Sentencia AP-342-16 — Registro 6608
Resumen
Sentencia desestimó recurso de amparo contra la resolución que decretó auto de prisión contra el imputado por suponerlo responsable del delito de portación ilegal de arma prohibida en perjuicio de la seguridad interior del Estado ello en base al artículo 332-A del código penal
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."esta Sala aprecia que el debido proceso, no se ha quebrantado, el Tribunal de Alzada ha motivando suficientemente su sentencia de manera coherente y acorde a la JURISPRUDENCIA en la materia que nos ocupa dictada por la SALA DE LO PENAL en consecuencia jurisprudencia, de LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, de la cual se desprende inclusive la existencia de jurisprudencia consolidada, pacifica y consistente, en sus sentencias CP.148=2012 de fecha 2 de junio de 2015; S.P. No. 467=2012 de fecha 22 de septiembre del 2014, y; SP No. 246-2013 de fecha 25 de noviembre del año 2015; todas las cuales arriban a la conclusión unánime que las armas artesanales son consideradas prohibidas, si bien la tipificación penal de los Artículos 332-A y 332-B no es taxativa respecto a en cual de los dos Artículos debe taxativamente configurarse el ilícito, emergiendo como un criterio diferenciador de orden objetivo el tipo de munición que emplee el arma artesanal objeto del delito. Es claro de la lectura de las referidas sentencias se desprende el uso de munición de calibre comercial en una arma artesanal funcional, comporta un menor potencial de lesionar bienes jurídicos como la vida e integridad corporal, como son las armas automáticas de guerra o de combate, como lo es el fusil de asalto Marca Kalashnikov año 1947 más conocido como AK-47..."..."Que todo lo anteriormente expuesto, concurre a fundamentar en doctrina legal y jurisprudencia porque no es posible entrar a un análisis a fondo en cuanto a la procedencia o no de la acción constitucional de amparo en el caso bajo estudio, la cual ha incurrido por ende en causal cierta de inadmisibilidad determinada por el numeral 1) del Artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, como resulta efectivamente del estudio del caso. - En consecuencia, procede declarar la inadmisibilidad de la misma y dictar el sobreseimiento de la presente acción de Amparo..."
Legislación citada
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 46, 1 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA; SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintisiete de enero de dos mil diecisiete. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada SUSSY G. COELLO GARCÍA a favor del ESTADO DE HONDURAS contra la sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES SECCIONAL DE SANTA ROSA DE COPÁN, DEPARTAMENTO DE COPÁN, en fecha veinticinco de febrero de dos mil dieciséis, que desestimó el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público, contra la resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE LA ENTRADA, NUEVA ARCADIA, DEPARTAMENTO DE COPÁN, en fecha veintiséis de enero de dos mil dieciséis, con relación a la causa instruida contra el señor JOSÉ LUIS BUESO LUNA por suponerlo responsable del delito de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMA PROHIBIDA en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS. Estima la recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representado los Artículos 90 y 321 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES
- Que en fecha veintinueve de diciembre de dos mil quince, compareció ante el JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE LA ENTRADA, NUEVA ARCADIA, DEPARTAMENTO DE COPÁN, la Abogada TANIA MARIA HERNANDEZ MEJIA, actuando en su condición de Agente Fiscal del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal contra el señor JOSÉ LUIS BUESO LUNA a quien se le acusa como responsable a titulo de autor del delito de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMA PROHIBIDA en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS. (Folios 1-4 de la pieza del A-quo) 2) Que seguido el procedimiento de ley correspondiente, el referido Juzgado, en fecha veintiséis de enero de dos mil dieciséis, resolvió: “Decretar AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO contra JOSE LUIS BUESO LUNA por suponerlo responsable del delito de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMA COMERCIAL, en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, hecho ocurrido el día lunes veintiocho de diciembre del año dos mil quince, en el barrio San José de esta ciudad de La Entrada, Copán; imponiéndosele la medida cautelar de presentación obligatoria los días viernes de cada semana y la prohibición de salir del país. Asimismo se ORDENA: 1.-Se notifique la presente providencia al imputado, al representante del Ministerio Público, la Defensa.-NOTIFIQUESE A LAS PARTES EL PRESENTE AUTO.”. (Folios del 18-19 de la pieza del A-quo) 3) Que conociendo del recurso de apelación interpuesto por la Abogada BLANCA NERY MEJIA, en su condición de de Fiscal del Ministerio Público, contra la resolución relacionada el inciso que antecede, la CORTE DE APELACIONES SECCIONAL DE SANTA ROSA DE COPÁN, DEPARTAMENTO DE COPÁN, en fecha veinticinco de febrero de dos mil dieciséis, dictó sentencia en la que falló:“PRIMERO: DESESTIMA el recurso de apelación; SEGUNDO: CONFIRMA EL AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO dictado por el Juzgado de Letras Seccional de La Entrada, Nueva Arcadia Copán, contra el señor JOSÉ LUIS BUESO LUNA, por el delito de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMA COMERCIAL, en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS…” (Folios del 3-4 de la pieza del Ad-quem) 4) Que la recurrente Abogada SUSSY G. COELLO GARCÍA compareció ante este Tribunal en fecha doce de abril de dos mil dieciséis, interponiendo acción de amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, afirmando que la decisión del Ad-quem, de fecha veinticinco de febrero de dos mil dieciséis, es violatoria de lo dispuesto en los Artículos 90 y 321 de la Constitución de la República. 5) Que en fecha tres de junio de dos mil dieciséis, la Sala tuvo por formalizada la acción de mérito, omitiéndose la vista de los autos al Fiscal del Despacho, de conformidad a lo establecido por el Artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación al Artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO DOS (2): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 constitucional concordado con el Artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO TRES (3): Que se conoce en Amparo la sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES SECCIONAL DE SANTA ROSA DE COPÁN, DEPARTAMENTO DE COPÁN, en fecha veinticinco de febrero de dos mil dieciséis, que desestimó el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público, contra la resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE LA ENTRADA, NUEVA ARCADIA, DEPARTAMENTO DE COPÁN, en fecha veintiséis de enero de dos mil dieciséis, con relación a la causa instruida contra el señor JOSÉ LUIS BUESO LUNA por suponerlo responsable del delito de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMA PROHIBIDA en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS. CONSIDERANDO CUATRO (4): Que en la formalización del recurso por parte de la demandante de amparo, la Agente de Tribunales del Ministerio Público, SUSSY G. COELLO GARCÍA, se expresa que el precepto constitucional que ha sido vulnerado con dicha resolución es el garantizado en los Artículos 82, 90 y 321 de la Constitución de la República; bajo la consideración argumentativa que la materialización de este Derecho de rango constitucional, conlleva a la práctica el absoluto respeto a las formalidades legales cuando se lleva a cabo el juzgamiento de a quienes se les atribuya la comisión de un hecho delictivo, lo cual implica necesariamente respeto al principio de tutela judicial efectiva y al principio de legalidad. Que en tal sentido es claro que la totalidad de armas de fabricación casera, se trata de armas para las cuales el Estado no prevé una posibilidad de registrar, y por ende, legislar. Y que por tanto no pueden ser comprendidas dentro del ámbito del Artículo 7 (de la Ley de Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros Similares), el cual contempla efectivamente cuales son las armas que serán tenidas por comerciales. Y que acorde a lo sostenido analíticamente por el amparista, puede decirse que el uso y portación de armas de fabricación casera o artesanal es un delito comprendido en el Código Penal, cuya intencionalidad por el bajo costo que reviste su fabricación artesanal puede ser eludir con mayor facilidad los controles estatales, dicho esto al margen del calibre que tenga capacidad de percutir, pues en todo caso no podrán ser inscritas en el Registro Estatal correspondiente, lo que determina que no son comerciales, sino prohibidas, y que su marco legal correspondiente es el del Artículo 332-A del Código Penal, que regula el uso y portación de armas no comerciales, sino armas prohibidas. La aplicación inadecuada de la norma penal constituye una flagrante violación al debido proceso, mismo que reclama que la conclusión por sentencia de todo proceso debe respetar al menos ciertos principios constitucionales vinculados a una verdadera administración de justicia, entre las cuales se encuentra el derecho a la debida motivación, sin embargo como se ha dicho la resolución emitida por el Ad-Quem, se basa en la apreciaciones erróneas referentes a la aplicación de una norma de manera equivocada, de ahí que se estime que una resolución que carece de las adecuadas motivaciones para adquirir la convicción en las partes respecto a la conclusión arribada en la cual se decide el fondo del asunto. Asimismo se incurre en la violación al principio de legalidad., al emitir una sentencia aplicando una norma inadecuada al caso sometido al conocimiento de la Corte de Apelaciones. CONSIDERANDO CINCO (5): Que se tuvo por formalizado en tiempo y forma el amparo de mérito, omitiéndose la vista de los autos al Fiscal del Despacho, ordenándose continuar con el trámite de ley correspondiente; con fundamento en