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Sentencia AP-409-16 — Registro 10315

Resumen

Sentencia declaró sin lugar recurso de apelación, contra resolución emitida por Juzgado de primera instancia que dictó auto de formal procesamiento contra varios imputados (recurrentes) en causa por delitos de desobediencia y usurpación en perjuicio de la Administración Pública y la Municipalidad de Intibucá, se impuso medida cautelar de presentación cada quince días al juzgado y ordenó desalojo al ser firme la resolución; además dictó sobreseimiento definitivo a favor de otros imputados en virtud de haber sido solicitado por el Ministerio Público; dicha acción judicial contra recurrentes por suponerlos responsables de delitos de desobediencia y Usurpación en perjuicio de la Administración Pública y de Corporación Municipal de Intibucá; en apelación se confirmó resolución apelada

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…”esta Sala de lo Constitucional, luego de estudiar el recurso de Amparo y sus antecedentes, constata que en el caso subjúdice, el fondo del asunto lo constituye la decisión del Ad-Quem de confirmar la decisión del A-Quo, mediante la cual esa jurisdicción penal estima que le corresponde a la misma conocer del asunto de mérito; en ese orden de ideas, es menester entonces por parte de esta Sala establecer si la resolución impugnada en esta vía constitucional vulnera o no las garantías constitucionales invocadas por los recurrentes; al hilo de lo anteriormente expuesto se observa que la referida resolución del Ad-Quem no invoca en sustento de su razonamiento jurídico en el artículo 54 del Código Procesal Penal, que preceptúa:“……No obstante lo anterior, los litigios referentes a la determinación del estado civil de las personas, al derecho de propiedad en el caso de usurpación y los relacionados con la naturaleza fraudulenta o culposa de la quiebra, solo podrán ser resueltos por los tribunales civiles.”; llegando a la conclusión esta Sala que con los permisos de operaciones resulta aplicable lo dispuesto en el último párrafo del citado artículo, ya que hasta ese momento procesal las partes en conflicto han exhibido documentos con los cuales pretenden acreditar sus derechos sobre la propiedad en disputa, por lo que tal conflicto intersubjetivo de intereses deberá dirimirse en la jurisdicción civil correspondiente…”…”la Sala estima que hasta este momento procesal le corresponde a la jurisdicción civil conocer del asunto de autos, y por lo tanto es pertinente que se haga aplicación de lo preceptuado en el último párrafo del artículo 54 del Código Procesal Penal. En ese orden de ideas entendemos también que aun y cuando la valoración de los elementos de prueba en un Proceso Penal corresponde a los Jueces y Magistrados de instancia, también lo es que la Sala de lo Constitucional en varios fallos también ha dejado sentada su posición en el sentido de que la intervención del Juez Constitucional se dará en aquellos casos en que la decisiones de los órganos jurisdiccionales, se hayan tomado contraviniendo Garantías Constitucionales; expuesto lo anterior esta Sala concluye que en el caso de mérito las razones fácticas y jurídicas esgrimidas tanto por el A-quo como el Ad-quem no es conforme a Ley, pues en su resoluciónsehan vulnerado los derechos de los recurrente a tener un Debido Proceso y una Tutela Judicial Efectiva…”…”vista la sentencia objeto de estudiose advierte que la misma no llega a cumplir los requisitos de congruencia y exhaustividad a que aludimos, toda vez que no da respuesta concreta a todas las alegaciones del recurrente. Esta Sala logra advertir que la motivación del Ad-Quem se halla escasa en algunas de sus consideraciones, omitiendo, como bien lo ha afirmado el impetrante, referente a una alegada ausencia de indicio racional en el tipo penal, para lo cual presentó al Tribunal de Apelación sus argumentos, mismos que no fueron objeto de pronunciamiento por parte de la Alzada, la cual limitó su decisión a los hechos que fueron opuestos…”…”esta Sala considera constitucionalmente inaceptable que los ciudadanos y las ciudadanas que se encuentran en la situación de las y los peticionarios sean simplemente privadas de los medios materiales de su trabajo de subsistencia, sin que la autoridad municipal realice un ofrecimiento alterno que satisfaga sus necesidades en forma efectiva; siendo que es deber de esta Sala la tutela de la eficaz protección de los derechos humanos, como son los derechos a la dignidad, igualdad, trabajo, alimentación, entre otros, que quedarían mermados a simples aspiraciones si el juez constitucional permitiera un proceso de invisibilización de los vendedores informales en pro de una estética urbana y de cierto bienestar colectivo, tomando en cuenta que esto sería contrario a los pilares del Estado Constitucional hondureño y a la igualdad material que hace sostienen dicho sistema, lo cual exige a las autoridades municipales implementar políticas públicas para disminuir las desigualdades sociales …”…”en el caso in examine es necesario advertir la aquiescencia u omisión de la Alcaldía de Intibucá, al iniciar el proceso de recuperación del espacio público, a través de un proceso penal de desalojo, estos ya contaban con permisos de operaciones proporcionados por la propia Alcaldía, situación que no se puede desconocer, ya que los afectados gozan de una confianza legítima en su situación jurídica irregular, que los legitima a que el Estado de Honduras no genere una situación en la que puedan quedar en extrema vulnerabilidad; se observa que el desalojo solo sería una propagación de la pobreza para esta población en específico…”…”esta presunción de legitimación del uso de un bien público solo se exterioriza con conductas objetivamente concluyentes al tolerar el uso del bien público para el ejercicio de su actividad laboral, pruebas de esas conductas pueden ser por ejemplo, las licencias o permisos otorgados, así como promesas a un grupo específico y determinable de la realización de un proyecto. Esta legitimación que se reconoce en sede constitucional consiste en proteger a los ciudadanos que se vean vulnerados frente a los cambios bruscos de las autoridades municipales…”…”se debe de aclarar que las personas que ocupen de forma irregular zonas públicas no les asiste per se y a priori un derecho adquirido del espacio público, en virtud de la aquiescencia del Estado, esto motivado a la naturaleza de dichos bienes; lo que si poseen las personas que logren acreditar una legitimación de utilización de un bien público, es que el Estado les brinde las garantías suficientes para que el ciudadano se estabilice frente al desplazamiento, esto último lo puede lograr a través de acciones de la administración pública, cuando desarrolle planes y políticas de contingencia, que permitan minimizar el daño, ponderando la existencia de los derechos en conflicto…”…”se considera que vulnera la confianza legítima de las y los ciudadanos cuando se realizan desalojos de forma inesperada, sin un trámite administrativo que realice un análisis de las circunstancias de las personas afectas y sin programas, políticas públicas o gestiones para reubicar a los desalojados. La reubicación debe de asegurar que las personas desplazadas puedan seguir laborando, ya que no es posible dejar sin opciones a quienes de buena fe han ocupado durante un tiempo considerable un espacio público. Cabe señalar que la reubicación no es la única alternativa, pudiéndose adoptar medidas distintas o alternas, las cuales dependerán de los presupuestos, los planes de desarrollo y las políticas que estén autorizadas para la administración central y municipal, pero esta Sala ve necesario estimar que no observa que las medidas de protección deban equivaler a una indemnización ni a una reparación…”…”va finalizando con la ponderación que realiza la Sala de lo Constitucional entre la protección del interés general de preservar el espacio público frente al particular de los comerciantes o vendedores informales, para ello hay que aclarar que no debe de observarse que estos grupos en situación de vulneración se opongan al bienestar común, por lo que la ponderación se presta para un equilibrio de la protección de ambos derechos, desde una protección de efectividad de ambos. Lo anterior se logra con una política pública que integre, un tiempo necesario y razonable para garantizar a las personas en condición precaria, la posibilidad de afrontar las nuevas condiciones a que son expuestos…”…”esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Constitución y el resto del ordenamiento jurídico, observa que las consideraciones de la resolución venida en Amparo no tutela los derechos constitucionales que los quejosos alegan vulnerados, por todo lo antes expuesto procede conforme a Derecho OTORGA el Recurso amparo interpuesto…”

Legislación citada

  • Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
  • Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
  • Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 10 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 9 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 14 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, art. 4 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Código Procesal Penal, art. 54 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

