Sentencia AP-326-16 — Registro 10311
Resumen
Sentencia declaró sin lugar recurso de apelación, confirmó sobreseimiento definitivo dictado por juzgado de primera instancia por haber declarado con lugar excepción de falta de acción opuesta por imputado a quien se le supone responsable del delito de portación de arma de fuego comercial en perjuicio de la seguridad interior del Estado de Honduras
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…”vista la resolución que se impugna ante este Alto Tribunal, la misma fundamenta la decisión adoptada en el Decreto Legislativo No. 60-2015, mismo que prorroga el Decreto No. 63-2014, no siendo de recibo los agravios expuestos por el Ministerio Público, por cuanto el Juez A-quo acierta al señalar que a la fecha que ocurrieron los hechos que se imputan al señor Winfi Wilfredo Alegría Hailor –el 5 de septiembre de 2015, se encontraba en vigencia el Decreto Legislativo 060-2015, que establece un período de gracia para que las personas pudiesen registrar las armas de fuego comerciales hasta el 31 de diciembre de 2015…”…”Ciertamente los mencionados Decretos, no están revocando o reformando lo dispuesto en los artículos 332-A y 332-B del Código Penal, sino que esta regulando temporalmente dicha disposición con el fin de lograr en primer lugar “el registro de armas en poder de los particulares, para efectos de control formal por parte del Estado”. Asimismo la finalidad que las personas que tengan en su poder armas consideradas de uso prohibido, procedan sin ningún tipo de responsabilidad a entregarlas a la autoridad competente para su destrucción…”…”la Sala de lo Constitucional vista y analizada que ha sido la resolución impugnada, encuentra que la misma se encuentra ajustada a derecho, pues se han respetado los preceptos constitucionales que invoca la recurrente como vulnerados, entre ellos el Derecho a la Tutela Judicial Efectiva, Debido Proceso y el Principio de Legalidad, centrándose la recurrente en la aplicación indebida del Decreto Legislativo No. 60-2015, al considerar que la resolución impugnada se encuentra basada en apreciaciones erróneas por parte del tribunal, por lo que no procedía la aplicación de un decreto que no debía ser aplicado, lo que vulnera el principio de legalidad, entendiendo éste como el ejercicio del poder público acorde con la ley vigente y su jurisdicción; del estudio de la resolución impugnada, se observa que la misma fue dictada en fundamento al Decreto Legislativo No. 60-2015, el cual prorroga la vigencia del Decreto 63-2014 desde la fecha de vencimiento de éste -6 de mayo del 2015-, hasta el 31 de diciembre del año dos mil quince, según lo establecido en al artículo 1 del referido Decreto Legislativo 60-2015; ocurriendo los hechos acusados por el Ministerio Público en fecha cinco de septiembre del año dos mil quince, encontrándose vigente el aludido Decreto. Se debe señalar que la recurrente en amparo expone la vulneración del principio de legalidad, transgresión que no se observa, pues conforme a las facultades que otorga la Constitución de la República al Congreso Nacional, éste emitió el Decreto No. 60-2015, que se deja relacionado en acápites anteriores de este libelo, haciendo prevalecer con ello, que el poder tiene su fundamento y límite en las normas jurídicas, especialmente en aquellas cuya intervención del poder público se encuentra directamente ligado a los derechos del individuo. Reiterando esta Sala de lo Constitucional que el obtener respuestas jurisdiccionales contrarias a las pretensiones de las partes, no es indicativo de vulneración de derechos fundamentales…”…”al haberse determinado la no vulneración de los derechos fundamentales señalados, se estima procedente denegar el recurso de amparo que ahora se conoce…”
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los doce días del mes de septiembre del año dos mil diecisiete.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada SSUSSY G. COELLO GARCÍA, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por La Corte Segunda de Apelaciones de La Ceiba, departamento de Atlántida en fecha veintitrés (23) de febrero del año dos mil dieciséis (2016), que declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Tocoa, departamento de Colón, en fecha seis (6) de octubre del año dos mil quince (2015); en la causa instruida contra el señor WINFI WILFREDO ALEGRIA HAILOR, por suponerlo responsable del delito de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMA DE FUEGO COMERCIAL, en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS.- Afirmando la recurrente que la decisión del Ad-quem, es violatoria del principio derecho del Debido Proceso, el derecho a la Tutela Judicial Efectiva y el principio de Legalidad contenidos en los artículos 90 y 321 de la Constitución de la República.- ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha seis (6) de septiembre del año dos mil quince (2015), compareció ante el Juzgado de Letras Seccional de Tocoa, departamento de Colón, la Abogada SUYAPA GENARA RIVERA PALACIOS, actuando en su condición de Agente de Tribunales del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal, contra el ciudadano WINFI WILFREDO ALEGRIA HAILOR, por suponerlo responsable del delito de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMA COMERCIAL, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS. (Folios del 1 al 3 de la pieza de antecedentes de primera instancia).- 2) Que seguido el proceso, en fecha seis (6) de octubre del año dos mil quince (2015), el Juzgado instructor, en Audiencia Inicial resolvió: (Sic) “1.- Declarar CON LUGAR la Excepción de falta de Acción interpuesta por la Defensa, en consecuencia, Decrétese un SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO a favor del señor WINFI WILBERTO ALEGRIA HAILOR, en la causa que se le siguió por el delito de PORTACION ILEGAL DE ARMAS, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS.-2.- REVOCAR, las medidas cautelares, interpuestas en la declaración de imputado…” (Folios del 16 al 19 de la pieza de antecedentes de3 primera instancia).