Sentencia AP-296-15 — Registro 7594
Resumen
Resolución impugnada por el Ministerio Público,que declaró parcialmente ha lugar recurso de apelación,contra revocatoria de auto de formal procesamiento por el delito de Portación Ilegal de Armas y ordenó el sobreseimiento definitivo en relación a ésta causa instruida contra impetrante en aplicabilidad al Decreto 184-2013 y no al artículo 332-b del Codigo Penal que según recurrente debio aplicarse y confirmó el auto de formal procesamiento por el delito de Lavado de Activo,Almacenamiento Ilegal de Armas de Fuego y Municiones Comerciales,en perjuicio de La Economia y la Seguridad Interior del Estado
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…":(11)Que el derecho penal acepta la plena vigencia del principio de mínima intervención o última ratio, y es que si el Derecho Penal en su concepto tradicional se concibe como una forma de control social, acaso el mas violento de los métodos utilizados para la consecución de sus fines, el hablar de Derecho Penal Mínimo es llevar a la esfera de aplicación del Derecho Penal el mínimo de conductas transgresoras. Vistas así las cosas si el Derecho Penal no es el único medio de control social porque hacer un uso extensivo de este? Dada la gravedad del control penal no es posible utilizarlo frente a todas las situaciones, ya que el Estado dejaría de ser de Derecho para convertirse en un Estado Policía. Según el Principio de Intervención Mínima, el derecho Penal debe ser la ultima ratio de la política del Estado para la protección de los bienes jurídicos más importantes, frente a los ataques más graves que puedan sufrir. La intervención del derecho Penal en la vida social debe reducirse a lo mínimo posible (minimización de la respuesta jurídica violenta frente al delito). El Principio de subsidiariedad del derecho Penal ha de ser la última ratio, el último recurso a utilizar a falta de otros menos lesivos. El llamado carácter fragmentario del Derecho Penal constituye una exigencia relacionada con la anterior y ambos postulados conforman el Principio de Intervención mínima. Que el Derecho Penal solo debe proteger bienes jurídicos, no significa que todo bien jurídico haya de ser protegido penalmente, ni tampoco que todo ataque a los bienes jurídicos penalmente tutelados deba determinar la intervención del Derecho Penal. En consecuencia el Derecho Penal debe utilizarse solo en casos extraordinariamente graves (carácter fragmentario) y cuando no haya más remedio por haber fracasado ya otros mecanismos de protección menos gravosos para la persona (naturaleza subsidiaria). (Las negritas son nuestras). Aplicando el carácter fragmentario del Derecho Penal se puede concluir que solo en el caso que fracase la VEDA OTORGADA VÍA Decreto, debe hacerse uso del Derecho penal, todo lo cual aplicado al caso concreto, el requerimiento fiscal enmarcado en el tipo penal de Portación ilegal de armas, resulta fuera de contexto legal, precisamente por la vigencia del decreto 184-2013 del cinco de octubre del 2013."
Legislación citada
- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 9 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 14, numeral 3 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 10 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 7, numeral 2 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8, numeral 2.d (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
Jerarquía: Reiterativa
…":(11)Que el derecho penal acepta la plena vigencia del principio de mínima intervención o última ratio, y es que si el Derecho Penal en su concepto tradicional se concibe como una forma de control social, acaso el mas violento de los métodos utilizados para la consecución de sus fines, el hablar de Derecho Penal Mínimo es llevar a la esfera de aplicación del Derecho Penal el mínimo de conductas transgresoras. Vistas así las cosas si el Derecho Penal no es el único medio de control social porque hacer un uso extensivo de este? Dada la gravedad del control penal no es posible utilizarlo frente a todas las situaciones, ya que el Estado dejaría de ser de Derecho para convertirse en un Estado Policía. Según el Principio de Intervención Mínima, el derecho Penal debe ser la ultima ratio de la política del Estado para la protección de los bienes jurídicos más importantes, frente a los ataques más graves que puedan sufrir. La intervención del derecho Penal en la vida social debe reducirse a lo mínimo posible (minimización de la respuesta jurídica violenta frente al delito). El Principio de subsidiariedad del derecho Penal ha de ser la última ratio, el último recurso a utilizar a falta de otros menos lesivos. El llamado carácter fragmentario del Derecho Penal constituye una exigencia relacionada con la anterior y ambos postulados conforman el Principio de Intervención mínima. Que el Derecho Penal solo debe proteger bienes jurídicos, no significa que todo bien jurídico haya de ser protegido penalmente, ni tampoco que todo ataque a los bienes jurídicos penalmente tutelados deba determinar la intervención del Derecho Penal. En consecuencia el Derecho Penal debe utilizarse solo en casos extraordinariamente graves (carácter fragmentario) y cuando no haya más remedio por haber fracasado ya otros mecanismos de protección menos gravosos para la persona (naturaleza subsidiaria). (Las negritas son nuestras). Aplicando el carácter fragmentario del Derecho Penal se puede concluir que solo en el caso que fracase la VEDA OTORGADA VÍA Decreto, debe hacerse uso del Derecho penal, todo lo cual aplicado al caso concreto, el requerimiento fiscal enmarcado en el tipo penal de Portación ilegal de armas, resulta fuera de contexto legal, precisamente por la vigencia del decreto 184-2013 del cinco de octubre del 2013."
Legislación citada
- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 9 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 14, numeral 3 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 10 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 7, numeral 2 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8, numeral 2.d (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
Jerarquía: Reiterativa
…":(11)Que el derecho penal acepta la plena vigencia del principio de mínima intervención o última ratio, y es que si el Derecho Penal en su concepto tradicional se concibe como una forma de control social, acaso el mas violento de los métodos utilizados para la consecución de sus fines, el hablar de Derecho Penal Mínimo es llevar a la esfera de aplicación del Derecho Penal el mínimo de conductas transgresoras. Vistas así las cosas si el Derecho Penal no es el único medio de control social porque hacer un uso extensivo de este? Dada la gravedad del control penal no es posible utilizarlo frente a todas las situaciones, ya que el Estado dejaría de ser de Derecho para convertirse en un Estado Policía. Según el Principio de Intervención Mínima, el derecho Penal debe ser la ultima ratio de la política del Estado para la protección de los bienes jurídicos más importantes, frente a los ataques más graves que puedan sufrir. La intervención del derecho Penal en la vida social debe reducirse a lo mínimo posible (minimización de la respuesta jurídica violenta frente al delito). El Principio de subsidiariedad del derecho Penal ha de ser la última ratio, el último recurso a utilizar a falta de otros menos lesivos. El llamado carácter fragmentario del Derecho Penal constituye una exigencia relacionada con la anterior y ambos postulados conforman el Principio de Intervención mínima. Que el Derecho Penal solo debe proteger bienes jurídicos, no significa que todo bien jurídico haya de ser protegido penalmente, ni tampoco que todo ataque a los bienes jurídicos penalmente tutelados deba determinar la intervención del Derecho Penal. En consecuencia el Derecho Penal debe utilizarse solo en casos extraordinariamente graves (carácter fragmentario) y cuando no haya más remedio por haber fracasado ya otros mecanismos de protección menos gravosos para la persona (naturaleza subsidiaria). (Las negritas son nuestras). Aplicando el carácter fragmentario del Derecho Penal se puede concluir que solo en el caso que fracase la VEDA OTORGADA VÍA Decreto, debe hacerse uso del Derecho penal, todo lo cual aplicado al caso concreto, el requerimiento fiscal enmarcado en el tipo penal de Portación ilegal de armas, resulta fuera de contexto legal, precisamente por la vigencia del decreto 184-2013 del cinco de octubre del 2013."
Legislación citada
- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 9 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 14, numeral 3 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 10 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 7, numeral 2 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8, numeral 2 d (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
Sentencia
CERTIIFCACION
El infrascrito Secretario de la Sala Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA el fallo que literalmente dice:”CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, doce de septiembre de dos mil diecisiete. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada YULIBETH GARAY HERNANDEZ, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la Resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, de fecha seis de enero del dos mil quince, que declaró parcialmente con lugar un recurso de Apelación presentado contra la resolución de fecha veintidós de noviembre de dos mil catorce, dictada por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán; en relación a la causa instruida contra la señora FRANCIS MARIA QUESADA GARCIA por suponerla responsable del delito de LAVADO DE ACTIVOS, ALMACENAMIENTO ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO Y MUNICIONES COMERCIALES, en perjuicio de LA ECONOMIA Y LA SEGURIDAD INTERIOR DELESTADO DE HONDURAS. Estima la recurrente que se consideran violados los derechos y garantías constitucionales contenidos en los artículos 90, 304 y 321 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES1) Que en fecha siete de abril del año dos mil trece, compareció ante el Juzgado de Letras de lo Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, la Abogada MIRIAM YESSENIA BARAHONA ORDOÑEZ, actuando en su condición de Agente de Tribunales del Ministerio Público presentando requerimiento fiscal contra de la señora FRANCIS MARIA QUESADA GARCIA, por suponerla responsable del delito de LAVADO DE ACTIVOS, ALMACENAMIENTO ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO Y MUNICIONES COMERCIALES en perjuicio de LA ECONOMIA YLA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS (Folios 2 al 8 de los antecedentes).2) Que en fecha veintidós de noviembre de dos mil catorce, en la continuación de la Audiencia Inicial el Juzgado de Letras de lo Penal de la sección judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, resolvió: “…1).- Declarar SIN LUGAR, la Nulidad planteada por la Defensa Privada que representa a la señora FRANCIS MARIA QUEZADA GARCIA.- 2).- CONVALIDAR EL INGRESO A LA VIVIENDA O ALLANAMIENTO DE MORADA, en fecha seis (06) de Abril del año dos mil trece (2013), propiedad de la señora FRANCIS MARIA QUEZADA GARCIA, ubicada en la Cañada, Municipio de Valle de Ángeles, Departamento de Francisco Morazán.- 3).-Decretar AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO contra FRANCIS MARIA QUEZADA GARCIA, generales conocidas por suponerla responsable del delito de LAVADO DE ACTIVOS, en perjuicio de la ECONOMIA DEL ESTADO DE HONDURAS.- 4).- Decretar Auto de Formal Procesamiento contra FRANCIS MARIA QUEZADA GARCIA, de generales conocidas por suponerla responsable del delito de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS, en base al artículo 332-B del Código Penal, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURA, … 5).- Imponerle a la referida imputada FRANCIS MARIA QUEZADA GARCIA, medida cautelar de PRISION PREVENTIVA, misma que durará hasta que se celebre el Juicio Oral y Público, siempre y cuando se llegase a esa etapa procesal, pudiendo ser sustituida por otra u otras menos gravosas, en caso de probarse que han desaparecido los supuestos que la originaron, además deberá cumplirla en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social(PNFAS)separada de las personas condenadas, para lo cual se librará atento oficio a la señora Directora de dicho Centro Penitenciario.- …” (Folios 145 al 173 del Tomo I de los antecedentes).3)Que conociendo de un recurso de apelación interpuesto por los Abogados IVAN ADAN MARTINEZ ORDOÑEZ Y ROSA HELENA BONILLA GALINDO, la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, dictó Auto Motivado en fecha seis de enero del dos mil quince, en la cual resolvió “… 1) DECLARAR PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la defensa de la imputada; 2) REVOCA el auto de formal procesamiento de fecha veintidós de noviembre del dos mil catorce dictado por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, en la causa instruida contra la señora FRANCIS MARIA QUESADA GARCIA por el delito de PORTACION ILEGAL DE ARMAS en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS y ordena al (sic) A quo profiera a su favor el Sobreseimiento Definitivo de las diligencias respecto del mismo; 3) Confirma el auto de formal procesamiento decretado por el delito de LAVADO DE ACTIVOS en perjuicio de LA ECONOMIA DEL ESTADO DE HONDURAS, y; 4)SIN LUGAR la nulidad absoluta de actuaciones reclamada por la defensa de la imputada; …” (Folios 2008 al 2013 TOMO V de los antecedentes).4) Que en fecha veintisiete de marzo del año dos mil quince, compareció ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, la Abogada YULIBETH GARAY HERNANDEZ en su condición de Fiscal Especial para la Defensa de la Constitución del Ministerio Público, interponiendo acción de amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS contra la resolución de fecha seis de enero de dos mil quince, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, que declaró parcialmente ha lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, por considerar la recurrente que es violatoria de lo dispuesto en los artículos 90 y 321 relacionado con el artículo 304 de la Constitución de la República (Folios 1 al 7 de la pieza de Amparo).5) Que en fecha dos de julio del año dos mil quince, este Alto Tribunal tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de amparo de mérito y a la vez omitió la vista de los antecedentes al fiscal del despacho, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. CONSIDERANDO: (1)Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la Garantía de Amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación al Artículo 303 de la Constitución de la República; 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.CONSIDERANDO: (2)Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 No.2 Constitucional, relacionado con el Artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. CONSIDERANDO: (3)Que la resolución contra la que se recurre en amparo, es la dictada por la CORTE DE APELACIONES DELO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha seis de enero del año dos mil quince, que declara parcialmente CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto.- REVOCA el auto de formal procesamiento por el delito de Portación Ilegal de Armas y Ordena al A quo profiera el sobreseimiento definitivo de las diligencias respecto del mismo, y CONFIRMA el auto de formal procesamiento por el delito de lavado de activos, DECLARANDO sin lugar la nulidad absoluta de actuaciones reclamada por la defensa de la imputada. Con relación a la causa instruida contra la señora FRANCIS MARIA QUESADA GARCIA por suponerla responsable de los delitos de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMA y LAVADO DE ACTIVOS en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR Y LA ECONOMIA NACIONAL DEL ESTADO DE HONDURAS respectivamente. CONSIDERANDO: (4)Que el recurrente en la formalización de la acción de amparo manifiesta que se han quebrantado los siguientes derechos constitucionales: Derecho al Debido Proceso y el principio de legalidad contenidos en los artículos 90 y 321 y 304 relacionados de la Constitución de la República. El ente Acusador en cuanto al delito de Portación Ilegal de Armas manifiesta que el Ad quem dice que no concurren los elementos objetivos ni subjetivos del tipo penal, porque las armas no estaban en posesión de la imputada, entendiéndose por posesión el acto material y actual de tener consigo o con uno mismo el arma, sino que las mismas como el propio Ministerio Público lo relata en su requerimiento fiscal y así resulta igualmente del texto de las actas de decomiso, unas fueron encontradas en el closet del dormitorio principal, y las otras en una mochila negra ubicada en la gaveta del escritorio del área de estudio; en adición, las armas como se deja anteriormente expuesto, tienen su permiso especial de portación extendido por la autoridad competente a nombre de terceros y la otra fue descrita en forma errada.