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Sentencia AP-329-16 — Registro 10312

Resumen

Sentencia declaró sin lugar recurso de apelación contra resolución dictada por juzgado de primera instancia que dictó sobreseimiento provisional a favor de recurrente y revocó medidas cautelares; en apelación de oficio se revocó resolución apelada y ordenó al juzgado de primera instancia dictar sobreseimiento definitivo a favor de recurrente por el delito de portación ilegal de armas comercial en perjuicio de la seguridad interior del Estado de Honduras

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…”La Sala de lo Constitucional al analizar los argumentos de la garantista en contraposición a lo establecido por la corte de apelaciones, arriba a la decisión de denegar la garantía constitucional de amparo de la que se hace mérito, en virtud de las siguientes consideraciones. Este alto tribunal de justicia observa que la pretensión de la fiscal para alegar el quebrantamiento del principio de legalidad se basa en que el ad quem dictó sobreseimiento definitivo a favor del ciudadano DELMER ESTEBAN ORTIZ ORTIZ quien había sido inculpado por el Ministerio Público por el delito de portación ilegal de arma comercial, en aplicación del decreto legislativo número 184-2013 de fecha uno de septiembre de dos mil trece, ampliado mediante los decretos legislativos números 63-2014 y 60-2015. De acuerdo al alegato que presenta la amparista, se colige que su pretensión no es tanto que se le garantice un derecho contenido en la Constitución o instrumentos internacionales de derechos humanos que son parte del derecho interno hondureño, sino que se establezca si en el caso concreto le es aplicable el decreto que amplía a los ciudadanos el tiempo para que pueda inscribir su arma comercial, A juicio de este alto tribunal de justicia, el examen que pretende la garantista no corresponde a la jurisdicción constitucional, porque no se circunscribe dentro del ámbito de aplicación del artículo 183 constitucional ut supra citado…”…”La pretensión de la fiscal con la presente garantía de amparo, es conforme a su desarrollo un alegato de instancia, que no tiene cabida en el ámbito de la justicia constitucional. Corresponde al juez de justicia ordinaria penal, determinar la existencia del delito de conformidad a los elementos de tipo contenidos en la ley. Por todas las razones que se han apuntado, cabe señalar que no es de recibo la garantía constitucional de amparo, debiendo ser ésta sobreseída por constituirse como violación de mera legalidad..”…”…”La Sala de lo Constitucional en esta oportunidad fue del criterio que mientras durase la vigencia de los decretos (184-2013 y 63-2014), carecen de positividad todas las conductas tipificadas en el artículo 332-B del Código Penal, como consecuencia del periodo de “veda” o de gracia, que fue efectivo del cinco de octubre de dos mil trece hasta el cinco de octubre de dos mil catorce; por lo tanto durante ese tiempo, el Misterio Público debía de abstenerse de entablar acción penal para su sanción, por no constituir delitos, sino hasta el vencimiento de los plazos ya previstos; sin embargo reconoce que el espíritu de los decretos no era despenalizar las conductas tipificadas como delitos en el artículo 332-B, ni mucho menos el de permitir la comisión de un delito con la vigencia del decreto;…”…”esta Sala concluye que la decisión del ad quem, objeto del recurso, se ajusta a las garantías y requisitos de un debido proceso, ya que el imputado … fue aprehendido el treinta de julio de dos mil catorce, fecha comprendida dentro del año de veda contenida en el precitado decreto, razones suficientes para deslegitimar al Ministerio Público para presentar requerimiento fiscal. En ese sentido, a criterio de la Sala, el sobreseimiento definitivo es procedente….”…”En relación con los decretos (184-2013 y 63-2014), la Sala de lo Constitucional estableció que en dicho caso de mérito, no concurre el efecto que producen estos decretos. Es decir el conceder a la ciudadanía un tiempo de veda para acudir a inscribir las armas de fuego de tipo comercial y entregar las armas prohibidas, sin enfrentar ninguna consecuencia jurídica. Agrega que dichos decretos no despenalizan bajo ningún concepto la portación ilegal, ni tiene por finalidad permitir la impunidad de esta tipología de delitos de peligro abstracto. El resultado del amparo entonces es que continúe el proceso penal…”…”la disputa judicial se relaciona con el sentido y alcance de la normativa contenida en los decretos legislativos números 184-2013 y 63-2014; para lo cual, tanto las partes procesales como los juzgadores, han vertido opinio iuris, haciendo uso de diversos métodos de interpretación legal. Ahora bien dilucidar dicho asunto hermenéutico, no corresponde a la jurisdicción constitucional. Aclarar si las conductas tipificadas como delitos por el artículo 332 A y B del Código Penal son derecho sustantivo vigente y que existe ius puniendi del Estado para su juzgamiento no le corresponde a la Sala de lo Constitucional. ..”…” el hecho de que este alto tribunal de justicia admita o rechace el argumento del Ministerio Público, en cuanto a la no despenalización de los delitos contenidos en el artículo 332 A y B del Código Penal, tiene como efecto inmediato pronunciarse sobre el sentido y alcance de los decretos legislativos números 184-2013 y 63-2014, lo cual como se ha explicado sería un pronunciamiento de instancia, y por ende ajeno al objeto del amparo…”…”La pretensión de la fiscal con la presente garantía de amparo, es conforme a su desarrollo un alegato de instancia, que no tiene cabida en el ámbito de la justicia constitucional. Corresponde al juez de justicia ordinaria penal, determinar la existencia del delito de conformidad a los elementos de tipo contenidos en la ley. Por todas las razones que se han apuntado, cabe señalar que no es de recibo la garantía constitucional de amparo,…”…”estima procedente declarar con lugar la reposición solicitada para el sólo efecto de reponer el decisum de la sentencia dictada en fecha dieciséis de mayo de dos mil diecisiete…”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia y Resolución que literalmente dicen: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, dieciséis de mayo de dos mil diecisiete.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por la abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por La Corte Segunda de Apelaciones de la Sección Judicial de la Ceiba, departamento de Atlántida en fecha diez (10) de febrero del año dos mil dieciséis (2016), que declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Tocoa, departamento de Colon, en fecha catorce (14) de agosto del año dos mil quince(2015); en la causa instruida contra el señor DELMER ESTEBAN ORTIZ ORTIZ, por suponerlo responsable del delito de PORTACION ILEGAL DE ARMAS, en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS.- afirmando la recurrente que la decisión del Ad-quem, es violatoria de lo dispuesto en el artículos 304 Y 321 de la Constitución de la República.- ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha veinticinco (25) de julio del año dos mil quince(2015), compareció ante el Juzgado de Letras Seccional de Tocoa, departamento de Colón, la Abogada ANA IVETH AMADOR ANDINO, actuando en su condición de fiscal del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal, contra DELMER ESTEBAN ORTIZ ORTIZ, por suponerlo responsable del delito de PORTACION ILEGAL DE ARMAS, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS.- (Folios 1 al 3 de la pieza del Juzgado).- 2) Que en fecha catorce (14) de agosto del año dos mil quince (2015), el Juzgado instructor, en Audiencia Inicial “Resuelve: 1.- Dictar UN SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL, a favor del imputado DELMER ESTEBAN ORTIZ ORTIZ, por el delito de PORTACION ILEGAL DE ARMAS, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS.- 2- REVOCAR LAS MEDIDAS CAUTELARES, impuestas en audiencia de declaración de imputado…” (Folios 9 al 11 de la pieza del Juzgado).- 3) Que en fecha diez (10) de febrero del año dos mil dieciséis (2016) la Corte Segunda de Apelaciones de la Sección Judicial de la Ceiba departamento de Atlántida FALLA:” Primero: No Ha Lugar al Recurso de Apelación interpuesto por la Representación del Ministerio Público como apelante contra la resolución de fecha Catorce (14) de agosto del año dos mil quince (2015) dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Tocoa, Colón en el proceso seguido a Delmer Esteban Ortiz Ortiz por un delito de Portación Ilegal de Armas Comercial, en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras.- Segundo: De oficio REVOCA la resolución de fecha catorce (14) de agosto del dos mil quince (2015), relacionada en base a las consideraciones establecidas por esta corte.- Tercero: Que el Juzgado de Letras Seccional de Tocoa, Colón dicte el Sobreseimiento Definitivo a favor del procesado Delmer Esteban Ortiz Ortiz, por el delito de Portación Ilegal de Armas Comercial …” (Folios 4 al 7 de la Pieza de Corte de Apelaciones)- 4) La recurrente abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, compareció ante este Tribunal, en fecha once (11) de abril del año dos mil dieciséis (2016), reclamando amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, afirmando la recurrente que la decisión del Ad-quem, de fecha diez(10) de febrero del año dos mil dieciséis (2016), es violatoria de lo dispuesto en los artículos 304 y 321 de la Constitución de la República.- 5) Que en fecha dieciséis (16) de Junio del año dos mil dieciséis (2016) , este alto Tribunal tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de amparo de mérito y a la vez omitió la vista de los antecedentes al fiscal del despacho, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público.- FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA.- CONSIDERANDO NÚMERO UNO (1). Sobre la garantía constitucional de amparo. Que de conformidad con el artículo 183 de la Constitución, la acción de amparo es una garantía constitucional, por lo que cualquier persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponerla, para los siguientes supuestos: a) que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute, de los derechos o garantías que la Constitución establece; o b) para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la constitución. Es decir constituye una garantía de restitución o mantenimiento de un derecho fundamental que esté contenido en la Constitución o instrumento internacional de derechos humanos adoptado como parte del derecho interno. Sea la vulneración actual o inminente, como producto de una omisión, acto o actuación del Estado o con su aquiescencia.- CONSIDERANDO NÚMERO DOS (2). Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales. Que la garantía de amparo constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[1], en relación con el artículo 25 de la misma convención[2] y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos humanos[3].- CONSIDERANDO NÚMERO TRES (3). Resumen de los alegatos de la garantista denunciando violación del principio de legalidad contenido en el artículo 321, en relación con el 304, ambos de la Constitución de la República. La censora al formalizar la presente garantía constitucional de amparo, expresa que el derecho constitucional quebrantado es el principio de legalidad del artículo 321 en relación con el 304, ambos constitucionales. La Sala al resumir los alegatos toma en cuenta que la petente impugna la resolución del ad quem porque se fundamentó en el decreto legislativo número 184-2013 de fecha uno de septiembre de dos mil trece, ampliado mediante el decreto legislativo número 63-2014 y 60-2015. Señala la petente que el Ministerio Público acreditó la plena prueba de haberse cometido el delito mencionado al presentar como elementos de prueba: el acta de registro personal y el acta de decomiso o secuestro de objetos. En dichos documentos se establece que al señor DELMER ESTEBAN ORTIZ ORTIZ se le decomisó un arma de fuego tipo pistola, sin calibre y serie determinada, sin que presentara documento alguno expedido por autoridad competente para portar dicha arma. El decomiso se produjo, tal como lo señaló el Ministerio Público al momento de presentar el requerimiento fiscal en contra del imputado, por agentes de la Policía Preventiva de la Comunidad de Isletas, Municipio de Sonaguera, Colon, cuando se encontraban realizando un patrullaje de rutina, en fecha 25 de julio de 2015, cuando observaron que el encausado quien se conducía en una bicicleta, le fue encontrada en la cintura una arma de fuego, por lo que el encausado fue detenido al no presentar la documentación del arma de fuego que le fue decomisada poniéndolo a la orden de la autoridad competente. Expresa que este hecho constituye delito de portación de arma comercial de conformidad al artículo 332-B del Código Penal. La amparista manifiesta que al analizar el contenido del artículo 2 del decreto legislativo número 184-2013, ampliado mediante decreto 63-2014 y 60-2015 considera que dicha disposición no constituye una despenalización de los delitos señalados en los artículos 332 A y B del Código Penal, sino que entiende que su único alcance es permitir que la persona, durante el tiempo allí establecido, no enfrente consecuencias al acudir a registrar su arma o entregar un arma prohibida; propósito que no ocurrió en el presente caso, en virtud de que el imputado fue encontrado en la posesión de un arma sin el permiso correspondiente; sumado a esto, agrega la garantista, no se acreditó ninguna razón fundamentada que permitiera considerar la existencia de actos tendientes al registro del arma que le fue encontrada; es decir acción del imputado que dé lugar a pensar que tuvo la intención dirigida a registrarla. Por todo ello la fiscal insiste en que el indiciado cometió el delito de portación ilegal de arma comercial, tipificado en el artículo 332-B del Código Penal, sin que esta conducta fuera despenalizada por el artículo 2 del decreto 184-2013. Explica que entonces se ha vulnerado el principio de legalidad, como límite del poder mediante el ordenamiento jurídico; por el cual el juez puede interpretar una norma, pero sólo para buscar su verdadero sentido. En el caso bajo estudio, expresa la petente, la vigencia del decreto legislativo número 184-2013 fue ampliada por seis meses más, mediante el decreto legislativo número 63-2014. Sin embargo acota la petente, la intención auténtica del legislador con el decreto de ampliación no fue la de despenalizar la acción delictiva cometida por el encausado.