Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia AP-384-17 — Registro 10404

Resumen

Acto recurrido que otorgó recurso de amparo contra el auto dictado por el a-quo, con relación a la causa instruida contra el Señor Marco Antonio Nieto Garcia, por suponerlo responsable del Delito de Violacion en perjuicio de testigo protegido “Azah. ( En Consulta)

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…" Que sometida a estudio la sentencia en consulta, la Sala de lo Constitucional observa que el fallo garantiza el Debido Proceso, Derecho de Defensa, Tutela Judicial Efectiva y es coherente con aspectos sustantivos del Debido Proceso, relacionados con los criterios de proporcionalidad, pertinencia, utilidad y confiabilidad objetiva de los medios de prueba, con la aplicación de protección a los testigos, considerando la magnitud del delito acusado, mismo que está comprendido dentro del catalogó de delitos considerados graves, por lo que es racional el temor fundado de la testigo-ofendida, así como que los juzgadores deberán actuar sujetos a la ley, observando y aplicando el artículo 59 Constitucional, que dispone: “La persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado todos tienen la obligación de respetarla y protegerla….” Sumado a lo anterior el Código Procesal Penal en su articulo 5 señala: la “Protección de lo Intervinientes en el Proceso. El estado por medio de sus órganos competentes, brindará de oficio asistencia y protección a las victimas, testigos y demás intervinientes en el proceso que lo requieran.” A la vez la misma ley adjetiva en su artículo 237 reformado nos habla de la Protección de Testigos..." ..." razonando en el caso concreto porque la jurisdicción ordinaria debe admitir el medio de prueba testifical bajo protección completa, resultando del estudio que reúne los requisitos exigidos por la norma procesal. Por lo que en defensa de los derechos constitucionales la Sala considera procedente confirmar la sentencia venida en consulta..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-Tegucigalpa, M. D. C., treinta de noviembre de dos mil diecisiete.-VISTA: En Consulta las diligencias que contiene la Sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha veinticinco (25) de abril de dos mil diecisiete (2017), que otorgó el recurso de amparo interpuesto por la Abogada DILMA JUDITH MEJIA GONZALES a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra el auto dictado por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Francisco Morazán, en fecha quince (15) de julio de dos mil dieciséis (2016), con relación a la causa instruida contra el Señor MARCO ANTONIO NIETO GARCIA, por suponerlo responsable del delito de VIOLACION en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO “AZAH”. Estimando la recurrente que la decisión del Tribunal de Sentencias, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 62, 82 Y 90 de la Constitución de la República.-ANTECEDENTES:1) Que en fecha quince (15) de agosto de dos mil diecisiete (2017), la Abogada DILMA JUDITH MEJIA GONZALES a favor del ESTADO DE HONDURAS, compareció ante la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, interponiendo Recurso de Amparo contra la resolución de fecha quince (15) de junio de dos mil dieciséis (2016), dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán; por considerar que la misma atenta contra los derechos contemplados en los artículos 62, 82 Y 90 de la Constitución de la República. (Folios 1–8 al de la pieza de Corte de apelaciones).-2) Que en fecha veinticinco (25) de abril de dos mil diecisiete (2017), luego de seguido el trámite que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la referida Corte de Apelaciones, Falla: (SIC) “PRIMERO: OTORGANDO la Acción interpuesta por el Ministerio Público a favor del TESTIGO PROTEGIDO AZAH, contra la resolución de fecha quince de julio de dos mil dieciséis, dictada por la Sala Quinta del Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en el proceso instruido contra el señor MARCO ANTONIO NIETO GARCIA por suponerlo responsable a titulo de autor del delito de VIOLACION;…” (Folios 38–40 al de la pieza de Corte de Apelaciones).-3) Que en fecha diecinueve (19) de mayo de dos mil diecisiete (2017), este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, dando así estricto cumplimiento a lo previsto por el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.-CONSIDERANDO:(1) Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Así mismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada “para que se declare en casos concretos, que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable, por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución.-CONSIDERANDO (2): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer en Consulta los recursos de amparo conocidos por las Cortes de Apelaciones acorde a lo establecido en el artículo 68 párrafo segundo, relacionado con el artículo 10 de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.-CONSIDERANDO (3): Que se conoce en consulta la sentencia de fecha veinticinco de abril del año dos mil diecisiete, dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, mediante la cual se OTORGA el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada DILMA JUDITH MEJIA GONZALES, actuando en su condición de representante del Ministerio Público, contra actuaciones del Tribunal de Sentencia de la ciudad de Tegucigalpa, Francisco Morazán, a favor del ESTADO DE HONDURAS, en relación a la causa instruida contra el señor MARCO ANTONIO NIETO GARCIA, por suponerlo responsable del delito de VIOLACION, en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO “AZAH”.- CONSIDERANDO (4): Que el Ad quem, expresa: “…, los delitos contra la libertad sexual, principalmente el de Violación es el más grave de ellos, causa en la víctima efectos terriblemente dañinos que incluso en muchos casos le cambia su personalidad por el grado de afectación y estragos que en ellas produce, tanto más cuanto que, en casos como el presente, el delito, según la imputación de los cargos, lo perpetró el sujeto activo como agresor, mediante violencia y la amenaza con arma de fuego hacia las ofendidas; razones estas más que suficientes para entender y poder apreciar racionalmente que en el sub examine existe un peligro grave para la persona del testigo-víctima como consecuencia del testimonio que habrá de prestar, por lo que es obligación del Estado prestar las medidas adecuadas.-En ese orden de ideas, negar esa protección en la forma que lo ha negado la Sala Quinta del Tribunal de Sentencia de la Sección judicial de Tegucigalpa, es un inequívoco ultraje al derecho de defensa que no solo opera a favor de los imputados sino de todos los intervinientes en el proceso; así como tal actuación reprochable del órgano jurisdiccional hoy recurrido, constituye una afrenta al derecho a la vida, a la libertad sexual y a la seguridad de las víctimas, al igual que al debido proceso que franquea aquellas medidas de protección que hoy se le niegan”. Señalando que por lo expuesto en el caso particular resalta el ultraje a las garantías constitucionales invocadas por el recurrente, por lo que otorgó la Acción de amparo interpuesto por el Ministerio Público.-CONSIDERANDO (5): Que sometida a estudio la sentencia en consulta, la Sala de lo Constitucional observa que el fallo garantiza el Debido Proceso, Derecho de Defensa, Tutela Judicial Efectiva y es coherente con aspectos sustantivos del Debido Proceso, relacionados con los criterios de proporcionalidad, pertinencia, utilidad y confiabilidad objetiva de los medios de prueba, con la aplicación de protección a los testigos, considerando la magnitud del delito acusado, mismo que esta comprendido dentro del catalogó de delitos considerados graves, por lo que es racional el temor fundado de la testigo-ofendida, así como que los juzgadores deberán actuar sujetos a la ley, observando y aplicando el artículo 59 Constitucional, que dispone: “La persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado todos tienen la obligación de respetarla y protegerla….” Sumado a lo anterior el Código Procesal Penal en su articulo 5 señala: la “Protección de lo Intervinientes en el Proceso. El estado por medio de sus órganos competentes, brindará de oficio asistencia y protección a las victimas, testigos y demás intervinientes en el proceso que lo requieran.” A la vez la misma ley adjetiva en su artículo 237 reformado nos habla de la Protección de Testigos que instruye lo siguiente: “Cuando se aprecie fundamento racional de que existe peligro grave para una persona, sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y según de afinidad, cónyuge o compañero de hogar o sus bienes, como consecuencia de su intervención en el proceso penal como denunciante, victima, testigo o perito se encuentre en las condiciones de vulnerabilidad descritos en el articulo 237-A del presente Código, el Órgano Jurisdiccional, de oficio, a petición de parte o por manifestación de las personas que se encuentren en riesgo, ordenará la adopción de una o varias medidas de protección que se estime conveniente….” En consecuencia con el mismo celo con que se garantizan los derechos del imputado, así habrá de actuar el Tribunal de Sentencia en relación a la persona de los testigos protegidos, recordándoles nuevamente que el derecho a la vida es inviolable, así como el respeto a la integridad física, psíquica y moral de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 65 y 68 Constitucionales, y son precisamente estos derechos entre otros los que se protegen y garantizan con la protección de testigos, en tal virtud el legislador ha previsto la figura de protección de testigos como se ha hecho alusión y que el órgano jurisdiccional no debe desconocer. Al valorar estos aspectos puntuales, desde una perspectiva fundada en el Derecho Constitucional, no se ha hecho sino atender el objeto de controversia en el que debe prevalecer los derechos y garantías que franquea la ley, tanto para el acusado como para las víctimas, testigos y peritos y cualquier otro interviniente en el proceso, a manera de garantizar un proceso justo conforme al Debido Proceso y a una Tutela Judicial Efectiva. Siendo así, tal como ha fundamentado su fallo el Ad quem, resulta meritorio la confirmación de la sentencia que otorga el amparo solicitado; es indudable que se ha proveído de argumentación suficiente, acorde a los principios generales de la lógica y con fundamento en derecho, del porque el Ad quem ha dado prevalencia a uno de los intereses jurídicos sometidos a la ponderación, razonando en el caso concreto porque la jurisdicción ordinaria debe admitir el medio de prueba testifical bajo protección completa, resultando del estudio que reúne los requisitos exigidos por la norma procesal. Por lo que en defensa de los derechos constitucionales la Sala considera procedente confirmar la sentencia venida en consulta.-POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los Artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 1, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 11 Declaración Universal de los Derechos Humanos; 1, 59, 80, 82, 90, 303, 304, 313 No. 5) y 321 de la Constitución de la República; 1º y 78 atribución 5ª de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 5, 237 Reformado del Código Procesal Penal, y; 1, 2, 3 numeral 2), 5, 9, 41, 45, 48, 49, 51, 63, 68, 69 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: CONFIRMANDO la resolución dictada por la Corte de apelaciones de lo Penal del departamento de Francisco Morazán, de fecha veinticinco de abril del año dos mil diecisiete. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a la Autoridad recurrida para los efectos legales consiguientes.- Redactó el Magistrado SERRANO VILLANUEVA.-NOTIFÍQUESE.-Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los ocho (8) días del mes de febrero del año dos mil dieciocho (2018), Certificación de la Sentencia de fecha treinta de noviembre del año dos mil diecisiete, recaída en el Amparo Penal Venido en Consulta , registrado en este Tribunal bajo el número 0384-2017.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-Tegucigalpa, M. D. C., treinta de noviembre de dos mil diecisiete.-VISTA: En Consulta las diligencias que contiene la Sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha veinticinco (25) de abril de dos mil diecisiete (2017), que otorgó el recurso de amparo interpuesto por la Abogada DILMA JUDITH MEJIA GONZALES a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra el auto dictado por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Francisco Morazán, en fecha quince (15) de julio de dos mil dieciséis (2016), con relación a la causa instruida contra el Señor MARCO ANTONIO NIETO GARCIA, por suponerlo responsable del delito de VIOLACION en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO “AZAH”. Estimando la recurrente que la decisión del Tribunal de Sentencias, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 62, 82 Y 90 de la Constitución de la República.-ANTECEDENTES:1) Que en fecha quince (15) de agosto de dos mil diecisiete (2017), la Abogada DILMA JUDITH MEJIA GONZALES a favor del ESTADO DE HONDURAS, compareció ante la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, interponiendo Recurso de Amparo contra la resolución de fecha quince (15) de junio de dos mil dieciséis (2016), dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán; por considerar que la misma atenta contra los derechos contemplados en los artículos 62, 82 Y 90 de la Constitución de la República. (Folios 1–8 al de la pieza de Corte de apelaciones).-2) Que en fecha veinticinco (25) de abril de dos mil diecisiete (2017), luego de seguido el trámite que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la referida Corte de Apelaciones, Falla: (SIC) “PRIMERO: OTORGANDO la Acción interpuesta por el Ministerio Público a favor del TESTIGO PROTEGIDO AZAH, contra la resolución de fecha quince de julio de dos mil dieciséis, dictada por la Sala Quinta del Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en el proceso instruido contra el señor MARCO ANTONIO NIETO GARCIA por suponerlo responsable a titulo de autor del delito de VIOLACION;…” (Folios 38–40 al de la pieza de Corte de Apelaciones).-3) Que en fecha diecinueve (19) de mayo de dos mil diecisiete (2017), este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, dando así estricto cumplimiento a lo previsto por el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.-CONSIDERANDO:(1) Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Así mismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada “para que se declare en casos concretos, que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable, por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución.-CONSIDERANDO (2): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer en Consulta los recursos de amparo conocidos por las Cortes de Apelaciones acorde a lo establecido en el artículo 68 párrafo segundo, relacionado con el artículo 10 de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.-CONSIDERANDO (3): Que se conoce en consulta la sentencia de fecha veinticinco de abril del año dos mil diecisiete, dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, mediante la cual se OTORGA el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada DILMA JUDITH MEJIA GONZALES, actuando en su condición de representante del Ministerio Público, contra actuaciones del Tribunal de Sentencia de la ciudad de Tegucigalpa, Francisco Morazán, a favor del ESTADO DE HONDURAS, en relación a la causa instruida contra el señor MARCO ANTONIO NIETO GARCIA, por suponerlo responsable del delito de VIOLACION, en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO “AZAH”.- CONSIDERANDO (4): Que el Ad quem, expresa: “…, los delitos contra la libertad sexual, principalmente el de Violación es el más grave de ellos, causa en la víctima efectos terriblemente dañinos que incluso en muchos casos le cambia su personalidad por el grado de afectación y estragos que en ellas produce, tanto más cuanto que, en casos como el presente, el delito, según la imputación de los cargos, lo perpetró el sujeto activo como agresor, mediante violencia y la amenaza con arma de fuego hacia las ofendidas; razones estas más que suficientes para entender y poder apreciar racionalmente que en el sub examine existe un peligro grave para la persona del testigo-víctima como consecuencia del testimonio que habrá de prestar, por lo que es obligación del Estado prestar las medidas adecuadas.-En ese orden de ideas, negar esa protección en la forma que lo ha negado la Sala Quinta del Tribunal de Sentencia de la Sección judicial de Tegucigalpa, es un inequívoco ultraje al derecho de defensa que no solo opera a favor de los imputados sino de todos los intervinientes en el proceso; así como tal actuación reprochable del órgano jurisdiccional hoy recurrido, constituye una afrenta al derecho a la vida, a la libertad sexual y a la seguridad de las víctimas, al igual que al debido proceso que franquea aquellas medidas de protección que hoy se le niegan”. Señalando que por lo expuesto en el caso particular resalta el ultraje a las garantías constitucionales invocadas por el recurrente, por lo que otorgó la Acción de amparo interpuesto por el Ministerio Público.-CONSIDERANDO (5): Que sometida a estudio la sentencia en consulta, la Sala de lo Constitucional observa que el fallo garantiza el Debido Proceso, Derecho de Defensa, Tutela Judicial Efectiva y es coherente con aspectos sustantivos del Debido Proceso, relacionados con los criterios de proporcionalidad, pertinencia, utilidad y confiabilidad objetiva de los medios de prueba, con la aplicación de protección a los testigos, considerando la magnitud del delito acusado, mismo que esta comprendido dentro del catalogó de delitos considerados graves, por lo que es racional el temor fundado de la testigo-ofendida, así como que los juzgadores deberán actuar sujetos a la ley, observando y aplicando el artículo 59 Constitucional, que dispone: “La persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado todos tienen la obligación de respetarla y protegerla….” Sumado a lo anterior el Código Procesal Penal en su articulo 5 señala: la “Protección de lo Intervinientes en el Proceso. El estado por medio de sus órganos competentes, brindará de oficio asistencia y protección a las victimas, testigos y demás intervinientes en el proceso que lo requieran.” A la vez la misma ley adjetiva en su artículo 237 reformado nos habla de la Protección de Testigos que instruye lo siguiente: “Cuando se aprecie fundamento racional de que existe peligro grave para una persona, sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y según de afinidad, cónyuge o compañero de hogar o sus bienes, como consecuencia de su intervención en el proceso penal como denunciante, victima, testigo o perito se encuentre en las condiciones de vulnerabilidad descritos en el articulo 237-A del presente Código, el Órgano Jurisdiccional, de oficio, a petición de parte o por manifestación de las personas que se encuentren en riesgo, ordenará la adopción de una o varias medidas de protección que se estime conveniente….” En consecuencia con el mismo celo con que se garantizan los derechos del imputado, así habrá de actuar el Tribunal de Sentencia en relación a la persona de los testigos protegidos, recordándoles nuevamente que el derecho a la vida es inviolable, así como el respeto a la integridad física, psíquica y moral de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 65 y 68 Constitucionales, y son precisamente estos derechos entre otros los que se protegen y garantizan con la protección de testigos, en tal virtud el legislador ha previsto la figura de protección de testigos como se ha hecho alusión y que el órgano jurisdiccional no debe desconocer. Al valorar estos aspectos puntuales, desde una perspectiva fundada en el Derecho Constitucional, no se ha hecho sino atender el objeto de controversia en el que debe prevalecer los derechos y garantías que franquea la ley, tanto para el acusado como para las víctimas, testigos y peritos y cualquier otro interviniente en el proceso, a manera de garantizar un proceso justo conforme al Debido Proceso y a una Tutela Judicial Efectiva. Siendo así, tal como ha fundamentado su fallo el Ad quem, resulta meritorio la confirmación de la sentencia que otorga el amparo solicitado; es indudable que se ha proveído de argumentación suficiente, acorde a los principios generales de la lógica y con fundamento en derecho, del porque el Ad quem ha dado prevalencia a uno de los intereses jurídicos sometidos a la ponderación, razonando en el caso concreto porque la jurisdicción ordinaria debe admitir el medio de prueba testifical bajo protección completa, resultando del estudio que reúne los requisitos exigidos por la norma procesal. Por lo que en defensa de los derechos constitucionales la Sala considera procedente confirmar la sentencia venida en consulta.-POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los Artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 1, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 11 Declaración Universal de los Derechos Humanos; 1, 59, 80, 82, 90, 303, 304, 313 No. 5) y 321 de la Constitución de la República; 1º y 78 atribución 5ª de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 5, 237 Reformado del Código Procesal Penal, y; 1, 2, 3 numeral 2), 5, 9, 41, 45, 48, 49, 51, 63, 68, 69 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: CONFIRMANDO la resolución dictada por la Corte de apelaciones de lo Penal del departamento de Francisco Morazán, de fecha veinticinco de abril del año dos mil diecisiete. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a la Autoridad recurrida para los efectos legales consiguientes.- Redactó el Magistrado SERRANO VILLANUEVA.-NOTIFÍQUESE.-Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.-Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los ocho (8) días del mes de febrero del año dos mil dieciocho (2018), Certificación de la Sentencia de fecha treinta de noviembre del año dos mil diecisiete, recaída en el Amparo Penal Venido en Consulta , registrado en este Tribunal bajo el número 0384-2017.- Firma y Sello

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL