto es procedente CONFIRMAR la sentencia venida en trámite de Consulta obligatoria ante este Alto Tribunal..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintidos de Marzo del dos mil diecisiete.- VISTA: En Consulta las diligencias que contiene la sentencia de fecha doce (12) de mayo del año dos mil dieciséis (2016), dictada por la Corte de Apelaciones Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, que otorgó el recurso de amparo interpuesto por la Abogada GLENDA DIOMARA RUBI RODRIGUEZ, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Yoro, departamento de Yoro, en fecha veintinueve (29)de diciembre del año dos mil quince(2015), en la causa instruida contra el señor TOMAS EDUARDO RAMOS, por suponerlo responsable del delito de PORTACION ILEGAL DE ARMA PROHIBIDA Y FACILICITACION DE MEDIOS DE TRASPORTE PARA EL TRAFICO ILICITO DE DROGAS, en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR Y LA SALUD DE LA POBLACION DEL ESTADO DE HONDURAS.- Estima el recurrente que las garantías constitucionales que se consideran violentadas están contenidas en el artículo 90 de la Constitución de la República.-ANTECEDENTES: 1)Que en fecha veintinueve (29) de diciembre del año dos mil quince (2015), compareció ante el Juzgado de Letras Seccional de Yoro, departamento de Yoro, el Abogado ANGEL JOSUE MURILLO LIZARDO, FISCAL DEL MINISTERIO PUBLICO, presentando Requerimiento Fiscal contra el señor TOMAS EDUARDO RAMOS, por el delito de PORTACION ILEGAL DE ARMA PROHIBIDA, en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS y FACILITACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE PARA EL TRAFICO ILICITO DE DROGAS en perjuicio de LA SALUD DEL ESTADO DE HONDURAS.-2) Que en fecha veintiuno (21) de enero del año dos mil dieciséis (2016), la Abogada GLENDA DIOMARA RUBI RODRIGUEZ, interpuso ante la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, departamento de Cortés, Recurso de Amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución de fecha veintinueve (29)de diciembre del año dos mil quince(2015), dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Yoro, departamento de Yoro; por considerar que la misma atenta contra lo preceptuado en el artículo 90 de la Constitución de la República.-3) Que en fecha doce (12) de mayo del año dos mil dieciséis (2016), luego de seguido el trámite que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, departamento de Cortés, dictó sentencia mediante la cual OTORGO LA ACCION DE AMPARO, interpuesta por la Abogada GLENDA DIOMARA RUBI RODRIGUEZ.-4) Que en fecha veinticinco (25) de mayo del año dos mil dieciséis (2016), este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, dando así estricto cumplimiento a lo previsto por el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.-CONSIDERANDO : Que se conoce la Acción de Amparo Penal venido en consulta, conocido por la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, interpuesta por la Abogada GLENDA DIOMARA RUBI RODRIGUEZ, contra las actuaciones realizadas por el JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE YORO, que declara Sin Lugar la solicitud de adecuación del procedimiento Expedito de Flagrancia, en el proceso penal instruido en contra del señor TOMAS EDUARDO RAMOS, por suponerlo responsable del delito de PORTACION ILEGAL DE ARMA PROHIBIDA Y FACILICITACION DE MEDIOS DE TRASPORTE PARA EL TRAFICO ILICITO DE DROGAS, en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR Y LA SALUD DE LA POBLACION DEL ESTADO DE HONDURAS.-CONSIDERANDO : Que la recurrente ha expuesto en la Acción de Amparo presentada, que el acto contra el cual se reclama es contra la resolución emitida por el Juzgado de Letras Seccional de Yoro, Departamento de Yoro, que declara Sin Lugar la solicitud de adecuación del proceso al Juicio Expedito, argumentando el A-quo, que el caso requiere la práctica de pruebas de difícil realización, como ser dictámenes o más, para acusar o eximir de responsabilidad al encausado y como los juicios expeditos no pueden durar más de treinta días, esos medios de pruebas no estarán listos para ilustrar a la señora Juez en el momento del Juicio, sostiene la recurrente. Arguye asimismo la impetrante que la decisión adoptada por el A-quo no está apegado a lo que manda la norma, porque el Ministerio Público ya cuenta con toda la prueba completa y necesaria para la acreditación de la existencia de dicho delito que se va a utilizar para acreditar este extremo, lo cual indica que esa prueba no es de compleja realización, porque se tienen los medios idóneos para que la misma sea realizada dentro del término que manda la ley, por lo que el argumento utilizado por la Juez para denegar el procedimiento expedito esta fuera del contexto del Debido proceso, lo que indica que no se está dando una debida aplicación de lo que manda el artículo 440-A del Código Procesal penal, pues su decisión no esta enmarcada en ninguna de las excepciones establecidas en dicho artículo.