Sentencia AP-415-15 — Registro 6847
Resumen
Sentencia declaró sin lugar recurso de apelación contra resolución dictada por juzgado de primera instancia que declaró con lugar excepción de falta de acción decretó sobreseimiento definitivo, dejó sin valor y efecto medidas cautelares a favor de los imputados con relación a la causa instruída por suponerlos responsalbes del delito de portación ilegal de armas en perjuicio de la seguridad interior del Estado de Honduras
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."el Principio de subsidiariedad del derecho Penal, por otra parte, ha de utilizarse sin duda a modo de ultima ratio, es decir, del último recurso a utilizar a falta de otros menos lesivos para el fin de protección configurado por la norma penal. El llamado carácter fragmentario del Derecho Penal constituye también una exigencia relacionada con la anterior y ambos postulados conforman el Principio de Intervención mínima; y, en definitiva, que el Derecho Penal solo debe proteger bienes jurídicos, no significa que todo bien jurídico haya de ser, necesariamente protegido por la vía penal, ni tampoco que todo ataque a los bienes jurídicos penalmente tutelados deba determinar la intervención a ultranza del Derecho Penal material. En consecuencia el Derecho Penal debe utilizarse solo en casos extraordinariamente graves (carácter fragmentario) y cuando no haya más remedio por haber fracasado ya otros mecanismos de protección menos gravosos para la persona (naturaleza subsidiaria).[3] - Por todo ello, resulta plausible desde vías constitucionales el saber jurídico aplicado al caso concreto por la Alzada, en cuanto a que no procedía dictar apertura a juicio a una conducta en el lapso de tiempo enmarcado en la denominada Veda del tipo penal de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS, resultando en definitiva fuera del contexto legal estricto, proceder a contrario sensu, precisamente por encontrarse en vigencia el Decreto No. 184-2013 de cinco (5) de octubre del año dos mil trece (2013) al momento de emitir el fallo la Alzada, bajo criterios que esta Sala estima garantistas y de procura a una aplicación igualitaria de la ley para todos los hondureños..."..."Que como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico; lo cual, a la luz del caso concreto, da lugar a que se dicte sentencia denegatoria del recurso de amparo promovido a instancias de la fiscalía del Ministerio Público..."
Legislación citada
- Constitución de la República de Honduras, art. 90 (Decreto)
- Decreto 184-2013, art. 2 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintitrés de junio del dos mil diecisiete.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada KARLA PATRICIA GARCIA ARITA a favor del ESTADO DE HONDURAS contra resolución dictada por la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LA SECCION JUDICIAL DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, en fecha diecisiete de abril de dos mil quince, que declaró no ha lugar un recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada por el JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE COLON, en fecha veintiséis de febrero de dos mil quince, con relación a la causa instruida contra los señores JUAN CARLOS REYES ESPINOZA y OSCAR ALEXIS FLORES ARITA por suponerlos responsables del delito de PORTACION ILEGAL DE ARMAS en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS. Estima la recurrente que con el acto reclamado se han violentado en perjuicio de su representado lo dispuesto en los artículos 304 y 321 de la Constitución de la República.- ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha veintiséis de enero de dos mil quince, compareció ante el JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE COLON, el Abogado FRANKLIN GARCIA, en su condición de Agente de Tribunales del Ministerio Público, presentando Requerimiento Fiscal contra los señores JUAN CARLOS REYES ESPINOZA y OSCAR ALEXIS FLORES ARITA, por suponerlos responsables del delito de PORTACION ILEGAL DE ARMAS, en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS. (Folios 01 al 05 de la primera pieza de los antecedentes).- 2) Que en fecha veintiséis de febrero de dos mil quince, el JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE COLON, en audiencia inicial resolvió: “…Declarar con lugar la acción de por falta de acción, cuando no ha debido de promoverse o cuando no pueda proseguirse presentada por la defensa privada a favor de los imputados. 2) Decretar SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO a favor de los señores JUAN CARLOS REYES ESPINOZA y OSCAR ALEXIS FLORES ARITA por el delito de PORTACION ILEGAL DE ARMA en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS.- 3) Déjese sin valor ni efecto las medidas cautelares decretadas en fecha veintisiete de enero del año dos mil quince…” (Folios 20 al 23 de la primera pieza de los antecedentes).- 3) Que conociendo del recurso de apelación interpuesto por la Abogada ADRIANA AMALIA MARTINEZ ROMERO en representación del Ministerio Publico, contra la resolución relacionada en el inciso que antecede, en fecha diecisiete de abril de dos mil quince, la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LA SECCION JUDICIAL DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, dictó sentencia mediante la cual RESOLVIÓ:”…PRIMERO: Declarar SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el Ministerio Público; SEGUNDO: CONFIRMAR la resolución de fecha veintiséis (26) de Febrero de dos mil quince (2015), dictada por el Juzgado de Letras de la Ciudad de Trujillo, Departamento de Colon, en la cual dicta Sobreseimiento Definitivo a favor de los acusados Juan Carlos Reyes Espinoza y Oscar Alexis Flores Arita, por suponerlos responsables a cada uno de ellos, a titulo de autor, de un delito consumado de Portación ilegal de Arma de Fuego Comercial, en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de honduras…” (Folios 04 al 13 de la segunda pieza de los antecedentes).- 4) Que la recurrente Abogada KARLA PATRICIA GARCIA ARITA en fecha seis de mayo de dos mil quince, compareció ante este Tribunal, reclamando amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS afirmando que la decisión del Ad-Quem de fecha diecisiete de abril de dos mil quince, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 304 y 321 de la Constitución de la República. Teniendo por formalizado el recurso esta Sala el once de agosto de dos mil quince, fecha en la cual se omitió la vista de los autos al fiscal, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público.- CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de Amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.- CONSIDERANDO (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución.- CONSIDERANDO (3): Que el acto contra el cual se reclama es la resolución de fecha diecisiete (17) de abril del año dos mil quince, dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de la Sección Judicial de la Ceiba, departamento de Atlántida, que Declara NO HA LUGAR el recurso de apelación interpuesto y confirma la resolución de fecha veintiséis de febrero del año dos mil quince dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Trujillo, Colón en la que se declara el SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO apelado a su instancia, con relación a la causa instruida contra los señores JUAN CARLOS REYES ESPINOZA Y OSCAR ALEXIS FLORES ARITA, por suponerlos responsables del delito de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS- CONSIDERANDO (4): Que la recurrente en la formalización del recurso, manifiesta que el derecho constitucional que estima quebrantado es el Principio de Legalidad consagrado en el artículo 321 de la Constitución de la República que manda “Los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la Ley. Todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad, relacionado con el artículo 304 constitucional que dispone: “Corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a los casos concretos, juzgar y ejecutar los juzgado”. Sigue exponiendo que la Corte de Apelaciones impugnada fundamentó su resolución en el Decreto 184-2013 de fecha 01 de septiembre del año 2013, ampliado por seis meses mediante Decreto 63-2014. Señala el artículo 2 del referido Decreto que dispone que ha partir de la vigencia del mismo y por el término de un (1) año, da un período de veda para que toda persona que tenga en su poder cualquier tipo de arma de fuego comercial y que no posea factura de venta de la Armería, proceda con la documentación respectiva a excepción de dicha factura, a realizar los trámites correspondientes de registro ante la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad. Durante el término de un año las personas que tengan en su poder armas consideradas de uso ilegal, pueden hacer entrega de las mismas a la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, sin ningún tipo de responsabilidad producto de su tenencia procediéndose a la inmediata destrucción de las mismas por parte de la Secretaría de dicha Institución.” Señala además la tipificación legal del delito de Portación Ilegal de armas contenida en el artículo 332-B del Código Penal vigente, exponiendo como se estructura el delito y sus sanciones, considerando haber acreditado el indicio racional como la plena prueba de haberse cometido un delito, ya que a los señores JUAN CARLOS REYES, OSCAR ALEXIS FLORES ARITA, se les practicó un registro en el que se les encontró en posesión de armas de fuego, lo que de acuerdo a lo que establece el artículo 332-B del Código Penal constituye el delito de de Portación Ilegal de Arma Comercial. Sin embargo en la Audiencia Inicial realizada en fecha 26 de febrero del año 2015, la defensa de los imputados interpuso excepción por falta de acción, la que fue declarada con lugar procediendo el Juzgado A-Quo a dictar sobreseimiento definitivo a favor de los imputados, argumentando que el Ministerio Público no debió proseguir la causa por el delito de Portación Ilegal de armas, ya que tiene vedada la acción penal conforme el Decreto en referencia.