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Sentencia AP-420-16 — Registro 10319

Resumen

Sentencia declaró con lugar parcialmente recurso de apelación contra resolución en causa contra imputado por suponerlo responsable del delito de asesinato en perjuicio de víctima, así como seis delitos de atentado en perjuicio de Policías Preventivos y Policías Militares y dos delitos de portación ilegal de armas de fuego comercial en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras; en apelación se revocó auto de formal procesamiento contra imputado por suponerlo responsable a título de autor el delito consumado de atentado, señala la posibilidad de reactivación de la causa en caso que recurrente presente actividad probatoria, se considera que vigencia de Decreto Legislativo No. 184-2013 quedó en suspenso la validez material de las normas que sancionan los delitos de artículos 332-A y 332-B del Código Penal

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…”En su sentencia el Tribunal de Alzada estableció que durante estuvo en vigencia el Decreto 184-2013, del 5 de octubre de 2013 al 5 de octubre de 2014, quedó en suspenso la validez material de las normas que establecen sanciones administrativas contenidas en la Ley de Armas y de los delitos contenidos en los artículos 332-A y 332-B del Código Penal, estimando que como consecuencia de ello, los hechos que originaron la imputación formada a los referidos encausados están amparados en el referido decreto, razón por la cual por lo que procedía dictar a favor del encartado un sobreseimiento definitivo en lo que respecta a ese delito en particular…”…”de la sentencia recurrida en amparo, dictada por la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA, se logra apreciar que el Ad-Quem concluyó que en lo que al tipo penal de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS por el que se inició proceso en contra del encartado MARCOS ELÍAS ALEMÁN, perdió positividad y que durante estuvo en vigencia el Decreto 184-2013, quedó en suspenso la validez material de las normas que establecen sanciones administrativas contenidas en la Ley de Armas y de los delitos contenidos en los artículos 332-A y 332-B del Código Penal y como consecuencia de ello, la imputación del encausado, en lo que a este delito concierne, está amparada en el referido decreto, por lo que procedía el sobreseimiento definitivo de la causa, razón por la que determinó la revocatoria de la resolución emitida por el A-Quo…”…”ha reiterado esta Sala , no compete a la acción constitucional de amparo la realización de la justicia penal en la forma de determinar la existencia o no de delito, ni el grado de participación en el mismo; éstas son valoraciones propias de instancia que corresponden a la justicia ordinaria. Así, la justicia constitucional interviene cuando la decisión del juzgador en torno a estos aspectos, ha resultado de arbitrariedad y/o desafuero a los principios que rigen el proceso, y por ende en menoscabo de las garantías judiciales y derechos fundamentales que el propio juez es llamado a asegurar y hacer efectivas…”…”el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque el actor tuvo acceso a las audiencias sin traba alguna, en ellas alegó lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo y al final se obtuvo una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico-jurídica realizada por la Corte de Apelaciones en su sentencia y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de estricta legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues con la disparidad de criterios que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales…”…”esta Sala de lo Constitucional aprecia que la resolución del Ad-Quem contiene la motivación suficiente, cumpliendo éste con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetándose durante la tramitación del proceso penal de mérito el derecho de defensa, debido proceso y la publicidad del acto jurisdiccional al que se someten las partes. Por tanto las alegaciones señaladas por la recurrente no podrían configurarse como una violación a la tutela judicial efectiva, puesto que el Juzgador ha plasmado en su decisión la motivación necesaria indicando razonadamente su decisión, fundamentándose en la norma adjetiva aplicable…”..”esta Sala de lo Constitucional, al no advertir vulneración manifiesta o evidente por la que se hayan disminuido o quebrantado derechos o garantías constitucionales por parte del Tribunal de Alzada, es del criterio porque se deniegue la acción de amparo interpuesta por el recurrente y así debe declararse…”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintiocho de junio de dos mil diecisiete.-VISTA: Para dictar sentencia en el recurso de amparo interpuesto por la Abogada SUSSY G. COELLO GARCÍA, quien actúa en su condición de Fiscal del Ministerio Público a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA, en fecha veintinueve de febrero de dos mil dieciséis, que declaró con lugar parcialmente el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS DEPARTAMENTAL DE PUERTO LEMPIRA, GRACIAS A DIOS, en fecha veinticinco de noviembre de dos mil quince, con relación a la causa instruida contra el señor MARCOS ELÍAS ALEMÁN, por suponerlo responsable del delito de ASESINATO en perjuicio del señor HARRY GÓMEZ RICHARD, así como de seis delitos de ATENTADO y dos delitos de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO COMERCIAL en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS. Estima la recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representado los derechos consagrados en los artículos 90 y 321 de la Constitución de la República.-ANTECEDENTES : 1) Que en fecha veintiuno de noviembre del año dos mil quince, compareció ante el JUZGADO DE LETRAS DEPARTAMENTAL DE PUERTO LEMPIRA, GRACIAS A DIOS, el Abogado MARCIO ALEJANDRO MARTÍNEZ HENRÍQUEZ, actuando en su condición de Agente Fiscal del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal contra el señor “MARCOS ELÍAS ALEMÁN por suponerlo responsable del delito de ASESINATO en perjuicio del señor HARRY GÓMEZ RICHARD, así como seis delitos de ATENTADO en perjuicio del Policía Preventivo ERICK ALEXANDER IZAGUIRRE LAGOS y los Policías Militares TEÓFILO DONALDO MARTÍNEZ, DARÍO YULIS ESTRADA CÁCERES, CARLOS LEONARDO LEIVA, OCTAVIO ETANLY, FREDY FERRUFINO Y MAUMER LEONARDO LEIVA LÓPEZ y dos delitos de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMA DE FUEGO COMERCIAL en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS”.[1].-2) Que seguido el procedimiento de ley correspondiente, el referido Juzgado, en audiencia inicial celebrada en fecha veinticinco de noviembre de dos mil quince, emitió resolución en la que decretó:“PRIMERO: AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO, contra el imputado MARCOS ELÍAS ALEMÁN, a quién se le supone responsable de los delitos de ASESINATO, en perjuicio de HARRY GÓMEZ RICHARD y ATENTADOS, en perjuicio del Policía Preventiva ERICK ALEXANDER IZAGUIRRE LAGOS y los Policías Militares y PORTACIÓN ILEGAL DE ARMA COMERCIAL en perjuicio de la SEGURIDADINTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS. SEGUNDO: Adoptar la medida cautelar de Prisión Preventiva en su contra la que deberá cumplir en el centro penal de esta ciudad. TERCERO:…” (Folios 38-55 de la pieza del A-quo).-3) Que conociendo del recurso de apelación interpuesto por el Abogado MARIO ALBERTO FLORES FUNES en su condición de Defensor Público, contra la resolución referida en el inciso que antecede, la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA, en fecha veintinueve de febrero de dos mil dieciséis, falló:“Declarar CON LUGAR PARCIALMENTE el Recurso de Apelación interpuesto por la Defensa Pública y REVOCAR la resolución de fecha veinticinco (25) de noviembre de dos mil quince (2015), dictada por el Juzgado de Letras Departamental de Puerto Lempira, departamento de Gracias a Dios, que contiene el auto de formal procesamiento dictado en contra del acusado MARCOS ELÍAS ALEMÁN, por suponerlo responsable a titulo de autor de un delito consumado de ATENTADO, ambos en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, por suponerlo responsable a título de autor de un delito consumado de ASESINATO ALEVOSO, en perjuicio del señor HARRY GÓMEZ RICHARD; y por suponerlo responsable a titulo de autor de dos delitos consumados de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO COMERCIAL; en consecuencia: PRIMERO: Se ordena al Juzgado de Letras Departamental de Puerto Lempira, departamento de Gracias a Dios, dictar a favor del acusado MARCOS ELÍAS ALEMÁN, un SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL, por suponerlo responsable a titulo de autor consumado de ATENTADO, en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS; y por suponerlo responsable a titulo de autor del delito consumado de ASESINATO ALEVOSO, en perjuicio del señor HARRY GÓMEZ RICHARD; señalando la posibilidad de reactivación de la causa en caso de que el Ministerio Público presente cualquiera de la actividad probatoria descrita en esta resolución, u otra de igual o mejor valor, que determine indicio racional de participación del acusado en los hechos, ello dentro de los cinco años siguientes a la fecha en que el presente auto adquiera el carácter de firme; SEGUNDO: Se ordena al Juzgado de Letras Departamental de Puerto Lempira, departamento de Gracias a Dios, dictar a favor del acusado MARCOS ELÍAS ALEMÁN, un SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO, por suponerlo responsable a titulo de autor de dos delitos consumados de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO COMERCIAL, en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS.”(Folios del 4-15 de la pieza del A-Quem).-4) Que la recurrente Abogada SUSSY G. COELLO GARCÍA, quien actúa en su condición de Fiscal del Ministerio Publico a favor del ESTADO DE HONDURAS, compareció ante este Tribunal en fecha cuatro de mayo de dos mil dieciséis, interponiendo acción de amparo, afirmando que la decisión del Ad-Quem, de fecha veintinueve de febrero de dos mil dieciséis, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 90 y 321 de la Constitución de la República.-5) Que en fecha siete de diciembre de dos mil dieciséis, la Sala tuvo por formalizada la acción de mérito, omitiéndose la vista de los autos al Fiscal del Despacho, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público.-CONSIDERANDO (1):Que conforme manda la Constitución de la República, la acción de amparo tiene como finalidad el mantenimiento y restitución de la persona agraviada, del goce de los derechos y/o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución.-CONSIDERANDO (2):Que procede la acción de amparo contra las resoluciones, actos y hechos de los Poderes del Estado, incluyendo las entidades descentralizadas, desconcentradas, las sostenidas con fondos públicos y las que actúen por delegación de algún órgano del Estado en virtud de concesión, de contrato u otra resolución válida.- CONSIDERANDO (3): Que en el ejercicio de la justicia constitucional los órganos jurisdiccionales solamente están sometidos a la Constitución de la República y a la ley.-CONSIDERANDO (4):Que se reclama como violatoria de derechos y garantías constitucionales en perjuicio del ESTADO DE HONDURAS, la referida sentencia dictada por la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA, en fecha veintinueve de febrero de dos mil dieciséis, que declaró con lugar parcialmente el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS DEPARTAMENTAL DE PUERTO LEMPIRA, GRACIAS A DIOS, en fecha veinticinco de noviembre de dos mil quince, con relación a la causa instruida contra el señor MARCOS ELÍAS ALEMÁN, por suponerlo responsable del delito de ASESINATO en perjuicio del señor HARRY GÓMEZ RICHARD, así como de seis delitos de ATENTADO y dos delitos de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO COMERCIAL en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS. En su sentencia el Tribunal de Alzada estableció que durante estuvo en vigencia el Decreto 184-2013, del 5 de octubre de 2013 al 5 de octubre de 2014, quedó en suspenso la validez material de las normas que establecen sanciones administrativas contenidas en la Ley de Armas y de los delitos contenidos en los artículos 332-A y 332-B del Código Penal, estimando que como consecuencia de ello, los hechos que originaron la imputación formada a los referidos encausados están amparados en el referido decreto, razón por la cual por lo que procedía dictar a favor del encartado un sobreseimiento definitivo en lo que respecta a ese delito en particular.-CONSIDERANDO (5): Que de acuerdo con los alegatos presentados por el Ministerio Público, de lo resuelto por el Ad-Quem, emana vulneración a la garantía constitucional del debido proceso, así como al derecho de defensa, razonando que de lo actuado por la Alzada resulta una violación al derecho de tutela judicial por no garantizarse el debido proceso, específicamente el principio de legalidad. En su exposición el representante del Ministerio Público explica que en un Estado de Derecho el poder tiene su fundamento y limite en el ordenamiento jurídico, imponiendo a los jueces la obligación ineludible de emitir sus resoluciones en estricto apego a derecho y no a su mera arbitrariedad e interpretación personal. Según manifestó el amparista, la interpretación de la ley debe ser orientada a la búsqueda del verdadero sentido de la norma que se debe aplicar al caso, considerando que en la aplicación del Decreto Legislativo 184-2013, la intención auténtica dada por el legislador no era la de despenalizar la acción constitutiva de delito de tenencia o portación ilegal de arma comercial por la que se ejercitó la acción penal en contra de los encausados, tal como lo establece el Ad-Quem, sino más bien de no responsabilizarlo de la tenencia de un arma al momento de proceder al registro de la misma, por lo que la Corte de Apelaciones en estricto apego a la legalidad debió confirmar el auto de formal procesamiento acordado por el A-Quo. -CONSIDERANDO (6): Que la Constitución de la República al desarrollar el capitulo atinente al Poder Judicial establece tanto que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado. -CONSIDERANDO (7): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción penal, conforme lo establece el Artículo 141 del Código Procesal Penal la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al juez o tribunal que conoce concretamente del asunto.