-CONSIDERANDO : Que el acto que se conoce en consulta es la sentencia de fecha doce de mayo del año dos mil dieciséis, proferida por la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, mediante la cual resuelve Otorgando el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada GLENDA DIOMARA RUBI RODRIGUEZ, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, contra actuaciones del Juzgado de Letras Seccional de Yoro, Departamento de Yoro, al estimar que la resolución impetrada vía Amparo conculca el debido proceso invocado por el Ministerio Público como recurrente enunciado en el artículo 90 párrafo primero de la Carta Magna.-CONSIDERANDO: Que al tenor de lo que dispone el artículo 68 párrafo segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de su Sala Constitucional, el conocimiento del trámite de consulta obligatoria de las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones; cuando, como en el presente caso, responda a una garantía de amparo interpuesta por supuesta violación de los derechos fundamentales que fuera cometida por Jueces de Letras Departamentales o seccionales, Jueces de Sentencia, Jueces de Ejecución y Jueces de Paz, en los casos de jurisdicción preventiva, contemplada en el artículo 10 numeral 2 literal a) de la ley antes referida.-CONSIDERANDO: Que la recurrente relaciona en lo referente a la vulneración del debido proceso, el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República que señala: “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece…”. En relación al debido proceso, este Tribunal ha pronunciado en reiteradas sentencias que el respeto al mismo comporta una serie de derechos a favor de las partes, que deben ser observados a lo largo de todo proceso, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad a fin de promover la actividad jurisdiccional que conduce a una decisión judicial resolutoria sobre las pretensiones oportunamente deducidas. De este modo que dentro de tal garantía deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público y sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, el derecho a impugnar las resoluciones judiciales, etc.-CONSIDERANDO : Que del estudio de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, conociendo de la acción constitucional de Amparo invocada, esta Sala observa que la misma se encuentra dictada conforme a derecho, conclusión a la que se arriba, pues a través de la misma se ha procedido a enmendar la resolución emitida por el A-quo, quien a inobservado el debido proceso, pues como bien lo señala la impetrante en Amparo, el debido proceso supone el respeto en forma absoluta de las formalidades legalmente establecidas, al tenor de lo que manda el párrafo primero del artículo 90 constitucional, en relación a lo que dispone el artículo 440-A del Código Procesal Penal en relación a la procedencia del Juicio Expedito en los casos de flagrancia, precepto que establece: “Procedencia. El Ministerio Público podrá solicitar la aplicación del procedimiento expedito para los delitos en flagrancia, cuando la persona fuese sorprendida y detenida en la ejecución o tentativa de un acto delictivo de orden público; o cuando sea perseguido y detenido a continuación de éstos actos; asimismo, cuando sea sorprendida o fuese detenida en posesión de objetos que constituyan indicios incriminatorios evidentes de la comisión de un delito, se le juzgará por medio de juicio por delito flagrante, conforme dispone éste capítulo. En casos excepcionales, aún cuando se trate de un delito flagrante, se aplicará el procedimiento ordinario siempre que concurran las circunstancias siguientes: 1- Se trate de un delito de investigación compleja, a causa de la multiplicidad de los hechos relacionados o por el elevado número de imputados o de víctimas; 2- Que las investigaciones requieran el cumplimiento de actuaciones en el exterior; y, 3- Que se requiera la práctica de pruebas de difícil realización. En éstos casos, el juez, una vez garantizados los derechos al imputado, adoptará las providencias y medidas para el señalamiento de la audiencia inicial de conformidad a lo establecido en el artículo 292 de éste Código”; esta sala comparte el fundamento y la motivación plasmada por la alzada al resolver con lugar la acción constitucional de Amparo impetrada, ello porque la resolución del A-quo no encuentra fundamento legal en el artículo 440-A invocado, pues de la lectura del Requerimiento Fiscal presentado se advierte que el caso no se encuentra enmarcado en ninguna de las excepciones que señala la norma procesal indicada a efecto de denegar la solicitud presentada por el ente acusador.-CONSIDERANDO: Que conforme lo preceptuado en el artículo 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, el órgano jurisdiccional competente que conozca de la consulta, fallará con sólo la vista de los autos, reformando, confirmando o revocando la sentencia consultada; por ello y en razón de lo antes expuesto es procedente CONFIRMAR la sentencia venida en trámite de Consulta obligatoria ante este Alto Tribunal.- POR TANTO: Que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos y con fundamento en los artículos 82, 90, 303, 304, 313 numeral 5, 316 numeral 1 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 13, 14 y 292 del Código Procesal Penal; 1, 2, 3 numeral 2, 4, 5, 7, 8, 10 numeral 2, literal a), 68 y 69 de la Ley sobre Justicia Constitucional. FALLA: CONFIRMANDO la sentencia venida en consulta, dictada por la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, Departamento de Cortés en fecha doce de mayo de dos mil dieciséis. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales correspondientes.- Redactó el Magistrado EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los diecinueve (19) días del mes de mayo del año dos mil diecisiete (2017), Certificación de la Sentencia de fecha veintidós (22) de marzo del año dos mil diecisiete (2017) recaída en el Amparo Penal Venido en Consulta, registrado en este Tribunal bajo el numero 0503-2016.


CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

“CERTIFICACIÓN : El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintidos de Marzo del dos mil diecisiete.- VISTA: En Consulta las diligencias que contiene la sentencia de fecha doce (12) de mayo del año dos mil dieciséis (2016), dictada por la Corte de Apelaciones Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, que otorgó el recurso de amparo interpuesto por la Abogada GLENDA DIOMARA RUBI RODRIGUEZ, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Yoro, departamento de Yoro, en fecha veintinueve (29)de diciembre del año dos mil quince(2015), en la causa instruida contra el señor TOMAS EDUARDO RAMOS, por suponerlo responsable del delito de PORTACION ILEGAL DE ARMA PROHIBIDA Y FACILICITACION DE MEDIOS DE TRASPORTE PARA EL TRAFICO ILICITO DE DROGAS, en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR Y LA SALUD DE LA POBLACION DEL ESTADO DE HONDURAS.- Estima el recurrente que las garantías constitucionales que se consideran violentadas están contenidas en el artículo 90 de la Constitución de la República.-ANTECEDENTES: 1)Que en fecha veintinueve (29) de diciembre del año dos mil quince (2015), compareció ante el Juzgado de Letras Seccional de Yoro, departamento de Yoro, el Abogado ANGEL JOSUE MURILLO LIZARDO, FISCAL DEL MINISTERIO PUBLICO, presentando Requerimiento Fiscal contra el señor TOMAS EDUARDO RAMOS, por el delito de PORTACION ILEGAL DE ARMA PROHIBIDA, en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS y FACILITACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE PARA EL TRAFICO ILICITO DE DROGAS en perjuicio de LA SALUD DEL ESTADO DE HONDURAS.-2) Que en fecha veintiuno (21) de enero del año dos mil dieciséis (2016), la Abogada GLENDA DIOMARA RUBI RODRIGUEZ, interpuso ante la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, departamento de Cortés, Recurso de Amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución de fecha veintinueve (29)de diciembre del año dos mil quince(2015), dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Yoro, departamento de Yoro; por considerar que la misma atenta contra lo preceptuado en el artículo 90 de la Constitución de la República.-3) Que en fecha doce (12) de mayo del año dos mil dieciséis (2016), luego de seguido el trámite que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, departamento de Cortés, dictó sentencia mediante la cual OTORGO LA ACCION DE AMPARO, interpuesta por la Abogada GLENDA DIOMARA RUBI RODRIGUEZ.-4) Que en fecha veinticinco (25) de mayo del año dos mil dieciséis (2016), este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, dando así estricto cumplimiento a lo previsto por el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.-CONSIDERANDO : Que se conoce la Acción de Amparo Penal venido en consulta, conocido por la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, interpuesta por la Abogada GLENDA DIOMARA RUBI RODRIGUEZ, contra las actuaciones realizadas por el JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE YORO, que declara Sin Lugar la solicitud de adecuación del procedimiento Expedito de Flagrancia, en el proceso penal instruido en contra del señor TOMAS EDUARDO RAMOS, por suponerlo responsable del delito de PORTACION ILEGAL DE ARMA PROHIBIDA Y FACILICITACION DE MEDIOS DE TRASPORTE PARA EL TRAFICO ILICITO DE DROGAS, en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR Y LA SALUD DE LA POBLACION DEL ESTADO DE HONDURAS.-CONSIDERANDO : Que la recurrente ha expuesto en la Acción de Amparo presentada, que el acto contra el cual se reclama es contra la resolución emitida por el Juzgado de Letras Seccional de Yoro, Departamento de Yoro, que declara Sin Lugar la solicitud de adecuación del proceso al Juicio Expedito, argumentando el A-quo, que el caso requiere la práctica de pruebas de difícil realización, como ser dictámenes o más, para acusar o eximir de responsabilidad al encausado y como los juicios expeditos no pueden durar más de treinta días, esos medios de pruebas no estarán listos para ilustrar a la señora Juez en el momento del Juicio, sostiene la recurrente. Arguye asimismo la impetrante que la decisión adoptada por el A-quo no está apegado a lo que manda la norma, porque el Ministerio Público ya cuenta con toda la prueba completa y necesaria para la acreditación de la existencia de dicho delito que se va a utilizar para acreditar este extremo, lo cual indica que esa prueba no es de compleja realización, porque se tienen los medios idóneos para que la misma sea realizada dentro del término que manda la ley, por lo que el argumento utilizado por la Juez para denegar el procedimiento expedito esta fuera del contexto del Debido proceso, lo que indica que no se está dando una debida aplicación de lo que manda el artículo 440-A del Código Procesal penal, pues su decisión no esta enmarcada en ninguna de las excepciones establecidas en dicho artículo.-CONSIDERANDO : Que el acto que se conoce en consulta es la sentencia de fecha doce de mayo del año dos mil dieciséis, proferida por la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, mediante la cual resuelve Otorgando el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada GLENDA DIOMARA RUBI RODRIGUEZ, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, contra actuaciones del Juzgado de Letras Seccional de Yoro, Departamento de Yoro, al estimar que la resolución impetrada vía Amparo conculca el debido proceso invocado por el Ministerio Público como recurrente enunciado en el artículo 90 párrafo primero de la Carta Magna.-CONSIDERANDO: Que al tenor de lo que dispone el artículo 68 párrafo segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de su Sala Constitucional, el conocimiento del trámite de consulta obligatoria de las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones; cuando, como en el presente caso, responda a una garantía de amparo interpuesta por supuesta violación de los derechos fundamentales que fuera cometida por Jueces de Letras Departamentales o seccionales, Jueces de Sentencia, Jueces de Ejecución y Jueces de Paz, en los casos de jurisdicción preventiva, contemplada en el artículo 10 numeral 2 literal a) de la ley antes referida.-CONSIDERANDO: Que la recurrente relaciona en lo referente a la vulneración del debido proceso, el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República que señala: “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece…”. En relación al debido proceso, este Tribunal ha pronunciado en reiteradas sentencias que el respeto al mismo comporta una serie de derechos a favor de las partes, que deben ser observados a lo largo de todo proceso, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad a fin de promover la actividad jurisdiccional que conduce a una decisión judicial resolutoria sobre las pretensiones oportunamente deducidas. De este modo que dentro de tal garantía deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público y sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, el derecho a impugnar las resoluciones judiciales, etc.-CONSIDERANDO : Que del estudio de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, conociendo de la acción constitucional de Amparo invocada, esta Sala observa que la misma se encuentra dictada conforme a derecho, conclusión a la que se arriba, pues a través de la misma se ha procedido a enmendar la resolución emitida por el A-quo, quien a inobservado el debido proceso, pues como bien lo señala la impetrante en Amparo, el debido proceso supone el respeto en forma absoluta de las formalidades legalmente establecidas, al tenor de lo que manda el párrafo primero del artículo 90 constitucional, en relación a lo que dispone el artículo 440-A del Código Procesal Penal en relación a la procedencia del Juicio Expedito en los casos de flagrancia, precepto que establece: “Procedencia. El Ministerio Público podrá solicitar la aplicación del procedimiento expedito para los delitos en flagrancia, cuando la persona fuese sorprendida y detenida en la ejecución o tentativa de un acto delictivo de orden público; o cuando sea perseguido y detenido a continuación de éstos actos; asimismo, cuando sea sorprendida o fuese detenida en posesión de objetos que constituyan indicios incriminatorios evidentes de la comisión de un delito, se le juzgará por medio de juicio por delito flagrante, conforme dispone éste capítulo. En casos excepcionales, aún cuando se trate de un delito flagrante, se aplicará el procedimiento ordinario siempre que concurran las circunstancias siguientes: 1- Se trate de un delito de investigación compleja, a causa de la multiplicidad de los hechos relacionados o por el elevado número de imputados o de víctimas; 2- Que las investigaciones requieran el cumplimiento de actuaciones en el exterior; y, 3- Que se requiera la práctica de pruebas de difícil realización. En éstos casos, el juez, una vez garantizados los derechos al imputado, adoptará las providencias y medidas para el señalamiento de la audiencia inicial de conformidad a lo establecido en el artículo 292 de éste Código”; esta sala comparte el fundamento y la motivación plasmada por la alzada al resolver con lugar la acción constitucional de Amparo impetrada, ello porque la resolución del A-quo no encuentra fundamento legal en el artículo 440-A invocado, pues de la lectura del Requerimiento Fiscal presentado se advierte que el caso no se encuentra enmarcado en ninguna de las excepciones que señala la norma procesal indicada a efecto de denegar la solicitud presentada por el ente acusador.-CONSIDERANDO: Que conforme lo preceptuado en el artículo 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, el órgano jurisdiccional competente que conozca de la consulta, fallará con sólo la vista de los autos, reformando, confirmando o revocando la sentencia consultada; por ello y en razón de lo antes expuesto es procedente CONFIRMAR la sentencia venida en trámite de Consulta obligatoria ante este Alto Tribunal.- POR TANTO: Que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos y con fundamento en los artículos 82, 90, 303, 304, 313 numeral 5, 316 numeral 1 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 13, 14 y 292 del Código Procesal Penal; 1, 2, 3 numeral 2, 4, 5, 7, 8, 10 numeral 2, literal a), 68 y 69 de la Ley sobre Justicia Constitucional. FALLA: CONFIRMANDO la sentencia venida en consulta, dictada por la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, Departamento de Cortés en fecha doce de mayo de dos mil dieciséis. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales correspondientes.- Redactó el Magistrado EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los diecinueve (19) días del mes de mayo del año dos mil diecisiete (2017), Certificación de la Sentencia de fecha veintidós (22) de marzo del año dos mil diecisiete (2017) recaída en el Amparo Penal Venido en Consulta, registrado en este Tribunal bajo el numero 0503-2016.- Firma y Sello

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL