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Sentencia AP-28-16 — Registro 6837

Resumen

Sentencia declaró no ha lugar recurso de apelación y confirmó resolución dictada por el juzgado de primera instancia que declaró sin lugar solicitud de cambio de medidas cautelares impuestas al recurrente en la causa instruída por suponerlo responsable del delito de violación en perjuicio de una víctima

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."al estudiarse la foliada y específicamente la sentencia proferida por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, de fecha diecinueve de noviembre de dos mil quince, que resolvió un recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en Audiencia de Revisión de Medidas celebrada en fecha once de noviembre de dos mil quince; se aprecia en la misma; que se señala que la medida cautelar que se debe de imponer, es la que la naturaleza del delito amerite, que en el presente caso y conforme a la reforma, contenida en el Decreto 56-2013, del Artículo 184 del Código Procesal Penal, no puede ser otra que la prisión preventiva, establecida en el Artículo 173 numeral 3), de la vigente Ley Penal; siendo que la ley procesal aplicable es la vigente al momento de resolverse el acto; no como las normas de Derecho Penal Material, que la aplicable es la vigente al momento de cometerse el delito. En consecuencia, la medida cautelar de Prisión Preventiva se decretó, en atención al delito de que se trata, no a las circunstancias muy personales del encartado, ni mucho menos a su grado de participación o culpabilidad; siendo que se le respeta su estado de inocencia..."..."esta Sala de lo Constitucional aprecia que la resolución del Ad-quem contiene la motivación suficiente, cumpliendo éste con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetándose durante la tramitación del proceso penal de mérito el derecho de defensa, debido proceso y la publicidad del acto jurisdiccional al que se someten las partes. Por tanto las alegaciones señaladas por la recurrente no podrían configurarse como una violación a la tutela judicial efectiva, puesto que el Juzgador ha plasmado en su decisión la motivación necesaria indicando razonadamente su decisión, fundamentándose en la norma adjetiva aplicable..."..."esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad-quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las garantías y requisitos que han de ser tomados en cuenta para adoptar una determinación trascendental en el proceso penal, como ser el formal procesamiento del imputado y la aplicación de la medida cautelar de Prisión Preventiva, motivando de manera razonada su decisión, por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, no cabe otorgar el amparo demandado..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintiocho de junio de dos mil diecisiete.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada ANA DEL CARMEN RAUDALES HERNANDEZ a favor del señor JORGE JUAN VALLADARES PINEDA, contra la sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, de fecha diecinueve de noviembre de dos mil quince, que resolvió un recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en Audiencia de Revisión de Medidas celebrada en fecha once de noviembre de dos mil quince, con relación a la causa instruida contra el señor JORGE JUAN VALLADARES a quien se les supone responsable del delito de VIOLACIÓN en perjuicio de MARTHA MAGDALENA SANCHEZ SANCHEZ. Estima la recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representado los Artículos 64, 82, 90, 93 y 96 de la Constitución de la República, el Artículo 9 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos y el articulo 15.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.- ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha treinta y uno de marzo de dos mil seis, compareció ante el JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, la Abogada MARIA MERCEDES BUSTILLO OSORTO, actuando en su condición de Agente Fiscal del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal contra JORGE JUAN VALLADARES PINEDA por suponerlo responsable del delito de VIOLACIÓN en perjuicio de MARTHA MAGADALENA SANCHEZ SANCHEZ. (Folios 1-5 de los antecedentes)- 2) Que seguido el procedimiento de ley correspondiente, el referido Juzgado, en la Audiencia de Revisión de Medidas celebrada en fecha once de noviembre de dos mil quince, la defensa del imputado solicitó cambió de medidas cautelares en base a las consideraciones siguientes: “…teniendo acreditado la circunstancia y la fundamentación jurídica tenemos los elementos suficientes por lo que se solicita se decrete medidas distintas de la prisión preventiva se solicita que se impongan medidas cautelares del Artículo 173 numerales 6 del Código Procesal Penal, que se le obligue al imputado a la presentación periódica a la judicatura, y del numeral 7 que se le prohíba al imputado salir del país o del lugar de residencia y la del numeral 9 del mismo Artículo 173 la prohibición de comunicarse con persona determinada en este caso la ofendida…”. En consecuencia, el Juzgado se pronunció que: “…existe un presupuesto legal y fuera del alcance de las personas que imparten justicia como ser la reforma del Artículo 184 del Código Procesal Penal, mediante decreto emitido por el Congreso Nacional, que existe la prohibición de otorgar medidas cautelares sustitutivas de la prisión preventiva para el delito que se le imputa al imputado en la presente causa, la reforma se genera en el año dos mil trece… por lo que existe este presupuesto legal y no está en nuestras manos ir en contra de la reforma del Artículo 184 del Código Procesal Penal, por lo que estaríamos generando Abuso de Autoridad razón por lo que se declara sin lugar la petición de la defensa, quien podrá hacer uso de los recursos que estime pertinentes… Líbrese atento oficio al señor Jefe de Máxima Seguridad del Centro Penitenciario Nacional de Tamara Francisco Morazán, para que se sirva ordenar a quien corresponda trasladar al imputado a la brevedad posible a la Unidad de Diagnósticos de ese centro penitenciario, siendo que este adolece de problemas gástricos relacionados con una hernia HIATAL y reflujo gástrico esofágico, con cuadro de ESOFAGITIS…” (Folios del 139-143 de los antecedentes).- 3) Que conociendo del recurso de apelación planteado por la Abogada ANA DEL CARMEN RAUDALES HERNANDEZ, en su condición de Apoderada Legal del señor JORGE JUAN VALLADARES PINEDA, contra la resolución referida en el inciso que antecede, la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha diecinueve de noviembre de dos mil quince, dictó sentencia en la que resolvió: “1.-Declarar NO HA LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la Defensa Privada.-2.-CONFIRMAR la resolución apelada.”. (Folios del 159-161 de los antecedentes).- 4) Que la recurrente Abogada ANA DEL CARMEN RAUDALES HERNANDEZ, compareció ante este Tribunal en fecha once de enero de dos mil dieciséis, interponiendo acción de amparo a favor del señor JORGE JUAN VALLADAREZ PINEDA, afirmando que la decisión del Ad-quem, de fecha diecinueve de noviembre de dos mil quince, es violatoria de lo dispuesto en los Artículos 64, 82, 90, 93 y 96 de la Constitución de la República, el Artículo 9 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos y el Artículo 15.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.- 5) Que en fecha diecinueve de abril de dos mil dieciséis, la Sala tuvo por formalizada la acción de mérito, omitiéndose la vista de los autos al Fiscal del Despacho, de conformidad a lo establecido por el Artículo 37 de la Ley del Ministerio Público.- CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación al Artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.- CONSIDERANDO DOS (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 constitucional concordado con el Artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley.- CONSIDERANDO TRES (3): Que la garantía Constitucional de Amparo promovida por la Abogada ANA DEL CARMEN RAUDALES HERNANDEZ a favor del señor JORGE JUAN VALLADARES PINEDA, se dirige contra la sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, de fecha diecinueve de noviembre de dos mil quince, que resolvió un recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en Audiencia de Revisión de Medidas celebrada en fecha once de noviembre de dos mil quince, con relación a la causa instruida contra el señor JORGE JUAN VALLADARES a quien se les supone responsable del delito de VIOLACIÓN en perjuicio de MARTHA MAGDALENA SANCHEZ SANCHEZ.- CONSIDERANDO CUATRO (4): Que la recurrente Abogada ANA DEL CARMEN RAUDALES HERNANDEZ, compareció ante este Tribunal en fecha once de enero de dos mil dieciséis, interponiendo acción de amparo a favor del señor JORGE JUAN VALLADARES PINEDA, afirmando que la decisión del Ad-quem, de fecha diecinueve de noviembre de dos mil quince, es violatoria de lo dispuesto en los Artículos 64, 82, 90, 93 y 96 de la Constitución de la República, el Artículo 9 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos y el Artículo 15.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, señalando, como lo hizo en su oportunidad ante el Tribunal de alzada; que esta en desacuerdo con la resolución del A-Quo, cuando en la presente causa, una reforma al Código Procesal Penal, que se genera en dos mil trece, perjudica a su representado; al impedir que se le sustituya la medida cautelar de prisión preventiva aún y cuando cumple con lo establecido en el Artículo 188 numeral 1) del Código Procesal Penal.- CONSIDERANDO CINCO (5): Que se tuvo por formalizado en tiempo y forma el amparo de mérito; omitiéndose la vista de los autos al Fiscal del Despacho, ordenándose continuar con el trámite de ley correspondiente; con fundamento en los Artículos 54, 56 y 119 de la Ley de Justicia Constitucional; 37 de la Ley del Ministerio Público; 12 inciso c) del Reglamento interno de la Sala Constitucional.- CONSIDERANDO SEIS (6): Que la Constitución de la República al desarrollar el capitulo atinente al Poder Judicial establece tanto que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado.- CONSIDERANDO SIETE (7): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción penal, conforme lo establece el Artículo 141 del Código Procesal Penal la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al juez o tribunal que conoce concretamente del asunto.