-CONSIDERANDO (8): Que del examen de los autos y en específico de la sentencia recurrida en amparo, dictada por la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA, se logra apreciar que el Ad-Quem concluyó que en lo que al tipo penal de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS por el que se inició proceso en contra del encartado MARCOS ELÍAS ALEMÁN, perdió positividad y que durante estuvo en vigencia el Decreto 184-2013, quedó en suspenso la validez material de las normas que establecen sanciones administrativas contenidas en la Ley de Armas y de los delitos contenidos en los artículos 332-A y 332-B del Código Penal y como consecuencia de ello, la imputación del encausado, en lo que a este delito concierne, está amparada en el referido decreto, por lo que procedía el sobreseimiento definitivo de la causa, razón por la que determinó la revocatoria de la resolución emitida por el A-Quo.-CONSIDERANDO (9): Que esta Sala ha sostenido en forma reiterada que la garantía del debido proceso no se limita a la exigencia que una persona deba ser juzgada a través de un proceso previo y ante un juez con competencia natural, sino que también por imperativo constitucional, comporta que deben respetarse las formalidades, derechos y garantías que de conformidad a la ley correspondan. Esta Sala ha dejado establecido en amplia jurisprudencia que el párrafo primero del artículo 90, en tanto norma constitucional concernida, se traduce de un modo general en el deber que tienen los Tribunales de garantizar una tutela judicial efectiva, la cual se viene caracterizando como un ajustado sistema de garantías para las partes en el proceso, que permitan, a quien pretenda hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba.-CONSIDERANDO (10): Que esta Sala ha dejado establecido a su vez en reiteradas decisiones, que el derecho a la tutela judicial efectiva comporta como contenido esencial y primario, el derecho de obtener de los órganos jurisdiccionales integrantes del Poder Judicial, una resolución razonada y fundada en derecho que verse sobre las pretensiones planteadas en juicio, sea o no favorable a las pretensiones planteadas, lo cual crea en los jueces de manera ineludible, el deber de cumplir con las exigencias fundamentales del proceso. En este sentido, esta Sala concuerda en que el derecho a la tutela judicial no garantiza el éxito de la pretensión y tampoco puede ésta contener en su seno, el conjunto del ordenamiento jurídico, puesto que ello sería desproporcionado como contenido de un derecho fundamental. El derecho a la tutela judicial lo es a obtener una resolución sobre el fondo, sea favorable o adversa a los intereses de quien insta la actuación jurisdiccional.[2].-CONSIDERANDO (11): Que como también lo ha reiterado esta Sala[3], no compete a la acción constitucional de amparo la realización de la justicia penal en la forma de determinar la existencia o no de delito, ni el grado de participación en el mismo; éstas son valoraciones propias de instancia que corresponden a la justicia ordinaria. Así, la justicia constitucional interviene cuando la decisión del juzgador en torno a estos aspectos, ha resultado de arbitrariedad y/o desafuero a los principios que rigen el proceso, y por ende en menoscabo de las garantías judiciales y derechos fundamentales que el propio juez es llamado a asegurar y hacer efectivas. -CONSIDERANDO (12): Que dicho lo anterior, ha de observarse también que la garantía de amparo no puede suplir todos y cada uno de los casos en que se alegue indefensión de parte, como resultado de una decisión jurisdiccional no compartida. La jurisprudencia nacional e internacional, con la cual esta Sala asiente, es congruente en admitir y sostener que el recurso de amparo:“…no está configurado como una última instancia ni tiene una función Casacional”; por tanto, únicamente pueden ser objeto de la tutela jurídica constitucional, aquellos supuestos de indefensión real, que impidan el ejercicio regular del derecho de defensa, o más allá aún, que proscriban, imposibilitando a las partes procesales interponer las acciones y recursos que el ordenamiento jurídico pone a su disposición.-CONSIDERANDO (13): Que el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque el actor tuvo acceso a las audiencias sin traba alguna, en ellas alegó lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrolloy al final se obtuvo una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico-jurídica realizada por la Corte de Apelaciones en su sentencia y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de estricta legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues con la disparidad de criterios que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales. -CONSIDERANDO (14):Que esta Sala de lo Constitucional aprecia que la resolución del Ad-Quem contiene la motivación suficiente, cumpliendo éste con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetándose durante la tramitación del proceso penal de mérito el derecho de defensa, debido proceso y la publicidad del acto jurisdiccional al que se someten las partes. Por tanto las alegaciones señaladas por la recurrente no podrían configurarse como una violación a la tutela judicial efectiva, puesto que el Juzgador ha plasmado en su decisión la motivación necesaria indicando razonadamente su decisión, fundamentándose en la norma adjetiva aplicable.-CONSIDERANDO (15): Que por las razones anteriormente expuestas, esta Sala de lo Constitucional, al no advertir vulneración manifiesta o evidente por la que se hayan disminuido o quebrantado derechos o garantías constitucionales por parte del Tribunal de Alzada, es del criterio porque se deniegue la acción de amparo interpuesta por el recurrente y así debe declararse.-POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, POR UNANIMIDAD DE VOTOS; haciendo aplicación de los Artículos 68, 69, 82, 86, 90, 92, 303, 304, 313 Numeral 5, 316 y 319 atribución 8a. de la Constitución de la República; 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5ª de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, 63 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- FALLA: DENEGANDO el recurso de amparo de que se ha hecho mérito.- YMANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a su lugar de procedencia. Redactó el Magistrado ORTÉZ CRUZ. NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los once (11) días del mes de septiembre del año dos mil diecisiete (2017), Certificación de la Sentencia de fecha veintiocho (28) de junio del año dos mil diecisiete (2017) recaída en el Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 0420-2016.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintiocho de junio de dos mil diecisiete.-VISTA: Para dictar sentencia en el recurso de amparo interpuesto por la Abogada SUSSY G. COELLO GARCÍA, quien actúa en su condición de Fiscal del Ministerio Público a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA, en fecha veintinueve de febrero de dos mil dieciséis, que declaró con lugar parcialmente el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS DEPARTAMENTAL DE PUERTO LEMPIRA, GRACIAS A DIOS, en fecha veinticinco de noviembre de dos mil quince, con relación a la causa instruida contra el señor MARCOS ELÍAS ALEMÁN, por suponerlo responsable del delito de ASESINATO en perjuicio del señor HARRY GÓMEZ RICHARD, así como de seis delitos de ATENTADO y dos delitos de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO COMERCIAL en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS. Estima la recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representado los derechos consagrados en los artículos 90 y 321 de la Constitución de la República.-ANTECEDENTES : 1) Que en fecha veintiuno de noviembre del año dos mil quince, compareció ante el JUZGADO DE LETRAS DEPARTAMENTAL DE PUERTO LEMPIRA, GRACIAS A DIOS, el Abogado MARCIO ALEJANDRO MARTÍNEZ HENRÍQUEZ, actuando en su condición de Agente Fiscal del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal contra el señor “MARCOS ELÍAS ALEMÁN por suponerlo responsable del delito de ASESINATO en perjuicio del señor HARRY GÓMEZ RICHARD, así como seis delitos de ATENTADO en perjuicio del Policía Preventivo ERICK ALEXANDER IZAGUIRRE LAGOS y los Policías Militares TEÓFILO DONALDO MARTÍNEZ, DARÍO YULIS ESTRADA CÁCERES, CARLOS LEONARDO LEIVA, OCTAVIO ETANLY, FREDY FERRUFINO Y MAUMER LEONARDO LEIVA LÓPEZ y dos delitos de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMA DE FUEGO COMERCIAL en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS”.[4].-2) Que seguido el procedimiento de ley correspondiente, el referido Juzgado, en audiencia inicial celebrada en fecha veinticinco de noviembre de dos mil quince, emitió resolución en la que decretó:“PRIMERO: AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO, contra el imputado MARCOS ELÍAS ALEMÁN, a quién se le supone responsable de los delitos de ASESINATO, en perjuicio de HARRY GÓMEZ RICHARD y ATENTADOS, en perjuicio del Policía Preventiva ERICK ALEXANDER IZAGUIRRE LAGOS y los Policías Militares y PORTACIÓN ILEGAL DE ARMA COMERCIAL en perjuicio de la SEGURIDADINTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS. SEGUNDO: Adoptar la medida cautelar de Prisión Preventiva en su contra la que deberá cumplir en el centro penal de esta ciudad. TERCERO:…” (Folios 38-55 de la pieza del A-quo).-3) Que conociendo del recurso de apelación interpuesto por el Abogado MARIO ALBERTO FLORES FUNES en su condición de Defensor Público, contra la resolución referida en el inciso que antecede, la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA, en fecha veintinueve de febrero de dos mil dieciséis, falló:“Declarar CON LUGAR PARCIALMENTE el Recurso de Apelación interpuesto por la Defensa Pública y REVOCAR la resolución de fecha veinticinco (25) de noviembre de dos mil quince (2015), dictada por el Juzgado de Letras Departamental de Puerto Lempira, departamento de Gracias a Dios, que contiene el auto de formal procesamiento dictado en contra del acusado MARCOS ELÍAS ALEMÁN, por suponerlo responsable a titulo de autor de un delito consumado de ATENTADO, ambos en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, por suponerlo responsable a título de autor de un delito consumado de ASESINATO ALEVOSO, en perjuicio del señor HARRY GÓMEZ RICHARD; y por suponerlo responsable a titulo de autor de dos delitos consumados de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO COMERCIAL; en consecuencia: PRIMERO: Se ordena al Juzgado de Letras Departamental de Puerto Lempira, departamento de Gracias a Dios, dictar a favor del acusado MARCOS ELÍAS ALEMÁN, un SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL, por suponerlo responsable a titulo de autor consumado de ATENTADO, en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS; y por suponerlo responsable a titulo de autor del delito consumado de ASESINATO ALEVOSO, en perjuicio del señor HARRY GÓMEZ RICHARD; señalando la posibilidad de reactivación de la causa en caso de que el Ministerio Público presente cualquiera de la actividad probatoria descrita en esta resolución, u otra de igual o mejor valor, que determine indicio racional de participación del acusado en los hechos, ello dentro de los cinco años siguientes a la fecha en que el presente auto adquiera el carácter de firme; SEGUNDO: Se ordena al Juzgado de Letras Departamental de Puerto Lempira, departamento de Gracias a Dios, dictar a favor del acusado MARCOS ELÍAS ALEMÁN, un SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO, por suponerlo responsable a titulo de autor de dos delitos consumados de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO COMERCIAL, en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS.”(Folios del 4-15 de la pieza del A-Quem).-4) Que la recurrente Abogada SUSSY G. COELLO GARCÍA, quien actúa en su condición de Fiscal del Ministerio Publico a favor del ESTADO DE HONDURAS, compareció ante este Tribunal en fecha cuatro de mayo de dos mil dieciséis, interponiendo acción de amparo, afirmando que la decisión del Ad-Quem, de fecha veintinueve de febrero de dos mil dieciséis, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 90 y 321 de la Constitución de la República.-5) Que en fecha siete de diciembre de dos mil dieciséis, la Sala tuvo por formalizada la acción de mérito, omitiéndose la vista de los autos al Fiscal del Despacho, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público.-CONSIDERANDO (1):Que conforme manda la Constitución de la República, la acción de amparo tiene como finalidad el mantenimiento y restitución de la persona agraviada, del goce de los derechos y/o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución.-CONSIDERANDO (2):Que procede la acción de amparo contra las resoluciones, actos y hechos de los Poderes del Estado, incluyendo las entidades descentralizadas, desconcentradas, las sostenidas con fondos públicos y las que actúen por delegación de algún órgano del Estado en virtud de concesión, de contrato u otra resolución válida.- CONSIDERANDO (3): Que en el ejercicio de la justicia constitucional los órganos jurisdiccionales solamente están sometidos a la Constitución de la República y a la ley.-CONSIDERANDO (4):Que se reclama como violatoria de derechos y garantías constitucionales en perjuicio del ESTADO DE HONDURAS, la referida sentencia dictada por la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA, en fecha veintinueve de febrero de dos mil dieciséis, que declaró con lugar parcialmente el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS DEPARTAMENTAL DE PUERTO LEMPIRA, GRACIAS A DIOS, en fecha veinticinco de noviembre de dos mil quince, con relación a la causa instruida contra el señor MARCOS ELÍAS ALEMÁN, por suponerlo responsable del delito de ASESINATO en perjuicio del señor HARRY GÓMEZ RICHARD, así como de seis delitos de ATENTADO y dos delitos de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO COMERCIAL en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS. En su sentencia el Tribunal de Alzada estableció que durante estuvo en vigencia el Decreto 184-2013, del 5 de octubre de 2013 al 5 de octubre de 2014, quedó en suspenso la validez material de las normas que establecen sanciones administrativas contenidas en la Ley de Armas y de los delitos contenidos en los artículos 332-A y 332-B del Código Penal, estimando que como consecuencia de ello, los hechos que originaron la imputación formada a los referidos encausados están amparados en el referido decreto, razón por la cual por lo que procedía dictar a favor del encartado un sobreseimiento definitivo en lo que respecta a ese delito en particular.