- 3) Que resolviendo el Recurso de Apelación interpuesto por el Ministerio Público contra la resolución supra indicada, en fecha veintitrés (23) de febrero del año dos mil dieciséis (2016) la Corte Segunda de Apelaciones de La Ceiba departamento de Atlántida, por unanimidad de votos resolvió: (Sic) “PRIMERO: Declarar SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el Ministerio Público; SEGUNDO: CONFIRMAR la resolución de fecha seis (06) de Octubre de dos mil quince (2015), dictada por el Juzgado De Letras Seccional de Tocoa, Departamento de Colon, que contiene el Sobreseimiento Definitivo a favor del acusado Winfi Wilfredo Alegría Hailor, por suponerlo responsable, a título de autor, de un delito consumado de Posesión Ilegal de Arma de Fuego Comercial, en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras…” (Folios del 4 al 8 de la Pieza de antecedentes de segunda instancia)- 4) Que la recurrente Abogada SUSSY G. COELLO GARCIA, compareció ante este Alto Tribunal, en fecha once (11) de abril del año dos mil dieciséis (2016), reclamando amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, afirmando la recurrente que la decisión del Ad-quem, de fecha veintitrés (23) de febrero del año dos mil dieciséis (2016), es violatoria del principio derecho del Debido Proceso, el derecho a la Tutela Judicial Efectiva y el principio de Legalidad contenidos en los artículos 90 y 321 de la Constitución de la República.- 5) Que en fecha dieciséis (16) de Junio del año dos mil dieciséis (2016), este Alto Tribunal tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de amparo de mérito y a la vez omitió la vista de los antecedentes al fiscal del despacho, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público.- CONSIDERANDO (1): Que el Estado reconoce la garantía de amparo, por ello y conforme a lo establecido en el artículo 183 de la Constitución de la República, en relación al artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, toda persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta, puede interponer recurso de amparo, para que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen y para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución.- CONSIDERANDO (2): Que del examen de las diligencias, que forman los antecedentes, se observa, que el caso traído a esta Sala y por el cual se está solicitando garantía constitucional de Amparo, tiene su origen en fecha seis de septiembre del año dos mil quince, fecha en la que compareció ante el Juzgado de Letras Seccional de Tocoa, Departamento de Colón, la Abogada SUYAPA GENARA RIVERA PALACIOS, en su condición de Agente de Tribunales del Ministerio Público, presentando Requerimiento Fiscal contra el señor WINFI WILFREDO ALEGRIA HAILOR, por suponerlo responsable del delito de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMA DE FUEGO COMERCIAL en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS.- CONSIDERANDO (3): Que en fecha once de abril del año dos mil dieciséis, compareció ante este Alto Tribunal, la Abogada SUSSY G. COELLO GARCÍA, interponiendo Acción Constitucional de Amparo, en su condición de Agente Fiscal del Ministerio Público y a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución de fecha veintitrés (23) de febrero del año dos mil dieciséis (2016), emitida por la Corte Segunda de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida, que resuelve el Recurso de Apelación interpuesto contra la resolución de fecha seis (06) de octubre del año dos mil quince (2015), dictada en Audiencia Inicial, por el Juzgado de Letras Seccional de Tocoa, Departamento de Colón, en el proceso iniciado en contra del señor WINFI WILFREDO ALEGRIA HAILOR; resolución que declara No Ha Lugar el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público en relación al sobreseimiento definitivo dictado a favor del imputado, por el delito de Portación Ilegal de Arma de Fuego Comercial; considera la recurrente en amparo que la resolución antes referida violenta el derecho a la Tutela Judicial Efectiva, Debido Proceso y el Principio de Legalidad, contenidos en los artículos 90 y 321 de la Constitución de la República.- CONSIDERANDO (4): Que de la lectura de la acción constitucional impetrada, la recurrente sostiene que al analizar el fondo de la sentencia el Ad-Quem dictó sobreseimiento definitivo con fundamento en el contenido del articulo 2 del Decreto Legislativo 183-2013 y que se extendió también a través de los Decretos Legislativos 63-2014 y 60-2015. De su lectura es necesario indicar que el propósito del mismo, según se desprende de su exposición de motivos es el siguiente: “Que es imperativo el registro de armas en poder de los particulares para efectos de control formal por parte del Estado”, el espíritu de la norma no va encaminada a suspender la validez material del artículo 332-B del Código Penal, como consecuencia de la vigencia temporal de los referidos decretos y con ello promover la tenencia ilegal de armas por el espacio de tiempo en ellos contemplado, sino por el contrario, va dirigida a promover la inscripción de las armas y alcanzar un mejor control de las mismas, como bien lo señala el Ad-quem. Es decir, para que el imputado se viera favorecido por la norma legal citada, debía haber estado realizando acciones encaminadas a la inscripción de la misma, sin embargo, en el caso de autos, el acusado fue detenido en horas de la noche cuando se encontraba en la calle principal de la Aldea Parma, lo cual no significa estar realizando acciones tendientes a obtener la inscripción en la oficina estatal correspondiente, de ahí que se considere que el imputado no estaba legitimado para tenerla, y por ende, la aplicación indebida del Decreto Legislativo 183-2013 ampliado mediante decretos 63-2014 y 60-2016.- CONSIDERANDO (5): Que continuando con la defensa de sus argumentos, la impetrante aduce que la aplicación inadecuada de los decretos ejecutivos en comento constituye una flagrante violación al derecho Debido Proceso, mismo que reclama que la conclusión por sentencia de todo proceso debe respetar al menos ciertos principios constitucionales vinculados a una verdadera administración de justicia, entre los cuales se encuentra el derecho a la debida motivación, sin embargo como arriba se ha dicho la resolución emitida por la Corte Segunda de Apelaciones de La Ceiba, Atlántida se basa en una apreciaciones erróneas referentes a la aplicación de un decreto que no debió ser aplicado; igualmente hay una flagrante violación al derecho de tutela judicial efectiva por no garantizarse el debido proceso, esto por la falta de motivación de la resolución emitida al carecer de las adecuadas motivaciones para adquirir la convicción en las partes respecto a la conclusión arribada en la cual se decide el fondo del asunto, ya que se puso fin al proceso mediante la aplicación del decreto en mención a favor del imputado, cuando en realidad no procedía su aplicación.- CONSIDERANDO (6): Que para finalizar sus argumentos, en cuanto a la vulneración de los derechos constitucionales invocados, la impetrante sostiene que el Principio de Legalidad, en un Estado de Derecho el poder tiene su fundamento y límite en el ordenamiento jurídico, las que le imponen al Juez la obligación ineludible de emitir resoluciones en estricto apego a derecho y no a su mera arbitrariedad, interpretación personal sin tomar en cuenta la norma, el hecho, la prueba y como el caso que nos ocupa el derecho a aplicar; si bien es cierto, el Juez tiene la facultad dada por la misma norma de interpretación, esta debe ser orientada a la búsqueda del verdadero sentido de la norma que se debe aplicar, y en el caso venido en estudio tal como se señalo con anterioridad, a través del Decreto Legislativo 184-2013 y sus ampliaciones, la intención autentica dada por el Legislador no es la suspensión de la validez material de la acción constitutiva de delito, sino mas bien de no responsabilizarlo en el momento de ir a inscribir el arma, aspecto este último que no acontece en el presente caso.- CONSIDERANDO (7): Que en relación a la motivación de las resoluciones judiciales, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha afirmado que la motivación “es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión”[1], y que “la argumentación de un fallo debe mostrar que han sido debidamente tomados en cuenta los alegatos de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado. Asimismo, la motivación demuestra a las partes que estas han sido oídas y, en aquellos casos en que las decisiones son recurribles, les proporciona la posibilidad de criticar la resolución y lograr un nuevo examen de la cuestión ante las instancias superiores”[2]. Sin embargo también aclaró que “el deber de motivar no exige una respuesta detallada a todo argumento de las partes, sino que puede variar según la naturaleza de la decisión”[3]. La motivación de las resoluciones a criterio de Carrillo Vinader[4], cumple los siguientes fines: a) Evidencia la sumisión de los Jueces y Tribunales al ordenamiento jurídico. Al Poder Judicial se le reconoce el ejercicio de un poder esencial en la comunidad, el de juzgar, pero no puede hacerlo arbitrariamente, caprichosamente, sino que ha de actuar con total sometimiento a las leyes que son expresión de la voluntad colectiva; b) El poner de relieve los fundamentos de la decisión, su justicia o, al menos, su adecuación al Derecho; y c) Cumple una función meramente instrumental, al facilitar el control de las decisiones judiciales por los Tribunales revisores. Es así que entiende esta Sala de lo Constitucional que: “la necesidad de motivar las resoluciones judiciales no exige una agotadora exposición de argumentos y razones, siendo admisible una fundamentación escueta, siempre que de la misma se desprenda que la decisión judicial responde a una interpretación del derecho o de las pruebas que es ajena a toda arbitrariedad”[5]- CONSIDERANDO (8): Que el principio de legalidad o primacía de la ley es un principio fundamental, conforme al cual todo ejercicio de un poder público debe realizarse acorde a la ley vigente y su jurisdicción y no a la voluntad de las personas. Es conforme a ello que la seguridad jurídica requiere que las actuaciones de los poderes públicos estén sometidas al principio de legalidad, y es una condición necesaria para afirmar que un Estado es un Estado de Derecho, pues el poder tiene su fundamento y límite en las normas jurídicas. La recurrente plantea la vulneración al derecho del, Debido Proceso, el derecho a la Tutela Judicial Efectiva Derecho y el Principio de Legalidad, por la inobservancia, según sus argumentos, de los preceptos constitucionales 90 y 321 en la resolución de fecha veintitrés de febrero del año dos mil dieciséis, dictada por el Ad-quem. Los preceptos constitucionales indicados señalan en su orden: “Nadie Puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece….”; y, “Los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de ley es nulo e implica responsabilidad.”- CONSIDERANDO (9): Que se conoce en Amparo la resolución de fecha veintitrés de febrero del año dos mil dieciséis, dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, que declara por Unanimidad de Votos, Sin Lugar el Recurso de Apelación interpuesto por el Ministerio Público, contra la resolución de fecha seis de octubre del año dos mil quince, dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Tocoa, Departamento de Colón, que declara Sobreseimiento Definitivo a favor del encausado. Que vista la resolución que se impugna ante este Alto Tribunal, la misma fundamenta la decisión adoptada en el Decreto Legislativo No. 60-2015, mismo que prorroga el Decreto No. 63-2014, no siendo de recibo los agravios expuestos por el Ministerio Público, por cuanto el Juez A-quo acierta al señalar que a la fecha que ocurrieron los hechos que se imputan al señor Winfi Wilfredo Alegría Hailor –el 5 de septiembre de 2015, se encontraba en vigencia el Decreto Legislativo 060-2015, que establece un período de gracia para que las personas pudiesen registrar las armas de fuego comerciales hasta el 31 de diciembre de 2015.- CONSIDERANDO (10): Que conforme a las atribuciones que le corresponden al Congreso Nacional concedidas por la Constitución de la República en el artículo 205, le corresponde crear, decretar, interpretar, reformar y derogar las leyes. Conforme a dicha atribución constitucional en fecha uno de septiembre del año dos mil trece mediante Decreto 184-2013[6] estableció un período de veda por el término de un año, para que toda persona que tenga en su poder cualquier tipo de arma de fuego comercial y que no posea factura de venta de la Armería, proceda con la documentación respectiva a excepción de dicha factura, a realizar los trámites correspondientes de registro ante la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad. El mencionado Decreto Legislativo establece también que durante ese término de un año, las personas que tengan en su poder armas consideradas de uso ilegal, pueden hacer entrega de las mismas a la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, sin ningún tipo de responsabilidad producto de su tenencia, procediéndose a la inmediata destrucción de las mismas. En los considerandos que motivaron la creación de dicho Decreto Legislativo se establece que es imperativo el registro de armas en poder de los particulares para efectos del control formal por parte del Estado.- CONSIDERANDO (11): Que el Decreto No. 184-2013 entró en vigencia a partir del día de su publicación en el Diario Oficial la Gaceta, o sea en fecha 5 de octubre del año dos mil trece. Que el Decreto No. 63-2014[7] de fecha 19 de agosto del año dos mil catorce, prorrogó la vigencia de lo dispuesto en el Decreto No. 184-2013, por un período de seis meses –contados a partir de la fecha de vencimiento del Decreto referido-, para que toda persona que tenga en su poder cualquier arma de fuego de tipo comercial y no posea factura de venta de la Armería, proceda con la documentación respectiva a excepción de dicha factura, realizar los trámites correspondientes para dicho registro; el Decreto 63-2014 entró en vigencia a partir del día de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta. En la creación de este Decreto de prórroga, el legislador observó que es deber del Congreso Nacional crear mecanismos que coadyuven a mejorar la seguridad ciudadana en nuestro país, mediante la prórroga del plazo de veda señalado.- CONSIDERANDO (12): Que el Decreto No. 60-2015[8] de fecha veintiuno de mayo del año dos mil quince, prorrogó a partir de la fecha del vencimiento del Decreto No. 63-2014, la vigencia por un período hasta el 31 de diciembre del año 2015, para que toda persona que tenga en su poder cualquier tipo de arma de fuego comercial y que no posea factura de venta de la Armería, proceda con la documentación respectiva a excepción de dicha factura, a realizar los trámites correspondientes para dicho registro. El Decreto en comento entró en vigencia a partir del día de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta[9]. Ciertamente los mencionados Decretos, no están revocando o reformando lo dispuesto en los artículos 332-A y 332-B del Código Penal, sino que esta regulando temporalmente dicha disposición con el fin de lograr en primer lugar “el registro de armas en poder de los particulares, para efectos de control formal por parte del Estado”. Asimismo la finalidad que las personas que tengan en su poder armas consideradas de uso prohibido, procedan sin ningún tipo de responsabilidad a entregarlas a la autoridad competente para su destrucción.- CONSIDERANDO (13): Es importante señalar que el derecho penal acepta la plena vigencia del principio de mínima intervención o última ratio, y es que si el Derecho Penal en su concepto tradicional se concibe como una forma de control social, acaso el mas violento de los métodos utilizados para la consecución de sus fines, el hablar de Derecho Penal Mínimo es llevar a la esfera de aplicación del Derecho Penal el mínimo de conductas transgresoras. Vistas así las cosas si el Derecho Penal no es el único medio de control social porque hacer un uso extensivo de éste. Dada la gravedad del control penal no es posible utilizarlo frente a todas las situaciones, ya que el Estado dejaría de ser de Derecho para convertirse en un Estado Policía. Según el Principio de Intervención Mínima, el derecho Penal debe ser la última ratio de la política del Estado para la protección de los bienes jurídicos más importantes, frente a los ataques más graves que puedan sufrir. La intervención del derecho Penal en la vida social debe reducirse a lo mínimo posible (minimización de la respuesta jurídica violenta frente al delito), lo cual orienta a la constitucionalidad de la solución jurídico penal que ha motivado la alzada al conocer y resolver el caso concreto.- CONSIDERANDO (14): Que el Principio de subsidiariedad del derecho Penal ha de ser la última ratio, el último recurso a utilizar a falta de otros menos lesivos. El llamado carácter fragmentario del Derecho Penal constituye una exigencia relacionada con la anterior y ambos postulados conforman el Principio de Intervención mínima. Que el Derecho Penal solo debe proteger bienes jurídicos, no significa que todo bien jurídico haya de ser protegido por la vía penal, ni tampoco que todo ataque a los bienes jurídicos penalmente tutelados deba determinar la intervención a ultranza del Derecho Penal. En consecuencia el Derecho Penal debe utilizarse solo en casos extraordinariamente graves (carácter fragmentario) y cuando no haya más remedio por haber fracasado ya otros mecanismos de protección menos gravosos para la persona (naturaleza subsidiaria)[10].- CONSIDERANDO (15): Que la Sala de lo Constitucional vista y analizada que ha sido la resolución impugnada, encuentra que la misma se encuentra ajustada a derecho, pues se han respetado los preceptos constitucionales que invoca la recurrente como vulnerados, entre ellos el Derecho a la Tutela Judicial Efectiva, Debido Proceso y el Principio de Legalidad, centrándose la recurrente en la aplicación indebida del Decreto Legislativo No. 60-2015, al considerar que la resolución impugnada se encuentra basada en apreciaciones erróneas por parte del tribunal, por lo que no procedía la aplicación de un decreto que no debía ser aplicado, lo que vulnera el principio de legalidad, entendiendo éste como el ejercicio del poder público acorde con la ley vigente y su jurisdicción; del estudio de la resolución impugnada, se observa que la misma fue dictada en fundamento al Decreto Legislativo No. 60-2015, el cual prorroga la vigencia del Decreto 63-2014 desde la fecha de vencimiento de éste -6 de mayo del 2015-, hasta el 31 de diciembre del año dos mil quince, según lo establecido en al artículo 1 del referido Decreto Legislativo 60-2015; ocurriendo los hechos acusados por el Ministerio Público en fecha cinco de septiembre del año dos mil quince, encontrándose vigente el aludido Decreto. Se debe señalar que la recurrente en amparo expone la vulneración del principio de legalidad, transgresión que no se observa, pues conforme a las facultades que otorga la Constitución de la República al Congreso Nacional, éste emitió el Decreto No. 60-2015, que se deja relacionado en acápites anteriores de este libelo, haciendo prevalecer con ello, que el poder tiene su fundamento y límite en las normas jurídicas, especialmente en aquellas cuya intervención del poder público se encuentra directamente ligado a los derechos del individuo. Reiterando esta Sala de lo Constitucional que el obtener respuestas jurisdiccionales contrarias a las pretensiones de las partes, no es indicativo de vulneración de derechos fundamentales.- CONSIDERANDO (16): Que como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y en los tratados internacionales de protección de derechos humanos.- CONSIDERANDO (17): Que al haberse determinado la no vulneración de los derechos fundamentales señalados, se estima procedente denegar el recurso de amparo que ahora se conoce. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos, en nombre del Estado de Honduras, y con fundamento en los artículos 1, 80, 82, 90 párrafo primero, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1) y 321 de la Constitución de la República; 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 y 25 de Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3 No. 2), 5, 9 No. 3) literal b), 56, 63, 67, 71 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 296 del Código Procesal Penal; FALLA: Denegando la Acción Constitucional de Amparo interpuesta por la Abogada SUSSY G. COELLO GARCÍA, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA, en fecha veintitrés de febrero del año dos mil dieciséis. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó la Magistrada REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- NOTÍFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiocho (28) días del mes de noviembre del año dos mil diecisiete (2017), certificación de la Sentencia de fecha doce (12) de septiembre del año dos mil diecisiete (2017), recaída en el Recurso de Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 0326-2016.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los doce días del mes de septiembre del año dos mil diecisiete.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada SSUSSY G. COELLO GARCÍA, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por La Corte Segunda de Apelaciones de La Ceiba, departamento de Atlántida en fecha veintitrés (23) de febrero del año dos mil dieciséis (2016), que declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Tocoa, departamento de Colón, en fecha seis (6) de octubre del año dos mil quince (2015); en la causa instruida contra el señor WINFI WILFREDO ALEGRIA HAILOR, por suponerlo responsable del delito de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMA DE FUEGO COMERCIAL, en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS.- Afirmando la recurrente que la decisión del Ad-quem, es violatoria del principio derecho del Debido Proceso, el derecho a la Tutela Judicial Efectiva y el principio de Legalidad contenidos en los artículos 90 y 321 de la Constitución de la República.- ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha seis (6) de septiembre del año dos mil quince (2015), compareció ante el Juzgado de Letras Seccional de Tocoa, departamento de Colón, la Abogada SUYAPA GENARA RIVERA PALACIOS, actuando en su condición de Agente de Tribunales del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal, contra el ciudadano WINFI WILFREDO ALEGRIA HAILOR, por suponerlo responsable del delito de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMA COMERCIAL, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS. (Folios del 1 al 3 de la pieza de antecedentes de primera instancia).- 2) Que seguido el proceso, en fecha seis (6) de octubre del año dos mil quince (2015), el Juzgado instructor, en Audiencia Inicial resolvió: (Sic) “1.- Declarar CON LUGAR la Excepción de falta de Acción interpuesta por la Defensa, en consecuencia, Decrétese un SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO a favor del señor WINFI WILBERTO ALEGRIA HAILOR, en la causa que se le siguió por el delito de PORTACION ILEGAL DE ARMAS, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS.-2.- REVOCAR, las medidas cautelares, interpuestas en la declaración de imputado…” (Folios del 16 al 19 de la pieza de antecedentes de3 primera instancia).- 3) Que resolviendo el Recurso de Apelación interpuesto por el Ministerio Público contra la resolución supra indicada, en fecha veintitrés (23) de febrero del año dos mil dieciséis (2016) la Corte Segunda de Apelaciones de La Ceiba departamento de Atlántida, por unanimidad de votos resolvió: (Sic) “PRIMERO: Declarar SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el Ministerio Público; SEGUNDO: CONFIRMAR la resolución de fecha seis (06) de Octubre de dos mil quince (2015), dictada por el Juzgado De Letras Seccional de Tocoa, Departamento de Colon, que contiene el Sobreseimiento Definitivo a favor del acusado Winfi Wilfredo Alegría Hailor, por suponerlo responsable, a título de autor, de un delito consumado de Posesión Ilegal de Arma de Fuego Comercial, en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras…” (Folios del 4 al 8 de la Pieza de antecedentes de segunda instancia)- 4) Que la recurrente Abogada SUSSY G. COELLO GARCIA, compareció ante este Alto Tribunal, en fecha once (11) de abril del año dos mil dieciséis (2016), reclamando amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, afirmando la recurrente que la decisión del Ad-quem, de fecha veintitrés (23) de febrero del año dos mil dieciséis (2016), es violatoria del principio derecho del Debido Proceso, el derecho a la Tutela Judicial Efectiva y el principio de Legalidad contenidos en los artículos 90 y 321 de la Constitución de la República.- 5) Que en fecha dieciséis (16) de Junio del año dos mil dieciséis (2016), este Alto Tribunal tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de amparo de mérito y a la vez omitió la vista de los antecedentes al fiscal del despacho, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público.- CONSIDERANDO (1): Que el Estado reconoce la garantía de amparo, por ello y conforme a lo establecido en el artículo 183 de la Constitución de la República, en relación al artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, toda persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta, puede interponer recurso de amparo, para que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen y para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución.- CONSIDERANDO (2): Que del examen de las diligencias, que forman los antecedentes, se observa, que el caso traído a esta Sala y por el cual se está solicitando garantía constitucional de Amparo, tiene su origen en fecha seis de septiembre del año dos mil quince, fecha en la que compareció ante el Juzgado de Letras Seccional de Tocoa, Departamento de Colón, la Abogada SUYAPA GENARA RIVERA PALACIOS, en su condición de Agente de Tribunales del Ministerio Público, presentando Requerimiento Fiscal contra el señor WINFI WILFREDO ALEGRIA HAILOR, por suponerlo responsable del delito de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMA DE FUEGO COMERCIAL en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS.- CONSIDERANDO (3): Que en fecha once de abril del año dos mil dieciséis, compareció ante este Alto Tribunal, la Abogada SUSSY G. COELLO GARCÍA, interponiendo Acción Constitucional de Amparo, en su condición de Agente Fiscal del Ministerio Público y a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución de fecha veintitrés (23) de febrero del año dos mil dieciséis (2016), emitida por la Corte Segunda de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida, que resuelve el Recurso de Apelación interpuesto contra la resolución de fecha seis (06) de octubre del año dos mil quince (2015), dictada en Audiencia Inicial, por el Juzgado de Letras Seccional de Tocoa, Departamento de Colón, en el proceso iniciado en contra del señor WINFI WILFREDO ALEGRIA HAILOR; resolución que declara No Ha Lugar el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público en relación al sobreseimiento definitivo dictado a favor del imputado, por el delito de Portación Ilegal de Arma de Fuego Comercial; considera la recurrente en amparo que la resolución antes referida violenta el derecho a la Tutela Judicial Efectiva, Debido Proceso y el Principio de Legalidad, contenidos en los artículos 90 y 321 de la Constitución de la República.- CONSIDERANDO (4): Que de la lectura de la acción constitucional impetrada, la recurrente sostiene que al analizar el fondo de la sentencia el Ad-Quem dictó sobreseimiento definitivo con fundamento en el contenido del articulo 2 del Decreto Legislativo 183-2013 y que se extendió también a través de los Decretos Legislativos 63-2014 y 60-2015. De su lectura es necesario indicar que el propósito del mismo, según se desprende de su exposición de motivos es el siguiente: “Que es imperativo el registro de armas en poder de los particulares para efectos de control formal por parte del Estado”, el espíritu de la norma no va encaminada a suspender la validez material del artículo 332-B del Código Penal, como consecuencia de la vigencia temporal de los referidos decretos y con ello promover la tenencia ilegal de armas por el espacio de tiempo en ellos contemplado, sino por el contrario, va dirigida a promover la inscripción de las armas y alcanzar un mejor control de las mismas, como bien lo señala el Ad-quem. Es decir, para que el imputado se viera favorecido por la norma legal citada, debía haber estado realizando acciones encaminadas a la inscripción de la misma, sin embargo, en el caso de autos, el acusado fue detenido en horas de la noche cuando se encontraba en la calle principal de la Aldea Parma, lo cual no significa estar realizando acciones tendientes a obtener la inscripción en la oficina estatal correspondiente, de ahí que se considere que el imputado no estaba legitimado para tenerla, y por ende, la aplicación indebida del Decreto Legislativo 183-2013 ampliado mediante decretos 63-2014 y 60-2016.- CONSIDERANDO (5): Que continuando con la defensa de sus argumentos, la impetrante aduce que la aplicación inadecuada de los decretos ejecutivos en comento constituye una flagrante violación al derecho Debido Proceso, mismo que reclama que la conclusión por sentencia de todo proceso debe respetar al menos ciertos principios constitucionales vinculados a una verdadera administración de justicia, entre los cuales se encuentra el derecho a la debida motivación, sin embargo como arriba se ha dicho la resolución emitida por la Corte Segunda de Apelaciones de La Ceiba, Atlántida se basa en una apreciaciones erróneas referentes a la aplicación de un decreto que no debió ser aplicado; igualmente hay una flagrante violación al derecho de tutela judicial efectiva por no garantizarse el debido proceso, esto por la falta de motivación de la resolución emitida al carecer de las adecuadas motivaciones para adquirir la convicción en las partes respecto a la conclusión arribada en la cual se decide el fondo del asunto, ya que se puso fin al proceso mediante la aplicación del decreto en mención a favor del imputado, cuando en realidad no procedía su aplicación.- CONSIDERANDO (6): Que para finalizar sus argumentos, en cuanto a la vulneración de los derechos constitucionales invocados, la impetrante sostiene que el Principio de Legalidad, en un Estado de Derecho el poder tiene su fundamento y límite en el ordenamiento jurídico, las que le imponen al Juez la obligación ineludible de emitir resoluciones en estricto apego a derecho y no a su mera arbitrariedad, interpretación personal sin tomar en cuenta la norma, el hecho, la prueba y como el caso que nos ocupa el derecho a aplicar; si bien es cierto, el Juez tiene la facultad dada por la misma norma de interpretación, esta debe ser orientada a la búsqueda del verdadero sentido de la norma que se debe aplicar, y en el caso venido en estudio tal como se señalo con anterioridad, a través del Decreto Legislativo 184-2013 y sus ampliaciones, la intención autentica dada por el Legislador no es la suspensión de la validez material de la acción constitutiva de delito, sino mas bien de no responsabilizarlo en el momento de ir a inscribir el arma, aspecto este último que no acontece en el presente caso.- CONSIDERANDO (7): Que en relación a la motivación de las resoluciones judiciales, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha afirmado que la motivación “es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión”[11], y que “la argumentación de un fallo debe mostrar que han sido debidamente tomados en cuenta los alegatos de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado. Asimismo, la motivación demuestra a las partes que estas han sido oídas y, en aquellos casos en que las decisiones son recurribles, les proporciona la posibilidad de criticar la resolución y lograr un nuevo examen de la cuestión ante las instancias superiores”[12]. Sin embargo también aclaró que “el deber de motivar no exige una respuesta detallada a todo argumento de las partes, sino que puede variar según la naturaleza de la decisión”[13]. La motivación de las resoluciones a criterio de Carrillo Vinader[14], cumple los siguientes fines: a) Evidencia la sumisión de los Jueces y Tribunales al ordenamiento jurídico. Al Poder Judicial se le reconoce el ejercicio de un poder esencial en la comunidad, el de juzgar, pero no puede hacerlo arbitrariamente, caprichosamente, sino que ha de actuar con total sometimiento a las leyes que son expresión de la voluntad colectiva; b) El poner de relieve los fundamentos de la decisión, su justicia o, al menos, su adecuación al Derecho; y c) Cumple una función meramente instrumental, al facilitar el control de las decisiones judiciales por los Tribunales revisores. Es así que entiende esta Sala de lo Constitucional que: “la necesidad de motivar las resoluciones judiciales no exige una agotadora exposición de argumentos y razones, siendo admisible una fundamentación escueta, siempre que de la misma se desprenda que la decisión judicial responde a una interpretación del derecho o de las pruebas que es ajena a toda arbitrariedad”[15]- CONSIDERANDO (8): Que el principio de legalidad o primacía de la ley es un principio fundamental, conforme al cual todo ejercicio de un poder público debe realizarse acorde a la ley vigente y su jurisdicción y no a la voluntad de las personas. Es conforme a ello que la seguridad jurídica requiere que las actuaciones de los poderes públicos estén sometidas al principio de legalidad, y es una condición necesaria para afirmar que un Estado es un Estado de Derecho, pues el poder tiene su fundamento y límite en las normas jurídicas. La recurrente plantea la vulneración al derecho del, Debido Proceso, el derecho a la Tutela Judicial Efectiva Derecho y el Principio de Legalidad, por la inobservancia, según sus argumentos, de los preceptos constitucionales 90 y 321 en la resolución de fecha veintitrés de febrero del año dos mil dieciséis, dictada por el Ad-quem. Los preceptos constitucionales indicados señalan en su orden: “Nadie Puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece….”; y, “Los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de ley es nulo e implica responsabilidad.”- CONSIDERANDO (9): Que se conoce en Amparo la resolución de fecha veintitrés de febrero del año dos mil dieciséis, dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, que declara por Unanimidad de Votos, Sin Lugar el Recurso de Apelación interpuesto por el Ministerio Público, contra la resolución de fecha seis de octubre del año dos mil quince, dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Tocoa, Departamento de Colón, que declara Sobreseimiento Definitivo a favor del encausado. Que vista la resolución que se impugna ante este Alto Tribunal, la misma fundamenta la decisión adoptada en el Decreto Legislativo No. 60-2015, mismo que prorroga el Decreto No. 63-2014, no siendo de recibo los agravios expuestos por el Ministerio Público, por cuanto el Juez A-quo acierta al señalar que a la fecha que ocurrieron los hechos que se imputan al señor Winfi Wilfredo Alegría Hailor –el 5 de septiembre de 2015, se encontraba en vigencia el Decreto Legislativo 060-2015, que establece un período de gracia para que las personas pudiesen registrar las armas de fuego comerciales hasta el 31 de diciembre de 2015.- CONSIDERANDO (10): Que conforme a las atribuciones que le corresponden al Congreso Nacional concedidas por la Constitución de la República en el artículo 205, le corresponde crear, decretar, interpretar, reformar y derogar las leyes. Conforme a dicha atribución constitucional en fecha uno de septiembre del año dos mil trece mediante Decreto 184-2013[16] estableció un período de veda por el término de un año, para que toda persona que tenga en su poder cualquier tipo de arma de fuego comercial y que no posea factura de venta de la Armería, proceda con la documentación respectiva a excepción de dicha factura, a realizar los trámites correspondientes de registro ante la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad. El mencionado Decreto Legislativo establece también que durante ese término de un año, las personas que tengan en su poder armas consideradas de uso ilegal, pueden hacer entrega de las mismas a la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, sin ningún tipo de responsabilidad producto de su tenencia, procediéndose a la inmediata destrucción de las mismas. En los considerandos que motivaron la creación de dicho Decreto Legislativo se establece que es imperativo el registro de armas en poder de los particulares para efectos del control formal por parte del Estado.- CONSIDERANDO (11): Que el Decreto No. 184-2013 entró en vigencia a partir del día de su publicación en el Diario Oficial la Gaceta, o sea en fecha 5 de octubre del año dos mil trece. Que el Decreto No. 63-2014[17] de fecha 19 de agosto del año dos mil catorce, prorrogó la vigencia de lo dispuesto en el Decreto No. 184-2013, por un período de seis meses –contados a partir de la fecha de vencimiento del Decreto referido-, para que toda persona que tenga en su poder cualquier arma de fuego de tipo comercial y no posea factura de venta de la Armería, proceda con la documentación respectiva a excepción de dicha factura, realizar los trámites correspondientes para dicho registro; el Decreto 63-2014 entró en vigencia a partir del día de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta. En la creación de este Decreto de prórroga, el legislador observó que es deber del Congreso Nacional crear mecanismos que coadyuven a mejorar la seguridad ciudadana en nuestro país, mediante la prórroga del plazo de veda señalado.- CONSIDERANDO (12): Que el Decreto No. 60-2015[18] de fecha veintiuno de mayo del año dos mil quince, prorrogó a partir de la fecha del vencimiento del Decreto No. 63-2014, la vigencia por un período hasta el 31 de diciembre del año 2015, para que toda persona que tenga en su poder cualquier tipo de arma de fuego comercial y que no posea factura de venta de la Armería, proceda con la documentación respectiva a excepción de dicha factura, a realizar los trámites correspondientes para dicho registro. El Decreto en comento entró en vigencia a partir del día de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta[19]. Ciertamente los mencionados Decretos, no están revocando o reformando lo dispuesto en los artículos 332-A y 332-B del Código Penal, sino que esta regulando temporalmente dicha disposición con el fin de lograr en primer lugar “el registro de armas en poder de los particulares, para efectos de control formal por parte del Estado”. Asimismo la finalidad que las personas que tengan en su poder armas consideradas de uso prohibido, procedan sin ningún tipo de responsabilidad a entregarlas a la autoridad competente para su destrucción.- CONSIDERANDO (13): Es importante señalar que el derecho penal acepta la plena vigencia del principio de mínima intervención o última ratio, y es que si el Derecho Penal en su concepto tradicional se concibe como una forma de control social, acaso el mas violento de los métodos utilizados para la consecución de sus fines, el hablar de Derecho Penal Mínimo es llevar a la esfera de aplicación del Derecho Penal el mínimo de conductas transgresoras. Vistas así las cosas si el Derecho Penal no es el único medio de control social porque hacer un uso extensivo de éste. Dada la gravedad del control penal no es posible utilizarlo frente a todas las situaciones, ya que el Estado dejaría de ser de Derecho para convertirse en un Estado Policía. Según el Principio de Intervención Mínima, el derecho Penal debe ser la última ratio de la política del Estado para la protección de los bienes jurídicos más importantes, frente a los ataques más graves que puedan sufrir. La intervención del derecho Penal en la vida social debe reducirse a lo mínimo posible (minimización de la respuesta jurídica violenta frente al delito), lo cual orienta a la constitucionalidad de la solución jurídico penal que ha motivado la alzada al conocer y resolver el caso concreto.- CONSIDERANDO (14): Que el Principio de subsidiariedad del derecho Penal ha de ser la última ratio, el último recurso a utilizar a falta de otros menos lesivos. El llamado carácter fragmentario del Derecho Penal constituye una exigencia relacionada con la anterior y ambos postulados conforman el Principio de Intervención mínima. Que el Derecho Penal solo debe proteger bienes jurídicos, no significa que todo bien jurídico haya de ser protegido por la vía penal, ni tampoco que todo ataque a los bienes jurídicos penalmente tutelados deba determinar la intervención a ultranza del Derecho Penal. En consecuencia el Derecho Penal debe utilizarse solo en casos extraordinariamente graves (carácter fragmentario) y cuando no haya más remedio por haber fracasado ya otros mecanismos de protección menos gravosos para la persona (naturaleza subsidiaria)[20].- CONSIDERANDO (15): Que la Sala de lo Constitucional vista y analizada que ha sido la resolución impugnada, encuentra que la misma se encuentra ajustada a derecho, pues se han respetado los preceptos constitucionales que invoca la recurrente como vulnerados, entre ellos el Derecho a la Tutela Judicial Efectiva, Debido Proceso y el Principio de Legalidad, centrándose la recurrente en la aplicación indebida del Decreto Legislativo No. 60-2015, al considerar que la resolución impugnada se encuentra basada en apreciaciones erróneas por parte del tribunal, por lo que no procedía la aplicación de un decreto que no debía ser aplicado, lo que vulnera el principio de legalidad, entendiendo éste como el ejercicio del poder público acorde con la ley vigente y su jurisdicción; del estudio de la resolución impugnada, se observa que la misma fue dictada en fundamento al Decreto Legislativo No. 60-2015, el cual prorroga la vigencia del Decreto 63-2014 desde la fecha de vencimiento de éste -6 de mayo del 2015-, hasta el 31 de diciembre del año dos mil quince, según lo establecido en al artículo 1 del referido Decreto Legislativo 60-2015; ocurriendo los hechos acusados por el Ministerio Público en fecha cinco de septiembre del año dos mil quince, encontrándose vigente el aludido Decreto. Se debe señalar que la recurrente en amparo expone la vulneración del principio de legalidad, transgresión que no se observa, pues conforme a las facultades que otorga la Constitución de la República al Congreso Nacional, éste emitió el Decreto No. 60-2015, que se deja relacionado en acápites anteriores de este libelo, haciendo prevalecer con ello, que el poder tiene su fundamento y límite en las normas jurídicas, especialmente en aquellas cuya intervención del poder público se encuentra directamente ligado a los derechos del individuo. Reiterando esta Sala de lo Constitucional que el obtener respuestas jurisdiccionales contrarias a las pretensiones de las partes, no es indicativo de vulneración de derechos fundamentales.- CONSIDERANDO (16): Que como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y en los tratados internacionales de protección de derechos humanos.- CONSIDERANDO (17): Que al haberse determinado la no vulneración de los derechos fundamentales señalados, se estima procedente denegar el recurso de amparo que ahora se conoce. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos, en nombre del Estado de Honduras, y con fundamento en los artículos 1, 80, 82, 90 párrafo primero, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1) y 321 de la Constitución de la República; 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 y 25 de Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3 No. 2), 5, 9 No. 3) literal b), 56, 63, 67, 71 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 296 del Código Procesal Penal; FALLA: Denegando la Acción Constitucional de Amparo interpuesta por la Abogada SUSSY G. COELLO GARCÍA, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA, en fecha veintitrés de febrero del año dos mil dieciséis. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó la Magistrada REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- NOTÍFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.- Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiocho (28) días del mes de noviembre del año dos mil diecisiete (2017), certificación de la Sentencia de fecha doce (12) de septiembre del año dos mil diecisiete (2017), recaída en el Recurso de Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 0326-2016.- Firma y Sello
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
Secretario Sala Constitucional
[1] Corte IDH. Caso Chaparro Álvarez y Lapo Iñiguez. Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de noviembre de 2007. Serie C No. 170, párr. 107.
[2] Corte IDH. Caso Apitz Barbera y otros (Corte Primera de lo Contencioso Administrativo) Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de agosto de 2008. Serie C No. 182, párr. 78.
[3] Corte IDH. Caso Apitz Barbera y otros (Corte Primera de lo Contencioso Administrativo) Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de agosto de 2008. Serie C No. 182, párr. 90.
[4] Palacios Mejía, José María y Fernández Entralgo, Jesús (Coordinadores). Código Procesal Penal Comentado Honduras. Agencia Española de Cooperación Internacional, Tegucigalpa, Honduras. Septiembre de 2000, LITOCOM, S. de R. L. de C. V. Pág. 243 y 244.
[5] Palacios Mejía, José María y Fernández Entralgo, Jesús (Coordinadores). Código Procesal Penal Comentado Honduras. Agencia Española de Cooperación Internacional, Tegucigalpa, Honduras. Septiembre de 2000, LITOCOM, S. de R. L. de C. V. Pág. 249.
[6] Publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 33,246 de fecha 5 de octubre del año 2013.
[7] Publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 33,574 de fecha 6 de noviembre del año 2014.
[8] Publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 33,829 de fecha 8 de septiembre del año 2015.
[9] Vid. Artículo 2 del Decreto Legislativo No. 60-2015.
[10] En tal sentido, a su vez: Santiago Mir Puig en: Introducción a las bases del derecho penal, 2da edición, B de F Editores, Montevideo -Buenos Aires, 2007. P. 109 y ss.
[11] Corte IDH. Caso Chaparro Álvarez y Lapo Iñiguez. Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de noviembre de 2007. Serie C No. 170, párr. 107.
[12] Corte IDH. Caso Apitz Barbera y otros (Corte Primera de lo Contencioso Administrativo) Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de agosto de 2008. Serie C No. 182, párr. 78.
[13] Corte IDH. Caso Apitz Barbera y otros (Corte Primera de lo Contencioso Administrativo) Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de agosto de 2008. Serie C No. 182, párr. 90.
[14] Palacios Mejía, José María y Fernández Entralgo, Jesús (Coordinadores). Código Procesal Penal Comentado Honduras. Agencia Española de Cooperación Internacional, Tegucigalpa, Honduras. Septiembre de 2000, LITOCOM, S. de R. L. de C. V. Pág. 243 y 244.
[15] Palacios Mejía, José María y Fernández Entralgo, Jesús (Coordinadores). Código Procesal Penal Comentado Honduras. Agencia Española de Cooperación Internacional, Tegucigalpa, Honduras. Septiembre de 2000, LITOCOM, S. de R. L. de C. V. Pág. 249.
[16] Publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 33,246 de fecha 5 de octubre del año 2013.
[17] Publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 33,574 de fecha 6 de noviembre del año 2014.
[18] Publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 33,829 de fecha 8 de septiembre del año 2015.
[19] Vid. Artículo 2 del Decreto Legislativo No. 60-2015.
[20] En tal sentido, a su vez: Santiago Mir Puig en: Introducción a las bases del derecho penal, 2da edición, B de F Editores, Montevideo -Buenos Aires, 2007. P. 109 y ss.