…”esta Sala de lo Constitucional, luego de estudiar el recurso de Amparo y sus antecedentes, constata que en el caso subjúdice, el fondo del asunto lo constituye la decisión del Ad-Quem de confirmar la decisión del A-Quo, mediante la cual esa jurisdicción penal estima que le corresponde a la misma conocer del asunto de mérito; en ese orden de ideas, es menester entonces por parte de esta Sala establecer si la resolución impugnada en esta vía constitucional vulnera o no las garantías constitucionales invocadas por los recurrentes; al hilo de lo anteriormente expuesto se observa que la referida resolución del Ad-Quem no invoca en sustento de su razonamiento jurídico en el artículo 54 del Código Procesal Penal, que preceptúa:“……No obstante lo anterior, los litigios referentes a la determinación del estado civil de las personas, al derecho de propiedad en el caso de usurpación y los relacionados con la naturaleza fraudulenta o culposa de la quiebra, solo podrán ser resueltos por los tribunales civiles.”; llegando a la conclusión esta Sala que con los permisos de operaciones resulta aplicable lo dispuesto en el último párrafo del citado artículo, ya que hasta ese momento procesal las partes en conflicto han exhibido documentos con los cuales pretenden acreditar sus derechos sobre la propiedad en disputa, por lo que tal conflicto intersubjetivo de intereses deberá dirimirse en la jurisdicción civil correspondiente…”…”la Sala estima que hasta este momento procesal le corresponde a la jurisdicción civil conocer del asunto de autos, y por lo tanto es pertinente que se haga aplicación de lo preceptuado en el último párrafo del artículo 54 del Código Procesal Penal. En ese orden de ideas entendemos también que aun y cuando la valoración de los elementos de prueba en un Proceso Penal corresponde a los Jueces y Magistrados de instancia, también lo es que la Sala de lo Constitucional en varios fallos también ha dejado sentada su posición en el sentido de que la intervención del Juez Constitucional se dará en aquellos casos en que la decisiones de los órganos jurisdiccionales, se hayan tomado contraviniendo Garantías Constitucionales; expuesto lo anterior esta Sala concluye que en el caso de mérito las razones fácticas y jurídicas esgrimidas tanto por el A-quo como el Ad-quem no es conforme a Ley, pues en su resoluciónsehan vulnerado los derechos de los recurrente a tener un Debido Proceso y una Tutela Judicial Efectiva…”…”vista la sentencia objeto de estudiose advierte que la misma no llega a cumplir los requisitos de congruencia y exhaustividad a que aludimos, toda vez que no da respuesta concreta a todas las alegaciones del recurrente. Esta Sala logra advertir que la motivación del Ad-Quem se halla escasa en algunas de sus consideraciones, omitiendo, como bien lo ha afirmado el impetrante, referente a una alegada ausencia de indicio racional en el tipo penal, para lo cual presentó al Tribunal de Apelación sus argumentos, mismos que no fueron objeto de pronunciamiento por parte de la Alzada, la cual limitó su decisión a los hechos que fueron opuestos…”…”esta Sala considera constitucionalmente inaceptable que los ciudadanos y las ciudadanas que se encuentran en la situación de las y los peticionarios sean simplemente privadas de los medios materiales de su trabajo de subsistencia, sin que la autoridad municipal realice un ofrecimiento alterno que satisfaga sus necesidades en forma efectiva; siendo que es deber de esta Sala la tutela de la eficaz protección de los derechos humanos, como son los derechos a la dignidad, igualdad, trabajo, alimentación, entre otros, que quedarían mermados a simples aspiraciones si el juez constitucional permitiera un proceso de invisibilización de los vendedores informales en pro de una estética urbana y de cierto bienestar colectivo, tomando en cuenta que esto sería contrario a los pilares del Estado Constitucional hondureño y a la igualdad material que hace sostienen dicho sistema, lo cual exige a las autoridades municipales implementar políticas públicas para disminuir las desigualdades sociales …”…”en el caso in examine es necesario advertir la aquiescencia u omisión de la Alcaldía de Intibucá, al iniciar el proceso de recuperación del espacio público, a través de un proceso penal de desalojo, estos ya contaban con permisos de operaciones proporcionados por la propia Alcaldía, situación que no se puede desconocer, ya que los afectados gozan de una confianza legítima en su situación jurídica irregular, que los legitima a que el Estado de Honduras no genere una situación en la que puedan quedar en extrema vulnerabilidad; se observa que el desalojo solo sería una propagación de la pobreza para esta población en específico…”…”esta presunción de legitimación del uso de un bien público solo se exterioriza con conductas objetivamente concluyentes al tolerar el uso del bien público para el ejercicio de su actividad laboral, pruebas de esas conductas pueden ser por ejemplo, las licencias o permisos otorgados, así como promesas a un grupo específico y determinable de la realización de un proyecto. Esta legitimación que se reconoce en sede constitucional consiste en proteger a los ciudadanos que se vean vulnerados frente a los cambios bruscos de las autoridades municipales…”…”se debe de aclarar que las personas que ocupen de forma irregular zonas públicas no les asiste per se y a priori un derecho adquirido del espacio público, en virtud de la aquiescencia del Estado, esto motivado a la naturaleza de dichos bienes; lo que si poseen las personas que logren acreditar una legitimación de utilización de un bien público, es que el Estado les brinde las garantías suficientes para que el ciudadano se estabilice frente al desplazamiento, esto último lo puede lograr a través de acciones de la administración pública, cuando desarrolle planes y políticas de contingencia, que permitan minimizar el daño, ponderando la existencia de los derechos en conflicto…”…”se considera que vulnera la confianza legítima de las y los ciudadanos cuando se realizan desalojos de forma inesperada, sin un trámite administrativo que realice un análisis de las circunstancias de las personas afectas y sin programas, políticas públicas o gestiones para reubicar a los desalojados. La reubicación debe de asegurar que las personas desplazadas puedan seguir laborando, ya que no es posible dejar sin opciones a quienes de buena fe han ocupado durante un tiempo considerable un espacio público. Cabe señalar que la reubicación no es la única alternativa, pudiéndose adoptar medidas distintas o alternas, las cuales dependerán de los presupuestos, los planes de desarrollo y las políticas que estén autorizadas para la administración central y municipal, pero esta Sala ve necesario estimar que no observa que las medidas de protección deban equivaler a una indemnización ni a una reparación…”…”va finalizando con la ponderación que realiza la Sala de lo Constitucional entre la protección del interés general de preservar el espacio público frente al particular de los comerciantes o vendedores informales, para ello hay que aclarar que no debe de observarse que estos grupos en situación de vulneración se opongan al bienestar común, por lo que la ponderación se presta para un equilibrio de la protección de ambos derechos, desde una protección de efectividad de ambos. Lo anterior se logra con una política pública que integre, un tiempo necesario y razonable para garantizar a las personas en condición precaria, la posibilidad de afrontar las nuevas condiciones a que son expuestos…”…”esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Constitución y el resto del ordenamiento jurídico, observa que las consideraciones de la resolución venida en Amparo no tutela los derechos constitucionales que los quejosos alegan vulnerados, por todo lo antes expuesto procede conforme a Derecho OTORGA el Recurso amparo interpuesto…”

Legislación citada

  • Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
  • Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
  • Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 10 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 9 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 14 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, art. 4 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Código Procesal Penal, art. 54 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

…”esta Sala de lo Constitucional, luego de estudiar el recurso de Amparo y sus antecedentes, constata que en el caso subjúdice, el fondo del asunto lo constituye la decisión del Ad-Quem de confirmar la decisión del A-Quo, mediante la cual esa jurisdicción penal estima que le corresponde a la misma conocer del asunto de mérito; en ese orden de ideas, es menester entonces por parte de esta Sala establecer si la resolución impugnada en esta vía constitucional vulnera o no las garantías constitucionales invocadas por los recurrentes; al hilo de lo anteriormente expuesto se observa que la referida resolución del Ad-Quem no invoca en sustento de su razonamiento jurídico en el artículo 54 del Código Procesal Penal, que preceptúa:“……No obstante lo anterior, los litigios referentes a la determinación del estado civil de las personas, al derecho de propiedad en el caso de usurpación y los relacionados con la naturaleza fraudulenta o culposa de la quiebra, solo podrán ser resueltos por los tribunales civiles.”; llegando a la conclusión esta Sala que con los permisos de operaciones resulta aplicable lo dispuesto en el último párrafo del citado artículo, ya que hasta ese momento procesal las partes en conflicto han exhibido documentos con los cuales pretenden acreditar sus derechos sobre la propiedad en disputa, por lo que tal conflicto intersubjetivo de intereses deberá dirimirse en la jurisdicción civil correspondiente…”…”la Sala estima que hasta este momento procesal le corresponde a la jurisdicción civil conocer del asunto de autos, y por lo tanto es pertinente que se haga aplicación de lo preceptuado en el último párrafo del artículo 54 del Código Procesal Penal. En ese orden de ideas entendemos también que aun y cuando la valoración de los elementos de prueba en un Proceso Penal corresponde a los Jueces y Magistrados de instancia, también lo es que la Sala de lo Constitucional en varios fallos también ha dejado sentada su posición en el sentido de que la intervención del Juez Constitucional se dará en aquellos casos en que la decisiones de los órganos jurisdiccionales, se hayan tomado contraviniendo Garantías Constitucionales; expuesto lo anterior esta Sala concluye que en el caso de mérito las razones fácticas y jurídicas esgrimidas tanto por el A-quo como el Ad-quem no es conforme a Ley, pues en su resoluciónsehan vulnerado los derechos de los recurrente a tener un Debido Proceso y una Tutela Judicial Efectiva…”…”vista la sentencia objeto de estudiose advierte que la misma no llega a cumplir los requisitos de congruencia y exhaustividad a que aludimos, toda vez que no da respuesta concreta a todas las alegaciones del recurrente. Esta Sala logra advertir que la motivación del Ad-Quem se halla escasa en algunas de sus consideraciones, omitiendo, como bien lo ha afirmado el impetrante, referente a una alegada ausencia de indicio racional en el tipo penal, para lo cual presentó al Tribunal de Apelación sus argumentos, mismos que no fueron objeto de pronunciamiento por parte de la Alzada, la cual limitó su decisión a los hechos que fueron opuestos…”…”esta Sala considera constitucionalmente inaceptable que los ciudadanos y las ciudadanas que se encuentran en la situación de las y los peticionarios sean simplemente privadas de los medios materiales de su trabajo de subsistencia, sin que la autoridad municipal realice un ofrecimiento alterno que satisfaga sus necesidades en forma efectiva; siendo que es deber de esta Sala la tutela de la eficaz protección de los derechos humanos, como son los derechos a la dignidad, igualdad, trabajo, alimentación, entre otros, que quedarían mermados a simples aspiraciones si el juez constitucional permitiera un proceso de invisibilización de los vendedores informales en pro de una estética urbana y de cierto bienestar colectivo, tomando en cuenta que esto sería contrario a los pilares del Estado Constitucional hondureño y a la igualdad material que hace sostienen dicho sistema, lo cual exige a las autoridades municipales implementar políticas públicas para disminuir las desigualdades sociales …”…”en el caso in examine es necesario advertir la aquiescencia u omisión de la Alcaldía de Intibucá, al iniciar el proceso de recuperación del espacio público, a través de un proceso penal de desalojo, estos ya contaban con permisos de operaciones proporcionados por la propia Alcaldía, situación que no se puede desconocer, ya que los afectados gozan de una confianza legítima en su situación jurídica irregular, que los legitima a que el Estado de Honduras no genere una situación en la que puedan quedar en extrema vulnerabilidad; se observa que el desalojo solo sería una propagación de la pobreza para esta población en específico…”…”esta presunción de legitimación del uso de un bien público solo se exterioriza con conductas objetivamente concluyentes al tolerar el uso del bien público para el ejercicio de su actividad laboral, pruebas de esas conductas pueden ser por ejemplo, las licencias o permisos otorgados, así como promesas a un grupo específico y determinable de la realización de un proyecto. Esta legitimación que se reconoce en sede constitucional consiste en proteger a los ciudadanos que se vean vulnerados frente a los cambios bruscos de las autoridades municipales…”…”se debe de aclarar que las personas que ocupen de forma irregular zonas públicas no les asiste per se y a priori un derecho adquirido del espacio público, en virtud de la aquiescencia del Estado, esto motivado a la naturaleza de dichos bienes; lo que si poseen las personas que logren acreditar una legitimación de utilización de un bien público, es que el Estado les brinde las garantías suficientes para que el ciudadano se estabilice frente al desplazamiento, esto último lo puede lograr a través de acciones de la administración pública, cuando desarrolle planes y políticas de contingencia, que permitan minimizar el daño, ponderando la existencia de los derechos en conflicto…”…”se considera que vulnera la confianza legítima de las y los ciudadanos cuando se realizan desalojos de forma inesperada, sin un trámite administrativo que realice un análisis de las circunstancias de las personas afectas y sin programas, políticas públicas o gestiones para reubicar a los desalojados. La reubicación debe de asegurar que las personas desplazadas puedan seguir laborando, ya que no es posible dejar sin opciones a quienes de buena fe han ocupado durante un tiempo considerable un espacio público. Cabe señalar que la reubicación no es la única alternativa, pudiéndose adoptar medidas distintas o alternas, las cuales dependerán de los presupuestos, los planes de desarrollo y las políticas que estén autorizadas para la administración central y municipal, pero esta Sala ve necesario estimar que no observa que las medidas de protección deban equivaler a una indemnización ni a una reparación…”…”va finalizando con la ponderación que realiza la Sala de lo Constitucional entre la protección del interés general de preservar el espacio público frente al particular de los comerciantes o vendedores informales, para ello hay que aclarar que no debe de observarse que estos grupos en situación de vulneración se opongan al bienestar común, por lo que la ponderación se presta para un equilibrio de la protección de ambos derechos, desde una protección de efectividad de ambos. Lo anterior se logra con una política pública que integre, un tiempo necesario y razonable para garantizar a las personas en condición precaria, la posibilidad de afrontar las nuevas condiciones a que son expuestos…”…”esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Constitución y el resto del ordenamiento jurídico, observa que las consideraciones de la resolución venida en Amparo no tutela los derechos constitucionales que los quejosos alegan vulnerados, por todo lo antes expuesto procede conforme a Derecho OTORGA el Recurso amparo interpuesto…”

Legislación citada

  • Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
  • Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
  • Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 10 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 9 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 14 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, art. 4 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Código Procesal Penal, art. 54 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

…”esta Sala de lo Constitucional, luego de estudiar el recurso de Amparo y sus antecedentes, constata que en el caso subjúdice, el fondo del asunto lo constituye la decisión del Ad-Quem de confirmar la decisión del A-Quo, mediante la cual esa jurisdicción penal estima que le corresponde a la misma conocer del asunto de mérito; en ese orden de ideas, es menester entonces por parte de esta Sala establecer si la resolución impugnada en esta vía constitucional vulnera o no las garantías constitucionales invocadas por los recurrentes; al hilo de lo anteriormente expuesto se observa que la referida resolución del Ad-Quem no invoca en sustento de su razonamiento jurídico en el artículo 54 del Código Procesal Penal, que preceptúa:“……No obstante lo anterior, los litigios referentes a la determinación del estado civil de las personas, al derecho de propiedad en el caso de usurpación y los relacionados con la naturaleza fraudulenta o culposa de la quiebra, solo podrán ser resueltos por los tribunales civiles.”; llegando a la conclusión esta Sala que con los permisos de operaciones resulta aplicable lo dispuesto en el último párrafo del citado artículo, ya que hasta ese momento procesal las partes en conflicto han exhibido documentos con los cuales pretenden acreditar sus derechos sobre la propiedad en disputa, por lo que tal conflicto intersubjetivo de intereses deberá dirimirse en la jurisdicción civil correspondiente…”…”la Sala estima que hasta este momento procesal le corresponde a la jurisdicción civil conocer del asunto de autos, y por lo tanto es pertinente que se haga aplicación de lo preceptuado en el último párrafo del artículo 54 del Código Procesal Penal. En ese orden de ideas entendemos también que aun y cuando la valoración de los elementos de prueba en un Proceso Penal corresponde a los Jueces y Magistrados de instancia, también lo es que la Sala de lo Constitucional en varios fallos también ha dejado sentada su posición en el sentido de que la intervención del Juez Constitucional se dará en aquellos casos en que la decisiones de los órganos jurisdiccionales, se hayan tomado contraviniendo Garantías Constitucionales; expuesto lo anterior esta Sala concluye que en el caso de mérito las razones fácticas y jurídicas esgrimidas tanto por el A-quo como el Ad-quem no es conforme a Ley, pues en su resoluciónsehan vulnerado los derechos de los recurrente a tener un Debido Proceso y una Tutela Judicial Efectiva…”…”vista la sentencia objeto de estudiose advierte que la misma no llega a cumplir los requisitos de congruencia y exhaustividad a que aludimos, toda vez que no da respuesta concreta a todas las alegaciones del recurrente. Esta Sala logra advertir que la motivación del Ad-Quem se halla escasa en algunas de sus consideraciones, omitiendo, como bien lo ha afirmado el impetrante, referente a una alegada ausencia de indicio racional en el tipo penal, para lo cual presentó al Tribunal de Apelación sus argumentos, mismos que no fueron objeto de pronunciamiento por parte de la Alzada, la cual limitó su decisión a los hechos que fueron opuestos…”…”esta Sala considera constitucionalmente inaceptable que los ciudadanos y las ciudadanas que se encuentran en la situación de las y los peticionarios sean simplemente privadas de los medios materiales de su trabajo de subsistencia, sin que la autoridad municipal realice un ofrecimiento alterno que satisfaga sus necesidades en forma efectiva; siendo que es deber de esta Sala la tutela de la eficaz protección de los derechos humanos, como son los derechos a la dignidad, igualdad, trabajo, alimentación, entre otros, que quedarían mermados a simples aspiraciones si el juez constitucional permitiera un proceso de invisibilización de los vendedores informales en pro de una estética urbana y de cierto bienestar colectivo, tomando en cuenta que esto sería contrario a los pilares del Estado Constitucional hondureño y a la igualdad material que hace sostienen dicho sistema, lo cual exige a las autoridades municipales implementar políticas públicas para disminuir las desigualdades sociales …”…”en el caso in examine es necesario advertir la aquiescencia u omisión de la Alcaldía de Intibucá, al iniciar el proceso de recuperación del espacio público, a través de un proceso penal de desalojo, estos ya contaban con permisos de operaciones proporcionados por la propia Alcaldía, situación que no se puede desconocer, ya que los afectados gozan de una confianza legítima en su situación jurídica irregular, que los legitima a que el Estado de Honduras no genere una situación en la que puedan quedar en extrema vulnerabilidad; se observa que el desalojo solo sería una propagación de la pobreza para esta población en específico…”…”esta presunción de legitimación del uso de un bien público solo se exterioriza con conductas objetivamente concluyentes al tolerar el uso del bien público para el ejercicio de su actividad laboral, pruebas de esas conductas pueden ser por ejemplo, las licencias o permisos otorgados, así como promesas a un grupo específico y determinable de la realización de un proyecto. Esta legitimación que se reconoce en sede constitucional consiste en proteger a los ciudadanos que se vean vulnerados frente a los cambios bruscos de las autoridades municipales…”…”se debe de aclarar que las personas que ocupen de forma irregular zonas públicas no les asiste per se y a priori un derecho adquirido del espacio público, en virtud de la aquiescencia del Estado, esto motivado a la naturaleza de dichos bienes; lo que si poseen las personas que logren acreditar una legitimación de utilización de un bien público, es que el Estado les brinde las garantías suficientes para que el ciudadano se estabilice frente al desplazamiento, esto último lo puede lograr a través de acciones de la administración pública, cuando desarrolle planes y políticas de contingencia, que permitan minimizar el daño, ponderando la existencia de los derechos en conflicto…”…”se considera que vulnera la confianza legítima de las y los ciudadanos cuando se realizan desalojos de forma inesperada, sin un trámite administrativo que realice un análisis de las circunstancias de las personas afectas y sin programas, políticas públicas o gestiones para reubicar a los desalojados. La reubicación debe de asegurar que las personas desplazadas puedan seguir laborando, ya que no es posible dejar sin opciones a quienes de buena fe han ocupado durante un tiempo considerable un espacio público. Cabe señalar que la reubicación no es la única alternativa, pudiéndose adoptar medidas distintas o alternas, las cuales dependerán de los presupuestos, los planes de desarrollo y las políticas que estén autorizadas para la administración central y municipal, pero esta Sala ve necesario estimar que no observa que las medidas de protección deban equivaler a una indemnización ni a una reparación…”…”va finalizando con la ponderación que realiza la Sala de lo Constitucional entre la protección del interés general de preservar el espacio público frente al particular de los comerciantes o vendedores informales, para ello hay que aclarar que no debe de observarse que estos grupos en situación de vulneración se opongan al bienestar común, por lo que la ponderación se presta para un equilibrio de la protección de ambos derechos, desde una protección de efectividad de ambos. Lo anterior se logra con una política pública que integre, un tiempo necesario y razonable para garantizar a las personas en condición precaria, la posibilidad de afrontar las nuevas condiciones a que son expuestos…”…”esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Constitución y el resto del ordenamiento jurídico, observa que las consideraciones de la resolución venida en Amparo no tutela los derechos constitucionales que los quejosos alegan vulnerados, por todo lo antes expuesto procede conforme a Derecho OTORGA el Recurso amparo interpuesto…”