- CONSIDERANDO OCHO (8): Que al estudiarse la foliada y específicamente la sentencia proferida por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, de fecha diecinueve de noviembre de dos mil quince, que resolvió un recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en Audiencia de Revisión de Medidas celebrada en fecha once de noviembre de dos mil quince; se aprecia en la misma; que se señala que la medida cautelar que se debe de imponer, es la que la naturaleza del delito amerite, que en el presente caso y conforme a la reforma, contenida en el Decreto 56-2013, del Artículo 184 del Código Procesal Penal, no puede ser otra que la prisión preventiva, establecida en el Artículo 173 numeral 3), de la vigente Ley Penal; siendo que la ley procesal aplicable es la vigente al momento de resolverse el acto; no como las normas de Derecho Penal Material, que la aplicable es la vigente al momento de cometerse el delito. En consecuencia, la medida cautelar de Prisión Preventiva se decretó, en atención al delito de que se trata, no a las circunstancias muy personales del encartado, ni mucho menos a su grado de participación o culpabilidad; siendo que se le respeta su estado de inocencia.- CONSIDERANDO NUEVE (9): Que si bien se establece de una manera general por el Artículo 69 de la Constitución de la República que la libertad personal es inviolable y que sólo con arreglo a las leyes podrá ser restringida o suspendida temporalmente, también es cierto que no podemos desconocer que algunos derechos no son absolutos, con excepciones como el derecho a la vida, a la integridad física, derecho de defensa, etc., que son totalmente absolutos; existe el principio de limitabilidad de los derechos y libertades, partiendo de la declaración constitucional, de que los derechos de cada hombre están limitados, tanto, por los derechos de los demás, como por el orden público y social; los derechos pueden ser delimitados o regulados, basta reparar por ejemplo en el derecho a la libertad, que es el caso que nos ocupa, que si bien es inviolable, conforme a las leyes puede ser restringido; el derecho a la propiedad privada que puede ser limitado por causas de necesidad o interés publico, etc. Por ello, es natural que se establezcan requisitos, para poder restringir la libertad, como consecuencia de un proceso penal en particular, esto queda evidenciado aún mas, con el contenido de los Artículos 173, numeral 3) y 184, reformado, del Código Procesal Penal.- CONSIDERANDO DIEZ (10): Que el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque la actora tuvo acceso a las audiencias sin traba alguna, en ellas alegó lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y al final se obtuvo una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico - jurídica realizada por la Corte de Apelaciones en su Sentencia y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues con la disparidad de criterios que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este Alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales.- CONSIDERANDO ONCE (11): Que esta Sala de lo Constitucional aprecia que la resolución del Ad-quem contiene la motivación suficiente, cumpliendo éste con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetándose durante la tramitación del proceso penal de mérito el derecho de defensa, debido proceso y la publicidad del acto jurisdiccional al que se someten las partes. Por tanto las alegaciones señaladas por la recurrente no podrían configurarse como una violación a la tutela judicial efectiva, puesto que el Juzgador ha plasmado en su decisión la motivación necesaria indicando razonadamente su decisión, fundamentándose en la norma adjetiva aplicable.- CONSIDERANDO DOCE (12): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad-quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las garantías y requisitos que han de ser tomados en cuenta para adoptar una determinación trascendental en el proceso penal, como ser el formal procesamiento del imputado y la aplicación de la medida cautelar de Prisión Preventiva, motivando de manera razonada su decisión, por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, no cabe otorgar el amparo demandado.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, POR UNANIMIDAD DE VOTOS; haciendo aplicación de los Artículos 68, 69, 82, 86, 90, 92, 303, 304, 313 Numeral 5, 316 y 319 atribución 8a. de la Constitución de la República; 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5ta. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, 63 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- FALLA: DENEGANDO el recurso de amparo de que se ha hecho mérito.- Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a su lugar de procedencia.- Redactó el Magistrado ZELAYA ZALDAÑA. NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los once (11) días del mes de septiembre del año dos mil diecisiete (2017), certificación de la Sentencia de fecha veintiocho (28) de junio del año dos mil diecisiete (2017), recaída en el Recurso de Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 0028-2017.


CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

“CERTIFICACIÓN.- El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintiocho de junio de dos mil diecisiete.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada ANA DEL CARMEN RAUDALES HERNANDEZ a favor del señor JORGE JUAN VALLADARES PINEDA, contra la sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, de fecha diecinueve de noviembre de dos mil quince, que resolvió un recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en Audiencia de Revisión de Medidas celebrada en fecha once de noviembre de dos mil quince, con relación a la causa instruida contra el señor JORGE JUAN VALLADARES a quien se les supone responsable del delito de VIOLACIÓN en perjuicio de MARTHA MAGDALENA SANCHEZ SANCHEZ. Estima la recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representado los Artículos 64, 82, 90, 93 y 96 de la Constitución de la República, el Artículo 9 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos y el articulo 15.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.- ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha treinta y uno de marzo de dos mil seis, compareció ante el JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, la Abogada MARIA MERCEDES BUSTILLO OSORTO, actuando en su condición de Agente Fiscal del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal contra JORGE JUAN VALLADARES PINEDA por suponerlo responsable del delito de VIOLACIÓN en perjuicio de MARTHA MAGADALENA SANCHEZ SANCHEZ. (Folios 1-5 de los antecedentes)- 2) Que seguido el procedimiento de ley correspondiente, el referido Juzgado, en la Audiencia de Revisión de Medidas celebrada en fecha once de noviembre de dos mil quince, la defensa del imputado solicitó cambió de medidas cautelares en base a las consideraciones siguientes: “…teniendo acreditado la circunstancia y la fundamentación jurídica tenemos los elementos suficientes por lo que se solicita se decrete medidas distintas de la prisión preventiva se solicita que se impongan medidas cautelares del Artículo 173 numerales 6 del Código Procesal Penal, que se le obligue al imputado a la presentación periódica a la judicatura, y del numeral 7 que se le prohíba al imputado salir del país o del lugar de residencia y la del numeral 9 del mismo Artículo 173 la prohibición de comunicarse con persona determinada en este caso la ofendida…”. En consecuencia, el Juzgado se pronunció que: “…existe un presupuesto legal y fuera del alcance de las personas que imparten justicia como ser la reforma del Artículo 184 del Código Procesal Penal, mediante decreto emitido por el Congreso Nacional, que existe la prohibición de otorgar medidas cautelares sustitutivas de la prisión preventiva para el delito que se le imputa al imputado en la presente causa, la reforma se genera en el año dos mil trece… por lo que existe este presupuesto legal y no está en nuestras manos ir en contra de la reforma del Artículo 184 del Código Procesal Penal, por lo que estaríamos generando Abuso de Autoridad razón por lo que se declara sin lugar la petición de la defensa, quien podrá hacer uso de los recursos que estime pertinentes… Líbrese atento oficio al señor Jefe de Máxima Seguridad del Centro Penitenciario Nacional de Tamara Francisco Morazán, para que se sirva ordenar a quien corresponda trasladar al imputado a la brevedad posible a la Unidad de Diagnósticos de ese centro penitenciario, siendo que este adolece de problemas gástricos relacionados con una hernia HIATAL y reflujo gástrico esofágico, con cuadro de ESOFAGITIS…” (Folios del 139-143 de los antecedentes).- 3) Que conociendo del recurso de apelación planteado por la Abogada ANA DEL CARMEN RAUDALES HERNANDEZ, en su condición de Apoderada Legal del señor JORGE JUAN VALLADARES PINEDA, contra la resolución referida en el inciso que antecede, la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha diecinueve de noviembre de dos mil quince, dictó sentencia en la que resolvió: “1.-Declarar NO HA LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la Defensa Privada.-2.-CONFIRMAR la resolución apelada.”. (Folios del 159-161 de los antecedentes).- 4) Que la recurrente Abogada ANA DEL CARMEN RAUDALES HERNANDEZ, compareció ante este Tribunal en fecha once de enero de dos mil dieciséis, interponiendo acción de amparo a favor del señor JORGE JUAN VALLADAREZ PINEDA, afirmando que la decisión del Ad-quem, de fecha diecinueve de noviembre de dos mil quince, es violatoria de lo dispuesto en los Artículos 64, 82, 90, 93 y 96 de la Constitución de la República, el Artículo 9 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos y el Artículo 15.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.- 5) Que en fecha diecinueve de abril de dos mil dieciséis, la Sala tuvo por formalizada la acción de mérito, omitiéndose la vista de los autos al Fiscal del Despacho, de conformidad a lo establecido por el Artículo 37 de la Ley del Ministerio Público.- CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación al Artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.- CONSIDERANDO DOS (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 constitucional concordado con el Artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley.- CONSIDERANDO TRES (3): Que la garantía Constitucional de Amparo promovida por la Abogada ANA DEL CARMEN RAUDALES HERNANDEZ a favor del señor JORGE JUAN VALLADARES PINEDA, se dirige contra la sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, de fecha diecinueve de noviembre de dos mil quince, que resolvió un recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en Audiencia de Revisión de Medidas celebrada en fecha once de noviembre de dos mil quince, con relación a la causa instruida contra el señor JORGE JUAN VALLADARES a quien se les supone responsable del delito de VIOLACIÓN en perjuicio de MARTHA MAGDALENA SANCHEZ SANCHEZ.- CONSIDERANDO CUATRO (4): Que la recurrente Abogada ANA DEL CARMEN RAUDALES HERNANDEZ, compareció ante este Tribunal en fecha once de enero de dos mil dieciséis, interponiendo acción de amparo a favor del señor JORGE JUAN VALLADARES PINEDA, afirmando que la decisión del Ad-quem, de fecha diecinueve de noviembre de dos mil quince, es violatoria de lo dispuesto en los Artículos 64, 82, 90, 93 y 96 de la Constitución de la República, el Artículo 9 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos y el Artículo 15.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, señalando, como lo hizo en su oportunidad ante el Tribunal de alzada; que esta en desacuerdo con la resolución del A-Quo, cuando en la presente causa, una reforma al Código Procesal Penal, que se genera en dos mil trece, perjudica a su representado; al impedir que se le sustituya la medida cautelar de prisión preventiva aún y cuando cumple con lo establecido en el Artículo 188 numeral 1) del Código Procesal Penal.- CONSIDERANDO CINCO (5): Que se tuvo por formalizado en tiempo y forma el amparo de mérito; omitiéndose la vista de los autos al Fiscal del Despacho, ordenándose continuar con el trámite de ley correspondiente; con fundamento en los Artículos 54, 56 y 119 de la Ley de Justicia Constitucional; 37 de la Ley del Ministerio Público; 12 inciso c) del Reglamento interno de la Sala Constitucional.- CONSIDERANDO SEIS (6): Que la Constitución de la República al desarrollar el capitulo atinente al Poder Judicial establece tanto que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado.- CONSIDERANDO SIETE (7): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción penal, conforme lo establece el Artículo 141 del Código Procesal Penal la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al juez o tribunal que conoce concretamente del asunto.- CONSIDERANDO OCHO (8): Que al estudiarse la foliada y específicamente la sentencia proferida por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, de fecha diecinueve de noviembre de dos mil quince, que resolvió un recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en Audiencia de Revisión de Medidas celebrada en fecha once de noviembre de dos mil quince; se aprecia en la misma; que se señala que la medida cautelar que se debe de imponer, es la que la naturaleza del delito amerite, que en el presente caso y conforme a la reforma, contenida en el Decreto 56-2013, del Artículo 184 del Código Procesal Penal, no puede ser otra que la prisión preventiva, establecida en el Artículo 173 numeral 3), de la vigente Ley Penal; siendo que la ley procesal aplicable es la vigente al momento de resolverse el acto; no como las normas de Derecho Penal Material, que la aplicable es la vigente al momento de cometerse el delito. En consecuencia, la medida cautelar de Prisión Preventiva se decretó, en atención al delito de que se trata, no a las circunstancias muy personales del encartado, ni mucho menos a su grado de participación o culpabilidad; siendo que se le respeta su estado de inocencia.- CONSIDERANDO NUEVE (9): Que si bien se establece de una manera general por el Artículo 69 de la Constitución de la República que la libertad personal es inviolable y que sólo con arreglo a las leyes podrá ser restringida o suspendida temporalmente, también es cierto que no podemos desconocer que algunos derechos no son absolutos, con excepciones como el derecho a la vida, a la integridad física, derecho de defensa, etc., que son totalmente absolutos; existe el principio de limitabilidad de los derechos y libertades, partiendo de la declaración constitucional, de que los derechos de cada hombre están limitados, tanto, por los derechos de los demás, como por el orden público y social; los derechos pueden ser delimitados o regulados, basta reparar por ejemplo en el derecho a la libertad, que es el caso que nos ocupa, que si bien es inviolable, conforme a las leyes puede ser restringido; el derecho a la propiedad privada que puede ser limitado por causas de necesidad o interés publico, etc. Por ello, es natural que se establezcan requisitos, para poder restringir la libertad, como consecuencia de un proceso penal en particular, esto queda evidenciado aún mas, con el contenido de los Artículos 173, numeral 3) y 184, reformado, del Código Procesal Penal.- CONSIDERANDO DIEZ (10): Que el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque la actora tuvo acceso a las audiencias sin traba alguna, en ellas alegó lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y al final se obtuvo una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico - jurídica realizada por la Corte de Apelaciones en su Sentencia y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues con la disparidad de criterios que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este Alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales.- CONSIDERANDO ONCE (11): Que esta Sala de lo Constitucional aprecia que la resolución del Ad-quem contiene la motivación suficiente, cumpliendo éste con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetándose durante la tramitación del proceso penal de mérito el derecho de defensa, debido proceso y la publicidad del acto jurisdiccional al que se someten las partes. Por tanto las alegaciones señaladas por la recurrente no podrían configurarse como una violación a la tutela judicial efectiva, puesto que el Juzgador ha plasmado en su decisión la motivación necesaria indicando razonadamente su decisión, fundamentándose en la norma adjetiva aplicable.- CONSIDERANDO DOCE (12): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad-quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las garantías y requisitos que han de ser tomados en cuenta para adoptar una determinación trascendental en el proceso penal, como ser el formal procesamiento del imputado y la aplicación de la medida cautelar de Prisión Preventiva, motivando de manera razonada su decisión, por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, no cabe otorgar el amparo demandado.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, POR UNANIMIDAD DE VOTOS; haciendo aplicación de los Artículos 68, 69, 82, 86, 90, 92, 303, 304, 313 Numeral 5, 316 y 319 atribución 8a. de la Constitución de la República; 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5ta. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, 63 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- FALLA: DENEGANDO el recurso de amparo de que se ha hecho mérito.- Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a su lugar de procedencia.- Redactó el Magistrado ZELAYA ZALDAÑA. NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.- Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los once (11) días del mes de septiembre del año dos mil diecisiete (2017), certificación de la Sentencia de fecha veintiocho (28) de junio del año dos mil diecisiete (2017), recaída en el Recurso de Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 0028-2017.- Firma y Sello

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

Secretario Sala Constitucional