- Sin perjuicio de lo anterior, aún en la hipótesis no aceptada que las armas hubiesen sido de propiedad de la hoy imputada en el momento en que se encontraron las mismas estaba vigente el Decreto 184-2013 y su prórroga el cual despenaliza temporalmente la tenencia de armas de uso comercial, como así lo son las encontradas en las casa de las Tres Rosas. El Ente Acusador considera que con los medios de prueba aportados que incluyen las armas de fuego decomisadas y su acta de decomiso se acredita los requisitos que establece la norma constitucional y procesal para decretar auto de formal Procesamiento habiendo presentado la mínima actividad probatoria y la plena prueba de haberse cometido un delito. Señala además el ente Fiscal que el Decreto 184-2013 y su prórroga no despenaliza los delitos señalados en los artículos 332-A y B del código Penal, sino que se entiende que su único alcance es permitir que la persona durante el tiempo allí establecido no enfrente consecuencias jurídicas al acudir a registrar su arma o a entregar un arma prohibida, lo cual no ocurrió en el presente caso. Por lo expuesto Considera que la resolución impugnada ha violentado el Debido proceso al no haber valorado la prueba de manera conjunta y armónica conforme las reglas de la sana crítica, obligación que tiene el juzgador conforme lo establece el artículo 202 del Código Procesal Penal, así como el principio de legalidad. CONSIDERANDO: (5)Que el Ad quem en su fallo expone de manera clara y precisa los motivos que recurre el apelante, exponiendo una relación de los hechos por los que se acusa a la imputada, así como los argumentos de la recurrente en relación al delito de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS. Y es en cuanto a la resolución dictada por el Ad quem en relación a esta imputación que se promueve la acción de Amparo, de la que el Tribunal de alzada ha hecho mérito y resuelto de la siguiente manera en el numeral 8 del párrafo de la MOTIVACIÓN de la sentencia: “8.- En lo concerniente el delito de PORTACIÓN DE ARMAS es criterio de esta Corte que en el caso particular no concurren los elementos objetivos ni subjetivos de su tipificación legal, tanto porque las armas encontradas no lo fueron estando en “posesión” de la hoy imputada, entendiéndose por posesión el acto material y actual de tener consigo o con uno mismo el arma, sino que las mismas, como el propio Ministerio Público lo relata en su requerimiento fiscal y así resulta igualmente del texto de las actas de decomiso, unas fueron encontradas en el closet del dormitorio principal y las otras en la mochila negra ubicada en la gaveta del escritorio del áreas de estudio; en adición, las armas como se deja anteriormente expuesto, tiene su permiso especial deportación extendido por la autoridad competente a nombre de terceros y la otra fue descrita en forma errada.-Sin perjuicio de lo anterior, aun en la hipótesis no aceptada que las armas hubiesen sido de propiedad de la ley imputada en el momento que se encontraron las mismas estaba vigente el Decreto 184-2013 y su prórroga, el cual despenaliza temporalmente la tenencia de armas de uso comercial como así lo son las encontradas en la casa de las Tres Rosas”. En el numeral nueve relaciona los requisitos esenciales para decretar auto de formal procesamiento, los elementos objetivos y subjetivos de la tipificación legal del delito, estimando como indicio racional todo hecho acto o circunstancia que le sirva al Juez para adquirir la convicción de que el imputado ha participado en la comisión del delito. En su numeral 10 deja establecido: “Coherente con lo expresado anteriormente, esta Corte de Apelaciones arriba a la conclusión que en el caso particular no existe evidencia alguna y menos plena prueba que suponga la comisión por parte de la encartada del delito de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS, cuya comisión le ha atribuido el Ministerio Público; tampoco existe ni se ha producido indicio racional para poder conceptualizar a la imputada en la categoría de sujeto responsables a título de autor o cómplice, toda vez que en el caso particular sencillamente resulta probado que el hecho no ha existido”. En consecuencia el Ad quem en el numeral 11 de la Motivación de la sentencia expone los motivos por los que se debe dictar sobreseimiento señalando “cuando resulte probado que el hecho no ha existido o que no está tipificado como delito o que el imputado no participó en su comisión; cuando no exista fundamentos suficientes para decretar auto de prisión o declaratoria de reo y no haya motivos para sospechar que el imputado tuvo participación en el delito y, cuando se ha extinguido la responsabilidad penal. Por todo ello declara parcialmente CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto.- REVOCA el auto de formal procesamiento por el delito de Portación Ilegal de Armas y Ordena al A quo profiera el sobreseimiento definitivo de las diligencias respecto del referido delito y CONFIRMA el auto de formal procesamiento por el delito de lavado de activos, DECLARANDO sin lugar la nulidad absoluta de actuaciones reclamada por la defensa de la imputada. CONSIDERANDO: (6)Que el Debido Proceso adjetivo o formal se entiende como un conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial. Así, si bien es cierto que los fallos han de respetar los principios del debido proceso formal y sustancial, también existiría una forma por la cual este fallo llegue a concretarse, y tutelar efectivamente la pretensión o derecho amparado. Este es el momento en el cual hace su aparición la tutela jurisdiccional efectiva, dado que un fallo justo y acorde con el procedimiento debido, no puede quedarse como certeza jurídica ideal, sino que ha de satisfacer materialmente el derecho reconocido. El estado tiene la obligación de reconocer un conjunto de garantías institucionales que permitan el ejercicio del debido proceso en toda persona. Todos los ciudadanos tienen derecho a acudir a los tribunales para obtener protección de sus intereses o derechos, a través de un proceso que respete tanto los derechos del demandante como los del demandado y que además el resultado de éste se encuentre asegurado, garantizando la tutela judicial contenida en el derecho interno y en los tratados y convenciones internacionales suscritos por el Estado para proteger los derechos y libertades del ciudadano contra actos u omisiones de las autoridades públicas, ejecutivas, judiciales o legislativas. CONSIDERANDO:(7) Que en el caso sub judice, de acuerdo a lo señalado por el Ministerio Público las armas fueron encontradas unas en el closet del dormitorio principal, y las otras en una mochila negra ubicada en la gaveta del escritorio del área de estudio; las que tienen su permiso especial de portación extendido por la autoridad competente a nombre de terceros y la otra fue descrita en forma errada.- sin perjuicio de lo anterior, aún en la hipótesis no aceptada que las armas hubiesen sido de propiedad de la hoy imputada en el momento en que se encontraron las mismas estaba vigente el decreto 184-2013 y su prórroga el cual despenaliza temporalmente la tenencia de armas de uso comercial. CONSIDERANDO: (8)Que el Estado mediante la creación del Decreto transitorio 184-2013, del cinco de octubre del 2013 y su prórroga permite lo que comúnmente conocemos como Veda a fin de que en un tiempo determinado (1 año), el poseedor de un arma de fuego de las antes descritas, disponga de ese tiempo (1 año) para inscribir en el Registro correspondiente y obtener la autorización para la portación de tales armas, ciertamente que tal Decreto, no esta revocando o reformando lo dispuesto en el artículo 332-B, sino que está regulando temporalmente dicha disposición con el fin de lograr “el registro de armas en poder de los particulares, para efectos del control formal por parte del Estado”(así reza el segundo considerando de dicho decreto).En consecuencia cuando el Estado mismo ha concedido esta VEDA para la inscripción de tales armas, ha restringido su juspuniendi temporalmente en cuanto a la aplicación del artículo 332-B, lo que implica que una vez concluido el término de un año, dicho decreto perderá su vigencia y todo ciudadano que no se ha acogido a este beneficio, deberá afrontar las sanciones establecidas en la ley. CONSIDERANDO: (9) Que el Ente Acusador, mantiene la postura que el Decreto antes referido no despenaliza los delitos señalados en los artículo 332-A y 332 –B del Código Penal, diciendo que se evidencia que su único alcance es permitir que la persona durante el tiempo de veda allí establecido no enfrente consecuencia jurídicas al acudir a registrar su arma o entregar un arma prohibida….ciertamente que el espíritu del Decreto en mención no es despenalizar los artículo 332-A y 332 –B del código Penal, de haber sido esa la finalidad de la creación del Decreto 184-2013, así hubiese quedado plasmado, observando la Sala, resulta erróneo el razonamiento del ente acusador cuando pretende una interpretación alejada del fin original del contenido de Decreto tantas veces referido, ya que los supuestos señalados por el Ministerio Público no son de recibo, puesto que una persona debe ser portadora de un arma de fuego y, esa persona de acuerdo a la VEDA decretada NO tendrá consecuencias jurídicas su actuar, DURANTE UN AÑO o su PRORROGA, tiempo durante el cual podrá realizar el tramite que en derecho corresponda para legalizar la portación del arma obteniendo en este caso el respectivo permiso de portación de armas. CONSIDERANDO: (10) Con la Veda se pretende que la ciudadanía realice el trámite