- CONSIDERANDO (5): Que en mejora de su recurso el Ente Acusador expone que del contenido del artículo 2 del Decreto 184-2013 precitado no constituye una cláusula despenalizadora de los delitos citados, tipificados en el artículo 332-A y B del Código Penal, sino que se entiende que su único alcance es permitir que la persona durante el tiempo allí establecido no enfrente consecuencias jurídicas al acudir a registrar su arma o a entregar un arma prohibida, lo cual no ocurrió en el presente caso, en virtud de que el imputado fue encontrado en posesión de un arma, sin el permiso correspondiente, sumado a ello no se acreditó ninguna razón fundamentada que permitiera considerar la existencia de actos tendientes al registro del arma citada, es decir acción por parte del imputado que diese lugar a pensar que haya tenido la intención dirigida al registro del arma; por lo que el ente fiscal considera que se cometido el delito de Portación Ilegal de armas contenido en el artículo 332-A del Código Penal.- CONSIDERANDO (6): Que el Debido Proceso adjetivo o formal se entiende como un conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial. Así, si bien es cierto que los fallos han de respetar los principios del debido proceso formal y sustancial, también existiría una forma por la cual este fallo llegue a concretarse, y tutelar efectivamente la pretensión o derecho amparado. Este es el momento en el cual hace su aparición la tutela jurisdiccional efectiva, dado que un fallo justo y acorde con el procedimiento debido, no puede quedarse como certeza jurídica ideal, sino que ha de satisfacer materialmente el derecho reconocido. El Estado tiene la obligación de reconocer un conjunto de garantías institucionales que permitan el ejercicio del debido proceso en toda persona. Todos los ciudadanos tienen derecho a acudir a los tribunales para obtener protección de sus intereses o derechos, a través de un proceso que respete tanto los derechos del demandante como los del demandado y que además el resultado de éste se encuentre asegurado, garantizando la tutela judicial contenida en el derecho interno y en los tratados y convenciones internacionales suscritos por el Estado para proteger los derechos y libertades del ciudadano contra actos u omisiones de las autoridades públicas, ejecutivas, judiciales o legislativas.[1]- CONSIDERANDO (7): Que en el caso venido en amparo, resulta plausible, desde una perspectiva constitucional, que el Estado, mediante la promulgación del Decreto transitorio 184-2013, del cinco (5) de octubre del año dos mil trece (2013), ha permitido lo que comúnmente se conoce como Veda, a fin de que se ponga a disposición del poseedor de un arma de fuego sin permiso legal, un lapso de tiempo determinado (1 año), para que proceda a inscribirla en el Registro Público correspondiente y obtener así la autorización del Estado para la portación de tales armas. Lo anterior no deroga en forma expresa y definitiva lo prescrito en el artículo 332-A y B del Código Penal, pero sí que comporta, para todos los efectos, la suspensión temporal por el plazo de un año de la plena vigencia de la referida disposición penal, a efecto de lograr: “…el registro de armas en poder de los particulares, para efectos del control formal por parte del Estado”, tal y como reza el segundo considerando del referido Decreto y recoge, en su parte esencial, el escrito de amparo formulado por el Abogado recurrente a favor de la Sociedad y el Estado.- CONSIDERANDO (8): Que en consecuencia y por lo antes expuesto, cuando el Estado ha concedido mediando vías legislativas la referida Veda, en el ejercicio de sus competencias y atribuciones constitucionales;[2] ha restringido a su vez, como consecuencia lógica implícita al enunciado de reforma, el ejercicio mismo del derecho subjetivo del Estado a punir (ius puniendi) en lo que concierne a aquellas conductas de portación ilícita de arma que recaigan en el ámbito de la permisión normativa determinada por el legislador del Decreto transitorio 184-2013, del cinco (5) de octubre del año dos mil trece (2013). Lo anterior conllevaría en forma tácita, pero concomitante, a la eventual inaplicación temporal del artículo 332-B del Código Penal, lo cual tiene a su vez corolario que, una vez concluida ésta, el supuesto de portación ilegal de armas volvería a ser generalmente imputable a todo ciudadano (a) no acogido (a) al beneficio en el plazo temporal preestablecido.- CONSIDERANDO (9): Que resulta claro a esta alta Sala de Justicia Constitucional, que la motivación concreta que ha quedado expresada, permitiría la APLICACIÓN RETROACTIVA DE LA NORMA PENAL MÁS FAVORABLE (en este caso, la implicancia del Decreto 184-2013), a hechos acaecidos previamente a la entrada en vigencia de la norma despenalizadora temporal de la portación ilícita de armas de fuego, si ésta fuere la norma vigente al momento del juzgamiento – lo cual es precisamente el caso -, todo ello en interpretación conforme del principio tempus regit actum (el tiempo rige el acto) y demás principios dogmáticos que rigen la solución de conflicto intertemporal de normas jurídicas; tal y como ha procedido la Instancia, sobre bases de razonabilidad y compatibilidad con el tenor expreso del artículo 96 de la Constitución de la República, que reza: “Las Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado”.- CONSIDERANDO (10): Que el derecho penal acepta la plena vigencia del principio de mínima intervención o última ratio, y es que si el Derecho Penal en su concepto tradicional se concibe como una forma de control social, acaso el mas violento de los métodos utilizados para la consecución de sus fines, el hablar de Derecho Penal Mínimo es llevar a la esfera de aplicación del Derecho Penal el mínimo de conductas transgresoras. Vistas así las cosas, si el Derecho Penal no es el único medio de control social ¿porque hacer un uso extensivo o irrestricto de éste? Dada la gravedad del control penal no es posible utilizarlo frente a todas las situaciones, ya que el Estado dejaría de ser de Derecho para convertirse en un Estado Policía. Según el Principio de Intervención Mínima, el derecho Penal debe ser la ultima ratio de la política del Estado para la protección de los bienes jurídicos más importantes, frente a los ataques más graves que puedan sufrir. La intervención del derecho Penal en la vida social debe reducirse a lo mínimo posible (minimización de la respuesta jurídica violenta frente al delito), lo cual orienta a la constitucionalidad de la solución jurídico penal que ha motivado la Alzada al conocer y resolver el caso concreto.- CONSIDERANDO (11): Que el Principio de subsidiariedad del derecho Penal, por otra parte, ha de utilizarse sin duda a modo de ultima ratio, es decir, del último recurso a utilizar a falta de otros menos lesivos para el fin de protección configurado por la norma penal. El llamado carácter fragmentario del Derecho Penal constituye también una exigencia relacionada con la anterior y ambos postulados conforman el Principio de Intervención mínima; y, en definitiva, que el Derecho Penal solo debe proteger bienes jurídicos, no significa que todo bien jurídico haya de ser, necesariamente protegido por la vía penal, ni tampoco que todo ataque a los bienes jurídicos penalmente tutelados deba determinar la intervención a ultranza del Derecho Penal material. En consecuencia el Derecho Penal debe utilizarse solo en casos extraordinariamente graves (carácter fragmentario) y cuando no haya más remedio por haber fracasado ya otros mecanismos de protección menos gravosos para la persona (naturaleza subsidiaria).[3] - Por todo ello, resulta plausible desde vías constitucionales el saber jurídico aplicado al caso concreto por la Alzada, en cuanto a que no procedía dictar apertura a juicio a una conducta en el lapso de tiempo enmarcado en la denominada Veda del tipo penal de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS, resultando en definitiva fuera del contexto legal estricto, proceder a contrario sensu, precisamente por encontrarse en vigencia el Decreto No. 184-2013 de cinco (5) de octubre del año dos mil trece (2013) al momento de emitir el fallo la Alzada, bajo criterios que esta Sala estima garantistas y de procura a una aplicación igualitaria de la ley para todos los hondureños.- CONSIDERANDO (12): Que como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico; lo cual, a la luz del caso concreto, da lugar a que se dicte sentencia denegatoria del recurso de amparo promovido a instancias de la fiscalía del Ministerio Público.- POR TANTO: La Sala Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, en aplicación de los artículos 15, 59, 60, 69, 82, 89, 90, 92, 96, 183, 303, 313 No.5, 316 y 321 de la Constitución de la República; 1, 11, 78 No. 5, 132 y 145 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 4,15, 101 No. 10, 177, 200 y 212; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 9 No. 2, 41, 54, 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, Decreto 184-2013, del 5 de octubre del 2013; Artículos 7 inciso 2, 8.2.d de La Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1.1, 8, y 10 de La Declaración Universal de Los Derechos Humanos; 9, 14.3.d del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Artículo IV de La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. FALLA: DENEGANDO el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada KARLA PATRICIA GARCIA ARITA a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de la Sección Judicial de la Ceiba, Atlántida en fecha diecisiete de abril del año dos mil quince, que ha quedado expresada. Y MANDA: Que con la certificación de este fallo remita los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó la Magistrada ÁLVAREZ SAGASTUME. NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve (9) días del mes de agosto del año dos mil diecisiete (2017), certificación de la Sentencia de fecha veintitrés (23) de junio del año dos mil diecisiete (2017), recaída en el Recurso de Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 0415-2015.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintitrés de junio del dos mil diecisiete.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada KARLA PATRICIA GARCIA ARITA a favor del ESTADO DE HONDURAS contra resolución dictada por la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LA SECCION JUDICIAL DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, en fecha diecisiete de abril de dos mil quince, que declaró no ha lugar un recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada por el JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE COLON, en fecha veintiséis de febrero de dos mil quince, con relación a la causa instruida contra los señores JUAN CARLOS REYES ESPINOZA y OSCAR ALEXIS FLORES ARITA por suponerlos responsables del delito de PORTACION ILEGAL DE ARMAS en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS. Estima la recurrente que con el acto reclamado se han violentado en perjuicio de su representado lo dispuesto en los artículos 304 y 321 de la Constitución de la República.- ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha veintiséis de enero de dos mil quince, compareció ante el JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE COLON, el Abogado FRANKLIN GARCIA, en su condición de Agente de Tribunales del Ministerio Público, presentando Requerimiento Fiscal contra los señores JUAN CARLOS REYES ESPINOZA y OSCAR ALEXIS FLORES ARITA, por suponerlos responsables del delito de PORTACION ILEGAL DE ARMAS, en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS. (Folios 01 al 05 de la primera pieza de los antecedentes).- 2) Que en fecha veintiséis de febrero de dos mil quince, el JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE COLON, en audiencia inicial resolvió: “…Declarar con lugar la acción de por falta de acción, cuando no ha debido de promoverse o cuando no pueda proseguirse presentada por la defensa privada a favor de los imputados. 2) Decretar SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO a favor de los señores JUAN CARLOS REYES ESPINOZA y OSCAR ALEXIS FLORES ARITA por el delito de PORTACION ILEGAL DE ARMA en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS.- 3) Déjese sin valor ni efecto las medidas cautelares decretadas en fecha veintisiete de enero del año dos mil quince…” (Folios 20 al 23 de la primera pieza de los antecedentes).- 3) Que conociendo del recurso de apelación interpuesto por la Abogada ADRIANA AMALIA MARTINEZ ROMERO en representación del Ministerio Publico, contra la resolución relacionada en el inciso que antecede, en fecha diecisiete de abril de dos mil quince, la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LA SECCION JUDICIAL DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, dictó sentencia mediante la cual RESOLVIÓ:”…PRIMERO: Declarar SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el Ministerio Público; SEGUNDO: CONFIRMAR la resolución de fecha veintiséis (26) de Febrero de dos mil quince (2015), dictada por el Juzgado de Letras de la Ciudad de Trujillo, Departamento de Colon, en la cual dicta Sobreseimiento Definitivo a favor de los acusados Juan Carlos Reyes Espinoza y Oscar Alexis Flores Arita, por suponerlos responsables a cada uno de ellos, a titulo de autor, de un delito consumado de Portación ilegal de Arma de Fuego Comercial, en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de honduras…” (Folios 04 al 13 de la segunda pieza de los antecedentes).- 4) Que la recurrente Abogada KARLA PATRICIA GARCIA ARITA en fecha seis de mayo de dos mil quince, compareció ante este Tribunal, reclamando amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS afirmando que la decisión del Ad-Quem de fecha diecisiete de abril de dos mil quince, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 304 y 321 de la Constitución de la República. Teniendo por formalizado el recurso esta Sala el once de agosto de dos mil quince, fecha en la cual se omitió la vista de los autos al fiscal, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público.- CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de Amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.- CONSIDERANDO (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución.- CONSIDERANDO (3): Que el acto contra el cual se reclama es la resolución de fecha diecisiete (17) de abril del año dos mil quince, dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de la Sección Judicial de la Ceiba, departamento de Atlántida, que Declara NO HA LUGAR el recurso de apelación interpuesto y confirma la resolución de fecha veintiséis de febrero del año dos mil quince dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Trujillo, Colón en la que se declara el SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO apelado a su instancia, con relación a la causa instruida contra los señores JUAN CARLOS REYES ESPINOZA Y OSCAR ALEXIS FLORES ARITA, por suponerlos responsables del delito de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS- CONSIDERANDO (4): Que la recurrente en la formalización del recurso, manifiesta que el derecho constitucional que estima quebrantado es el Principio de Legalidad consagrado en el artículo 321 de la Constitución de la República que manda “Los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la Ley. Todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad, relacionado con el artículo 304 constitucional que dispone: “Corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a los casos concretos, juzgar y ejecutar los juzgado”. Sigue exponiendo que la Corte de Apelaciones impugnada fundamentó su resolución en el Decreto 184-2013 de fecha 01 de septiembre del año 2013, ampliado por seis meses mediante Decreto 63-2014. Señala el artículo 2 del referido Decreto que dispone que ha partir de la vigencia del mismo y por el término de un (1) año, da un período de veda para que toda persona que tenga en su poder cualquier tipo de arma de fuego comercial y que no posea factura de venta de la Armería, proceda con la documentación respectiva a excepción de dicha factura, a realizar los trámites correspondientes de registro ante la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad. Durante el término de un año las personas que tengan en su poder armas consideradas de uso ilegal, pueden hacer entrega de las mismas a la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, sin ningún tipo de responsabilidad producto de su tenencia procediéndose a la inmediata destrucción de las mismas por parte de la Secretaría de dicha Institución.” Señala además la tipificación legal del delito de Portación Ilegal de armas contenida en el artículo 332-B del Código Penal vigente, exponiendo como se estructura el delito y sus sanciones, considerando haber acreditado el indicio racional como la plena prueba de haberse cometido un delito, ya que a los señores JUAN CARLOS REYES, OSCAR ALEXIS FLORES ARITA, se les practicó un registro en el que se les encontró en posesión de armas de fuego, lo que de acuerdo a lo que establece el artículo 332-B del Código Penal constituye el delito de de Portación Ilegal de Arma Comercial. Sin embargo en la Audiencia Inicial realizada en fecha 26 de febrero del año 2015, la defensa de los imputados interpuso excepción por falta de acción, la que fue declarada con lugar procediendo el Juzgado A-Quo a dictar sobreseimiento definitivo a favor de los imputados, argumentando que el Ministerio Público no debió proseguir la causa por el delito de Portación Ilegal de armas, ya que tiene vedada la acción penal conforme el Decreto en referencia.- CONSIDERANDO (5): Que en mejora de su recurso el Ente Acusador expone que del contenido del artículo 2 del Decreto 184-2013 precitado no constituye una cláusula despenalizadora de los delitos citados, tipificados en el artículo 332-A y B del Código Penal, sino que se entiende que su único alcance es permitir que la persona durante el tiempo allí establecido no enfrente consecuencias jurídicas al acudir a registrar su arma o a entregar un arma prohibida, lo cual no ocurrió en el presente caso, en virtud de que el imputado fue encontrado en posesión de un arma, sin el permiso correspondiente, sumado a ello no se acreditó ninguna razón fundamentada que permitiera considerar la existencia de actos tendientes al registro del arma citada, es decir acción por parte del imputado que diese lugar a pensar que haya tenido la intención dirigida al registro del arma; por lo que el ente fiscal considera que se cometido el delito de Portación Ilegal de armas contenido en el artículo 332-A del Código Penal.- CONSIDERANDO (6): Que el Debido Proceso adjetivo o formal se entiende como un conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial. Así, si bien es cierto que los fallos han de respetar los principios del debido proceso formal y sustancial, también existiría una forma por la cual este fallo llegue a concretarse, y tutelar efectivamente la pretensión o derecho amparado. Este es el momento en el cual hace su aparición la tutela jurisdiccional efectiva, dado que un fallo justo y acorde con el procedimiento debido, no puede quedarse como certeza jurídica ideal, sino que ha de satisfacer materialmente el derecho reconocido. El Estado tiene la obligación de reconocer un conjunto de garantías institucionales que permitan el ejercicio del debido proceso en toda persona. Todos los ciudadanos tienen derecho a acudir a los tribunales para obtener protección de sus intereses o derechos, a través de un proceso que respete tanto los derechos del demandante como los del demandado y que además el resultado de éste se encuentre asegurado, garantizando la tutela judicial contenida en el derecho interno y en los tratados y convenciones internacionales suscritos por el Estado para proteger los derechos y libertades del ciudadano contra actos u omisiones de las autoridades públicas, ejecutivas, judiciales o legislativas.[4]- CONSIDERANDO (7): Que en el caso venido en amparo, resulta plausible, desde una perspectiva constitucional, que el Estado, mediante la promulgación del Decreto transitorio 184-2013, del cinco (5) de octubre del año dos mil trece (2013), ha permitido lo que comúnmente se conoce como Veda, a fin de que se ponga a disposición del poseedor de un arma de fuego sin permiso legal, un lapso de tiempo determinado (1 año), para que proceda a inscribirla en el Registro Público correspondiente y obtener así la autorización del Estado para la portación de tales armas. Lo anterior no deroga en forma expresa y definitiva lo prescrito en el artículo 332-A y B del Código Penal, pero sí que comporta, para todos los efectos, la suspensión temporal por el plazo de un año de la plena vigencia de la referida disposición penal, a efecto de lograr: “…el registro de armas en poder de los particulares, para efectos del control formal por parte del Estado”, tal y como reza el segundo considerando del referido Decreto y recoge, en su parte esencial, el escrito de amparo formulado por el Abogado recurrente a favor de la Sociedad y el Estado.- CONSIDERANDO (8): Que en consecuencia y por lo antes expuesto, cuando el Estado ha concedido mediando vías legislativas la referida Veda, en el ejercicio de sus competencias y atribuciones constitucionales;[5] ha restringido a su vez, como consecuencia lógica implícita al enunciado de reforma, el ejercicio mismo del derecho subjetivo del Estado a punir (ius puniendi) en lo que concierne a aquellas conductas de portación ilícita de arma que recaigan en el ámbito de la permisión normativa determinada por el legislador del Decreto transitorio 184-2013, del cinco (5) de octubre del año dos mil trece (2013). Lo anterior conllevaría en forma tácita, pero concomitante, a la eventual inaplicación temporal del artículo 332-B del Código Penal, lo cual tiene a su vez corolario que, una vez concluida ésta, el supuesto de portación ilegal de armas volvería a ser generalmente imputable a todo ciudadano (a) no acogido (a) al beneficio en el plazo temporal preestablecido.- CONSIDERANDO (9): Que resulta claro a esta alta Sala de Justicia Constitucional, que la motivación concreta que ha quedado expresada, permitiría la APLICACIÓN RETROACTIVA DE LA NORMA PENAL MÁS FAVORABLE (en este caso, la implicancia del Decreto 184-2013), a hechos acaecidos previamente a la entrada en vigencia de la norma despenalizadora temporal de la portación ilícita de armas de fuego, si ésta fuere la norma vigente al momento del juzgamiento – lo cual es precisamente el caso -, todo ello en interpretación conforme del principio tempus regit actum (el tiempo rige el acto) y demás principios dogmáticos que rigen la solución de conflicto intertemporal de normas jurídicas; tal y como ha procedido la Instancia, sobre bases de razonabilidad y compatibilidad con el tenor expreso del artículo 96 de la Constitución de la República, que reza: “Las Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado”.- CONSIDERANDO (10): Que el derecho penal acepta la plena vigencia del principio de mínima intervención o última ratio, y es que si el Derecho Penal en su concepto tradicional se concibe como una forma de control social, acaso el mas violento de los métodos utilizados para la consecución de sus fines, el hablar de Derecho Penal Mínimo es llevar a la esfera de aplicación del Derecho Penal el mínimo de conductas transgresoras. Vistas así las cosas, si el Derecho Penal no es el único medio de control social ¿porque hacer un uso extensivo o irrestricto de éste? Dada la gravedad del control penal no es posible utilizarlo frente a todas las situaciones, ya que el Estado dejaría de ser de Derecho para convertirse en un Estado Policía. Según el Principio de Intervención Mínima, el derecho Penal debe ser la ultima ratio de la política del Estado para la protección de los bienes jurídicos más importantes, frente a los ataques más graves que puedan sufrir. La intervención del derecho Penal en la vida social debe reducirse a lo mínimo posible (minimización de la respuesta jurídica violenta frente al delito), lo cual orienta a la constitucionalidad de la solución jurídico penal que ha motivado la Alzada al conocer y resolver el caso concreto.- CONSIDERANDO (11): Que el Principio de subsidiariedad del derecho Penal, por otra parte, ha de utilizarse sin duda a modo de ultima ratio, es decir, del último recurso a utilizar a falta de otros menos lesivos para el fin de protección configurado por la norma penal. El llamado carácter fragmentario del Derecho Penal constituye también una exigencia relacionada con la anterior y ambos postulados conforman el Principio de Intervención mínima; y, en definitiva, que el Derecho Penal solo debe proteger bienes jurídicos, no significa que todo bien jurídico haya de ser, necesariamente protegido por la vía penal, ni tampoco que todo ataque a los bienes jurídicos penalmente tutelados deba determinar la intervención a ultranza del Derecho Penal material. En consecuencia el Derecho Penal debe utilizarse solo en casos extraordinariamente graves (carácter fragmentario) y cuando no haya más remedio por haber fracasado ya otros mecanismos de protección menos gravosos para la persona (naturaleza subsidiaria).[6] - Por todo ello, resulta plausible desde vías constitucionales el saber jurídico aplicado al caso concreto por la Alzada, en cuanto a que no procedía dictar apertura a juicio a una conducta en el lapso de tiempo enmarcado en la denominada Veda del tipo penal de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS, resultando en definitiva fuera del contexto legal estricto, proceder a contrario sensu, precisamente por encontrarse en vigencia el Decreto No. 184-2013 de cinco (5) de octubre del año dos mil trece (2013) al momento de emitir el fallo la Alzada, bajo criterios que esta Sala estima garantistas y de procura a una aplicación igualitaria de la ley para todos los hondureños.- CONSIDERANDO (12): Que como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico; lo cual, a la luz del caso concreto, da lugar a que se dicte sentencia denegatoria del recurso de amparo promovido a instancias de la fiscalía del Ministerio Público.- POR TANTO: La Sala Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, en aplicación de los artículos 15, 59, 60, 69, 82, 89, 90, 92, 96, 183, 303, 313 No.5, 316 y 321 de la Constitución de la República; 1, 11, 78 No. 5, 132 y 145 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 4,15, 101 No. 10, 177, 200 y 212; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 9 No. 2, 41, 54, 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, Decreto 184-2013, del 5 de octubre del 2013; Artículos 7 inciso 2, 8.2.d de La Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1.1, 8, y 10 de La Declaración Universal de Los Derechos Humanos; 9, 14.3.d del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Artículo IV de La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. FALLA: DENEGANDO el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada KARLA PATRICIA GARCIA ARITA a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de la Sección Judicial de la Ceiba, Atlántida en fecha diecisiete de abril del año dos mil quince, que ha quedado expresada. Y MANDA: Que con la certificación de este fallo remita los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó la Magistrada ÁLVAREZ SAGASTUME. NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.- Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve (9) días del mes de agosto del año dos mil diecisiete (2017), certificación de la Sentencia de fecha veintitrés (23) de junio del año dos mil diecisiete (2017), recaída en el Recurso de Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 0415-2015.- Firma y Sello
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
Secretario Sala Constitucional
[1] A modo de ilustración, lo señalado por la sentencia T-426=92 (FJ 21) de la Corte de Constitucionalidad Colombiana, respecto a que doctrina y la jurisprudencia han diseñado la teoría del núcleo o del contenido esencial de los derechos fundamentales como una garantía constitucional contra su vulneración, acorde al cual: “El núcleo esencial de un derecho fundamental puede definirse como el ámbito intangible del derecho cuyo respeto se impone a las autoridades y a los particulares”.
[2] Ver, en lo conducente: Artículo 8. Garantías Judiciales, en: Convención Americana sobre Derechos Humanos. Comentario. Christian Steiner y Patricia Uribe (Editores), Konrad Adenauer Stiftung /Magna Terra Editores, Guatemala, 2014. p. 218 y ss.
[3] En tal sentido, a su vez: Santiago Mir Puig en: Introducción a las bases del derecho penal, 2ª edición, B de F Editores, Montevideo – Buenos Aires, 2007. p. 109 y ss.
[4] A modo de ilustración, lo señalado por la sentencia T-426=92 (FJ 21) de la Corte de Constitucionalidad Colombiana, respecto a que doctrina y la jurisprudencia han diseñado la teoría del núcleo o del contenido esencial de los derechos fundamentales como una garantía constitucional contra su vulneración, acorde al cual: “El núcleo esencial de un derecho fundamental puede definirse como el ámbito intangible del derecho cuyo respeto se impone a las autoridades y a los particulares”.
[5] Ver, en lo conducente: Artículo 8. Garantías Judiciales, en: Convención Americana sobre Derechos Humanos. Comentario. Christian Steiner y Patricia Uribe (Editores), Konrad Adenauer Stiftung /Magna Terra Editores, Guatemala, 2014. p. 218 y ss.
[6] En tal sentido, a su vez: Santiago Mir Puig en: Introducción a las bases del derecho penal, 2ª edición, B de F Editores, Montevideo – Buenos Aires, 2007. p. 109 y ss.