Legislación citada

  • Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
  • Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
  • Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 10 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 9 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 14 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, art. 4 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Código Procesal Penal, art. 54 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALALA DE LO CONSTITUCION.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, nueve de agosto del dos mil diecisiete.-VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el abogado José Santos Ortiz Castillo a favor del Grupo Indígena Lenca, asimismo de los señores Jeremías Díaz, Elmer Josué Díaz Urquia, Maricela Villanueva y otras 35 ciudadanas y ciudadanos más, que esta Sala presume que son las y los ciudadanos acusado por el Ministerio Público por los delitos que posteriormente se referira, siendo las y los siguientes: Norma Gladis Díaz Portillo, Dilcia Aracey Díaz Díaz, Herman Wilson Hernández, María Rachel Díaz Díaz, Mirna Aurelia Pineda Villanueva, Franklin Omar Domínguez, Dinora Elizabeth Bonilla Romero, José Pablo Díaz Briones, Gustavo Díaz Santiago, Ana Ruth Domínguez Meza, Lucila Meza, Amado Bustillo, José Octavio Domínguez Meza, María Luisa Argueta Amaya, Manuel Domínguez Gonzales, Abelina García Sánchez, Juan Paz, José Gordiano Díaz Díaz, José Risa Flores, Carlos Emilio Gaytan, Sindy Vanesa Mejía Ponce, David Argueta Amaya, Marco Antonio Parada De la O, Celina Flores, Heliodoro Gámez Díaz, Wilmer Renato Díaz Díaz, Marco Antonio Amaya Iglesia, Ubaldo Antonio Murillo Martínez, María Faustina Díaz Gómez, José Santos Gutiérrez Díaz, Daniel Díaz Díaz, José Rufino García Díaz, Olmer José Díaz Urquia, Cebastián Amaya Hernández, María Orlanda Amaya, Lourdes Lorena Urquia Cardona, José Roger Amaya Hernández, Francisco Meza, Teresa de Jesús Villegas García, Marta Lidia Amaya, Marivela Villanueva, Ovidio Romero Lemus y Elizabeth del Cid, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, Departamento De Comayagua, en fecha veinticinco de abril de dos mil dieciséis, que declaró Sin Lugar un recurso de apelación y confirmó un auto de prisión dictado por el Juzgado de Letras Primero Departamental de Intibucá, en fecha dieciocho de enero de dos mil dieciséis, con relación a la causa instruida contra el Grupo Indígena Lenca, asimismo de los señores Jeremías Díaz, Elmer Josué Díaz Urquia, Maricela Villanueva, además otras y otros 35 ciudadanas y ciudadanos más, por suponerlos responsables de los delitos de Desobediencia y Usurpación en perjuicio de la Administración Pública del Estado de Honduras y de la Corporación Municipal de Intibucá, departamento de Intibucá. Estiman los recurrentes que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de sus representados los artículos 5, 15, 76, 80, 82 y 90 de la Constitución de la República y artículos 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos.-ANTECEDENTES. 1) Que en fecha dos de diciembre de dos mil quince, compareció ante el Juzgado de Letras Primero Departamental de Intibucá, la abogada Vany Getsiba Aguilar Mazzoni, actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal contra las ciudadanas y los ciudadanos Norma Gladis Díaz Portillo, Dilcia Aracey Díaz Díaz, Herman Wilson Hernández, María Rachel Díaz Díaz, Mirna Aurelia Pineda Villanueva, Franklin Omar Domínguez, Dinora Elizabeth Bonilla Romero, José Pablo Díaz Briones, Gustavo Díaz Santiago, Ana Ruth Domínguez Meza, Lucila Meza, Amado Bustillo, José Octavio Domínguez Meza, María Luisa Argueta Amaya, Manuel Domínguez Gonzales, Abelina García Sánchez, Juan Paz, José Gordiano Díaz Díaz, José Risa Flores, Carlos Emilio Gaytan, Sindy Vanesa Mejía Ponce, David Argueta Amaya, Marco Antonio Parada De la O, Celina Flores, Heliodoro Gámez Díaz, Wilmer Renato Díaz Díaz, Marco Antonio Amaya Iglesia, Ubaldo Antonio Murillo Martínez, María Faustina Díaz Gómez, José Santos Gutiérrez Díaz, Daniel Díaz Díaz, José Rufino García Díaz, Olmer José Díaz Urquia, Sebastián Amaya Hernández, María Orlanda Amaya, Lourdes Lorena Urquia Cardona, José Roger Amaya Hernández, Francisco Meza, Teresa de Jesús Villegas García, Marta Lidia Amaya, Marivela Villanueva, Ovidio Romero Lemus y Elizabeth del Cid, por suponerlos responsables los delitos de Desobediencia y Usurpación en perjuicio de la Administración Pública del Estado de Honduras y de la Corporación Municipal de Intibucá, departamento de Intibucá.-2) Que seguido el trámite de ley correspondiente, y habiéndose celebrado previamente la Audiencia Inicial, el Juzgado de Letras Primero Departamental de Intibucá, en fecha dieciocho de enero de dos mil dieciséis dictó resolución en mediante la cual resolvió: “…1) DICTAR AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO: contra los imputados JEREMÍAS DÍAZ, OLMER JOSUÉ DÍAZ URQUIA, MARICELA VILLANUEVA, AMADO BUSTILLO, JUAN PAZ, ANA RUTH DOMINGUEZ MEZA, NORMA GLADIS DÍAZ PORTILLO, JOSE OCTAVIO DOMINGUEZ MEZA, CEBASTIAN AMAYA HERNANDEZ, FRANCISCO MEZA, JOSÉ ROGER AMAYA HERNANDEZ, JOSÉ PABLO DÍAZ BRIONES, ABELINA GARCIA SÁNCHEZ, GUSTAVO DÍAZ SANTIAGO, JOSÉ ROSA FLORES, CELINA FLORES, WUILMER RENATO DÍAZ DÍAZ, FRANKLIN OMAR DOMINGUEZ MEZA, LOURDES LORENA URQUIA CARDONA, ELIZABETH DEL CID RAMOS, MARIA ORLANDA AMAYA HERNANDEZ, UBALDO ANTONIO MURILLO MARTINEZ, MARIA LUISA ARGUETA AMAYA, LUCILA MEZA, JOSÉ SANTOS GUTIÉRREZ DÍAZ, DAVID ARGUETA AMAYA, JOSE GORDIANO DÍAZ DÍAZ, DANIEL DÍAZ DÍAZ, MARCO ANTONIO PARADA DE LA O, MANUEL DOMINGUEZ GONZALES, MARIA FAUSTINA DÍAZ GÓMEZ, DINORA ELIZABETH BONILLA ROMERO, JOSÉ RUFINO GARCÍA DÍAZ, CARLOS EMILIO GAITAN, MARIA RACHEL DÍAZ DÍAZ, DILCIA ARACELY DÍAZ DÍAZ, ELIODORO GAMEZ DÍAZ, en la causa que se les instruye por los Delitos de DESOBEDIENCIA Y USURPACIÓN, en perjuicio LA ADMINISTRACION PUBLICA y LA MUNCIPALIDAD DE INTIBUCÁ. Hecho ocurrido: Aproximadamente desde el Quince de Julio del año dos mil quince en la ciudad de Intibucá, Municipio de Intibucá, Departamento de Intibucá. 2) Impone a los referidos encausados, la medida cautelar de “Presentarse cada quince días a este Juzgado de Letras Primero de Intibucá 3) Ordénese el desalojo correspondiente, una vez que la resolución adquiera el carácter de firme. 4) DICTAR SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO, a favor de los encausados HERMAN WILSON HERNANDEZ CLAROS, MIRNA AURELIA PINEDA VILLANUEVA Y SINDY VANESA MEJIA PONCE, por los delitos de DESOBEDIENCIA y USURPACIÓN, en perjuicio de la ADMINISTRACION PUBLICA Y LA MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA, en virtud de haber sido solicitado por el Ministerio Público.…”. (Folios del 707 al 771 del Tomo II de la primera pieza de los antecedentes).-3) Que conociendo de un Recurso de Apelación interpuesto por el abogado José Santos Ortiz Castillo, en su condición de Representante Procesal Defensor de las y los ciudadanos Jeremías Díaz, Elmer Josué Díaz Urquia, Maricela Villanueva y otras y otros, contra la resolución de fecha dieciocho de enero de dos mil dieciséis, dictada por el A-Quo y de la que se hace referencia en el numeral que antecede, la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, departamento de Comayagua, dictó sentencia en fecha veinticinco de abril de dos mil dieciséis, mediante la cual falló declarando Sin Lugar el Recurso de Apelación interpuesto, en consecuencia Confirmó la resolución recurrida. (Folios No. 10 al 20 de la segunda pieza de antecedentes).-4) Que el abogado José Santos Ortiz Castillo, actuando en su condición antes indicada, compareció ante la Sala de lo Constitucional en fecha tres de mayo de dos mil dieciséis, reclamando amparo a favor de los señores Jeremías Díaz, Elmer Josué Díaz Urquia, Maricela Villanueva, además de otras y otros 35 ciudadanas y ciudadanos, afirmando que la decisión del Ad-Quem de fecha veinticinco de abril de dos mil dieciséis, es violatoria de los artículos 5, 15, 76, 80, 82 y 90 de la Constitución de la República y artículos 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos.-5) Que en fecha veintidós de julio de dos mil dieciséis, la Sala tuvo por formalizada la acción de amparo de mérito, omitiéndose la vista al Fiscal del Despacho de conformidad a lo estipulado en el artículo 37 de la Ley Orgánica del Ministerio Público.-CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la Garantía de Amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5) en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.-CONSIDERANDO (2): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución.-CONSIDERANDO (3): Que el acto contra el cual se reclama es la resolución dictada en fecha veinticinco de abril del año dos mil dieciséis, por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, departamento de Comayagua, mediante la cual declara Sin Lugar el Recurso de Apelación, interpuesto por el recurrente contra la resolución dictada por el Juzgado Primero de Letras Departamental de La Esperanza, departamento de Intibucá, en fecha dieciocho de enero de dos mil dieciséis. En relación a la causa instruida contra el Grupo Indígena Lenca, asimismo de los señores Jeremías Díaz, Elmer Josué Díaz Urquia, Maricela Villanueva, además otras y otros 35 ciudadanas y ciudadanos, por suponerlos responsables de los delitos de Desobediencia y Usurpación en perjuicio de la Administración Pública del Estado de Honduras y de la Corporación Municipal de Intibucá, departamento de Intibucá.-CONSIDERANDO (4): Que el recurrente en el acápite que corresponde a la relación de Hechos que motivan el Recurso de Amparo, expone que la Corte de la Apelaciones vulnera sus derechos constituciones al convalidar la persecución penal de los imputados, sin observancia de los derechos constitucionales y humanos invocados, al no hacer una valoración de los derechos de los pueblos indígenas y tribales, que en este caso supuestamente protegen a los presupuestos responsables del delito, realizando los actores judiciales una incorrecta tipificación del delito, debido a que no se cumple con los presupuestos que señalan los artículos 227 y 346 del Código Penal, estando ante una acción que no es constitutiva de un delito.-CONSIDERANDO (5): Que la Constitución de la República al desarrollar el capitulo atinente al Poder Judicial, establece que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado, de igual forma la Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 25 sobre la protección judicial establece que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que les ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales.-CONSIDERANDO (6): Que ésta Sala de lo Constitucional hace necesario observar el desarrollo del Control del Convencionalidad[1] al que esta vinculado tanto por la Convención Americana de Derechos Humanos (Convención AdDH), como lo surgido de la lectura de los artículos 15 y 16 de la Constitución de la República se ha establecido que “Honduras hace suyos los principios y prácticas del derecho internacional que propenden a la solidaridad humana, el respeto de la autodeterminación de los pueblos, a la no intervención y al afianzamiento de la paz y la democracia universales”, y que “los tratados internacionales celebrados por Honduras con otros Estados, una vez que entran en vigor, forman parte del Derecho interno”, se deduce con certeza que el derecho internacional de los derechos humanos y la jurisprudencia generada en virtud de él, es una fuente fundamental de la que derivan otros derechos humanos en el marco del constitucionalismo hondureño.-CONSIDERANDO (7): Que de la interpretación del artículo 63 constitucional se establece que el catalogo de derechos es un numerus apertus, lo cual conlleva al reconocimiento del ejercicio de derechos no desarrollados por nuestra Constitución, sino que abarca todo texto normativo ya sea de orden legal o internacional suscrito por nuestro país, que amplié el catalogo de derechos humanos, rompiendo con esto con el principio de interpretación inclusio unius est exclusio alterius, es decir que la inclusión de uno supone la exclusión del otro, dado el mandado constitucional y convencional, que ha determinado que “una Convención o Tratado Internacional son, de hecho y deben ser observados por los jueces como normas de derecho fundamental, que forman parte de nuestro bloque de constitucionalidad”[2] de manera que aseguren una eficaz protección a los derechos humanos; estando apegado los tribunales no solo a conocer la interpretación ultima y definitiva de la Constitución que realice ésta Sala, sino también tomando en consideración las interpretaciones que de ellos hagan los Tribunales Internacionales a los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos.-CONSIDERANDO (8): Que ésta Sala ha establecido que el criterio de interpretación constitucional[3] de derechos fundamentales en “cuanto a los criterios de interpretación de estos derechos fundamentales. Existen tanto en la doctrina especializada como en la jurisprudencia de los Tribunales Constitucionales criterios especializados de interpretación,… 1.- Principio pro persona: el derecho debe interpretarse y aplicarse siempre de la manera que más favorezca al ser humano, este principio deriva de la posición básica que los derechos fundamentales ocupan como elemento estructural de ordenamiento y como valor fundamental del estado de derecho” indicando ésta Sala que en casos en que se este ante un conflictos de normas legales con tratados internacionales, los cuales son supralegales, situandose la colisión en torno al principio pro persona, “el Juez Constitucional está obligado a aplicar la norma nacional o internacional más beneficiosa para la persona, sin que ello implique desde el punto de vista jurídico, reconocerle mayor jerarquía normativa a los tratados respecto de la Constitución. Este principio, conocido como el de preferencia de normas, se encuentra recogido en el artículo 29, inciso b) de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos”[4].-CONSIDERANDO (9): Que dentro de los principios básicos de nuestro proceso penal encontramos en el artículo ocho (8) del Código Procesal Penal que la finalidad del Proceso será la realización pronta y efectiva de la justicia penal, debiendo los operadores de justicia adoptar las medidas necesarias para lograr la neutralización de los efectos del delito, para que cesen los efectos producidos por la comisión del hecho punible y que las cosas vuelvan al estado antes de que hubieran producido.-CONSIDERANDO (10): Que en el marco del Control de Convencionalidad esta Sala observa que entorno al artículo 9 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos y relacionado con nuestro artículo constitucional 90, la Corte Interamericana De Derecho Humanos ha pronunciado que es preciso tomar en cuenta que las sanciones administrativas son, como las penales, una expresión del poder punitivo del Estado y que tienen, en ocasiones, naturaleza similar a la de éstas. Unas y otras implican menoscabo, privación o alteración de los derechos de las personas, como consecuencias de una conducta ilícita. Por lo tanto, en una sistema democrático es preciso extremar las precauciones para que dichas medidas se adopten con estricto respecto a los derechos básico de las personas y previa una cuidadosa verificación de la efectiva existencia de la conducta ilícita[5], lo anterior en base al supuesto delito de Desobediencia.-CONSIDERANDO (11): Que la Convención Americana Sobre Derechos Humanos establece en su artículo 9 el principio de legalidad y de retroactividad, al respecto la Corte Interamericana ha señalado en el caso Castillo Petruzzi vs Perú, que se entiende que en la elaboración de los tipos penales es preciso utilizar términos estrictos y unívocos, que acoten claramente las conductas punibles, dando pleno sentido al principio de legalidad penal, implicando que una clara definición de la conducta incriminada, que fije sus elementos y permita deslindarla de comportamientos no punibles o conductas ilícitas sancionables con medidas no penales[6]. Siguiendo lo establecido la ambigüedad en la formulación de la acusación y en la motivación de las resoluciones genera dudas y abre campo al arbitrio de la autoridad.-CONSIDERANDO (12): Que esta Sala de lo Constitucional, luego de estudiar el recurso de Amparo y sus antecedentes, constata que en el caso subjúdice, el fondo del asunto lo constituye la decisión del Ad-Quem de confirmar la decisión del A-Quo, mediante la cual esa jurisdicción penal estima que le corresponde a la misma conocer del asunto de merito; en ese orden de ideas, es menester entonces por parte de esta Sala establecer si la resolución impugnada en esta vía constitucional vulnera o no las garantías constitucionales invocadas por los recurrentes; al hilo de lo anteriormente expuesto se observa que la referida resolución del Ad-Quem no invoca en sustento de su razonamiento jurídico en el artículo 54 del Código Procesal Penal, que preceptúa: “……….No obstante lo anterior, los litigios referentes a la determinación del estado civil de las personas, al derecho de propiedad en el caso de usurpación y los relacionados con la naturaleza fraudulenta o culposa de la quiebra, solo podrán ser resueltos por los tribunales civiles.”; llegando a la conclusión esta Sala que con los permisos de operaciones resulta aplicable lo dispuesto en el ultimo párrafo del citado articulo, ya que hasta ese momento procesal las partes en conflicto han exhibido documentos con los cuales pretenden acreditar sus derechos sobre la propiedad en disputa, por lo que tal conflicto intersubjetivo de intereses deberá dirimirse en la jurisdicción civil correspondiente.-CONSIDERANDO (13): Que señalado lo anterior la Sala estima que hasta este momento procesal le corresponde a la jurisdicción civil conocer del asunto de autos, y por lo tanto es pertinente que se haga aplicación de lo preceptuado en el ultimo párrafo del articulo 54 del Código Procesal Penal. En ese orden de ideas entendemos también que aun y cuando la valoración de los elementos de prueba en un Proceso Penal corresponde a los Jueces y Magistrados de instancia, también lo es que la Sala de lo Constitucional en varios fallos también ha dejado sentada su posición en el sentido de que la intervención del Juez Constitucional se dará en aquellos casos en que la decisiones de los órganos jurisdiccionales, se hayan tomado contraviniendo Garantías Constitucionales; expuesto lo anterior esta Sala concluye que en el caso de merito las razones fácticas y jurídicas esgrimidas tanto por el A-quo como el Ad-quem no es conforme a Ley, pues en su resolución se han vulnerado los derechos de los recurrente a tener un Debido Proceso y una Tutela Judicial Efectiva.-CONSIDERANDO (14): Que la jurisprudencia de los tribunales Constitucionales ha considerando la estrecha relación que existe entre la vigencia de los derechos económicos sociales y culturales y la de los derechos civiles y políticos, por cuanto las diferentes categorías de derechos constituyen un todo indisoluble que encuentra su base en el reconocimiento de la dignidad de la persona humana, por lo cual exigen una tutela y promoción permanente con el objeto de lograr su vigencia plena, sin que jamás pueda justificarse la violación de unos en aras de la realización de otros[7]. Recordando que, con arreglo a la Declaración Universal de Derechos Humanos y a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sólo puede realizarse el ideal del ser humano libre, exento del temor y de la miseria, si se crean condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto como de sus derechos civiles y políticos[8].-CONSIDERANDO (15): Que esta Sala ha sostenido en previas decisiones,[9] que toda resolución o sentencia debe reunir los requisitos de fondo, de congruencia, y exhaustividad, a fin de asegurar la vigencia de los presupuestos que consolidan la garantía del debido proceso. Como sabemos, la congruencia se refiere a la obligación de dar respuesta a las alegaciones de las partes en forma clara y precisa, es decir la relación entre las pretensiones y el fallo propiamente dicho. Así, la congruencia supone atenerse a lo pedido por las partes, dando respuesta el juzgador mediante una exposición coherente y lógica, de tal suerte que su criterio quede explicado y comprendido con facilidad[10]. La exhaustividad se refiere a la obligación del juzgador de abordar todos y cada uno de los extremos sometidos a su conocimiento por las partes, en ese sentido, el fallo deberá ser proferido de tal manera que no deje de dar respuesta a los extremos planteados.-CONSIDERANDO (16): Que esta Sala ha insistido que el derecho a la tutela judicial efectiva comporta como contenido esencial y primario, el de obtener de los órganos jurisdiccionales integrantes del Poder Judicial, una resolución razonada y fundada en derecho. Esta Sala a su vez ha puntualizado en varios de sus fallos[11], que la falta de motivación por sí sola enerva la garantía del debido proceso y la tutela judicial efectiva, atendiendo a que ésta garantiza la obtención de una resolución debidamente motivada, ya sea ésta favorable o adversa a los intereses de quien insta la actuación jurisdiccional[12].-CONSIDERANDO (17): Que vista la sentencia objeto de estudio se advierte que la misma no llega a cumplir los requisitos de congruencia y exhaustividad a que aludimos, toda vez que no da respuesta concreta a todas las alegaciones del recurrente. Esta Sala logra advertir que la motivación del Ad-Quem se halla escasa en algunas de sus consideraciones, omitiendo, como bien lo ha afirmando el impetrante, referente a una alegada ausencia de indicio racional en el tipo penal, para lo cual presentó al Tribunal de Apelación sus argumentos, mismos que no fueron objeto de pronunciamiento por parte de la Alzada, la cual limitó su decisión a los hechos que fueron opuestos.-CONSIDERANDO (18): Que esta Sala considera constitucionalmente inaceptable que los ciudadanos y las ciudadanas que se encuentran en la situación de las y los peticionarios sean simplemente privadas de los medios materiales de su trabajo de subsistencia, sin que la autoridad municipal realice un ofrecimiento alterno que satisfaga sus necesidades en forma efectiva; siendo que es deber de esta Sala la tutela de la eficaz protección de los derechos humanos, como son los derechos a la dignidad, igualdad, trabajo, alimentación, entre otros, que quedarían mermados a simples aspiraciones si el juez constitucional permitiera un proceso de invisibilización de los vendedores informales en pro de una estética urbana y de cierto bienestar colectivo, tomando en cuenta que esto seria contrario a los pilares del Estado Constitucional hondureño y a la igualdad material que hace sostienen dicho sistema, lo cual exige a las autoridades municipales implementar políticas públicas para disminuir las desigualdades sociales[13].-CONSIDERANDO (19): Que esta Sala debe de indicar que los bienes de uso público, pertenecen al espacio público, siendo inalienables, imprescriptibles e inembargables, teniendo una naturaleza jurídica que implica que los particulares no pueden ejercer derechos reales sobre dichos bienes, independientemente del paso del tiempo, no pueden alegarse derechos adquiridos. Cabe definir que el espacio público es una derecho compuesto de bienes inmuebles públicos destinados a la satisfacción del interés general y la utilización colectiva, por lo que son ajenos a cualquier acto de comercio y no pueden formar parte de bienes privados ni a bienes de entera propiedad del Estado, porque su objetivo es la mejora de la calidad de la vida de los habitantes del país, por lo que tienen libre acceso.-CONSIDERANDO (20): Que la Sala debe de aclarar que la protección e integridad del espacio público es deber del Estado, además de asegurar que su destino sea el uso común, por encima del interés particular, así que cuando un sector social incurra en el abuso de dicho espacio, el Estado debe de instar por su recuperación, debiéndose sujetar los ciudadanos y las ciudadanas en general a asumir los mandamientos legales que regulen el debido aprovechamiento del espacio público, tomando en cuenta que la invasión de estos espacios puede conducir al cierre de establecimientos de comercio, el difícil acceso a ellas e incluso el favorecimiento de actividades ilícitas, por lo que suele existir una importancia de la recuperación, también para armonizar los derechos constitucionales de dos diferentes esferas sociales, siendo uno de las partes, de las personas que pagan sus impuestos, utilizan servicios públicos, representan una fuente de empleos para otras personas, mientras que por otra parte, tenemos el caso de una situación de personas que invaden el espacio público, en un difícil situación socioeconómica, caso de relevancia constitucional, ya que la marginación, la exclusión e informalidad de esa labor, son causa para que esa población incurra en la invasión a fin de acceder a un sustento económico que les permita vivir en dignidad, satisfaciendo sus necesidades básicas.-CONSIDERANDO (21): Que en el caso in examine es necesario advertir la aquiescencia u omisión de la Alcaldía de Intibucá, al iniciar el proceso de recuperación del espacio público, a través de un proceso penal de desalojo, estos ya contaban con permisos de operaciones proporcionados por la propia Alcaldía, situación que no se puede desconocer, ya que los afectados gozan de una confianza legitima en su situación jurídica irregular, que los legitima a que el Estado de Honduras no genere una situación en la que puedan quedar en extrema vulnerabilidad; se observa que el desalojo solo seria una propagación de la pobreza para esta población en especifico.-CONSIDERANDO (22): Que esta presunción de legitimación del uso de un bien público solo se exterioriza con conductas objetivamente concluyentes al tolerar el uso del bien público para el ejercicio de su actividad laboral, pruebas de esas conductas pueden ser por ejemplo, las licencias o permisos otorgados, así como promesas a un grupo especifico y determinable de la realización de un proyecto. Esta legitimación que se reconoce en sede constitucional consiste en proteger a los ciudadanos que se vean vulnerados frente a los cambios bruscos de las autoridades municipales.-CONSIDERANDO (23): Que se debe de aclarar que las personas que ocupen de forma irregular zonas públicas no les asiste per se y a priori un derecho adquirido del espacio público, en virtud de la aquiescencia del Estado, esto motivado a la naturaleza de dichos bienes; lo que si poseen las personas que logren acreditar una legitimación de utilización de un bien público, es que el Estado les brinde las garantías suficientes para que el ciudadano se estabilice frente al desplazamiento, esto ultimo lo puede lograr a través de acciones de la administración pública, cuando desarrolle planes y políticas de contingencia, que permitan minimizar el daño, ponderando la existencia de los derechos en conflicto.-CONSIDERANDO (24): Que se considera que vulnera la confianza legitima de las y los ciudadanos cuando se realizan desalojos de forma inesperada, sin un trámite administrativo que realice un análisis de las circunstancias de las personas afectas y sin programas, políticas públicas o gestiones para reubicar a los desalojados. La reubicación debe de asegurar que las personas desplazadas puedan seguir laborando, ya que no es posible dejar sin opciones a quienes de buena fe han ocupado durante un tiempo considerable un espacio público. Cabe señalar que la reubicación no es la única alternativa, pudiéndose adoptar medidas distintas o alternas, las cuales dependerán de los presupuestos, los planes de desarrollo y las políticas que estén autorizadas para la administración central y municipal, pero esta Sala ve necesario estimar que no observa que las medidas de protección deban equivaler a una indemnización ni a una reparación.-CONSIDERANDO (25): Que va finalizando con la ponderación que realiza la Sala de lo Constitucional entre la protección del interés general de preservar el espacio público frente al particular de los comerciantes o vendedores informales, para ello hay que aclarar que no debe de observarse que estos grupos en situación de vulneración se opongan al bienestar común, por lo que la ponderación se presta para un equilibrio de la protección de ambos derechos, desde una protección de efectividad de ambos. Lo anterior se logra con una política pública que integre, un tiempo necesario y razonable para garantizar a las personas en condición precaria, la posibilidad de afrontar las nuevas condiciones a que son expuestos.-CONSIDERANDO (26): Que como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Constitución y el resto del ordenamiento jurídico, observa que las consideraciones de la resolución venida en Amparo no tutela los derechos constitucionales que los quejosos alegan vulnerados, por todo lo antes expuesto procede conforme a Derecho OTORGA el Recurso amparo interpuesto.-POR TANTO: La Sala Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, en aplicación de los artículos 15, 59, 62, 90, 95 183, 303, 313 No.5, y 316, de la Constitución de la República; artículos 1, 11, 78 No. 5, 132 y 145 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; artículos 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 9 No. 2, 41, 54, 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; artículos 11 del Código Procesal Penal; artículos 8 y 25 de La Convención Americana de Derechos Humanos; artículos 8 y 10 de La Declaración Universal de los Derechos Humanos; artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Artículo IV de La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. FALLA: OTORGAR el Recurso de Amparo interpuesto por el abogado José Santos Ortiz Castillo a favor del Grupo Indígena Lenca, asimismo de los señores Jeremías Díaz, Elmer Josué Díaz Urquia, Maricela Villanueva y otras 35 ciudadanas y ciudadanos más, contra la resolución dictada por Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, Departamento De Comayagua, en fecha veinticinco de abril de dos mil dieciséis, que declaró Sin Lugar un recurso de apelación. Y MANDA: Que con la certificación de este fallo remita los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los dieciocho (18) días del mes de octubre del año dos mil diecisiete (2017), Certificación de la Sentencia de fecha nueve (9) de agosto del año dos mil diecisiete (2017) recaída en el Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 0409-2016.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALALA DE LO CONSTITUCION.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, nueve de agosto del dos mil diecisiete.-VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el abogado José Santos Ortiz Castillo a favor del Grupo Indígena Lenca, asimismo de los señores Jeremías Díaz, Elmer Josué Díaz Urquia, Maricela Villanueva y otras 35 ciudadanas y ciudadanos más, que esta Sala presume que son las y los ciudadanos acusado por el Ministerio Público por los delitos que posteriormente se referira, siendo las y los siguientes: Norma Gladis Díaz Portillo, Dilcia Aracey Díaz Díaz, Herman Wilson Hernández, María Rachel Díaz Díaz, Mirna Aurelia Pineda Villanueva, Franklin Omar Domínguez, Dinora Elizabeth Bonilla Romero, José Pablo Díaz Briones, Gustavo Díaz Santiago, Ana Ruth Domínguez Meza, Lucila Meza, Amado Bustillo, José Octavio Domínguez Meza, María Luisa Argueta Amaya, Manuel Domínguez Gonzales, Abelina García Sánchez, Juan Paz, José Gordiano Díaz Díaz, José Risa Flores, Carlos Emilio Gaytan, Sindy Vanesa Mejía Ponce, David Argueta Amaya, Marco Antonio Parada De la O, Celina Flores, Heliodoro Gámez Díaz, Wilmer Renato Díaz Díaz, Marco Antonio Amaya Iglesia, Ubaldo Antonio Murillo Martínez, María Faustina Díaz Gómez, José Santos Gutiérrez Díaz, Daniel Díaz Díaz, José Rufino García Díaz, Olmer José Díaz Urquia, Cebastián Amaya Hernández, María Orlanda Amaya, Lourdes Lorena Urquia Cardona, José Roger Amaya Hernández, Francisco Meza, Teresa de Jesús Villegas García, Marta Lidia Amaya, Marivela Villanueva, Ovidio Romero Lemus y Elizabeth del Cid, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, Departamento De Comayagua, en fecha veinticinco de abril de dos mil dieciséis, que declaró Sin Lugar un recurso de apelación y confirmó un auto de prisión dictado por el Juzgado de Letras Primero Departamental de Intibucá, en fecha dieciocho de enero de dos mil dieciséis, con relación a la causa instruida contra el Grupo Indígena Lenca, asimismo de los señores Jeremías Díaz, Elmer Josué Díaz Urquia, Maricela Villanueva, además otras y otros 35 ciudadanas y ciudadanos más, por suponerlos responsables de los delitos de Desobediencia y Usurpación en perjuicio de la Administración Pública del Estado de Honduras y de la Corporación Municipal de Intibucá, departamento de Intibucá. Estiman los recurrentes que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de sus representados los artículos 5, 15, 76, 80, 82 y 90 de la Constitución de la República y artículos 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos.-ANTECEDENTES. 1) Que en fecha dos de diciembre de dos mil quince, compareció ante el Juzgado de Letras Primero Departamental de Intibucá, la abogada Vany Getsiba Aguilar Mazzoni, actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal contra las ciudadanas y los ciudadanos Norma Gladis Díaz Portillo, Dilcia Aracey Díaz Díaz, Herman Wilson Hernández, María Rachel Díaz Díaz, Mirna Aurelia Pineda Villanueva, Franklin Omar Domínguez, Dinora Elizabeth Bonilla Romero, José Pablo Díaz Briones, Gustavo Díaz Santiago, Ana Ruth Domínguez Meza, Lucila Meza, Amado Bustillo, José Octavio Domínguez Meza, María Luisa Argueta Amaya, Manuel Domínguez Gonzales, Abelina García Sánchez, Juan Paz, José Gordiano Díaz Díaz, José Risa Flores, Carlos Emilio Gaytan, Sindy Vanesa Mejía Ponce, David Argueta Amaya, Marco Antonio Parada De la O, Celina Flores, Heliodoro Gámez Díaz, Wilmer Renato Díaz Díaz, Marco Antonio Amaya Iglesia, Ubaldo Antonio Murillo Martínez, María Faustina Díaz Gómez, José Santos Gutiérrez Díaz, Daniel Díaz Díaz, José Rufino García Díaz, Olmer José Díaz Urquia, Sebastián Amaya Hernández, María Orlanda Amaya, Lourdes Lorena Urquia Cardona, José Roger Amaya Hernández, Francisco Meza, Teresa de Jesús Villegas García, Marta Lidia Amaya, Marivela Villanueva, Ovidio Romero Lemus y Elizabeth del Cid, por suponerlos responsables los delitos de Desobediencia y Usurpación en perjuicio de la Administración Pública del Estado de Honduras y de la Corporación Municipal de Intibucá, departamento de Intibucá.-2) Que seguido el trámite de ley correspondiente, y habiéndose celebrado previamente la Audiencia Inicial, el Juzgado de Letras Primero Departamental de Intibucá, en fecha dieciocho de enero de dos mil dieciséis dictó resolución en mediante la cual resolvió: “…1) DICTAR AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO: contra los imputados JEREMÍAS DÍAZ, OLMER JOSUÉ DÍAZ URQUIA, MARICELA VILLANUEVA, AMADO BUSTILLO, JUAN PAZ, ANA RUTH DOMINGUEZ MEZA, NORMA GLADIS DÍAZ PORTILLO, JOSE OCTAVIO DOMINGUEZ MEZA, CEBASTIAN AMAYA HERNANDEZ, FRANCISCO MEZA, JOSÉ ROGER AMAYA HERNANDEZ, JOSÉ PABLO DÍAZ BRIONES, ABELINA GARCIA SÁNCHEZ, GUSTAVO DÍAZ SANTIAGO, JOSÉ ROSA FLORES, CELINA FLORES, WUILMER RENATO DÍAZ DÍAZ, FRANKLIN OMAR DOMINGUEZ MEZA, LOURDES LORENA URQUIA CARDONA, ELIZABETH DEL CID RAMOS, MARIA ORLANDA AMAYA HERNANDEZ, UBALDO ANTONIO MURILLO MARTINEZ, MARIA LUISA ARGUETA AMAYA, LUCILA MEZA, JOSÉ SANTOS GUTIÉRREZ DÍAZ, DAVID ARGUETA AMAYA, JOSE GORDIANO DÍAZ DÍAZ, DANIEL DÍAZ DÍAZ, MARCO ANTONIO PARADA DE LA O, MANUEL DOMINGUEZ GONZALES, MARIA FAUSTINA DÍAZ GÓMEZ, DINORA ELIZABETH BONILLA ROMERO, JOSÉ RUFINO GARCÍA DÍAZ, CARLOS EMILIO GAITAN, MARIA RACHEL DÍAZ DÍAZ, DILCIA ARACELY DÍAZ DÍAZ, ELIODORO GAMEZ DÍAZ, en la causa que se les instruye por los Delitos de DESOBEDIENCIA Y USURPACIÓN, en perjuicio LA ADMINISTRACION PUBLICA y LA MUNCIPALIDAD DE INTIBUCÁ. Hecho ocurrido: Aproximadamente desde el Quince de Julio del año dos mil quince en la ciudad de Intibucá, Municipio de Intibucá, Departamento de Intibucá. 2) Impone a los referidos encausados, la medida cautelar de “Presentarse cada quince días a este Juzgado de Letras Primero de Intibucá 3) Ordénese el desalojo correspondiente, una vez que la resolución adquiera el carácter de firme. 4) DICTAR SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO, a favor de los encausados HERMAN WILSON HERNANDEZ CLAROS, MIRNA AURELIA PINEDA VILLANUEVA Y SINDY VANESA MEJIA PONCE, por los delitos de DESOBEDIENCIA y USURPACIÓN, en perjuicio de la ADMINISTRACION PUBLICA Y LA MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA, en virtud de haber sido solicitado por el Ministerio Público.…”. (Folios del 707 al 771 del Tomo II de la primera pieza de los antecedentes).-3) Que conociendo de un Recurso de Apelación interpuesto por el abogado José Santos Ortiz Castillo, en su condición de Representante Procesal Defensor de las y los ciudadanos Jeremías Díaz, Elmer Josué Díaz Urquia, Maricela Villanueva y otras y otros, contra la resolución de fecha dieciocho de enero de dos mil dieciséis, dictada por el A-Quo y de la que se hace referencia en el numeral que antecede, la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, departamento de Comayagua, dictó sentencia en fecha veinticinco de abril de dos mil dieciséis, mediante la cual falló declarando Sin Lugar el Recurso de Apelación interpuesto, en consecuencia Confirmó la resolución recurrida. (Folios No. 10 al 20 de la segunda pieza de antecedentes).-4) Que el abogado José Santos Ortiz Castillo, actuando en su condición antes indicada, compareció ante la Sala de lo Constitucional en fecha tres de mayo de dos mil dieciséis, reclamando amparo a favor de los señores Jeremías Díaz, Elmer Josué Díaz Urquia, Maricela Villanueva, además de otras y otros 35 ciudadanas y ciudadanos, afirmando que la decisión del Ad-Quem de fecha veinticinco de abril de dos mil dieciséis, es violatoria de los artículos 5, 15, 76, 80, 82 y 90 de la Constitución de la República y artículos 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos.-5) Que en fecha veintidós de julio de dos mil dieciséis, la Sala tuvo por formalizada la acción de amparo de mérito, omitiéndose la vista al Fiscal del Despacho de conformidad a lo estipulado en el artículo 37 de la Ley Orgánica del Ministerio Público.-CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la Garantía de Amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5) en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.-CONSIDERANDO (2): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución.-CONSIDERANDO (3): Que el acto contra el cual se reclama es la resolución dictada en fecha veinticinco de abril del año dos mil dieciséis, por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, departamento de Comayagua, mediante la cual declara Sin Lugar el Recurso de Apelación, interpuesto por el recurrente contra la resolución dictada por el Juzgado Primero de Letras Departamental de La Esperanza, departamento de Intibucá, en fecha dieciocho de enero de dos mil dieciséis. En relación a la causa instruida contra el Grupo Indígena Lenca, asimismo de los señores Jeremías Díaz, Elmer Josué Díaz Urquia, Maricela Villanueva, además otras y otros 35 ciudadanas y ciudadanos, por suponerlos responsables de los delitos de Desobediencia y Usurpación en perjuicio de la Administración Pública del Estado de Honduras y de la Corporación Municipal de Intibucá, departamento de Intibucá.-CONSIDERANDO (4): Que el recurrente en el acápite que corresponde a la relación de Hechos que motivan el Recurso de Amparo, expone que la Corte de la Apelaciones vulnera sus derechos constituciones al convalidar la persecución penal de los imputados, sin observancia de los derechos constitucionales y humanos invocados, al no hacer una valoración de los derechos de los pueblos indígenas y tribales, que en este caso supuestamente protegen a los presupuestos responsables del delito, realizando los actores judiciales una incorrecta tipificación del delito, debido a que no se cumple con los presupuestos que señalan los artículos 227 y 346 del Código Penal, estando ante una acción que no es constitutiva de un delito.-CONSIDERANDO (5): Que la Constitución de la República al desarrollar el capitulo atinente al Poder Judicial, establece que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado, de igual forma la Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 25 sobre la protección judicial establece que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que les ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales.-CONSIDERANDO (6): Que ésta Sala de lo Constitucional hace necesario observar el desarrollo del Control del Convencionalidad[14] al que esta vinculado tanto por la Convención Americana de Derechos Humanos (Convención AdDH), como lo surgido de la lectura de los artículos 15 y 16 de la Constitución de la República se ha establecido que “Honduras hace suyos los principios y prácticas del derecho internacional que propenden a la solidaridad humana, el respeto de la autodeterminación de los pueblos, a la no intervención y al afianzamiento de la paz y la democracia universales”, y que “los tratados internacionales celebrados por Honduras con otros Estados, una vez que entran en vigor, forman parte del Derecho interno”, se deduce con certeza que el derecho internacional de los derechos humanos y la jurisprudencia generada en virtud de él, es una fuente fundamental de la que derivan otros derechos humanos en el marco del constitucionalismo hondureño.-CONSIDERANDO (7): Que de la interpretación del artículo 63 constitucional se establece que el catalogo de derechos es un numerus apertus, lo cual conlleva al reconocimiento del ejercicio de derechos no desarrollados por nuestra Constitución, sino que abarca todo texto normativo ya sea de orden legal o internacional suscrito por nuestro país, que amplié el catalogo de derechos humanos, rompiendo con esto con el principio de interpretación inclusio unius est exclusio alterius, es decir que la inclusión de uno supone la exclusión del otro, dado el mandado constitucional y convencional, que ha determinado que “una Convención o Tratado Internacional son, de hecho y deben ser observados por los jueces como normas de derecho fundamental, que forman parte de nuestro bloque de constitucionalidad”[15] de manera que aseguren una eficaz protección a los derechos humanos; estando apegado los tribunales no solo a conocer la interpretación ultima y definitiva de la Constitución que realice ésta Sala, sino también tomando en consideración las interpretaciones que de ellos hagan los Tribunales Internacionales a los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos.-CONSIDERANDO (8): Que ésta Sala ha establecido que el criterio de interpretación constitucional[16] de derechos fundamentales en “cuanto a los criterios de interpretación de estos derechos fundamentales. Existen tanto en la doctrina especializada como en la jurisprudencia de los Tribunales Constitucionales criterios especializados de interpretación,… 1.- Principio pro persona: el derecho debe interpretarse y aplicarse siempre de la manera que más favorezca al ser humano, este principio deriva de la posición básica que los derechos fundamentales ocupan como elemento estructural de ordenamiento y como valor fundamental del estado de derecho” indicando ésta Sala que en casos en que se este ante un conflictos de normas legales con tratados internacionales, los cuales son supralegales, situandose la colisión en torno al principio pro persona, “el Juez Constitucional está obligado a aplicar la norma nacional o internacional más beneficiosa para la persona, sin que ello implique desde el punto de vista jurídico, reconocerle mayor jerarquía normativa a los tratados respecto de la Constitución. Este principio, conocido como el de preferencia de normas, se encuentra recogido en el artículo 29, inciso b) de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos”[17].-CONSIDERANDO (9): Que dentro de los principios básicos de nuestro proceso penal encontramos en el artículo ocho (8) del Código Procesal Penal que la finalidad del Proceso será la realización pronta y efectiva de la justicia penal, debiendo los operadores de justicia adoptar las medidas necesarias para lograr la neutralización de los efectos del delito, para que cesen los efectos producidos por la comisión del hecho punible y que las cosas vuelvan al estado antes de que hubieran producido.-CONSIDERANDO (10): Que en el marco del Control de Convencionalidad esta Sala observa que entorno al artículo 9 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos y relacionado con nuestro artículo constitucional 90, la Corte Interamericana De Derecho Humanos ha pronunciado que es preciso tomar en cuenta que las sanciones administrativas son, como las penales, una expresión del poder punitivo del Estado y que tienen, en ocasiones, naturaleza similar a la de éstas. Unas y otras implican menoscabo, privación o alteración de los derechos de las personas, como consecuencias de una conducta ilícita. Por lo tanto, en una sistema democrático es preciso extremar las precauciones para que dichas medidas se adopten con estricto respecto a los derechos básico de las personas y previa una cuidadosa verificación de la efectiva existencia de la conducta ilícita[18], lo anterior en base al supuesto delito de Desobediencia.-CONSIDERANDO (11): Que la Convención Americana Sobre Derechos Humanos establece en su artículo 9 el principio de legalidad y de retroactividad, al respecto la Corte Interamericana ha señalado en el caso Castillo Petruzzi vs Perú, que se entiende que en la elaboración de los tipos penales es preciso utilizar términos estrictos y unívocos, que acoten claramente las conductas punibles, dando pleno sentido al principio de legalidad penal, implicando que una clara definición de la conducta incriminada, que fije sus elementos y permita deslindarla de comportamientos no punibles o conductas ilícitas sancionables con medidas no penales[19]. Siguiendo lo establecido la ambigüedad en la formulación de la acusación y en la motivación de las resoluciones genera dudas y abre campo al arbitrio de la autoridad.-CONSIDERANDO (12): Que esta Sala de lo Constitucional, luego de estudiar el recurso de Amparo y sus antecedentes, constata que en el caso subjúdice, el fondo del asunto lo constituye la decisión del Ad-Quem de confirmar la decisión del A-Quo, mediante la cual esa jurisdicción penal estima que le corresponde a la misma conocer del asunto de merito; en ese orden de ideas, es menester entonces por parte de esta Sala establecer si la resolución impugnada en esta vía constitucional vulnera o no las garantías constitucionales invocadas por los recurrentes; al hilo de lo anteriormente expuesto se observa que la referida resolución del Ad-Quem no invoca en sustento de su razonamiento jurídico en el artículo 54 del Código Procesal Penal, que preceptúa: “……….No obstante lo anterior, los litigios referentes a la determinación del estado civil de las personas, al derecho de propiedad en el caso de usurpación y los relacionados con la naturaleza fraudulenta o culposa de la quiebra, solo podrán ser resueltos por los tribunales civiles.”; llegando a la conclusión esta Sala que con los permisos de operaciones resulta aplicable lo dispuesto en el ultimo párrafo del citado articulo, ya que hasta ese momento procesal las partes en conflicto han exhibido documentos con los cuales pretenden acreditar sus derechos sobre la propiedad en disputa, por lo que tal conflicto intersubjetivo de intereses deberá dirimirse en la jurisdicción civil correspondiente.-CONSIDERANDO (13): Que señalado lo anterior la Sala estima que hasta este momento procesal le corresponde a la jurisdicción civil conocer del asunto de autos, y por lo tanto es pertinente que se haga aplicación de lo preceptuado en el ultimo párrafo del articulo 54 del Código Procesal Penal. En ese orden de ideas entendemos también que aun y cuando la valoración de los elementos de prueba en un Proceso Penal corresponde a los Jueces y Magistrados de instancia, también lo es que la Sala de lo Constitucional en varios fallos también ha dejado sentada su posición en el sentido de que la intervención del Juez Constitucional se dará en aquellos casos en que la decisiones de los órganos jurisdiccionales, se hayan tomado contraviniendo Garantías Constitucionales; expuesto lo anterior esta Sala concluye que en el caso de merito las razones fácticas y jurídicas esgrimidas tanto por el A-quo como el Ad-quem no es conforme a Ley, pues en su resolución se han vulnerado los derechos de los recurrente a tener un Debido Proceso y una Tutela Judicial Efectiva.-CONSIDERANDO (14): Que la jurisprudencia de los tribunales Constitucionales ha considerando la estrecha relación que existe entre la vigencia de los derechos económicos sociales y culturales y la de los derechos civiles y políticos, por cuanto las diferentes categorías de derechos constituyen un todo indisoluble que encuentra su base en el reconocimiento de la dignidad de la persona humana, por lo cual exigen una tutela y promoción permanente con el objeto de lograr su vigencia plena, sin que jamás pueda justificarse la violación de unos en aras de la realización de otros[20]. Recordando que, con arreglo a la Declaración Universal de Derechos Humanos y a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sólo puede realizarse el ideal del ser humano libre, exento del temor y de la miseria, si se crean condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto como de sus derechos civiles y políticos[21].-CONSIDERANDO (15): Que esta Sala ha sostenido en previas decisiones,[22] que toda resolución o sentencia debe reunir los requisitos de fondo, de congruencia, y exhaustividad, a fin de asegurar la vigencia de los presupuestos que consolidan la garantía del debido proceso. Como sabemos, la congruencia se refiere a la obligación de dar respuesta a las alegaciones de las partes en forma clara y precisa, es decir la relación entre las pretensiones y el fallo propiamente dicho. Así, la congruencia supone atenerse a lo pedido por las partes, dando respuesta el juzgador mediante una exposición coherente y lógica, de tal suerte que su criterio quede explicado y comprendido con facilidad[23]. La exhaustividad se refiere a la obligación del juzgador de abordar todos y cada uno de los extremos sometidos a su conocimiento por las partes, en ese sentido, el fallo deberá ser proferido de tal manera que no deje de dar respuesta a los extremos planteados.-CONSIDERANDO (16): Que esta Sala ha insistido que el derecho a la tutela judicial efectiva comporta como contenido esencial y primario, el de obtener de los órganos jurisdiccionales integrantes del Poder Judicial, una resolución razonada y fundada en derecho. Esta Sala a su vez ha puntualizado en varios de sus fallos[24], que la falta de motivación por sí sola enerva la garantía del debido proceso y la tutela judicial efectiva, atendiendo a que ésta garantiza la obtención de una resolución debidamente motivada, ya sea ésta favorable o adversa a los intereses de quien insta la actuación jurisdiccional[25].-CONSIDERANDO (17): Que vista la sentencia objeto de estudio se advierte que la misma no llega a cumplir los requisitos de congruencia y exhaustividad a que aludimos, toda vez que no da respuesta concreta a todas las alegaciones del recurrente. Esta Sala logra advertir que la motivación del Ad-Quem se halla escasa en algunas de sus consideraciones, omitiendo, como bien lo ha afirmando el impetrante, referente a una alegada ausencia de indicio racional en el tipo penal, para lo cual presentó al Tribunal de Apelación sus argumentos, mismos que no fueron objeto de pronunciamiento por parte de la Alzada, la cual limitó su decisión a los hechos que fueron opuestos.-CONSIDERANDO (18): Que esta Sala considera constitucionalmente inaceptable que los ciudadanos y las ciudadanas que se encuentran en la situación de las y los peticionarios sean simplemente privadas de los medios materiales de su trabajo de subsistencia, sin que la autoridad municipal realice un ofrecimiento alterno que satisfaga sus necesidades en forma efectiva; siendo que es deber de esta Sala la tutela de la eficaz protección de los derechos humanos, como son los derechos a la dignidad, igualdad, trabajo, alimentación, entre otros, que quedarían mermados a simples aspiraciones si el juez constitucional permitiera un proceso de invisibilización de los vendedores informales en pro de una estética urbana y de cierto bienestar colectivo, tomando en cuenta que esto seria contrario a los pilares del Estado Constitucional hondureño y a la igualdad material que hace sostienen dicho sistema, lo cual exige a las autoridades municipales implementar políticas públicas para disminuir las desigualdades sociales[26].-CONSIDERANDO (19): Que esta Sala debe de indicar que los bienes de uso público, pertenecen al espacio público, siendo inalienables, imprescriptibles e inembargables, teniendo una naturaleza jurídica que implica que los particulares no pueden ejercer derechos reales sobre dichos bienes, independientemente del paso del tiempo, no pueden alegarse derechos adquiridos. Cabe definir que el espacio público es una derecho compuesto de bienes inmuebles públicos destinados a la satisfacción del interés general y la utilización colectiva, por lo que son ajenos a cualquier acto de comercio y no pueden formar parte de bienes privados ni a bienes de entera propiedad del Estado, porque su objetivo es la mejora de la calidad de la vida de los habitantes del país, por lo que tienen libre acceso.-CONSIDERANDO (20): Que la Sala debe de aclarar que la protección e integridad del espacio público es deber del Estado, además de asegurar que su destino sea el uso común, por encima del interés particular, así que cuando un sector social incurra en el abuso de dicho espacio, el Estado debe de instar por su recuperación, debiéndose sujetar los ciudadanos y las ciudadanas en general a asumir los mandamientos legales que regulen el debido aprovechamiento del espacio público, tomando en cuenta que la invasión de estos espacios puede conducir al cierre de establecimientos de comercio, el difícil acceso a ellas e incluso el favorecimiento de actividades ilícitas, por lo que suele existir una importancia de la recuperación, también para armonizar los derechos constitucionales de dos diferentes esferas sociales, siendo uno de las partes, de las personas que pagan sus impuestos, utilizan servicios públicos, representan una fuente de empleos para otras personas, mientras que por otra parte, tenemos el caso de una situación de personas que invaden el espacio público, en un difícil situación socioeconómica, caso de relevancia constitucional, ya que la marginación, la exclusión e informalidad de esa labor, son causa para que esa población incurra en la invasión a fin de acceder a un sustento económico que les permita vivir en dignidad, satisfaciendo sus necesidades básicas.-CONSIDERANDO (21): Que en el caso in examine es necesario advertir la aquiescencia u omisión de la Alcaldía de Intibucá, al iniciar el proceso de recuperación del espacio público, a través de un proceso penal de desalojo, estos ya contaban con permisos de operaciones proporcionados por la propia Alcaldía, situación que no se puede desconocer, ya que los afectados gozan de una confianza legitima en su situación jurídica irregular, que los legitima a que el Estado de Honduras no genere una situación en la que puedan quedar en extrema vulnerabilidad; se observa que el desalojo solo seria una propagación de la pobreza para esta población en especifico.-CONSIDERANDO (22): Que esta presunción de legitimación del uso de un bien público solo se exterioriza con conductas objetivamente concluyentes al tolerar el uso del bien público para el ejercicio de su actividad laboral, pruebas de esas conductas pueden ser por ejemplo, las licencias o permisos otorgados, así como promesas a un grupo especifico y determinable de la realización de un proyecto. Esta legitimación que se reconoce en sede constitucional consiste en proteger a los ciudadanos que se vean vulnerados frente a los cambios bruscos de las autoridades municipales.-CONSIDERANDO (23): Que se debe de aclarar que las personas que ocupen de forma irregular zonas públicas no les asiste per se y a priori un derecho adquirido del espacio público, en virtud de la aquiescencia del Estado, esto motivado a la naturaleza de dichos bienes; lo que si poseen las personas que logren acreditar una legitimación de utilización de un bien público, es que el Estado les brinde las garantías suficientes para que el ciudadano se estabilice frente al desplazamiento, esto ultimo lo puede lograr a través de acciones de la administración pública, cuando desarrolle planes y políticas de contingencia, que permitan minimizar el daño, ponderando la existencia de los derechos en conflicto.-CONSIDERANDO (24): Que se considera que vulnera la confianza legitima de las y los ciudadanos cuando se realizan desalojos de forma inesperada, sin un trámite administrativo que realice un análisis de las circunstancias de las personas afectas y sin programas, políticas públicas o gestiones para reubicar a los desalojados. La reubicación debe de asegurar que las personas desplazadas puedan seguir laborando, ya que no es posible dejar sin opciones a quienes de buena fe han ocupado durante un tiempo considerable un espacio público. Cabe señalar que la reubicación no es la única alternativa, pudiéndose adoptar medidas distintas o alternas, las cuales dependerán de los presupuestos, los planes de desarrollo y las políticas que estén autorizadas para la administración central y municipal, pero esta Sala ve necesario estimar que no observa que las medidas de protección deban equivaler a una indemnización ni a una reparación.-CONSIDERANDO (25): Que va finalizando con la ponderación que realiza la Sala de lo Constitucional entre la protección del interés general de preservar el espacio público frente al particular de los comerciantes o vendedores informales, para ello hay que aclarar que no debe de observarse que estos grupos en situación de vulneración se opongan al bienestar común, por lo que la ponderación se presta para un equilibrio de la protección de ambos derechos, desde una protección de efectividad de ambos. Lo anterior se logra con una política pública que integre, un tiempo necesario y razonable para garantizar a las personas en condición precaria, la posibilidad de afrontar las nuevas condiciones a que son expuestos.-CONSIDERANDO (26): Que como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Constitución y el resto del ordenamiento jurídico, observa que las consideraciones de la resolución venida en Amparo no tutela los derechos constitucionales que los quejosos alegan vulnerados, por todo lo antes expuesto procede conforme a Derecho OTORGA el Recurso amparo interpuesto.-POR TANTO: La Sala Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, en aplicación de los artículos 15, 59, 62, 90, 95 183, 303, 313 No.5, y 316, de la Constitución de la República; artículos 1, 11, 78 No. 5, 132 y 145 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; artículos 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 9 No. 2, 41, 54, 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; artículos 11 del Código Procesal Penal; artículos 8 y 25 de La Convención Americana de Derechos Humanos; artículos 8 y 10 de La Declaración Universal de los Derechos Humanos; artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Artículo IV de La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. FALLA: OTORGAR el Recurso de Amparo interpuesto por el abogado José Santos Ortiz Castillo a favor del Grupo Indígena Lenca, asimismo de los señores Jeremías Díaz, Elmer Josué Díaz Urquia, Maricela Villanueva y otras 35 ciudadanas y ciudadanos más, contra la resolución dictada por Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, Departamento De Comayagua, en fecha veinticinco de abril de dos mil dieciséis, que declaró Sin Lugar un recurso de apelación. Y MANDA: Que con la certificación de este fallo remita los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.-

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los dieciocho (18) días del mes de octubre del año dos mil diecisiete (2017), Certificación de la Sentencia de fecha nueve (9) de agosto del año dos mil diecisiete (2017) recaída en el Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 0409-2016.- Firma y sello

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1] Ver las Sentencias emitida por esta Sala de lo Constitucional en los expedientes SCO-0406-2013 AA, SCO-1343-2014 acumulado con el SCO-0243-2015 RI, SCO-1031-2014 ACC, SCO-0140-2015 ACC, SCO-0423-2013 AL, entre otras.

[2] Ver Considerando ocho (8) de la Sentencia de esta Sala en los expedientes acumulados SCO-1343-2014 y SCO-243-2015 RI, dictada el 22 de abril de dos mil quince.

[3] Ver Sentencia de los expedientes acumulados SCO-1343-2014 y SCO-0243-2015,

[4] Ver considerando nueve (9) de la Sentencia ya referida.

[5] Corte IDH. Baena Ricardo y otros vs. Panamá. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de dos de febrero de 2001. Serie C No. 72, párr. 106.

[6] Corte IDH. Castillo Petruzzi y otros vs. Perú. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 30 de mayo de 1999. Serie C No. 52, párr. 121.

[7] Ver Sentencia de la Corte Constitucional de la República de Colombia SC-1165/00.

[8] Ídem.

[9] AP 259-12; AAC-802-14;

[10] C. Rodríguez-Aguilera. La Sentencia. Pags. 54-55

[11] APC 631-12; AP 21-11; APC 91-11; AC 94-11

[12] L. Alfredo De Diego Díez. El Derecho A La Tutela Judicial Efectiva. Pag. 56

[13] Ver sentencia T-772 de 2003 de la Corte Constitucional de Colombia.

[14] Ver las Sentencias emitida por esta Sala de lo Constitucional en los expedientes SCO-0406-2013 AA, SCO-1343-2014 acumulado con el SCO-0243-2015 RI, SCO-1031-2014 ACC, SCO-0140-2015 ACC, SCO-0423-2013 AL, entre otras.

[15] Ver Considerando ocho (8) de la Sentencia de esta Sala en los expedientes acumulados SCO-1343-2014 y SCO-243-2015 RI, dictada el 22 de abril de dos mil quince.

[16] Ver Sentencia de los expedientes acumulados SCO-1343-2014 y SCO-0243-2015,

[17] Ver considerando nueve (9) de la Sentencia ya referida.

[18] Corte IDH. Baena Ricardo y otros vs. Panamá. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de dos de febrero de 2001. Serie C No. 72, párr. 106.

[19] Corte IDH. Castillo Petruzzi y otros vs. Perú. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 30 de mayo de 1999. Serie C No. 52, párr. 121.

[20] Ver Sentencia de la Corte Constitucional de la República de Colombia SC-1165/00.

[21] Ídem.

[22] AP 259-12; AAC-802-14;

[23] C. Rodríguez-Aguilera. La Sentencia. Pags. 54-55

[24] APC 631-12; AP 21-11; APC 91-11; AC 94-11

[25] L. Alfredo De Diego Díez. El Derecho A La Tutela Judicial Efectiva. Pag. 56

[26] Ver sentencia T-772 de 2003 de la Corte Constitucional de Colombia.