los Artículos 54, 56 y 119 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 37 de la Ley del Ministerio Público; 12 inciso c) del Reglamento interno de la Sala de lo Constitucional. CONSIDERANDO SEIS (6): En tal sentido, se deja así fundamentado por el peticionario de amparo, que existe una flagrante violación al debido proceso y al concepto garantista de tutela judicial efectiva, solicitando en tal concepto se efectivice la figura jurídica de la Garantía de Amparo, a manera permitir se materialice el derecho de acceso a la justicia, corrigiendo un desafuero como el expuesto, la cual debe otorgarse por estar la petición apegada a derecho. CONSIDERANDO SIETE (7): Vistos los antecedentes del caso, la Sala de lo Constitucional resuelve así la demanda de amparo promovida por el Ministerio Público, el cual alega se emitió en el respectivo proceso el dictado de una resolución no apegada al derecho legalmente aplicable, como es el Artículo 332-A del Código Penal. CONSIDERANDO OCHO (8): Que asimismo acorde al estudio realizado en los antecedentes y en la resolución recurrida, esta Sala aprecia que el debido proceso, no se ha quebrantado, el Tribunal de Alzada ha motivando suficientemente su sentencia de manera coherente y acorde a la JURISPRUDENCIA en la materia que nos ocupa dictada por la SALA DE LO PENAL en consecuencia jurisprudencia, de LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, de la cual se desprende inclusive la existencia de jurisprudencia consolidada, pacifica y consistente, en sus sentencias CP.148=2012 de fecha 2 de junio de 2015; S.P. No. 467=2012 de fecha 22 de septiembre del 2014, y; SP No. 246-2013 de fecha 25 de noviembre del año 2015; todas las cuales arriban a la conclusión unánime que las armas artesanales son consideradas prohibidas, si bien la tipificación penal de los Artículos 332-A y 332-B no es taxativa respecto a en cual de los dos Artículos debe taxativamente configurarse el ilícito, emergiendo como un criterio diferenciador de orden objetivo el tipo de munición que emplee el arma artesanal objeto del delito. Es claro de la lectura de las referidas sentencias se desprende el uso de munición de calibre comercial en una arma artesanal funcional, comporta un menor potencial de lesionar bienes jurídicos como la vida e integridad corporal, como son las armas automáticas de guerra o de combate, como lo es el fusil de asalto Marca Kalashnikov año 1947 más conocido como AK-47. CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre las partes o entre una parte y el Estado mismo, siempre que sea ante el órgano jurisdiccional competente con imputación y tipificación correcta. CONSIDERANDO DIEZ (10): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; no consiste en querer que el órgano jurisdiccional comparta el criterio, como lo desea la parte, como parece entenderlo la recurrente; sino que es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. CONSIDERANDO ONCE (11): Que el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque la actora tuvo acceso a las audiencias sin traba alguna, en ellas alegó lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y al final se obtuvo una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico - jurídica realizada por la Corte de Apelaciones en su Sentencia y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues con la disparidad de criterios que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales. CONSIDERANDO DOCE (12): Que todo lo anteriormente expuesto, concurre a fundamentar en doctrina legal y jurisprudencia porque no es posible entrar a un análisis a fondo en cuanto a la procedencia o no de la acción constitucional de amparo en el caso bajo estudio, la cual ha incurrido por ende en causal cierta de inadmisibilidad determinada por el numeral 1) del Artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, como resulta efectivamente del estudio del caso. - En consecuencia, procede declarar la inadmisibilidad de la misma y dictar el sobreseimiento de la presente acción de Amparo. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, POR UNANIMIDAD DE VOTOS de sus miembros y haciendo aplicación de los Artículos número: 1, 59, 60, 80, 90, 93, 183, 303, 304, 313 atribución 5ta., 316 numeral 1, y 321 de la Constitución de la República; 1, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, y; 1, 2, 3 numeral segundo, 5, 7, 8, 9 numeral tercero, 41, 45, 46 numeral 1), 63 y 120 de la Ley de Justicia Constitucional.- FALLA: SOBRESEYENDO la Garantía Constitucional de Amparo de que se ha hecho mérito.- Y MANDA: Que con certificación de esta sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado ZELAYA ZALDAÑA. NOTIFIQUESE. Firmas y Sello. Abogada LIDIA ALVAREZ SAGASTUME, MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.-Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecisiete días del mes de febrero del año dos mil diecisiete, certificación de la sentencia de fecha veintiuno de enero del año dos mil diecisiete, recaída en el Recurso de Amparo Penal bajo el número SCO-0342-2016.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL