Sentencia AP-397-16 — Registro 6846
Resumen
Recurso de amparo interpuesto contra resolución que revoca la resolución que desestimó incidente de nulidad planteado por la defensa en la audiencia inicial,declaró nulo allanamiento practicado en la vivienda de imputado y todo lo que de él se desprendió, e ilegal detención imputado, y sin valor ni efecto el auto de formal procesamiento en relación al delito de Posesión Ilegal de Arma y confirmó el auto de formal procesamiento por el delito de Homicidio
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"CONSIDERANDO: Que este Tribunal del estudio del acto impugnado, estima que la peticionaria se limita a formular alegatos propios de instancia, pues de los autos se aprecia que la resolución impugnada resuelve declarar ha lugar parcialmente el recurso de apelación, revoca la resolución mediante la cual se desestimó el incidente de nulidad planteado por la defensa en la audiencia inicial, y declaró nulo el allanamiento y registro practicado por efectivos policiales de la vivienda del imputado y nulo todo lo que de él se desprendió, declarando ilegal la detención del señor JOSÉ ABELINO BRIZUELA RAMÍREZ, dejando sin valor ni efecto el auto de formal procesamiento decretado contra el señor Brizuela Ramírez por el delito de Posesión Ilegal De Arma, y confirmando el auto de formal procesamiento que por el delito de HOMICIDIO se decretó al imputado.- CONSIDERANDO: Que esta Sala aprecia consecuentemente, que el Ad-Quem, no ha hecho sino aplicar el ordenamiento jurídico vigente y ajustable al asunto que resolvió, en estricto apego a las garantías que la ley reconoce.- CONSIDERANDO: Que este Tribunal estima que la resolución del Ad-Quem contiene la motivación suficiente, cumpliendo ésta con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetándose durante la tramitación del proceso penal de mérito, el derecho de petición, defensa y el debido proceso al que se someten las partes.- CONSIDERANDO: Que esta Sala no advierte que con la resolución impugnada se violente, lesione o se atente contra la garantía del debido proceso o contra los demás derechos y garantías que reconoce la Constitución de la República.- CONSIDERANDO: Que conforme lo dispone el Artículo 46 Numeral 1º. de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es improcedente el recurso de amparo, cuando se aleguen violaciones de mera legalidad.- CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos. El conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, resulta oportuno cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones, propias de instancia, corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio.- CONSIDERANDO: Que el Juez o Tribunal rechazará la demanda de amparo que fuere improcedente y sobreseerá las diligencias tan pronto como conste la causal de su improcedencia, como acontece en el caso de autos.- CONSIDERANDO: Que este alto Tribunal advierte, de las cuestiones planteadas por la recurrente, que éstas resultan ser alegaciones de mera legalidad, propias de la instancia procesal ordinaria que resolvió el asunto que nos ocupa, no pudiendo discernirse de sus planteamientos que se haya vulnerado garantía constitucional alguna y siendo que el presente asunto correspondía ser conocido y resuelto por la justicia ordinaria como queda dicho, lo cual ha hecho sin que haya mediado arbitrariedad, desafuero o trasgresión alguna a derechos constitucionales corresponde, conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo 46 numeral 1), procede sobreseer el recurso de mérito, toda vez que el órgano jurisdiccional recurrido se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como se ha relacionado ya, sin que preceda disminución alguna de los derechos y garantías constitucionales que amparan a la quejosa."
Legislación citada
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 46, numeral 1 (Decreto)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, las Resoluciones que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, cinco de mayo de dos mil diecisiete.- Visto el recurso de amparo interpuesto por la Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES SECCIONAL DE SANTA ROSA DE COPÁN, DEPARTAMENTO DE COPÁN, el veinticinco de febrero de dos mil dieciséis, que resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE LA ENTRADA, DEPARTAMENTO DE COPÁN, el veinticinco de noviembre de dos mil quince; con relación a la causa instruida contra el señor JOSÉ ABELINO BRIZUELA RAMÍREZ por suponerlo responsable del delito de HOMICIDIO SIMPLE, en perjuicio de la señora ERMELINDA VILLEDA PINEDA; y TENENCIA ILEGAL DE ARMAS, en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS.- CONSIDERANDO: Que del estudio del escrito de interposición se aprecia que la recurrente invoca como violado el derecho al debido proceso y el principio de legalidad contenidos en los artículos 90 y 321 de la Constitución de la República.- CONSIDERANDO: Que este Tribunal del estudio del acto impugnado, estima que la peticionaria se limita a formular alegatos propios de instancia, pues de los autos se aprecia que la resolución impugnada resuelve declarar ha lugar parcialmente el recurso de apelación, revoca la resolución mediante la cual se desestimó el incidente de nulidad planteado por la defensa en la audiencia inicial, y declaró nulo el allanamiento y registro practicado por efectivos policiales de la vivienda del imputado y nulo todo lo que de él se desprendió, declarando ilegal la detención del señor JOSÉ ABELINO BRIZUELA RAMÍREZ, dejando sin valor ni efecto el auto de formal procesamiento decretado contra el señor Brizuela Ramírez por el delito de POSESIÓN ILEGAL DE ARMA, y confirmando el auto de formal procesamiento que por el delito de HOMICIDIO se decretó al imputado.- CONSIDERANDO: Que esta Sala aprecia consecuentemente, que el Ad-Quem, no ha hecho sino aplicar el ordenamiento jurídico vigente y ajustable al asunto que resolvió, en estricto apego a las garantías que la ley reconoce.- CONSIDERANDO: Que este Tribunal estima que la resolución del Ad-Quem contiene la motivación suficiente, cumpliendo ésta con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetándose durante la tramitación del proceso penal de mérito, el derecho de petición, defensa y el debido proceso al que se someten las partes.- CONSIDERANDO: Que esta Sala no advierte que con la resolución impugnada se violente, lesione o se atente contra la garantía del debido proceso o contra los demás derechos y garantías que reconoce la Constitución de la República.- CONSIDERANDO: Que conforme lo dispone el Artículo 46 Numeral 1º. de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es improcedente el recurso de amparo, cuando se aleguen violaciones de mera legalidad.- CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos. El conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, resulta oportuno cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones, propias de instancia, corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio.- CONSIDERANDO: Que el Juez o Tribunal rechazará la demanda de amparo que fuere improcedente y sobreseerá las diligencias tan pronto como conste la causal de su improcedencia, como acontece en el caso de autos.- CONSIDERANDO: Que este alto Tribunal advierte, de las cuestiones planteadas por la recurrente, que éstas resultan ser alegaciones de mera legalidad, propias de la instancia procesal ordinaria que resolvió el asunto que nos ocupa, no pudiendo discernirse de sus planteamientos que se haya vulnerado garantía constitucional alguna y siendo que el presente asunto correspondía ser conocido y resuelto por la justicia ordinaria como queda dicho, lo cual ha hecho sin que haya mediado arbitrariedad, desafuero o trasgresión alguna a derechos constitucionales corresponde, conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo 46 numeral 1), procede sobreseer el recurso de mérito, toda vez que el órgano jurisdiccional recurrido se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como se ha relacionado ya, sin que preceda disminución alguna de los derechos y garantías constitucionales que amparan a la quejosa.- POR TANTO: LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, por UNANIMIDAD DE VOTOS, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los Artículos 92, 183, 303, 304, 313 atribución 5ª., y 316 de la Constitución de la República; 410 numeral 1 del Código Penal; 295 del Código Procesal Penal; 5, 7, 46 numeral 1) y 119 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: SOBRESEER el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES SECCIONAL DE SANTA ROSA DE COPÁN, DEPARTAMENTO DE COPÁN, el veinticinco de febrero de dos mil dieciséis, en virtud de haberse advertido la concurrencia de la causal de inadmisibilidad establecida en el artículo 46 numeral 1º de la Ley Sobre Justicia Constitucional, toda vez que el órgano jurisdiccional recurrido se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como se ha relacionado ya, sin que preceda disminución alguna de los derechos y garantías constitucionales que amparan a la quejosa; Y MANDA: Que una vez firme la presente resolución, se proceda a devolver los autos al lugar de su procedencia con certificación de lo resuelto, para los efectos legales consiguientes y en definitiva se archiven las presentes diligencias. NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, diecinueve de junio de dos mil diecisiete.- VISTO: el recurso de reposición interpuesto por la Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO contra la resolución dictada por esta Sala el cinco de mayo de dos mil diecisiete, mediante la cual se declaró inadmisible el recurso de amparo presentado por el recurrente a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES SECCIONAL DE SANTA ROSA DE COPÁN, DEPARTAMENTO DE COPÁN, el veinticinco de febrero de dos mil dieciséis, que resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE LA ENTRADA, DEPARTAMENTO DE COPÁN, el veinticinco de noviembre de dos mil quince; con relación a la causa instruida contra el señor JOSÉ ABELINO BRIZUELA RAMÍREZ por suponerlo responsable del delito de HOMICIDIO SIMPLE, en perjuicio de la señora ERMELINDA VILLEDA PINEDA; y TENENCIA ILEGAL DE ARMAS, en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS.- CONSIDERANDO: Que la Sala, el cinco de mayo de dos mil diecisiete, ha pronunciado en forma motivada las razones por la que consideró procedente declarar inadmisible el presente recurso de amparo.- CONSIDERANDO: Que esta Sala encuentra que tales razonamientos se encuentran apegados a derecho y no advierte que puedan establecerse razones de fondo o forma para proceder a su enmienda, por lo que resulta oportuno declarar sin lugar el recurso de reposición que se ha interpuesto.- POR TANTO: LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD DE VOTOS y haciendo aplicación de los artículos 59, 80, 82, 90, 183, 303, 304, 313 atribución 5ª. Y 316 de la Constitución de la República; 119 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, RESUELVE: DECLARAR SIN LUGAR el recurso de reposición interpuesto por la Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO contra la resolución dictada por esta Sala el cinco de mayo de dos mil diecisiete, por no existir razones de fondo o forma para proceder a su enmienda. Y MANDA: Que la Secretaría del Despacho notifique lo resuelto al recurrente para los efectos legales que en derecho correspondan y se proceda al archivo de las presentes diligencias. NOTIFIQUESE.-
Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cuatro (4) días del mes de septiembre del año dos mil diecisiete (2017), certificación de las Resoluciones de fecha cinco (5) de mayo y diecinueve (19) de junio del año dos mil diecisiete (2017) respectivamente, recaídas en el Recurso de Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 0397-2016.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, las Resoluciones que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, cinco de mayo de dos mil diecisiete.- Visto el recurso de amparo interpuesto por la Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES SECCIONAL DE SANTA ROSA DE COPÁN, DEPARTAMENTO DE COPÁN, el veinticinco de febrero de dos mil dieciséis, que resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE LA ENTRADA, DEPARTAMENTO DE COPÁN, el veinticinco de noviembre de dos mil quince; con relación a la causa instruida contra el señor JOSÉ ABELINO BRIZUELA RAMÍREZ por suponerlo responsable del delito de HOMICIDIO SIMPLE, en perjuicio de la señora ERMELINDA VILLEDA PINEDA; y TENENCIA ILEGAL DE ARMAS, en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS.- CONSIDERANDO: Que del estudio del escrito de interposición se aprecia que la recurrente invoca como violado el derecho al debido proceso y el principio de legalidad contenidos en los artículos 90 y 321 de la Constitución de la República.- CONSIDERANDO: Que este Tribunal del estudio del acto impugnado, estima que la peticionaria se limita a formular alegatos propios de instancia, pues de los autos se aprecia que la resolución impugnada resuelve declarar ha lugar parcialmente el recurso de apelación, revoca la resolución mediante la cual se desestimó el incidente de nulidad planteado por la defensa en la audiencia inicial, y declaró nulo el allanamiento y registro practicado por efectivos policiales de la vivienda del imputado y nulo todo lo que de él se desprendió, declarando ilegal la detención del señor JOSÉ ABELINO BRIZUELA RAMÍREZ, dejando sin valor ni efecto el auto de formal procesamiento decretado contra el señor Brizuela Ramírez por el delito de POSESIÓN ILEGAL DE ARMA, y confirmando el auto de formal procesamiento que por el delito de HOMICIDIO se decretó al imputado.- CONSIDERANDO: Que esta Sala aprecia consecuentemente, que el Ad-Quem, no ha hecho sino aplicar el ordenamiento jurídico vigente y ajustable al asunto que resolvió, en estricto apego a las garantías que la ley reconoce.- CONSIDERANDO: Que este Tribunal estima que la resolución del Ad-Quem contiene la motivación suficiente, cumpliendo ésta con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetándose durante la tramitación del proceso penal de mérito, el derecho de petición, defensa y el debido proceso al que se someten las partes.- CONSIDERANDO: Que esta Sala no advierte que con la resolución impugnada se violente, lesione o se atente contra la garantía del debido proceso o contra los demás derechos y garantías que reconoce la Constitución de la República.- CONSIDERANDO: Que conforme lo dispone el Artículo 46 Numeral 1º. de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es improcedente el recurso de amparo, cuando se aleguen violaciones de mera legalidad.- CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos. El conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, resulta oportuno cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones, propias de instancia, corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio.- CONSIDERANDO: Que el Juez o Tribunal rechazará la demanda de amparo que fuere improcedente y sobreseerá las diligencias tan pronto como conste la causal de su improcedencia, como acontece en el caso de autos.- CONSIDERANDO: Que este alto Tribunal advierte, de las cuestiones planteadas por la recurrente, que éstas resultan ser alegaciones de mera legalidad, propias de la instancia procesal ordinaria que resolvió el asunto que nos ocupa, no pudiendo discernirse de sus planteamientos que se haya vulnerado garantía constitucional alguna y siendo que el presente asunto correspondía ser conocido y resuelto por la justicia ordinaria como queda dicho, lo cual ha hecho sin que haya mediado arbitrariedad, desafuero o trasgresión alguna a derechos constitucionales corresponde, conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo 46 numeral 1), procede sobreseer el recurso de mérito, toda vez que el órgano jurisdiccional recurrido se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como se ha relacionado ya, sin que preceda disminución alguna de los derechos y garantías constitucionales que amparan a la quejosa.- POR TANTO: LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, por UNANIMIDAD DE VOTOS, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los Artículos 92, 183, 303, 304, 313 atribución 5ª., y 316 de la Constitución de la República; 410 numeral 1 del Código Penal; 295 del Código Procesal Penal; 5, 7, 46 numeral 1) y 119 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: SOBRESEER el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES SECCIONAL DE SANTA ROSA DE COPÁN, DEPARTAMENTO DE COPÁN, el veinticinco de febrero de dos mil dieciséis, en virtud de haberse advertido la concurrencia de la causal de inadmisibilidad establecida en el artículo 46 numeral 1º de la Ley Sobre Justicia Constitucional, toda vez que el órgano jurisdiccional recurrido se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como se ha relacionado ya, sin que preceda disminución alguna de los derechos y garantías constitucionales que amparan a la quejosa; Y MANDA: Que una vez firme la presente resolución, se proceda a devolver los autos al lugar de su procedencia con certificación de lo resuelto, para los efectos legales consiguientes y en definitiva se archiven las presentes diligencias. NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, diecinueve de junio de dos mil diecisiete.- VISTO: el recurso de reposición interpuesto por la Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO contra la resolución dictada por esta Sala el cinco de mayo de dos mil diecisiete, mediante la cual se declaró inadmisible el recurso de amparo presentado por el recurrente a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES SECCIONAL DE SANTA ROSA DE COPÁN, DEPARTAMENTO DE COPÁN, el veinticinco de febrero de dos mil dieciséis, que resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE LA ENTRADA, DEPARTAMENTO DE COPÁN, el veinticinco de noviembre de dos mil quince; con relación a la causa instruida contra el señor JOSÉ ABELINO BRIZUELA RAMÍREZ por suponerlo responsable del delito de HOMICIDIO SIMPLE, en perjuicio de la señora ERMELINDA VILLEDA PINEDA; y TENENCIA ILEGAL DE ARMAS, en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS.- CONSIDERANDO: Que la Sala, el cinco de mayo de dos mil diecisiete, ha pronunciado en forma motivada las razones por la que consideró procedente declarar inadmisible el presente recurso de amparo.- CONSIDERANDO: Que esta Sala encuentra que tales razonamientos se encuentran apegados a derecho y no advierte que puedan establecerse razones de fondo o forma para proceder a su enmienda, por lo que resulta oportuno declarar sin lugar el recurso de reposición que se ha interpuesto.- POR TANTO: LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD DE VOTOS y haciendo aplicación de los artículos 59, 80, 82, 90, 183, 303, 304, 313 atribución 5ª. Y 316 de la Constitución de la República; 119 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, RESUELVE: DECLARAR SIN LUGAR el recurso de reposición interpuesto por la Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO contra la resolución dictada por esta Sala el cinco de mayo de dos mil diecisiete, por no existir razones de fondo o forma para proceder a su enmienda. Y MANDA: Que la Secretaría del Despacho notifique lo resuelto al recurrente para los efectos legales que en derecho correspondan y se proceda al archivo de las presentes diligencias. NOTIFIQUESE.-
Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.- Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cuatro (4) días del mes de septiembre del año dos mil diecisiete (2017), certificación de las Resoluciones de fecha cinco (5) de mayo y diecinueve (19) de junio del año dos mil diecisiete (2017) respectivamente, recaídas en el Recurso de Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 0397-2016.- Firma y Sello
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
Secretario Sala Constitucional