-CONSIDERANDO (5): Que de acuerdo con los alegatos presentados por el Ministerio Público, de lo resuelto por el Ad-Quem, emana vulneración a la garantía constitucional del debido proceso, así como al derecho de defensa, razonando que de lo actuado por la Alzada resulta una violación al derecho de tutela judicial por no garantizarse el debido proceso, específicamente el principio de legalidad. En su exposición el representante del Ministerio Público explica que en un Estado de Derecho el poder tiene su fundamento y limite en el ordenamiento jurídico, imponiendo a los jueces la obligación ineludible de emitir sus resoluciones en estricto apego a derecho y no a su mera arbitrariedad e interpretación personal. Según manifestó el amparista, la interpretación de la ley debe ser orientada a la búsqueda del verdadero sentido de la norma que se debe aplicar al caso, considerando que en la aplicación del Decreto Legislativo 184-2013, la intención auténtica dada por el legislador no era la de despenalizar la acción constitutiva de delito de tenencia o portación ilegal de arma comercial por la que se ejercitó la acción penal en contra de los encausados, tal como lo establece el Ad-Quem, sino más bien de no responsabilizarlo de la tenencia de un arma al momento de proceder al registro de la misma, por lo que la Corte de Apelaciones en estricto apego a la legalidad debió confirmar el auto de formal procesamiento acordado por el A-Quo. -CONSIDERANDO (6): Que la Constitución de la República al desarrollar el capitulo atinente al Poder Judicial establece tanto que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado. -CONSIDERANDO (7): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción penal, conforme lo establece el Artículo 141 del Código Procesal Penal la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al juez o tribunal que conoce concretamente del asunto.-CONSIDERANDO (8): Que del examen de los autos y en específico de la sentencia recurrida en amparo, dictada por la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA, se logra apreciar que el Ad-Quem concluyó que en lo que al tipo penal de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS por el que se inició proceso en contra del encartado MARCOS ELÍAS ALEMÁN, perdió positividad y que durante estuvo en vigencia el Decreto 184-2013, quedó en suspenso la validez material de las normas que establecen sanciones administrativas contenidas en la Ley de Armas y de los delitos contenidos en los artículos 332-A y 332-B del Código Penal y como consecuencia de ello, la imputación del encausado, en lo que a este delito concierne, está amparada en el referido decreto, por lo que procedía el sobreseimiento definitivo de la causa, razón por la que determinó la revocatoria de la resolución emitida por el A-Quo.-CONSIDERANDO (9): Que esta Sala ha sostenido en forma reiterada que la garantía del debido proceso no se limita a la exigencia que una persona deba ser juzgada a través de un proceso previo y ante un juez con competencia natural, sino que también por imperativo constitucional, comporta que deben respetarse las formalidades, derechos y garantías que de conformidad a la ley correspondan. Esta Sala ha dejado establecido en amplia jurisprudencia que el párrafo primero del artículo 90, en tanto norma constitucional concernida, se traduce de un modo general en el deber que tienen los Tribunales de garantizar una tutela judicial efectiva, la cual se viene caracterizando como un ajustado sistema de garantías para las partes en el proceso, que permitan, a quien pretenda hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba.-CONSIDERANDO (10): Que esta Sala ha dejado establecido a su vez en reiteradas decisiones, que el derecho a la tutela judicial efectiva comporta como contenido esencial y primario, el derecho de obtener de los órganos jurisdiccionales integrantes del Poder Judicial, una resolución razonada y fundada en derecho que verse sobre las pretensiones planteadas en juicio, sea o no favorable a las pretensiones planteadas, lo cual crea en los jueces de manera ineludible, el deber de cumplir con las exigencias fundamentales del proceso. En este sentido, esta Sala concuerda en que el derecho a la tutela judicial no garantiza el éxito de la pretensión y tampoco puede ésta contener en su seno, el conjunto del ordenamiento jurídico, puesto que ello sería desproporcionado como contenido de un derecho fundamental. El derecho a la tutela judicial lo es a obtener una resolución sobre el fondo, sea favorable o adversa a los intereses de quien insta la actuación jurisdiccional.[5].-CONSIDERANDO (11): Que como también lo ha reiterado esta Sala[6], no compete a la acción constitucional de amparo la realización de la justicia penal en la forma de determinar la existencia o no de delito, ni el grado de participación en el mismo; éstas son valoraciones propias de instancia que corresponden a la justicia ordinaria. Así, la justicia constitucional interviene cuando la decisión del juzgador en torno a estos aspectos, ha resultado de arbitrariedad y/o desafuero a los principios que rigen el proceso, y por ende en menoscabo de las garantías judiciales y derechos fundamentales que el propio juez es llamado a asegurar y hacer efectivas. -CONSIDERANDO (12): Que dicho lo anterior, ha de observarse también que la garantía de amparo no puede suplir todos y cada uno de los casos en que se alegue indefensión de parte, como resultado de una decisión jurisdiccional no compartida. La jurisprudencia nacional e internacional, con la cual esta Sala asiente, es congruente en admitir y sostener que el recurso de amparo:“…no está configurado como una última instancia ni tiene una función Casacional”; por tanto, únicamente pueden ser objeto de la tutela jurídica constitucional, aquellos supuestos de indefensión real, que impidan el ejercicio regular del derecho de defensa, o más allá aún, que proscriban, imposibilitando a las partes procesales interponer las acciones y recursos que el ordenamiento jurídico pone a su disposición.-CONSIDERANDO (13): Que el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque el actor tuvo acceso a las audiencias sin traba alguna, en ellas alegó lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrolloy al final se obtuvo una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico-jurídica realizada por la Corte de Apelaciones en su sentencia y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de estricta legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues con la disparidad de criterios que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales. -CONSIDERANDO (14):Que esta Sala de lo Constitucional aprecia que la resolución del Ad-Quem contiene la motivación suficiente, cumpliendo éste con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetándose durante la tramitación del proceso penal de mérito el derecho de defensa, debido proceso y la publicidad del acto jurisdiccional al que se someten las partes. Por tanto las alegaciones señaladas por la recurrente no podrían configurarse como una violación a la tutela judicial efectiva, puesto que el Juzgador ha plasmado en su decisión la motivación necesaria indicando razonadamente su decisión, fundamentándose en la norma adjetiva aplicable.-CONSIDERANDO (15): Que por las razones anteriormente expuestas, esta Sala de lo Constitucional, al no advertir vulneración manifiesta o evidente por la que se hayan disminuido o quebrantado derechos o garantías constitucionales por parte del Tribunal de Alzada, es del criterio porque se deniegue la acción de amparo interpuesta por el recurrente y así debe declararse.-POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, POR UNANIMIDAD DE VOTOS; haciendo aplicación de los Artículos 68, 69, 82, 86, 90, 92, 303, 304, 313 Numeral 5, 316 y 319 atribución 8a. de la Constitución de la República; 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5ª de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, 63 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- FALLA: DENEGANDO el recurso de amparo de que se ha hecho mérito.- YMANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a su lugar de procedencia. Redactó el Magistrado ORTÉZ CRUZ. NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los once (11) días del mes de septiembre del año dos mil diecisiete (2017), Certificación de la Sentencia de fecha veintiocho (28) de junio del año dos mil diecisiete (2017) recaída en el Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 0420-2016.- Firma y Sello

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1] Requerimiento Fiscal, folios 1-2 de la pieza del A-quo

[2]Alfredo Diego de Díez. EL DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA

[3]Vid recursos de amparo 259-12; 108-14; 804-14

[4] Requerimiento Fiscal, folios 1-2 de la pieza del A-quo

[5]Alfredo Diego de Díez. EL DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA

[6]Vid recursos de amparo 259-12; 108-14; 804-14