- CONSIDERANDO NÚMERO CUATRO (4). Resumen de la fundamentación jurídica de la resolución dictada por la honorable Corte Segunda de Apelaciones de la sección judicial del departamento de Atlántida que constituye el acto impugnado. El ad quem por unanimidad de votos dispuso mediante resolución de fecha diez de febrero de dos mil dieciséis, denegar el recurso de apelación interpuesto por la fiscalía en contra de la resolución de fecha catorce de agosto de dos mil quince, dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Tocoa, departamento de Colón; de oficio revocar la resolución dictada y ordena que el Juzgado de Letras Seccional de Tocoa, Departamento de Colón dicte un Sobreseimiento Definitivo a favor del procesado DELMER ESTEBAN ORTIZ ORTIZ por el Delito de Portación Ilegal de Arma Comercial en virtud de los argumentos que a continuación se exponen en forma resumida. El tribunal de alzada manifiesta que la finalidad del decreto 60-15 como los anteriores 184-13 y 63-2014, como decretos legislativos, no es regular las conductas penales, sino que fortalecer la seguridad a través del control estatal de la portación de armas, municiones y otros en el territorio nacional. Asimismo el Tribunal de Alzada establece que: “TERCERO: Desde el punto de vista procesal y del monopolio que la norma procesal le ha dado al Ministerio Publico para ejercitar la acción penal publica, tales decretos han venido a restringir la persecución penal del Ministerio Publico, es decir la actividad procesal en el delito es la que está vedada para el ente acusador público; como lo hacen la aplicación de medidas desjudicializadoras y alternas al proceso penal, que ya conocemos y que si revisamos vemos que cuando se aplican y cumplen el proceso penal o se suspende o se cierra definitivamente. Ante la aplicación de los relacionados decretos que afectan el ejercicio de la acción penal pública, concurre al proceso, falta de acción para acusar, en base a lo dispuesto en el artículo 46 de la norma procesal penal. En ningún momento la norma penal pierde vigencia o se anula (articulo 332-B), la figura penal siempre existe, con ese Decreto 60-2015 como los anteriores, la norma sustantiva sigue vigente lo que ha perdido es efectividad.- Tampoco hay violación al Principio de Legalidad Penal, regulado en el Articulo 1 del Código Penal (Derecho Sustantivo) porque este dispone que “nadie podrá ser penado por infracciones que no estén determinadas en una ley anterior a la perpetración del delito”.- El delito de Portación Ilegal de Arma Comercial ya esta previamente fijado en el Código Penal antes de que el procesado tuviese en su poder tal arma de fuego. CUARTO: El Decreto Legislativo 60-2015, publicado en La Gaceta en fecha ocho de septiembre del 2015, dispone en el Articulo 1 “Prorrogar a partir de la fecha de vencimiento del decreto 63-2014 de fecha diecinueve de agosto del 2014, la vigencia por un periodo hasta el 31 de diciembre del 2015, para toda persona que tenga en su poder cualquier tipo de arma comercial y no posea factura de venta de la Armería, proceda con …..a realizar los trámites correspondientes para dicho registro.- El decreto 63-2014 venció el seis de mayo del 2015, a partir de esa fecha adquiere vigencia este último decreto 60-2015, hasta el 31 de diciembre del 2015, los hechos del requerimiento tuvieron lugar en fecha veinticinco (25) de julio del 2015, entonces se encuentran bajo la vigencia extendida de dicho decreto.”- CONSIDERANDO NÚMERO CINCO (5). Examen practicado por la Sala de lo Constitucional para verificar la procedencia de la garantía de amparo de la que se hace mérito. La Sala de lo Constitucional al analizar los argumentos de la garantista en contraposición a lo establecido por la corte de apelaciones, arriba a la decisión de denegar la garantía constitucional de amparo de la que se hace mérito, en virtud de las siguientes consideraciones. Este alto tribunal de justicia observa que la pretensión de la fiscal para alegar el quebrantamiento del principio de legalidad se basa en que el ad quem dictó sobreseimiento definitivo a favor del ciudadano DELMER ESTEBAN ORTIZ ORTIZ quien había sido inculpado por el Ministerio Público por el delito de portación ilegal de arma comercial, en aplicación del decreto legislativo número 184-2013 de fecha uno de septiembre de dos mil trece, ampliado mediante los decretos legislativos números 63-2014 y 60-2015.[4] De acuerdo al alegato que presenta la amparista, se colige que su pretensión no es tanto que se le garantice un derecho contenido en la Constitución o instrumentos internacionales de derechos humanos que son parte del derecho interno hondureño, sino que se establezca si en el caso concreto le es aplicable el decreto que amplía a los ciudadanos el tiempo para que pueda inscribir su arma comercial, A juicio de este alto tribunal de justicia, el examen que pretende la garantista no corresponde a la jurisdicción constitucional, porque no se circunscribe dentro del ámbito de aplicación del artículo 183 constitucional ut supra citado. Dicha norma determina los supuestos en los que se encausan los motivos de amparo, teniendo ambas en común la protección de los derechos fundamentales contenidos en la Constitución de la República y los instrumentos internacionales de derechos humanos suscritos por el Estado hondureño. El principio de legalidad establecido en el artículo 321 constitucional es básico para la sostenibilidad del Estado de derecho, porque constituye el sometimiento de la autoridad a la ley; siendo por tanto un valladar que no permite la arbitrariedad y el abuso del poder público, de manera que protege a cada habitante o persona que se encuentra en el país. Dicho esto, se explica lo siguiente. La trasgresión del artículo 321 constitucional puede provocar la violación de un derecho fundamental, a la sazón: la libertad, la libre asociación, la educación, el debido proceso, etc. Estos derechos fundamentales, si pueden ser objeto de amparo, de conformidad a las vías ya expuestas del artículo 183 constitucional; pero la garantía de amparo no está prevista para defender la ley en sí. La pretensión de la fiscal con la presente garantía de amparo, es conforme a su desarrollo un alegato de instancia, que no tiene cabida en el ámbito de la justicia constitucional. Corresponde al juez de justicia ordinaria penal, determinar la existencia del delito de conformidad a los elementos de tipo contenidos en la ley. Por todas las razones que se han apuntado, cabe señalar que no es de recibo la garantía constitucional de amparo, debiendo ser ésta sobreseída por constituirse como violación de mera legalidad.- PARTE DISPOSITIVA O FALLO.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, y en aplicación de los artículos 90, 183,301, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1, 321 y 323 de la Constitución de la República; 1 y 78 No. 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3 No.2, 4 No.5, 41, 46 No.1, 63, y 114 de la Ley sobre Justicia Constitucional; FALLA: SOBRESEYENDO la garantía constitucional de amparo interpuesta por la fiscal, abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución de fecha diez de febrero de dos mil dieciséis dictada por la honorable Corte Segunda de Apelaciones de la sección judicial del departamento de Atlántida, mediante la cual declaró sin lugar el recurso de apelación, revoco de oficio la resolución dictada en fecha catorce de agosto del año dos mil quince por el honorable Juzgado de Letras Seccional de Tocoa, departamento de Colón, y ordeno dictar un sobreseimiento definitivo a favor del ciudadano DELMER ESTEBAN ORTIZ ORTIZ, quien había sido inculpado por el Ministerio Público por el delito de portación ilegal de arma comercial. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se remitan los antecedentes al tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado Edwin Francisco Ortez Cruz. NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, veintisiete de octubre de dos mil diecisiete.- Este alto tribunal de justicia, declara con lugar el recurso de reposición interpuesto en tiempo y forma contra la sentencia dictada en fecha dieciséis de mayo del presente año, mediante la cual se sobreseyó la garantía de amparo interpuesta en contra de la honorable Corte Segunda de Apelaciones de la sección judicial de la Ceiba del departamento de Atlántida, quien declaró no ha lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución de fecha catorce de agosto de dos mil quince, dictada por el honorable Juzgado de Letras seccional de Tocoa, departamento de Colón, con relación a la causa penal instruida en contra del ciudadano Delmer Esteban Ortiz Ortiz, por suponérsele responsable del delito de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMA DE FUEGO, en perjuicio de la seguridad interior del Estado de Honduras.- La presente decisión judicial se hace bajo la motivación siguiente: CONSIDERANDO UNO (1): Resumen del argumento de reposición. La abogada Sagrario Rosibel Gutiérrez, en su condición de agente de tribunales del Ministerio Público, interpuso recurso de reposición en fecha trece de junio del presente año en contra del fallo de fecha dieciséis de mayo del año en curso, que fuera proferido por este alto tribunal de justicia. Al hacerlo se fundamenta básicamente en lo siguiente: 1. Solicita que se falle el presente asunto de conformidad a la línea de doctrina legal desarrollada en las los fallos siguientes: a) AP-1104-2014, sentencia dictada en fecha treinta de septiembre de dos mil dieciséis. La Sala resuelve otorgar la acción de amparo al considerar con relación al decreto legislativo 184-2013: “…el espíritu de la ley manifestado en dicho decreto no es el de despenalizar los artículos correlativos del Código Penal, observa la Sala que con la puesta en vigencia de la referida veda por parte del Estado lo que se pretendería es motivar a la ciudadanía a que se haga efectivo su derecho a realizar el trámite de ley para obtener el registro del arma comercial en portación.” b) Amparos acumulados AP-241-2015; AP-351-2015; AP-365-2015; AP-370-2015; sentencia de fecha veintiséis de octubre de dos mil dieciséis que señala en sus considerandos nueve y diez lo siguiente: “…dicho decreto no despenaliza bajo ningún concepto la portación ilegal, ni tiene por finalidad permitir de esa tipología de delitos de peligro abstracto; sino que el fin expreso y taxativo del mismo es obtener el registro de armas de fuego en poder de los particulares, para efectos de su control formal por parte del Estado… que la puesta en vigencia de la llamada ‘veda’ por parte del Estado lo que se pretendía es motivar a la ciudadanía a que se hiciera efectivo el derecho a realizar el trámite de ley para el registro del arma….” c) Amparo AP-1124-2014, sentencia de fecha doce de diciembre de dos mil dieciséis que señala en su considerando diez lo siguiente: “… que el espíritu de la ley manifestado en dicho decreto no es el de despenalizar los artículos correlativos del Código Penal; contrario sensu esta Sala advierte que con la puesta en vigencia de la llamada “veda” por parte del Estado lo que se pretendía era motivar positivamente a la ciudadanía a que se hiciera efectivo su derecho a realizar el trámite de ley para obtener el registro del arma comercial en su posesión…” Por lo que la recurrente estima que no se puede considerar un alegato de instancia, pues se aprecia que el criterio planteado en la sentencia que se recurre en reposición, no es acorde con lo previamente establecido por la Sala en los fallos citados.- CONSIDERANDO DOS (2): Estudio y argumentación que sustenta la Sala para su decisión. Complementariedad de los dos motivos que sustentan la reposición. Diferentes líneas jurisprudenciales. Al examinar los argumentos esgrimidos en el recurso de reposición, este alto tribunal de justicia, observa que las dos imputaciones en contra de la sentencia de fecha veintiocho de febrero de dos mil diecisiete se complementan, por lo que su abordamiento se hará en forma simultánea. En el supuesto de contradicción, alegado por la fiscal, la Sala aclara que no obstante lo apuntado por ésta, su jurisprudencia en cuanto a la correcta aplicación de los decretos 184-2013 y 63-2014, no ha sido pacífica; tal como se demuestra a continuación con los siguientes fallos: a) La sentencia AP-0398-2014 de fecha veinte de abril de dos mil dieciséis, que denegó el amparo interpuesto por el Ministerio Público en contra de la resolución que confirma el sobreseimiento provisional dictado por el a quo; quedando sobreseído en forma provisional el delito de posesión ilegal de arma comercial. b) La sentencia AP-1104-2014 de fecha treinta de septiembre de dos mil dieciséis que otorga el amparo interpuesto por el Ministerio Público en contra de la revocatoria del auto de formal procesamiento dictado por el a quo sobreseyendo al encausado por el delito de posesión ilegal de arma comercial y prohibida, ordenando la Sala de lo Constitucional continuar con el proceso penal. c) La sentencia AP-1124-2014 de fecha doce de diciembre de dos mil dieciséis que otorga el amparo interpuesto por el Ministerio Público en contra de la revocatoria del auto de formal procesamiento dictado por el a quo, sobreseyendo en forma provisional la causa por el delito de portación ilegal de arma comercial. La Sala de lo Constitucional en dicha oportunidad determinó que el objeto de los decretos legislativos no es despenalizar los delitos contenidos en los artículos 332 A y B del Código Penal, sino motivar a la ciudadanía para que procediera al registro de las armas comerciales que tuvieren en posesión, a fin de que el Estado puediera controlar el parque de armas de fuego que circulan en el país. d) La sentencia AP-1279-2014 de fecha doce de diciembre de dos mil dieciséis que deniega el amparo interpuesto por el Ministerio Público en contra de la resolución que le ordena al a quo que proceda a dictar sobreseimiento definitivo. Para la Sala de lo Constitucional el decreto 184-2013 no revoca ni reforma el artículo 332-A y 332-B del Código Penal, sino que está regulando temporalmente dichas disposiciones con el fin de lograr el registro de armas comerciales en poder de los ciudadanos y la entrega de armas prohibidas a la autoridad competente para su destrucción. De manera que con la veda concedida por el Estado se ha restringido el ius puniendi de forma temporal, en cuanto a la aplicación de los artículos ya citados del Código Penal. e) La sentencia AP-1308-2014 de fecha doce de diciembre de dos mil dieciséis que deniega el amparo interpuesto por el Ministerio Público en contra de la resolución del ad quem mediante la cual se dictó sobreseimiento definitivo, luego de revocar el auto de formal procesamiento que dictó el a quo por el delito de portación de arma prohibida de fabricación casera. En el considerando número ocho la Sala repite la misma argumentación que sostuvo en la sentencia AP-1279-2014 de fecha doce de diciembre de dos mil dieciséis, en relación con los efectos de la veda dispuesta en los decretos (184-2013 y 63-2014), señalando que el Estado ha restringido el ius puniendi de forma temporal, en cuanto a la aplicación de los artículos 332-A y B del Código Penal. El resultado final es el sobreseimiento definitivo. f) La sentencia AP-0219-2015 de fecha veintidós de noviembre de dos mil dieciséis que deniega el amparo interpuesto por el Ministerio Público en contra de la resolución del ad quem mediante la cual se confirma el sobreseimiento definitivo dictado en primera instancia, en relación con el delito de portación de arma prohibida de fabricación casera. La Sala de lo Constitucional en esta oportunidad fue del criterio que mientras durase la vigencia de los decretos (184-2013 y 63-2014), carecen de positividad todas las conductas tipificadas en el artículo 332-B del Código Penal, como consecuencia del periodo de “veda” o de gracia, que fue efectivo del cinco de octubre de dos mil trece hasta el cinco de octubre de dos mil catorce; por lo tanto durante ese tiempo, el Misterio Público debía de abstenerse de entablar acción penal para su sanción, por no constituir delitos, sino hasta el vencimiento de los plazos ya previstos; sin embargo reconoce que el espíritu de los decretos no era despenalizar las conductas tipificadas como delitos en el artículo 332-B, ni mucho menos el de permitir la comisión de un delito con la vigencia del decreto; más bien expresó la Sala, refiere una norma permisiva cuyo fin es el registro de armas de fuego en poder de los particulares, por lo que el Estado de Honduras durante la vigencia del decreto, no podía exigirle a la persona que fuese encontrada con un arma de fuego, documentación que acreditara su registro, igualmente quedó en suspenso la positividad de las normas que establecen sanciones administrativas contenidas en la correspondiente ley de armas… esta Sala concluye que la decisión del ad quem, objeto del recurso, se ajusta a las garantías y requisitos de un debido proceso, ya que el imputado … fue aprehendido el treinta de julio de dos mil catorce, fecha comprendida dentro del año de veda contenida en el precitado decreto, razones suficientes para deslegitimar al Ministerio Público para presentar requerimiento fiscal. En ese sentido, a criterio de la Sala, el sobreseimiento definitivo es procedente. g) La sentencia AP-0222-2015 de fecha diecinueve de octubre de dos mil dieciséis que otorga el amparo interpuesto por el Ministerio Público en contra del sobreseimiento definitivo dictado por el ad quem, luego de revocar el auto de formal procesamiento que se había dictado en primera instancia por el delito de posesión ilegal de armas de fuego y municiones prohibidas de un imputado y posesión de armas de fuego comercial y municiones en contra de otro imputado. En relación con los decretos (184-2013 y 63-2014), la Sala de lo Constitucional estableció que en dicho caso de mérito, no concurre el efecto que producen estos decretos. Es decir el conceder a la ciudadanía un tiempo de veda para acudir a inscribir las armas de fuego de tipo comercial y entregar las armas prohibidas, sin enfrentar ninguna consecuencia jurídica. Agrega que dichos decretos no despenalizan bajo ningún concepto la portación ilegal, ni tiene por finalidad permitir la impunidad de esta tipología de delitos de peligro abstracto. El resultado del amparo entonces es que continúe el proceso penal. h) La sentencia AP-0241-2015; AP-351-2015; AP-0365-2015; AP-0370-2015 (acumulación) de fecha veintiséis de octubre de dos mil dieciséis. La Sala con dicha sentencia resuelve otorgar el amparo AP-0241-2015 interpuesta por el Ministerio Público; y deniega los amparos AP-351-2015; AP-0365-2015; AP-0370-2015, interpuestos por los defensores de distintos imputados. En resumen el resultado de segunda instancia fue así: i) La corte de apelaciones revocó a uno de los encausados (Imputado A), el sobreseimiento provisional que había dictado a su favor el a quo por el delito de posesión de arma de fuego prohibida y ordenó en su contra auto de formal procesamiento. En el caso AP-0241-2015 la Sala estimó el amparo del Ministerio Público. ii) Por otra parte el tribunal de alzada revocó el auto de formal procesamiento que el órgano de primera instancia había dictado en contra de otro encausado (Imputado B), por el delito de posesión ilegal de arma comercial, ordenando que en su lugar se dictase sobreseimiento definitivo por ese delito. iii) También en relación con el (Imputado B), el ad quem decidió confirmar el auto de formal procesamiento por el delito de posesión ilegal de arma prohibida. iii) Finalmente el ad quem confirmó el auto de formal procesamiento a favor de un tercer encausado (Imputado C), dictado por el juez de primera instancia por el delito de posesión ilegal de arma comercial. La Sala de lo Constitucional en resumen al decidir sobre los amparos interpuestos, optó porque que en todos los casos se mantuvieran los autos de formal procesamiento, teniendo como fundamento para ello lo señalado en el considerando número ocho, cuando expresa que el propósito del decreto legislativo número 184-2013, es que los poseedores de cualquier arma de fuego de carácter comercial, que carecieren de factura de compra procedente de la Armería, tuvieran la posibilidad de inscribirla en el registro correspondiente y obtener la debida autorización de portación; de manera que no constituye una despenalización de delitos, como tampoco tiene por finalidad permitir la impunidad. La Sala en este caso, explica que la veda que introduce el decreto aludido era una motivación para la ciudadanía, para que efectuase el trámite de registrar sus armas comerciales y con ello el Estado obtener control del parque de armas de fuego circulantes en el país. Señaló la Sala que el ad quem confirió al decreto 184-2013, “… un alcance y efecto no contemplado en el mismo, con lo cual su decisión no ha sido dictada en consonancia con el ordenamiento jurídico vigente y al apartarse del sentido y objeto de la norma aplicable al caso, ha disminuido en perjuicio del Estado de Honduras la garantía del debido proceso y la efectiva tutela judicial…” i) La sentencia AP-0860-2015 de fecha veintidós de noviembre de dos mil dieciséis que deniega el amparo interpuesto por el Ministerio Público en contra del sobreseimiento definitivo dictado por el ad quem, luego de revocar el auto de formal procesamiento que se había dictado en primera instancia por el delito de posesión ilegal de arma de fuego [comercial]. En esta ocasión la Sala repite la misma argumentación de la sentencia AP-0219-2015 de fecha veintidós de noviembre de dos mil dieciséis, señalando que mientras durase la vigencia de los decretos (184-2013 y 63-2014), carecen de positividad todas las conductas tipificadas en el artículo 332-B del Código Penal, como consecuencia del período de “veda” o de gracia, que fue efectivo del cinco de octubre de dos mil trece hasta el cinco de octubre de dos mil catorce; por lo tanto durante ese tiempo, el Misterio Público debía de abstenerse de entablar acción penal para su sanción, por no constituir delitos, sino hasta el vencimiento de los plazos ya previstos; sin embargo reconoce que el espíritu de los decretos no era despenalizar las conductas tipificadas como delitos en el artículo 332-B, ni mucho menos el de permitir la comisión de un delito con la vigencia del decreto; más bien, expresó la Sala, refiere una norma permisiva cuyo fin es el registro de armas de fuego en poder de los particulares, por lo que el Estado de Honduras durante la vigencia del decreto, no podía exigirle a la persona que fuese encontrada con un arma de fuego, documentación que acreditara su registro, igualmente quedaron en suspenso la positividad de las normas que establecen sanciones administrativas contenidas en la Ley de armas… esta Sala concluye que la decisión del ad quem, objeto del recurso, se ajusta a las garantías y requisitos de un debido proceso, ya que el imputado … fue aprehendido el siete de mayo de dos mil catorce, fecha comprendida dentro del año de veda contenida en el precitado decreto, razones suficientes para deslegitimar al Ministerio Público para presentar requerimiento fiscal. En ese sentido, a criterio de la Sala, el sobreseimiento definitivo es procedente. j) La sentencia AP-0404-2015 de fecha veintiocho de febrero del presente año, que sobreseyó la garantía constitucional de amparo interpuesta por el Ministerio Público contra la resolución del iudex ad quem que declaró sin lugar el recurso de apelación y confirmó el sobreseimiento definitivo del delito de portación ilegal de arma comercial dictado por el juez de primera instancia, quien estimó y declaró procedente la falta de acción penal del Ministerio Público. La Sala determinó básicamente que el asunto de mérito no corresponde a la jurisdicción constitucional, entre otros argumentos, porque no se circunscribe dentro del ámbito de aplicación del artículo 183 constitucional; esto en virtud de que el alegato de la amparista tiene como propósito que se establezca la existencia del delito de conformidad a los elementos de tipo contenidos en la ley; extremo que se estima un asunto de instancia, el cual sólo puede ser conocido por los órganos de justicia ordinaria penal.- CONSIDERANDO TRES (3): Sobre la unificación de la jurisprudencia. Tal como se puede observar la Sala de lo Constitucional con relación al sentido correcto de aplicación de los decretos legislativos números 184-2013 y 63-2014, ha tenido varias posiciones. Por una parte ha atendido y aceptado las razones del Ministerio Público, permitiendo la continuación del proceso penal; sin embargo también ha estimado la posición contraria, permitiendo el sobreseimiento de las causas, ya sea en forma provisional o definitiva. Por ultimo, la posición de la Sala fue que dicha controversia no le compete dirimirla, debido a que es un asunto de instancia por mera legalidad, apartándose del conocimiento mediante el acto del sobreseimiento de la garantía de amparo. Es así que fruto de la diversidad de posiciones admitidas por esta Sala, resulta apremiante una decisión que ponga fin a las diferentes líneas jurisprudenciales y asuma una sola.- CONSIDERANDO CUATRO (4): Sobre la argumentación que sustenta la decisión de la Sala en relación con la garantía de amparo presentada por el Ministerio Público reclamando la violación del principio de legalidad contenida en el artículo 321 constitucional en referencia a la aplicación de los decretos legislativos números 184-2013 y 63-2014. En principio, la Sala observa que todas las garantías de amparo que fueron presentadas por el Ministerio Público en casos relacionados con los decretos legislativos números 184-2013 y 63-2014, se sustentan en el principio de legalidad contenido en el artículo 321 constitucional; bajo el argumento que sendos decretos constituyen cláusulas o normas que no despenalizan los delitos señalados en los artículos 332-A y B del Código Penal, sino que tienen como objeto establecer una veda temporal para permitirle a la ciudadanía la inscripción de sus armas comerciales y la entrega a las autoridades aquellas armas que son ilícitas. Para la Sala es válido apuntar que estas garantías de amparo, en el fondo tienen como pretensión que en sede constitucional se defina la controversia existente entre dos posiciones antagónicas; por una parte los fiscales del Ministerio Público que estiman, como ya se expresó, que los decretos legislativos números 184-2013 y 63-2014 no despenalizan las conductas tipificadas en el artículo 332-A y B del Código Penal; y por otra la de los defensores que estiman suspendida la potestad del Ministerio Público para ejercitar la acción penal contra las personas que sean sorprendidas en posesión, tenencia o portación de armas comerciales no registradas o armas de uso ilegal; esto durante el tiempo de veda o gracia que establecen dichos decretos legislativos. Dicho de otra manera la disputa judicial se relaciona con el sentido y alcance de la normativa contenida en los decretos legislativos números 184-2013 y 63-2014; para lo cual, tanto las partes procesales como los juzgadores, han vertido opinio iuris, haciendo uso de diversos métodos de interpretación legal. Ahora bien dilucidar dicho asunto hermenéutico, no corresponde a la jurisdicción constitucional. Aclarar si las conductas tipificadas como delitos por el artículo 332 A y B del Código Penal son derecho sustantivo vigente y que existe ius puniendi del Estado para su juzgamiento no le corresponde a la Sala de lo Constitucional.[5]- La jurisdicción de este alto tribunal de justicia, conociendo un asunto por la vía de la garantía del amparo, se limita únicamente al ámbito que le reserva el artículo 183 constitucional; en cuanto establece que ésta es una garantía de restitución o mantenimiento de un derecho fundamental que esté contenido en la Constitución o instrumento internacional de derechos humanos adoptado como parte del derecho interno. Por otro lado, es un hecho verificado que todas las garantías de amparo presentadas por fiscales, tienen en común que abordan el tema desde el punto de vista de la cuestión jurídica (quaestio iuris) referida a establecer, si la veda o gracia concedida por el Estado debe considerarse o no, una despenalización transitoria de las conductas delictivas previstas en la ley. Tomando en cuenta lo arriba apuntado, el hecho de que este alto tribunal de justicia admita o rechace el argumento del Ministerio Público, en cuanto a la no despenalización de los delitos contenidos en el artículo 332 A y B del Código Penal, tiene como efecto inmediato pronunciarse sobre el sentido y alcance de los decretos legislativos números 184-2013 y 63-2014, lo cual como se ha explicado sería un pronunciamiento de instancia, y por ende ajeno al objeto del amparo. Es por ello que la Sala estima procedente apartarse de sus decisiones o líneas jurisprudenciales anteriores[6] para adoptar de ahora en adelante una decisión que se ajuste más adecuadamente al mandato que le concede la Constitución de la República en el numeral 1 del artículo 316, en relación con el artículo 183, también constitucional. La nueva línea jurisprudencial que adopta la Sala, tiene como principal fundamento el hecho concreto de que, precisamente no es de recibo el motivo de amparo sustentado en el principio de legalidad. De manera que ante el planteamiento de quien pide amparo lo que procede es denegar la presente garantía constitucional por ser esa la posición más acorde con el mandato constitucional y legal; sin embargo estima procedente ratificar los argumentos que expuso en la sentencia que declaró el sobreseimiento de la garantía constitucional de mérito. En dicha sentencia se expuso lo siguiente: “De acuerdo al alegato que presenta la amparista, se colige que su pretensión no es tanto que se le garantice un derecho contenido en la Constitución o instrumentos internacionales de derechos humanos que son parte del derecho interno hondureño, sino que se establezca si en el caso concreto le es aplicable el decreto que amplia a los ciudadanos el tiempo para que pueda inscribir su arma comercial, A juicio de este alto tribunal de justicia, el examen que pretende la garantista no corresponde a la jurisdicción constitucional, porque no se circunscribe dentro del ámbito de aplicación del artículo 183 constitucional ut supra citado. Dicha norma determina los supuestos en los que se encausan los motivos de amparo, teniendo ambas en común la protección de los derechos fundamentales contenidos en la Constitución de la República y los instrumentos internacionales de derechos humanos suscritos por el Estado hondureño. El principio de legalidad establecido en el artículo 321 constitucional es básico para la sostenibilidad del Estado de derecho, porque constituye el sometimiento de la autoridad a la ley; siendo por tanto un valladar que no permite la arbitrariedad y el abuso del poder público, de manera que protege a cada habitante o persona que se encuentra en el país. Dicho esto, se explica lo siguiente. La trasgresión del artículo 321 constitucional puede provocar la violación de un derecho fundamental, a la razón: la libertad, la libre asociación, la educación, el debido proceso, etc. Estos derechos fundamentales, si pueden ser objeto de amparo, de conformidad a las vías ya expuestas del artículo 183 constitucional; pero la garantía de amparo no está prevista para defender la ley en sí. La pretensión de la fiscal con la presente garantía de amparo, es conforme a su desarrollo un alegato de instancia, que no tiene cabida en el ámbito de la justicia constitucional. Corresponde al juez de justicia ordinaria penal, determinar la existencia del delito de conformidad a los elementos de tipo contenidos en la ley. Por todas las razones que se han apuntado, cabe señalar que no es de recibo la garantía constitucional de amparo,…” Es por ello que en el caso de mérito, estima procedente declarar con lugar la reposición solicitada para el sólo efecto de reponer el decisum de la sentencia dictada en fecha dieciséis de mayo de dos mil diecisiete.- POR TANTO: La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos: 80, 303 de la Constitución de la República; 1, 78 Nº 5), de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; artículos 46 No.6 y 120 de la Ley sobre Justicia Constitucional; FALLA: Declarar con lugar la reposición de mérito, para el sólo efecto de reponer el decisum de la sentencia dictada en fecha dieciséis de mayo de dos mil diecisiete; en consecuencia se DENIEGA la garantía constitucional de amparo interpuesta por la fiscal, abogada KARLA PATRICIA GARCÍA ARITA, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución de fecha diez de febrero de dos mil dieciséis dictada por la honorable Corte Segunda de Apelaciones de la sección judicial de la Ceiba del departamento de Atlántida, mediante la cual confirmó el sobreseimiento dictado en fecha catorce de agosto del año dos mil quince por el honorable Juzgado de Letras Seccional de Tocoa, departamento de Colón. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se remitan los antecedentes al tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado Edwin Francisco Ortez Cruz. NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticinco (25) días del mes de enero del año dos mil dieciocho (2018), certificación de la Sentencia y Resolución de fecha dieciséis (16) de mayo y veintisiete (27) de octubre del año dos mil diecisiete (2017) respectivamente, recaída en el Recurso de Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 0329-2016.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia y Resolución que literalmente dicen: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, dieciséis de mayo de dos mil diecisiete.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por la abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por La Corte Segunda de Apelaciones de la Sección Judicial de la Ceiba, departamento de Atlántida en fecha diez (10) de febrero del año dos mil dieciséis (2016), que declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Tocoa, departamento de Colon, en fecha catorce (14) de agosto del año dos mil quince(2015); en la causa instruida contra el señor DELMER ESTEBAN ORTIZ ORTIZ, por suponerlo responsable del delito de PORTACION ILEGAL DE ARMAS, en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS.- afirmando la recurrente que la decisión del Ad-quem, es violatoria de lo dispuesto en el artículos 304 Y 321 de la Constitución de la República.- ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha veinticinco (25) de julio del año dos mil quince(2015), compareció ante el Juzgado de Letras Seccional de Tocoa, departamento de Colón, la Abogada ANA IVETH AMADOR ANDINO, actuando en su condición de fiscal del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal, contra DELMER ESTEBAN ORTIZ ORTIZ, por suponerlo responsable del delito de PORTACION ILEGAL DE ARMAS, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS.- (Folios 1 al 3 de la pieza del Juzgado).- 2) Que en fecha catorce (14) de agosto del año dos mil quince (2015), el Juzgado instructor, en Audiencia Inicial “Resuelve: 1.- Dictar UN SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL, a favor del imputado DELMER ESTEBAN ORTIZ ORTIZ, por el delito de PORTACION ILEGAL DE ARMAS, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS.- 2- REVOCAR LAS MEDIDAS CAUTELARES, impuestas en audiencia de declaración de imputado…” (Folios 9 al 11 de la pieza del Juzgado).- 3) Que en fecha diez (10) de febrero del año dos mil dieciséis (2016) la Corte Segunda de Apelaciones de la Sección Judicial de la Ceiba departamento de Atlántida FALLA:” Primero: No Ha Lugar al Recurso de Apelación interpuesto por la Representación del Ministerio Público como apelante contra la resolución de fecha Catorce (14) de agosto del año dos mil quince (2015) dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Tocoa, Colón en el proceso seguido a Delmer Esteban Ortiz Ortiz por un delito de Portación Ilegal de Armas Comercial, en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras.- Segundo: De oficio REVOCA la resolución de fecha catorce (14) de agosto del dos mil quince (2015), relacionada en base a las consideraciones establecidas por esta corte.- Tercero: Que el Juzgado de Letras Seccional de Tocoa, Colón dicte el Sobreseimiento Definitivo a favor del procesado Delmer Esteban Ortiz Ortiz, por el delito de Portación Ilegal de Armas Comercial …” (Folios 4 al 7 de la Pieza de Corte de Apelaciones)- 4) La recurrente abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, compareció ante este Tribunal, en fecha once (11) de abril del año dos mil dieciséis (2016), reclamando amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, afirmando la recurrente que la decisión del Ad-quem, de fecha diez(10) de febrero del año dos mil dieciséis (2016), es violatoria de lo dispuesto en los artículos 304 y 321 de la Constitución de la República.- 5) Que en fecha dieciséis (16) de Junio del año dos mil dieciséis (2016) , este alto Tribunal tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de amparo de mérito y a la vez omitió la vista de los antecedentes al fiscal del despacho, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público.- FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA.- CONSIDERANDO NÚMERO UNO (1). Sobre la garantía constitucional de amparo. Que de conformidad con el artículo 183 de la Constitución, la acción de amparo es una garantía constitucional, por lo que cualquier persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponerla, para los siguientes supuestos: a) que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute, de los derechos o garantías que la Constitución establece; o b) para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la constitución. Es decir constituye una garantía de restitución o mantenimiento de un derecho fundamental que esté contenido en la Constitución o instrumento internacional de derechos humanos adoptado como parte del derecho interno. Sea la vulneración actual o inminente, como producto de una omisión, acto o actuación del Estado o con su aquiescencia.- CONSIDERANDO NÚMERO DOS (2). Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales. Que la garantía de amparo constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[7], en relación con el artículo 25 de la misma convención[8] y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos humanos[9].- CONSIDERANDO NÚMERO TRES (3). Resumen de los alegatos de la garantista denunciando violación del principio de legalidad contenido en el artículo 321, en relación con el 304, ambos de la Constitución de la República. La censora al formalizar la presente garantía constitucional de amparo, expresa que el derecho constitucional quebrantado es el principio de legalidad del artículo 321 en relación con el 304, ambos constitucionales. La Sala al resumir los alegatos toma en cuenta que la petente impugna la resolución del ad quem porque se fundamentó en el decreto legislativo número 184-2013 de fecha uno de septiembre de dos mil trece, ampliado mediante el decreto legislativo número 63-2014 y 60-2015. Señala la petente que el Ministerio Público acreditó la plena prueba de haberse cometido el delito mencionado al presentar como elementos de prueba: el acta de registro personal y el acta de decomiso o secuestro de objetos. En dichos documentos se establece que al señor DELMER ESTEBAN ORTIZ ORTIZ se le decomisó un arma de fuego tipo pistola, sin calibre y serie determinada, sin que presentara documento alguno expedido por autoridad competente para portar dicha arma. El decomiso se produjo, tal como lo señaló el Ministerio Público al momento de presentar el requerimiento fiscal en contra del imputado, por agentes de la Policía Preventiva de la Comunidad de Isletas, Municipio de Sonaguera, Colon, cuando se encontraban realizando un patrullaje de rutina, en fecha 25 de julio de 2015, cuando observaron que el encausado quien se conducía en una bicicleta, le fue encontrada en la cintura una arma de fuego, por lo que el encausado fue detenido al no presentar la documentación del arma de fuego que le fue decomisada poniéndolo a la orden de la autoridad competente. Expresa que este hecho constituye delito de portación de arma comercial de conformidad al artículo 332-B del Código Penal. La amparista manifiesta que al analizar el contenido del artículo 2 del decreto legislativo número 184-2013, ampliado mediante decreto 63-2014 y 60-2015 considera que dicha disposición no constituye una despenalización de los delitos señalados en los artículos 332 A y B del Código Penal, sino que entiende que su único alcance es permitir que la persona, durante el tiempo allí establecido, no enfrente consecuencias al acudir a registrar su arma o entregar un arma prohibida; propósito que no ocurrió en el presente caso, en virtud de que el imputado fue encontrado en la posesión de un arma sin el permiso correspondiente; sumado a esto, agrega la garantista, no se acreditó ninguna razón fundamentada que permitiera considerar la existencia de actos tendientes al registro del arma que le fue encontrada; es decir acción del imputado que dé lugar a pensar que tuvo la intención dirigida a registrarla. Por todo ello la fiscal insiste en que el indiciado cometió el delito de portación ilegal de arma comercial, tipificado en el artículo 332-B del Código Penal, sin que esta conducta fuera despenalizada por el artículo 2 del decreto 184-2013. Explica que entonces se ha vulnerado el principio de legalidad, como límite del poder mediante el ordenamiento jurídico; por el cual el juez puede interpretar una norma, pero sólo para buscar su verdadero sentido. En el caso bajo estudio, expresa la petente, la vigencia del decreto legislativo número 184-2013 fue ampliada por seis meses más, mediante el decreto legislativo número 63-2014. Sin embargo acota la petente, la intención auténtica del legislador con el decreto de ampliación no fue la de despenalizar la acción delictiva cometida por el encausado.- CONSIDERANDO NÚMERO CUATRO (4). Resumen de la fundamentación jurídica de la resolución dictada por la honorable Corte Segunda de Apelaciones de la sección judicial del departamento de Atlántida que constituye el acto impugnado. El ad quem por unanimidad de votos dispuso mediante resolución de fecha diez de febrero de dos mil dieciséis, denegar el recurso de apelación interpuesto por la fiscalía en contra de la resolución de fecha catorce de agosto de dos mil quince, dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Tocoa, departamento de Colón; de oficio revocar la resolución dictada y ordena que el Juzgado de Letras Seccional de Tocoa, Departamento de Colón dicte un Sobreseimiento Definitivo a favor del procesado DELMER ESTEBAN ORTIZ ORTIZ por el Delito de Portación Ilegal de Arma Comercial en virtud de los argumentos que a continuación se exponen en forma resumida. El tribunal de alzada manifiesta que la finalidad del decreto 60-15 como los anteriores 184-13 y 63-2014, como decretos legislativos, no es regular las conductas penales, sino que fortalecer la seguridad a través del control estatal de la portación de armas, municiones y otros en el territorio nacional. Asimismo el Tribunal de Alzada establece que: “TERCERO: Desde el punto de vista procesal y del monopolio que la norma procesal le ha dado al Ministerio Publico para ejercitar la acción penal publica, tales decretos han venido a restringir la persecución penal del Ministerio Publico, es decir la actividad procesal en el delito es la que está vedada para el ente acusador público; como lo hacen la aplicación de medidas desjudicializadoras y alternas al proceso penal, que ya conocemos y que si revisamos vemos que cuando se aplican y cumplen el proceso penal o se suspende o se cierra definitivamente. Ante la aplicación de los relacionados decretos que afectan el ejercicio de la acción penal pública, concurre al proceso, falta de acción para acusar, en base a lo dispuesto en el artículo 46 de la norma procesal penal. En ningún momento la norma penal pierde vigencia o se anula (articulo 332-B), la figura penal siempre existe, con ese Decreto 60-2015 como los anteriores, la norma sustantiva sigue vigente lo que ha perdido es efectividad.- Tampoco hay violación al Principio de Legalidad Penal, regulado en el Articulo 1 del Código Penal (Derecho Sustantivo) porque este dispone que “nadie podrá ser penado por infracciones que no estén determinadas en una ley anterior a la perpetración del delito”.- El delito de Portación Ilegal de Arma Comercial ya esta previamente fijado en el Código Penal antes de que el procesado tuviese en su poder tal arma de fuego. CUARTO: El Decreto Legislativo 60-2015, publicado en La Gaceta en fecha ocho de septiembre del 2015, dispone en el Articulo 1 “Prorrogar a partir de la fecha de vencimiento del decreto 63-2014 de fecha diecinueve de agosto del 2014, la vigencia por un periodo hasta el 31 de diciembre del 2015, para toda persona que tenga en su poder cualquier tipo de arma comercial y no posea factura de venta de la Armería, proceda con …..a realizar los trámites correspondientes para dicho registro.- El decreto 63-2014 venció el seis de mayo del 2015, a partir de esa fecha adquiere vigencia este último decreto 60-2015, hasta el 31 de diciembre del 2015, los hechos del requerimiento tuvieron lugar en fecha veinticinco (25) de julio del 2015, entonces se encuentran bajo la vigencia extendida de dicho decreto.”- CONSIDERANDO NÚMERO CINCO (5). Examen practicado por la Sala de lo Constitucional para verificar la procedencia de la garantía de amparo de la que se hace mérito. La Sala de lo Constitucional al analizar los argumentos de la garantista en contraposición a lo establecido por la corte de apelaciones, arriba a la decisión de denegar la garantía constitucional de amparo de la que se hace mérito, en virtud de las siguientes consideraciones. Este alto tribunal de justicia observa que la pretensión de la fiscal para alegar el quebrantamiento del principio de legalidad se basa en que el ad quem dictó sobreseimiento definitivo a favor del ciudadano DELMER ESTEBAN ORTIZ ORTIZ quien había sido inculpado por el Ministerio Público por el delito de portación ilegal de arma comercial, en aplicación del decreto legislativo número 184-2013 de fecha uno de septiembre de dos mil trece, ampliado mediante los decretos legislativos números 63-2014 y 60-2015.[10] De acuerdo al alegato que presenta la amparista, se colige que su pretensión no es tanto que se le garantice un derecho contenido en la Constitución o instrumentos internacionales de derechos humanos que son parte del derecho interno hondureño, sino que se establezca si en el caso concreto le es aplicable el decreto que amplía a los ciudadanos el tiempo para que pueda inscribir su arma comercial, A juicio de este alto tribunal de justicia, el examen que pretende la garantista no corresponde a la jurisdicción constitucional, porque no se circunscribe dentro del ámbito de aplicación del artículo 183 constitucional ut supra citado. Dicha norma determina los supuestos en los que se encausan los motivos de amparo, teniendo ambas en común la protección de los derechos fundamentales contenidos en la Constitución de la República y los instrumentos internacionales de derechos humanos suscritos por el Estado hondureño. El principio de legalidad establecido en el artículo 321 constitucional es básico para la sostenibilidad del Estado de derecho, porque constituye el sometimiento de la autoridad a la ley; siendo por tanto un valladar que no permite la arbitrariedad y el abuso del poder público, de manera que protege a cada habitante o persona que se encuentra en el país. Dicho esto, se explica lo siguiente. La trasgresión del artículo 321 constitucional puede provocar la violación de un derecho fundamental, a la sazón: la libertad, la libre asociación, la educación, el debido proceso, etc. Estos derechos fundamentales, si pueden ser objeto de amparo, de conformidad a las vías ya expuestas del artículo 183 constitucional; pero la garantía de amparo no está prevista para defender la ley en sí. La pretensión de la fiscal con la presente garantía de amparo, es conforme a su desarrollo un alegato de instancia, que no tiene cabida en el ámbito de la justicia constitucional. Corresponde al juez de justicia ordinaria penal, determinar la existencia del delito de conformidad a los elementos de tipo contenidos en la ley. Por todas las razones que se han apuntado, cabe señalar que no es de recibo la garantía constitucional de amparo, debiendo ser ésta sobreseída por constituirse como violación de mera legalidad.- PARTE DISPOSITIVA O FALLO.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, y en aplicación de los artículos 90, 183,301, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1, 321 y 323 de la Constitución de la República; 1 y 78 No. 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3 No.2, 4 No.5, 41, 46 No.1, 63, y 114 de la Ley sobre Justicia Constitucional; FALLA: SOBRESEYENDO la garantía constitucional de amparo interpuesta por la fiscal, abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución de fecha diez de febrero de dos mil dieciséis dictada por la honorable Corte Segunda de Apelaciones de la sección judicial del departamento de Atlántida, mediante la cual declaró sin lugar el recurso de apelación, revoco de oficio la resolución dictada en fecha catorce de agosto del año dos mil quince por el honorable Juzgado de Letras Seccional de Tocoa, departamento de Colón, y ordeno dictar un sobreseimiento definitivo a favor del ciudadano DELMER ESTEBAN ORTIZ ORTIZ, quien había sido inculpado por el Ministerio Público por el delito de portación ilegal de arma comercial. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se remitan los antecedentes al tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado Edwin Francisco Ortez Cruz. NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, veintisiete de octubre de dos mil diecisiete.- Este alto tribunal de justicia, declara con lugar el recurso de reposición interpuesto en tiempo y forma contra la sentencia dictada en fecha dieciséis de mayo del presente año, mediante la cual se sobreseyó la garantía de amparo interpuesta en contra de la honorable Corte Segunda de Apelaciones de la sección judicial de la Ceiba del departamento de Atlántida, quien declaró no ha lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución de fecha catorce de agosto de dos mil quince, dictada por el honorable Juzgado de Letras seccional de Tocoa, departamento de Colón, con relación a la causa penal instruida en contra del ciudadano Delmer Esteban Ortiz Ortiz, por suponérsele responsable del delito de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMA DE FUEGO, en perjuicio de la seguridad interior del Estado de Honduras.- La presente decisión judicial se hace bajo la motivación siguiente: CONSIDERANDO UNO (1): Resumen del argumento de reposición. La abogada Sagrario Rosibel Gutiérrez, en su condición de agente de tribunales del Ministerio Público, interpuso recurso de reposición en fecha trece de junio del presente año en contra del fallo de fecha dieciséis de mayo del año en curso, que fuera proferido por este alto tribunal de justicia. Al hacerlo se fundamenta básicamente en lo siguiente: 1. Solicita que se falle el presente asunto de conformidad a la línea de doctrina legal desarrollada en las los fallos siguientes: a) AP-1104-2014, sentencia dictada en fecha treinta de septiembre de dos mil dieciséis. La Sala resuelve otorgar la acción de amparo al considerar con relación al decreto legislativo 184-2013: “…el espíritu de la ley manifestado en dicho decreto no es el de despenalizar los artículos correlativos del Código Penal, observa la Sala que con la puesta en vigencia de la referida veda por parte del Estado lo que se pretendería es motivar a la ciudadanía a que se haga efectivo su derecho a realizar el trámite de ley para obtener el registro del arma comercial en portación.” b) Amparos acumulados AP-241-2015; AP-351-2015; AP-365-2015; AP-370-2015; sentencia de fecha veintiséis de octubre de dos mil dieciséis que señala en sus considerandos nueve y diez lo siguiente: “…dicho decreto no despenaliza bajo ningún concepto la portación ilegal, ni tiene por finalidad permitir de esa tipología de delitos de peligro abstracto; sino que el fin expreso y taxativo del mismo es obtener el registro de armas de fuego en poder de los particulares, para efectos de su control formal por parte del Estado… que la puesta en vigencia de la llamada ‘veda’ por parte del Estado lo que se pretendía es motivar a la ciudadanía a que se hiciera efectivo el derecho a realizar el trámite de ley para el registro del arma….” c) Amparo AP-1124-2014, sentencia de fecha doce de diciembre de dos mil dieciséis que señala en su considerando diez lo siguiente: “… que el espíritu de la ley manifestado en dicho decreto no es el de despenalizar los artículos correlativos del Código Penal; contrario sensu esta Sala advierte que con la puesta en vigencia de la llamada “veda” por parte del Estado lo que se pretendía era motivar positivamente a la ciudadanía a que se hiciera efectivo su derecho a realizar el trámite de ley para obtener el registro del arma comercial en su posesión…” Por lo que la recurrente estima que no se puede considerar un alegato de instancia, pues se aprecia que el criterio planteado en la sentencia que se recurre en reposición, no es acorde con lo previamente establecido por la Sala en los fallos citados.- CONSIDERANDO DOS (2): Estudio y argumentación que sustenta la Sala para su decisión. Complementariedad de los dos motivos que sustentan la reposición. Diferentes líneas jurisprudenciales. Al examinar los argumentos esgrimidos en el recurso de reposición, este alto tribunal de justicia, observa que las dos imputaciones en contra de la sentencia de fecha veintiocho de febrero de dos mil diecisiete se complementan, por lo que su abordamiento se hará en forma simultánea. En el supuesto de contradicción, alegado por la fiscal, la Sala aclara que no obstante lo apuntado por ésta, su jurisprudencia en cuanto a la correcta aplicación de los decretos 184-2013 y 63-2014, no ha sido pacífica; tal como se demuestra a continuación con los siguientes fallos: a) La sentencia AP-0398-2014 de fecha veinte de abril de dos mil dieciséis, que denegó el amparo interpuesto por el Ministerio Público en contra de la resolución que confirma el sobreseimiento provisional dictado por el a quo; quedando sobreseído en forma provisional el delito de posesión ilegal de arma comercial. b) La sentencia AP-1104-2014 de fecha treinta de septiembre de dos mil dieciséis que otorga el amparo interpuesto por el Ministerio Público en contra de la revocatoria del auto de formal procesamiento dictado por el a quo sobreseyendo al encausado por el delito de posesión ilegal de arma comercial y prohibida, ordenando la Sala de lo Constitucional continuar con el proceso penal. c) La sentencia AP-1124-2014 de fecha doce de diciembre de dos mil dieciséis que otorga el amparo interpuesto por el Ministerio Público en contra de la revocatoria del auto de formal procesamiento dictado por el a quo, sobreseyendo en forma provisional la causa por el delito de portación ilegal de arma comercial. La Sala de lo Constitucional en dicha oportunidad determinó que el objeto de los decretos legislativos no es despenalizar los delitos contenidos en los artículos 332 A y B del Código Penal, sino motivar a la ciudadanía para que procediera al registro de las armas comerciales que tuvieren en posesión, a fin de que el Estado puediera controlar el parque de armas de fuego que circulan en el país. d) La sentencia AP-1279-2014 de fecha doce de diciembre de dos mil dieciséis que deniega el amparo interpuesto por el Ministerio Público en contra de la resolución que le ordena al a quo que proceda a dictar sobreseimiento definitivo. Para la Sala de lo Constitucional el decreto 184-2013 no revoca ni reforma el artículo 332-A y 332-B del Código Penal, sino que está regulando temporalmente dichas disposiciones con el fin de lograr el registro de armas comerciales en poder de los ciudadanos y la entrega de armas prohibidas a la autoridad competente para su destrucción. De manera que con la veda concedida por el Estado se ha restringido el ius puniendi de forma temporal, en cuanto a la aplicación de los artículos ya citados del Código Penal. e) La sentencia AP-1308-2014 de fecha doce de diciembre de dos mil dieciséis que deniega el amparo interpuesto por el Ministerio Público en contra de la resolución del ad quem mediante la cual se dictó sobreseimiento definitivo, luego de revocar el auto de formal procesamiento que dictó el a quo por el delito de portación de arma prohibida de fabricación casera. En el considerando número ocho la Sala repite la misma argumentación que sostuvo en la sentencia AP-1279-2014 de fecha doce de diciembre de dos mil dieciséis, en relación con los efectos de la veda dispuesta en los decretos (184-2013 y 63-2014), señalando que el Estado ha restringido el ius puniendi de forma temporal, en cuanto a la aplicación de los artículos 332-A y B del Código Penal. El resultado final es el sobreseimiento definitivo. f) La sentencia AP-0219-2015 de fecha veintidós de noviembre de dos mil dieciséis que deniega el amparo interpuesto por el Ministerio Público en contra de la resolución del ad quem mediante la cual se confirma el sobreseimiento definitivo dictado en primera instancia, en relación con el delito de portación de arma prohibida de fabricación casera. La Sala de lo Constitucional en esta oportunidad fue del criterio que mientras durase la vigencia de los decretos (184-2013 y 63-2014), carecen de positividad todas las conductas tipificadas en el artículo 332-B del Código Penal, como consecuencia del periodo de “veda” o de gracia, que fue efectivo del cinco de octubre de dos mil trece hasta el cinco de octubre de dos mil catorce; por lo tanto durante ese tiempo, el Misterio Público debía de abstenerse de entablar acción penal para su sanción, por no constituir delitos, sino hasta el vencimiento de los plazos ya previstos; sin embargo reconoce que el espíritu de los decretos no era despenalizar las conductas tipificadas como delitos en el artículo 332-B, ni mucho menos el de permitir la comisión de un delito con la vigencia del decreto; más bien expresó la Sala, refiere una norma permisiva cuyo fin es el registro de armas de fuego en poder de los particulares, por lo que el Estado de Honduras durante la vigencia del decreto, no podía exigirle a la persona que fuese encontrada con un arma de fuego, documentación que acreditara su registro, igualmente quedó en suspenso la positividad de las normas que establecen sanciones administrativas contenidas en la correspondiente ley de armas… esta Sala concluye que la decisión del ad quem, objeto del recurso, se ajusta a las garantías y requisitos de un debido proceso, ya que el imputado … fue aprehendido el treinta de julio de dos mil catorce, fecha comprendida dentro del año de veda contenida en el precitado decreto, razones suficientes para deslegitimar al Ministerio Público para presentar requerimiento fiscal. En ese sentido, a criterio de la Sala, el sobreseimiento definitivo es procedente. g) La sentencia AP-0222-2015 de fecha diecinueve de octubre de dos mil dieciséis que otorga el amparo interpuesto por el Ministerio Público en contra del sobreseimiento definitivo dictado por el ad quem, luego de revocar el auto de formal procesamiento que se había dictado en primera instancia por el delito de posesión ilegal de armas de fuego y municiones prohibidas de un imputado y posesión de armas de fuego comercial y municiones en contra de otro imputado. En relación con los decretos (184-2013 y 63-2014), la Sala de lo Constitucional estableció que en dicho caso de mérito, no concurre el efecto que producen estos decretos. Es decir el conceder a la ciudadanía un tiempo de veda para acudir a inscribir las armas de fuego de tipo comercial y entregar las armas prohibidas, sin enfrentar ninguna consecuencia jurídica. Agrega que dichos decretos no despenalizan bajo ningún concepto la portación ilegal, ni tiene por finalidad permitir la impunidad de esta tipología de delitos de peligro abstracto. El resultado del amparo entonces es que continúe el proceso penal. h) La sentencia AP-0241-2015; AP-351-2015; AP-0365-2015; AP-0370-2015 (acumulación) de fecha veintiséis de octubre de dos mil dieciséis. La Sala con dicha sentencia resuelve otorgar el amparo AP-0241-2015 interpuesta por el Ministerio Público; y deniega los amparos AP-351-2015; AP-0365-2015; AP-0370-2015, interpuestos por los defensores de distintos imputados. En resumen el resultado de segunda instancia fue así: i) La corte de apelaciones revocó a uno de los encausados (Imputado A), el sobreseimiento provisional que había dictado a su favor el a quo por el delito de posesión de arma de fuego prohibida y ordenó en su contra auto de formal procesamiento. En el caso AP-0241-2015 la Sala estimó el amparo del Ministerio Público. ii) Por otra parte el tribunal de alzada revocó el auto de formal procesamiento que el órgano de primera instancia había dictado en contra de otro encausado (Imputado B), por el delito de posesión ilegal de arma comercial, ordenando que en su lugar se dictase sobreseimiento definitivo por ese delito. iii) También en relación con el (Imputado B), el ad quem decidió confirmar el auto de formal procesamiento por el delito de posesión ilegal de arma prohibida. iii) Finalmente el ad quem confirmó el auto de formal procesamiento a favor de un tercer encausado (Imputado C), dictado por el juez de primera instancia por el delito de posesión ilegal de arma comercial. La Sala de lo Constitucional en resumen al decidir sobre los amparos interpuestos, optó porque que en todos los casos se mantuvieran los autos de formal procesamiento, teniendo como fundamento para ello lo señalado en el considerando número ocho, cuando expresa que el propósito del decreto legislativo número 184-2013, es que los poseedores de cualquier arma de fuego de carácter comercial, que carecieren de factura de compra procedente de la Armería, tuvieran la posibilidad de inscribirla en el registro correspondiente y obtener la debida autorización de portación; de manera que no constituye una despenalización de delitos, como tampoco tiene por finalidad permitir la impunidad. La Sala en este caso, explica que la veda que introduce el decreto aludido era una motivación para la ciudadanía, para que efectuase el trámite de registrar sus armas comerciales y con ello el Estado obtener control del parque de armas de fuego circulantes en el país. Señaló la Sala que el ad quem confirió al decreto 184-2013, “… un alcance y efecto no contemplado en el mismo, con lo cual su decisión no ha sido dictada en consonancia con el ordenamiento jurídico vigente y al apartarse del sentido y objeto de la norma aplicable al caso, ha disminuido en perjuicio del Estado de Honduras la garantía del debido proceso y la efectiva tutela judicial…” i) La sentencia AP-0860-2015 de fecha veintidós de noviembre de dos mil dieciséis que deniega el amparo interpuesto por el Ministerio Público en contra del sobreseimiento definitivo dictado por el ad quem, luego de revocar el auto de formal procesamiento que se había dictado en primera instancia por el delito de posesión ilegal de arma de fuego [comercial]. En esta ocasión la Sala repite la misma argumentación de la sentencia AP-0219-2015 de fecha veintidós de noviembre de dos mil dieciséis, señalando que mientras durase la vigencia de los decretos (184-2013 y 63-2014), carecen de positividad todas las conductas tipificadas en el artículo 332-B del Código Penal, como consecuencia del período de “veda” o de gracia, que fue efectivo del cinco de octubre de dos mil trece hasta el cinco de octubre de dos mil catorce; por lo tanto durante ese tiempo, el Misterio Público debía de abstenerse de entablar acción penal para su sanción, por no constituir delitos, sino hasta el vencimiento de los plazos ya previstos; sin embargo reconoce que el espíritu de los decretos no era despenalizar las conductas tipificadas como delitos en el artículo 332-B, ni mucho menos el de permitir la comisión de un delito con la vigencia del decreto; más bien, expresó la Sala, refiere una norma permisiva cuyo fin es el registro de armas de fuego en poder de los particulares, por lo que el Estado de Honduras durante la vigencia del decreto, no podía exigirle a la persona que fuese encontrada con un arma de fuego, documentación que acreditara su registro, igualmente quedaron en suspenso la positividad de las normas que establecen sanciones administrativas contenidas en la Ley de armas… esta Sala concluye que la decisión del ad quem, objeto del recurso, se ajusta a las garantías y requisitos de un debido proceso, ya que el imputado … fue aprehendido el siete de mayo de dos mil catorce, fecha comprendida dentro del año de veda contenida en el precitado decreto, razones suficientes para deslegitimar al Ministerio Público para presentar requerimiento fiscal. En ese sentido, a criterio de la Sala, el sobreseimiento definitivo es procedente. j) La sentencia AP-0404-2015 de fecha veintiocho de febrero del presente año, que sobreseyó la garantía constitucional de amparo interpuesta por el Ministerio Público contra la resolución del iudex ad quem que declaró sin lugar el recurso de apelación y confirmó el sobreseimiento definitivo del delito de portación ilegal de arma comercial dictado por el juez de primera instancia, quien estimó y declaró procedente la falta de acción penal del Ministerio Público. La Sala determinó básicamente que el asunto de mérito no corresponde a la jurisdicción constitucional, entre otros argumentos, porque no se circunscribe dentro del ámbito de aplicación del artículo 183 constitucional; esto en virtud de que el alegato de la amparista tiene como propósito que se establezca la existencia del delito de conformidad a los elementos de tipo contenidos en la ley; extremo que se estima un asunto de instancia, el cual sólo puede ser conocido por los órganos de justicia ordinaria penal.- CONSIDERANDO TRES (3): Sobre la unificación de la jurisprudencia. Tal como se puede observar la Sala de lo Constitucional con relación al sentido correcto de aplicación de los decretos legislativos números 184-2013 y 63-2014, ha tenido varias posiciones. Por una parte ha atendido y aceptado las razones del Ministerio Público, permitiendo la continuación del proceso penal; sin embargo también ha estimado la posición contraria, permitiendo el sobreseimiento de las causas, ya sea en forma provisional o definitiva. Por ultimo, la posición de la Sala fue que dicha controversia no le compete dirimirla, debido a que es un asunto de instancia por mera legalidad, apartándose del conocimiento mediante el acto del sobreseimiento de la garantía de amparo. Es así que fruto de la diversidad de posiciones admitidas por esta Sala, resulta apremiante una decisión que ponga fin a las diferentes líneas jurisprudenciales y asuma una sola.- CONSIDERANDO CUATRO (4): Sobre la argumentación que sustenta la decisión de la Sala en relación con la garantía de amparo presentada por el Ministerio Público reclamando la violación del principio de legalidad contenida en el artículo 321 constitucional en referencia a la aplicación de los decretos legislativos números 184-2013 y 63-2014. En principio, la Sala observa que todas las garantías de amparo que fueron presentadas por el Ministerio Público en casos relacionados con los decretos legislativos números 184-2013 y 63-2014, se sustentan en el principio de legalidad contenido en el artículo 321 constitucional; bajo el argumento que sendos decretos constituyen cláusulas o normas que no despenalizan los delitos señalados en los artículos 332-A y B del Código Penal, sino que tienen como objeto establecer una veda temporal para permitirle a la ciudadanía la inscripción de sus armas comerciales y la entrega a las autoridades aquellas armas que son ilícitas. Para la Sala es válido apuntar que estas garantías de amparo, en el fondo tienen como pretensión que en sede constitucional se defina la controversia existente entre dos posiciones antagónicas; por una parte los fiscales del Ministerio Público que estiman, como ya se expresó, que los decretos legislativos números 184-2013 y 63-2014 no despenalizan las conductas tipificadas en el artículo 332-A y B del Código Penal; y por otra la de los defensores que estiman suspendida la potestad del Ministerio Público para ejercitar la acción penal contra las personas que sean sorprendidas en posesión, tenencia o portación de armas comerciales no registradas o armas de uso ilegal; esto durante el tiempo de veda o gracia que establecen dichos decretos legislativos. Dicho de otra manera la disputa judicial se relaciona con el sentido y alcance de la normativa contenida en los decretos legislativos números 184-2013 y 63-2014; para lo cual, tanto las partes procesales como los juzgadores, han vertido opinio iuris, haciendo uso de diversos métodos de interpretación legal. Ahora bien dilucidar dicho asunto hermenéutico, no corresponde a la jurisdicción constitucional. Aclarar si las conductas tipificadas como delitos por el artículo 332 A y B del Código Penal son derecho sustantivo vigente y que existe ius puniendi del Estado para su juzgamiento no le corresponde a la Sala de lo Constitucional.[11]- La jurisdicción de este alto tribunal de justicia, conociendo un asunto por la vía de la garantía del amparo, se limita únicamente al ámbito que le reserva el artículo 183 constitucional; en cuanto establece que ésta es una garantía de restitución o mantenimiento de un derecho fundamental que esté contenido en la Constitución o instrumento internacional de derechos humanos adoptado como parte del derecho interno. Por otro lado, es un hecho verificado que todas las garantías de amparo presentadas por fiscales, tienen en común que abordan el tema desde el punto de vista de la cuestión jurídica (quaestio iuris) referida a establecer, si la veda o gracia concedida por el Estado debe considerarse o no, una despenalización transitoria de las conductas delictivas previstas en la ley. Tomando en cuenta lo arriba apuntado, el hecho de que este alto tribunal de justicia admita o rechace el argumento del Ministerio Público, en cuanto a la no despenalización de los delitos contenidos en el artículo 332 A y B del Código Penal, tiene como efecto inmediato pronunciarse sobre el sentido y alcance de los decretos legislativos números 184-2013 y 63-2014, lo cual como se ha explicado sería un pronunciamiento de instancia, y por ende ajeno al objeto del amparo. Es por ello que la Sala estima procedente apartarse de sus decisiones o líneas jurisprudenciales anteriores[12] para adoptar de ahora en adelante una decisión que se ajuste más adecuadamente al mandato que le concede la Constitución de la República en el numeral 1 del artículo 316, en relación con el artículo 183, también constitucional. La nueva línea jurisprudencial que adopta la Sala, tiene como principal fundamento el hecho concreto de que, precisamente no es de recibo el motivo de amparo sustentado en el principio de legalidad. De manera que ante el planteamiento de quien pide amparo lo que procede es denegar la presente garantía constitucional por ser esa la posición más acorde con el mandato constitucional y legal; sin embargo estima procedente ratificar los argumentos que expuso en la sentencia que declaró el sobreseimiento de la garantía constitucional de mérito. En dicha sentencia se expuso lo siguiente: “De acuerdo al alegato que presenta la amparista, se colige que su pretensión no es tanto que se le garantice un derecho contenido en la Constitución o instrumentos internacionales de derechos humanos que son parte del derecho interno hondureño, sino que se establezca si en el caso concreto le es aplicable el decreto que amplia a los ciudadanos el tiempo para que pueda inscribir su arma comercial, A juicio de este alto tribunal de justicia, el examen que pretende la garantista no corresponde a la jurisdicción constitucional, porque no se circunscribe dentro del ámbito de aplicación del artículo 183 constitucional ut supra citado. Dicha norma determina los supuestos en los que se encausan los motivos de amparo, teniendo ambas en común la protección de los derechos fundamentales contenidos en la Constitución de la República y los instrumentos internacionales de derechos humanos suscritos por el Estado hondureño. El principio de legalidad establecido en el artículo 321 constitucional es básico para la sostenibilidad del Estado de derecho, porque constituye el sometimiento de la autoridad a la ley; siendo por tanto un valladar que no permite la arbitrariedad y el abuso del poder público, de manera que protege a cada habitante o persona que se encuentra en el país. Dicho esto, se explica lo siguiente. La trasgresión del artículo 321 constitucional puede provocar la violación de un derecho fundamental, a la razón: la libertad, la libre asociación, la educación, el debido proceso, etc. Estos derechos fundamentales, si pueden ser objeto de amparo, de conformidad a las vías ya expuestas del artículo 183 constitucional; pero la garantía de amparo no está prevista para defender la ley en sí. La pretensión de la fiscal con la presente garantía de amparo, es conforme a su desarrollo un alegato de instancia, que no tiene cabida en el ámbito de la justicia constitucional. Corresponde al juez de justicia ordinaria penal, determinar la existencia del delito de conformidad a los elementos de tipo contenidos en la ley. Por todas las razones que se han apuntado, cabe señalar que no es de recibo la garantía constitucional de amparo,…” Es por ello que en el caso de mérito, estima procedente declarar con lugar la reposición solicitada para el sólo efecto de reponer el decisum de la sentencia dictada en fecha dieciséis de mayo de dos mil diecisiete.- POR TANTO: La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos: 80, 303 de la Constitución de la República; 1, 78 Nº 5), de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; artículos 46 No.6 y 120 de la Ley sobre Justicia Constitucional; FALLA: Declarar con lugar la reposición de mérito, para el sólo efecto de reponer el decisum de la sentencia dictada en fecha dieciséis de mayo de dos mil diecisiete; en consecuencia se DENIEGA la garantía constitucional de amparo interpuesta por la fiscal, abogada KARLA PATRICIA GARCÍA ARITA, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución de fecha diez de febrero de dos mil dieciséis dictada por la honorable Corte Segunda de Apelaciones de la sección judicial de la Ceiba del departamento de Atlántida, mediante la cual confirmó el sobreseimiento dictado en fecha catorce de agosto del año dos mil quince por el honorable Juzgado de Letras Seccional de Tocoa, departamento de Colón. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se remitan los antecedentes al tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado Edwin Francisco Ortez Cruz. NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.- Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticinco (25) días del mes de enero del año dos mil dieciocho (2018), certificación de la Sentencia y Resolución de fecha dieciséis (16) de mayo y veintisiete (27) de octubre del año dos mil diecisiete (2017) respectivamente, recaída en el Recurso de Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 0329-2016.- Firma y Sello

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

Secretario Sala Constitucional

[1] Artículo 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”

[2] Artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces y tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales.”

[3] Artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley”

[4] Ambos decretos establecen un período de veda para que toda persona que tenga en su poder cualquier tipo de arma de fuego comercial pero sin poseer la correspondiente factura de venta de la Armería, proceda a realizar los trámites correspondientes para dicho registro ante la Secretaría de Estado en el despacho de Seguridad.

[5] Esta es una cuestión que de manera exclusiva sólo puede ser esclarecida por la jurisdicción penal por medio de los órganos jurisdiccionales competentes en esa materia; incluyendo a la Corte Suprema de Justicia (Sala de lo Penal), por medio de la casación. Este recurso es el idóneo por su naturaleza nomofiláctica para determinar el verdadero sentido y alcance de las normas; y nunca la garantía constitucional de amparo.

[6] Se hace referencia a la línea jurisprudencial de denegatorias iniciada con la sentencia AP-0398-2014 de fecha 20 de abril de 2016, seguida de estas otras: la sentencia AP-1279-2014 de fecha doce de diciembre de dos mil dieciséis; la sentencia AP-1308-2014 de fecha doce de diciembre de dos mil dieciséis; sentencia AP-0219-2015 de fecha veintidós de noviembre de dos mil dieciséis; sentencia AP-0860-2015 de fecha veintidós de noviembre de dos mil dieciséis. Como a la línea jurisprudencial de otorgamientos iniciada con la sentencia AP-1104-2014 de fecha treinta de septiembre de dos mil dieciséis y que continuó con estas: sentencia AP-1124-2014 de fecha doce de diciembre de dos mil dieciséis; sentencia AP-0222-2015 de fecha diecinueve de octubre de dos mil dieciséis; sentencia AP-0241-2015 y otras de fecha veintiséis de octubre de dos mil dieciséis.

[7] Artículo 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”

[8] Artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces y tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales.”

[9] Artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley”

[10] Ambos decretos establecen un período de veda para que toda persona que tenga en su poder cualquier tipo de arma de fuego comercial pero sin poseer la correspondiente factura de venta de la Armería, proceda a realizar los trámites correspondientes para dicho registro ante la Secretaría de Estado en el despacho de Seguridad.

[11] Esta es una cuestión que de manera exclusiva sólo puede ser esclarecida por la jurisdicción penal por medio de los órganos jurisdiccionales competentes en esa materia; incluyendo a la Corte Suprema de Justicia (Sala de lo Penal), por medio de la casación. Este recurso es el idóneo por su naturaleza nomofiláctica para determinar el verdadero sentido y alcance de las normas; y nunca la garantía constitucional de amparo.

[12] Se hace referencia a la línea jurisprudencial de denegatorias iniciada con la sentencia AP-0398-2014 de fecha 20 de abril de 2016, seguida de estas otras: la sentencia AP-1279-2014 de fecha doce de diciembre de dos mil dieciséis; la sentencia AP-1308-2014 de fecha doce de diciembre de dos mil dieciséis; sentencia AP-0219-2015 de fecha veintidós de noviembre de dos mil dieciséis; sentencia AP-0860-2015 de fecha veintidós de noviembre de dos mil dieciséis. Como a la línea jurisprudencial de otorgamientos iniciada con la sentencia AP-1104-2014 de fecha treinta de septiembre de dos mil dieciséis y que continuó con estas: sentencia AP-1124-2014 de fecha doce de diciembre de dos mil dieciséis; sentencia AP-0222-2015 de fecha diecinueve de octubre de dos mil dieciséis; sentencia AP-0241-2015 y otras de fecha veintiséis de octubre de dos mil dieciséis.