correspondiente a obtener el registro del arma y la correspondiente autorización para portarla a fin de que el Estado mantenga un control efectivo de armas; es por ello que la ley señala el término de un año, en que temporalmente no se aplicará las normas contenidas en los artículos 332-A y 332-B, una vez concluido dicho año, todo ciudadano que no se haya acogido a este beneficio obviamente deberá enfrentar las consecuencias jurídicas que no son otras que un proceso penal con la posible condena de acuerdo a lo establecido en la norma sustantiva. CONSIDERANDO:(11)Que el derecho penal acepta la plena vigencia del principio de mínima intervención o última ratio, y es que si el Derecho Penal en su concepto tradicional se concibe como una forma de control social, acaso el mas violento de los métodos utilizados para la consecución de sus fines, el hablar de Derecho Penal Mínimo es llevar a la esfera de aplicación del Derecho Penal el mínimo de conductas transgresoras. Vistas así las cosas si el Derecho Penal no es el único medio de control social porque hacer un uso extensivo de este? Dada la gravedad del control penal no es posible utilizarlo frente a todas las situaciones, ya que el Estado dejaría de ser de Derecho para convertirse en un Estado Policía. Según el Principio de Intervención Mínima, el derecho Penal debe ser la ultima ratio de la política del Estado para la protección de los bienes jurídicos más importantes, frente a los ataques más graves que puedan sufrir. La intervención del derecho Penal en la vida social debe reducirse a lo mínimo posible (minimización de la respuesta jurídica violenta frente al delito). El Principio de subsidiariedad del derecho Penal ha de ser la última ratio, el último recurso a utilizar a falta de otros menos lesivos. El llamado carácter fragmentario del Derecho Penal constituye una exigencia relacionada con la anterior y ambos postulados conforman el Principio de Intervención mínima. Que el Derecho Penal solo debe proteger bienes jurídicos, no significa que todo bien jurídico haya de ser protegido penalmente, ni tampoco que todo ataque a los bienes jurídicos penalmente tutelados deba determinar la intervención del Derecho Penal. En consecuencia el Derecho Penal debe utilizarse solo en casos extraordinariamente graves (carácter fragmentario) y cuando no haya más remedio por haber fracasado ya otros mecanismos de protección menos gravosos para la persona (naturaleza subsidiaria). (Las negritas son nuestras). Aplicando el carácter fragmentario del Derecho Penal se puede concluir que solo en el caso que fracase la VEDA OTORGADA VÍA Decreto, debe hacerse uso del Derecho penal, todo lo cual aplicado al caso concreto, el requerimiento fiscal enmarcado en el tipo penal de Portación ilegal de armas, resulta fuera de contexto legal, precisamente por la vigencia del decreto 184-2013 del cinco de octubre del 2013. CONSIDERANDO: (12) Que como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, en aplicación de los artículos 15, 59, 61, 62, 69, 82, 89, 90, 92,99, 183, 303, 313 No.5, y 316, de La Constitución de la República; 1, 11, 78 No. 5, 132 y 145 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 4,15, 101 No. 10, 177, 200 y 212; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 9 No. 2, 41, 54, 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, Decreto 184-2013, del 5 de octubre del 2013; Artículos 7 inciso 2, 8.2.d de La Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1.1, 8, y 10 de La Declaración Universal de Los Derechos Humanos; 9, 14.3.d del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Artículo IV de La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; FALLA: DENEGANDO el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada YULIBETH GARAY HERNANDEZ a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, en fecha seis de enero del año dos mil quince. Y MANDA: que con la certificación de este fallo se remitan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó el Magistrado Jorge Abilio Serrano Villanueva.- NOTIFIQUESE. ABOGADO JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME, FIRMA Y SELLO CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL. Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del distrito central, a los seis días del mes de noviembre del año dos mil diecisiete, certificación del fallo de fecha doce de septiembre del año dos mil diecisiete recaída en el recurso de Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 0296=2015.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL